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1 Querido pueblo argentino, En la Argentina de hoy la palabra se ha devaluado peligrosamente. Parte de nuestra política se ha valido de la ella para ocultar la verdad o tergiversarla. Muchos creyeron que el discurso es una herramienta idónea para instalar en el imaginario público una realidad que no existe. Nunca midieron el daño que con la mentira le causaban al sistema democrático. Yo me resisto a seguir transitando esa lógica. Necesito que la palabra recupere el valor que alguna vez tuvo entre nosotros. Al fin y al cabo, en una democracia el valor de la palabra adquiere una relevancia singular. Los ciudadanos votan atendiendo las conductas y los dichos de sus dirigentes. Toda simulación en los actos o en los dichos, representa una estafa al conjunto social que honestamente me repugna. He repetido una y otra vez que a mi juicio, en democracia, la mentira es la mayor perversión en la que puede caer la política. Gobernar no es mentir ni es ocultarle la verdad al pueblo. Gobernar es admitir la realidad y transmitirla tal cual es para poder transformarla en favor de una sociedad que se desarolle en condiciones de mayor igualdad. La constitución me ordena dar inicio al año legislativo a través de un discurso. Pero quiero que todos sepan que no estoy aquí tan solo enlazando palabras de ocasión. Con este discurso vengo a darle a mi palabra el valor del compromiso. Vengo a contarles, según lo entiendo, en que lugar estamos

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Querido pueblo argentino,

En la Argentina de hoy la palabra se ha devaluado

peligrosamente. Parte de nuestra política se ha valido de la

ella para ocultar la verdad o tergiversarla. Muchos creyeron

que el discurso es una herramienta idónea para instalar en el

imaginario público una realidad que no existe. Nunca

midieron el daño que con la mentira le causaban al sistema

democrático.

Yo me resisto a seguir transitando esa lógica. Necesito que la

palabra recupere el valor que alguna vez tuvo entre

nosotros. Al fin y al cabo, en una democracia el valor de la

palabra adquiere una relevancia singular. Los ciudadanos

votan atendiendo las conductas y los dichos de sus

dirigentes. Toda simulación en los actos o en los dichos,

representa una estafa al conjunto social que honestamente

me repugna.

He repetido una y otra vez que a mi juicio, en democracia, la

mentira es la mayor perversión en la que puede caer la

política. Gobernar no es mentir ni es ocultarle la verdad al

pueblo. Gobernar es admitir la realidad y transmitirla tal

cual es para poder transformarla en favor de una sociedad

que se desarolle en condiciones de mayor igualdad.

La constitución me ordena dar inicio al año legislativo a

través de un discurso. Pero quiero que todos sepan que no

estoy aquí tan solo enlazando palabras de ocasión. Con este

discurso vengo a darle a mi palabra el valor del compromiso.

Vengo a contarles, según lo entiendo, en que lugar estamos

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parados como sociedad. Cuáles son los riesgos que nos

acechan y cuáles las fortalezas a las que podemos recurrir

para poder avanzar. Y también vengo a proponerles iniciar

una marcha que nos permita salir de la postración y

ponernos en rumbo del crecimiento con justicia social.

Con ese espíritu y esa convición, vengo a hablarle a la

Argentina toda, frente a esta Asamblea Legislativa que

reune a los representantes del pueblo y de las provincias de

un país federal y que hoy me recibe para inaugurar un nuevo

período de sesiones ordinarias.

Como lo hice el día en que asumí el último 10 de Diciembre,

vengo a ratificar con mi presencia y mis palabras mi

compromiso de cambiar el rumbo que nuestro país venía

transitando.

Desde entonces han pasado apenas ochenta y un días. En ese

lapso pudimos conocer la situación real en la que está la

Argentina y adoptar las medidas más urgentes que nos

permiten hoy compartir con ustedes la agenda de futuro que

tenemos que desarrollar, como comunidad fraterna y

solidaria que somos, para construir la transformación que

nos proponemos.

Hemos encontrado una situación extremadamente delicada.

Recibimos un país dañado en su tejido social y productivo y

con su alma herida por divisiones profundas.

Como ya he dicho, quiero recuperar el valor de la palabra.

Quiero ser honestamente libre a la hora de describir el

presente. No busco revanchas. Necesito que todos

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asumamos la verdad que nos toca. Solo así dejaremos de ser

esclavos de las fracturas que nos desunen. “El punto de

partida de esta construcción social no puede ser otro que el

reconocimiento del punto exacto donde nos encontramos”,

nos enseñó alguna vez Néstor Kirchner.

Hemos asumido el Gobierno Nacional en un escenario que

creo imperioso recordar:

• Soportamos un nivel de inflación record de 53,8%

durante 2019.

• Debemos enfretar una deuda pública también record en

monto y concentración temporal de vencimientos. Sólo

en 2020 los vencimientos de capital representan 48.968

millones de dólares. A ello deberíamos adicionarle

14.838 millones de dólares en concepto de intereses de

esa deuda.

• La desocupación trepó al 9,7 %, destruyendo más de

240.000 empleos privados entre 2015 y 2019.

• La industria instalada registra un nivel de capacidad

ociosa que roza el 40 %. Llevamos 19 meses

consecutivos de caída de la actividad industrial.

• Nuestro país, hace dos años que está sumido en una

recesión profunda.

• El Estado Nacional registra una deuda en materia de

Obras Públicas de más de 35.000 millones de pesos. El

60 % de las obras iniciadas se encuentran paralizadas.

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• Los aumentos tarifarios de los servicios públicos en los

cuatro años que precedieron nuestra llegada,

registraron incrementos excesivos. El servicio de gas se

incementó en ese período alrededor del 2.000 % y el de

electricidad cerca del 3.000 %. El nivel de esos

aumentos llevaron a situaciones críticas a miles de

familias, jubilados, comercios, PyMEs e industrias.

• Más de cinco millones de argentinos y argentinas que

son parte de los sectores más vulnerables de nuestra

sociedad, se endeudaron con la ANSES a altas tasas de

interés solo para cubrir otras deudas que los

apremiaban.

La contundencia de los datos que acabo de reseñar, nos

obliga a desarrollar una sincera visión de conjunto frente a la

ciclópea tarea que todos tenemos por delante.

Encontramos un Estado debilitado donde casi

desaparecieron los instrumentos de regulación. Ha habido

problemas recurrentes con el mantenimiento de la

infraestructura y el patrimonio del Estado. Se lastimó la

relación con los trabajadores del Estado, postergados por la

llegada de supuestos gerentes de alta calidad que fueron

recompensados con sueldos que el resto de los empleados

no recibieron. La recurrente sub ejecución presupuestaria

acabó conjugándose con deudas en múltiples dependencias,

con la decadencia de la infraestructura ferroviaria por falta

de mantenimiento y con empresas públicas que

incrementaron sus déficits operativos de modo sostenido.

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Un ejemplo tal vez sirva para entender la gravedad del

deterioro: estamos cursando el brote de sarampión más

importante desde el año 2000, con el riesgo de perder el

logro de ser un país libre de la enfermedad.

El nivel de depreciación argentina es tal, que sólo un

esfuerzo mancomunado que conjugue honestidad

intelectual, ejemplaridad dirigencial y fraternidad

comunitaria, será capaz de encaminar nuevamente a nuestra

Patria en la senda de un desarrollo inclusivo y sostenible.

Lo afirmo con humildad y también con profunda convicción.

Lo dije al jurar como Presidente de la Argentina:

comencemos por los últimos, para poder llegar a todos.

Frente a esta situación dramática de destrucción, hemos

elegido a la solidaridad como viga maestra de la

reconstrucción nacional.

Al mismo tiempo, estamos dejando atrás una política

económica centrada en la especulación para volver a poner

el foco en el trabajo y la producción.

Esta definición nos obliga, esencialmente, a tomar una

enérgica decisión en las prioridades.

Para revertir ese cuadro trazamos un programa integral y

sustentable.

Desde lo macroeconómico, nos fijamos objetivos fiscales y de

política monetaria que buscamos alcanzar a partir de la

renegociación de la deuda.

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Desde lo politico, nos ocupamos antes que nada de los que

han sido olvidados. Después, persistimos en el diálogo

económico y social como el modo más perfecto de alcanzar

el desarrollo en armonía preservando precios para mejorar

el salario real de quien trabaja.

La primera etapa, el preámbulo de nuestro Nuevo Contrato

de Ciudadanía Social, consistió y aún consiste en detener la

caída de argentinos en la pobreza, tranquilizar la economía,

recuperar el trabajo y recomponer los ingresos de quienes

menos tienen.

Por eso, deseo expresar a este Congreso mi reconocimiento

por la oportuna sanción de la Ley de Solidaridad Social y

Reactivación Productiva. Ha sido el punto de arranque muy

necesario para tomar medidas urgentes en estos primeros

días de gobierno, que estuvieron destinadas a recomponer la

capacidad de consumo de los sectores más desprotegidos.

Así lo hicimos:

• Dispusimos un incremento salarial mínimo y uniforme

para los trabajadores en relación de dependencia del

sector privado, que representó un incremento del

salario medio del 5,5 % y del 16.2% para las

remuneraciones más bajas en el primer trimestre del

año.

• Otorgamos un incremento salarial para el sector estatal,

las fuerzas armadas y de seguridad de 4.000 pesos para

los trabajadores con remuneración inferior a 60.000

pesos.

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• Dispusimos un Bono de Emergencia de 5.000 pesos para

jubilados en los meses de enero y diciembre y se otorgó

un subsidio extraordinario de 2.000 pesos en el mes de

diciembre por cada hijo de las titulares de la Asignación

por Embarazo y de la la Asignación Universal por Hijo.

• Resolvimos la baja en la tasa de interés en los Créditos

ANSES y la suspensión del cobro de cuotas.

• Disminuimos las tasas de interés para las tarjetas de

crédito, como parte de una disminución general de la

tasa de interés que asfixia nuestra economía. En los

ochenta y un días de gestión que llevamos, la tasa de

interes bancaria se ha reducido del 63 % al 40 %.

• Establecimos una moratoria de la AFIP para PyMEs,

monotributistas y entidades sin fines de lucro. Y se

dispuso una nueva línea de créditos del Banco Nación

para PYMES.

• Decretamos la doble indemnización para despidos sin

causa.

• Relanzamos el Programa de Precios Cuidados (que

incluyó a las ventas mayoristas) que se extendió

también a los productos escolares ante el inicio de las

clases.

• Renovamos el Programa “Ahora 12”.

• Dispusimos el congelamiento temporario de tarifas,

suspensión del aumento de peajes, suspensión de

aumentos en el transporte público y suspensión del

aumento de combustibles.

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• Otorgamos desde nuestra llegada al gobierno un 18.8 %

de aumento en las jubilaciones mínimas.

• Relanzamos el Programa Remediar y, cumpliendo con

mi promesa electoral, garantizamos el acceso gratuito a

medicamentos esenciales a más de cinco millones de

jubilados y jubiladas.

• Acordamos una rebaja del 8% en los precios de los

medicamentos en farmacias comerciales.

• La emergencia sanitaria permitió liberar rápidamente

más de 12 millones de vacunas que estaban retenidas

desde hacía meses en la Aduana.

Todo eso lo hicimos después de haber abordado el problema

que más nos preocupaba: terminar con el hambre que sufren

millones de argentinos. Por eso pusimos en marcha, de modo

plural y participativo, un plan que aspira a que todos los

argentinos, sin distinción alguna, se conviertan en actores de

la epopeya que supone derrotar al hambre que asola a

nuestros compatriotas.

Quisiera detenerme en este último drama, que nos debe

avergonzar como sociedad que somos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y

la Alimentación (FAO) advirtió que la inseguridad

alimentaria tuvo un incremento del 71 % entre 2015 y 2018

en nuestro país, y fue uno de los saltos más importantes

registrados a nivel mundial.

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Ahora sabemos que no sólo en endeudamiento externo y

concentración de vencimientos de la deuda batimos todos

los records.

Por eso la lucha contra el hambre es nuestra prioridad.

Porque comer no puede ser un privilegio.

Casi un millón de familias ya son titulares de la tarjeta

AlimentAR, incluyendo a un millón seiscientos mil niños y

niñas de 0 a 6 años, embarazadas y discapacitados con AUH,

que logran el acceso a una canasta alimentaria de calidad,

con leche fluida, verduras, frutas, carne y otro tipo de

alimentos frescos.

En todo el país comienzan a surgir ferias de la economía

social y la agricultura familiar, almacenes y comercios de

barrio que ven cómo crecen sus ventas y ofrecen -de modo

solidario- descuentos y promociones a los titulares de la

tarjeta Alimentar.

El Plan Argentina contra el Hambre, así lo hemos llamado, es

también una herramienta para motorizar la economía de

abajo hacia arriba. Una cadena virtuosa, que acerque a

productores y consumidores en comercios de proximidad,

para que la inyección de más de 70 mil millones de pesos

anuales (más de 1.000 millones de dólares) que representa

la tarjeta AlimentAR quede en los pueblos de nuestra Patria.

Lo queremos impulsar con un criterio federal: lo

potenciaremos de modo complementario con el Programa

“Pro Huerta”, que permitirá el establecimiento de más de

200.000 huertas familiares en todo el país.

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Por supuesto que todo este esfuerzo sería incompleto si no

desarrolláramos herramientas más eficaces para hacer un

seguimiento estricto de la evolución de los precios.

Trabajamos para disminuir las causas macroeconómicas de

la inflación –un trabajo que ya ha comenzado a dar

incipientes resultados-, y también trabajamos para crear una

política de defensa del consumidor que evite los abusos.

Estamos analizando las estructuras de costos de los

eslabones de la producción, para trabajar en las diferentes

relaciones entre intermediarios, logística, canales de

comercialización y evitar los abusos de posición dominante.

Vamos a fortalecer también los mecanismos de defensa del

consumidor y lealtad comercial.

Que los precios dejen de crecer en Argentina es una

responsabilidad de todos. El Estado, este Gobierno Nacional,

se va a poner al frente de la batalla contra la inflación usando

todas las herramientas legales con las que cuenta. No es

posible que con la moneda estabilizada y las tarifas

congeladas al igual que los combustibles, el precio de los

alimentos siga creciendo.

Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de

precios. Argentina no resiste más el abuso de quienes

“preservan” su rentabilidad a costa de consumidores

condenados a pagar sus “excesos preventivos”. Debemos

terminar con la Argentina de los “vivos” que se enriquecen a

costa de los pobres “bobos” que estamos condenados a pagar

lo que consumimos.

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Esa descripción de lo que nos pasa, exige un punto final al

abuso. No solo es un imperativo económico sino también es

un imperativo moral. Los pícaros que especulan subiendo los

precios no tiene cabida en esta Argentina.

Este es el rumbo que hemos emprendido desde el 10 de

diciembre. No venimos con planillas de cálculo en las que los

números cierran en teoría, dejando afuera a muchos sectores

de nuestro pueblo. Estamos haciendo una Argentina

inclusiva en la que el primer esfuerzo sea levantar a los

caidos

Todo esto lo estamos haciendo en un contexto económico

particularmente complejo sujeto a todas las

condicionalidades externas que hemos recibido.

Nuestro plan económico ha dado sus primeros pasos

positivos. Mejoramos la situación fiscal, dimos pasos

consistentes para bajar la inflación reduciendo también las

tasas de interés financiero.

Estamos generando condiciones macroeconómicas

sostenibles y acompañamos a los productores en sus

proyectos y esfuerzos. Las mesas de acuerdo entre

trabajadores y empresarios son positivas, los sectores que

participan son comprensivos del momento que atraviesa el

país. Hay sectores que empiezan a reactivarse poco a poco.

Todo ese esfuerzo común, convive con dificultades que

arrastramos del período anterior.

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Pese a lo negativo del escenario que nos tocó en suerte,

hemos dado pasos firmes en tranquilizar la economía para

poder lograr el desarrollo tan ansiado.

La deuda pública que heredamos es, sin lugar a dudas, el

mayor escollo que enfrentamos.

En esa materia, frente a este Honorable Congreso, hemos

comenzado a cumplir lo anunciado el día de nuestra

asunción.

El Banco Central de la República Argentina se encuentra

analizando de modo pormenorizado la manera en que

nuestro país recibió divisas en concepto de prestamos y el

destino que los mismos merecieron. Todos hemos visto

impávidos como los dólares que deberían haber financiado

el desarrollo productivo, acabaron fugándose del sistema

financiero, llevándose los recursos y dejándonose la carga de

la deuda.

Esas prácticas son absolutamente reñidas con cualquier idea

de progreso. Es la especulación más dañina que puede

enfrentar una sociedad: endeudarse solo para el beneficio de

los especuladores y del prestamista.

Debemos saber lo que pasó, quienes permitieron que ello

suceda y quienes se beneficiaron con esas prácticas.

Necesitamos no hacernos los distraídos ante lo ocurrido

porque el riesgo que acarrea tal distracción es la concreción

de un daño inmenso que deberían soportar varias

generaciones de argentinos.

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Nunca más a un endeudamiento insostenible.

Nunca más a decisiones que se toman con ínfulas

tecnocráticas de la noche a la mañana, a espaldas del pueblo.

Nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por

el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada a su

paso.

Más allá de analizar lo ocurrido, hemos iniciado las

negociaciones para reestructurar la deuda pública. Con tal

propósito, desplegamos una intensa acción diplomática

internacional, que tuvo como propósito dialogar con lideres

de países del mundo central sobre la dificil situación que

enfrentamos.

En todos nuestros encuentros, recogimos comprensión.

Todos advierten que Argentina es un país devastado por el

endeudamiento y expresan un profundo estupor frente a lo

sucedido. Todos tienen la certeza de que las clásicas recetas

de ajuste y recesión no aliviaran nuestro pesar ni nos

permitiran crecer.

Quiero expresar mi agradecimiento en primer lugar al Papa

Francisco, quien de modo singular y ante los líderes de las

finanzas internacionales, volvió a enfatizar su llamamiento a

construir una una economía con alma: ¨ Se trata –dijo- de ser

capaces de sacarnos las escamas de los ojos y de los corazones,

para ver con una nueva luz estas realidades de codicia e

injusticia que claman a la tierra¨.

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Los líderes de Israel, España, Francia, Italia y Alemania a

quienes entrevistamos, también manifestaron su

predisposición a acompañar la voluntad argentina de

encarar una salida sostenible a la encrucijada del

endeudamiento externo.

El propio Fondo Monetario Internacional ha señalado que la

deuda argentina no es sostenible. De ese modo, nos ha dado

la razón en lo que hemos venido planteando con persistencia

durante todo este tiempo.

En el tema de la deuda hay muchos intereses en juego. Hay

gente con intereses distintos a los del país, que no duda en

juegar fuerte.

Esta es la hora de definir de qué lado va a estar cada uno.

Nosotros estamos del lado del pueblo. Agradecemos a la

oposición el apoyo en el Congreso para poder reestructurar

la deuda. Más apoyos serán necesarios si como país

queremos salir bien parados de esta crisis de deuda

impagable. La aprobación legislativa de las políticas de

endeudamiento debería ser la regla para proteger a

Argentina de los ciclos de sobreendeudamiento en los que

recurrentemente cae.

Algunos nos critican y nos piden más ajuste. No perdamos de

vista que no hay peor alternativa que la austeridad fiscal en

las recesiones. Más ajuste lleva a más recesión, a menos

oportunidades, más pobreza, más desigualdad, más

exclusión. No vamos a pagar la deuda a costa del hambre y la

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destrucción de sueños de los argentinos y las argentinas.

Nosotros vamos a cuidar a nuestra Patria.

Con las autoridades del Fondo Monetario Internacional

venimos trabajando de forma constructiva. Han reconocido

lo profundamente grave que es la situación económica. Hay

un creciente entendimiento mutuo, en una crisis en la cual

todas las responsabilidades son compartidas por el gobierno

que precedió al nuestro, por los bonistas y por el mismo FMI.

Preferimos una resolución ordenada a la crisis de la deuda y

estamos caminando en esa dirección. Pero lo más

importante es que el acuerdo al que lleguemos con los

acreedores sea sostenible. Necesitamos un acuerdo que le

permita a Argentina ponerse de pie y no volver a caer. Eso es

innegociable.

Si queremos superar para siempre los ciclos de

sobreendeudamiento, debemos tomar compromisos que sí

se puedan cumplir, en lugar de hacer promesas sobre la base

de escenarios maravillosos que nunca llegan y que nos

terminan dejando en una situación peor. Esa premisa será la

base de la oferta que le haremos a los acreedores en las

próximas semanas.

Este proceso lo vamos a realizar con responsabilidad y con

firmeza.

No sólo tenemos que evitar la dependencia económica de la

deuda externa. También debemos evitar la dependencia

intelectual de la deuda externa.

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Ningún acuerdo sostenible con nuestros acreedores

externos será mágico ni milagroso. Por más virtuoso que

pueda resultar en la defensa de nuestros intereses

nacionales, no nos eximirá a nosotros, los argentinos, del

desafío de concertar el futuro con responsabilidad,

solidaridad y sostenibilidad.

La soberanía comienza por nuestra propia capacidad de

concertar prioridades estratégicas, en el marco de un nuevo

Contrato de Ciudadanía Social.

Necesitamos un programa de desarrollo integral para la

próxima década que tenga bien presente los Objetivos de

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Argentina tiene que reconstruir su sistema productivo para

evitar las crisis macroeconómicas que provienen del sector

externo. La política industrial del siglo XXI va a tener como

ejes a las universidades y centros tecnológicos calificados.

La política productiva debe tener una fuerte orientación a

impulsar las exportaciones. Tenemos que salir del

extractivismo y generar una industrialización de base

nacional, PyME y tecnológica, que permita desarrollar una

cadena de proveedores en torno a los recursos naturales y

otras actividades.

Tenemos que insertar a la Argentina en la agenda 4.0, en

donde el mundo avanza a una velocidad enorme. También

discutir cómo ponemos en valor la industria de bienes de

capital para el sector del petróleo, la minería y el campo.

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Por eso hoy vengo a proponer a la Nación y ante sus

representantes reunidos en esta solemne Asamblea

Legislativa, un conjunto de acciones colectivas para el

período 2020/2021.

Iniciamos una renovada batalla nacional por el gas y el

petróleo. Los hidrocarburos serán una palanca para el

desarrollo productivo de nuestro país. Vamos a extraer los

recursos a partir de un entramado productivo tecnológico y

diversificado en todas las provincias argentinas,

motorizando la creación de empleos de calidad, el desarrollo

local de las comunidades, la innovación tecnológica, el

desarrollo de nuevas empresas y la incorporación de los

desafíos de la industria 4.0.

Por eso, enviaré a este Congreso un proyecto de Ley para el

desarrollo del sector hidrocarburífero y minero que

promueva y estimule la inversión nacional e internacional en

el sector y facilite el desarrollo de la cadena de valor

industrial, tecnológica y de servicios que nos permita crear

cientos de miles de empleos directos e indirectos en los

próximos años.

En materia minera también tenemos grandes posibilidades

pendientes, con pleno respeto a estándares ambientales y

participación social. En particular, la minería metalífera y la

del litio se presentan como grandes oportunidades para

aumentar las exportaciones argentinas.

En materia industrial, hemos comenzado a trabajar en

proyectos estratégicos de movilidad sustentable y el

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fortalecimiento del programa de Parques Industriales.

Vamos a desarrollar planes estratégicos en ramas

industriales con participación de académicos, trabajadores y

empresarios, para poner en marcha de modo concertado el

futuro de la producción.

Estamos enviando una modificación de la ley de economía de

conocimiento para sectores intensivos en conocimiento,

como software, biotecnología y robótica. La Ley incorpora

una perspectiva de género y federal para la generación de

empleo, facilita el ingreso de PyMEs, genera incentivos para

aumentar las capacidades de investigación y desarrollo y la

sustentabilidad ambiental en el sector productivo.

Necesitamos potenciar nuestro sistema de ciencia y

tecnología. Comenzamos en los primeros días ampliando los

ingresos al CONICET y aumentando sustancialmente los

montos de las becas de nuestros jóvenes. Vamos a revertir la

tendencia a la caída presupuestaria observada en Ciencia y

Tecnología en los últimos años. Tengo el orgullo de haber

convocado al gobierno a numerosos científicos y científicas

de Argentina. Somos un gobierno con científicos, no con

CEOS. Un gobierno con la convicción de que el conocimiento

es clave para las políticas públicas y para el desarrollo.

Estamos dando pasos para una Argentina más Federal. Les

expreso mi agradecimiento a todos los gobernadores del

país por la firma del Consenso Fiscal que devuelve capacidad

tributaria a las jurisdicciones, fortaleciendo sus autonomías.

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Hemos enviado a este Congreso de la Nación un proyecto de

ley que declara a 24 distritos argentinos (uno por cada

provincia y dos en el caso de Buenos Aires) como “Capitales

Alternas de la República Argentina”. Nuestro objetivo es

descentralizar la Administración Pública Nacional y

promover un Plan de Desarrollo con Equidad Territorial,

mediante el cual se fortalecerán las estructuras económicas

en las provincias con planificación y financiamiento para

infraestructura productiva.

Nuestro Nuevo Contrato de Ciudadanía Social es claro en su

rumbo económico.

En este proceso de desarrollo económico federal y en un

marco de crisis fiscal como el que vivimos, el campo debe ser

un protagonista importante. Los hemos convocado para que

con su esfuerzo colaboren en la lucha contra el hambre. Los

horticultores, los productores de fruta, de cereales, de carne

o de leche tienen mucho que dar a los que necesitan. Pero

también deben hacer el esfuerzo aquellos que producen y

exportan porque tienen mejores condiciones en la Argentina

de hoy.

Que el campo crezca es uno de nuestros objetivos. Nos

hemos ocupado de mejorar las condiciones para que los

productores del campo tengan un más facil acceso al crédito.

Hemos cuidado que el precio de los combustibles no los

afecte tampoco. Una divisa estabilizada ayuda mucho a la

hora de comprar insumos.

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Partiendo de alli, y queriendo preservar el mejor desarrollo

del campo, hemos hecho una propuesta generosa en materia

de derechos a las exportaciones en la que solo se incrementa

uno de un total de venticinco cultivos que hoy estan

afectados por esos derechos.

La propuesta que hemos sometido a consideración del

sector, que además preserva la situación de los pequeños

productores, respeta en un todo las condiciones que nos

fueran impuestas por la Ley de Solidaridad Social y

Reactivación Productiva. Ello resulta absolutamente

favorable para muchos cultivos pero particularmente para el

desarrollo de las economías regionales.

Yo aspiro a que esta vez, a través del diálogo, encontremos el

camino que nos conduzca a sostener el desarrollo y a

preservar las cuentas públicas.

Nuestro apego a la idea de lograr el desarrollo a través de la

inversión productiva y la generación del empleo es

inquebrantable.

Queremos alinear los factores productivos para la creación

genuina de trabajo, el incremento de la productividad y la

inserción internacional. Queremos fomentar la generación

de cadenas productivas globales que mejoren nuestros

procesos tecnológicos e impulsen el entramado de Pymes.

Queremos marcos tarifarios que permitan la inversión y la

competitividad de nuestra economía. Queremos reglas claras

de inversión que estén alejadas de abusos monopólicos y

posiciones dominantes de mercado. Queremos un sistema

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financiero que ofrezca créditos accesibles para la producción

y no fomente la especulción financiera.

Lograr construir esa nueva economía es una tarea colectiva y

cooperativa. No hay un Presidente salvador que pueda

aplicar recetas personalistas o fórmulas caprichosas.

Queremos promover la Cultura del Encuentro Productivo de

toda la Argentina.

La tarea que tenemos por delante supone una ética de la

convicción para no renunciar a nuestros ideales y también

una ética de la responsabilidad para saber que la verdad es

sinfónica, compuesta de voces, intereses y miradas diversas.

Vamos a generar instancias para planear políticas de Estado,

con un criterio transformador.

Para mi gobierno la concertación no es una acción

burocrática sino una convicción de vida. Acepté el desafío

inmenso de ser Presidente de todos los argentinos, porque

estoy convencido del espíritu creativo de millones de

argentinos que sueñan y proyectan un gran país.

La agenda de un nuevo Contrato 2020/2021 se basa en

responder de modo colaborativo y cooperativo a las

siguientes preguntas:

1. ¿Cómo promover las profesiones estratégicas y los trabajos del futuro?

2. ¿Cómo atender la agenda urgente del cambio climático con adecuadas herramientas de financiamiento de la infraestructura verde?

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3. ¿Cómo atraer la riqueza argentina que está en el exterior con fines productivos nacionales?

4. ¿Cómo afianzar instituciones republicanas más transparentes y socialmente eficaces?

Es en este espíritu es que vengo a proponerle a esta

Asamblea Legislativa el tratamiento del proyecto de ley del

Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino.

Soy consciente de que esta iniciativa supone una

autolimitación a mis facultades administrativas. Se muy bien

que implica estar dispuesto a abrir cauces de participación

novedosos en nuestro sistema democrático.

Quiero desplegar esos cauces, propiciar la llegada de un aire

nuevo y renovador. Durante demasiado tiempo nuestra

democracia ha estado asfixiada en el microclima de intereses

mezquinos, de miradas tecnocráticas o de pujas estériles.

Los convoco a preservar, nutrir y construir este Consejo para

que se constituya en una plataforma de sueños que pueden

hacerse realidad.

En el proyecto que hoy sometemos al Honorable Congreso, el

Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino

estará integrado por autoridades propuestas por el Poder

Ejecutivo que cuenten con el acuerdo del Senado Nacional y

cuyos mandatos trascenderán la duración de un período de

gobierno.

Queremos que sea el motor no sólo de políticas de Estado,

sino de políticas de la sociedad. Los sectores del trabajo, de

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la empresa, de los movimientos sociales y de la comunidad

científica y tecnológica también serán convocado.

Los dirigentes y especialistas que estarán representando a

los diferentes sectores en el Consejo también compartirán

una responsabilidad histórica: ser creativos, movilizar

propuestas de excelencia, innovar, saber renunciar a

miradas individuales cuando se establecen iniciativas

superadoras de conjunto. Supo decir Raúl Alfonsín que

nuestra democracia solo funcionará “cuando todos estemos

dispuestos a anteponer los intereses de la República a ideas

particulares que resultarían estériles si no se

compatibilizaran con las del conjunto de la sociedad”.

Hagamos pues del debate, del renunciamiento y del acuerdo

esa mejor democracia que aun nos debemos.

Desde este Consejo tenemos que ser capaces, todos juntos,

de diseñar la agenda de futuro, ajena a la puja distributiva y

a la coyuntura de corto plazo. No pretendemos que desde su

ámbito se discutan ni precios ni salarios ni paritarias,

elementos que estarán contenidos en la institucionalidad ya

existente del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Las preguntas antes mencionadas serán nuestra propuesta

de primera agenda de trabajo para el Consejo, a

desarrollarse durante el período 2020/2021, que contará

con el acompañamiento técnico de la Organización

Internacional del Trabajo y de la Organización de las

Naciones Unidas.

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Apostamos a una democracia profunda y a una mejor calidad

institucional.

Como lo anuncié el día de mi asunción, tenemos la decisión

irreversible de terminar para siempre, para siempre, con los

sótanos de la democracia.

Con ese propósito dispuse la intervención de la Agencia

Federal de Inteligencia. Allí terminamos con el oscurantismo

que imperó en estos años. Pusimos fin a la norma que tornó

secreto el financiamiento del organismo. La Sindicatura

General de la Nación se sumó como contralor público de la

administración de la agencia. Ahora, como consecuencia de

todas esas medidas, más del 90 % del dinero que el gobierno

anterior había declarado como fondos reservados, se han

transparentado y han vuelto a ser públicos.

Debemos construir consensos para un nuevo diseño del

Sistema de Inteligencia Nacional. Mientras tanto, queriendo

reponer el orden que se ha perdido, esta misma semana que

iniciamos dictaré un Decreto de Necesidad y Urgencia que

modifique la Ley de Inteligencia impidiendo a los

organismos de inteligencia realizar tareas represivas, poseer

facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o

desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares

de la Justicia. No habrá excepción alguna que quiebre esa

resolución.

Esa calidad institucional que pregonamos, solo se logrará si

todos ayudamos a conocer la verdad. Por eso, a veintiseis

años del atentado a la AMIA, ordenaré a la Agencia Federal

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de Investigaciones desclasificar los testimonios secretos

brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los

que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de

funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo. Lo

mismo haremos con toda documentación reservada que

exista en el organismo sobre el tema.

De esta manera, a paso firme, estamos poniendo fin al

secretismo con que se manejan parte de los fondos públicos,

a la influencia de la inteligencia estatal en las investigaciones

judiciales y a cualquier forma de espionaje político interno.

Quiero anunciar también otra transformación que es

complementaria a la anterior. La reforma de la justicia

federal.

Como Presidente de la Nación, ante esta Asamblea

Legislativa, vengo a asumir un compromiso inquebrantable.

En este tiempo de la Argentina en el que nos toca gobernar,

venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la

manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y

al nombramiento de jueces dependientes de poderes

inconfesables de cualquier naturaleza.

Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia

Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes

en función de los tiempos políticos, que impida la

construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad

en materia de detenciones y que impida para siempre que la

discrecionalidad judicial reemplace a las normas del

derecho.

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Con tal propósito, propiciamos la creación de un nuevo

Fuero Federal Penal, que unificará a fueros penales que hoy

tienen jurisdición en el ámbito de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

De ese modo, los delitos contra la administración pública en

los que incurran funcionarios del Estado Nacional, dejarán

de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser

juzgados por más de medio centenar de magistrados.

Estamos terminando para siempre en la Argentina con la

manipulación de sorteos y la concentración de procesos que

el oligopolio de los jueces federales ha permitido.

Los problemas de la Argentina no se resuelven con menos

justicia sino con una mejor justicia.

Asimismo, de la mano de la puesta en marcha del nuevo

sistema acusatorio penal, vamos a impulsar un

fortalecimiento de toda la actuación de la justicia federal

penal en las zonas más críticas donde el crimen organizado

ha logrado desarrollarse a través del narcotráfico,

especialmente en la zona de influencia de Rosario y Santa Fe.

El reordenamiento que impulsamos tiene un profundo

sentido federal: consolida por un lado la autonomía de la

ciudad de Buenos Aires con su justicia penal local, y aumenta

la actuación de jueces y fiscales en la zona de Rosario y Santa

Fe.

En esta última provincia, vamos a impulsar la creación de

una nueva sala y una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara

Federal de Apelaciones de Rosario.

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Para fortalecer el Ministerio Público Fiscal y la aplicación

rápida del código acusatorio, vamos a reforzar la creación de

nuevos cargos auxiliares fiscales y asistentes fiscales bajo la

órbita de un fiscal coordinador de distrito.

Propondremos la creación de un juzgado federal, una fiscalía

y una defensoría federal en la ciudad de San Lorenzo que

también va a estar orientada a la investigación de la trata de

persona, el lavado de dinero y el narcotráfico.

En el ámbito de la justicia contencioso administrativa de la

Capital Federal, que resulta otra área clave para resguardar

los intereses patrimoniales del Estado y de todos los

argentinos, también vamos a impulsar una profunda

transformación, que estará basada en su unificación con los

valiosos recursos existentes en el área de la justicia civil y

comercial federal.

Se trata de agilizar las causas, de evitar onerosas cuestiones

de competencia y de optimizar el funcionamiento de los

mejores recursos humanos del Poder Judicial.

Queremos desterrar para siempre las componendas entre el

poder político y el poder judicial, sean del color partidario

que sean. No nos merecemos como Argentina continuar con

este deterioro.

Por eso, más allá de estas reformas puntuales que estaremos

impulsando en los próximos días, he decidido la

conformación de un Consejo para Afianzar la Administración

de Justicia en la República Argentina.

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Estará integrado por las más prestigiosas personalidades del

mundo académico y judicial, y será un cuerpo consultivo del

Poder Ejecutivo para el impulso de otras transformaciones

de fondo en nuestro Poder Judicial.

Debemos optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema

de Justicia; repensar el alcance del recurso extraordinario,

mejorar el trabajo del Consejo de la Magistratura; instaurar

el juicio por jurados cumpliendo el mandato constitucional;

modernizar el código penal de la Nación; y fortalecer el rol

del Ministerio Público.

Todos los proyectos que proponga este Consejo serán

enviados a consideración del Congreso de la Nación.

Honorable Asamblea,

La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y

violento no es un show mediático, sino un compromiso

estructural, sustentable y permanente para mi Gobierno, que

apunte a las raíces profundas de la impunidad.

La política de Seguridad Interior no puede estar marcada por

una mirada centralista. La naturaleza del delito recorre

múltiples factores, muchas veces ignorados desde la capital.

El objetivo que había sido enunciado de reducir el

narcotráfico fue más retórico que efectivo. Los operativos

crecieron, el narcomenudeo se expandió y la cantidad de

drogas secuestrada bajó.

Orientamos ahora a las fuerzas de seguridad federales a la

destrucción de las grandes redes criminales, para lo cual se

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fortalecerá la inteligencia e investigación de delitos federales

como el narcotráfico y organizaciones delictivas.

El derecho a la seguridad es una obligación del Estado. Ese

derecho a la seguridad debe contener y proteger a todos y

todas; debe atender urgentemente a las y los más

segregados.

Inauguramos un camino de prevención de la violencia a

través de la negociación de la conflictividad. Por eso

apostamos al diálogo entre los Jefes de las Fuerzas de

Seguridad y las Organizaciones Sociales que han contenido la

conflictividad social en estos tiempos de emergencia y

angustia. Ese diálogo es un mojón en la elaboración de

instancias para mitigar la violencia. Se trata de anticiparnos

a los conflictos, de resolverlos de manera pacífica, evitando

la criminalización de grupos o sectores sociales.

Estamos convencidos de que el prestigio de las fuerzas se

construye y se sustenta en buenas prácticas, en el ejercicio

profesional de sus funciones, tal como definen las leyes y

exige la democracia.

Lo anterior también cuenta para nuestra área de Defensa

Nacional.

Venimos a reafirmar la conducción civil de la Fuerzas

Armadas y de la Política de Defensa, la adecuación del

Instrumento Militar a las funciones propias de las Fuerzas

Armadas y el no involucramiento de las FFAA en cuestiones

de seguridad interior.

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Celebramos que por primera vez en la historia tenemos Jefes

de las Fuerzas Armadas que pertenecen a la generación que

ha egresado como oficiales en pleno funcionamiento de la

democracia.

Quiero dedicar un instante al hundimiento del submarino

ARA San Juan.

Ha sido un hecho traumático que no solo ha generado un

fuerte impacto al interior de la Armada Argentina y en las 44

familias que sufrieron la pérdida de sus seres queridos, sino

que también ha marcado a la sociedad argentina. Los 44

están presentes en los 44 millones de argentinos y

argentinas.

Vamos a honrar y mantener viva la memoria de los

submarinistas ordenando el ascenso post mortem de cada

uno de ellos.

Sobre aquel Estado deteriorado del que les hablé al iniciar

estas palabras vamos a actuar para volver a ponerlo en

valor.

Necesitamos un Estado activo, con nuevas capacidades. Y

esas nuevas capacidades tienen que ser reconocidas y

promovidas a partir de las mejores expresiones que hoy ya

existen en la Administración Pública Nacional.

Por eso, hoy vengo a anunciar el relanzamiento de un sueño

de Raúl Alfonsín, en los albores de nuestra democracia en

1983: el cuerpo de administradores gubernamentales. Un

cuerpo profesional de servidores públicos formados con

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excelencia académica, con arraigo a la carrera administrativa

y con una mística de transformación del Estado para ponerlo

al servicio de la sociedad.

En el transcurso del período 2020 se convocará a una nueva

edición actualizada de dicha experiencia, a la que

llamaremos Programa de Innovadores de Gobierno. Vamos a

lanzar un concurso nacional para conformar un cuerpo

profesional, estable y creativo entre los mejores empleados

públicos y entre los jóvenes de todo el país con vocación de

incorporarse al servicio civil, para que estén en condiciones

de impulsar cambios significativos en el Estado Nacional. Lo

vamos a convocar en el espíritu de dotar a ese cuerpo

profesional de un conocimiento de vanguardia a nivel

mundial, con las mejores herramientas tecnológicas, que se

movilicen para promover cambios de calidad en el sector

público.

No podemos construir un Estado del siglo XXI con las

herramientas de un Estado del siglo XX.

Tenemos que aplicar las mejores tecnologías como

vanguardia de un cambio cultural profundo en nuestra

administración. Por eso he tomado la decisión de crear la

Agencia Federal de Evaluación de Impacto de las Políticas

Públicas. Cada peso que se gaste debe tener en el Estado un

sentido de productividad social, atendiendo en primer lugar

a los últimos, para llegar a todos.

Una de sus prioridades será medir el impacto de los

programas que cuentan con financiamiento internacional. La

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deuda pública externa que se contraiga en el futuro no estará

sujeta al capricho de los grupos de presión o los tecnócratas,

sino a la prioridad basada en evidencia científica y necesidad

social.

Esta Agencia de Evaluación de Impacto será el elemento

central para estar en condiciones de discutir un Presupuesto

2021, que garantice la calidad de la inversión pública, que

reoriente las prioridades de inversión en cada Ministerio,

que rediseñe prioridades estratégicas del Estado Nacional,

en consonancia con los Estados provinciales y municipales.

Necesitamos un gasto e inversión pública de mejor calidad y

precisión.

No hay Estado sabio con marañas burocráticas perversas. No

hay Estado social con laberintos normativos que castigan a

los más humildes. El Presupuesto 2021 tiene que constituir

una épica de la sensibilidad para todo nuestro Gobierno.

Un Estado activo es un Estado innovador, también para

nuestras relaciones internacionales.

Nuestra política exterior tiene como propósito un

dinamismo pragmático, en un mundo de soberanías

multidimensionales.

Siempre tenemos como pertenencia y como horizonte a una

América Latina unida. Trabajaremos para fortalecer la

institucionalidad democrática en Sudamerica y en la región.

Vamos a contribuir para que América Latina encuentre su

voz, expanda su agenda y reconfirme los principios. Nuestro

compromiso es dar continuidad a los valores esenciales de

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defensa de la paz y la seguridad internacionales, la solución

pacífica de controversias, el apoyo al multilateralismo, el

respeto al derecho internacional y a los derechos humanos,

la equidad de género y la protección del medioambiente.

En materia de Mercosur, nuestra vocación es fortalecer una

integración regional y global que a su vez sea una

integración social, productiva y democrática de nuestros

países.

Queremos también que el Mercosur mire hacia sus propios

integrantes y sus propios pueblos, y que profundice una

integración dinámica de su estructura en materia

productiva, de garantía de inversiones, de compras públicas,

de mejora de trámites aduaneros, de armonización de

estándares laborales, sanitarios, ambientales y sociales. La

integración bien entendida comienza por el hogar común.

En el plano de la inserción global vamos a avanzar con una

agenda sin exclusiones en la que avancemos en esquemas de

asociación con países desarrollados, con países emergentes y

con países en desarrollo. Por eso, al tiempo que hemos

abierto nuevos canales de diálogo con potencias de América

y Europa estamos trabajando activamente en reafirmar

nuestras asociaciones estratégicas integrales con China y

Rusia.

Nuestro hogar común tiene también una herida sangrando

en lo más profundo de nuestro sentimiento soberano: la

usurpación de Islas Malvinas, Georgias del Sur, y Sandwich

del Sur.

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Enviaré tres Proyectos de Ley para afianzar la soberanía

territorial de la República Argentina.

En primer lugar, la “Creación del Consejo Nacional de

Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur,

Sandwich del Sur y Espacios Marítimos Correspondientes”,

que será plural y asegurará políticas de Estado a mediano y

largo plazo. Contará con representantes de la oposición

política, del mundo académico y jurídico, de la provincia de

Tierra del Fuego y de los ex combatientes.

En segundo término, el “Proyecto de ley sobre la

demarcación del límite exterior de la plataforma continental

argentina” que contribuirá a consolidar los derechos de

soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo. La

adopción de la ley y la publicación de las coordenadas de la

plataforma continental argentina incrementarán la

seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones que

tengan como finalidad la exploración y explotación de

hidrocarburos, minerales y especies sedentarias. Esta ley

cristaliza el reconocimiento realizado por las Naciones

Unidas en 2016 y 2017 al trabajo que nuestro país viene

realizando hace más de dos décadas a través de la Comisión

Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental,

como ejemplo de Política de Estado.

Finalmente, la modificación del Régimen Federal Pesquero

(Ley N° 24.922) para endurecer las sanciones a los buques

que pescan ilegalmente en los espacios marítimos bajo

jurisdicción argentina o en aguas donde nuestro país tiene

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soberanía sobre recursos vivos marinos (lo que incluye las

Islas Malvinas).

Quiero hablar ahora de los desafíos que tenemos como

sociedad para terminar con algunos privilegios y para

ampliar derechos ciudadanos.

Empecemos por nuestro sistema previsional.

Hemos encontrado un ANSES desfinanciado por la

destrucción de fuentes de trabajo, la caída en el salario real y

los cambios impositivos. A ello se sumó el hecho de que el

Estado Nacional entre 2016 y 2019 se financió con los

recursos de los jubilados, haciendo que al momento de

nuestra llegada al gobierno casi el 70 % del Fondo de

Sustentabilidad estuviera compuesto por bonos públicos.

Por el cambio del Índice de Movilidad Jubilatoria dispuesto

en diciembre de 2017, los jubilados perdieron entre

diciembre de 2015 y diciembre de 2019 el 18,5 % de sus

haberes en términos reales. Asimismo, la desigualdad entre

los haberes se incrementó hacia el interior del universo de

los jubilados. De ese modo, mientras que el 40 % de aquellos

que menos ganan perdió un 22 % de su poder de compra en

los últimos 4 años, el 20% que más gana mejoró un 1% su

poder adquisitivo. Es decir, la mayor parte del ajuste recayó

sobre los sectores más vulnerables.

Las decisiones que tomamos desde nuestra asunción han

beneficiado al 85 % de los jubilados, pensionados y titulares

de la AUH.

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La crítica situación del sistema jubilatorio nos obliga a evitar

mayores inequidades. En la Argentina ya no hay lugar para

los privilegios.

Por eso enviamos el Proyecto de Ley de Modificación de los

regímenes jubilatorios especiales del Poder Judicial y del

Ministerio Público de la Nación y del Servicio Exterior de la

Nación. Nos proponemos, y más aún en el contexto de la

emergencia en el que estamos, fortalecer el carácter

redistributivo y solidario del sistema previsional,

considerando los distintos regímenes que lo integran como

un sistema único, asegurando la sustentabilidad en el largo

plazo.

Vamos a enmendar los desequlibrioo internos del sistema y

a fortalecer su solvencia y su credibilidad social e

institucional.

La Argentina necesita salir adelante y el esfuerzo tiene que

ser de cada uno según su posibilidad.

La democracia se sostiene en derechos. La democracia es

igualdad y libertad, no es ni puede ser privilegio.

Quiero ahora abordar un tema que llevamos mucho tiempo

debatiéndolo entre nosotros. Se que para muchos, es un

tema que tiene profundas implicancias personales.

La situación de las mujeres gestantes en Argentina presenta

aspectos diversos. Distintos son los desafíos que enfrentan

las mujeres que desean tener a su hijo de aquellos que

asumen las que deciden interrumpir el embarazo.

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Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres

para que estos procesos se desarrollen accediendo

plenamente al sistema de salud.

La legislación vigente no es efectiva. Desde 1921 la

Argentina penaliza la interrupción voluntaria del embarazo

en la mayoría de las situaciones. Cien años después, la

jurisprudencia da cuenta de lo ineficaz que resulta la norma

desde un criterio preventivo. Está visto que son muchas las

mujeres que no se sienten conminadas por la pena prevista

para el aborto y que recurren a el para interrumpir sus

embarazos.

La existencia de la amenaza penal no solo ha sido ineficiente

demostrando que el devenir social transcurre más allá de la

misma norma. También ha condenado a muchas mujeres,

generalmente de escazos recursos, a recurrir a prácticas

abortivas en la más absoluta clandestinidad, poniendo en

riesgo su salud y a veces su vida misma

Todos saben de lo que estoy hablando. El aborto sucede. Es

un hecho. Y es solo esa hipocresía que a veces nos atrapa, la

que nos hace caer en un debate como este.

Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en

general y obviamente a las mujeres en particular. Y en el

siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión

individual de sus miembros a disponer libremente de sus

cuerpos.

Por eso, dentro de los proximos diez días, presentaré un

Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

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que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y

permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando

toman la decisión de abortar.

Simultáneamente, desde el Poder Ejecutivo Nacional,

lanzaremos un contundente programa de educación sexual

integral y prevención del embarazo no desaedo.

Nuestro propósito es también llegar a las mujeres de nuestro

país en situación de vulnerabilidad social en la etapa que

más necesitan la presencia del Estado: durante el embarazo,

nacimiento, puerperio y primeros años de crianza.

El Estado debe estar presente en esos tres momentos

trascendentales de la familia para acompañar y brindar

cuidado y protección: durante el embarazo de la mujer, en el

nacimiento del hijo o hija y en el desarrollo de la primera

infancia del recien nacido. Para ello necesitamos un Estado

activo, con fuerte presencia, capaz de articular políticas

públicas sustentables y que pueda asistir a las familias que

necesitan su apoyo.

En nuestro país existen ya numerosas políticas públicas para

entender estas necesidades. Ahora necesitamos una

coordinación más efectiva de ellas para optimizar sus

beneficios.

Seremos ambiciosos y buscaremos alcanzar un mayor

número de mujeres y niños o niñas nacidas a fin de evitar la

desproteción del Estado.

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Junto a la ley que buscará legalizar el aborto, enviaremos al

Congreso Nacional un proyecto de ley que instaure el Plan de

los 1000 días, para garantizar la atención y el cuidado

integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de

sus hijos o hijas en los primeros años de vida.

Por esa via queremos reducir significativamente las tasas de

mortalidad y desnutrición, proteger los vinculos tempranos,

el neurodesarrollo y la salud de madres e hijos de manera

integral.

Estamos seguros que de este modo estamos ampliando los

derechos de la mujer y dando protección a las que necesitan

más apoyo en el momento del embarazo.

Así como lo hacemos con los derechos ciudadanos, hemos

recuperado la centralidad de los Derechos Humanos en la

gestión de gobierno.

Con nuestra llegada, hemos encontrado un panorama de

desidia y abandono.

La gestión anterior dejó sin responder al menos 120 casos

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH). El 75 % tiene el plazo de respuesta vencido. Cuando

el Estado no responde alguna de esas peticiones las

consecuencias pueden incluir la pérdida del derecho de

defensa, graves perjuicios económicos o una situación de

riesgo para la vida e integridad física de alguna víctima sin

atender. Llama la atención además que la falta de defensa de

Estado incluye peticiones presentadas por personas

condenadas por crímenes de lesa humanidad.

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Fuera de ello, no se otorgaron los insumos básicos para el

normal funcionamiento del Archivo Nacional de la Memoria.

Se incumplió el envío de fondos al Equipo Argentino de

Antropología Forense, que debió suspender tareas como la

identificación de los soldados de Malvinas, la búsqueda de

desaparecidos de la dictadura y la colaboración en casos de

femicidios, trata de personas o desapariciones actuales.

La defensa de los derechos humanos no es la columna

vertebral de un Gobierno, sino la columna vertebral de la

República Argentina en su conjunto.

Sin memoria, verdad y justicia la Argentina no se puede

poner realmente de pie.

Vamos a recobrar el rol activo del Estado en el juzgamiento

de los crímenes de lesa humanidad. Queremos asegurar con

celeridad, el papel que históricamente le correspondió al

Estado en cuanto responsable de las políticas públicas que

garanticen el proceso de memoria, verdad y justicia.

En el contexto de la Ley Nacional de Sitios de Memoria,

queriendo preservar el recuerdo colectivo del horror de la

dictadura, vamos a impulsar la creación del espacio de

memoria El Campito, en Campo de Mayo, por donde pasaron

más de 5.000 víctimas.

Vamos a trabajar para fortalecer el rol de sujetos de

derechos de los pueblos originarios y de las comunidades de

migrantes, tal como lo establece nuestra historia y nuestra

legislación.

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Junto con las organizaciones y las comunidades se

desarrollarán estrategias que terminen con la mirada

estigmatizante, la acción persecutoria y los discursos de

odio.

Los temas de género también ocupan un espacio en nuestra

agenda de gobierno. Deseo mencionar tres cuestiones

relevantes sobre la materia.

En primer término, seguiremos adelante con la

implementación y cumplimiento efectivo de la Ley Micaela

para la formación y capacitación del sector público en

materia de género y violencias por razones de género,

incluyendo la capacitación del presidente de la Nación y

altas autoridades del Poder Ejecutivo.

Durante este ejercicio, lanzaremos el Plan Nacional de

Acción contra las Violencias por razones de Género 2020-

2021.

Con ese espíritu, relanzaremos la Línea Nacional 144 para la

atención, contención y asesoramiento telefónico a personas

que atraviesen situaciones de violencia por razones de

género.

Enviaremos el proyecto de Ley para la ratificación del

Convenio N ° 190 sobre Violencia y Acoso en el Mundo del

Trabajo. Es una expresión unánime de la comunidad

internacional contra la violencia de género y el acoso en el

mundo del trabajo.

Honorable Asamblea, querido Pueblo Argentino,

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Mañana comenzarán las clases normalmente en casi todo el

país.

Esto es fruto de diálogos, comprensión y acuerdos como los

que queremos implementar. En Educación nuestro objetivo

es democratizar el acceso al conocimiento y lograr romper

las desigualdades de cuna con que ingresan al colegio

nuestros chicos y nuestras chicas.

Para ello, es fundamental garantizar el efectivo

cumplimiento de las leyes vigentes cuyos consensos fueron

construidos por todos los partidos políticos con

representación parlamentaria.

Nos referimos a las Leyes programáticas que trazan

horizontes claros como la Ley de Financiamiento, la Ley de

Educación nacional o la de Educación Técnica. Leyes que

empezaron a incumplirse hace cuatro años.

Educar, educar y educar para que haya futuro.

Escolarización temprana que garantice un mejor

rendimiento en la trayectoria educativa. Una escuela

primaria que sea un espacio de transferencia y creación de

conocimiento. Un colegio secundario que se extienda para

alcanzar a los jóvenes con mayores dificultades.

Articularemos con entidades deportivas y centros culturales

para que nuestros adolescentes estén más tiempo

contenidos; queremos extender esa cobertura. Con los

escasos recursos actuales buscaremos que cada adolescente

tenga sus libros y tenga una computadora, como condición

del ejercicio de la ciudadanía.

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Nuestras universidades son una instancia central de la

democratización del acceso al conocimiento. Proponemos

iniciar el debate de una nueva Ley de Educación Superior

que permita fortalecer nuestro sistema universitario. La

gratuidad y el acceso irrestricto a la universidad son el punto

de partida. Fortalecer el vínculo de la universidad con la

comunidad y el sector productivo es central para garantizar

el desarrollo territorial.

Deseo informarles asimismo que en breve estaremos

poniendo en marcha, tal cual lo anuciamos el 10 de

diciembre, un proceso de reconversión de la publicidad

oficial, que insumía millonarios recursos públicos.

La reorientación de la misma hacia contenidos educativos ha

disparado un proceso creativo inédito entre los medios de

comunicación privados y el Estado. Agradecemos esa

creatividad de las ideas y propuestas recibidas, que resulta

potenciada por un trabajo plural en conjunto con la

Secretaría de Medios y el Ministerio de Educación.

Por otra parte, estamos poniendo en valor a los medios

públicos garantizando a partir de ellos, contenidos de

calidad y pluralidad de ideas para llegar de forma igualitaria

a todas y todos. Estos también serán la punta de lanza en la

épica educativa que hemos encarado en materia de

contenidos.

A favor de la preservación de las condiciones de vida de

nuestro pueblo, queremos construir una Argentina

medioambientalmente sustentable.

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Por eso, ya derogamos el decreto que permitía el ingreso de

residuos al país. Las acciones de adaptación y mitigación al

cambio climático, el fortalecimiento en la implementación de

la ley de Bosques, el despliegue de un plan federal para la

erradicación de basurales a cielo abierto, la implementación

del plan de ciudades sustentables y el desarrollo de

experiencias de producción agroecológica de alimentos

apuntan en esa misma dirección.

Llevamos ochenta y un días de gestión. Casi nos queda todo

el mandato por delante.

En este tiempo, hemos alcanzado nuestros primeros logros.

Pero seré sincero: advierto que atravesamos un camino que

tiene obstáculos.

Tal vez un ejemplo permita explicar mejor aquello de lo que

hablo. Soy consciente que hemos avanzado poniendo cierto

freno a la inflación que recibimos. Pero sinceramente

también se que necesitamos dejar atrás la maldita inercia de

la remarcación. Está en la responsabilidad social de cada uno

de nosotros ponerle fin al vicio inflacionario.

Muchas veces, son los cultores de esas prácticas los primeros

en levantar el dedo acusador y señalar problemas en un país

donde no faltan dificultades reales que están a la vista de

todos.

Aun asi, hay un obstáculo que a mi juicio resulta ser el mayor

de todos. Otra inercia, en este caso cultural e histórica.

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A diferencia de la inmensa mayoría de los argentinos, hay

quienes todavía no comprenden que todos estamos subidos

a un mismo barco. Que nuestra suerte será la misma como

país y como sociedad. Y que por eso necesitamos trabajar

conjuntamente. Todos unidos.

Poner a la Argentina de Pie requiere que reconozcamos la

importancia del equilibrio. Del equilibrio económico, social,

ecológico, federal. Vengo a proponer que reconstruyamos los

equilibrios que nunca debimos perder. El equilibrio no es

neutral ni indiferente. El equilibrio es restablecer

prioridades. Equilibrio significa integración social, justicia y

democracia.

Sabemos que cuando decimos “primero los últimos” estamos

marcando que hay necesidades que reclaman ser atendidas.

Sabemos que ello nos obliga a definir prioridades y que de

ese modo aparecen sectotres que deben esperar que

posteriormente la recuperación los beneficie.

Sabemos que hoy en Argentina tener mejores ingresos no es

lo mismo que tener grandes ingresos en esa amplia clase

media de la que muchos somos parte.

Y sabemos también que este rumbo permitirá recuperar en

Argentina la movilidad social ascendente que nunca debió

perder.

Queremos agradecer a todos los sectores sociales. Al

Movimiento Obrero Organizado. A los Movimientos Sociales

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en su diversidad. A los empresarios y sus diferentes

organizaciones.

Les he dicho que hemos encontrado grandes dificultades,

pero justo es decir que también hemos encontrado buena

voluntad y comprensión en sectores representativos de

nuestra sociedad.

Todo esto de lo que hoy hablamos, está ocurriendo en el

mismo momento en el que se cumplen 250 años del

nacimiento y 200 años del fallecimiento de Manuel Belgrano.

Quiero invitar a todas y todos, sin excepción, a que hagamos

de este 2020 un año singular para la memoria colectiva.

Quisiera que el recuerdo de Belgrano nos convocara a la

celebración plural en cada lugar del país. Y sobre todo que

recordemos y homenajemos a un prócer de excepción que

luchó por los destinos de la Patria, comprometido como

pocos con nuestra independencia, con la producción y con la

educación. Alguien que tuvo ideas de avanzada para su

época y una conducta absolutamente signada por la

honestidad y la entrega.

Los fundadores de esta Patria han sabido muy bien de

sueños, de compromisos y de dificultades. Y gracias a ellos

hemos tenido grandes logros. Ninguna situación de crisis

debería hacernos olvidar de los grandes avances

productivos, educativos, científicos y democráticos que la

Argentina ha tenido a lo largo de su historia. En estos

momentos, necesitamos tener más presente que nunca la

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memoria de esos hombres y esas mujeres que dejaron todo

por el futuro del país.

Como Presidente de los argentinos, hago una invitación a

trabajar en este rumbo a todos los sectores sociales, a todas

las provincias, a todas las fuerzas políticas.

El futuro está en nuestras manos y es con todos.

Como decía Manuel Belgrano, solo la unidad del pueblo “es

capaz de sacar a las naciones del estado de opresión”. Y

agregaba: “La unión es un valor inestimable en una nación

para su general y particular felicidad”.

Entendamos, de una vez y para siempre, que en las crisis las

banderías políticas deben ceder. Que todos los argentinos

estamos a bordo de un mismo barco y que en la crisis, como

supo decir Perón, para un argentino no pude haber nada

mejor que otro argentino.

La solución de nuestras frustraciones sociales no dependen

solo de un presidente. Dependen de nuestra vocación social

de superarnos y de ser mejores.

Hay una Argentina mas justa que nos debemos. Está en

nuestras manos poder construirla.

De este modo doy por inaugurado el presente ciclo

legislativo.

Muchas gracias.

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