¿QUÉ POLITICAS DISTRIBUTIVAS PARA MÉXICO?

De la re-distribución a la pre-distribución del ingreso

AUTOR: BRUNO SOVILLA

AGRADEZCO LA COLABORACIÓN DE GARCÍA RAMOS IRMA NATALIA, HERNANDEZ BARAJAS JOSÉ

SANTIAGO, MOCTEZUMA SANABRIA ANDRES, MORALES JIMENEZ MARTHA ANGELICA, NIETO

MARTINEZ ALEJANDRA DANIELA, ALUMNOS/AS DE LA UAM XOCHIMILCO, EN LA BUSQUEDA DE

LOS DATOS, LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y GRÁFICAS UTILIZADAS EN EL TRABAJO.

“The outstanding faults of the economic society in which we live are its failure to provide

for full employment and its arbitrary and inequitable distribution of wealth and incomes”

(Keynes J.M., The General Theory of Employment, Interest and Money, Harcourt Brace

Jovanovich, New York and London, 1936 p.372).

“An effective mínimum wage program must guarantee that jobs are available to all at the

mínimum wage” (Minsky H.P., Stabilizing an Unstable Economy, New Haven and London:

Yale University Press, 1986, p.345).

Resumen

La desigual distribución del ingreso en México y sus consecuencias es un problema actual

muy debatido en el país. Las políticas re-distributivas propuestas, no toman en cuenta su

viabilidad política y el poder de una elite político-económica de evitar medidas que afecten

sus intereses. Por esta razón consideramos que la reducción de la desigualdad solo es

posible con instrumentos no convencionales, que modifiquen los incentivos laborales

interviniendo por el lado del gasto público, sin esperar que el producto se realice para luego

redistribuirlo a través de impuestos y transferencias.

Concretamente proponemos combinar el incremento del salario mínimo según las líneas

trazadas en la propuesta Mancera y una creación de empleo formal por parte del estado.

Distribución del ingreso en México

El éxito editorial del trabajo de Piketty (2013) demuestra que el problema distributivo es

percibido como muy relevante por la opinión pública en los países desarrollados. La

tendencia a la concentración del ingreso y de la riqueza que el sistema capitalista

“naturalmente” produce, obliga a una reflexión sobre las maneras más convenientes de

introducir en el sistema esos granitos de arena que detengan las fuerzas del mercado1. En

finanzas públicas se reconoce que el problema distributivo indica un fallo del mercado que

solo la intervención pública puede controlar, sin embargo en mi opinión el texto de Piketty

es un gran paso adelante para entender la entidad de ese fallo, los mecanismos sistémicos

que lo generan y su fuerza, en pocas palabras la gravedad del problema.

La siguiente gráfica resume los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de

los Hogares (ENIGH) a partir de 1994. En este periodo el 10% de mayor ingreso ha

acumulado el 37% del ingreso nacional.

Fuente: Elaboración propia con datos del ENIGH

La gráfica anterior muestra cierta mejoría en la distribución del ingreso en México en los

últimos 20 años, sin embargo no permite analizar que sucede dentro del decil alto (el 10%

de mayor ingreso), por ejemplo estimando el porcentaje del ingreso poseído por el 1% más

rico. El problema es que México aún no está en el World Income Database (WID) utilizado

por el grupo de investigadores que han apoyado a Piketty en su trabajo2, logrando

estimaciones de la concentración del ingreso que llegan no solo al 1% más rico sino

1 Es conocida como “Tobin tax” (Tobin, 1978). 2 El dr. F. Alvaredo, uno de los colaboradores de Piketty, me ha informado que están trabajando a la inserción de México en el database, y que la publicación de los resultados no tardará, sin embargo no me ha precisado en que tiempos consideran que las estadísticas distributivas en México serán accesible al público.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012

1.61 1.50 1.52 1.49 1.61 1.63 1.62 2.27 1.52 1.62 1.65

38.12 38.11 37.83 40.28 36.79 37.05 37.85 34.15 36.86 34.58 35.67

Gráfica 1. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN MÉXICO

X

IX

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I

también al 1%0. Sin embargo el informe de G. Esquivel para Oxfam (Esquivel Hernández,

2015), que acaba de salir, empieza a usar (aunque de forma indirecta) el “método Piketty”

para México, dando los primeros resultados.

Esquivel señala que el 1% de la población en México hoy en día concentra al menos el 21%

del ingreso total3; asimismo, la riqueza de las 16 familias más ricas en México creció de

1996 hasta el 2014 en un 458.2%, y la riqueza de los 4 mexicanos más ricos que en 2002

representaba el 2% del PIB, en el 2014 había alcanzado el 9%.

Frente a una situación tan extrema, las políticas redistributivas tradicionales no han

funcionado en México. Si en Europa es complicado aplicar el impuesto patrimonial que

Kalecki (1977, p.46) consideraba el más adecuado para realizar una operación

redistributiva, y más complicado aún un impuesto patrimonial “progresivo” como sugiere

Piketty (2014), en México se discute como introducir el IVA (impuesto regresivo que

alarga la brecha entre ricos y pobres) sobre medicamentos y alimentos de primera

necesidad, y se ha neutralizado el único impuesto progresivo que había permitido una

redistribución del ingreso en el periodo del desarrollo estabilizador, o sea el impuesto sobre

la renta (ISR). La tasa marginal más alta ha sido reducida del 60% al 35% entre 1986 y

2014, convirtiendo el ISR en un impuesto casi proporcional, o sea neutral (no

redistributivo).

La siguiente gráfica muestra como México tiene la tasa máxima de ISR más baja en la

OCDE, también se observa la reducción que tuvo la tasa marginal en todos estos países,

incluyendo a México, entre 1981 y 2013.

3 Ros (2015) estima que la atribución al 1% más rico del 21.3% del ingreso es una estimación conservadora, y el valor puede llegar al 30.2%.

Fuente: G. Esquivel (2015, p.24).

La política re-distributiva que a través de impuestos progresivos ha logrado financiar el

welfare europeo, incrementando el nivel de vida del sector más pobre, en México y

América Latina ha sido totalmente ineficaz. La graf.3 muestra que el coeficiente de Gini

disminuye sensiblemente en los países de la OCDE, comparando el valor de este índice de

desigualdad antes y después de impuestos y transferencias, mientras que en México se

mantiene casi invariado ¿Por qué?

GRÁFICO 3: Coeficiente de Gini (2009)

Fuente: OCDE (2009)

Gráfica 2: TASA MÁXIMA DEL ISR (1981 y 2013)

Simplificando: México se encuentra enredado en el círculo vicioso de las élites. La élite

política responde a la élite económica (a veces coinciden), que la perpetúa en el poder4.

¿Es posible romper el círculo vicioso? La vía pre-distributiva representa nuestra propuesta.

Políticas pre-distributivas

Un camino más viable para reducir la desigualdad en la distribución del ingreso, es actuar

por la vía del gasto público e introducir cambios normativos que modifiquen el

funcionamiento del mercado laboral, en favor de los trabajadores más débiles. Se trataría de

intervenir sobre todo por el lado de la demanda de trabajo, orientando las políticas

económicas hacia un objetivo final: el pleno empleo. Al mismo tiempo, se sugiere eliminar

las condiciones de pobreza laboral (los “working poors”), incrementando el salario mínimo,

garantizando un nivel de vida digno a los trabajadores menos pagados.

En 1943 M. Kalecki (1977) advertía que la clase capitalista, en búsqueda de maximizar sus

ganancias, no apoyaría jamás una política de pleno empleo, sobre todo si se implementara a

través del gasto público, a pesar que las ganancias en su conjunto serían mayores en esta

situación que en cualquier otra, en la cual una parte de la fuerza de trabajo disponible

resultaría desempleada.

Anteriormente J.M. Keynes, en su estilo más narrativo, había hecho la misma reflexión:

“The conservative belief that there is some law of nature which prevents men from being

employed, that it is “rash” to employ men and that it is financially sound to maintain a tenth

of the population in idleness for an indefinite period is crazily improbable-the sort of thing

no man could believe who had not his head fuddled with nonsense for years and

years…Our main task, therefore, will be to confirm the reader’s instinct that what seems

sensible is sensible, and what seems nonsense is nonsense. We shall try to show him that

the conclusion, that if new forms of employment are offered more men will be employed, is

as obvious as it sounds and contains no hidden snags; that to set unemployed men to work

on useful tasks does what it appears to do, namely, increases the national wealth; and that

the notion that we shall, for intricate reasons, ruin ourselves financially if we use this means

to increase our well-being, is what it looks like- a bogy” (Keynes, cit. en Wray 2012,

p.233).

Han pasado muchos años, y el problema del pleno empleo es hoy más vigente que nunca.

En la UE la tasa de desempleo es mayor de la que Keynes consideraba inaceptable (10%),

encontrándose entre el 12-13%, alcanzando valores del 25%-30% en España y Grecia. En

estos países entre los jóvenes la tasa supera el 50%, uno de cada dos que buscan trabajo no

lo ha encontrado en el momento de aplicación de la encuesta. En Italia, un país fundador de

la UE, se está acercando a ese valor.

4 El prof. Tello (2014, p.403), quién fue gobernador de Banxico, retoma este concepto: “…la concentración de la riqueza y del ingreso en el país durante décadas…da a unos cuantos poderosos un enorme margen de influencia en las decisiones que los gobiernos toman”, justificando así la baja presión fiscal en México.

En México la tasa abierta de desempleo es el 4.2%, uno de los niveles más bajo en la

OCDE. Sin embargo un análisis más detallado del mercado laboral demuestra que la

mayoría de la PEA que se encuentra ocupada trabaja en la economía informal, casi siempre

con muy bajos salarios y en condiciones de severa explotación. A veces los ocupados ni

siquiera reciben un salario por el trabajo realizado (graf.4).

Fuente: Elaborado por Javier Mendoza Solís y Elmar Morales Sánchez, con datos ENOE.

La pobreza laboral es una consecuencia de las políticas de estabilización macroeconómica

que empezaron en la década de 1980 (después de la crisis de la deuda externa) y que

tuvieron su mayor expresión en el pacto de solidaridad en 1987, con el cual se pretendía

controlar la tasa de inflación. El salario mínimo llegó a ser la variable crucial para llevar a

cabo la política antinflacionaria (graf.5).

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Gráfico 4: Poblacion Ocupada por nivel de ingresos (porcentaje)

No reciben ingresos Un salario minimo 1-2 salarios minimos

2-3 salarios minimos 3-5 salarios minimos Más de 5 salarios mínimos

No especifi-cado

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

La estrategia antinflacionaria basada en la reducción del salario mínimo real (reforzada en

el periodo salinista por la apreciación cambiaria), recargó sobre los trabajadores más

pobres. El poder de compra de sus salarios se redujo paulatinamente, hasta los niveles

miserables que en 2015 se registran.

En el siguiente grafico se compara el salario mínimo en México con 3 países de la OCDE

de altos nivel de desarrollo. Se hace evidente la gran diferencia que ha aumentado en el

tiempo en el periodo de las políticas neo-liberales.

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE.

246.34

59.73

0

50

100

150

200

250

300

Grafico 5. SALARIO MINIMO REAL (pesos 2010):1982-2015

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Grafico 6. COMPARACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO EN MÉXICO CON EL RESTO DEL MUNDO

Bélgica

Francia

Japón

México

Puede parecer poco oportuno comparar México con países tan virtuosos en la aplicación de

políticas re-distributivas, dado el distinto nivel de desarrollo entre ellos. En la siguiente

grafica la comparación es con algunos países de América Latina. México sigue ocupando

el último lugar, con diferencias obviamente menores que en el caso anterior. Parece

evidente que en estos países el salario mínimo ha aumentado constantemente, alargando la

brecha con el nivel alcanzado en México.

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE y CEPAL.

México y Brasil: una comparación entre políticas pre-distributivas

En Brasil a la mitad de los años noventa empezó un incremento del mínimo salarial que se

acentuó en el periodo de gobierno de Lula da Silva. En la siguiente gráfica comparamos

esta política salarial con la reducción de la desigualdad, expresada a través del coeficiente

de Gini.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Grafico 7. SALARIO MÍNIMO: MÉXICO, CHILE, ARGENTINA, COLOMBIA

Colombia

Argentina

Chile

México

Grafico 8: Salario mínimo y coeficiente Gini en Brasil (1995-2007)

Fuente: OIT, Panorama Laboral 2008, p. 29

Como esperábamos, la extrema desigualdad en la distribución del ingreso en este país,

resumida por un coeficiente de Gini cercano a 0.6 en la mitad de la década de 1990, ha ido

disminuyendo constantemente, acentuándose esta tendencia cuando el incremento del

salario mínimo ha sido más notable (2000-2001 y 2005-2006).

En la siguiente gráfica comparamos la evolución del producto per cápita y del salario

mínimo en Brasil y México. Hasta la mitad de los años noventa, el salario mínimo se

reducía y eso coincidió con una etapa de muy lento crecimiento (casi estancamiento) de

las dos economías. Luego la trayectoria salarial fue opuesta en los dos países: mientras en

México se mantuvo el nivel mínimo alcanzado en la mitad de los noventa, en Brasil

empezó a crecer. A principio del 2000 el salario mínimo en Brasil crece más rápidamente,

tendencia que se hace aún más pronunciada a partir del 2005. Desde ese año se empieza a

crear una brecha también entre las dos economías, con la de Brasil que crece a una tasa

netamente superior.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial y CEPAL

Consideramos este resultado como una prueba de que ambas economías tienen una

restricción al crecimiento que opera por el lado de la demanda agregada. En las

denominadas economías “wage led” (Stockhammer, 2011), el incremento del salario

mínimo aumenta el consumo agregado y el PIB, tomando en cuenta la alta propensión al

consumo en bienes nacionales de los trabajadores pobres. A diferencia de México, Brasil

parece haber explotado esta situación, logrando un crecimiento económico estimulado por

una política redistributiva a favor de los trabajadores más pobres.

Políticas pre-distributivas: el enfoque teórico

La política pre-distributiva que proponemos, se mueve a lo largo de dos ejes: la

recuperación del poder de compra del salario mínimo, regresando por lo menos a los

valores que había alcanzado antes de la crisis de 1982, y la búsqueda del pleno empleo

como principal objetivo de la política económica.

La teoría de la finanza funcional representa el marco teórico de referencia para lograr el

pleno empleo. A. Lerner (1943) afirmó que solo el estado puede gastar para que a los

precios vigentes se compren todos los bienes que se pueden producir (primera ley de la

finanza funcional). Por tanto la finanza funcional “rechaza la doctrina tradicional de la

finanza sana y el principio de tratar de equilibrar el presupuesto a lo largo de un año solar o

en cualquier otro periodo” (ib.). En otras palabras: el pleno empleo debe ser el objetivo de

política económica, y el presupuesto público es el instrumento fundamental para lograrlo. Y

para un gobierno que tiene soberanía monetaria, o sea una moneda propia que emite sin

constricciones de ningún tipo, no hay ninguna necesidad de financiar el gasto con

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Grafico 9. BRASIL Y MÉXICO: UNA COMPARACIÓN (1982=100)

PIB percapita Brasil SalarioM Brasil PIB percapita México SalarioM México

impuestos, ya que estos se deben introducir para contener el nivel de demanda efectiva si en

la economía existen tensiones inflacionarias.

Lerner no hacía hincapié en las distintas consecuencias de una financiación del gasto con

deuda o con impresión de dinero, limitándose a decir que depende del deseo de la población

de poseer bonus públicos o liquidez para poder gastar. En los dos casos la única limitante es

el nivel de demanda agregada y las tensiones inflacionarias que produce, que como

acabamos de afirmar, representan la señal para subir los impuestos.

Economistas adscritos a la teoría monetaria chartalista5 (Wray 1998 y 2012; Mosler, 1997-

98; Mitchell, 1998; Forstater 1998), han aclarado los mecanismos de financiamiento del

gasto público aceptando y desarrollando la teoría de la finanza funcional de Lerner. Según

los chartalistas, el gobierno en colaboración con el banco central (las dos instituciones se

reúnen dentro de una sola que llaman “estado”) deposita el dinero correspondiente al gasto

público que se realiza, en las cuentas que los bancos comerciales tienen con el banco

central (reservas), para que estos a su vez puedan acreditar las sumas pagadas a familias y

empresas en sus cuentas corrientes abiertas en los bancos comerciales. Parte de este dinero

recorre el camino inverso, pasando de las cuentas abiertas por las familias al gobierno,

cuando este cobra los impuestos.

Por tanto la creación de dinero acompaña necesariamente el ejercicio del gasto público,

mientras que la intervención en el mercado primario o secundario de la deuda pública busca

estabilizar la tasa de fondeo e un día (“overnight”) a niveles mínimos, posiblemente

próximos al valor cero6. En los países que emiten una moneda propia, ni la aplicación de

impuestos ni la emisión de deuda pública son necesarios para financiar el gasto público.

Este precede lógicamente y temporalmente los impuestos, y el estado (gobierno y banco

central) no necesitan recaudar el dinero que gasta, pues pueden acreditar las sumas en las

cuentas de los bancos comerciales.

El estado empleador de última estancia (ELR)

Los economistas keynesianos suelen considerar el pleno empleo como un objetivo de las

políticas económicas, con distintas matices. Algunos han aceptado categorías que parecen

muy distantes del análisis del maestro, como el concepto monetarista de NAIRU. Estos

economistas definidos neo-keynesianos hacen propio el planteamiento de Friedman (1968),

que exista una tasa de desempleo que mantenga constante la tasa de inflación (NAIRU).

Simplificando: la tasa de desempleo NAIRU es necesaria para evitar que la pretensión de

5 Su denominación actual es “modern monetary theory” (MMT). 6 El banco central debe tomar en cuenta el contexto macro y los objetivos de política económica del gobierno. Por ejemplo si hace falta atraer capitales, la tasa de interés no deberá acercarse a zero (Wray y Mitchell, 2004 p.12).

los trabajadores sobre el ingreso nacional sea excesiva (inflacionaria)7. La conclusión es

que un cierto número de desempleados es un precio que la colectividad tiene que pagar,

para mantener la estabilidad de precios. Hay que sacrificar al dios “mercado” un grupo de

trabajadores y sus familias, en aras de mantener un sistema económico que produce riqueza

y que se puede considerar, después del colapso del “socialismo real”, el mejor (o el menor

peor) que la humanidad ha logrado crear.

Autores como Blanchard, aceptando el terreno de confrontación propuesto por los

neoclásicos (dinero exógeno, disciplina fiscal), consideran que las políticas expansivas de

estímulo a la demanda agregada pueden ser útiles en un periodo de contracción de la

economía, pero producen tensiones inflacionarias, antes de llegar a garantizar un empleo

para todos los que lo buscan y están en condición (físico-psíquica y legal) de poder trabajar.

Lerner había criticado estas políticas definidas “pump priming”, sin embargo observó:

“there are very few pump-primers left now”, conclusión que más de 70 años después parece

fue por lo menos apurada.

Dentro de la corriente post-keynesiana y precisamente en el enfoque “Modern money

theory” (MMT) mencionado, se propone que el gobierno garantice el empleo, instituyendo

oficinas públicas donde los desempleados encuentran propuestas de trabajo a un salario

determinado, al menos igual al salario mínimo. El gobierno garantiza una curva de

demanda horizontal de trabajo a este salario, para que todos los que están dispuestos a

trabajar tengan la oportunidad de hacerlo, alcanzando el pleno empleo (Wray y Mitchell,

2003; Forstater, 2005; Mosler, 1997). Se considera que este programa, denominado Estado

empleador de última instancia (ELR por su sigla en inglés), sustituya casi todos los

programas sociales de corte asistencialistas a favor de los desempleados y probablemente

todo tipo de gasto social que vaya a beneficiar las familias más pobres (más adelante

regresaremos a este punto). Según esta corriente post-keynesiana, es por tanto técnicamente

posible y sostenible (compatible con la estabilidad macroeconómica) una política de pleno

empleo dentro de una economía capitalista.

Que el programa ELR sea técnicamente posible es evidente, máxime si aceptamos la

primera ley de la finanza funcional propuesta por A. Lerner8. El problema de la

sostenibilidad, fuera de este enfoque requiere una mayor argumentación. Es también

evidente que cada país que adopta una moneda propia puede financiar el gasto público y

una política de pleno empleo, creando dinero, pero “the more usual objection is that it is too

easy to finance the budget déficit (in the monetarist approach by printing money)” (Sawyer,

2005).

7 Friedman (1968) no utilizó el acrónimo NAIRU para indicar la tasa de desempleo natural. Algunos años más tarde Modigliani y Papademos (1975, p.142…) la introdujeron y desde entonces se utiliza en el debate macroeconómico. Los autores la denominaron NIRO, “noninflationary rate of unemployment”. 8 Las economías centralmente planificadas alcanzaban el pleno empleo con estabilidad de precios, eliminando las relaciones de mercado y la propiedad privada de los medios de producción. En esos sistemas los desequilibrios macro se manifestaban en la creación de una economía sumergida (mercado negro) que era al mismo tiempo reflejo y causa de la baja productividad e ineficiencia en la economía formal.

Objeciones post-keynesianas al ELR: un análisis crítico

Algunos autores postkeynesianos (Sawyer 2003 y 2005; López Gallardo, 2000;

Seccareccia, 2004) han manifestado sus dudas sobre la conveniencia y viabilidad del

programa ELR.

Las críticas de Sawyer al programa ELR se pueden resumir en dos aspectos. El primero es

la teoría monetaria chartalista: “My disagreement with much of the ELR literatura comes

from the tax-driven money (TDM) view with which it has become associated” (Sawyer,

2005 p.10). El segundo es el temor que la creación de empleo público pagado con el salario

mínimo, causaría una contracción salarial en los empleos públicos que dan servicios

asimilables a los empleos ELR.

López Gallardo advierte tanto de un posible impacto inflacionario de las políticas

expansivas que buscan el pleno empleo en la estrategia ELR, que del déficit del sector

externo, como consecuencia de las mayores importaciones.

Seccareccia y Sawyer concuerdan que el pleno empleo debe priorizarse en la agenda

política, pero son escépticos en relación al ELR como el camino deseable para lograr el

objetivo.

En estos análisis también hay una preocupación recurrente, es decir que los programas

sociales existentes vengan reemplazados por el programa ELR, y eso afectaría a sectores

muy vulnerables, los pobres extremos, que por distintas razones podrían no ser

beneficiados por este programa y perderían los subsidios que reciben.

En este artículo no puedo entrar en una discusión sobre el TDM, teoría que se ha ganado

bastante crédito en el ambiente académico, también por parte de economistas keynesianos

que fueron inicialmente muy críticos en relación a ella, como M. Lavoie y P. Krugman. Me

limito a discutir los principales argumentos que los economistas post-keynesianos señalan

en contra del ELR, considerada una estrategia poco eficaz y mejorable con políticas

keynesianas más convencionales.

Sawyer observa que fijando un salario mínimo al cual emplear todos los que lo requieran se

introduce una presión hacia la baja en los salarios del sector público. Considero que no es

un fuerte argumento en contra del ELR, sobre todo en países todavía en vía de desarrollo

como México, donde el sector público es muy limitado y el acceso al mismo poco

meritocrático y a veces clientelar. El ELR puede ser el eje principal de una política social,

que dé la oportunidad a los trabajadores pobres (sobre todo extremos) de salir de la

marginación. Las personas más interesadas, en el contexto mexicano, no son trabajadores

desempleados con medio-alto nivel profesional, que pueden “permitirse el lujo” del

desempleo manteniéndose en la búsqueda de un trabajo satisfactorio, sino las masas que

viven en la pobreza extrema, beneficiarias (a veces) de la asistencia pública que los

mantiene con vida. Estos trabajadores no compiten con los empleados públicos, tienen

pocas habilidades y una formación escasa que no les permite ser competitivos en el

mercado laboral.

Según López Gallardo el ELR sería una política expansiva por el lado de la demanda, que

podría producir presiones inflacionarias y un desequilibrio externo. En relación al primer

punto me remito a Wray (2012) para una clara explicación de las causas profundas del

fenómeno inflacionario, ya que el ELR, fijando un precio importante como el salario de

estos trabajadores, permitiría lograr con mayor facilidad la estabilidad de precios. En

relación al desequilibrio externo que el incremento de demanda puede generar, este puede

ser controlado en un país monetariamente soberano, que adopte un tipo de cambio flexible.

Además el programa ELR puede ser financiado (al menos en parte) con la emisión de vales,

con los cuales se pagarían los trabajadores que entran en el programa. Estos vales se

podrían gastar solo en tiendas abiertas para este fin (lo cual crearía una demanda adicional

de trabajo ELR, para todos los servicios que se requieren en estos establecimientos

comerciales), donde habría solo productos nacionales que estimularían además un consumo

más sano entre la población pobre, normalmente más sujeta a enfermedades derivadas de

malos hábitos alimenticios como por ejemplo la diabetes. De esta manera se puede evitar, al

menos inicialmente, el desvío de demanda hacia importaciones, aunque no en toto, por el

efecto multiplicador que inevitablemente se desencadena.

La posible desaparición de los programas sociales a favor de los pobres más vulnerables no

es un argumento en contra del programa, pues los pobres marginados que por varias

razones (extrema indigencia, enfermedades físicas y psíquicas, dependencia de drogas etc.)

no puedan trabajar, seguirán recibiendo transferencias que les permitan sobrevivir, y que no

competirán con los salarios ELR, para que estos empleos se mantengan atractivos.

Análisis crítico de la propuesta Mancera y políticas pre-distributivas para México

En 2014 el jefe de gobierno del Distrito Federal dio a conocer una propuesta para

incrementar el salario mínimo, que se conoce como la propuesta Mancera.

Preparada por académicos de reconocido nivel, se centra en el incremento del SM paulatino

hasta llegar en 2018 a 171$ diarios, 2.4 veces la suma actual. El documento recuerda que el

SM no cumple con el mandato constitucional (véase gráfica 10), y que en comparación al

nivel máximo alcanzado en 1976, su poder de compra se ha reducido de tres cuartas partes,

siendo actualmente el más bajo no solo en la OCDE sino en el continente latinoamericano.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coneval y CONASAMI

Con un análisis bastante apurado (la versión publicada en internet presenta errores bastante

inusuales considerando el prestigio académico de sus redactores), los expertos consideran

que esta política salarial, tachada por sus detractores de inflacionaria, perturbadoras del

libre mercado y destructora de empleo formal, ha dado resultados positivos en América

Latina, en países como Brasil cuyas economías presentan desequilibrios iguales o mayores

a la mexicana.

La propuesta es un paso importante porque ha abierto un debate, sin embargo considero

que solo dentro de un programa ELR puede tener eficacia. Veamos porque.

Tratando de determinar los beneficiarios del aumento del salario mínimo, en el documento

Mancera se hace referencia en la ENOE a la población ocupada que recibe hasta un salario

mínimo, calculada en 6 millones y medio. Sin embargo, construyendo el perfil de estos

ocupados pobres, se afirma que la mitad son trabajadores por cuenta propia (siendo no

asalariados por definición no serían beneficiados), y solo 2.9 millones trabajan en la

economía formal (más de la mitad son informales).

Es evidente que solo los trabajadores asalariados pueden recibir un incremento salarial, por

tanto hay que excluir los cuentapropistas. Además los asalariados informales no vienen

remunerados en términos de salarios mínimos, por lo tanto este no ejerce un “efecto faro”

sobre ellos. Esta afirmación puede aparecer excesiva, sin embargo las características de las

relaciones laborales en México indica que un aumento del salario mínimo puede tal vez

ejercer un “efecto faro” dentro del sector formal, lo cual también debería demostrase. Por

ejemplo la evolución distinta del salario medio contractual real y del salario mínimo real,

parecen indicar que el “efecto faro” tampoco sea tan relevante en el sector formal.

El incremento del salario mínimo, rebus sic stantibus, beneficiaría a menos de 2.9 millones

de trabajadores formales, o sea una parte minoritaria de los “working poors” mexicanos.

0

20

40

60

80

100

120

Graf. 10: CANASTA BÁSICA VS SALARIO MÍNIMO REAL

Salario Minimo Canasta Basica Total

Por tanto solo la creación de empleo por parte del estado según el programa ELR, puede

hacer efectivo el incremento del salario mínimo propuesto por Mancera. Dentro del

enfoque funcionalista de finanzas públicas esta masiva creación de empleo es

perfectamente sostenible, siendo financiado en moneda nacional. Como explicamos en la

discusión sobre este programa, el impacto inflacionario se puede controlar anclando un

precio fundamental como el salario mínimo nominal, así como los posibles desvíos de

demanda hacia importaciones pueden reducirse, pagando por ejemplo en vales que se

pueden gastar solo en tiendas nacionales.

En conclusión: un informe reciente del FMI (Ostry et al., 2014) demuestra que la

desigualdad representa no solo un problema ético, sino resulta ser un obstáculo al

crecimiento económico. Sin embargo el mismo informe evidencia la dificultad de reducir la

desigualdad con políticas re-distributivas convencionales, o sea a través de las

transferencias públicas. México es un país de extrema desigualdad, que las transferencias

públicas reducen solo mínimamente.

Por esta razón en este trabajo mostramos como la acción redistributiva requiere el uso de

instrumentos menos convencionales, que ataquen a la raíz el problema antes que el ingreso

se genere. Estas políticas pre-distributivas consisten en el incremento del salario mínimo,

combinado con una creación directa de empleo formal por parte del estado, según el

programa ELR.

Esta política es realizable dentro del enfoque monetario chartalista, en el cual la política

fiscal expansiva no tiene que ser financiada con impuestos o con emisión de deuda pública,

aplicando la teoría funcionalista de A. Lerner.

Bibliografía

Esquivel Hernández, G. (2015). Desigualdad Extreme en México, Iguales-Oxfam.

Friedman, M. (1968). The role of monetary policy, in The American Economic Review,

vol. LVIII n.1, march, pp.1-17.

Forstater, M. (1998). Flexible Full Employment: Structural Implications of Discretionary

Public Sector Employment, in Journal of Economic Issues 32, n.2, pp.557-563.

Forstater, M. (2005). Reply to Malcolm Sawyer, in Journal of Economic Issues, vol.39 n.1,

pp.245-255.

Kalecki, M. (1977). Aspectos Políticos dela Ocupación Plena, en Ensayos escogidos sobre

dinámica de la economía capitalista (1933-1970), pp.159-166, Fondo de Cultura

Económica, México.

Kalecki, M. (1977). Una teoría sobre gravamen de impuestos a los artículos de consumo, al

ingreso y al capital, en Ensayos escogidos sobre dinámica de la economía capitalista

(1933-1970), pp.46-54, Fondo de Cultura Económica, México.

Lerner, A. P. (1943). Functional Finance and the Federal Debt, in Social Research, vol.10,

pp.38-51.

Lopez Gallardo J. (2000). Budget Deficit and Full Employment, in Journal of Post

Keynesian Economics, vol.22 n.4, pp.549-563.

Mancera M.A. (2014). Política de recuperación del salario mínimo en México y en el

Distrito federal, ed. Atril, ciudad de México.

Mitchell, W. (1998). The Buffer Stock Employment Model and the NAIRU: the Path to

Full Employment, in Journal of Economic Issues, vol. 32 n.2, pp.547-555.

Mitchell, W. and Wray, L.R. (2005). In Defense of Employer of last Resort: a response to

Malcolm Sawyer, in Journal of Economic Issues, vol.39 n.1, pp. 235-244.

Modigliani F. and Papademos L. (1975). Targets for the monetary policy in the coming

year”, in Brooking Papers of Economic Activity, 1975 (1) pp.141-165.

Mosler, W. (1997-8). Full Employment and Price Stability, in Journal of Post Keynesian

Economics, 20(2) pp.167-182.

Ostry J.D., Berg A., Tsangarides C.G. (2014). Redistribution, Inequality and Growth, IMF

Discussion Note.

Piketty T. (2014). El capital en el siglo XXI. Fondo de cultura económica, Mexico D.F.

Ros J. (2015). ¿Cómo salir de la trampa del lento crecimiento y alta desigualdad? Ed.

Colmex-Unam, C. México.

Sawyer M. (2003). Employer of Last Resort: Could it Deliver Full Employment and Price

Stability? In Journal of Economic Issues, 37 (4), dec. Pp.881-907.

Sawyer M. (2005). Employer of Last Resort: A Response to my Critics, in Journal of

Economic Issues, vol.39 n.1, pp.256-264.

Stockhammer E., et. Al. Hacia una recuperación sostenible: por una política de

crecimiento basada en los salarios, Boletín Internacional de Investigación Sindical,

Organización Internacional del Trabajo, 2011

Tobin, J. (1978). A proposal for international monetary reform, in Eastern Economic

Journal, vol.4 (july-october), pp.153-159

Wray, L.R. (1998). Understanding Modern Money : the Key to full Employment and Price

Stability, Cheltenham, Edward Elgar.

Wray, L.R. (2012). Modern Money Theory. Palgrave Mac Millan.