Pueblos60 Ene2014 Web

Dossier: Políticas sociales en américa latinaArgentina > Brasil > Colombia > El Salvador > Venezuela

Revista de Información y Debate n Primer trimestre de 2014 n Nº 60www.revistapueblos.org

miraDas: Memorias de la guerra y de la paz en Angola > Paraguay: un país que sigue esperando > Chiapas, ¡veinte años no es nada! > Relaciones entre América Latina e Israel > Violencia en parejas del mismo sexo, ¿violencia de género?entrevista a la jueza guatemalteca Jazmín Barrios: En el juicio a Ríos Montt quedó demostrado que el racismo “fue la base para el delito de genocidio”otros artículos: Justicia fiscal > Contra la desobediencia de la PAH y el 15-M > La comunicación como eje de transformación social > La Vía Campesina en Honduras > Madiba y el mundo en B/N > Fotografía > Cultura

Mª Reyes Guijarro es ilustradora y diseñadora gráfica. Estudia en la Escuela de Arte 10 de Madrid. Trabaja como autónoma realizando proyectos de diseño editorial, imagen corporativa e ilustración para entidades del tercer sector, al que lleva mucho tiempo vinculada personal y profesionalmente. Su trabajo como ilustradora y diseñadora ha sido reconocido en varias ocasiones. Web: www.reyesguijarro.com.esta PortaDa: He querido mostrar el contraste entre dos modelos de sociedad utilizando los edificios como metáfora. Por un lado, un modelo más humano, diverso, que divide la riqueza entre la población. Un mundo que muestra la participación de la sociedad en su construcción. Por otro lado, un mundo unitario, oscuro, mercantilizado y desigual. Un mundo gobernado por una persona muy parecida a cualquier edificio.

Portada del número 60

Mª Reyes Guijarro

Pueblos es una apuesta por la solidaridad que ofrece una mirada crítica sobre las diferentes realidades sociales, políticas, económicas y culturales del mundo. Editada por Paz con Dignidad, busca consolidar un instrumento de comunicación que sirva para fortalecer e impulsar nexos entre organizaciones del Norte y del Sur que trabajan en procesos de transformación social. Fundada en 1995 (segunda época, 2002), cada año se publican cuatro números ordinarios de Pueblos (enero, abril, julio y octubre) y al menos un especial. Todos o prácticamente todos los artículos publicados en la edición en papel de Pueblos son originales. Pueblos – Revista de Información y Debate no se hace responsable de las opiniones de los autores y autoras de los artículos.

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PueBlos - revista De información y DeBateNº 60 (II época). Primer trimestre de 2014funDaDa en 1995. Segunda época n 2002. eDitaDa Por Paz con Dignidad (C/Gran Vía, 40 n 5º n Oficina 2 n 28013 n Madrid).DePósito legal: M.47.658-1999. issn: 1577-4376coorDinaDor: Luis Nieto Pereira. consejo eDitorial: Eugenio Pascual Coruña (Asociación Paz con Dignidad) n Elena Nagore Cordón (Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá, CIC Batá) n Carmen Sala. (Entrepueblos) n Instituto de Promoción de Estudios Sociales - Navarra n Puri Pérez Rojo (Mugarik Gabe Euskadi) n Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional, OCSI) n Patxi Zabalo (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional Hegoa - Universidad del País Vasco UPV/EHU) n Fidel Nieto (Universidad Luterana de El Salvador) n Jaume Botey n Carlos Gómez Gil n Adolfo Rodríguez Gil n Isaac Rosa n Pascual Serrano n Carlos Taibo. entiDaDes colaBoraDoras: Justicia i Pau de Cataluña n Xulio Ríos (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI) n Mikel De La Fuente (Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la UPV/EHU) n Amparo Merino (Universidad de Castilla-La Mancha) n Edgardo Mira (Centro de Investigación Sobre Inversión y Comercio - CEICOM, El Salvador) n Revista Envío (Universidad Centroameri-cana de Managua, Nicaragua). n Marco Gandarillas, Centro de Documentación e Información CEDIB Bolivia. n Olimpo Cárdenas (Periferia Prensa Alternativa, Colombia). jefa De reDacción: Andrea Gago Menor. consejo De reDacción ([email protected]): Rosaura Audi n Laura Daudén n Isabel Duque n Luis Nieto n Alba Onrubia n Beatriz Ortiz Martínez n Susana Pérez Sánchez n Mª Cruz Tornay. agraDecimientos: A Eneko Calle García, Urbano de la Cruz, Raffaela Galante, Ricardo Gayol Rodríguez, Oskar Hernando, Blanca Lucía Valencia y a todas aquellas entidades y personas que han hecho posible la elaboración de este número. Diseño: Andrea Gago y Silvia M. Pérez. maquetación: A. Gago. aDministración ([email protected]): Ángela Martín.

PueBlos se realiza con el aPoyo De las siguientes instituciones:Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) n Ajuntament d’Artà n Ayun-tamiento de Rivas-Vaciamadrid n Ayuntamiento de Valladolid n Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao n Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación de Bizkaia n Eusko Jaularitza / Gobierno Vasco n Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa.

Este número ha contado con el apoyo especial de la Agencia Vasca de Cooperación Internacional para el Desarrollo/ Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia y de la Diputación Foral de Gipuzkoa/ Gipuzkoako Foru Aldundia. El contenido de esta publicación no refleja necesariamente la opinión de ninguna de las instituciones que la apoyan económicamente.

El dossier central ha sido editado también íntegramente en euskera.

www.revistapueblos.org

Información y Debate n PUEBLOS n Primer trimestre n 2014 n 3

EDITORIALNo podemos esperar más, Madiba. Acabemos con el mundo en B/N (Pueblos-Revista de Información y Debate) .......................... 4

OPINIÓNUna ley más dura contra la desobediencia de la PAH y el 15-M (Isaac Rosa) .............................. 5

ENTREVISTAJazmín Barrios, presidenta del tribunal que dictó la sentencia contra el dictador guatemalteco Ríos Montt: “Quedó demostrado en el juicio que existió racismo y que éste fue la base para el delito de genocidio” (Luis Nieto Pereira) ..................................... 6

OBSERVATORIO DE MULTINACIONALESHacia una fiscalidad justa (Beatriz Jiménez) .............................................................................. 10

MIRADASEl malestar en el posconflicto: memorias de la guerra y de la paz en Angola (Paulo Ingles) ..... 12 La breve alternancia política en Paraguay, un país que sigue esperando (Arturo E. Bregaglio) .................................................................. 16 Persistencia y pertinencia del movimiento zapatista en Chiapas:¿“...que veinte años no es nada...”? (Oskar Hernando) ........................................................... 19La obsesión de los gobiernos de América Latina por mantener relaciones carnales con Israel (María Landi) ...................................................... 22Violencia en parejas del mismo sexo: ¿violencia de género? (Frances Galache) ..................... 24

DOSSIER: Políticas sociales en América Latina, cuestión de justiciaArgentina. La justicia social y la igualdad requieren de un Estado fuerte (Rosaura Audi) .......... 28 Logros, críticas y futuro del Programa Bolsa Familia en Brasil (Laura Daudén) ........................ 31Bajo la negociación política acerca de la paz se esconde la tenaza del Gobierno de Santos (Alberto Bejarano S.) .......................................... 33Políticas sociales en El Salvador: actualidad, cobertura, presupuesto, problemas y retos (Margarita Posada)............................. 36Venezuela: Madres por la soberanía alimentaria (Mª Cruz Tornay) ........................................... 39Recursos ....................................................................................................................................... 42

COOPERACIÓN Y EDUCACIÓNDesde la experiencia del Foro Andaluz de Comunicación. La comunicación como eje de transformación social (Javier Díaz Muriana) ............................ 43El rol de La Vía Campesina en la superación de la crisis agraria hondureña (Carlos Tovar) ................................................. 47

FOTOGRAFÍADiez encuentros incómodos con América del Sur (Mª Ángeles Fernández y J.Marcos) .......... 50

CULTURALeer a... Wang Anyi (Clara Alonso) ...................................................................................... 54Reseña: Amador Fernández-Savater: Fuera de lugar. Conversaciones entre crisis y transformación (Andrea Gago Menor) ....................................... 56Nuevas publicaciones (Pueblos-Revista de Información y Debate) ...................................... 57Recolectando: De Los espigadores y la espigadora a la exclusión social en el Estado español (Sonia Herrera y Suso López) ............................... 58El tambor en Osma (Venezuela), herramienta de conocimiento cultural (Jara Luque) ............... 62El veneno del teatro... o el teatro, envenenado (José Alberto Andrés Lacasta) ....................... 65

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CONTENIDOS

de un genocidio con la excusa de la lucha guerrillera y aún hoy sigue habiendo cul-pables impunes. Como estos dos, muchos otros presidentes acudieron a los actos de despedida de Madiba, en un gesto de ci-nismo que nos ha conmovido tanto como la propia muerte de Nelson Mandela.

En este sentido, Palestina es dónde más visible se hace la emulación sionis-ta del apartheid afrikáner. La población Palestina sufre apartheid en su propia tierra y los sucesivos gobiernos israelíes han amparado a través de leyes y políti-cas la implantación de este sistema racial. Carreteras exclusivas para población ju-día, restricciones de movimiento en los Territorios Ocupados, confiscaciones de tierras, expropiaciones de recursos na-turales, el Muro, detenciones arbitrarias, asesinatos selectivos... Todo ello hace de Israel uno de los países que más resolu-ciones de Naciones Unidas ha imcum-plido. Hoy en día, la Autoridad Nacional Palestina sólo controla el doce por ciento del territorio de Cisjordania, cercando a la población palestina en una decena de guetos aislados, en los que la libertad de movimiento es coartada. Podría hablarse, sí, de bantustanización de Palestina.

Sin duda alguna, tal como pronuncia-ra Madiba tras su liberación en febrero de 1990, “no podemos esperar más; ahora es el momento de instensificar las luchas en todo los frentes”. Debemos luchar para acabar con todos los sistemas de domina-ción y opresión que se articulan en el sis-tema capitalista, patriarcal y neocolonial y que generan pobreza, reparto desigual de la riqueza, creciente conflictividad, violaciones de derechos humanos, impac-tos medioambientales y discriminación contra las mujeres. Es con este mundo en B/N con el que no se sentía identificado Madiba.q

EDITORIAL

Hasta finales del siglo XIX el mundo sólo existía en B/N. Hoy, décadas después de popularizarse la foto-

grafía en color, muchas personas conti-núan visionando su alrededor en blanco y negro. Hace unas semanas despedía-mos a una de las personas que quiso ver y entender el mundo en colores. Nelson Mandela, Madiba, supo transformar los años de segregación, represión y discri-minación racial en herramienta de cons-trucción personal y política. Esos años forjaron su capacidad para perdonar a su opresor, una de las características que más sorprendió al mundo entero.

Madiba fue el hombre que reconcilió Sudáfrica trás veintisiete años privado de libertad y de ser considerado uno de los terroristas más peligros a nivel mundial. Fue un hombre de Paz y será recordado por miles de personas, las más desfavore-cidas del planeta, los pueblos oprimidos y las minorías del mundo, como un héroe, el último de los grandes entre los grandes.

Pero su despedida ha estado marcada por el cinismo de algunos líderes mun-diales. Barak Obama hablaba de un héroe para el mundo y de que su ejemplo per-duraría siglos, pero hasta hace tan sólo cuatro años el Premio Nobel de la Paz en 1993, Madiba, seguía siendo conside-rado un “terrorista peligroso” por Was-hington. Otro ejemplo de hipocresía es la propia construcción histórica de EEUU, basada en un sistema racial, así como la actual (o no tanto ya) “guerra al terro-rismo”, que no conoce limitaciones étni-cas ni jurídicas.

Otro líder que aplaudía la lucha contra la segregación racial de Mandela fue Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, un país que muestra el desprecio más ab-soluto hacia las culturas indígenas. En los años 80, la población maya fue víctima

Pueblos - Revista de infoRmación y debate

No podemos esperar más, MadibaAcabemos con el mundo en B/N

Algunos datosunión euRoPeaEn 2012, Amnistía Interna-cional señaló a muchos Es-tados de la UE por casos de “tortura y tratos inhumanos o degradantes”, “impunidad”, “expulsión de personas hacia países que practican la tor-tura”, “brutalidad policial de carácter racista”, “detención secreta de presos” y “discri-minación legal y racial a mi-norías étnicas”.

chinaChina continúa reprimiendo a las minorías uigur y tibeta-na, entre otras. Pekín es muy proclive a sacrificar derechos sociales y políticos por un de-sarrollismo desbocado.

austRaliaSegún un informe de 2013 de Amnistía Internacional, los pueblos indígenas represen-tan sólo un 2 por ciento de la población total. El 59 por ciento de las y los menores detenidos en el país son in-dígenas. El parlamento sigue promulgando leyes que res-tringen los derechos de los pueblos indígenas.

bRasilSiendo el 50 por ciento de la población indígena, quilom-bola (descendiente de es-clavos fugitivos) o de origen asiático, es la població negra, junto con la indígena, la que nutre las morgues policiales y las cárceles.

sudáfRicaQueda mucho camino que recorrer en cuanto a los de-rechos humanos. El uso de la fuerza excesiva contra mani-festantes, las sospechas de ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia y las desigualdades económicas, entre otras, oscurecen el presente.

4 n 2014 n Primer trimestre n PUEBLOS n Información y Debate


OPINIÓN

Cuando la protesta ciudadana pasa por uno de sus mo-mentos más bajos, aparece el gobierno con una ley llamada “de seguridad ciudadana”, que castiga con

especial dureza toda forma de protesta que no responda al modelo convencional de “manifestación pacífica con comunicación previa a la autoridad” (y a ser posible que no corte el tráfico). ¿A qué viene esta preocupación del gobierno por blindar unas calles que en los últimos meses han perdido varios grados de temperatura?

Podríamos pensar que es una ley preventiva, que an-ticipa próximos (y mayores) rebrotes del malestar ciuda-dano. Por un lado, la protesta ha tenido hasta ahora flujos y reflujos, discontinuidad, intermitencia, por lo que sería esperable que el actual bajón fuese solo la calma que pre-cede a una próxima tormenta.

Por otro, el gobierno parece augurar un 2014 más con-flictivo que el pasado año. No extrañe: a la perspectiva de estancamiento en todos los indicadores sociales y labora-les, se suma el desgaste de un año más de crisis, con cada vez más familias que agotan sus últimas prestaciones y el cada vez más exiguo colchón de ahorros y ayudas familia-res, a lo que sumar los recortes y los aumentos de tasas por servicios públicos. Es previsible por ello que el desconten-to suba de nuevo la temperatura social.

De ahí que la nueva ley insista sobre todo en endurecer las sanciones de todos aquellos comportamientos relacio-nados con la protesta. Y en particular lo que tiene que ver con la desobediencia civil pacífica.

Algunos ejemplos: las manifestaciones en vísperas electorales (como las del 13-M de 2004; o las acampadas del 15-M antes de las municipales de 2011) se considera-rán infracción muy grave con hasta 600.000 euros de mul-ta. La misma sanción que tendrían comportamientos como perturbación de actos públicos (incluidos actos deportivos y religiosos). Con hasta 30.000 euros podrán sancionar las concentraciones ante instituciones (Rodea el Congreso), la obstrucción a la autoridad en la ejecución de decisiones administrativas o judiciales (como paralizar un desahu-cio), la resistencia a la autoridad (incluida la negativa a identificarse, práctica habitual de la policía en toda mani-festación) o la perturbación del orden en campaña electo-ral (de nuevo el 15-M). Otras acciones sancionables son la acampada sin permiso (es obsesión la que tiene con el 15-M), los escraches, pero también las acciones frecuentes

*Isaac Rosa es periodista y escritor.Su última novela es La habitación oscura (Seix Barral, 2013).

de ecologistas que se cuelan en instalaciones nucleares o escalan edificios.

Es obvio cuáles son los dos destinatarios principales de la ley de seguridad: la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y el 15-M. Es decir, las dos experiencias más exitosas de protesta de los últimos años. Y dos ejem-plos que apuntan a la desobediencia pacífica como el cami-no a seguir frente a la ineficacia de otras formas de protesta clásica.

Desde el comienzo de la crisis las muestras de desobe-diencia han sido duramente perseguidas, forzando al límite las normas y la actuación de las fuerzas policiales. Nos hemos familiarizado ya con un término de nuevo cuño: la “burorrepresión”, el uso y abuso de las sanciones adminis-trativas y la interpretación restrictiva de las leyes, como una forma de desactivar la protesta no por la vía del porra-zo sino de la multa. Conscientes de que en estos tiempos de dificultad económica duele más una multa que un porrazo, el gobierno apuesta porque los policías saquen la libreta y el bolígrafo antes que la porra (aunque en muchos casos usan las dos, y el ciudadano se lleva porrazo y multa).

Lo saben bien los cientos de trabajadores, estudiantes y ciudadanos en general que en los últimos años han sido identificados arbitrariamente durante una acción de protes-ta y posteriormente han recibido una multa en sus casas; así como quienes se han encontrado con una inesperada citación judicial, acusados de delitos contra la autoridad que en algunos casos implicaban penas de cárcel.

Pero ante este abuso, en cada vez más casos los jueces acaban archivando o absolviendo a los acusados, poniendo por delante el legítimo derecho de manifestación, contra el criterio represor de la policía y la delegación del gobierno. Por eso la nueva ley clarifica los comportamientos sancio-nables y acentúa su gravedad, para llegar allá donde los jueces no estaban dispuestos.

La experiencia demuestra que, en tiempos de profun-do malestar, el endurecimiento policial no acaba con las protestas. Pero de la misma forma que las cuchillas en la valla de Melilla no frenan la inmigración pero la hacen más dolorosa, cabe temer que la nueva ley de seguridad ciudadana no enfríe la calle, no frene la protesta, pero la haga más dolorosa.q

Isaac Rosa*

Una ley más dura contra la desobediencia de la PAH y el 15-M


ENTREVISTA

Iris Jazmín Barrios formó hace trece años parte del tribunal que condenó a los responsables del asesinato del obispo y defensor de derechos humanos gutemalteco Juan Gerardi. Hace unos meses, presidió el tribunal que dictó la sentencia contra el dictador Efraín Ríos Montt por delitos de genocidio y contra los deberes de autoridad. A pesar de la anulación de esta última sentencia y de tener que acompañarse de escoltas por las amenazas que lleva años recibiendo, continúa confiando en las posibilidades de la justicia guatemalteca. Uno de los últimos reconocimientos a su trabajo ha sido el Premio Derechos Humanos 2013 concedido por el Consejo General de la Abogacía Española.

Jazmín Barrios, presidenta del tribunal que dictó la sentencia contra el dictador guatemalteco Ríos Montt:

“Quedó demostrado en el juicio que existió racismo y que éste fue

la base para el delito de genocidio”

Luis Nieto Pereira*

- ¿Cuál es el trabajo del Tribunal de Alto Riesgo?- Fue creado para juzgar los delitos que actualmente están azotando más a la ciudad de Guatemala, como femini-cidios, parricidios, asesinatos, delitos de asociación ilícita o conspiraciones, y también genocidios. Dan seguridad a jueces, abogados defensores, fisca-les y, sobre todo, a testigos. Los casos del conflicto armado se están juzgan-do ahora porque en su momento las víctimas no tuvieron acceso a la jus-ticia en Guatemala. Fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que resolvió que debían ser investi-gados, juzgados y sancionados.

- ¿Tiene Guatemala hoy una legisla-ción adecuada para tratar casos de derechos humanos o hay que juzgar estos casos fuera del país?- Tenemos una legislación adecuada. Tenemos también un derecho con-vencional, lo que significa que las resoluciones emanadas por la Corte Interamericana de Derechos Huma-nos son de necesario cumplimiento en Guatemala. El Ministerio Público está obligado a investigar y los órganos jurisdiccionales a juzgar y sancionar esta clase de delitos. En ocasiones no somos jueces sólo a nivel de Guate-mala sino también, podríamos decir así, americano, y debemos cumplir

con las sentencias de la Corte Intera-mericana. Tenemos las herramientas para poder trabajar no sólo a nivel de leyes penales, del derecho interno, sino también a nivel de derecho inter-nacional.

- Sin embargo, algunas sentencias que han emanado de los tribuna-les de Guatemala en los últimos 20 años hacen dudar de si realmente es independiente el poder judicial. ¿Podéis los jueces dictar las senten-cias que consideráis necesarias? - Sí, y prueba de ello es que dictamos la sentencia en el caso de genocidio en el cual se juzgó a Efraín Ríos Montt.


Mantenemos nuestra independencia judicial. Puede ser que en algún mo-mento otras esferas de la judicatura a otros niveles puedan pensar diferente, pero eso no hace que los jueces que tenemos a nuestro cargo cierto tipo de casos no actuemos con respecto a la ley y mantengamos la independencia.

- ¿Qué sintió usted cuando la nom-braron jueza para un caso como el de Ríos Montt? - Nada en particular, es parte de mi trabajo. Me dedico todos los días a llevar casos de Alto Riesgo.

- Pero Ríos Montt no es un ciudada-no cualquiera, tiene cierta proyec-ción internacional. Es expresidente, ex jefe del Ejército…- El Derecho Penal es de acto, no de autor. Juzga los actos cometidos por las personas.

- ¿Cuál fue el elemento central de la sentencia que dictó contra Efraín Ríos Montt el tribunal que usted presidió?

- La sentencia la dictamos los tres jueces. En la parte principal apare-ce la identificación de la causa y del tribunal, la fecha de la sentencia, la identificación de los objetos procesa-les… Hay una parte muy bonita que dice: “En nombre del pueblo de la República de Guatemala, este tribu-nal dicta sentencia”. Ahí se menciona a los dos acusados1. Luego viene la identificación de los dos procesados y la acusación del Ministerio Públi-co. Posteriormente, los hechos que se comprobaron durante el desarrollo del debate, el análisis y los razonamientos por los que el tribunal va a condenar o a absolver. Aparece la identificación de cada perito, cuál fue el peritaje y la valoración del tribunal. Después viene el análisis de cada uno de los testigos y la valoración que damos a cada uno de los testigos.

Por ejemplo, en el peritaje históri-co, el doctor Andrés Estrada hace una relación de la cultura de los ixiles, cómo se comunican con la naturaleza, la forma en que las mujeres van edu-cando a los niños y manteniendo la

cultura de generación en generación. Explica también por qué se sintieron tan agredidos, tan mortificados, cuan-do se les obligó a un desplazamiento forzoso. En su peritaje, Paloma Soria explica todo lo referente a los abusos sexuales de las mujeres en el área ixil. Si vamos al análisis de los testigos podemos encontrar que la mayor par-te de mujeres habló de las violaciones por parte de soldados. También dentro del análisis de los testigos encontra-mos los mismos modelos o patrones de conducta utilizados para efectuar la muerte de forma violenta de miles de personas pertenecientes al grupo ixil, lo que también se corrobora con peri-tajes de los líderes clandestinos.

Realizamos un análisis y decimos por qué valoramos los peritajes, los testigos; por qué creemos en lo que las personas dijeron y cuál es la uti-lidad que tienen para determinar la responsabilidad de los hechos que se juzgan. Posteriormente encontramos un apartado en el que se habla de la responsabilidad penal de los acusados, que es la parte medular de la senten-cia. Explicamos que en toda actividad humana existe una planificación, por mínima que sea. Logramos conectar la planificación de, valga la redundan-cia, el Plan Victoria 83, Victoria 82, y el Plan Sofía. Los dos primeros dan a conocer la forma en que se practicó la muerte de estas personas ixil. El Plan Sofía es directamente la ejecución, la práctica de todo ello.

- ¿A cuánto tiempo fue sentenciado Ríos Montt?- En la parte resolutiva decimos que condenamos a 50 años por el delito de genocidio y 30 años por los deli-tos contra los deberes de autoridad. Al otro procesado se le absolvió. En la parte fundamental de la sentencia decimos que él, como jefe del Esta-do, tenía conocimiento de lo que es-taba ocurriendo en el área ixil y podía haberlo evitado. Sin embargo, no lo hizo. Tenía la capacidad para hacerlo, pero no lo hizo.

- Es la primera sentencia por geno-cidio en Guatemala. ¿Qué supone esto?

Jazmín baRRios, fotogRafiada PoR andRea nieto calleJo.

Jazmín Barrios n ENTREVISTA


ENTREVISTA n Jazmín Barrios

- Este juicio presenta varios aspectos. Por una parte, da a conocer la Histo-ria de todos los guatemaltecos. Por otra parte, también hace justicia a las víctimas, aplica un debido proceso y da a conocer que existe igualdad para juzgar y que, sea la persona que sea la que lo haya cometido, tiene una res-ponsabilidad ante el pueblo de Guate-mala y ante la Justicia guatemalteca.

- Ha habido sectores en Guatema-la que han dicho que los jueces que han sentenciado han tenido presio-nes externas. ¿Es cierto esto?- No tuvimos presión, salvo la de los medios de comunicación. No recibi-mos amenazas contra nosotros. Cree-mos firmemente en la independencia judicial y eso lo dimos a conocer en nuestra forma de actuar. Nadie nos obligó a dictar esa sentencia, sino que cumplimos con nuestro deber. Lo que sí existió, y en ello quiero hacer mucho énfasis, fue presión a través de los medios de comunicación, una campaña sistemática: cambiando las noticias, no dando a conocer lo que realmente se estaba produciendo en el juicio… Creo que quienes sí lo dieron a conocer fueron los medios de co-municación internacionales, pero los medios de comunicación de mi país se centraron en ayudar a la defensa de los acusados.

- ¿Qué opinión tiene de lo que ha pasado posteriormente, del trato judicial a Efraín Ríos Montt? Hay sectores que dicen que esa sentencia es papel mojado, diferentes inter-pretaciones del día después.- La sentencia fue anulada. En ningún momento se dijo que estuviese mal elaborada, mal fundamentada. Se anu-ló para dejarla sin efecto, sin entrar a conocer su contenido. Respeto lo que dijo la Corte de Constitucionalidad, más no lo comparto.

- En Guatemala sigue habiendo un alto índice de homicidios, secues-tros, vulneración de derechos hu-manos… ¿Qué se puede hacer para bajar estos índices escandalosos?- Hay que ordenar las ideas. Cuando ocurre un delito se culpa al organismo

judicial, al sistema de justicia, pero el “antes” no corresponde al organismo judicial. Hay que definir y mejorar las políticas criminales, hay que prevenir. La investigación la hace el Ministerio Público y nosotros llevamos a cabo un juicio. A nosotros nos corresponde sancionar si es que existe culpabilidad y si se demuestra la responsabilidad penal de los acusados. Pero, antes de que se cometa el delito, tienen que in-tervenir políticas para prevenir.

- ¿Tienen medios los tribunales guatemaltecos para dar respuesta a tal avalancha de vulneración de derechos humanos?- Sí, pero se deben crear más tribu-nales. Ha crecido la población gua-temalteca, somos aproximadamente unos dieciséis millones de personas. Sin embargo, los que siguen funcio-nando son los mismos que antes.

- Los jueces de Guatemala sólo pue-den estar cinco años en determina-dos cargos y luego son renovados. ¿Sería necesaria una revisión de la carrera judicial?

Jazmín baRRios, fotogRafiada PoR andRea nieto calleJo.

- De acuerdo con la Constitución, nos corresponden cinco años en el cargo y cada cinco años somos eva-luados nuevamente. No existe, en el fondo, una verdadera carrera judicial. Hay carrera cuando se tiene la posi-bilidad de ascender pero, en nuestro caso, sólo cumplimos esos cinco años y se renueva nuestro contrato si he-mos cumplido con los requisitos. Lo que todos los jueces queremos es que exista realmente esa carrera judicial que nos permita tener mayor indepen-dencia en la judicatura y mayor esta-bilidad laboral.

“Los medios de comunicación de mi país se centraron en ayudar a la defensa de los acusados

”

PUEBLOS n Primer trimestre n 2014 n 9

Jazmín Barrios n ENTREVISTA

*Luis Nieto Pereira es coordinador de Paz con Dignidad y de Pueblos-Revista de Información y Debate.

1 El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo condenó en mayo de 2013 a 80 años de prisión a José Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y delitos de deberes contra la humanidad. Absolvió de los mismos cargos a José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex jefe de Inteligencia Militar.

2 Jazmín Barrios formó parte del tribunal que condenó a 20 años de prisión a los exmilitares que participaron en el asesinato del obispo y defensor de los derechos humanos Juan Gerardi.

- Si el desempeño de un juez es eva-luado cada cinco años, ¿no se puede ver presionado en cuanto a las sen-tencias? - Creo que puede generar inestabili-dad laboral y puede, en algún caso, influir en el ánimo de algún juez. Es una cuestión eminentemente personal y de orden ético, que de hecho no de-bería darse. Pero puedo responder por mí misma, no por todos los demás.

- Después de haber presidido el tri-bunal que ha dictado la sentencia sobre Ríos Montt y después de que esa sentencia haya sido anulada, ¿cuál es su porvenir en la carrera judicial? Hay quienes dicen que se ha terminado.- No lo creo. El año pasado fui con-firmada para seguir trabajando como jueza presidenta del Tribunal de Alto Riesgo. No hay ningún motivo por el que puedan decirme que no puedo seguir como jueza. Ahí está la evalua-ción correspondiente. Si no fuera así, estarían violando mi independencia judicial y mis derechos laborales.

- ¿Podemos decir que ya no hay racismo sobre los indígenas, por lo menos en el aparato judicial? - El hecho de que exista o no exista racismo no depende de la judicatura, son dos cosas diferentes. El racismo

es un aspecto que debemos de ver desde lo puramente sociológico, no depende de la judicatura. Como jue-ces tenemos que aplicar el principio de igualdad sin diferencias en cuanto a aspectos económicos, políticos, so-ciales o pertenencia a un grupo étnico. Lo que sí quedó demostrado en el jui-cio es que existió racismo y que éste fue la base para que se diera delito de genocidio.

- Algunos organismos internaciona-les y el propio Gobierno de Guate-mala han llegado a la conclusión de que había deficiencias en el trata-miento a los derechos humanos en el país. Eso ha llevado a que instan-cias de Naciones Unidas o la propia Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) estén presen-tes en Guatemala. ¿Qué opinión tie-ne usted de estas instituciones?- Creo que es positivo, que el acom-pañamiento que se ha dado a nivel internacional ha permitido que Guate-mala mejore en cuanto al respeto de los derechos humanos. La creación de la CICIG ha servido para que se pue-dan juzgar en Guatemala casos que son importantes dentro de la misma sociedad y para que se realicen las investigaciones en una mejor forma, acompañando al Ministerio Público.

- Llaman la atención fuera de Gua-temala los asesinatos de mujeres. ¿Cómo valora judicialmente el tratamiento de esta lacra? ¿Se está avanzando?- En Guatemala se le ha dado amplia difusión y apoyo a los tribunales y juzgados de feminicidio. Actualmente hay dos juzgados y también dos tribu-nales de feminicidio, que tienen altas cuotas, por decirlo así, de casos. Se les ha dado un amplio apoyo a nivel de recursos humanos y tienen sus pro-pias sedes desde 2012. En todas las instituciones se apoya a las mujeres para que puedan hacer sus denuncias cuando son víctimas de cualquier de-

“Dentro del análisis de los testigos encontramos los mismos modelos o patrones de conducta utilizados para efectuar la muerte de forma violenta de miles de personas pertenecientes al grupo ixil

”

lito de violencia contra la mujer. A los familiares de las víctimas de femini-cidio también se da el apoyo necesa-rio por parte del Ministerio Público, en lo que es la investigación, y en las judicaturas, para iniciar los procesos correspondientes.

- Una jueza honesta y de renombre internacional como usted, ¿siente miedo, se siente amenazada?- He sufrido muchísimas amenazas desde el primer año que ejercí la judi-catura, pero en este caso de genocidio no fuerons directas. He tenido amena-zas por el caso Gerardi2 y también de otros, aunque a veces no se llegan a determinar los casos de los que proce-den. Por el caso de genocidio he teni-do amenazas a través de los medios de comunicación. Es decir, que utilizaron otro tipo de procedimiento, por decir-lo así, o un mecanismo diferente.

- ¿Tiene que llevar escolta?- Sí, siempre. Pero prefiero no decir exactamente el número. Me conduzco en carro blindado al trabajo.

- Los medios de comunicación han ejercido mucha presión sobre us-ted, llegando a airear aspectos de su vida personal. ¿Cómo lo lleva?- Con naturalidad. Respeto el trabajo de los medios, pero creo que debe ha-cerse sin dañar a las demás personas. Constituyen el cuarto poder y son los que difunden las noticias. Lo que me gustaría es que trataran de ser obje-tivos, que trasladasen las ideas y las cosas tal y como ocurren, que no las tergiversasen, porque eso da margen a que las personas piensen de forma equivocada sobre lo que realmente estamos haciendo quienes trabajamos en la judicatura.

- ¿Hay alguna otra cuestión que quiera aclararnos o ampliarnos?- Pueden seguir confiando en la jus-ticia guatemalteca. Los jueces, mis compañeros y yo, somos personas íntegras y dictamos la sentencia de genocidio basándonos en las pruebas que se presentaron.q


Beatriz Jiménez*

Un debate recurrente en los úl-

timos años es el de la transpa-

rencia fiscal y el de la capacidad

insuficiente de recaudación por

parte de los Estados, especial-

mente de la aportación de las

grandes corporaciones que, a

través de complejas operaciones

de ingeniería fiscal, eluden, bor-

deando la ilegalidad, cantidades

ingentes de capitales. Prácticas

fiscales agresivas que generan

una caída en la recaudación de

impuestos en la mayoría de los

países donde las multinacionales

operan. Si a estos datos suma-

mos las cifras de fraude fiscal,

la cantidad es desorbitada. Solo

en Europa más de un billón de

euros se pierden cada año como

consecuencia de la elusión fiscal

a través de operaciones de inge-

niería fiscal y fraude1.

Hacia una fiscalidad justa

maR

ía Jo

sé c

omen

deiR

o.

por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB). Si atendemos a su distri-bución, más del 75 por ciento provie-ne de los impuestos sobre el consumo y de las rentas del trabajo2. Lo que tributan las grandes empresas sobre su ejercicio contable, un 4 por ciento en el año 2012, está muy lejos del 30 por ciento de tipo nominal del impuesto de sociedades. Las pymes (pequeñas y medianas empresas) soportan una carga fiscal del 25 por ciento.

En el caso español, se observa que los efectos más perniciosos no vie-nen derivados de un aumento de los gastos, sino que son consecuencia de falta de ingresos. De 2007 a 2009 la recaudación cayó un 30 por ciento. Casi 70.000 millones de euros se de-jaron de ingresar, cifra que no se co-rresponde con la caída de la actividad económica. Hoy podemos hablar de un fraude fiscal que permite que se de-jen de recaudar más de 80.000 millo-

“Un billón de euros en pérdidas de impuestos repercute sin duda en la protección social,

en la construcción del Estado de bien-estar de cada país”, declara el presi-dente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), Carlos Cruzado, poniendo de mani-fiesto la importancia de la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, en un con-texto en el que la mayor presión fiscal recae sobre la ciudadanía media mien-tras grandes corporaciones protegen sus capitales disminuyendo o evitando su responsabilidad. Desde el comien-zo de la crisis, organismos internacio-nales vienen planteando poner coto a estas prácticas, pero pasados cinco años seguimos en el mismo punto.

España es uno de los países de la Unión Europea con mayores tasas de impuestos pero con una recaudación un 9,2 por ciento menor que la media de la eurozona, situándose en el 37,1


“Los impuestos promueven una fuerte relación

Estado-ciudadanía en la que el gobierno está

al servicio del pueblo

”

OBSERVATORIO DE MULTINACIONALES

nes al año, lo que sitúa al país en los primeros puestos en fraude y evasión fiscal de la UE. Ponernos al nivel de los países europeos de nuestro entor-no supondría recaudar más de 36.500 millones de euros cada año, cantidad similar, según los Presupuestos Gene-rales del Estado para 2014, a la parti-da destinada al pago de intereses de la deuda, la segunda después del pago de pensiones y superior a la destinada a educación o sanidad. Las mayores bolsas de fraude se focalizan en las grandes empresas y grandes patrimo-nios, más del 70 por ciento del total.

En este panorama en el que se pone de manifiesto la insuficiencia de la Agencia Tributaria, aumenta el défi-cit y se recortan servicios públicos, las multinacionales españolas aumentan su inversión en paraísos fiscales y, con ello, la falta de transparencia de sus operaciones. A pesar de dar pequeños pasos, las informaciones que vuelcan las grandes empresas del Ibex-35 si-guen siendo insuficientes. Uno de los problemas principales es la opacidad que cubre sus operaciones. Una de las demandas que se viene haciendo en los últimos años es la de contar con informes desglosados de sus cuentas país por país. Aunque alguna multina-cional española está dando pequeños pasos hacia una mayor transparencia de sus cuentas, empujada por inicia-tivas que impulsan una mejora en la voluntad de sus acciones, en cuestión de fiscalidad estos datos siguen siendo complejos, insuficientes y, en casos, llevan a la confusión.

La información por países que se ofrece es, las más de las veces, de forma agregada, como ocurre con el informe que aporta Repsol. Incluso en ocasiones se incluyen en esa cifra otros impuestos existentes en el país, como los que gravan el consumo o los soportados por los trabajadores, como es el caso de BBVA, a pesar de ofrecer un informe desglosado3.

Estos datos llevan a cuestionarnos las prácticas fiscales de las multina-

cionales españolas en América Latina y su responsabilidad en los países de residencia. Saber qué impuestos se pagan y qué aportan al desarrollo es necesario para conocer su impacto en las sociedades latinoamericanas, donde la brecha de la desigualdad al-canza niveles significativos pero que podrían disminuirse a través de una buena gestión fiscal.

fiscalidad y ResPonsabilidadLas políticas fiscales regresivas o la evasión son problemas globales que se recrudecen en los países periféri-cos. En América Latina, el porcentaje del PIB vía impuestos es del 18 por ciento, frente al 35 de media en los países de la Organización para la Co-operación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En cuanto a su distribución, dos terceras partes de la recaudación provienen de impuestos indirectos.

Estos datos chocan con la cuantía de flujos ilícitos: entre 2001 y 2010, según Global Financial Integrity, se contabilizan unos 869.900 millones de dólares, capital que podría haberse empleado en la reducción de la po-breza, en educación o en sanidad. En cuanto a las prácticas fiscales de las multinacionales en América Latina, hay que tener en cuenta la competen-cia fiscal unida a la idea de atracción de inversión extranjera como vía de desarrollo, que hace que los países ba-jen sus tipos para las grandes multina-cionales o los supriman. Igual ocurre con la flexibilidad de los Estados para facilitar el flujo de capitales. Estas situaciones son posibles por la adhe-sión a normativas internacionales de carácter bilateral, que los sitúa en una posición de desventaja.

Ante tales situaciones, diferentes colectivos tanto de América Latina como del Estado español presentan propuestas alternativas para avanzar hacia una fiscalidad justa a nivel local, regional e internacional. “Los impues-tos promueven una fuerte relación Estado-ciudadanía en la que el go-

bierno está al servicio del pueblo y las políticas públicas orientadas a honrar los derechos económicos, sociales y culturales. En este marco, la sociedad civil juega un rol preponderante para garantizar que estas premisas se ha-gan efectivas, promoviendo políticas inclusivas y que éstas se desarrollen con los mayores niveles de transpa-rencia posible”. Así está contemplado en la Declaración de Principios de la Red de Justicia Fiscal de América La-tina y el Caribe, a la que nos remite Luis Moreno4, manifestando cómo la sociedad civil tiene en su mano la ca-pacidad para ejercer presión e influir en la agenda pública para que se pon-gan en marcha acciones regulatorias que afecten a la transparencia fiscal y, con ello, a las estrategias fiscales de las multinacionales.

Estas medidas son parte del mar-co de propuestas en el que coinciden numerosos colectivos, en las que se abordan la mejora de los sistemas tri-butarios y su funcionamiento, a través de la regulación de vacíos legales, la modificación de normativas interna-cionales que perpetuán situaciones de desigualdad y desventaja entre países, y el favorecimiento de la cooperación internacional en cuestión de transpa-rencia e intercambio de información tributaria, la lucha contra el fraude o el impulso de sistemas tributarios justos, progresivos, solidarios e inclusivos.q

1 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, Parlamento Europeo (2013): Informe sobre la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales (2013/2060).2 Mayo, M. A. (2013): “¿Pagan impuestos las grandes corporaciones?” Ver en: mientrastanto.es. 3 Observatorio de RSC (2013): IX edición del estudio La RSC en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35. 4 Economista de la Red Latinoamericana sobre Deuda Desarrollo y Derechos - Latindadd. Coordinación en la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe.

*Beatriz Jiménez es investigadora del Observatorio de Multinacionales

en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad.


MIRADAS

Pese a que el largo conflicto angoleño terminó hace más de diez años, en su sociedad se detecta un malestar creciente que muchos analistas intentan situar en lo político

(gobernabilidad e instituciones). Sin embargo, parece que este malestar e inquietudes se derivan de la confrontación entre el posconflicto y las memorias de la guerra,

no tanto porque los traumas de la guerra ensombrezcan los tiempos de paz, sino porque la línea que separa el conflicto del posconflicto no siempre es definida por los actores envueltos en ello.

Lo que desde fuera parece una discontinuidad absoluta, desde dentro es sólo un cambio de expectativas sobre la vida cotidiana. Este texto intenta reflexionar críticamente sobre

el momento actual sacando insigth de narrativas y análisis de testigos directos del conflicto en la situación de posconflicto en Angola.

Paulo Ingles*

El malestar en el posconflicto:memorias de la guerra y de la paz en Angola

El punto de partida es que el posconflicto es sólo una refe-rencia ambigua, a veces con-

tradictoria, y no describe la complejidad de un proceso de transición de conflicto al posconflicto. Además, es en la cotidianidad, en la experiencia del día a día, en la interacción cotidia-na, donde el posconflicto se negocia, se constituye.

El posconflicto suele describir1 el periodo de reconstrucción del desor-den causado por el conflicto y, más que una situación de posconflicto, suele ser una tarea, una tarea de re-

construcción. Hay dos tipos de tareas, o, por decirlo de otro modo, dos pers-pectivas que suelen marcar la recons-trucción posterior a la guerra. La pri-mera es la que enfoca su atención en la restauración de las víctimas. Con-siste en la recuperación de lo que se suele llamar dignidad de las víctimas: trátase de recuperación psicológica, de los derechos o de, como en muchos casos, de lo anterior más una compen-sación económica como parte de esos derechos. Los casos de Sudáfrica, con la Comisión de Verdad y Reconcilia-ción, y de Ruanda, con la persecu-

ción de personas involucradas en la masacre de 1994, se pueden encajar en este primero ejemplo. Otra tarea de la reconstrucción posconflicto suele concentrarse en la recuperación de las instituciones del Estado: desde las ad-ministraciones públicas, fuerzas arma-das y, en muchos casos, organización de elecciones, hasta la reconstrucción de infraestructuras y el regreso de las personas refugiadas y desplazadas, de haberlas.

En los dos casos se trata, en el fondo, de restaurar el orden social. Mientras que en el primero se parte de


cumbila, londuimbali. angola, 2002. fotogRafía: nite owl. www.flickR.com.

las víctimas, en el segundo se da prio-ridad a las instituciones como medio para reordenar la sociedad. Cuando estos dos tipos de tareas se cumplen o se promete que se van a cumplir, hay contextos de posconflicto, como en el caso de Angola, en los que lo que se consigue es acentuar el malestar. Esta paradoja de, por un lado, estar en una situación de no guerra y, por otro, sen-tir un profundo malestar e, incluso, en casos extremos, una cierta añoranza por los tiempos pasados, nos remite a la primera sospecha en cuanto a lo que significa posconflicto.

escenaRios de Posconflicto en angolaCuando en 2002 la prensa angoleña y algunos medios internacionales anun-ciaron la muerte de Jonas Savimbi, lí-der de la Unión para la Independencia Total de Angola (UNITA), a algunos angoleños les dio la sensación de que terminaba un ciclo. Para otros, es-cépticos, era sólo otro fin más de la guerra. Para la mayoría, sin embargo, llegaba la Paz: por fin podían suspirar. En la capital, Luanda, se organizaron paseos en coche y moto. La imagen del cuerpo tumbado en el suelo acribi-llado a balas del conocido como líder rebelde fue portada de periódicos y abrió telediarios.

Esa sensación de que la paz había llegado no era, curiosamente, la pri-mera vez que se sentía. En los últi-mos 150 años de la historia de Angola nunca habían pasado dos décadas sin que un conflicto militar estallara. Por ejemplo, en siglo XIX, a la guerra de ocupación de los territorios de lo que ahora es Angola se le llamó guerra de pacificación. La guerra anticolo-nial que estalló en 1961 es conocida en la historiografía angoleña como guerra de liberación. Sin embargo, la UNITA, uno de los tres movimien-tos nacionalistas que luchó contra el colonialismo portugués, empezó otra guerra civil contra el Estado angole-ño que se denominó también guerra de liberación. Cada uno de estos con-flictos fue seguido por sus respectivos momentos de posconflicto.

Pero la sensación del final de la guerra en 2002 parecía diferente. El

Estado angoleño firmó un Memorán-dum de Entendimiento con las fuer-zas militares de la UNITA para sanar el conflicto y hacer oficial el fin de la guerra. Este detalle, lo del enten-dimiento entre los dos beligerantes apenas con presencia de las Naciones Unidas o de la comunidad internacio-nal, ha sido interpretado como una muestra de que sería posible encon-trar soluciones internas a un conflic-to con apenas injerencias externas. El Memorándum de Entendimiento, pese a todo, fue sufragado por Nacio-nes Unidas, ya que contenía algunas tareas sólo ejecutables con el respaldo de la comunidad internacional.

El contenido del Memorándum se ha tornado en, sobre todo, las siguien-tes obligaciones: una tarea respecto a la seguridad, a través de la integración de los militares de los rebeldes en el ejército nacional; una tarea política, con vista a la organización de elec-ciones y a presentar una nueva Cons-titución; y una tarea social, centrada principalmente en financiar el retorno de refugiadas y refugiados acampados en los países vecinos y de las perso-nas desplazadas internas a sus tierras de origen.

Lo específico de estas tareas las han convertido, oficialmente, en si-nónimo de posconflicto; es decir, que el posconflicto se ha convertido en un encargo que debe ser gestionado por el Estado, esto es, por el detentor del poder político. El posconflicto, en cuanto condición que se presentaba a individuos y grupos con posibilidad de nuevas opciones respecto a cómo organizar sus vidas y reinterpretar su historia, se ha reconvertido, de pronto, en un conjunto de encargos controlados (y manipulados) por los detentores del poder político. Esto ha

MIRADAS

“ El posconflictose ha reconvertido,

de pronto, en un conjunto de encargos controlados

(y manipulados) por los detentores del poder político

”


MIRADAS

implicado, por supuesto, cambios de expectativas con respecto al poscon-flicto y, sobre todo, ha sembrado las semillas del malestar, como veremos.

Pese a este malestar, el Gobierno angoleño se vanagloria de haber con-ducido una transición ejemplar de la guerra hacia la paz apenas con apoyo directo de la comunidad Internacio-nal. Basa sus argumentos en el hecho de haber ejecutado tareas contenidas en el Memorándum: una parte de los militares provenientes del ejército de UNITA, especialmente oficiales, han sido integrados en el Ejercito nacio-nal; mientras que a las personas refu-giadas y desplazadas se les han pro-metido ayudas para regresar al país o a sus tierras de origen. Algunas han logrado venir con ayudas del Gobier-no y de ONG; otras, por sus medios. A las y los profesionales de la educación y de la enfermería y medicina que han estado muchos años fuera de Angola como refugiados se les prometió tra-bajo en el servicio público. Hay gente, muy poca, que dice que sí ha logrado ser integrada en el servicio público. Algunos miembros de UNITA han sido integrados en el Gobierno como gobernadores de provincias, directo-res nacionales de empresas públicas, ministros y embajadores. Se ha per-mitido, por ejemplo, que UNITA o gente de su entorno abriera una radio que emitiese en frecuencia modulada (FM) en Luanda.

El final de guerra coincidió, afor-tunadamente, con el aumento de la

producción del petróleo y con la su-bida de su precio en los mercados in-ternacionales. El fin de la guerra per-mitió también ahorrar parte de lo que se gastaba en armamento y logística militar, que rondaba el 60 por ciento del presupuesto del Estado. Con este dinero y préstamos de China y Brasil a cambio de petróleo, se han puesto a disposición del Gobierno medios financieros para la reconstrucción de infraestructuras. De hecho, algunas carreteras han sido reconstruidas, es-pecialmente las vías de conexión en-tre las principales ciudades, así como kilómetros de ferrocarriles. Se han restaurado o construido escuelas, hos-pitales y puestos de salud, edificios para funcionamiento de administra-ciones locales, etc. Aunque algunas de estas obras son de dudosa calidad, han facilitado que las personas se muevan por el país. Además, algunos even-tos han dado visibilidad mediática al Gobierno, como la visita del papa Benedicto VXI, organizada con gran pompa y mediante la que se intentaba dar la imagen de un país reconciliado y unido, o la organización del cam-peonato mundial africano de fútbol, una verdadera exhibición de poder y fuerza que supuso la construcción de estadios nuevos con el dinero de las arcas del Estado (más de 500 millones de dólares).

la contestaciónEstos hechos o, más bien, escenarios del posconflicto, suelen ser pública-mente contestados. La crítica provie-ne, en general, del ámbito de los par-tidos políticos, lo que quiere decir que son críticas dentro del contexto de la disputa política. Otro ámbito de la crí-tica suelen ser las organizaciones de la sociedad civil; desde el Observato-rio Político y Social (una plataforma que congrega a distintas asociaciones y ONG) hasta pequeñas asociaciones activistas.

Las críticas de estos colectivos son, además de políticas (como to-das), sobre temas sociales: justicia, derechos humanos, libertad de prensa, transparencia... Estas críticas intentan mejorar la situación del posconflicto; no ponen en entredicho los logros de

la paz, pero sí cómo se gestiona el posconflicto. En general, suelen co-incidir con críticas de la comunidad internacional que exigen mayor trans-parencia en la gestión de los fondos públicos, libertad de expresión y ma-yor atención a los derechos humanos. Estas críticas, en general, no van más allá del modelo normativo del poscon-flicto, es decir, de la construcción del orden social, sea por la restauración de las instituciones, sea por la recupe-ración de las víctimas.

Sin embargo, hay otros tipos del malestar en el posconflicto que sobrepasan el ámbito de la crítica social y política. Se trata de los que cuestionan si la actual situación de paz ha alcanzado los ideales por lo que se han estando luchado toda la vida. Este tipo de asuntos demanda un análisis diferente.

memoRias de la gueRRaJaime, llamémosle así, ha sido sol-dado de UNITA desde 1974. Cuando se apuntó al movimiento era cons-ciente de a qué iba, aunque era muy joven. Tenía 15 años. Su padre, pro-fesor en una escuela del pueblo, había sido encarcelado por la policía secreta portuguesa. Se le acusó de defender ideas nacionalistas. Recuerda muy bien cómo se lo llevaron en junio de 1972. Desde entonces, decidió ha-cerse militar para conseguir la inde-pendencia.

Después de la independencia de Angola, en 1975, volvió a la guerra porque, decía, él no estaba completa-mente liberado. Contrariamente a las teorías que se han usado para expli-car el conflicto angoleño, desde gue-rra por procuración, proxy war, hasta la denominación de guerra étnica y, últimamente, guerra por los recur-sos, Jaime creía que luchaba por una vida digna. Puede que esa idea fuera fruto de un adoctrinamiento ideoló-gico, pero lo que es cierto es que en 2002, después de que su movimiento perdiera la guerra, Jaime interpreta la derrota como el final de un camino. El Memorándum del Entendimiento, añade, ha puesto las bases para un nuevo comercio. Nuestro Año Cero. La vida empieza de casi cero. Ni tiene

“Esta paradoja de, por un lado, estar en una situación de no guerra y, por otro, sentir un profundo malestar e, incluso, en casos extremos, una cierta añoranza por los tiempos pasados

”


MIRADAS

necesitaba profesores. Pero ella no tenía el carné y no ocultó que había sido de UNITA. “No me aceptaron por eso”, dice. A pesar de todo, sabe que algunas personas en su situación sí han tenido suerte y han conseguido empleo en instituciones del Estado.

Lo que Jaime y Conceição cons-tatan no es solamente la dificultad de integración en el contexto del pos-conflicto, sino cómo el posconflicto puede ser narrado también a través de historias que van más allá de la recu-peración de las víctimas, instituciones e infraestructuras. El posconflicto no es sólo un tiempo después de la gue-rra, sino que se constituye como un horizonte desde el que se interpreta la propia historia. La línea que se-para el conflicto del posconflicto no es sólo el silencio de las armas, sino cómo las razones que han conducido al conflicto cambian. Este cambio es una decisión política o un arreglo ins-titucional, pero es también fruto de proceso que, a veces, es negociado conscientemente y, otras, depende de las circunstancias en las que las perso-nas están involucradas.

Paz y tensión PosconflictoLa situación de los exmilitares ha sido percibida como un problema localiza-do, típico de un colectivo sin reper-cusión en el resto de la sociedad. Sin

casa, pero sí la convicción de haber luchado por la libertad.

Jaime y miles de otros de sus com-pañeros hacen parte de un contingente de soldados que han pasado a la dis-ponibilidad militar. Se les prometie-ron ayudas para los primeros años o meses, hasta que pudieran arreglár-selas por sí mismos, pero estas ayu-das no llegaron. Jaime intentó buscar empleo pero le pidieron el carné de afiliación al partido que está en poder, según comenta. Como él, tampoco muchos de sus compañeros lo tienen. Si además dicen que han pertenecido al otro bando, se les niega el empleo. En el fondo, se queja, lo malo no es el desempleo, pues hay personas “que siempre han estado aquí pero no tie-nen empleo, y algunos están incluso peor que nosotros, que dicen que he-mos venido de las selva”, comenta.

Para él lo peor es cuando les tratan como si fueran angoleños de segunda o que ni siquiera fueran del país. Jaime ha pasado muchos años en la guerra. Ha participado en varias operaciones militares, algunas de alto riesgo. Pero ser rechazados por ser de otro partido es una humillación horrible. Algunos de sus compañeros han sido encar-celados, otros han sufrido agresiones físicas. “Las armas se las hemos dado al Gobierno y no tenemos con qué defendernos. La policía no nos hace caso”.

Conceição cuenta otra historia. Se fue a la selva de niña, con sus padres, a finales de los setenta. No sabía a qué iba. Estudió y se hizo profesora de personas ciegas, cuenta, trabajando durante diez años. Cuando la guerra se hizo muy intensa, recibieron órdenes para cruzar la frontera y refugiarse en Zambia. Una vez terminada la guerra, ella ha decidió volver a Angola. El primer choque fue con su familia, que no la aceptó por haber pertenecido al enemigo. Su marido, que también vi-vió en la selva, la abandonó al regre-sar a Angola. Para dar de comer a sus hijos se hizo vendedora de casi todo en la calle. Intentó presentarse como maestra en una escuela de ciegos que

1 Así se entiende de manera habitual desde la investigación en Ciencias Sociales, ONG, agencias de Naciones Unidas y periodismo.

*Paulo Ingles estudió Filosofia y Sociología Política. Es miembro del Centro Estudos Africanos del Instituto

Universitário de Lisboa y del Grupo de Estudios Africanos (GEA) de la Universidad Autónoma de Madrid.

Artículo traducido y editado para Pueblos- Revista de Información y Debate por Susana Pérez Sánchez.

embargo, mientras que los políticos de la oposición, periodistas y ONG reproducían la idea del posconflicto como recuperación y restauración, las vivencias del día a día no se enmar-caban en una reflexión más profunda. El Gobierno tenía carta blanca para gestionar el posconflicto y el papel de la oposición parece que consistía sólo en alertar al Gobierno para que no se saliera del guion.

Sólo ahora, especialmente desde los dos últimos años, la perspectiva sobre el posconflicto angoleño se está transformando. Ya no se trata de “en-cargos”, sino que resurge la reflexión acerca de si las causas que condujeron al conflicto han desaparecido. Esta consciencia introduce una tensión, a veces violenta, entre la paz (entendida como ausencia de una forma organi-zada de violencia) y el día a día. Un día a día en el que se nota, todavía, que las divisiones están ahí, incluso acentuándose. El futuro dependerá de Angola, de cómo se gestionen las dife-rencias y de qué tipo de instituciones emerjan de sus interacciones. Mien-tras tanto, las memorias de la guerra y del conflicto convivirán codo a codo con las posibilidades de la paz.q

angola. fotogRafía: oscaR megía. www.flickR.com.


MIRADAS

Este juicio político exprés, que demostró la debilidad institu-cional de la democracia para-

guaya, tiene sus razones en un hecho de violencia que dejó como saldo 17 muertos en la localidad de Curugua-ty, Departamento de Canindeyú. Del total de fallecidos, once eran campe-sinos que reclamaban un espacio de tierras públicas apropiadas por el ex -senador colorado Blas N. Riquelme.

Del enfrentamiento aún no se tie-ne información precisa, dado que las investigaciones arrojan datos contra-puestos. Sí se cuenta, sin embargo, con una versión oficial del Ministerio Público. Un grupo de investigadores, coordinado por el conocido jurista es-pañol Baltasar Garzón, exhibe datos que fueron omitidos en el informe ju-dicial sobre pruebas de balística, así como fotografías de ajusticiamiento de personas que incluso eran ajenas al conflicto. Se incluyen también asun-tos que no se encontraban en la car-

En junio 2012, el proceso democrático que inauguró la alternancia política en Paraguay luego de 61 años y que había legitimado la voluntad popular por primera vez de forma pacífica sufre el quiebre del Estado de derecho por decisión casi unánime del poder legislativo en un procedimiento de juicio político exprés al presidente Fernando Lugo. La legitimidad del mismo es motivo aún de debate, pero lo cierto es que a la administración Lugo, que ocupaba el cargo desde agosto de 2008, sólo le faltaban diez meses de gobierno hasta las elecciones de abril de 2013.

Arturo E. Bregaglio*

Paraguay,un país que sigue esperando

peta fiscal, como la falta de previsión en cuanto a un donativo del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional.

A la precariedad institucional y a la manipulación de los hechos por parte de la prensa interesada en ex-tender las responsabilidades hasta el propio presidente, incluso presentada la dimisión del ministro del Interior, Carlos Filizzola, se sumaron los en-cendidos discursos de diputados colo-rados y liberales que pedían un juicio político exprés. Esta figura se instala con quórum en ambas cámaras y en menos de 48 horas se tiene el libelo acusatorio, el tribunal, la posibilidad de ejercer descargo en dos horas, la sentencia y el nuevo presidente nom-brado por el Congreso.

PRimeRos Pasos del nuevo PResidenteFederico Franco Gómez, quien fue-ra vicepresidente de Lugo, asume y

manifiesta públicamente no haber tenido gran participación en las deci-siones del ejecutivo, aun siendo parte del mismo todo el periodo. Establece como primera medida eliminar el ne-potismo de la función pública y, acto seguido, nombra a su cuñada miem-bro del directorio de la Binacional Itaipú y a un primo como ministro de la Secretaría de Acción Social. Los abultados salarios de estas personas generan la primera reacción ciudada-na a través de las redes sociales, pero pocos medios de comunicación le dan buena cobertura.

En menos de tres meses se viola el tratado internacional de Cartagena que rige sobre la seguridad alimenta-ria en el caso de los organismos ge-néticamente modificados. Se autori-za por decreto el ingreso de algodón transgénico y su siembra sin respetar los mecanismos de seguridad en su producción ni el riesgo de contamina-ción de la variedad tradicional.

La breve alternancia política en


MIRADAS

Paula cabildo

La prensa en general sufre varios golpes con censura de periodistas y en especial fotógrafos que son despoja-dos de sus cámaras en operativos de desalojo en el interior del país y en marchas de protesta contra la política sectaria de Franco. Los familiares del titular del ejecutivo amenazan a varios comunicadores por denunciar prácti-cas irregulares en el acceso a cargos públicos; mientras que el uso de la re-sidencia presidencial para la boda de un hijo del presidente termina dando ribetes monárquicos a la República del Paraguay.

Ante esta situación, la respues-ta ciudadana se da de dos formas. Por un lado, resignación y apatía, reflejados estos sentimientos en la degradación de los frentes auto con-vocados en defensa de la democra-cia y rechazo al “golpe parlamenta-rio”. Parece que cada vez fuesen más las personas indignadas que limitan su participación a las redes sociales. Por

otro, polarización de posturas a favor de dos frentes par-tidarios tradiciona-les, el colorado y el liberal. Reaparecen los discursos na-cionalistas frente al paulatino bloqueo de las relaciones diplomáticas con países que integran bloques regionales (Unasur y Merco-sur).

El llamado a elecciones en abril del 2013 termina consagrando a Ho-racio Cartes como presidente del Para-guay, con el curio-so récord de pasar a la Historia como uno de los pocos ciudadanos que votaba por primera vez y era elegido presidente. Federi-co Franco, parale-lamente, concluía

una corta transición de catorce meses marcada por la inoperancia, la corrup-ción generalizada y el desgobierno. El período entre abril y agosto de 2013, fecha en la que asumió la presiden-cia Cartes, culminó con una serie de componendas con distintos grupos económicos que demostraron su vora-cidad aprovechando la complacencia de Franco, conocido también como “Federico el Breve”.

los dueños del PaRaguayEn abril del año 2000, el periodista Aníbal Miranda1 realizaba una de las primeras aproximaciones con carácter investigativo a la acumulación de ri-quezas en “la isla rodeada de tierra”, al decir de Augusto Roa Bastos. Si bien este trabajo no ha tenido actua-lizaciones regulares, es muy útil por determinadas referencias. Trece años después, podemos citar un reciente in-forme de la consultora Wealth X y del banco suizo UBS que reveló que en

Paraguay hay “165 supermillonarios que cuentan con una fortuna valorada en más de 30 millones de dólares”. La cifra total de la riqueza de estos ciudadanos equivale al 19 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) re-gistrado en 2012, según varios econo-mistas.

En cuanto al alcance del informe, el economista Amílcar Ferreira expli-có que en el Paraguay una pequeña parte de la población concentra las grandes porciones de tierras: más del 80 por ciento se encuentra en manos del seis a ocho por ciento de la pobla-ción. Existe una evasión tributaria que sigue siendo alta, con un 30 por ciento, “más de mil millones de dólares por año que deja de ingresar al Estado”. Cabe señalar también que el Congre-so analizó este año un proyecto para gravar la producción y exportación de soja en un 10 por ciento, proyecto que fue rechazado por ambas cámaras a pesar de que Brasil y Argentina tienen este gravamen marcado en un 32 y un 35 por ciento, respectivamente, desde hace más de una década.

La carga tributaria en el Paraguay apenas llega a un 12,8 por ciento, con un el IVA del 10 por ciento que paga hasta la persona más pobre en cual-quier artículo de consumo básico. Si usted que lee este artículo piensa, después de tanta cifra y números, que Paraguay es un paraíso fiscal, no dude de que está en lo correcto.

Para que usted tenga un panora-ma más exacto, daremos los nombres de las cuatro personas más ricas del Paraguay. Verá, además, cómo se em-parentó el poder con los medios de comunicación, la tenencia de tierras sembradas de ganado y soja, las gran-des obras hidroeléctricas (ya conclui-das), la construcción…

Antonio J. Vierci es el hombre más adinerado y uno de los más pode-rosos del país, a quien se le atribuye una fortuna de unos tres mil millones de dólares estadounidenses. Lidera un grupo empresarial que cuenta actual-mente con dos cadenas de supermer-cados (Stock y Superseis) con 36 es-tablecimientos y un conglomerado de 17 restaurantes del sello Burger King


MIRADAS

en todo el país. A ello se suma una ca-dena de medios cuyo buque insignia es el diario Última Hora, canales de televisión y radios por todo el país.

Muy cerca, con una fortuna cal-culada en 2.500 millones de dólares, se ubica el actual presidente, Horacio Cartes. Su conglomerado empresarial va desde tabacaleras, Internet, ban-cos y representaciones de aviones de la marca estadounidense Cessna a la fabricación de bebidas gaseosas que logró introducir en el mercado norte-americano, pasando por la ganadería.

En tercer lugar se encuentra Aldo Zucolillo Moscarda, más conocido como el Zar de la prensa paraguaya. Siempre según cálculos aproximados, es propietario de una fortuna de 2.400 millones de dólares. El peso en este caso es del negocio inmobiliario, las múltiples estancias y la diversifica-ción en Shoppings y otros negocios diversos, todos publicitados a través del matutino ABC Color.

Cerrando esta lista de los cuatro más adinerados aparece el expresiden-te Juan Carlos Wasmosy (1993-1998), que atesora una fortuna calculada en 2.300 millones de dólares. El negocio de este ingeniero son las empresas constructoras y mineras. Siguió muy de cerca, por supuesto, el devenir de las centrales hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá. Por ilustrar con un sólo dato: una de sus empresas, CONEM-PA, facturó en Itaipú, la hidroeléctri-

*Arturo E. Bregaglio dirige Radio Viva (Asunción, Paraguay).

1 Miranda, Aníbal (2000): Dossier Paraguay. Los Dueños de grandes fortunas en Paraguay. Disponible en la web www.portalguarani.com.

la ciudadanía desPieRtaEn el último año del gobierno de Fer-nando Lugo comenzaron a ocurrir movilizaciones ciudadanas que tenían en la mira la corrupción ancestral de la clase política, las injusticias de la Justicia y el viejo y prebendario siste-ma electoral. Este sistema se encarga de asegurar que numerosos candida-tos impresentables vayan cobijados en una “lista sábana” que pone en los dos primeros lugares algunos candi-datos atractivos y llena el resto con representantes del “modelo corcho” (usted lo puede hundir con el dedo en el agua pero si retira su índice nueva-mente vuelve a flotar, algo que puede suceder por décadas a juzgar por algu-nos candidatos que aún se mantienen desde la época del dictador Alfredo Strossner).

Tras el golpe exprés, la ciudadanía entró en una especie de letargo hasta hace pocas semanas, cuando comen-zaron a conocerse las listas de fun-cionarios del Congreso, ministerios y otros entes públicos. Allí se revelaron como nunca antes los casos de nepo-tismo: cada diputado o senador tenía instalados como asesores a familiares, amigos y demás deudos con cuatro o cinco sueldos del Estado que, por su-puesto, dejaban su cuota a quienes les habían ofrecido el cargo.

La indignación ciudadana fue to-mando cuerpo. Tras casi un mes de protestas y de una original campaña que consistió en rodear el Congreso con tiras de papel higiénico bajo el lema “Vamos a limpiar esta mierda”, la cabeza de una de las principales fi-guras del Senado y del oficialista par-tido Colorado, Víctor Bogado, termi-nó siendo desaforado. Fue el caso más sonado: su niñera había cobrado dos sueldos de diferentes entes públicos.

Por primera vez en la historia del Paraguay se ve a una ciudadanía que se ha volcado en las calles y parece ir a por más. Han transcurrido más de 61 años de impuesta calma, pero hoy parece que el Paraguay comienza a despertar. Sin embargo, esto recién comienza…q

ca binacional (Brasil-Paraguay) más grande del mundo, la friolera de 1.600 millones de dólares.

100 días del nuevo gobieRnoUna de las agendas en las que coin-cidieron Horacio Cartes (del Partido Colorado) y Efraín Alegre (del Parti-do Liberal Radical Auténtico), ambos de centro derecha, y que repitieron durante la campaña electoral hasta el hartazgo, fue “la lucha contra la pobreza”. Paraguay se encuentra en el grupo de países peor posicionados en cuanto a desigualdad social en Latinoamérica. Durante 2010, en pleno gobierno de Fernando Lugo, vivimos el boom económico, con un crecimiento de más del 12,4 por cien-to, pero la pobreza no disminuyó; la teoría del “chorreo de la copa de champán” salpicó a muy pocos y la redistribución del ingreso fue una qui-mera no alcanzada.

“Daremos lucha sin cuartel a la pobreza”, indicó hace varias semanas el nuevo presidente. Los indicadores a derrotar son relevantes. Total del desempleo: 8,2 por ciento en el pri-mer semestre de 2013. Sub empleo: 27,8. Miseria: 19 por ciento, tomando los índices de la Dirección General de Estadísticas y Censos de 2010.

Entre las primeras medidas que ha tomado el Gobierno de Cartes se encuentra la aprobación por el Par-lamento de una estrategia económica denominada Alianza Público Privada. Esta estrategia no es muy diferente de las propuestas que se conocieron en esta región del mundo en los años 80 y 90 con otros nombres, como modernización, achicamiento o refor-ma del Estado. En Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia se aplicaron las políticas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional hace décadas y, tras 20 años y con los mea culpa de sus propios directivos, resultaron medidas que no alcanza-ron los picos de crecimiento, redistri-bución y desarrollo tan publicitados en aquella época como la solución de todos los males.

“Verá, además, cómo se emparentó el poder con los medios de comunicación, la tenencia de tierras sembradas de ganado y soja, las grandes obras hidroeléctricas, la construcción…

”


Así como reza el tango nos encontramos ante un “volver” que, de hecho, entraña varios “retornos”. Salinistas de antaño y sus retoños 3.0 vuelven para completar la labor cercenadora del proceso revolucionario del 1910-17 que tuvo su epílogo a finales de la década de los 30 cuando Lázaro Cárdenas nacionalizó las reservas petro-leras. Esta y otras conquistas, plasmadas en el artículo 27 de la Constitución, comenzaron a ser demolidas en el 92 cuando el partido de la “revolución ins-titucionalizada” terminó con el carácter comunal de la tierra ejidal, que hasta entonces no podía ser “dividida, vendida o enajenada”. Fue una de las causas principales del levanta-miento indígena.

Oskar Hernando*

Con la irrupción del zapatismo y víctima de sus propias contra-dicciones internas, el Partido

Revolucionario Institucional (PRI) se vio apartado de la Presidencia (que no del poder) durante dos sexenios. Hoy está de vuelta para proseguir con su particular “desmontaje” neoliberal, echando abajo incluso, con nocturni-dad y alevosía, los sacrosantos iconos de la independencia energética (pe-tróleo y electricidad) que con grandes dosis de impostura reverenció en el pasado desde el tan aireado “milagro mexicano” de la década de los 40 has-ta que miles de indígenas encapucha-

dos les aguaron la fiesta del “ingreso de México en el primer mundo” el día que se firmaba el tratado de libre comercio con EEUU y Canadá (TL-CAN). Era el 1 de enero de 1994.

En este déjà vu priísta (quien sabe si con intención de cobrarse por des-pecho algunas facturas pendientes en el solar chiapaneco), la clase política mexicana se ha agrupado al unísono, una vez más, en un engendro denomi-nado Pacto por México que en su con-creción social ha sido bautizado como Cruzada Nacional contra el Hambre.

Y se ha topado de nuevo con quie-nes siempre estuvieron ahí.

¿“…que veinte años no es nada…”?fo

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Persistencia y pertinencia del movimiento zapatista en

Chiapas

MIRADAS


MIRADAS

Hombres y mujeres que, hoy za-patistas, ayer protagonistas de re-beliones contra los conquistadores y siempre pueblos mayas (tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales, etc.) se aprestaron para culminar un año ple-no de efemérides y celebraciones que inició con el final de baktún del 21 de diciembre de 2012.

Este 1 de enero de 2014 se cum-plirán dos décadas de la irrupción de la primera guerrilla del siglo XX a través de nuestras pantallas de tele-visión, pero, sobre todo, de internet. Un levantamiento que sorprendió al mundo y sacó a la izquierda del coma profundo en que se encontraba tras el derrumbe del socialismo real. Veinte años que, en una perspectiva de larga duración sociológica (y menos aún en los ciclos de los pueblos milenarios), como dice la canción, “no son nada”. Y sin embargo, son tanto…

Desplazados de la pista mediática, (como si algunos creyesen la fantasía infantil de que al destaparse los ojos ya no iban a estar ahí), alejados de los focos y envueltos en ocasiones duran-te meses en silencios desquiciantes para los ritmos de eso que categori-zamos como “pensamiento occiden-tal”, los y las zapatistas siguen aquí y cumplen años. “Siempre atacados y perseguidos, siempre resistiendo; siempre siendo aniquilados, siempre reapareciendo” dice el Subcomandan-te Marcos en uno de sus últimos co-municados, “Rebobinar 3”. “Tal vez por eso las denuncias de las bases de apoyo zapatistas, hechas a través de sus Juntas de Buen Gobierno (JBG), tienen tan pocas lecturas. Es como si uno ya hubiera leído eso antes y sólo cambiaran los nombres y las geogra-fías”, añade con ironía.

tRes décadas de luchaEn la madrugada del 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Libera-ción Nacional (EZLN), que en secreto y con el impulso inicial de las FLN (Fuerzas de Liberación Nacional) preparó en la selva el levantamiento durante 10 años, puso patas arriba la historia de Chiapas y del México mo-derno. Miles de mujeres y hombres in-dígenas precariamente armados toma-ron cinco de las principales cabeceras

municipales del Estado demandando trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, li-bertad, democracia, justicia y paz…Paralelamente recuperaban las tierras de los latifundistas que durante siglos habían esclavizado a la población in-dígena demoliendo hasta los cimien-tos, piqueta en mano en ocasiones, algunos de los símbolos más evidentes de esa dominación secular (ayunta-mientos, haciendas etc.) Tras el inicial enfrentamiento bélico que tuvo en los años posteriores diferentes episodios e intensidades, surgieron los munici-pios rebeldes autónomos, agrupados en cinco Aguascalientes que en 2003 se transformarían en los actuales Ca-racoles, coordinado cada uno de ellos por una JBG.

Para su gobierno, los y las zapa-tistas se inspiraron en los usos y cos-tumbres, en la Constitución de 1917 y en las Leyes aprobadas en los años previos al levantamiento, entre las que destacan la Ley Revolucionaria de las Mujeres y la Ley Agraria. Aunque falta mucho por recorrer es evidente que estas dos últimas han cambiado la forma de vida y relación de miles de personas en las comunidades de Chiapas, especialmente en el caso de las mujeres.

Tras la traición a los Acuerdos de San Andrés de 1996 firmados con el Gobierno mexicano, el EZLN promo-vió el ejercicio de facto de la autono-mía con la premisa del “mandar obe-deciendo” y ejerciendo la democracia directa basada en la rotación de per-sonas y la posibilidad de revocación de mandato. Además, en todos los territorios autónomos se consolidaron sistemas alternativos de salud, educa-ción, justicia, producción y comercia-lización, dando lugar a una sociedad basada en una economía no capitalista y en el trabajo colectivo y no remune-rado que pervive hasta la actualidad.

A lo largo de estos años, la radi-calidad del discurso zapatista se ha hecho insoportable para una buena parte de la izquierda mexicana con aspiraciones electorales. Sus críticas a todos los partidos, pero especialmente al Partido de la Revolución Democrá-tica (PRD), con nombres y apellidos, terminaron probablemente con una

buena parte del apoyo y simpatía que el zapatismo mantenía entre las bases de este partido. Pero el paso del tiem-po y la deriva de la izquierda van con-firmando punto por punto los análisis del EZLN.

1994-2013 RePResión PoR todos los mediosFrente al desafío zapatista, el poder respondió desde un inicio con todo tipo de represión: bombardeos y ope-raciones militares, cercos paramilita-res, desplazamiento forzado, cárcel…Los casos de las comunidades de San Marcos Avilés y Puebla son los ejem-plos más recientes.

Siempre complementarios en los manuales contrainsurgentes, los pro-gramas sociales han tenido un espe-cial desarrollo en el panorama políti-co chiapaneco. Lo que en tiempos de Carlos Salinas de Gortari se denominó Programa Nacional de Oportunidades (PRONASOL), y Oportunidades (con su innumerable lista de subprogra-mas) con Fox y Calderón, hoy se ha transmutado en la Cruzada contra del Hambre de la administración de Peña Nieto, alineada según sus mentores con los mecanismos de Naciones Uni-das e inspirada en los programas de combate a la pobreza brasileños.

Sobre esta iniciativa, una integran-tede la JBG de Oventic asegura: “no es más que un plan de contrainsurgencia para dividir, provocar enfrentamien-tos en las comunidades y destruir la resistencia de los pueblos zapatistas, porque es un ataque económico, polí-tico, social, ideológico y cultural con-tra la construcción de la autonomía de los pueblos originarios”.

“Respetando cada tiempo, proceso y geografía, el zapatismo ofrece muchas enseñanzas a los movimientos sociales de todo el planeta

”


21/12/2012fin de baktún, nuevo cicloEn diciembre de 2012, decenas de mi-les de encapuchados y encapuchadas bases de apoyo del EZLN tomaron pacíficamente, pero en perfecta for-mación militar, la ciudad de San Cris-tóbal de las Casas. Esta reaparición sorprendió a gran parte de la sociedad mexicana e internacional, principal-mente a la que los grandes medios de comunicación le hurtan a diario la in-formación sobre éste y otros procesos emancipadores y a la que vendieron la idea de que el zapatismo era historia y que Chiapas es un remanso de paz para el turismo y la inversión. Se han es-forzado en promover esta simulación tanto las administraciones federales de Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora Enrique Peña Nieto como la estatales de Pablo Salazar, Juan Sabines y en la actualidad Manuel Velasco.

En la postdata de un cuento re-ciente en el que rescata a Don Durito de la Lacandona, Marcos se sirve de una herramienta hoy casi “pretecnoló-gica” para explicar cómo los zapatis-tas ven y se ven en su historia propia, el kinetoscopio: “Es un poco como si en esas imágenes en movimiento (…), como si en La llegada del tren de los Hermanos Lumiere, nosotros fuéra-mos quienes permanecen en el andén mientras el tren del progreso llega y se va. Cuando alguien de fuera se de-tiene a mirar nuestra película (…), di-cen: ‘pero qué tontos, ¿por qué siguen en el andén y no se suben al tren?’. O ‘he ahí una muestra más de que los indígenas están como están por-

que no quieren progresar (…)’. Pero si alguien nos preguntara por qué no subimos a ese tren, nosotros diríamos ‘porque las estaciones que siguen son decadencia, guerra, destrucción, y el destino final es catástrofe’. La pre-gunta pertinente no es por qué no nos subimos nosotros, sino por qué no se bajan ustedes”.

Respetando cada tiempo, proceso y geografía, el zapatismo ofrece mu-chas enseñanzas a los movimientos sociales de todo el planeta: la claridad en el discurso, la recuperación del tra-bajo colectivo, la urgente necesidad de reconocerse como aliados en la diver-sidad, el atender de forma sostenida procesos de construcción no circuns-critos a partidos, campañas y ciclos electorales (ya estén estos relaciona-dos con la producción de alimentos, la educación o los cuidados…) sin esperar resultados inmediatos. Como aporte esencial y plenamente vigente en este recuento de 30 años de lucha quedan los siete principios de gobier-no zapatista: obedecer y no mandar; representar y no suplantar; bajar y no subir; servir y no servirse; convencer y no vencer; construir y no destruir, y proponer y no imponer.

Las Escuelitas Zapatistas han puesto recientemente gran parte de ese saber acumulado a nuestra dis-posición, no a través de sus líderes y portavoces sino mediante una iniciati-va vivencial que de paso da un nuevo “revolcón” a los tópicos y mentalida-des de la intelectualidad progresista. Si todo va según lo previsto, tras las ediciones de diciembre y enero de

2014 más de seis mil personas entre nacionales y extranjeros habrán com-partido conocimientos, experiencia y vida cotidiana con familias zapatistas. De paso, el ejercicio habrá servido como autoformación para miles de personas, especialmente jóvenes que no habían nacido en el 94, no cono-cieron la esclavitud en las fincas ni los rigores de la preparación de la lucha como sí lo hicieron sus padres, ma-dres, abuelos y abuelas.

desafíos y Retos de futuRoSon muchos los retos que afronta el movimiento zapatista. Algunos tie-nen que ver con sus propias lógicas: la formación y recambio permanente de autoridades, la transmisión de va-lores a las jóvenes generaciones, el riesgo de quiebra de las estructuras comunitarias tradicionales en las que se basa gran parte de su fortaleza, la reactivación de las instancias de de-nuncia y lucha por los derechos de los pueblos indígenas… Otros elementos externos se presentan más amenaza-dores, como la siempre intimidante presencia de fuerzas militares y pa-ramilitares, el impredecible accionar del Estado mexicano y la inquietante expansión del narcotráfico, cada vez más insertado en la vida diaria de las comunidades de todo México y que está forzando a los pueblos a crear sus propias fuerzas de autodefensa.

Veinte años en la senda de la lu-cha por la dignidad de los pueblos indígenas son muchos para tan pocas líneas pero se resumen en el último escrito zapatista hasta la fecha: “Para los grandes medios de paga, ellos son los modernos, nosotros los arcaicos. Ellos son los que trabajan, nosotros los haraganes. (...) Ellos son los lim-pios, nosotros los sucios”. Y olvidan lo fundamental: “Ésta es nuestra his-toria, nuestra forma de pensarnos, de hacernos nuestro camino, con nues-tros errores, caídas, colores, vidas, muertes. Es nuestra libertad”.

Felicidades, compañeros y com-pañeras. ¡Y que cumplan muchos más!q

*Oskar Hernando es miembro de Bizilur (Asociación para la Cooperación

y el Desarrollo de los Pueblos/ Lankidetzarako eta Herrien Garapenerako Eurakundea).

MIRADASfo

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Resulta irónico que esas relacio-nes se profundicen de la mano de gobiernos encabezados hoy

por quienes fueron militantes de iz-quierda y víctimas directas de las dictaduras del Cono Sur, que fueron asesoradas y armadas por Israel para reprimir y eliminar a las fuerzas que luchaban por el cambio. Entre las dé-cadas de 1960 y 1980 Israel apoyó a los peores gobiernos latinoamerica-nos, desde Trujillo hasta Pinochet, pasando por García Meza, Ríos Montt y Videla. Y no sólo ha vendido arma-mento al ejército colombiano: tam-bién a los grupos paramilitares nu-cleados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) .

Bishara Bahbah señaló2 que en-tre 1975 y 1985 América Latina fue el mercado de armas más grande de Israel3. Sus ventas a El Salvador, Guatemala y la Nicaragua de Somo-za aumentaron cuando la política de derechos humanos de la administra-ción Carter bloqueó o redujo la ayuda militar a esos regímenes represivos.En 1985 Israel actuó de intermediario para que el gobierno de Reagan ven-diera armas al régimen iraní a espaldas del Congreso y enviara las ganancias a la Contra de Nicaragua.

También proporcionó a Pinochet armamento y tecnología de inteligen-

cia para eliminar opositores, y mantu-vo lazos de cooperación con las Jun-tas argentinas, aun cuando un 13 por ciento de sus víctimas eran de origen judío y los represores se ensañaban especialmente con ellas.

Desde los años cincuenta Israel apoyó militarmente a los peores re-gímenes coloniales o dictatoriales de África y Asia, y en la actualidad conti-núa manteniendo estrechos lazos con los gobiernos de Sri Lanka y Guinea Ecuatorial, entre otros4.

la industRia de seguRidad isRaelíSi ese pasado es perturbador, el pre-sente no es menos preocupante: las exportaciones de la industria de se-guridad israelí a América Latina han aumento en la última década, e inclu-yen una amplia gama de productos y servicios: armamento convencio-nal, drones, sistemas de vigilancia de cárceles, aeropuertos y fronteras, satélites y radares, empresas priva-das de seguridad, entrenamiento de efectivos civiles y militares en inte-ligencia, contrainsurgencia y control de multitudes5. Quienes proveen esos servicios y productos son las mis-mas empresas responsables de toda la infraestructura que hace posible la ocupación de Palestina (checkpoints, cárceles, colonias judías, barreras de

María Landi*

Las noticias sobre acuerdos de seguridad (y negocios de toda

índole) de los gobiernos de América Latina con el de Israel

aparecen con frecuencia en los medios informativos. Y aun

así, sabemos que esas noticias son sólo la punta del iceberg

de relaciones de todo tipo que no salen a la luz pública. Para

eso no hay matices ideológi-cos: con excepción del ALBA

(y aun ahí no hay uniformidad), los gobiernos latinoamericanos parecen pelearse por quién tie-ne más acuerdos firmados con

Israel. Los ‘progresistas’ del Mercosur lideran la tendencia,

con Brasil a la cabeza1.

La obsesión de los gobiernos de

con Israelpor mantener relaciones carnales

América Latina

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MIRADAS

*María Landi es colaboradora de Pueblos - Revista de Información y Debate.

seguridad) en clara violación del De-recho Internacional.

Brasil, que a nivel diplomático li-dera el apoyo al Estado Palestino, se ha convertido en el quinto mayor im-portador de armas y tecnología militar israelí. En 2010 los dos países firma-ron un nuevo acuerdo de cooperación en materia de seguridad. Israel es uno de los pocos países del mundo donde el ejército brasileño tiene una oficina. A su vez, empresas militares israelíes compraron compañías armamentís-ticas brasileñas, lo cual aumentó su dependencia de la tecnología israelí y abrió la puerta para su expansión en América Latina6.

Esas empresas ya vienen entre-nando a varios cuerpos de policía de Rio de Janeiro, en particular al Batal-hão de Operações Policiais Especiais BOPE (temible tropa de élite anti-favela). Y ya tienen multimillonarios acuerdos con la seguridad pública brasileña para “hacer frente a los de-safíos” de la Copa del Mundo 2014 y los Juegos Olímpicos 2016.

En Uruguay se han multiplicado las denuncias hacia el accionar cre-cientemente represivo de la policía al infiltrarse en manifestaciones, arrestar y maltratar personas o realizar operati-vos en barrios periféricos. No es casual que en 2010 el Ministerio del Interior firmase un convenio con su par israe-lí7 para entrenar policías uruguayos en ese país. Un simple estudio en cada

uno de nuestros países identificaría, seguramente, acuerdos similares.

A nuestros gobiernos no les im-porta que organizaciones de derechos humanos como B’Tselem8 o Amnistía Internacional9 hayan condenado el uso excesivo de la fuerza israelí contra manifestaciones pacíficas en Palestina, o que en 2013 UNICEF10 y el Comité de los Derechos del Niño/a11 emitieran durísimos informes por el tratamiento de los niños palestinos detenidos12. El mismo Consejo de Derechos Huma-nos de la ONU critica de manera sis-temática a Israel por su violación de los derechos humanos y envió varias misiones de investigación13.

Resulta inadmisible que mientras vastos sectores de la sociedad civil en nuestros países son cada vez más críticos en cuanto a las políticas de ocupación, colonización y apartheid israelíes, y mientras en los órganos de Naciones Unidas se siguen acumulan-do condenas hacia ese país por el in-cumplimiento reiterado de sus resolu-ciones, nuestros gobiernos continúan enviando delegaciones de alto nivel para estrechar vínculos con Israel.

El presidente de la Generalitat ca-talana, Artur Mas, en su visita de no-viembre, dijo que el país era un modelo para la futura Catalunya independien-te (lo que suscitó la dura reacción de BDS Catalunya y la RESCOP)14. Casi simultáneamente, Danilo Astori, vice-presidente de Uruguay, hizo una visita

similar, elogiando nada menos que a Netanyahu por “su valentía para bus-car la paz con los palestinos”.

Precisamente porque los gobier-nos han renunciado a todo vínculo entre ética y política, el movimien-to popular palestino, al convocar en 2005 a una campaña global de boicot, desinversión y sanciones contra Is-rael, está apostando al papel decisivo que sólo los pueblos pueden jugar. En América Latina el movimiento BDS apenas está dando sus primeros pasos. La Cumbre Social del Mercosur ha incluido en sus declaraciones finales de 2012 y 2013 la exigencia de sus-pender el TLC con Israel15. El desafío, como siempre, es pasar del dicho al hecho. Aunque es un paso alentador, hay todavía un abismo por salvar.q

“ Brasil, que a nivel diplomático lidera el apoyo

al Estado Palestino, se ha convertido

en el quinto mayor importador de armas

y tecnología militar israelí

”

1 En 2007 el Mercosur firmó un Tratado de Libre Comercio con Israel, el primero firmado por el bloque con un país fuera de la región. 2 Israel and Latin America: The Military Connection (1986).3 Según el Stockholm International Peace Research Institute, un tercio del total de las ventas de armas de Israel en 1980 fueron sólo a los gobiernos militares de Argentina y

El Salvador.4 Israel apoyó a los regímenes de Rodesia (Zimbabwe) y Sudáfrica para combatir a los movimientos de liberación nacional. En Asia, armó y aseso-

ró a la dictadura de Marcos en Filipinas, a la Indonesia de Suharto para reprimir la lucha independentista de Timor Oriental y al Sha Pahlevi contra la revolución iraní. Hoy Israel vende alta tecnología bélica y entrenamiento al gobierno de Sri Lanka en su lucha contra los rebeldes Tamil, mantiene estrechos lazos con el gobierno de Guinea Ecuatorial y provee la mayor parte del armamento que el gobierno indio emplea contra los grupos opositores y para amenazar a Pakistán. Sobre este tema, ver: Israel Shahak: Global Role: Weaponsfor Repression e Israel armó las dictaduras en América Latina (1981); Benjamín Beit- Hallahmi: Who Israel arms and why (1987).

5 Ver los informes disponibles en línea: Buying into Occupation and War: The implications of military ties between South America and Israel; Brazilian Military Ties with Israel (Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign, 2010) y El rol de Israel en la represión mundial (Red Internacional Judía Antisionista (IJAN), 2012.

6 Un evento clave para dicha expansión en el mercado sudamericano es la feria anual de defensa y seguridad (LAAD) que tiene lugar en Rio de Janeiro, en la que están presentes todas las grandes empresas israelíes. Para información detallada sobre la relación Brasil-Israel, ver también: “Relaçoes militares entre Brasil e Israel: o papel central do Rio de Janeiro e a feira da morte” (Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign).

7 Ver artículos “Seguridad: Uruguay adopta modelo israelí” (14/10/2010, www.lr21.com.uy) e “Israel asesorará a Uruguay en seguridad pública” (16/10/2010, www.elpais.com.uy).8 Ver: www.btselem.org/publications/2012_alfa.9 Artículo “Israel/OPT: Stop use of excessive force against Palestinian civilians in the West Bank”, en www.amnesty.org, 04/04/2013. 10 Disponible en: www.unicef.org/media/media_68093.html (marzo 2013). 11 Ver en www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC-C-ISR-CO-2-4.pdf (junio 2013). 12 Se estima que desde el año 2000 alrededor de 8.000 niños palestinos (acusados de tirar piedras) han sido detenidos y procesados, y que la tortura ha estado presente en todas

las etapas del proceso.13 Incluyen la de Goldstone sobre el ataque a Gaza en 2008-2009, que acusó a Israel de crímenes de guerra, y la de este año, que condenó duramente la imparable construcción y

expansión de las colonias israelíes en Cisjordania. Ver: www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/FFM/FFMSettlements.pdf. 14 RESCOP (11/11/2013): “Israel no es ningún referente: la ocupación, la colonización y el apartheid no son nuestro modelo para Cataluña”. En www.nodo50.org/causapalestina.15 Declaración de la XV Cumbre Social del Mercosur (Montevideo, julio de 2013).


Por tanto, y por muy evidente y machacado que pueda parecer el tema, es necesario que ten-

gamos claro cómo se definen los con-ceptos de violencia de género, vio-lencia contra las mujeres, violencia doméstica, violencia machista, etc.; así como qué diferencias existen entre ellas. Por último, es necesario saber si se puede aplicar la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violen-cia de Género1 a las parejas del mismo sexo o si debemos buscar nuevas fór-mulas que reconozcan su gravedad.

RecoRdando concePtosPartiendo de la base, muy simplifica-da, de que el sexo viene determinado por las condiciones biológicas y el gé-nero por los roles sociales asignados a cada sexo, violencia de género es el término utilizado para referirnos a la violencia ejercida sobre las mujeres como resultado de las expectativas de

los roles sociales en el marco de una relación patriarcal y androcéntrica. La principal consecuencia de siglos e in-cluso milenios de tales relaciones so-ciales nos ha llevado a una relación de poder desigual entre hombres y mu-jeres. Y es por todo ello que se viene a denominar también como “violencia machista”.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), “los objetivos mayoritarios de la violen-cia de género son las mujeres y chi-cas adolescentes, que no sólo corren un alto riesgo de violencia de género sino que también sufren de (otras mu-chas) consecuencias exacerbadas en comparación con las que soportan los hombres(…)”2, ya sea a nivel políti-co, laboral, socioeconómico, de salud o cualquier otro ámbito.

La violencia de género es una vio-lencia estructural, basada en la cons-trucción del género y, por tanto, social. En palabras de Beatriz Preciado3: “No creo en la violencia de género, creo que el género mismo es la violencia,

que las normas de masculinidad y fe-minidad, tal y como las conocemos, producen violencia”.

La violencia contra las mujeres es en una alarmante mayoría ejerci-da en el marco de la citada relación social patriarcal, es decir, fundamen-tada en la violencia de género y, por tanto, causaría una doble violencia. Este tipo de violencia, ya no social sino individual, puede ser física, sexual, psicológica o económica y se puede dar en el marco de una relación sentimental o no, en el hogar, en el trabajo o en cualquier otro entorno.

La violencia doméstica, término que personalmente preferiría sustituir por el de violencia intrafamiliar, es también violencia y, por tanto, repro-chable y condenable. Es una violencia igualmente basada en unos roles de superioridad, pero no necesariamente de género. Este tipo de violencia se produce dentro del hogar, sea quien sea el/la perpetrador/a, hombre, mu-jer, niño o niña, y quien sea el /la que reciba los golpes, abusos, acosos, in-

Frances Galache*

Cada 25 de noviembre se conmemora el día internacional contra la violencia de género. ¿O es el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres? ¿Es lo mismo? ¿Y la violencia doméstica? En abril de 2009 un hombre asesinó a su ex marido en Adra (Almería) y, aunque no era el primer caso conocido en parejas del mismo sexo, sí fue éste el crimen que abrió al fin el debate público. ¿Debía la violencia en parejas del mismo sexo ser incluida en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género? El que los conceptos no estén claros dificulta poder ofrecer las herramientas de defensa adecuadas a todo el mundo en todas las situaciones. El tema es delicado, sin duda, y parece haber caído de nuevo en la invisibilidad.

¿Violencia de género?Violencia en parejas del mismo sexo


MIRADAS

sultos, humillaciones o cualquier otra forma de violencia.

¿y en PaReJas del mismo sexo?Tras el crimen de Adra, como decía-mos, fueron muchas las voces que pi-dieron la inclusión de la violencia en-tre parejas del mismo sexo dentro de la Ley de Violencia de Género. Desde esta postura se afirmaba que violencia de género es aquélla que se da en cual-quier pareja con una relación de poder desigual, independientemente de su orientación sexual, es decir, cuando una de las dos personas ejerce su do-minio y fuerza sobre la otra.

Se promovió, en este sentido, una petición de firmas4 cuyo enunciado comenzaba con las siguientes mani-festaciones:

“El actual Código Penal no ampa-ra a las victimas gay-lésbicas de violencia doméstica, ya que por un lado las medidas penales no se aplican con la debida celeridad (órdenes de alejamiento, protec-ción laboral,...), dependen de una interpretación poco clara por parte de jueces, o no son tan gravemente penalizadas como la violencia ma-

chista hacia las mujeres, y por otro lado las víctimas gays y lesbianas no tienen acceso a los recursos sociales (jurídicos, psicológicos, ayudas sociales, centros de acogi-da,...) que ofrece la actual Ley de Violencia de Género. En los tribunales de justicia se está tratando actualmente la violen-cia en los hogares homosexuales como una violencia entre dos des-conocidos, y se niegan a recono-cer que son igual familia que una pareja heterosexual. ¿Qué diferen-cia hay entre la violencia domés-tica entre parejas homosexuales y parejas heterosexuales? Si para el matrimonio son igualers, tam-bién hay que tener iguales medi-das de protección en la violencia doméstica”.

Se solicita, por tanto, que los casos de violencia doméstica en parejas del mismo sexo obtengan el mismo ampa-ro judicial y asistencial que los de vio-lencia doméstica en parejas formadas por un hombre y una mujer. Esto nos lleva a analizar el espíritu de la ley y la intencionalidad de crear los Juzga-dos de Violencia contra la Mujer.

“Si el miedo reside en que quienes imparten justicia puedan discriminar a las parejas homosexuales, existen herramientas para alegar la vulneración de los derechos más básicos por razones de discriminación

”Analicemos la legislación a la luz de las definiciones citadas más arriba. La exposición de motivos de la Ley de Medidas de Protección Integral con-tra la Violencia de Género sostiene que “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito priva-do. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigual-dad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capa-cidad de decisión.”

En este sentido, se establece en su artículo primero que su objeto es “actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las rela-ciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relacio-nes similares de afectividad, aun sin convivencia.” En ella se incluye todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.

El Capítulo I establece y regula los juzgados de violencia sobre la mujer, que sólo pueden conocer en el orden penal de cualquier caso de violencia contra las mujeres cuando se produz-ca en el marco de una relación senti-

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MIRADAS

mental5. Cabría plantearse si no debe-ría poder juzgar también otros casos de violencia machista, pero ésta sería una cuestión a tratar en otro espacio.

¿PoR tanto?Decíamos al inicio de este artículo que la violencia de género es “la violen-cia ejercida contra las mujeres como resultado de las expectativas de roles sociales en el marco de una relación patriarcal y androcéntrica”. Cierto es que la sociedad patriarcal no sólo asigna un determinado rol a las muje-res (sumisión, obediencia, debilidad, comprensión, paciencia infinita, etc.), sino también a los hombres (fuerza, liderazgo, dominación, capacidad de decisión, etc.); construcción social del género que, como decíamos, constitu-ye una violencia en sí misma contra las mujeres.

Dado que cualquier persona que se desvíe del camino marcado por el patriarcado se enfrenta a la, por des-gracia, consecuente violencia social, son muchas las personas que postulan que la violencia de género atenta con-tra mujeres y hombres por igual.

Yo, sin embargo, disiento de dicha conclusión. Un hombre que no cum-ple las expectativas de su rol social, sea o no por cuestiones de orientación sexual, será objeto de violencias so-ciales, cierto, pero dicha violencia, injusta y condenable, por supuesto, se dirige contra él como individuo, por haber tomado dicha decisión. Una mujer que decida incumplir las normas sociales patriarcales también sufrirá dicha violencia y también será como individuo. La cuestión es que las mujeres, además, hagan lo que hagan, cumplan o no con las expec-tativas de su rol patriarcal del género femenino, siempre se verán violenta-das por el mero hecho de ser mujeres, es decir, siempre serán sujetos de la violencia de género. Ésta, sin embar-

go, no afecta a los hombres, pues es a ellos a quienes la sociedad patriarcal ha reservado la posición dominante y de poder por el mero hecho de ser hombres.

No quiero decir con esto que los hombres que sufran de violencia por parte de sus parejas no merezcan pro-tección. Coincido en que la pena deba ser superior a la de cualquier caso general de violencia al producirse en el marco de una relación sentimental y de afectividad es decir, en una re-lación de superioridad, debiéndose aplicar la agravante por parentesco, pues tal relación de superioridad será individual y no social.

Por todo ello, considero que la so-lución no debe venir de la ley de vio-lencia de género ni impartida por los juzgados de violencia sobre la mujer. Si el miedo reside en que quienes im-parten justicia puedan discriminar a las parejas homosexuales, existen he-rramientas para alegar la vulneración de los derechos más básicos por razo-nes de discriminación; herramientas que, sin embargo, hasta la aprobación de la ley de violencia de género y la creación de los citados juzgados no existían para compensar la doble vio-

1 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 2 UNFPA: Strategy and Framework for Action to Addressing GBV, 2008-2011, p. 7. Traducción libre de la autora.3 Beatriz Preciado (Burgos, 1970). Filósofa. Su primer libro, Manifieste Contra-Sexuel (Balland, 2000), fue aclamado por la crítica francesa como el libro rojo de la teoría queer y

traducido a varios idiomas. 4 En Change.org se puede consultar la petición “Por la inclusión de las parejas homosexuales en la Ley de Violencia de Género”, dirigida a José Luis Rodríguez Zapatero, presidente

entonces del Gobierno de España. 5 Ver artículo 44.1 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 6 El Diario Montañés (2009): “La violencia de género sólo es del hombre hacia la mujer, según la ley. El presidente de la Audiencia dice que la Fiscalía General del Estado sostiene

claramente que la Ley no ampara a parejas homosexuales”. 13/06/2009. Disponible en www.eldiariomontanes.es.

*Frances Galache es feminista, abogada y doctora en Derecho.

“Equidad no significa que a todo problema se le aplique la misma solución, sino que ésta sea adecuada y con ella nos acerquemos a una igualdad de derechos y oportunidades real

”

lencia a la que se enfrentaban las mu-jeres por el mero hecho de serlo.

En este sentido se pronunciaba el presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria6, José Luis López del Moral, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al mani-festar que “La violencia de género es un ‘concepto cultural’ basado en la si-tuación de desigualdad histórica y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres ‘y así lo recoge la Ley Integral de Violencia de Género y la Ley de Cantabria’. Por eso, a su juicio, requiere que ‘el agresor sea el hombre y la víctima una mujer”.

Nos costó mucho conseguir la aprobación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violen-cia de Género y la puesta en marcha de los juzgados de violencia sobre la mujer, razón por la que son peligrosas las críticas que puedan llegar a jus-tificar su derogación o que busquen desvirtuar su justificado objetivo, máxime en nuestra actual situación sociopolítica. No obstante, se pue-den y deben proponer correcciones y medidas complementarias, integradas cuando se trate de cuestiones relacio-nadas con la violencia de género y se-paradas cuando éste no sea el caso.

Debemos cuidar al máximo el len-guaje y, a la vez, ofrecer soluciones equitativas. En el caso que nos ocupa, éstas deberían encontrarse al margen de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Géne-ro. Pues equidad no significa que a todo problema se le aplique la misma solución, sino que ésta sea adecuada al caso y que con ella nos acerquemos a una igualdad de derechos y oportu-nidades real y efectiva, con indepen-dencia del sexo y/o de la orientación sexual, entre otras.q

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Políticas sociales en América Latina, cuestión de justiciaLas políticas sociales suponen tanto para la vida de las personas y son capaces de afectar a la distribución de los recursos materiales de tal manera que son una cuestión fundamental para medir los avances o retrocesos hacia el cumplimiento del primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. En este dossier de Pueblos - Revista de Información y Debate, incluimos artículos sobre las políticas sociales de cinco países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador y Venezuela), artículos que muestran el interés de quienes gobiernan en esos países hacia esas medidas destinadas a elevar el nivel de vida de la gran mayoría de la población mediante la distribución de la riqueza. Nos dicen mucho, por extensión, del interés que tienen en que se cumplan los derechos humanos.

Revista de Información y Debatewww.revistapueblos.org

Dossier n Número 60Primer trimestre n 2014


Rosaura Audi*

plementó el plan Jefes y Jefas de Hogar, que buscó atajar la situación de pobreza escandalosa al otorgar un aporte a cambio de trabajos co-munitarios para las per-sonas desocupadas. Se inscribieron muchas más personas de las que se calculaba que podían ac-ceder a él y con los años se convirtió más en un subsidio que en un inter-cambio.

Otro momento que debe comentarse es la llegada en 2006 de Ali-cia Kirchner, hermana del presidente, al Mi-nisterio de Desarrollo Social. Empleados de esa cartera describieron a esta doctora en Traba-jo Social como un motor

Pensar en la política social en Argentina equivale a hablar de un retorno de la presencia y la intervención del Estado para reducir la pobreza que, tras la dictadura y el establecimiento del neoliberalismo, llegó en 2001 a casi el 60 por ciento. Puede decirse que hoy la madre de esa recomposición es la Asignación Universal por Hijo (AUH), que da cobertura a 3,6 millones de niños y niñas en edad escolar. Esa acción se complementa con el apoyo al trabajo cooperativo. Hay, no obstante, un núcleo de pobreza persistente. Para la oposición al gobierno falta articulación de los planes a nivel nacional y es necesario universalizar-los y que estos salgan de un circuito, dice, clientelar.

“Ésta fue la década ganada por todos los argentinos por las co-sas que hemos logrado. Se pue-

de ganar una elección, pero se puede perder el gobierno. Hablo de década ganada en términos de recuperación social, económica, de igualdad de los 40 millones de argentinos”. Cristina Fernández de Kirchner pronunciaba estas palabras al inaugurar en 2013 las sesiones legislativas. Hablaba del pe-ríodo iniciado en diciembre de 2003, cuando asumió la presidencia su espo-so Néstor Kirchner y planteó un quie-bre con la política neoliberal que se venía implementando en el país y que, dos años antes, había causado una de las peores crisis económicas, políticas y de desintegración social.

En la actualidad, los planes y pro-gramas sociales son muchos y varia-dos y dependen de diversos ministe-rios. Debe mencionarse que fue en el gobierno de transición de Eduardo Duhalde (2002-2003) cuando se im-

La justicia social y la igualdad requieren de un Estado fuerte

Argentina

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Políticas sociales en América Latina, cuestión de justicia n DOSSIER

”“ La lamentable lógica

del clientelismo estaba incluso asumida por

los más necesitados, cautivos de un círculo que

poco tenía de virtuoso

deCisiones polítiCasPero antes de la puesta en marcha de la AUH hubo una decisión política trascendental. En 2008 el gobierno resolvió eliminar el sistema de capita-lización de las pensiones, por el cual determinadas empresas privadas, lla-madas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), ges-tionaban el dinero de la previsión so-cial. Se trataba de una de las reformas privatizadoras realizadas por Carlos Saúl Menem durante sus diez años de presidencia.

A partir de esta medida, la Admi-nistración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)1, con mayores recur-sos para derivar hacia una política de bienestar social, se convirtió en la ad-ministradora de la asignación por hijo. Un dato no menor sobre la AUH es que no sólo es percibida por las y los niños argentinos, sino también por los extranjeros que cuentan con residen-cia legal en el país, un aspecto critica-do por los sectores más reaccionarios.

Para varios partidos opositores al gobierno, un problema de la AUH es que no es universal. “En términos generales, lo que establecíamos era una visión de políticas universales, no sólo para revertir la pobreza. Quería-mos determinar cuál era allí el rol del Estado y terminar con la creación de planes clientelares, que generan me-canismos de extorsión y acumulación de poder para el gobierno o un parti-do”, dijo Fernanda Reyes, economista y ex diputada por la Coalición Cívica y representante de la alianza Unen.

Esta economista manifestó que la asignación tendría que tener el eje en una “red social con acceso a la igual-dad, educación y salud”, así como fi-nanciación “a través de una reforma tributaria, mediante el impuesto a las ganancias, sin intermediarios”. Fer-nanda Reyes planteó que otros proble-mas de la asignación son la inflación y que el plan “sigue de alguna forma ligado a la situación laboral de sus pa-dres. No está ligado a la situación del niño sino al empleo”.

La crítica por la inflación, que según consultoras privadas va del 20 al 25 por ciento, fue también reali-zada en noviembre por el titular del

silencioso e imparable. Explican que cuando tomó la gestión ella misma recorría las escaleras del edificio para conseguir hojas y personal. De allí movilizó el aparato ministerial a los territorios. El Ministerio de Trabajo, a cargo de Carlos Tomada, y el de Pla-nificación Federal, a cargo de Julio de Vido, son también ejes del articulado de políticas sociales. Aunque otras se-cretarías, como la de Deportes, y or-ganismos, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial o el Instituto Nacional de Tecnología Agropeacua-ria, participan de los programas.

Fue en 2009 cuando se incorporó la Asignación Universal por Hijo, que cobran todos las niñas y niños meno-res de 18 años (con los requisitos de ir a la escuela y tener asistencia sani-taria) y las personas discapacitadas de todas las edades. La iniciativa tuvo un antecedente presentado en el Congre-so por la opositora Coalición Cívica años antes. Hoy, la AUH es destinada a las familias cuyos padres están des-ocupados y a los que tienen ingresos por debajo del salario mínimo.

Un informe del Ministerio de De-sarrollo Social indica que “las polí-ticas públicas destinadas a la niñez están vinculadas fuertemente con el fortalecimiento de las familias y las comunidades a través de la organi-zación social”. Distintos indicadores dan cuenta del impacto positivo lo-grado en este sentido, según los datos del Ministerio: la reducción de la po-breza (del 54 por ciento en el primer semestre de 2003 al 5,4 por ciento en el segundo semestre del 2012); la re-ducción de la indigencia (del 27,7 por ciento al 1,5 en el mismo periodo); la mejora de los índices de educación y de salud; la bajada de la mortalidad infantil (del 16,5 por mil en 2003 a 11,7 por mil en 2011) y la creación de puestos de trabajo y la reducción del índice de desempleo, que pasó del 20,4 por ciento en el primer trimestre de 2003 al 7,9 por ciento en el primer trimestre de 2013. La AUH, que de-pende del Ministerio de Trabajo, se extendió luego a las embarazadas, con lo cual también comenzaron a cobrar la asignación las mujeres a partir del tercer mes de gestación.

Episcopado, monseñor José María Arancedo: “El gobierno ha puesto preocupación con los planes de tra-bajo, pero los planes tienen un límite. Sirven para sostener un momento que posibilita un consumo, pero llega a un término en que tenemos que insistir en la creación de trabajo”, aseveró en declaraciones a una emisora de radio.

CaMbio de paradiGMa“La década ganada en políticas so-ciales estuvo marcada por el cambio de paradigma. La mirada se posó so-bre los derechos, en la invención de nuevas herramientas y técnicas, en el abordaje integral, intersectorial y te-rritorial, todo esto en el marco de un proyecto nacional, popular y demo-crático”, expresa Alicia Kirchner en un libro reciente, titulado Los dere-chos sociales son derechos humanos.

En ese cambio de paradigma que plantea, comenta que “el asistencialis-mo y las conductas de politiquería eran prácticas arraigadas, donde la lamen-table lógica del clientelismo estaba in-cluso asumida por los más necesitados, cautivos de un círculo que poco tenía de virtuoso”. Plantea allí la necesidad de cambio que, afirma, comenzó ya a implementarse y que tiene que ver con “construir una política social de dere-chos y equidad territorial integrando acciones con los diferentes actores so-ciales”. Asevera que “la enumeración de cambios que se han producido” en estos diez años “colocan a las políticas sociales, muchas veces invisibilizadas por los formadores de opinión públi-ca, como la columna vertebral de este proyecto político”.


DOSSIER n Políticas sociales en América Latina, cuestión de justicia

*Rosaura Audi, periodista argentina, forma parte del consejo de redacción de

Pueblos - Revista de Información y Debate.1 Ver: www.anses.gob.ar.

”

“Estos movimientos cooperativos son resultado de un grado de organización que se corresponde a un crecimiento político de la sociedad argentina, pero la organización en sí no hubiera podido crecer sin dinero de Desarrollo Social

Distinta es la visión de Fernanda Reyes, quien habló de década perdida y manifestó que uno de los problemas centrales de la política social del kir-chnerismo es que los diversos planes y programas están “desarticulados y desfocalizados”, por lo cual conside-ró que “hay que redefinir las políticas sociales en el país”.

el apoyo al CooperativisMoArgentina trabaja, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, es otro programa. Incluye planes como Manos a la Obra, Microcréditos a fa-milias y Marca Colectiva, entre algu-nas opciones de reparación del tejido social. A esta lista hay que agregar el Trabajo Autogestionado, de la cartera de Trabajo, y el plan habitacional Pro-crear, una línea de créditos accesibles para el acceso a la vivienda.

“Sin duda, la política social fun-ciona”, precisó el periodista argen-tino Alberto Ferrari, quien destacó que hubo “mucho apoyo a las coope-rativas, una tarea que va a quedar al margen de lo que venga después del 2015”, año en el que habrá elecciones presidenciales. “Han destinado mucho dinero a proyectos cooperativos al in-terior del país. Hubo también para los pequeños productores rurales, como el plan Capital Semilla (créditos a tasa cero para miniproductores), que poco se conoce”, dijo.

Según datos oficiales, hay 200 polos productivos de cooperativas de un piso de 30 integrantes cada uno en el país. Ferrari consideró que la activación de las cooperativas fue “un trabajo compartido”. Por un lado “estos movimientos cooperativos son resultado de un grado de organización que se corresponde a un crecimiento político de la sociedad argentina, pero por otro lado la organización en sí no hubiera podido crecer en demasía si no hubiesen recibido dinero del Mi-nisterio de Desarrollo Social”.

En efecto, hay cooperativas que surgieron de la experiencia organiza-tiva de la lucha contra el hambre y la búsqueda de oportunidad de empleo

tras la destrucción de la industria na-cional de la era neoliberal. Militantes piqueteros que salían a las calles a pe-dir medidas para alimentar a cientos de miles de familias, lograron trans-formar, con mucho esfuerzo, esa or-ganización de base en cooperativas de trabajo compuestas por grupos familiares. Es ese sector el que pudo aprovechar la presencia estatal para conseguir maquinaria pesada o ca-pacitación que ayudara a mejorar su emprendimiento.

el deporte arranCa en el barrio Ferrari mencionó otro caso de po-lítica social en funcionamiento. Es una iniciativa de Desarrollo Social con la Secretaría de Deportes, me-diante acciones que apuntan a sacar a niños y adolescentes de las calles y las drogas. Existen ligas deportivas amateur que funcionan en el Centro Recreativo de Ezeiza, en la provin-cia de Buenos Aires, que movilizan a unas 50.000 personas.

Ese gran predio fue creado y acti-vado durante los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón (1946-1955) y luego fue abandonado. Durante la gestión kirchnerista se recuperó el lu-gar y fue reconstruido con el trabajo de cooperativas. El círculo consistió y consiste en la reconstrucción, el tra-

bajo de los clubes de barrio y las ligas deportivas. “Eso ayuda a recomponer el tejido social y laboral. Estamos ha-blando de gente que no tiene cabida en otro lugar si no es insertada en una cooperativa”, consideró Ferrari.

los que quedaron afuera Hay, no obstante, lo que llaman el nú-cleo duro de pobreza, que persiste a lo largo de los años y las generaciones. “Es cierto que hay un núcleo que no va a entrar al mercado laboral de nin-guna manera. Y ahí tienen que apuntar los planes sociales para que la gente empiece a producir”, planteó Ferrari.

En tanto, en una entrevista al dia-rio Página 12, la trabajadora social e investigadora de la Universidad de Buenos Aires Adriana Clemente ex-plicó que “la problemática de la po-breza persistente debería entrar bajo la misma pauta, pero sabiendo que con esas mejoras y la reactivación del mercado no se revierte una situación de décadas. La pregunta es cómo está llegando el servicio a los territorios, no cómo está ese servicio esperando que lleguen las familias. Esto quedó muy instalado después de que explo-tó la demanda en 2001, los servicios públicos no generaron más demanda y eso ya debería hacerse porque la ins-titución pública se puso de pie y tiene buenos recursos”.

Precisó que si se toma como base la última Encuesta Permanente de Ho-gares que realiza el Instituto de esta-dísticas y Censos (INDEC, organismo que al menos en la determinación de la inflación es muy cuestionado), “es-tamos hablando como mucho de unos 300 mil hogares a nivel país”. Según Adriana Clemente, “si vas a un asen-tamiento, tienes que saber que estos hogares están ahí; pero si lo conside-ras de forma homogénea, se pierden de vista y se genera una política social para el conjunto que va a seguir sin llegarles a estas personas”. Al igual que la economista Fernanda Reyes, Clemente piensa que se requieren políticas focalizadas para ese sector, estrategias especiales.q


Laura Daudén*

Governo da bahia (brasil).

Logros, críticas y futuro del Programa Bolsa Familia en Brasil

Fácil entender lo que mueve el debate: hoy, 13,8 millones de familias (es decir, cerca de

50 millones de personas, casi un cuarto de la población del país) se benefician del PBF. Según datos del Gobierno, más de 36 millones de personas ya salieron de la pobreza extrema desde el inicio del programa, aunque se pueda contestar la arbitra-riedad de la tenue línea económica, política, social e ideológica que mar-ca ese ascenso. No se quiere decir aquí que las familias no tengan el legítimo derecho de intentar garanti-zar a través del voto (que es obligato-rio) la manutención de los beneficios sociales y económicos que les fueron (y todavía son) negados sistemáti-camente por las elites políticas. Lo que se intenta señalar es la utilización electoral del debate, lo que supone una importante pérdida de oportuni-

La ministra de Desarrollo Social de Brasil, Tereza Campello, ha afirmado

recientemente que ya no se discute quien está a favor o

en contra del Programa Bolsa Familia (PBF) del Gobierno Federal. Aunque ignore las persistentes críticas desde

la derecha o la izquierda, la afirmación refleja con claridad

el debate político alrededor del mayor proyecto de

transferencia de renta del mundo: gobierno y oposición

no avanzan en la discusión sobre las necesarias mejoras

del Bolsa Familia, sino que empeñan sus energías en disputar la autoría de este

programa, que cumplió diez años en octubre, para

capitalizar políticamente sus innegables logros sociales.

dad para discutir las deficiencias y limitaciones del programa.

No es un problema nuevo, sino que se renueva a cada ciclo electoral. El Bolsa Familia en su forma actual fue creado en 2003 por el entonces presidente, Luiz Inácio Lula da Sil-va, pero nació de la conjunción de proyectos asistenciales del Gobierno anterior, de Fernando Henrique Car-doso. Resentida con el éxito y la re-percusión internacional del modelo, la oposición social-demócrata renegó del PBF muchos años. La estrategia, como era evidente, no se podría man-tener por mucho tiempo y, frente a su incapacidad de encontrar eco en la opinión pública, los opositores al Partido de los Trabajadores reciente-mente se sumaron al mayoritario coro que defiende el programa. El cambio se verificó, incluso, en el discurso de los medios de comunicación: la cele-



”“ Se perciben

políticas contradictorias en otras esferas

del Gobierno: congelación de la reforma agraria

y políticas desarrollistas

*Laura Daudén es periodista e investigadora brasileña. Forma parte del consejo de redacción de

Pueblos - Revista de Información y Debate.

bración de los diez años de PBF sus-citó extensos y elogiosos reportajes, aunque siempre recordando a la masa más pobre que se trata de una conce-sión limitada, no de un derecho.

Modelo exitosoLos diez años del PBF permiten que, por primera vez, se puedan analizar con algo de distancia los efectivos logros y deficiencias del proyecto, lo que abre un camino menos polarizado de debate sobre los próximos pasos para la superación de la desigualdad en Brasil. Los datos que exponemos a continuación intentan contextualizar los límites del programa y presentar, a grandes rasgos, el impacto que éste tuvo en el país.

El valor medio del beneficio men-sual transferido a las familias es de 152 reales (48,2 euros). Cuando fue creado, era de 74 reales, o 21,4 euros (en valores de entonces). El sueldo mínimo en Brasil es de 678 reales, o 215 euros. Esto invalida uno de los principales argumentos de la derecha: que las y los pobres se convertirían en “vagos” y dejarían de trabajar para vivir del programa: si la persona que trabaja recibe el mínimo garantizado por ley, no le compensa dejar su em-pleo. Las familias atendidas viven una privación económica tan aguda que 150 reales suponen una diferencia tre-menda en sus presupuestos (el límite de ingreso mensual per cápita para ad-herirse al programa es de 140 reales).

El Bolsa Familia hoy consume al-rededor de 0,5 porciento del Producto Interior Bruto (PIB) brasileño, lo que demuestra que el proyecto es muy ba-rato para la administración, pese a que su impacto en las economías de las ciudades más pobres y pequeñas del interior sea enorme. Aunque no re-presente una prioridad presupuestaria para el Gobierno, numerosos especia-listas apuntan a que el PBF fue el mo-tor de la asistencia social en el país. En 2002, antes del programa, esa área recibía apenas el 3,2 por ciento de los recursos federales. Hoy representa el 9,2 por ciento de los gastos.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) ha aumentado sustancialmente en los últimos años. En el 2000, según

el Instituto de Investigaciones Apli-cadas (Ipea), el 41 por ciento de los municipios brasileños presentaban un IDH muy bajo. En el acumulado entre 1991 y 2010, el IDH de los municipios brasileños creció un 47,5 porciento.

El perfil de las personas bene-ficiarias fue descrita en un reciente informe, también del Ipea. El 72 por ciento de las y los inscritos son extre-mamente pobres (menos de 70 reales mensuales per cápita); alrededor del 64 por ciento de las cabezas de fami-lia no completaron la enseñanza fun-damental y la mitad de los recursos es absorbida por habitantes de la región Nordeste, la más pobre, al lado de la región Norte. Apenas el 38 por ciento de las personas inscritas poseen, a la vez, agua y sistemas de recolección de desagües. Otro estudio, elaborado en 2008 por el Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Iba-se), muestra que el 94 por ciento de los titulares del PBF son mujeres y el 64 porciento son negras o pardas.

desafíos y ContradiCCionesEl innegable impacto social del Bolsa Familia se encuentra en disputa con su importancia simbólica. No está condi-cionado a la capacidad de trabajar de la persona beneficiaria o a la compro-bación de la renta, como sucede en países como Chile. Además de faci-litar la adhesión, la auto-declaración de la renta muestra que, más que un proyecto de asistencia, el PBF tiene un fuerte carácter político-ideológico y reconoce la histórica concentración de renta en Brasil, fuertemente marca-da por siglos de esclavitud y sujeción

de la mayoría negra y pobre. Otro importante avance fue la creación de un registro único de beneficiarios y beneficiarias, que permite identificar, clasificar y controlar su alcance.

Asimismo, no se pueden dejar de lado algunas limitaciones. Es-pecialistas como la socióloga Wal-quiria Domingues Leão Rego, de la Universidad de Campinas, defienden que el programa se convierta en un derecho constitucional. La misma vi-sión comparte el antropólogo estado-unidense Gregory Duff Morton, que vivió dos años en una de las regiones más pobres del Estado de Bahia para estudiar el impacto del PBF. “El Bolsa Familia no es un derecho, es un pro-grama social. Eso provoca ansiedad porque las personas que reciben el beneficio saben muy claramente que puede acabar en cualquier momento. No hay garantías”.

Pero las críticas van más allá. El sociólogo Francisco de Oliveira, uno de los más importantes pensadores de la izquierda brasileña, afirmó re-cientemente que el programa es una “declaración de fracaso”: “creo que el Bolsa Familia es una política con-servadora que atiende una dimensión de la miseria popular, pero no ofrece promesa de transformación”, dijo.

Esa visión gana fuerza cuando se percibe la adopción de políticas con-tradictorias en otras esferas del Go-bierno. Por mencionar apenas algunas: la falta de distribución de tierras, con la congelación de la reforma agraria, y las políticas desarrollistas especial-mente en la Amazonia, que están ten-sionando la frontera agrícola, despla-zando poblaciones y sobrecargando las estructuras de pequeñas ciudades, así como la nefasta política económi-ca, con tasas de interés del diez por ciento (una de las más altas del mun-do), en la exportación de commodities y en la industria extractiva. Para ga-rantizar la efectividad del programa, el Gobierno (sea el que sea a partir del año que viene) tendrá que hacer frente a problemas aún más estructurales y profundos que la pobreza.q


DOSSIER

Alberto Bejarano S.*

La condición de interlocutor de Juan Manuel Santos en la mesa de negociación le está sirviendo

para avalar su aspiración de volver a ser presidente. ¿Cuál es la agenda que pretende reelegirse en Colombia y cuál ha sido su desarrollo a lo largo de este periodo? Durante estos últimos meses se han discutido los términos para la negociación política con las FARC, pero a la vez se ha impuesto en el país un modelo de administra-ción que ha exacerbado la inequidad,

el abuso de la posición dominante de los bloques corporativos y la entrega de los recursos a transnacionales y grandes inversionistas.

El arranque del Gobierno de San-tos evidenció la imposición de una vigorosa agenda legislativa de la lla-mada Unidad Nacional a partir de proyectos como la ley de víctimas y tierras, el de sostenibilidad fiscal, el de regalías, la ley de primer empleo, la reforma del sistema sanitario, el plan nacional de desarrollo, la ley de segu-

ridad ciudadana o la ley de ordena-miento territorial. Desde los primeros días de mandato quedó claro el duro proyecto de gobernabilidad neoliberal (el mismo que ha colapsado Europa) y un régimen de mercantilización ex-trema de lo público y el territorio. La esencia de este proceso se confirmó a partir del nuevo periodo del Congreso, cuando en marzo del 2011 se presentó de forma definitiva el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, subtitulado Prosperidad para todos.

A nadie escapa la importancia y necesidad histórica de lograr acuerdos de paz en

Colombia que permitan la terminación de las hostilidades entre la guerrilla de las FARC y

el Gobierno. Sobre esto hay suficiente voluntad política acumulada, voluntad que permite señalar

que se trata de un propósito que se abre espacio en la sociedad colombiana, con expectativas y esperanzas.

Pero, en medio de las conversaciones de la Habana, se desarrolla una de las agendas más retrógradas de América, por parte de un Gobierno que aspira a reelegirse para,

dice, “consolidar la Paz”.

Bajo la negociación política acerca de la paz se esconde la tenaza

del Gobierno de Santos

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boGotá. fotoGrafía: osCar paCienCia.

a la ley 975 que introduce una nueva lógica que supone investigación y juz-gamiento de graves hechos criminosos en bloque y que, sobre la base de prio-rizar la determinación de las conduc-tas y procesos de macro criminalidad, implica una mayor desinstitucionali-zación del procedimiento penal, de la responsabilidad individual en materia criminal y un reforzamiento de la con-cepción que termina subrogando el de-recho penal sustantivo y la capacidad del Estado de administrar justicia¸ en favor de los procesados, sindicados, investigados, acusados y condenados de concertar, organizar, planificar y encubrir graves violaciones a los de-rechos humanos.”

En consonancia con lo anterior, se aprobó en último debate en la plenaria del Senado la reforma constitucional que aprueba la ampliación del Fuero penal militar; una iniciativa que im-plicó el desmonte del modelo de jus-ticia penal militar existente hasta la fecha y que implicó la creación de un nuevo Tribunal de Garantías Penales, bajo la hegemonía de la Asociación de Militares en Retiro, para dirimir las competencias de la Justicia Penal militar en casos en que se presenten imputaciones a militares activos por violaciones a los derechos humanos.

la CoMpra-venta de todoA esta agenda se sumó la aprobación en sesiones extraordinarias del Sena-

do a finales de diciembre del 2012 de la reforma tributaria (Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012). Esta aproba-ción concentró todos los esfuerzos del Gobierno, que utilizó todos los recur-sos propios del clientelismo para mo-vilizar a la bancada oficialista y apro-bar en tiempo extra la iniciativa. Estos movimientos expresaron de forma inequívoca la impronta antipopular, corporativa y profundamente inequi-tativa de la política económica y fiscal de la administración Santos.

Esta reforma, a todas luces ancla-da en el credo neoliberal, fue conce-bida ocultando la idea de proteger a los grandes capitales en tiempos de recesión económica y de continuar castigando los menguados ingresos de los sectores que han cargado his-tóricamente con la carga de las crisis. A su vez, esta reforma desmontó la parafiscalidad que sostiene al Servi-cio Nacional de Empleo (SENA) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Existe un grave ries-go de desfinanciación estatal de estas entidades, inminente con la reforma fiscal.

En el primer semestre del 2013 se acometió la reforma del sistema de sa-lud. Su trámite en el Congreso se di-vidió en dos proyectos de ley: uno de carácter estatutario, que regula el dere-cho fundamental a la salud, declarado por la sentencia T -760 del 2008 por la Corte Constitucional; y otro median-

plan de desarrollo2010-2014El Polo Democrático se opuso en el Senado a la aprobación del Plan Na-cional de Desarrollo 2010-2014, ex-plicando lo siguiente1: “Dicho plan, bajo el lema ‘El mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario’, atentó contra la so-beranía, la idiosincrasia y la identi-dad nacional, a través de la compra y venta de todo. Así lo constatan los tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea; y el compendio de normas que se expresaron en el Plan de Gobierno y que se plantea-ron de forma agresiva la entrega de territorios, áreas estratégicas y zonas de reserva natural a grandes mega-proyectos e inversionistas en materia minera, energética y de monocultivos con la cesión unilateral del petróleo, el coltán, el carbón, el oro, el níquel, el gas, la flora y la fauna, y en general los recursos naturales, incluida la tie-rra, con un gravísimo costo ambien-tal, social y cultural, que amenaza con daños irreversibles al territorio en Colombia.”

Del 20 de julio de 2011 al 16 de junio del 2012, el balance político estuvo marcado por el escándalo polí-tico más sonado de la administración Santos y su bancada de Unidad Na-cional en el Congreso, a partir de la frustrada aprobación del proyecto de acto legislativo Reforma a la Justicia. Gracias al masivo rechazo que generó en la opinión pública, el Ejecutivo y la bancada oficialista se vieron en la obligación de retirar este proyecto.

La bancada de la Unidad Nacional aprobó igualmente en este periodo el proyecto de ley que ampliara las facul-tades de la Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005, preservando y profundi-zando las garantías a “los victimarios” sobre la base de la investigación e im-putación de cargos en bloque.

El senador Alexander López2, en su constancia de voto negativo, ex-plica: “Ahora para superar las contra-dicciones de haber legislado para los victimarios antes que para los intere-ses generales de la sociedad y de las víctimas, se nos propone una reforma


DOSSIER

*Alberto Bejarano S. forma parte de la Unidad Técnica Legislativa H.S. Alexander López Maya.

1 Ver en www.polodemocratico.net.2 Plenaria del Senado el martes 17 de octubre del 2012. Constancia de voto negativo al proyecto de Ley 193 de 2011. 3 En abril, Alexander López enviaba una carta el presidente de la República en la que se podía leer lo siguiente: “Señor presidente, como senador de la República y como ciudadano

colombiano, le manifiesto que tiene usted la gran oportunidad de brindarle a los colombianos un nuevo esquema de telefonía móvil en Colombia que garantice cobertura, calidad y bajos costos tarifarios a los usuarios de este servicio, tomando la decisión de no continuar con los contratos de concesión, de los operadores Claro y Movistar que vencen el próximo 31 de marzo del año 2014, ya que la Constitución y la ley así lo establecen, toda vez que para esta fecha no hay ninguna posibilidad de mantener dichas concesiones. Esta es, señor presidente, una histórica oportunidad que tiene en sus manos de proteger a los colombianos del abusos de estos dos operadores, creando un nuevo mercado plural con nuevos y más operadores y con mayor regulación de la oferta que surja de repensar la actual subasta del espectro y el final de la concesión de la TMC, permitiendo alcanzar soluciones de fondo a los problemas actuales del servicio ofrecido por el duopolio Claro-Movistar que domina la oferta de servicios que forzosamente tienen que utilizar los colombianos, incluyendo la propia casa presidencial.”

4 Ver en www.mintrabajo.gov.co/tlc-plan-de-accion-laboral.html.

”

“Los esfuerzos de Santos no sólo son incipientes y precarios, sino que parecen estar más orientados a apaciguar reclamos de socios externos que a resolver las reclamaciones de justicia laboral y respeto por la autonomía sindical

intermediacion privada en la atención y prestación de la atención en salud.

El trámite de esta nueva ley ha encontrado fuerte y masiva resisten-cia entre las y los médicos, residentes y otros trabajadores de la salud, así como entre estudiantes y organizacio-nes de pacientes. El polémico proyec-to continuará debatiéndose en 2014.

apaCiGuar a los soCios El primer semestre de 2013 registró también un fuerte debate liderado por el senador Alexander López en contra de la política de desmantelamiento de las empresas estatales de telecomuni-caciones mediante la consolidación de la entrega al duopolio Claro - Mo-vistar del espectro radioeléctrico para la llamada operación 4G3.

En noviembre de 2013 fue conoci-do públicamente un informe oficial de James McGovern y George Miller al Congreso de Estados Unidos. En este informe se aseguran hechos tan graves como que existen serios elementos de juicio en los Estados Unidos que permiten señalar que el Gobierno de Colombia no está cumpliendo con los acuerdos en materia laboral, pactados e incorporados en el Plan de Acción Laboral, firmado por el presidente Santos para lograr la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Esta-dos Unidos en 2011.

Al mismo tiempo, según las cifras presentadas en el Senado por parte del movimiento sindical, en 2011 fueron asesinados 52 sindicalistas en Co-lombia. Un total de 557 sindicalistas ya habían sido asesinados durante el mandato anterior, del presidente Ál-varo Uribe, mientras que durante el gobierno actual fueron asesinados 62 sindicalistas. El número total de asesi-natos de dirigentes sindicales colom-bianos después de la firma del Plan de

Acción Laboral (PAL)4 entre los presi-dentes Santos y Obama supera el cen-tenar de casos, según registra la comi-sión de seguimiento del dicho Plan.

Los esfuerzos del actual presi-dente, Santos, y su joven Ministerio del Trabajo no sólo son incipientes y precarios ante las urgentes deman-das del sector laboral en Colombia, sino que, además, parecen estar más orientados a apaciguar los reclamos y preocupaciones de socios comerciales externos, como Estados Unidos, que diseñados para resolver las crecientes y angustiosas reclamaciones de justi-cia laboral y respeto por la autonomía sindical de las y los trabajadores co-lombianos.

Exponemos, a continuación, un solo ejemplo. La situación de los tra-bajadores petroleros en la región de la altillanura del Meta y Casanare ameri-tan especial atención con ocasión del boom del petróleo pesado, liderado por la política del presidente Santos y por la operación de transnacionales como Pacific Rubiales en el munici-pio de Puerto Gaitán. Acaban con el tejido social, las fuentes de agua, los recursos sobre el territorio y la con-vivencia en las áreas de exploración petrolera en medio de la superexplo-tacion de miles de trabajadores.

Así las cosas, el camino para la negociación política del conflicto será larga y exigente. La duda es si será necesario exculpar y avalar semejan-te proyecto de reelección presiden-cial, que podría, quizás, conducir a la mesa de negociación en La Habana, pero que en Colombia nos aleja cada vez más de una transición democrá-tica que supere las condiciones que generaron el conflicto y asolaron la sociedad.q

te una propuesta de ley ordinaria que reforma el sistema general de salud. Ambas son iniciativas del Gobierno, unidas por una línea programática transversal que pone de manifiesto sus profundas convicciones en la in-termediación neoliberal del derecho a la salud y la protección de los grandes intereses particulares y corporativos en la especulación con los recursos públicos destinados a salud.

En junio de 2013 fue aprobado en la plenaria del Senado de la República el proyecto de Ley Estatutaria 209 de 2013, que “regula el derecho funda-mental a la Salud” y dicta “otras dis-posiciones”. Esta ley tendría graves consecuencias para el interés general, pues con ella el sistema de salud no garantizaría en lo más mínimo el dere-cho fundamental a la Salud ordenado por la Corte Constitucional. Contiene, por el contrario, serias limitaciones al mismo y mantiene los ejes centrales del actual esquema de salud contem-plado en la Ley 100, con énfasis en la preservación de los márgenes de


DOSSIER

fotoGrafía: ConChi abasCal.

Políticas sociales en El Salvador:

actualidad, cobertura,

presupuesto, problemas

y retos

Margarita Posada*

Los Acuerdos de Paz generaron elementos muy importantes, como la constitución en partido

político de la fuerza insurgente aglu-tinada en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); la eliminación de los cuerpos represi-vos como la Guardia Nacional, Poli-cía de Hacienda y Policía Nacional; la reducción casi a un 30 por ciento de la

Fuerza Armada, la creación de la Poli-cía Nacional Civil y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Hu-manos para tutelar en este ámbito el accionar de las instituciones del Esta-do. El gran déficit de los Acuerdos de Paz se dio en materia económica: los dueños del país se mantuvieron hasta la fecha sin cambiar estructuralmente las causas que dieron origen a la gue-rra, como la tenencia de la tierra.

De 1989 a 2009 El Salvador estuvo gobernado por el Partido Neoliberal, de derecha radical, y la Alianza Re-publicana Nacionalista ARENA, cuya

gestión se vio caracterizada por pro-cesos de privatización que trasladaron a miembros activos de su dirigencia los activos del Estado, haciendo que servicios básicos como telefonía, pen-siones, distribución de energía eléctri-ca, bancos, hoteles, trámites de permi-sos y registros de vehículos pasaran a sus manos en muchas ocasiones de manera fraudulenta. A la vez, en este mismo periodo cerraron una serie de instituciones como el Instituto Regu-lador de Abastecimientos (IRA) y el Instituto de Vivienda Urbana (IVU). Son por hoy los dueños del partido

El Salvador, con sus 21.000 kilómetros cuadrados y 5,7 millones de habitantes, es uno de los países más pequeños de América Latina. Su historia se ha caracterizado por profundas inequidades entre personas ricas y pobres que han generado siempre conflictos sociales. Inequidades que, en la historia reciente desembocaron en una guerra civil que duró 12 años y que finalizó con los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados en enero de 1992. Hoy se trabaja, desde instituciones y organizaciones, para superar esta situa-ción y lograr una sociedad más justa e igualitaria.


Políticas sociales en América Latina, cuestión de justicia n DOSSIER

”“ En 2009 se inicia

una serie de cambios en las políticas sociales

que han tenido un impacto muy importante sobre todo

a nivel rural

”

“Los líderes y lideresas participan activamente

en las micro redes del Ministerio de Salud

haciendo propuestas y contraloría de la

efectiva implementación de la Reforma

ARENA quienes se benefician de la importación de granos básicos y de la construcción de vivienda mínima.

En materia de salud, durante el año 2002 el presidente Francisco Flores trató de privatizar los servicios del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Esto fue frenado por la lucha de la población, aunque se impuso el cobro de las mal llamadas cuotas voluntarias en los tres niveles de aten-ción del Ministerio de Salud, lo cual constituye una barrera de acceso a los servicios.

el CaMbio de 2009En marzo de 2009 se da un cambio sustancial que afecta de manera muy importante a los programas sociales: triunfa en las elecciones presidencia-les el Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Se inicia una serie de cambios en las políticas sociales, cambios que han tenido un impacto muy importante sobre todo a nivel rural, en comunidades por años olvidadas y sumergidas en condicio-nes de extrema pobreza.

De la totalidad de la inversión pública programada por el Gobierno para 2013, el 61,3 por ciento de la ejecución se destinó a proyectos de desarrollo social. Las políticas socia-les más importantes implementadas en este período se centraron en salud, educación, agricultura, vivienda y mejoras en la atención especializada hacia las mujeres.

iMportantes pasos en saludEn materia de salud, se ha diseñado de manera participativa y lanzado en 2010 un proceso de Reforma Integral de Salud que consta de ocho ejes:

Desarrollo de redes integrales e • integradas de servicios de salud. Sistema Nacional de Emergencias • Médicas. Respuesta a las necesidades de • medicamentos y vacunas. Trabajo intersectorial e intrasec-• torial. Instituto Nacional de Salud. • Participación social. Foro Nacio-• nal de Salud. Desarrollo de Recursos Humanos • en Salud.

Sistema Único de Información y • Planificación Estratégica.

La reforma tiene como objeto acercar los servicios a las comunidades más pobres a través de 481 Equipos Co-munitarios de Salud Familiar (ECOS) y 36 ECOS especializados. Abarca un total de 164 municipios, teniendo como criterio de instalación el mapa de pobreza extrema del país.

Un indicador de este esfuerzo es el incremento en la cobertura de la aten-ción prenatal de un 54,8 por ciento en 2008 a un 90,7 por ciento en 2012. En esta gestión se aprobó la Ley Nacio-nal de Medicamentos, con elementos muy importantes como la regulación de precios, que en su primer semestre de aplicación ha generado un ahorro de unos 31 millones de dólares a las familias salvadoreñas. Estas familias, ahora, pueden comprar los tratamien-tos completos, lo que se traduce tam-bién en una mejora para la salud de la población. Otro logro de la Ley ha sido la creación de la Dirección Na-cional de Medicamentos como ente rector, que prohíbe la participación de la industria farmacéutica en la regula-ción del sector, como había sido histó-ricamente. Se ha mejorado el nivel de abastecimiento de medicamentos del 50 (antes de la llegada del FMLN al Gobierno) a un 85 por ciento hoy.

Por primera vez se abre un espa-cio a la participación ciudadana como parte integral de la Reforma de Sa-lud, mediante la instalación del Foro Nacional de Salud como un eje de la Reforma. Se cuenta por ahora con 450 comités comunitarios en un total de 64 municipios. Los líderes y lide-resas participan activamente en las micro redes del Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL) haciendo propuestas y contraloría de la efectiva implementación de la Reforma.

Se ha elaborado e impulsado una política de salud sexual y reproducti-va con la que se ha logrado reducir la mortalidad materna de 56 mujeres por cada 100.000 niños nacidos vivos a 50,8 en el año 2011, superando desde este año el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 5, “mejorar la salud materna”, que planteaba llegar a 52,8 muertes maternas por cada 100.000

niños nacidos vivos. Este logro ha sido causa de reconocimiento inter-nacional por parte de la Organización Mundial de la Salud.

La inversión en salud en esta ges-tión ha sido la más alta de la historia, creciendo de 391.3 millones de dólares en 2008 a 628 millones en 2013, con lo que se ha alcanzado una inversión 2,45 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). La promesa de campaña era llegar al 5 por ciento del PIB, algo que no ha sido posible por la crisis fi-nanciera internacional y por los altos niveles evasión fiscal que tienen las grandes empresas, especialmente.

los avanCes en eduCaCiónSe está impulsado el Plan Social Edu-cativo con programas como Educan-do para la vida. En el marco de este programa se han desarrollado campa-ñas de alfabetización a nivel nacional. Hasta la fecha se han declarado 18


”

“ Los programas habitacionales para las

familias de escasos recursos son un elemento

fundamental en la dignificación de las familias salvadoreñas, aunque falta

promover el acceso a la propiedad de las viviendas

por parte de las mujeres

*Margarita Posada coordina el Foro Nacional de Salud de El Salvador.


municipios libres de analfabetismo, pasando el nivel de analfabetismo del 18,09 por ciento que en el 2007 repor-taba el censo de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), al 12,03 por ciento en la actualidad. Esto representa unas 142.785 perso-nas alfabetizadas, con la participación de 50.000 alfabetizadores y alfabeti-zadoras voluntarias.

Otro programa que ha contribuido a superar la deserción escolar es el de los paquetes escolares, mediante los que se brindan zapatos y uniformes de manera gratuita a más de 1,3 millones de estudiantes y se beneficia también a 4.500 proveedores. Se calcula que con ello se generan aproximadamente 47.000 empleos directos e indirectos por año, contribuyendo de esta mane-ra al desarrollo local de micro, peque-ñas y medianas empresas.

Además de esto se impulsa el programa Vaso de Leche, que llega actualmente a más de 800.000 niños, niñas y adolescentes, que reciben dos vasos a la semana como complemento a la alimentación escolar. Es impor-tante resaltar también que la leche se compra a productores locales.

Pese a los esfuerzos impulsados por fortalecer la educación en esta gestión, actualmente la inversión en educación representa el 3,3 por ciento del PIB, que es una de las más bajas en América Latina.

abordando Cuestiones pendientesA través del Fondo de Inversión So-cial para el Desarrollo Local (FISDL) se han destinado a cuestiones socia-les en los últimos cuatro años 388 millones de dólares. 200 millones se han invertido en programas sociales y otros 188 en obras de infraestructura en las comunidades (esta inversión ha sido la más importante de las gestio-nes recientes).

Para prevención de desastres se han invertido 20 millones de dólares en obras de reducción de la vulnerabi-lidad en la zona del Bajo Lempa, a lo que se suman otros 9,2 millones de in-versión en proyectos de agua potable.

Una deuda histórica en El Salva-dor ha sido el otorgamiento de títulos de propiedad. Ha sido en esta legis-

latura en la que se han otorgado un total de 47.000 títulos de propiedad y la meta es terminar el mandato (junio de 2014) con 50.000 escrituras entre-gadas. Esto es muy importante para la población rural, ya que por años es-peró ser propietaria de su tierra y con ello poder acceder a vivienda digna, a recibir apoyo para la producción o a tener acceso al sistema financiero, entre otras cuestiones. Un desafío en este tema es que en la propiedad de la tierra se participe de manera equi-tativa entre hombres y mujeres, pues según investigaciones en nuestro país las mujeres sólo acceden al 15 por ciento de la propiedad de las mismas a nivel nacional.

El déficit habitacional también ha formado parte de la agenda nacional, de los programas sociales impulsados en los últimos cuatro años. El Gobier-no ha ejecutado diversos programas habitacionales para dotar de un lugar digno para vivir a las familias de esca-sos recursos.

Las estadísticas del Fondo Nacio-nal de Vivienda Popular (FONAVI-PO) detallan que se han invertido 440 millones de dólares desde 2009 a la fecha, beneficiando a 100.000 fami-lias cuyos ingresos oscilan entre uno y tres salarios mínimos. Esto es un ele-mento fundamental en la dignificación de las familias salvadoreñas, aunque falta promover el acceso a la propie-

dad de las viviendas por parte de las mujeres, que únicamente participan en un 40 por ciento como dueñas de las mismas, situación que las ubica en una condición de vulnerabilidad con respecto a los hombres.

Otro aspecto importante es el de-sarrollo de programas especiales para beneficiar a las mujeres más pobres y vulnerables del país y mejorar su acce-so a la justicia, la salud y la economía, entre otros. El mas relevante de ellos ha sido el Ciudad Mujer, un sistema integral e integrado de servicios espe-cializados para las mujeres en los ám-bitos de salud sexual y reproductiva, de autonomía económica, tanto por la vía del empleo formal como del apoyo al emprendedurismo. Se han desarro-llado, además, programas y campañas que favorecen la erradicación de la violencia hacia las mujeres, mediante la operativización del marco norma-tivo para la igualdad de género en el país, así como la implementación del Plan Nacional de Igualdad y Equidad para las Mujeres Salvadoreñas. Se ha aprobado la primera Política Nacional contra la Trata de Personas y se ha lo-grado una disminución considerable de feminicidios.

Durante el mes de octubre 2013, el presidente Mauricio Funes presentó a la Asamblea Legislativa la Ley de Desarrollo y Protección Social, a fin que el país cuente con un cuerpo ju-rídico que garantice la continuidad y sostenibilidad jurídica y financiera de los programas sociales, para que estos programas sigan avanzando y cose-chando logros después de que finalice su gestión, en mayo de 2014.

Somos numerosas las personas que, desde las organizaciones sociales, respaldaremos férreamente y deman-daremos ante la Asamblea Legislativa que se apruebe esta propuesta de Ley. Como siempre jugaremos un papel en su defensa y en las acciones de contra-loría para que los programas sociales se desarrollen en beneficio de nuestras comunidades más pobres, de nuestras mujeres y de nuestra niñez.q


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La constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en 1999 definió al país como un “estado democrático y social de derecho y de justicia” y estableció la igualdad, la prosperidad y el bienestar del pueblo como principios de obligado cumplimiento. Las garantías aprobadas en la norma han guiado una política social que ha permi-tido la reducción de la pobreza1 y el acceso a los derechos sociales para millones de personas, al punto de lograr el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio antes de 2015.

Madres por la soberanía alimentaria

Venezuela

Mª Cruz Tornay*

La inversión destinada a políticas sociales ha absorbido en los últi-mos años hasta un 18 por ciento

del Producto Interior Bruto (PIB)2, cifra que no hubiera sido posible sin la redistribución de los recursos pro-cedentes de la riqueza generada por la extracción de petróleo. La conocida como “renta petrolera” ha sido el sos-tén que ha posibilitado la ejecución de políticas destinadas a garantizar el ac-ceso a los derechos sociales a toda la población y a disminuir la brecha de

desigualdad que históricamente exis-tió en el país y que en doce años de revolución bolivariana se logró redu-cir en un punto3.

Tras décadas de políticas neolibe-rales, la falta de acceso de millones de personas a la salud, la educación y la alimentación se habían convertido en problemas estructurales que afectaban al bienestar de la población y al desa-rrollo del país. En 1998, un 20,3 por ciento de los hogares venezolanos se encontraba en situación de pobreza extrema y el 21 por ciento de la po-blación padecía hambre. El analfabe-tismo y el acceso a la educación era un problema que impedía el progreso

de los sectores vulnerables, como el caso de las mujeres y de otros grupos históricamente discriminados.

En este contexto, se hacían nece-sarias soluciones urgentes y profundas que combatieran una serie de proble-mas que sólo aumentaban la brecha social. La respuesta vino en 2003 a través de las misiones socialistas, pro-gramas que llegaban de forma masiva a las comunidades para atender nece-sidades básicas. Con la colaboración y asesoramiento de profesionales cuba-nos, las misiones lograron un enorme impacto en la población venezolana. La misión Barrio Adentro permitió la cobertura sanitaria universal, mientras



”

“La política social del país sigue estando canalizada fundamentalmente a través de las misiones y grandes misiones ideadas para extender derechos sociales y facilitar el acceso a necesidades básicas

que más de dos millones de personas han recibido desde entonces interven-ciones para mejorar la vista a través de la Misión Milagro.

Los convenios de colaboración con la República de Cuba fueron de-terminantes para conseguir elevar el nivel de instrucción de la población que no había podido concluir sus es-tudios primarios. El objetivo de alfa-betizar a toda la población de forma rápida y eficiente pudo cumplirse gra-cias al diseño del programa cubano de alfabetización Yo, sí puedo, creado para su aplicación en Venezuela y que en sólo dos años permitió la declara-ción del país como territorio libre de analfabetismo a través de la Misión Robinson. A su vez, las misiones Ri-bas y Sucre daban continuidad a la etapa de alfabetización hasta lograr la culminación de los estudios universi-tarios a personas que no habían tenido acceso al sistema educativo.

Diez años después de su crea-ción, la política social del país sigue estando canalizada fundamentalmen-te a través de las misiones y grandes misiones ideadas para extender dere-chos sociales y facilitar el acceso a necesidades básicas de la población más vulnerable. Una de las misiones tomadas por el gobierno como refe-rencia es la Gran Misión Vivienda Ve-nezuela, que prevé la construcción de viviendas (2.900.000 para 2019) para resolver un grave problema que afecta a la población. Otros programas con-templan la asignación directa de ayu-das económicas a hogares vulnerables como las grandes misiones Hijas e Hijos de Venezuela, dirigida a la pro-tección de las jóvenes embarazadas; Amor Mayor, que pensiona a personas de la tercera edad, y Madres del Ba-rrio, dirigido a madres en situación de pobreza extrema.

Si ha habido algo que ha caracte-rizado a las misiones socialistas du-rante esta década es el impacto que han logrado alcanzar en el desarrollo y empoderamiento de las mujeres venezolanas, fundamentalmente en aquellas que se encontraban en si-tuaciones de mayor vulnerabilidad y con familias que dependían exclusi-vamente de ellas. La participación de

la mujer en las misiones destinadas a la salud, educación y formación para su incorporación al proceso producti-vo siempre es mayoritaria, lo que ha convertido a la mujer venezolana en una “aliada” de las políticas sociales del gobierno para la reducción de la pobreza y la brecha de la desigualdad en todo el país.

Madres del barrioComo en muchos otros lugares del mundo, la pobreza en Venezuela tiene rostro de mujer y, de forma bastante habitual, de madres que deben hacer-se responsables de forma exclusiva de la crianza de los hijos e hijas. Este era el tipo de familia que se encontraba en la mayoría de los hogares en riesgo de exclusión. Para paliar esta situación que se repetía en todos los estados del país, se creó la Misión Madres del Ba-rrio Josefa Joaquina Sánchez dirigida a madres en situación de pobreza ex-trema, es decir, a aquellas que incluso tenían dificultades para cubrir la ali-mentación de la familia.

A través de la misión Madres del Barrio, que en este momento llega a 82.557 beneficiarias, estas mujeres reciben una ayuda mensual para el mantenimiento de sus familias, pero, al igual que otras misiones, también pone a su disposición distintas capaci-taciones para promover su integración en la actividad productiva del país.

La capacitación en formación agroecológica fue la semilla que se transformó en la constitución de la Empresa de Propiedad Social Direc-ta Comunal Agroecológica Consuelo Fernández, formada por cuarenta y cinco mujeres del colectivo de Ma-dres del Barrio del municipio Villa del Cura, situado en el estado Aragua.

Desde que se convirtieron en be-neficiarias de la misión, este colectivo de mujeres ha pasado de sobrevivir de la venta informal de comida o de ropa en la calle, o como empleadas domésticas, a trabajar la tierra que durante siglos perteneció a una de las primeras familias españolas que llegó a un valle fértil donde hicieron fortuna a través del cultivo de café y el añil. La última familia de aquellos terratenientes ya había abandonado la

producción y el Estado pudo comprar hace cuatro años los terrenos de una finca de más de quinientas hectáreas. Desde entonces, la casa colonial que perteneció a la familia de Simón Bo-lívar es sede de talleres de formación agroecológica complementados con el trabajo práctico en el campo.

Celia Jiménez, integrante del co-lectivo, poco sabía de agroecología antes de que la misión Madres del Barrio la invitara a participar en los talleres formativos impartidos por in-genieros agrónomos del Instituto Na-cional de Capacitación y Educación Socialista (INCES). El profesorado debía presentar los conceptos teóri-cos, pero las antiguas huertas que ro-


1 Datos: Instituto Nacional de Estadística, www.censoinfo.ine.gob.ve. 2 Informe República Bolivariana: Cumpliendo las metas del milenio, 2012.3 El índice en 1999 era de 0,498. En 2011 se había reducido al 0,397. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Anuario Estadístico de América Latina y el

Caribe, 2012.

Mª Cruz Tornay es comunicadora especializada en género. Forma parte del consejo de redacción de

Pueblos - Revista de Información y Debate.

venezuela, 2013. fotoGrafía: Mª Cruz tornay.

deaban la casa se prestaban a que las mujeres pudieran poner en práctica todo lo que estaban estudiando.

A medida que aprendían más so-bre siembra, reciclaje, fabricación de abonos orgánicos y reutilización de componentes, los terrenos de la es-cuela se convirtieron en un “sistema agrosilvopastoril” compuesto por ca-torce proyectos que permiten la sus-tentabilidad del ecosistema a través de un ciclo que integra todos los recursos de los que disponen en la hacienda.

Con noMbresRoberto Soares es el ingeniero agró-nomo que ha capacitado a las Madres del Barrio a lo largo de los siete me-ses que ha durado el taller formativo y que ha permitido que mujeres que “ni sabían plantar una matica”, como reconoce Celia, cuenten con las habi-lidades necesarias para mantener un ecosistema que requiere la atención y el aprendizaje diarios.

Celia y otras cuarenta y cinco compañeras participan en lo que de-nominan como unidades de produc-ción: vivero de plantas maderables y de cultivos estratégicos, horticultivo

semiprotegido y abierto, fabricación de abonos orgánicos con materiales del entorno, banco de semillas crio-llas, laguna de cría de cachama…

Al igual que otros proyectos lleva-dos a cabo en el país, la escuela ta-ller cuenta con la colaboración de dos agrónomos cubanos que ofrecen ase-soramiento técnico para que el trabajo llevado a cabo sea eficiente y que se logre cosechar todo lo sembrado.

El destino de los alimentos produ-cidos en este ecosistema también si-gue criterios solidarios y alternativos para que las familias puedan acceder a productos libres de tóxicos a precios justos. Una parte de la cosecha recogi-da se reserva para la venta a las perso-nas que trabajan en las instalaciones, lo que permite obtener una fuente de ingresos para el mantenimiento de los proyectos. Otra parte se comercializa en los mercados y comunidades de la zona, y otra se intercambia mediante trueque con productores del entorno.

La capacitación de las Madres del Barrio en el cultivo de alimentos es una cuestión estratégica para combatir la pobreza extrema de las mujeres y de sus familias y para avanzar en uno de los objetivos que forma parte del de-nominado Plan de la Patria: la contri-bución con la preservación de la vida. En un contexto en el que los produc-tos de consumo y de alimentación han entrado a formar parte de la batalla política a través de la especulación y del acaparamiento, el acceso a la tierra ha traído la tranquilidad a las familias que pierden capacidad adquisitiva a medida que aumenta la inflación.

Olga María tiene 76 años y cuenta las dificultades que tuvo para criar a cuatro hijos sola y sin empleo. Gra-cias a la ayuda del programa, pudo construir su casa poquito a poco y consiguió salir adelante con la reventa de carne. Ahora lo que le ocupa es el mantenimiento del vivero que cuenta con hierbas medicinales que quieren destinar a la fabricación de remedios naturales. Olga tiene clara cuál es la

importancia de haber aprendido a cultivar la tierra: “En la agricultura combatimos la pobreza extrema, que ocurre cuando no tenemos qué comer. Ahora estamos combatiendo la guerra económica y alimentaria que tenemos en este país”.

Para Celia, haber estudiado y echar a andar la empresa social agroecológi-ca forma parte de un sueño que llega tras haber pasado muchos momentos difíciles. Aunque no estuvo sola, el trabajo de su esposo como albañil no siempre les traía dinero a la casa. Su trabajo fue desde los doce años limpiar casas a domicilio, pero la enfermedad de la mediana de sus tres hijos llevó a la familia a una situación extrema. Gracias a la ayuda de la misión, Celia cuenta que pudo pagar el tratamiento de su hija, que ya la hizo abuela.

Al igual que Olga, Celia es cons-ciente de la labor tan importante que tienen en sus manos para garantizar la soberanía alimentaria de la comuni-dad: “Gracias a que sembramos nues-tros alimentos estamos combatiendo lo que hacen las empresas privadas que venden a los precios que ellos quieren. Hay que vender a precio justo, luchar y seguir construyendo patria”.

Celia y Olga se marchan a decorar la antigua casa de la familia de Bolí-var para el acto de graduación de las 76 mujeres que han participado en la escuela taller agroecológica. En los próximos meses inician la segunda parte del programa en el que aprende-rán nuevas habilidades para poner en práctica en la empresa social.

El coordinador de la escuela, Ró-mulo Alvarado, termina de preparar los diplomas que entregarán al día siguiente a las participantes y valora el aprovechamiento que han sabido realizar de la formación: “De pobres pasaron a ser empresarias”. Eso sí, empresarias que luchan por la sobera-nía alimentaria del país.q


1 Actuam acchui inc res se caucitili, aute fecum sediena, C Catuam oris? quononsce patui se tumus, que tasdam ocaelabem, coenducii fachilinir inuliam es maxim sena vesimo in aucibest? Ahalicae ad rei sid det graritam implicaet vem peridetrae impribus boniam.

2 Actuam acchui inc resiam. 3 Cctuam acchui inc res se caucitili, aute fecum sediena, C Catuam oris? quononsce patui se tumus, que tasdam

ocaelabem, coendus boniam. 4 actuam acchui inc res se caucitili, aute fecum sediena, C Catuam oris? quononsce patui se tumus, que tasdam

ocaelabem, coenducii fachilinir inuliam es maxim sena vesimo in aucibest? Ahalicae ad rei sid det graritam implicaet vem peridiam.

*Nombre apellido apellido es xxxx en xxxx y colabora con xxxxxxxxxxxxxxx.

“Es viable poner en crisis los arquetipos hegemónicos

y ello se puede hacer en lo cotidiano, en el aquí y el

ahora, como el paso aun proceso de construcción

de poder legitimado en el tejido social

”



Redacción pueblos - revista de inforMaCión y debate

RECURSOS

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de los pueblos y naciones indígenas, ¿un asunto de técni-cos, de técnicas o de políticos? En www.rebelion.org.

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de aMériCa latina y el Caribe: www.redlaedupopular.org.plataforMa ColoMbiana de dereChos huManos, deMoCraCia

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yo sí puedo - arGentina: www.yosipuedo.com.ar.

Cintillo si necesario n SECCIÓN

PUEBLOS n Primer trimestre n 2014 n 43

COMUNICACIÓN

Un halo de esperanza. Un momento de fuerza y de unión, de no sentirnos solos en nuestras demandas. La manifestación que llenó las calles de Valencia tras el anunciado cierre de la Radio Televisión Valencia-na conmocionó e indignó a muchas personas que, lejos del debate sobre el derecho a la comunicación, entendieron la importante desposesión a la que nos están sometiendo en nombre de la austeridad.

En Valencia, así como en Grecia y otras partes de la vieja Europa, hemos pasado de avanzar en el cami-no del progreso social a construir una profunda barricada que contenga el ataque sistemático a nuestro sistema de bienestar y de derechos. Y uno de ellos, es, indiscutiblemente, el derecho a la comunicación y la información de la ciudadanía.

Javier Díaz Muriana*

Desde la experiencia del Foro Andaluz de Comunicación

La comunicación como eje de transformación social

Más de 30 años después del fa-moso Informe Mc Bride y de los debates acerca de la nece-

sidad de instaurar un Nuevo Orden Mundial de la Información y de la Co-municación (NOMIC) en el marco de la Organización de las Naciones Uni-das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), vemos muy de cerca oportunidades perdidas, nece-sidades insatisfechas y logros lejanos, como los que acontecen en Latino-américa; pero, sobre todo, un senti-miento creciente de apropiación por parte de la ciudadanía de la demanda de una comunicación diferente en to-

FotograFía: Hazeina rodríguez.


COMUNICACIÓN

dos los ámbitos y bajo el enfoque fun-damental de los derechos humanos.

Si el advenimiento de la democra-cia en nuestro país, así como en toda la Europa intervenida por el capital, supuso esa conexión entre la libertad de mercado y la protección del Estado, la comunicación, al menos en el caso español, quedó del lado del prime-ro. Treinta y cinco años después, los medios públicos cierran, los medios privados comerciales concentran las frecuencias de radio y televisión del espacio audiovisual y el tercer sector sigue siendo marginal y estando pena-lizado. Por su parte, el periodismo y sus profesionales son líderes en preca-riedad y desregulación de sus funcio-nes, tan esenciales para la democracia y la garantía de los derechos que de ella se derivan.

La escasa y mala regulación en el caso de la comunicación ha provoca-do no sólo una crisis democrática sin parangón en la historia moderna de nuestro país, sino del propio perio-dismo, dada su responsabilidad con la sociedad y su conexión con la ciuda-danía. Los medios de comunicación tienen una función social esencial en democracia y, por tanto, deben ser considerados en nuestro ordenamien-to legal como empresas especiales so-cioeconómicas, sin distinción de si su titularidad es pública o privada, con o sin ánimo de lucro.

La función de los medios audio-visuales que ocupan un espacio de titularidad pública ha de ser la de facilitar a la ciudadanía el ejerci-cio de un derecho humano, no el de violarlo. El sistema audiovisual actual, distribuido entre lo público y lo pri-vado, ha fracasado y resulta necesario democratizar las comunicaciones. El momento actual (desde muchas otras perspectivas, amargo) nos brinda una época de cambios, oportunidades y transformaciones sociales que hemos de aprovechar.

Los mediosEl debate sobre las empresas mediá-ticas y su uso para salvaguardar cier-tos intereses no deja de estar, también hoy día, en el campo del oscurantismo paranoide. Sin embargo, es necesaria

una reflexión sobre la importancia de los medios en la configuración de nuestro imaginario colectivo, como sociedad y como individuos; en el reflejo de nuestra idiosincrasia y en el respeto mutuo a nuestro y otros ecosistemas sociales, políticos y eco-nómicos. Esta reflexión es muy mar-ginal en Europa hoy día, en contraste con muchos países de Latinoamérica en los que la regulación en el sector audiovisual se ha convertido en uno de los grandes desafíos democratiza-dores de los actuales gobiernos. Las experiencias argentinas, uruguayas o ecuatorianas llegan después de una fé-rrea lucha que entendía que la concen-tración de la propiedad de los medios en pocas manos suponía una amenaza constante a las frágiles instituciones públicas del Estado.

En nuestro país, el expolio al que se ha visto sometida la ciudadanía respecto al espectro radioeléctrico, unido al robo que ha supuesto la mala gestión de algunos de los medios pú-blicos, han llevado a una situación en la que en el momento de mayor nece-sidad de una comunicación al servicio de la ciudadanía nos encontramos con una mayor dependencia en cuanto a los mismos poderes que nos han lle-vado a la situación actual.

de La normaLizacióna La aLternativaHemos sucumbido a una información intervenida. Consumido una comuni-cación insalubre, podrida, perniciosa para nuestra salud social. Pertenece-mos, así como la creciente legión de personas que año a año engrosan las listas de la ciudadanía digitalizada, a una generación atomizada y alienada tendente a sustituir la participación por una ilusión de comunicación, tác-til e interactiva. Una estafa imaginaria que merma las bases para una demo-cracia real.

Hemos normalizado una situación anormal; una constante violación del derecho humano a la comunicación y la información. Hemos normalizado el incumplimiento diario del artículo 20 de nuestra Constitución1; el 19 de la Declaración Universal de los Dere-chos Humanos2 y otra decena de con-

venciones internacionales. Normali-zado y asumido que la comunicación sólo pertenecía a grandes conglome-rados de accionistas y de capital de riesgo. Normalizado que el espacio radioeléctrico le pertenece a quien pueda pagarlo. Normalizado que la participación no es posible a través de los medios de comunicación. Que no nos pertenecen. Normalizada la precariedad de los profesionales de la comunicación. Normalizada la im-parcialidad, la falacia y el lenguaje eufemístico.

Sin embargo, el despertar social que supuso el 15M impulsó un pro-ceso de politización que la ciudada-nía acogió con gran fuerza tras las acampadas y que ahora se traduce en medios de comunicación que ofrecen una visión alternativa a los poderosos conglomerados económicos mediáti-cos. Desde entonces, la proliferación de cientos de medios digitales, al-gunos con elementos novedosos, se acerca a una ciudadanía ansiosa por obtener respuestas contemporáneas a preguntas no tan novedosas. Si antes temíamos que la sobreinformación y el ritmo trepidante del consumo infor-mativo a través de los nuevos forma-tos provocaran una sociedad alienada

”

“El derecho de acceso a los medios públicos,

que en Andalucía desarrolla el artículo 211 del Estatuto

de Autonomía, corre peligro de extinción

antes de nacer por la amenaza que supone el

cierre de los medios públicos y la puerta abierta

a la privatización de los mismos que impulsa la

Ley de Administración Local


El hartazgo de la información corrompida y el divorcio entre la ciudadanía y el periodismo han dado un empuje a la apropiación del es-pacio comunicativo a través de los medios. Un asalto a los medios que nos obliga a repensar qué comunica-ción queremos pero, sobre todo, para qué la queremos.

ParticiPaciónLa comunicación es a la democracia lo que la censura a los totalitarismos. Eliminar las barreras para la partici-pación ciudadana no es sólo facili-tar cauces para la participación, es crear las estructuras correctas y adap-tarlas de forma dinámica a la ciuda-danía para que ésta se apropie de las mismas.

Una democracia más real supone una participación más real de la ciuda-danía en los asuntos públicos. El actual bloqueo de los cauces de participación, así como la negativa a ofertar nuevas vías demandadas por la sociedad, está ayudando a la apropiación por parte de la ciudadanía del derecho a la comuni-cación. Pero no nos engañemos, esta apropiación se está llevando a cabo de una forma alternativa, marginal y casi clandestina en el espacio audiovisual. Es por ello que se hace necesario y ur-gente abrir los medios de comunicación a la ciudadanía para dar respuesta a esa demanda social masiva de partici-pación.

Una de esas vías ya está en mar-cha: el derecho de acceso a los medios públicos. Un derecho que garantiza el artículo 20.3 de la Constitución y que desarrolla en Andalucía el artículo 211 del Estatuto de Autonomía, así como las distintas leyes de las corpo-raciones públicas de radiotelevisión estatal y regionales. Herramienta que, pese a que está en vías de desarro-llo, corre peligro de extinción antes de nacer por la amenaza que supone el cierre de los medios públicos y la puerta abierta a la privatización de los mismos que impulsa la Ley de Admi-nistración Local3.

Es necesario blindar legalmente el derecho de la ciudadanía a tener sus propios medios de comunicación, pero también a poder disfrutar de unos medios públicos profesionales y rigurosos. Es por ello que no sólo es imprescindible avanzar en el dere-cho de acceso a los medios públicos, sino que hay que advertir que su cierre supondría la imposibilidad de ejercer este otro derecho.

eL Foro andaLuz de comunicación, educación y ciudadaníaPese a los avances, la permeabilidad del debate no ha llegado, todavía, a considerar el derecho a la infor-mación y la comunicación como un elemento fundamental para impulsar, desde la base, la trasformación social necesaria en nuestras viejas estruc-turas de reparto del poder. Al menos no de forma masiva, lo cual es fun-damental para su éxito. Vemos un ejemplo en Argentina, donde han

y atomizada, la necesaria búsqueda de un discurso alternativo, de nuevos ejemplos que se alejen del discurso único y de las estructuras clásicas, pa-rece estar encima de la mesa.

La imposibilidad de participar en el audiovisual a través de medios propios y de visibilizar otras voces en los medios públicos, unido al pro-ceso de criminalización y deslegiti-mación que ha sufrido la ciudadanía organizada a través de los comer-ciales, ha llevado a los movimien-tos sociales a dirigir la mirada hacia la comunicación, su ejercicio como herramienta fundamental de contra-poder y su uso para visibilizar otras voces, alternativas y marginadas del debate público en esa gran plaza que es la comunicación.

El papel de los movimientos so-ciales en el curso de las demandas por otra comunicación posible es fun-damental. Desde el primer momento, los movimientos sociales sufrieron, en las plazas y manifestaciones, un momento de reacción defensiva que pronto se tradujo en una actitud pro-positiva y afirmativa. Pasaron de la crítica a la acción y a la actividad po-lítica a través de los propios medios. El 15M, así como sus diversas formas de organización, ha sido muy crítico con los medios pero también ha sido consciente de que son herramientas muy útiles para difundir su mensaje y legitimarse.

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”

“Normalizado que el espacio radioeléctrico pertenece a quien pueda pagarlo. Normalizado que la participación no es posible a través de los medios de comunicación

COMUNICACIÓN


COMUNICACIÓN

1 Artículo 20, Constitución española, 1978. “Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social de-pendientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”.

2 Artículo 19, Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948. “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

3 El Congreso de los Diputados aprobó el 19 de diciembre de 2013 el texto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

*Javier Díaz Muriana, @jdmuriana, es periodista. Colabora con Onda Color, es vocal de Movimientos Sociales del Sindicato de Periodistas de Andalucía

y participa en el Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía.

sido la movilización ciudadana y los movimientos sociales los que se han apropiado de esta demanda, hacién-dola masiva y logrando un éxito a ni-vel legislativo. Llegar a ese momento de empoderamiento y apropiación en nuestra sociedad es uno de los objeti-vos que se marca desde 2010 el Foro Andaluz de Comunicación, Educa-ción y Ciudadanía.

Porque no pensamos que la co-municación que queremos sea posible sin educación y porque pensamos que es una herramienta fundamental para la participación de la ciudadanía, en el actual contexto social, político y moral, este Foro ciudadano se po-siciona como un elemento clave para el éxito de la futura Ley de Comunica-ción Audiovisual Andaluza. Una Ley de Comunicación que puede sentar las bases de la diferencia con res-pecto al resto del Estado español y colocar a Andalucía a la vanguardia legislativa en materia de comunica-ción. Es por ello que, entre la ilusión y la cautela, cientos de organizaciones y personas comprometidas trabajan para que esta ley se haga participada, que las asociaciones, medios de co-municación, ONG, periodistas, ciuda-danía y organizaciones de profesiona-les del sector sean partícipes de esta oportunidad.

Entre las demandas del Foro está la reivindicación histórica de destinar un tercio del espectro radioeléctrico a la sociedad civil, así como la ur-gencia de poner orden en el espectro radioeléctrico, evitando la concen-tración de medios en pocas manos y corrigiendo así la pérdida de sobera-nía que durante décadas ha sufrido la ciudadanía al tratar el espacio radio-eléctrico como una mera mercancía. Para conseguir esto, creemos nece-sario realizar un llamamiento a todas las personas y organizaciones a que se sumen y repliquen estas demandas por todo el Estado español y en todas las esferas, porque consideramos que supone el primer paso de apropiación de la sociedad civil del derecho a la comunicación, anclado en las barri-cadas de la universidad y los medios comunitarios y que se impone ahora como una necesidad imprescindible ante el cambio social.

reFLexiones Para eL cambio:una comunicación diFerente¿Cómo podemos iniciar una transfor-mación social si las voces que se alzan en la plaza pública, que es la comu-nicación, dicen siempre lo mismo? Apostar por un futuro mejor es apostar por una democracia en la que todas las visiones estén encima de la mesa. Es

por ello que iniciar esta participación, desde la base, en la construcción de las estructuras y del modelo comunicati-vo, es fundamental para que éste sea propio y tenga la utilidad y finalidades deseadas. La formación y educación en el consumo crítico de medios, así como el impulso a iniciativas de co-municación para la participación, son fundamentales para dar el primer paso hacia el cambio social.

¿Estamos preparados y prepara-das para realizar otra comunicación? La contaminación mediática que du-rante generaciones hemos consumido ha supuesto un diseño superficial y deformado de nuestro pensamiento. ¿Acaso ya es demasiado tarde para re-chazar la inmediatez y apostar por la rigurosidad? ¿Alejarnos de los focos y enfrentarnos al análisis? ¿Seremos capaces de tratar con pluralidad, ex-tensión y profundidad diversos argu-mentos en un sano debate de ideas?

Es necesario reconstruir, con ur-gencia, un imaginario colectivo que rompa con el ecosistema basado en el desarrollo impuesto desde las esferas del poder económico. Nos pregunta-mos si no será tarde, si no tendrán que pasar varias generaciones como ha ocurrido en Latinoamérica, para que el expolio y la desposesión material y moral de nuestras sociedades actuales conlleven tal grado de indignación y rebeldía que lleven a reivindicar el espacio público como eje de trans-formación. Lo que no cabe duda es que, cuando llegue ese momento, será la comunicación la herramienta en la que se base el proceso de transforma-ción social que cada vez más grupos sociales demandan.q

Foro andaLuz de comunicación

- En la web del Foro puedes ver las 15 propuestas y mínimos que plantea frente a la Ley Andaluza de Comunicación Audiovisual.

- El Foro impulsa una campaña comunicativa, educativa y de incidencia con el lema #TúTam-bién. En su página web están publicadas las Historias de vida (versión audiovisual) de perso-nas anónimas que “practican la comunicación con todo el derecho”.

- El Foro ha publicado la Guía de recomendaciones para ejercer el derecho a la información y a la comunicación (ver web).

- En internet: www.comunicacionyciudadania.org, #TúTambién, #foroandaluzcomunicacion, www.facebook.com/ForoAndaluzComunicacion.


COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN

El rol de La Vía Campesinaen la superación de la crisis agraria hondureña

Esta situación de crisis se agrava de manera vertiginosa desde el golpe de Estado, a finales de junio de 2009. Pocos días después se constituye el movimiento so-

cial más importante en la historia de Honduras, identificado en la actualidad como el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Es dentro de este marco que el pueblo hondureño adquiere el mayor grado de conciencia política, al interpretar la ruptura constitucional como un hecho que tiene como causante principal a la oligarquía en contra de los y las pobres de Honduras, a quienes el gobierno de Ma-nuel Zelaya Rosales había respaldado. En el ámbito de este gran movimiento social se crea, a nivel de brazo político, el partido Libertad y Refundación (LIBRE)1.

La participación de La Vía Campesina en todo este pro-ceso ha sido amplia, emblemática, valiente y consistente,

Honduras enfrenta una crisis sin precedentes en toda su historia en los ámbitos económico, so-

cial, político, educativo, de corrupción, narcotrá-fico, cultura, justicia, reforma agraria, seguridad y derechos humanos que, según la perspectiva del Estado, casi fallido, se resuelve con repre-

sión, encarcelamiento, asesinatos, supuesto desarme general, militarización y penalización

de la lucha de los movimientos sociales. En este contexto adverso, el movimiento campesino ha logrado crear una articulación de la que forman

parte organizaciones de todo el país.

Carlos Tovar*

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COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN n Experiencia

”

“Se acordó que se necesitaba un nuevo marco jurídico para acceder a la tierra, la liberación de los campesinos presos y la despenalización de la lucha campesina

pues desde el momento inicial forma parte del proceso de constitución del Frente Nacional de Resistencia Popu-lar, que lidera la resistencia en todo el país en contra del golpe de Estado. Entiende, como recoge la Carta Mag-na hondureña, que “nadie debe obe-diencia a un gobierno usurpador ni a quien asuma funciones o empleos pú-blicos por la fuerza de las armas”.

rePresión y sicariatoLa situación agraria ha ido empeoran-do. Para negociar una salida se firman acuerdos con el Congreso Nacional, pero la respuesta del poder constituido son desalojos, represión, apresamien-tos e incluso muerte de campesinos y abogados, como el profesional An-tonio Trejo Cabrera, defensor de los grupos campesinos del Aguán.

El sicariato se manifiesta en todas las áreas de la vida económica, social, política, educativa y cultural como instrumento para atemorizar y repren-der. Se manifiesta, por ejemplo, en las agresiones impunes a todas las orga-nizaciones campesinas asentadas en el Aguán, como el Movimiento Unifica-do Campesino del Aguán (MUCA), el Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguan (MARCA), el Movimiento Campesino de Rigores y el Movimiento Campesino del Aguán (MCA). Han sido asesinados más de un centenar de campesinos, otros se encuentran presos y muchos andan huyendo de la militarización.

La militarización de la zona del Aguán se ha extendido a todo el país. Se le han dado facultades de la Policía

a las Fuerzas Armadas y, en una equi-vocada interpretación del Artículo 274 de la Constitución, el Ejército puede capturar personas y ejecutar allana-mientos como hizo en la década de los 80. A las personas que forman parte de las organizaciones campesinas se les ha negado el derecho que tienen a un pedazo de tierra. Luchan para re-cuperar este recurso, trabajan por la reforma agraria, pues la tierra está en posesión de terratenientes nacionales y extranjeros, en forma ilegal.

Los pobladores de Zacate Grande, en Amapala, zona sur de Honduras, se encuentran en una situación similar, y también aquí el sicariato agrario y campesino muestra nulos principios humanistas y cristianos: monta una campaña de represión en contra de los campesinos, con órdenes de captura a unos y, a otros, medidas sustitutivas como no abandonar el país y presen-tarse a los juzgados regularmente.

Al igual que en otras zonas de Honduras, en el Aguán también tiene lugar el sicariato educativo. Las es-cuelas rurales tienen a una sola per-sona como docente y no cuentan con material didáctico y pedagógico. Des-taca el caso de la escuela de Rigores, que fue destruida delante de las niñas y niños. Para reconstruirla (lo que debería ser una preocupación del Mi-nisterio de Educación), La Vía Cam-pesina realizó una campaña nacional e internacional. Muchas personas des-tinaron parte de sus escasos ingresos a esta tarea y las y los jóvenes del Fren-te Nacional de la Juventud Campesi-na, Indígenas y Afrodescendientes de Honduras (FRENAJUC) se compro-metieron a aportar la mano de obra.

A finales de 2011, la Corte Supre-ma de Justicia declaró inconstitucional el Decreto 18-2008. Este decreto, que había sido una conquista del movi-miento campesino, ordena la titulación de tierras a favor de los grupos campe-sinos que estuviesen en posesión de las mismas desde 2006 hacia atrás2.

Proceso agrarioAguán es en la actualidad el núcleo de una nueva perspectiva del proceso agrario hondureño (amplio, democrá-tico, incluyente, comunitario, socia-

lista y popular). Ha pergeñado una escuela de recuperación de recursos y bienes productivos desde abajo, lo que explica la tendencia a justificar la transformación agraria integral como una necesidad de interés comunitario y del territorio incluyendo agua, bos-que, semillas, aire, flora y fauna.

En todo este proceso destaca la brillante mediación de la Vía Campe-sina, que ha realizado un buen trabajo como eje articulador gracias a su cre-dibilidad y capacidad de convocato-ria. Como ejemplo de esto último, ci-tamos la movilización del 8 de marzo de 2013, en la que las mujeres campe-sinas e indígenas reclamaron el acce-so a los recursos productivos. Esta ac-ción fue el preludio de la celebración del 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, con la recuperación de tierras en varios puntos del país de la Compañía Azucarera Hondureña S. A. (CAHSA) y de la Azucarera del Norte S.A. (AZUNOSA). Destacó el papel del Movimiento de Campesinos de San Manuel (MOCSAM), en el Departamento de Cortés, así como de la Asociación para el Desarrollo Cam-pesino del Progreso (ADCP).

Todo esto sirvió de puente para el plantón o campamento realizado del 6 al 9 de agosto, en el que se demos-tró una capacidad inédita de autoges-tión. Las funciones se acordaban entre las organizaciones ADCP, MARCA, MCA, MOCRA (Movimiento Cam-pesino de Recuperación del Aguán), MOCSAM, MUCA y Movimiento Campesino de Rigores. Se contó en todo momento con el respaldo de con-tingentes de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH) y el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), así como de pequeñas delegaciones de la Aso-ciación para el Desarrollo de Hondu-ras (ADROH) y la Unión Campesi-na e Indígena de Honduras (UCIH). También hay que resaltar los apoyos económicos y en especie de numero-sas personas del pueblo hondureño y del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH).


*Carlos Tovar forma parte de la Unidad Tècnica La Via Campesina - Honduras.

Experiencia n COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN

1 Ver “Libre se desliga del FNRP por estrategia” en www.elheraldo.hn, 16/12/2013.2 “Malas noticias para el campesinado hondureño”. Artículo en la web de VSF – Justicia Alimentaria Global (24/01/2011),

vsf.org.es.3 Las elecciones generales se celebraron el 24 de noviembre de 2013. Se proclamó vencedor el líder del Partido Nacio-

nal, el oficialista Juan Orlando Hernández. Los comicios han sido denunciados por fraude electoral.

”“El 29 de agosto se ratificó a la Articulación Campesina

como el espacio legítimo y refundado de todo el campesinado en

resistencia de Honduras

En el campamento destacaron tres elementos importantes: en primer lu-gar, la capacidad mediática de los di-rigentes y lideresas campesinas para informar permanentemente al pueblo hondureño sobre sus demandas; en segundo, la construcción de cultura, al motivar a las y los transeúntes a ad-mirar las imágenes del mural de com-pañeros asesinados; y, en tercer lugar, la sobresaliente capacidad ideológica y política para orientar el movimiento y elaborar sus demandas.

La dirección nacional del movi-miento no sólo demostró su talento y su capacidad de organización, sino también su disciplina y persistencia para lograr sus demandas relacionadas con la aprobación de la propuesta de Ley de Transformación Integral (TAI), la eliminación de la Ley de Moderni-zación Agrícola, el alto a la represión, la libertad para los campesinos presos y la desmilitarización del agro.

Por un Futuro sin HambreEl Congreso Nacional nombró una Comisión Parlamentaria y el 9 de agosto se comenzó a debatir un pro-grama de trabajo cuyos resultados fueron satisfactorios para ambas par-tes: se acordó que se necesitaba un nuevo marco jurídico para acceder a la tierra, la liberación de los campe-sinos presos, la despenalización de la lucha campesina y el fideicomiso para garantizar la producción en el campo, entre otras cuestiones.

La primera reunión de la mesa para el debate acerca de la permanente cri-sis agraria que vive el país tuvo lugar el 14 de agosto. El movimiento cam-pesino presentó un documento de aná-lisis de problemas y planteamiento de soluciones. Acordó también hacer se-guimiento de los acuerdos de la comi-sión, siendo consciente de que el pro-blema agrario en Honduras sólo podrá resolverse si hay voluntad política.

Bajo el lema “Por un futuro sin hambre” y con la mediación y con-vocatoria de La Vía Campesina, el 29

de agosto de 2013 se citaron las or-ganizaciones y movimientos campesi-nos que conformaron la primera gran Asamblea Nacional campesina para lograr un espacio amplio, legítimo, incluyente, democrático, pluralista y ético.

Participaron más de mil delegados y delegadas, con paridad entre hom-bres y mujeres, provenientes de las organizaciones campesinas ADCP, ADROH, ANACH, CARPAL, CNTC, CODIMCA, MOCSAM, MUCA y UCIH, que se organizaron como el re-ferente de la nueva institucionalidad campesina y protagonista legítima de la nueva historia agraria hondureña. Se incorporó al Frente Nacional de las Juventudes Campesinas, Indígenas y Afrodescendientes (FRENAJUC) y a la Comisión de Mujeres Campesinas (COMUCAH).

El 29 de agosto se ratificó a la Arti-culación Campesina - Vía Campesina como el espacio legítimo y refundado de todo el campesinado en resistencia de Honduras, un proyecto unitario que responde a las aspiraciones e intereses de la población campesina.

En este importante acto se recibió la visita de honor de Xiomara Castro de Zelaya, que fue vitoreada con som-breros, aplausos y música de la resis-tencia3. En nombre del Partido Liber-tad y Refundación (LIBRE), Xiomara Castro reafirmó su compromiso con las mujeres del sector rural, se com-prometió a retomar el bono solidario, crédito alternativo con bajos intereses, y construir una nueva Constitución que incluya a la mujer y al hombre del campo. Asimismo, asumió los objeti-vos de la Articulación-Vía Campesina al declarar la alimentación como dere-cho humano básico, la reforma agraria integral, la protección de los recursos naturales y el fin de la represión y ase-sinatos de campesinos y campesinas.

El referente más destacado del mo-vimiento campesino del último cuarto de siglo, Rafael Alegría, destacó que la Articulación Campesina adopta

como principio y enfoque de trabajo la equidad entre hombres y mujeres, reconociendo el papel de las mujeres y de los jóvenes en la lucha por la transformación agraria integral.

La Declaración de Principios de esta gran asamblea constituye el mar-co ideológico que ejecutarán las orga-nizaciones campesinas y movimien-tos que la suscriben. En la asamblea se analizó y aprobó también el regla-mento interno de la estructura orgá-nica, integrada por cien delegados y delegadas. La Agenda Agraria, el ins-trumento que orientará las demandas y reivindicaciones de la Articulación- Vía Campesina, se entregó de mane-ra solemne a Xiomara Castro, trasla-dándosele también una propuesta de acciones del nuevo gobierno en los primeros cien días: constituir la Se-cretaría de Estado en Reforma Agraria y Soberanía Alimentaria; asegurar un pacto por la justicia agraria; resolver el conflicto agrario en el Bajo Aguán y el Valle de Sula; ratificar el Protocolo a la Convención Americana sobre De-rechos Económicos, Sociales y Cul-turales; sentar las bases para un sis-tema financiero alternativo; emitir un decreto de emergencia sobre la crisis agraria y alimentaria; adoptar medi-das afirmativas a favor de las mujeres y la juventud rural y revisar decretos y contratos lesivos a los intereses de las comunidades sobre los recursos natu-rales, entre otras acciones.q

SECCIÓN n Cintillo si necesario

Título del artículo Título del artículo Título del artículo

Nombre apellido apellido*

Rud ea adionse quatue magnim quam, qui tie ming et nim ametuer autpate ming eugue eu facip euisi bla facincidui tat alit veraesed tet incin ero dio et esendit in heniam zzrit, vullaorting ea feugiate mod tatetue doloreet lobore dolore dipit ad do core cor ipit augueri liquatu msandionsed tat, susci bla commolore velit velendre del eugait et iril illan ulputpatum

qui er secte venibh exero euisim volore modolorper sequisl ero commolenibh eraese cortio conse core minis nos ea feu feu feu feugiat. Vulluta tueriurtie feum aci te veros el eugait et iril illan ulputpatum qui er secte venibh exero euisim

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Senteresidio intien stra publicae fatiquod ses furs An vis etem ta o contusse intem se consum interfex non Itatil utelis silis, que est fit restis; hilicia equodi publi-

co ntimil confec vicaequi conducionsum anter hilius. Ser-vilis, centum pernic tam locciam ut quidiensus. Mulicauc faus hos et vit viris coniquam facci pul virmaxi missulego etium. Edet nonscre consulibus, cus nondem derumenat.

Re conves? inatum omne horiocatuium sa quam num quem, Ti. Satum con Etremquem te num nos, nihiliis. At con aus cor hum, cris, diumei cons conihicatia viviris hens tem for ad cotiam. Catorae vatum moltod fur. Potervi de-moverficur avo, fore adducie pratebe rimaion equast vivi-rissa tastere scerei prio cri conficurnium sus.

LadiLLoValabus, nonfeci fac rentium imis clem cas hosuliciam ta-benimum pos iam acta Satque con dem publiis retilique mors conem, plium ta cortessis conum ium faceps, que curs fac fac ommo Cat, sperei facere mentiam. Verfecr is-queme tandefat, etis. Mulic terit; elicis hi, cena nequa cla-bes hebul teret iam vil tum sica rentrudam sultod resimis, unum rentesse pernihi, que confecon vissoli issulin tintra me mermanum imuscer feceps, sendicultuam orevica trar-tissimis actuam acchui inc res se caucitili, aute fecum se-diena, Catuam oris? quononsce patui se tumus, que tasdam ocaelabem, coenducii fachilinir inuliam es maxim sena ve-simo in aucibest? Ahalicae ad rei sid det graritam i

rei facere mentiam. Verfecr isqueme tandefat, etis. Mu-lic terit; elicis hi, cena nequa clabes hebul teret iam vil tum sica rentrudam sultod resimis, unum rentesse pernihi, que confecon vissoli issulin tintra me mermanum imuscer feceps, sendicultuam orevica trartissimis actuam acchui inc res se caucitili, aute fecum sediena, Catuam oris? quo-nonsce patui se tumus, que tasdam ocaelabem, coenducii

fachilinir inuliam es maxim sena vesimo in aucibest? Aha-licae ad rei sid det graritam implicaet vem peridetrae im-pribus boniam que curs fac f

isqueme tandefat, etis. Mulic terit; elicis hi, cena nequa clabes hebul teret iam vil tum sica rentrudam sultod resi-mis, unum rentesse pernihi, que confecon vissoli issulin tintra me mermanum imuscer feceps, sendicultuam orevi-ca trartissimis actuam acchui inc res se caucitili, aute fe-cum sediena, Catuam oris? quononsce patui se tumus, que tasdam ocaelabem, coenducii fachilinir inuliam es maxim sena vesimo in aucibest? Ahalicae ad rei sid det graritam implicaet vem peridetrae impribus boniam que curs fac fac ommo Cat, sperei facere mentia. Ahalicae ad rei sid det graritam implicaet vem peridetrae impribus boniam que curs fac fac ommo Cat, sperei facere mentia Ahalicae ad

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50 n 2014 n Primer trimestre n PUEBLOS n Información y Debate50 n 2014 n Primer trimestre n PUEBLOS n Información y Debate

Mª Ángeles Fernández y J. Marcos

DiezFOTOGRAFÍA

encuentros incómodoscon América del Sur


COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN

Inmensa, diversa y única. Las his-torias en Suramérica brotan en cualquier rincón, de la nada o más bien del todo que se conjuga en sus países. Ríos, montañas, va-lles, metrópolis y pueblos, pobla-dos y plantaciones, industria y mi-nería, agricultura y expolio, agua y cultura. Las relaciones de poder, los conflictos, la desigualdad, la ilusión y la energía nutren cada una de esas historias, cada uno de esos latidos del subcontinente.

Dilataciones y contracciones. Aco-gimiento y desprendimiento. Color y exuberancia. Dolor y alegría. En América del Sur se esconden las claves para entender la verda-dera realidad de los seres huma-nos, que no caben en los titulares de los medios masivos, esos que se creen con la hegemonía de la narración. Las voces importantes nunca precisaron de altavoces. La fotografía otorga la importancia al instante. Sinécdoque para imagi-nar una región. Inmensa, diversa y única.

FotograFías: J. marcos.Desde las páginas anteriores, de arriba a abajo y de izquierda a derecha:

1. La población indígena paraguaya sigue reclamando sus tierras. La distribución del territorio es uno de los grandes problemas del país.2. La gran ciudad boliviana de Cochabamba fue escenario de la guerra del agua, cuando se recuperó la gestión pública del suministro después de que fuera privatizado por Betchel.3. La población de Paraguay ya no tiene miedo de salir a las calles. El ‘golpe de Estado parlamentario’ de junio de 2012, que derrocó a Fer-nando Lugo, supuso un punto de inflexión.4. Cada 6 de marzo Colombia recuerda a sus desaparecidos en el Día de la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado. En la imagen, el encuentro de Cali.5. América del Sur es naturaleza en estado puro. Sus bosques y sus caudalosos ríos (en la imagen las cataratas Iguazú, en la frontera entre Argentina y Brasil) son en muchos casos objetos de mercantilización.6. Las paredes de las grandes urbes de América Latina son un campo de lucha dialéctica.7. Una niña bebe agua en un punto de Bolivia, país que sorprendió por su oposición a la privatización del agua y por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de la Pachamama.

LOS ENCUENTROS


Argentina (Sofía Gatica), Bolivia (Óscar Oliveira), Brasil (Janaina Stronzake), Colombia (Alfamir Castillo), Chile (Elo-ísa González), Ecuador (Alberto Acos-ta), Paraguay (Magui Balbuena), Perú (Marco Arana), Uruguay (Eduardo Gu-dynas) y Venezuela (Javier Elechigue-rra). América del Sur. Diez encuentros con un continente que alza la voz. Con ánimo de molestar. Diez entrevistas sin fondo para un sinfín de reflexiones: los transgénicos en la agricultura; el agua entre el derecho humano y el bien común; la cooperación internacional como herramienta del capital transna-cional; los desplazados y los crímenes de Estado; la privatización de la educa-ción; las mujeres y el poder; el extracti-vismo de la gran minería; la ecosofía y el nuevo modelo energético; el boliva-rianismo más allá de sus líderes… Las otras alternativas. Las otras voces.

Cinco mujeres y cinco hombres. Los retratos son pausados. Las conversa-ciones, cercanas pero sin concesio-nes. La atmósfera fue inusual en los diez encuentros: posaron como en ropa interior, rehuyendo de los íntimos desnudos pero afrontando las cuestio-nes clave, como si estuvieran hablando con una amistad de toda la vida. Diez encuentros incómodos con América del Sur es un e-book (disponible en pdf y epub) de J. Marcos y Mª Ánge-les Fernández, editado y publicado por Ediciones Crac en octubre de 2013.

www.edicionescrac.com


Wang Anyi representa a la generación de escritores conocidos como generación urbana y es una de las escritoras más leídas y conocidas fuera de la

China de la era post-Mao. Marcada por una educación in-terrumpida por la Revolución Cultural, sorprende que al-canzara la fama con una serie de cuentos y novelas cortas centradas en el amor desde el punto de vista de la mujer. Sus obras muestran un estilo delicado y desmedido a la vez, sorprendiendo a quien las lee.

Amor en un pequeño pueblo (Popular, 2012), provocó un gran escándalo al ser publicado en 1986 en la revista Literatura de Shanghái. Wang Anyi eligió como protago-nistas a dos jóvenes destinados a convertirse en bailari-nes de una compañía local en la época de la Revolución Cultural. El muchacho y la joven experimentan un lento incremento del deseo, prolijamente descrito por la autora hasta la escena crucial. Pese al rigor de una época en la que estaban prohibidas las relaciones sexuales antes del matrimonio y dejándose llevar por una obsesión recípro-ca, franquearán de modo natural esta barrera. Se sienten impelidos por una pasión que los sobrepasa, pero toman conciencia rápidamente de haber transgredido una prohi-bición y, por así decirlo, de haber incurrido en una “falta grave de índole moral”.

En Amor en una colina desnuda (Popular, 2012), la autora aborda el amor, la pasión y también la infidelidad, a través de los amores embrollados de dos parejas a la de-riva y del destino de dos mujeres que comparten el mismo

Wang AnyiClara Alonso*

CULTURA

hombre, una de ellas de una manera maternal y con una pasión voraz la otra. Wang Anyi se enfrenta al adulterio, tema considerado tabú incluso ahora.

La ciudad, la vida cotidiana en pequeños pueblos y aldeas, las pasiones y amores no resueltos, los tabúes, el matrimonio… son temas que trata la escritora en todas sus obras. Pero si destaca una preocupación o tema es el de la

La literatura china va irremediablemente unida a los vaivenes políticos del país. Con la llegada de Deng Xiaoping al poder se activó algo la liberalización económica y también las políticas culturales, totalmente controladas durante la Revolución Cultural. El período que comienza será conocido como posmaoísmo y, tal y como refleja el profesor Carles Prado-Fonts, “se tradujo en la experimentación literaria: romanticis-mo individualista, modernismo, realismo crítico y vanguardismo fueron tendencias importantes”, además, continúa, “de la experimentación con una lengua alejada de la retórica maoísta”. En este marco político y cultural se encuadran algunos autores y, sobre todo, autoras para las que este momento significó un gran impulso, como Wang Anyi.

PauLa cabiLdo.

Leer a...

Libros n CULTURA

*Clara Alonso es colaboradora de Pueblos - Revista de Información y Debate. ([email protected]).

mujer, entendida como hilo conductor de la trama, como protagonista, narradora e intérprete de las emociones y de los sentimientos del ser humano. En La canción de la pena eterna (Kailas, 2010), la protagonista es la ciudad de Shanghái personificada en una mujer, y ésta como alegoría de la ciudad. La nostalgia, la delicadeza, la cotidianidad en las descripciones… configuran como en una pintura la progresión de los sentimientos.

La literatura de Wang Anyi va de lo particular y lo con-creto a lo universal. El tratamiento de los temas semeja pequeñas anécdotas cotidianas, menores, triviales, que, sin embargo, se van convirtiendo en reflexiones profundas so-bre los sentimientos, las soledades o las costumbres.

Según ha ido transcurriendo el siglo XX, los gustos li-terarios se han ido modificando, influyendo decididamente tanto en las tendencias, géneros y formas de divulgación de la cultura china como en el tipo de textos. El cine, las artes plásticas y la novela se convierten en modelos más rentables y “prácticos”, dejando quizás un poco relegado el papel del cuento, género estrella chino a lo largo de toda la Historia.

Sin embargo, las obras de Wang Anyi despliegan una delicadeza que recuerda la condensación en la trama ca-racterística del cuento. En el relato Confidencias en una peluquería (III Premio Literario Lu Xun, 2005), la autora nos lleva al interior de una peluquería en una gran ciudad, en la que crea un genial atmósfera de confidencialidad en-tre la protagonista y el lector a la vez que descubre el mun-do de la gran ciudad. Y en Banquete de bodas (publicado por primera vez en la revista Literatura de Sanghái, 1999) combina el mundo moderno con la tradición popular y fol-clórica arraigada en el pueblo chino.

Amor en un valle encantado (Popular, 2012) es una her-mosa historia sobre las pequeñas luchas cotidianas, el amor y la amistad. El personaje central de esta novela es una mujer que es simultáneamente protagonista, narradora e in-térprete de las emociones y de los sentimientos del hombre. A esta mujer, redactora de una revista literaria, se le enco-mienda asistir a un congreso de escritores en Lushan, una misión que debe ser considerada una recompensa por su trabajo asiduo y respetuoso de las normas políticas estable-cidas. Durante esta estancia fuera del tiempo, del mundo, favorecida por las excursiones, los coloquios y los bailes, se esboza una extraña relación entre ella y un famoso nove-lista. La montaña, con sus paisajes de peñascos, profundas quebradas e impresionantes cascadas cubiertas de niebla, favorecerán la aproximación de ambos personajes.

Debemos festejar el desembarco en España de traduc-ciones de obras como éstas, en las que descubrimos una prosa fina y delicada, donde cada detalle cuenta y cada des-cripción aporta un toque de poesía y de ternura. La identi-dad cultural, la combinación entre modernidad y tradición, la libertad contra el control político y una particular visión del modo de sentir de la mujer son las señas de Wang Anyi: las que la han llevado a ser una de las escritoras chinas más conocidas fuera de su país.q

crónicas deL estaLLidoviaJe a Los movimientos sociaLesque cambiaron américa Latina A finales de los años noventa parecía que nada podría dete-ner la expansión de las políticas neoliberales. Pero en Amé-rica Latina la historia fue otra. Millones de desempleados, trabajadoras informales, indígenas y campesinos, organiza-dos en movimientos sociales de base, tumbaron gobiernos neoliberales, echaron para atrás recortes y leyes antisocia-les, frenaron privatizaciones y crearon alternativas de vida para cientos de miles de personas.

Esta es la historia que cuenta Crónicas del estallido, un libro sobre las victorias de los movimientos sociales en Améri-ca Latina, una crónica basada en los testimonios de más de doscientos activistas, entrevistados durante un viaje de quince meses, 10.000 kilómetros por la carretera Paname-ricana, desde Argentina a México. Una historia, contada por sus protagonistas, que puede servir para reforzar la idea de que los movimientos sociales tienen la oportunidad de transformar (porque ya lo han hecho, porque lo hacen cons-tantemente) los consensos sociales que determinan el des-tino de países enteros, de que “se puede”.

martín cúneo (Buenos Aires, 1978) es periodista y miembro de Diagonal. Coordinó la sección Global, en-cargada entre otros temas de la información sobre Amé-rica Latina, desde la fundación del periódico en 2005 hasta 2010.

emma gascó (Sevilla, 1982) forma parte del colectivo editor del periódico Diagonal. De formación, traductora. Trabaja como ilustradora y periodista y está especializa-da en campañas de incidencia política.

Durante los últimos años han colaborado con Viejo Topo, eldiario.es, El Ecologista, Público, Pikara Magazine, Vien-to Sur, Sin Permiso, Rebelión, Desinformémonos, Revista Pueblos, Servindi, Bolpress, Argenpress, Azkintuwe, Alai-net, Kaos en la Red, Alterinfos y Otramérica, entre otros.

más inFormación en cronicasdelestallido.net.

martín cúneo y emma gascó

icaria, 2013



Andrea Gago Menor*

reseña:

Fuera de lugar Conversaciones entre crisis y transformación

En 2008 explotó la crisis económica y “lo que creía-mos sólido y garantizado” empezó “a desintegrar-se”. Desde finales de ese año a septiembre de 2011,

Amador Fernández-Savater fue regalándonos desde Públi-co reflexiones sobre una realidad que nos iba resultando cada vez más áspera, más lejana y a la vez más asfixiante, y sobre nosotros y nosotras en esa realidad: miedos, es-peranzas, certezas e incertezas, luchas. Fue dejando que las palabras de más de una treintena de personas “fuera de lugar” (“más o menos visibles, más o menos escondidas”) nos forzasen desde las páginas de un periódico a pensar saltándonos nuestros esquemas. Hace unos meses, después de revisar y ampliar muchas de estas entrevistas, las juntó y presentó en Fuera de lugar. Conversaciones entre crisis y transformación.

Lejos de resultar una recopilación de entrevistas, el li-bro crea un “campo de resonancias”, como dice el propio autor, logrando que las ideas surgidas en unas conversa-ciones alimenten y propongan nuevos significados para las demás. Es esta alimentación constante entre unas y otras entrevistas la que hace de Fuera de lugar un libro perfecto para leer despacio, a tramos, dejando entre rato y rato tiem-pos de reposo; pero también la que puede provocar que sus páginas terminen quizás demasiado marcadas, con dema-siadas anotaciones, como para prestar alegremente...

Fuera de lugar se organiza en cinco bloques interrela-cionados: las “catástrofes”, sobre la crisis como colapso y a la vez posibilidad de renovación; los “hechizos”, sobre el

poder que dice hacerse cargo de todo en nuestro nombre; los “desbordes”, sobre nuevas experiencias participativas; las “ficciones”, sobre estereotipos y nuevas formas de mirar; y las “alianzas”, con historias aparentemente imposibles cuyos protagonistas transforman el dolor en fuerza crea-dora. Las voces de unas treinta personas nos hablan desde estas páginas de política, civilización, economía, ecología, herramientas del poder, internet, creación, pensamiento, filosofía, auto-organización, resistencias, luchas... Algo se echa en falta, surge una duda hacia el final del libro: ¿habría más reflexiones como las de María Naredo (sobre seguridad y autoprotección, en este caso) si la proporción de mujeres y hombres entrevistados fuese la contraria?

Entre los innumerables pensamientos que nos traslada Fuera de lugar, escogemos para cerrar esta reseña una cita de Gilles Deleuze que recupera Peter Pál Pelbart: “Creer en el mundo es lo que más nos hace falta. Creer en el mundo significa sobre todo suscitar acontecimientos, aunque sean pequeños, que escapen al control, o hacer nacer nuevos espacio-tiempos, incluso de superficie y volumen reduci-dos”. Porque lo que demuestra Amador Fernández-Savater al ofrecernos estas conversaciones para seguir pensando la vida “entre amigos” es, precisamente, que cree en las posi-bilidades del mundo, que simpatiza “con el mundo, con sus fuerzas, con su devenir, con el devenir de los otros, con el devenir-otro de los otros en el mundo”.q

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3.

Cuando “el suelo se abre bajo nuestros pies”, se nos desmorona lo cotidiano y las noticias nos hacen sentir como una pelota que fuese rebotando de Los santos inocentes a una película de cíborgs y futuristas dispositivos de vigilancia, encontrarse con un libro como Fuera de lugar ayuda a respirar, entender algo de estos tiempos, plantearse más preguntas y recuperar (o fortalecer) las ganas de actuar.

*Andrea Gago Menor es editora de Pueblos - Revista de Información y Debate.

Amador Fernández-Savater


Libros n CULTURA

nuevas PubLicaciones

radiograFía deL emPresariado esPañoL¿emPrendedores o aPoLtronados?migueL ángeL nocedaLos Libros de La catarata, 2012

La empresa española vive sumida en un periodo de vértigo, en medio de dos crisis: una eco-nómica sin precedentes y otra interna, de falta de identidad. Este libro, que parte de la etapa de Díaz Ferrán al frente de la CEOE, pretende aportar una visión clara de lo que es el empresaria-do español, dónde reside el poder y cómo se ha comportado hasta ahora durante la crisis. Las grandes sociedades y elites empresariales se han hecho fuertes, en su mayoría, en los últimos veinticinco años, a fuerza de adquisiciones e inversiones en el exterior, hasta convertirse en firmas de éxito en sectores como la banca, las telecomunicaciones o la construcción. En la actualidad, gran parte de las ventas de las empresas que cotizan en el Ibex 35 se dan en el

HiPótesis democracia. quince tesis Para La revoLución anunciadaemmanueL rodríguez LóPeztraFicantes de sueños, madrid, 2013

¿Hay que seguir esperando una recuperación económica? ¿Podemos seguir confiando en una clase política manifiestamente incapaz de la más mínima autonomía respecto a la dictadura de los mercados? ¿Nos sirve la Constitución Española? ¿Y la actual Unión Europea? La presun-ción de este libro es que hablar hoy de revolución no responde a una opción ideológica radical. La destitución de las actuales oligarquías y del régimen político que las sustenta se ha vuelto imprescindible, al menos si se quiere enfrentar la progresiva degradación institucional, la guerra declarada por el poder financiero o impedir una indeseable salida nacional-populista. Con una sorpresiva mezcla de estilos (analítico, histórico, panfletario), el autor alterna la crítica de la economía política con la revisión de las revoluciones de 1848, la Comuna de París, los mayos del ‘68, la Transición española y los gobiernos progresistas latinoamericanos.

un mundo a construir (nuevos caminos)marta HarneckereL vieJo toPo, 2013

Un mundo a construir (nuevos caminos) representa un paso adelante en la reflexión que empren-dió hace años la socióloga, politóloga, periodista y activista Marta Harnecker para contribuir a sentar las bases de un nuevo proyecto político capaz de avanzar hacia el socialismo del siglo XXI. La primera de las tres partes en las que se divide el libro, “América Latina en marcha”, ha-bla sobre la modificación del mapa político, las movilizaciones sociales que explican este cambio y la forma en que ha variado la correlación de fuerzas entre los Estados Unidos y los países de la región, así como sobre los intentos de recolonización de la primera potencia imperial.

En la segunda parte, “Hacia dónde avanzar: El socialismo del siglo XXI”, Harnecker reflexiona sobre la carga negativa que conlleva (injustamente) la palabra socialismo y qué aspectos rescatar del pensamiento original de los clásicos del marxismo, así como cuál es la naturaleza de la transición que se está viviendo en algunos países latinoamericanos. En la tercera parte, “Un nuevo instrumento político para construir una nueva hege-monía”, aborda cómo lograr la correlación de fuerzas necesaria que permita ir venciendo los obstáculos y avanzar en la construcción de la nueva sociedad. Harnecker reivindica una nueva instancia que no manipule a los movimientos sociales sino que se ponga a su servicio y habla de qué tipo de cultura política necesitamos hoy.

exterior. Pero junto a esta expansión internacional, la crisis ha destapado las graves dolencias de nuestro tejido industrial, su falta de diversificación geográfica, el problema de la competitividad o las dificultades de financiación.


CULTURA n Cine

A gnès Varda (Bruselas, 1928) es una directora de cine conocida como una de las precursoras de la nouvelle vague. Desde que a principios de los años 50 firmara

su primer trabajo, La Pointe-Courte, hasta nuestros días, su nombre como realizadora se encuentra detrás de más de medio centenar de títulos que combinan el cortometra-je con el largometraje y la realidad con la ficción, pero siempre con un denominador común: la denuncia social. Ahora, con 84 años, abre, según señalaba en una entre-vista al diario El País, una “tercera vida profesional” que dedica a la edición de vídeos y al trabajo de recuperación y restauración de películas propias y de las elaboradas por su marido, el también director Jacques Demy, integrante como ella de la nouvelle vague y fallecido en 1990.

El compromiso feminista de Agnès Varda está presente tanto en su obra como en su vida. “Yo soy feminista, lo fui y siempre lo seré”, reconocía en esa misma entrevista en el verano de 2012. Su oposición al patriarcado y su apues-

ta personal por la transformación social ya era evidente en 19771: “Siempre me ha parecido que lo que tenían los hombres no era demasiado interesante, la guerra los muer-tos, los heridos (yo he vivido la guerra), la agresividad en el trabajo, en ganar dinero, el mandar... Nunca me ha interesado”. “Si las mujeres tenemos suficiente fuerza, y la tenemos, para cambiar las cosas”, añadía, “no es para ocupar la plaza de los hombres sistemáticamente; ser mujer es, entre otras cosas rechazar este circo que los hombres han montado como sociedad”.

En el año 2000 ve la luz Los espigadores y la espigadora, un trabajo en el que Varda parte de la experiencia de las antiguas espigadoras que repasaban los campos franceses con el objetivo de recoger los granos que que-daban tras la recolec-ción de la cosecha para acercarse a la figura de los nuevos espiga-dores y espiga-doras: los que rebuscan entre

Agnès Varda recogió en Los espigadores y la espigadora (Les glaneurs et la glaneuse, 2000) la labor de decenas de personas que dedicaban su vida a recolectar entre la basura de las

ciudades francesas. Han pasado 14 años desde que la directora gala rodara este documental y los testimonios e imágenes que conforman su relato se han convertido en estampas frecuentes en las

calles y barrios de buena parte de las ciudades del Estado español. Son un fiel retrato de la globalización de la pobreza. El trabajo de Agnès Varda evidencia la capacidad del cine

documental como herramienta de denuncia, en este caso de la exclusión social.

Sonia Herrera y Suso López*

Recolectando:de Los espigadores y la espigadora

a la exclusión social en el Estado español

El cine es un espejo pintado.ettore scoLa

¿Los pobres serían lo que son, si nosotros fuéramos lo que debiéramos ser?concePción arenaL


PauLa cabiLdo.

Cine n CULTURA

“”

Revisa el modo en el que la pobreza se inserta en nuestro imaginario,

describiendo de forma muy personal el contexto que rodea a la exclusión social

y situando a la mujer en el centro

la basura o en los propios campos para encontrar todo aquello que otros desechan, ya sean alimentos, juguetes, relojes o televisores. Entre los nuevos espigadores y es-pigadoras hay quien lo hace por necesidad y para poder comer y quien busca con estas acciones luchar contra el consumismo feroz.

Tal como afirma Jean Breschand2, “la realidad es in-separable de las meditaciones a través de las cuales la aprehendemos. Por eso puede decirse que las películas no revelan tanto la realidad como una forma de mirarla, de comprenderla”. Y en el caso de Agnès Varda, esta forma de mirar nos invita a pasear desde el cuadro de Las Espiga-doras de Jean-François Millet al contexto socioeconómico y político europeo de principios del siglo XXI tanto en el mundo rural como en el urbano, sin abandonar en ningún momento la crítica sobre la realidad mostrada.

A través de este viaje, del relato metareflexivo en el que nos sumerge, Agnès Varda retrata la cotidianidad y re-visa el modo en el que se nos transmite la pobreza (con más lagunas y estereotipos que realidades) y ésta se inserta en nuestro imaginario, describiendo de forma muy perso-nal el contexto que rodea a la exclusión social y situando a la mujer en el centro de la historia a pesar de que ésta no hable solamente de mujeres. Así, tal como expresa Aida Vallejo3, la directora pone el énfasis de la narrativa en “la mujer que mira, la mujer que narra, la mujer que vemos y la mujer que muestra”.

Varda, a través de su propia presencia participante ante la cámara (como si de un proyecto etnográfico se tratara) y de una cuidada puesta en escena, visibiliza una realidad a la que a menudo cerramos los ojos, situando el compromiso y la denuncia en el centro del relato. De ese modo la direc-tora da testimonio y nos ayuda a comprender la condición humana en la precariedad, en esa precariedad donde nos coloca un modelo económico y político cruel que arrin-cona los derechos sociales y enaltece la especulación, la corrupción, la producción exacerbada, el malbaratamiento

de alimentos o el fraude fiscal, entre otras prácti-cas “poco” éticas, humanas

y sostenibles. Según explica Vallejo:

“En Los espi-gadores y la espigadora Agnès Var-

da ofrece esa perspectiva que subvierte la construcción de una mirada exclusivamente masculina, tanto en la cons-trucción del sujeto que guía la acción como del objeto que aspira a conseguir. En primer lugar, su relato está narrado por una mujer. Ella misma encarna a la heroína de la histo-ria, lo cual lleva a activar los procesos de identificación del espectador/a y a compartir sus deseos y sus metas”.

Los espigadores y la espigadora desenmascara a la vez dos grandes ilusiones que han eclipsado el espíritu crítico de la sociedad durante mucho tiempo: el cine como medio alienante y de puro entretenimiento y el Estado del bien-estar, que realmente en muchos países occidentales se tra-dujo en Estado de consumo y “darwinismo social”. Así, el documental de Varda se convierte en una herramienta ética de visibilización, de lectura crítica y de denuncia.

¿Pero qué tiene que ver la realidad francesa del año 2000 que retrata Agnès Varda con la situación que se vive actualmente en el Estado español? ¿Podemos encontrar es-pigadores y espigadoras en nuestras calles?

Las ciFras de La crisisUna de las consecuencias más evidentes de la crisis eco-nómica que afecta al mundo capitalista desde 2008 es la globalización de la pobreza y la exclusión social. Sea cual sea el país del que hablemos hay una serie de dinámicas comunes que tienden a perpetuarse. Óscar Mateos, en su artículo “La hegemonía cultural (a propósito de Margaret Thatcher)”, recoge dos aspectos muy ligados a la proble-mática que aborda Agnès Varda en Los espigadores y la espigadora y que son el objeto de análisis de este artículo: “aumento espectacular y cronificación de la pobreza y de la exclusión social e incremento de las desigualdades so-ciales (disparando la brecha entre las rentas más altas y las más bajas)”.

Las cifras que presentan diferentes informes y estu-dios avalan lo delicado de la situación y demuestran cómo las políticas de austeridad letal (esas que llegan siempre, como señala Josep Ramoneda4, “después de periodos en que, desde los mismos lugares en que ahora se apela al rigor y a la virtud, se ha estado invitando al consumo sin límites”) nos dirigen hacia un escenario en el que la vul-nerabilidad ciudadana crece, el empobrecimiento de la po-blación se dispara y la pérdida de derechos básicos de la


CULTURA n Cine

ciudadanía es cada vez más evidente. El VIII Informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas describe el momento que estamos viviendo como “la consolidación de una nueva estructura social donde crece la espiral de la escasez y el espacio de la vulnerabilidad”.

El análisis cuantitativo de la situación en el conjunto del Estado español refuerza esta idea. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y de la Encuesta de Población Activa (EPA), ambas del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de pobreza en el Estado espa-ñol pasó del 19,7 por ciento de los hogares en 2007 al 21,1 por ciento en 2012, lo que equivale a un crecimiento del número de personas pobres que va desde los 8,9 millones de 2007 a los 10,5 millones de 2011.

El desempleo en España se situó en octubre de 2013 en el 26,7 por ciento, según datos de Eurostat (12,1 por ciento es el dato medio de la zona euro). La tasa de paro juve-nil fue del 57,4 por ciento, lo que significa que 972.000 jóvenes de entre 16 y 29 años se encuentran sin empleo. Estos datos se agravan al comprobar que el paro de larga duración, personas que llevan más de dos años en situa-ción de desempleo, se agrava y afecta en mayor medida a en mayor medida a las personas mayores de 50 años y a la juventud.

El informe de Cáritas también hace hincapié en el ele-vado número de personas que se encuentran en situación de pobreza severa. Los datos de 2012 duplican a los regis-trados en 2007. En estos cinco años la cifra pasó del 3,5 por ciento de la población al 6,4 actual, lo que en números absolutos significa alrededor de tres millones de personas.

A pesar de que no existen datos cuantitativos que determinen el número de personas que cada noche buscan comida entre los restos de la basura en el Estado español, sí es una imagen de la que los medios de comunicación, tanto estatales como internacionales, se han hecho eco de manera frecuente en los últimos tiempos. Así, en diciembre de 2010 el diario La Vanguardia titulaba “La crisis eleva el número de personas que buscan comida en los contenedo-res”. En la misma línea, el diario Público, en agosto de 2012, motraba el testimo-nio de varias

personas que esperaban al cierre de los supermercados para recoger alimentos en un reportaje titulado “Tengo que buscar en la basura para llegar a fin de mes”. También el New York Times se hacía eco de esta situación en un repor-taje sobre el problema del hambre en España bajo el título “Spain Recoils as Its Hungry Forage Trash Bins for a Next Meal”, publicado en septiembre de 2012.

Esta situación contrasta con la cantidad de comida que cada año acaba en la basura. Según datos del Ministerio de Agricultura y Alimentación son más de 7,7 millones de toneladas de comida las que cada año se tiran en los contenedores españoles. En el conjunto de Europa, según recoge un informe de la Comisión Europea, las pérdidas o desperdicios de alimentos alcanzan los 89 millones de toneladas al año. Es decir, entre un 30 y un 50 por ciento de alimentos sanos y comestibles se convierten en resi-duos. Mientras esto sucede, los bancos de alimentos no dan abasto y cada vez son más las personas que en nuestra sociedad, como en el documental de Varda, se ven obliga-das a espigar y rebuscar entre lo que otros desechan para poder comer.

eLLas, Las esPigadoras: muJeres y excLusión sociaLAl igual que Varda o incluso Millet, en este artículo también se ha buscado poner el acento en esas mujeres mostradas, en las “espigadoras” o, como escribió Pedro Guerra en una de las letras de su álbum Hijas de Eva, en ellas, “las más pobres entre los pobres”. Porque, ¿cómo

ha afectado la crisis a la acentuación de la feminización de la pobreza

en España? Lo explicaba excepcio-

nalmente Kirsten Lattrich en su artículo5 “El trabajo de

las mujeres y la crisis eco-nómica. La respuesta femi-

nista”: “En los países europeos afectados por la crisis son las

mujeres las que se están llevan-do la peor parte. El desempleo

femenino está creciendo de manera imparable, mientras las condiciones laborales de

las que sí tienen un puesto de trabajo se están preca-rizando cada vez más. En

España, la reforma laboral está surtiendo efecto,

desprotegiendo aún más a las que ya de por sí partían de posiciones más desfavorecidas.

Y es que las políticas neoliberales de recor-tes no son neutras en términos de género”.

PauLa cabiLdo.


Cine n CULTURA

Según el informe de Cáritas citado anteriormente, “las mujeres siguen siendo el rostro más visible de las situa-ciones de pobreza y exclusión”. Así se desprende de los datos del Eurostat, que sitúan la tasa de pobreza de los hogares monomarentales (el 90 por ciento de los hogares formados por un adulto y menores a su cargo están sos-tenidos por mujeres) en el Estado español en 38,9 puntos en el año 2011.

En la misma línea, el segundo informe elaborado por la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), Desigualtats i pobresa en un entorn de crisi, sitúa la tasa de riesgo de pobreza de las mujeres en Cataluña en el 20,3 por ciento (18 por ciento en el caso de los varones), tasa que se eleva hasta el 28,6 en el caso de las menores de 16 años. Los datos para el cómputo del Estado español no son más halagüeños, ya que la tasa de riesgo de pobreza femenina se coloca en el 22,4 por ciento (21,1 para los va-rones). En cambio, en el conjunto de la Zona Euro la cifra desciende hasta los 17,6 puntos. Por otro lado, las mujeres de más de 65 años son el sector de población con más pri-vaciones materiales, seguidas por el resto de mujeres de otros grupos de edad.

Si bien sabemos que el aumento global de estos datos se debe a la fuerte crisis económica que nos afecta des-de 2008, ¿a qué se deben específicamente las diferencias entre las tasas de pobreza femenina y la masculina? ¿Por qué la pobreza afecta de forma diferente a hombres y mu-jeres? ¿Qué factores relacionados con el género inciden en la probabilidad de ser pobre?

La respuesta no está exenta de complejidad, ya que no existe una sola causa. La feminización de la pobreza está relacionada con una amalgama de factores y discrimina-ciones de género que tienen que ver, por ejemplo, con la

invisibilidad del trabajo doméstico no remunerado, la dis-criminación laboral y salarial de las mujeres, la división sexual del trabajo, la dificultad de acceso a los recursos materiales y sociales (capacitación, educación, trabajo re-munerado, etc.) y la desigualdad en el acceso a los mismos respecto a los varones, su exclusión de la toma de decisio-nes políticas y económicas… Y la lista continúa. La falta de autonomía económica o la violencia machista son dos factores más que afectan al riesgo de sufrir pobreza. Tanto la carencia de ingresos propios como el aislamiento y la di-ficultad para acceder al mercado de trabajo que experimen-tan muchas mujeres víctimas de violencia de género reper-cuten directamente sobre la probabilidad de ser pobre.

nuevos signiFicados,PosibiLidades de transFormaciónSin lugar a dudas, Agnès Varda es una de las directoras que mejor ha sabido recolectar y espigar con su cámara todas aquellas realidades que para la mayoría pasan inad-vertidas, dirigiendo la mirada hacia contextos ante los que habitualmente se sigue mirando hacia otro lado y constru-yendo nuevos significados desde la propia subjetividad.

Pero ella, que ha incluido la denuncia y la crítica en la mayor parte de sus trabajos, sabe mejor que nadie que el cine documental no es una mera recolección de imágenes y circunstancias, sino que puede colaborar activamente en la búsqueda de posibilidades de transformación y en la visibilización de la injusticia social en todas sus va-riantes, dando voz a aquellos (y especialmente a aquellas) que sistemáticamente han sido apartados del relato y de la historia. Han pasado más de diez años desde que se rodó Los espigadores y la espigadora y su vigencia, a pesar del tiempo transcurrido y de las diferencias existentes (o más bien, las similitudes latentes) entre Francia y España, re-sulta abrumadora e incluso angustiante.

La crisis, la vulnerabilidad, las mal llamadas “políticas de austeridad” y la precarización nos están golpeando con fuerza. A las mujeres con especial rigor. Sin embargo, a menudo, nadie pone el foco en ellas ni se demandan datos segregados ni se discute la responsabilidad de los medios en el mantenimiento del statu quo. Hace poco la periodista y escritora Olga Rodríguez6 se preguntaba lo siguiente en un artículo: “Y entonces..., ¿para qué nos habíamos hecho periodistas?”. Nosotros, a la luz del trabajo de Agnès Varda como ejemplo de buena práctica cinematográfica, nos pre-guntamos: Y entonces..., ¿para qué se hicieron cineastas?

¿Puede el cine documental ser pura neutralidad y asep-sia ante la pobreza, la discriminación y la injustica? ¿O podemos (y debemos) exigirle una responsabilidad respec-to a la realidad que refleja? Dar respuesta a esa pregunta quizás sea harina de otro costal, pero tal y como afirmaba Nichols7, la reflexividad “no tiene por qué ser puramente formal; también puede ser acusadamente política”.q

1 Entrevista de Esther Ferrer a Agnes Varda en El País, 23 de abril de 1977: “Agnes Varda y la fuerza vital femenina”. Disponible en www.elpais.com.

2 Breschand, Jean (2004): El documental: la otra cara del cine, Paidós.3 Vallejo Vallejo, Aida (2010): “Género, autorrepresentación y Cine documental. Les

glaneurs et la glaneuse de Agnès Varda”, en Quaderns de Cine, nº10.4 Ramoneda, Josep (2013): “Breve historia de la austeridad. Una reforma política po-

dría revivir la idea de futuro y dar impulso psicológico a la sociedad”, en El País, 24 de abril de 2013. Disponible en www.elpais.com.

5 Lattrich, Kirsten (2013): “El trabajo de las mujeres y la crisis económica. La respuesta feminista”, en Pueblos - Revista de Información y Debate, nº55.

6 Rodríguez, Olga (2013): “Y entonces..., ¿para qué nos habíamos hecho periodistas?”, en www.eldiario.es (12/11/2013).

7 Nichols, Bill (1997): La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental, Paidós.

*Sonia Herrera Sánchez ([email protected]) es comunicadora audiovisual y especialista en

educomunicación, periodismo y conflictos armados y género.Suso López ([email protected]) es comunicador audiovisual

y especialista en gestión de la comunicación política.

“”

El cine documental no es una mera recolección de imágenes y circunstancias, sino que puede colaborar en la búsqueda de posibilidades de transformación y en la visibilización de la injusticia social


CULTURA n Música

Abordar la música desde una perspectiva an-tropológica ofrece muchas posibilidades para el conocimiento de otras realidades. En Caruao, en la costa central de Venezuela, habitan seis comunidades afrodescendientes que parecen no reconocerse a sí mismas como descendientes de la esclavitud. En este artículo centramos nues-tra atención en una de ellas, Osma, donde el 24 de junio se produce una de las manifestaciones culturales más relevantes del año: las fiestas de San Juan y de San Benito.

Muchas de las aportaciones de África a otros países de los diferentes continentes existían antes de la trata de esclavos, mediante intercambios comercia-

les o educativos que dieron lugar al enriquecimiento de las expresiones artísticas y culturales de muchas partes del mundo. Las esclavas y esclavos africanos lucharon por su libertad y, a su vez, dejaron un influyente legado y patri-monio cultural a lo largo de la historia hasta la actualidad.

Según José Jorge de Carvalho1, la música afroameri-cana es producida en el interior de naciones que fueron formadas bajo régimen de esclavitud. Éstas existen desde hace poco más de dos siglos, no más de cinco generaciones que conservan sus tradiciones musicales siempre en condi-ciones extremadamente difíciles. Como afirma Carvalho2,

“nuestros países todavía están viviendo, también en el te-rreno de la música, una realidad post-esclavista. Muchas comunidades se mantienen con sus tradiciones rituales, sean sincréticas con el catolicismo, o sean todavía deriva-das exclusivamente de las tradiciones africanas”.

devenir de caruaoEn la Parroquia Caruao, en el Este del Estado de Vargas, en la costa central de Venezuela, a 52 km del Caribe, habitan seis comunidades de afrodescendientes: Osma, Oritapo, Todasana, La Sabana, Caruao y Chuspa3. Las comunida-des, en general, presentan una economía de subsistencia caracterizada por la presencia de la agricultura (conuco), la albañilería, la pesca, la prestación de servicios sociales y la venta de dulces y comida criolla. Se comenzó a poblar esta zona en la primera mitad del siglo XVII. Con el auge del cacao, muchos funcionarios españoles establecieron diver-sas haciendas en las que trabajarían esclavos africanos. Se dice que a Venezuela, en dicha época, los esclavos llega-ban del Congo y Angola, pero no se sabe con exactitud.

Angelina Pollak-Eltz4 hizo referencia en los años setenta a la dificultad en Venezuela de identificar culturas enteras procedentes del continente africano: se hicieron más bien referencias de rasgos y elementos. Según la au-tora, era costumbre distribuir los esclavos entre los hacen-dados de manera que estas personas perdieran el contacto con conocidos de su grupo étnico para así evitar subleva-ciones organizadas y facilitar el proceso de aculturación. Aún así, en las cofradías se unieron negros de las mismas regiones. Según Pollak-Eltz, “los análisis de los pocos

Jara Romero Luque*

El tambor en Osma (Venezuela), herramienta de conocimiento cultural

“Parece que los individuos tienen la capacidad de imprimir un sentido musical al mundo y que pueden,

a través de ciertos tipos de ejecución y afinación con otros, transformar estructuras de cognición y afecto

en formas culturales y sociales”bLacking, 1991.

Música n CULTURA

documentos accesibles para determinar el origen de los esclavos revela que aproximadamente la mitad de los ne-gros vinieron de la costa del Golfo de Guinea (entre la Costa de Oro y Benin) y la otra mitad de la región del Congo-Angola”.

Durante los siglos XVIII y XIX, la economía costera de la zona tuvo como base los cultivos de cacao además de la caña de azúcar5. A lo largo de todo el siglo XVIII se in-tentaron aprovechar las posibilidades del clima y la tierra, especialmente aptos para el cultivo del cacao, y se crearon centros productores que encontraban en los puertos comer-ciales la forma de abastecerse de mano de obra6. También se hallaron, en menor medida, cultivos de café y cocotales. La ubicación actual de dichas comunidades coincide con la distribución de las antiguas haciendas, que los propieta-rios blancos levantaron donde la producción agrícola era idónea y donde habitaron comunidades indígenas hasta el siglo XVII.

Como decíamos, la zona de Caruao se comienza a po-blar en la primera mitad del siglo XVII. Con el auge del ca-cao se empiezan a llevar esclavos africanos a la zona para trabajar en las haciendas de los funcionarios españoles allí asentados. Según Yara Altez7, finalizando el siglo XVIII la industria del cacao fue mermando y ascendiendo la del café. Como las tierras de Caruao no eran aptas para este cultivo, tras la Guerra de la Independencia (1810-1823) la región fue invadida por patriotas deseosos de reclutar esclavos y expropiar tierras. Los funcionarios españoles se fueron del territorio pero las y los esclavos africanos per-manecieron en la zona trabajando para nuevos amos.

eL oLvido deL Pasado escLavoExiste un fenómeno relevante a tener en cuenta a la hora de estudiar Caruao: el olvido del pasado esclavo. Como ex-plica Altez8, en estas comunidades hoy día se observa una ruptura con el pasado colonial y las evidencias históricas que se han hallado no se corresponden con la memoria co-lectiva de los habitantes de la zona. Las personas que han investigado acerca de Caruao han encontrado una memo-ria oral que no reconoce su ancestralidad; una ruptura con el pasado colonial, pensado éste como atraso y retroceso, y una apertura y aceptación del presente, entendido como evolución y progreso.

Yara Altez sostiene que los habitantes de Caruao in-terpretan su historia desde un paradigma que atribuye los calificativos de “brutos y atrasados” a la gente de antes, asegurando que vivían como animales. Estos términos y la imposición del olvido acerca del pasado convienen al sistema de desigualdad social bajo el que viven. Según Al-tez9, las comunidades de Caruao no se identifican con el discurso de la afroidentidad, por lo que no se les puede poner esa identidad: “De ahí que en estas localidades re-

sulte embarazoso definir a sus habitantes bajo la catego-ría de afrodescendientes, pues han olvidado justo los

episodios que les identificarían como sucesores de africanos”.

Pese a todo esto, podemos definir a Osma como una de las seis comunidades de afro-

descendientes que se encuentran en el este del Estado de Vargas, en la Pa-

rroquia Caruao. Con apenas mil habitantes, esta comunidad nos

ofrece una oportuni-dad para investigar, descubrir e indagar

“”

Según los datos analizados, se observa una ruptura con el pasado colonial y las evidencias históricas no se corresponden con la memoria colectiva

PauLa cabiLdo.


CULTURA n Música

aspectos que nos trasladan a su pasado colonial. El pasado colonial, el cambio social producido y las prácticas musi-cales que se desarrollan en este contexto pueden aportar-nos un material bastante significativo para el conocimiento antropológico-musical.

música y antroPoLogíaDe acuerdo con Ruth Finnegan10, la música ha sido con-siderada mucho tiempo como algo fuera del campo de la antropología, que se relacionaba más con la musicología o la historia social. Teniendo en cuenta la ausencia de estu-dios académicos y sistemáticos desde las ciencias sociales sobre el tambor y el interés social que tiene éste para los lugareños de la comunidad (conforma una de sus princi-pales señas de identidad), resulta de gran interés estudiar los aportes de la música africana a las de otros lugares del mundo uniendo antropología y música.

Según Marta Lucía Barriga Monroy11, el tambor africa-no se remonta a la Prehistoria y llegó a Europa y América a raíz de las migraciones. Según la teoría difusionista, el tambor se extiende desde Egipto por toda África entera y de ahí a los demás lugares. Esta teoría antropológica defiende que los rasgos culturales presentan un origen común, que parte de una realidad única y se proyecta a través de la geografía en las distintas sociedades. La autora sostiene que los almorávides fueron los que introdujeron en Europa los tambores de los ejércitos en la invasión española. Pero los ritmos africanos se extendieron por toda Europa en los siglos XVI-XVII, siendo ya en el XX, después de las dos grandes guerras, cuando la influencia de estos ritmos en América quedó reflejada en el jazz, la samba, etc. En la

segunda mitad del siglo XX, en Latinoamérica se extiende el tambor africano, no los ritmos y sus movimientos.

san Juan y san benitoLa fiesta de la noche de San Juan parece tener un carácter mágico-religioso en diversas zonas del mundo: es una fies-ta que rompe con lo cotidiano, con lo sagrado y lo estático. En esta zona de la costa central de Venezuela, diversas co-munidades festejan este día, pero parece haber una dife-renciación y una especialidad en Osma por el encuentro de San Juan y San Benito. Los habitantes suelen vestir de co-lor rojo y realizan paseos y bailes por las calles y a lo largo de la playa. Se dice que los habitantes de esta comunidad comenzaron bailando a San Benito porque no poseían la imagen de San Juan Bautista, que llegaría después a Osma por una donación.

En esta festividad la población se divide en dos: quie-nes veneran a San Benito desde la Iglesia, por un lado, y quienes se acercan a la playa, devotos de San Juan. Todo esto presenta un fuerte carácter simbólico, pues quedan se-parados por un río. Según la historia, San Juan era árabe y en el mapa africano la cultura árabe y africana son cerca-nas. Después de que llegaran a esta población tanto unos como otros, el objetivo fue vivir en hermandad y unión. Las fiestas empiezan por la mañana. Los visitantes reciben alimentos (bollos, arroz o pollo, entre otras cosas) sin nin-gún pago a cambio, algo que se traduce en abundancia y bienestar. Se escuchan cantos improvisados, rebosantes de peticiones, junto al ritmo incesante de los tambores.

Sobre las once de la noche, los habitantes se preparan para el baile al santo (banderas de colores, tabaco…) y se inicia el recorrido. Durante éste, los santos se van pasan-do entre los bailarines y se realizan paradas en diferentes casas, en las que se recibe al santo como ofrenda. A media-noche cada imagen debe estar en cada lado del río y todas las personas esperan con ansia el encuentro para bañarse en sus aguas12.q

1 Profesor de antropología en la Universidad de Brasilia. Ha sido investigador de la Fundación de Etnomusicología y Folklore de Venezuela, así como profesor invitado en otras universidades americanas.

2 De Carvalho, J.J. (2003): “La etnomusicología en tiempo de canibalismo musical. Una reflexión a partir de las tradiciones musicales afroamericanas”, en TRANS-Revista Transcultural de Música, 7.

3 Ver: http://antropologiacaruao.wordpress.com/caruao. 4 Pollak Eltz, A. (1972): “Procedencia de los esclavos negros traídos a Venezuela”, en Vestigios africanos en la cultura del pueblo venezolano, Caracas, Universidad Católica Andrés

Bello, Instituto de investigaciones Históricas. 5 Ver nota 3. 6 Pérez Márquez, B.A. (2012): San Juan te lo da: Lengua y política en una comunidad afro-venezolana. Tesis presentada a la Universidad Complutense de Madrid. 7 Altez, Y. (2000): “La desigualdad como tradición”, en Tharsis. Año 4. Vol.1. No 7. Enero-Junio, Caracas, Venezuela. 8 Ver nota anterior. 9 Altez, Y. (2003): “Los fantasmas de una afro-identidad”, en Tharsis, año 7. Vol.4, nº 13. Caracas, Venezuela.10 Finnegan, R. (2002): “Porqué estudiar la música, reflexiones de una antropóloga desde el campo”, en TRANS- Revista Transcultural de Música 6.11 Barriga Monroy, (2004): “La historia del tambor africano y su legado en el mundo”, en El artista: revista de investigaciones en música y artes plásticas, nº 1, Centro Publicaciones

Universidad De Pamplona.12 Transcripción adaptada extraída de vídeo “Documental Encuentro de san juan y san Benito”, de Hector Luis Caldera Velasquez. Disponible en: www.youtube.com/watch?v=IgyrUP-

Zmtw. Otro vídeo sobre el tema, titulado “Encuentro de San Juan y San Benito en Osma 24-06-2013”, puede verse en www.youtube.com/watch?v=aFu5p8ZMmdQ.

“”

Se dice que los habitantes comenzaron bailando a San Benito porque noposeían la imagen de San Juan Bautista

*Jara Luque. Posgrado en Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente doctorando en Ciencias Sociales; Antropología de la

Diversidad Cultural: Ciudadanía, Movilidad y Conflicto, Universidad de Granada.


Ante tal petición, las albricias del público paran de gol-pe y espeta: “Muchas gracias por estos aplausos tan generosos, pero quiero pedirles un favor. La semana

que viene actuamos en Valencia y ruego recomienden a sus allegados y amigos en esta ciudad, si los tienen, que acudan a ver la obra que acaban de presenciar. Como se hacía antes, boca a boca, o este negocio se acaba. Gracias”. Se reanudan con más insistencia los aplausos y por fin ve-mos el patio de butacas, que presenta unas inexplicables y desoladoras calvas de asientos sin uso y que nos revela la razón del extraño eco con el que resonaba tal algarabía…

Acabamos de ver la obra El veneno del teatro, de Ro-dolf Sirera, dirigida por Mario Gas e interpretada por Da-niel Freire y Miguel Ángel Solá. Gabriel de Beaumont, uno de los actores más afamados del París de la Ilustra-ción, a finales del siglo XVIII, es hecho llamar al palacio de un excéntrico aristócrata, el cual le invita a representar

El público puesto en pie no deja de aplaudir. Los dos actores, aún jadeantes por el esfuerzo interpretativo y la intensidad del final de obra, lanzan miradas infinitas de agradecimiento y co-reografían a la perfección un elegante y simétrico arqueo de espalda en reconocimiento al respe-table, que según avanzan las galas y la luz de sala gana en intensidad, se desinhibe en bravos y loas por la excelencia teatral vivida. En estas, uno de los actores hace un gesto a la platea con la palma de una mano mirando hacia abajo y el dedo índice de la otra completamente erguido percutiéndole con insistencia, pidiendo tiempo y momento para expresarse.

José Alberto Andrés Lacasta*

El veneno del teatro... o el teatro, envenenado

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CULTURA n Teatro

*José Alberto Andrés Lacasta es colaborador de Pueblos - Revista de Información y Debate.

un texto del que es autor y que describe la agonía de los últimos momentos de la muerte de Sócrates (condenado a tomar cicuta por la supuesta subversión de su pensamiento político y filosófico). El conflicto de la obra es un meti-culoso, preciso y fascinante paso a dos in crescendo que nos va llevando desde la desesperación y la frustración del engolado actor sometido al extravagante experimento del potentado, con la discusión del método teatral y las escuelas y teorías de interpretación como telón de fondo. El debate está entre el sistema de Diderot, que aboga por la separación entre la emocionalidad del personaje y la del actor, frente a modelos opuestos que requieren del intér-prete una inmersión sentimental íntegra, hasta el punto de entremezclar sin compasión y con todas las consecuencias los requerimientos del personaje con los propios del intér-prete. El desarrollo de esta discusión nos revela la aviesa intención del aristócrata, que, sometiendo a su actor a los efectos de un letal veneno, pretende una dramaturgia de sesión única y teatro total por parte de Beaumont. Éste, desde la inicial y paulatina pérdida de fuerza fruto de los primeros sorbos de un malgastado vino chileno que va consumiendo, hasta los estertores más grotescos que pre-ceden la defunción, evoluciona a la expiración si remedio, balbuceando magistralmente un texto que loa y maldice la muerte como momento supremo de la debilidad y miseria humana, al tiempo que ruega una compasión que lo único que consigue es alimentar con más fuerza la crueldad del aristócrata. El veneno del teatro.

Está claro que la trascendencia de esta propuesta, más allá de adentrarnos en los muchos e interesantes recovecos de los discursos teóricos del método teatral, abarca muchos elementos que nos abren un espacio para la reflexión, el disfrute y la vivencia, perfectamente delineados. La obra nos muestra una panoplia de bucles y ejes en segundo plano que nos hablan de la miseria del ser humano sometido y del tirano, del valor de la vida y la desesperación de la muerte en ciernes, del reconocimiento y la fama frente a la vulgari-dad y la perversión de la raza homínida, del método y el or-den frente a la heterodoxia, de la vanidad y del fracaso…

La precisión milimétrica y la calma pautada con la que avanza la dramaturgia son de las que hacen afición, de las que logran que te olvides del lugar en el que permaneces y te atrapan hasta la médula en un debate y un desarrollo que no quieres que acabe. El trabajo actoral es excelente, el estado de gracia y la entrega de los dos intérpretes no cabe más que encuadrarlo como un brillante capítulo de adenda al magnífico tratado teatral que se nos acaba de mostrar. La puesta en escena, los elementos escenográficos y la ilu-minación aparecen magistralmente sometidos al absoluto servicio de la evolución de la obra en su sobriedad, elegan-cia y funcionalidad. No hace falta más, ni menos.

¡Qué sana envidia genera el talento y regusto de Ma-rio Gas ante un texto de salón tan exquisito, después del despampanante despliegue y reconocimiento general de su última producción al frente del Teatro Español, Follies! Personalmente prefiero al Mario Gas más íntimo, más pre-sente, más quirúrgico, más poliédrico, más cercano, más

incisivo, más relajado, más gourmet, y aquí el director se reencuentra con todas estas cualidades en plenitud de fa-cultades y con una perspectiva muy atractiva por el ánimo y posibilidad que nos genera seguir disfrutando de su ca-pacidad en montajes del estilo.

El veneno del teatro resulta una experiencia emocional memorable, un montaje teatral en dimensión y calidad, de manual de iniciación y ratificación para espectadores ávi-dos de experiencias intensas, de las de verdad… Pero la angustia del patio de butacas semi vacío nos devuelve a la realidad más bruta y terca, que en esta ocasión definitiva-mente no se puede acabar de entender.

¿Dónde está el fallo en este caso? ¿En el IVA? Sin duda alguna que este impuesto revolucionario, que anega el más mínimo margen de sosiego y dignidad para este sector, es una lanzada de costado casi definitiva. Como no se recti-fique pronto, puede ser que aboque masivamente al ama-teurismo como única salida para mantener este arte ¿Quizá el problema también esté en el modelo empresarial de dis-tribución? Puede ser. La pérdida del caché como valor de cambio frente al riesgo de taquilla sin duda ha retraído el modelo y los sistemas de desarrollo en la producción. El éxito basado en meter con calzador en el elenco a los acto-res del prime time televisivo sigue una “lógica” de mercado injusta para los buenos actores, actrices y productores (in-cluidos los del top televisivo, cuando son del oficio), pero al fin y al cabo con una “lógica”, anormal, pero “lógica”.

Y más. ¿Quizá el problema resida en unas políticas institucionales de promoción y fomento absolutamen-te despreocupadas y mimetizadas con el rentabilismo, la privatización y el encanto de los diarios de color salmón? ¿Quizás los jóvenes están, ahora sí, desertando de un arte que en los últimos tiempos no ha logrado empatizar ni co-nectar con nuevos modelos culturales, nuevos ámbitos de colectivización del conocimiento y nuevos campos para el acercamiento transmedia del hecho teatral? ¿El veneno del teatro, o el teatro está envenenado?

Si tienes amigos y amigas, parientes, personas conoci-das en Valencia, Madrid, Barcelona, o donde se represente la obra, pídeles por favor que busquen en la cartelera y que, si este montaje está programado, acudan. Estoy se-guro de que, cuando el IVA y las otras cosas lo permitan, habremos ganado un nuevo-viejo espectador, y la arcana y perenne crisis del teatro habrá pasado a convertirse en una chanza para el recuerdo. O por el contrario, ¿quizás…?q

“”

El aristócrata, sometiendo a su actor a los efectos de un letal veneno, pretende una dramaturgia de sesión única y teatro total

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Con cada nueva suscripción

se remitirá un ejemplar de uno

de los libros o audiovisuales

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