Pueblos 63 – Cuarto trimestre de 2014

Dossier: frica 2.0. entre el boom tecnolgico, la Democracia y el perioDismo ciuDaDano > Medios de comunicacin y democratizacin > frica, la inovacin mvil

> Periodismo ciudadano y libertad de prensa miraDas: cmo se hablar De paz?

> Por qu y cmo articular un proceso de paz en el Pas Vasco > Educacin para la Paz > La sociedad vasca, el proceso de paz y el tercer espacio > El conflicto poltico es inconstitucional

fotografa: Kiev, los neonazis tras el golpe > multinacionales: Las represas al sur de Chile > cultura: Foucault, prcticas de resistencia y transformacin

> otras secciones: Opinin > Entrevista > Comunicacin > Cooperacin

Revista de Informacin y Debate n Cuarto trimestre de 2014 n N 63www.revistapueblos.org

Lisboa (1978). Artista de origen caboverdiano y angoleo, creci en Portugal, estudi en las Caldas da Rainha, vivi en Nueva York y actualmente es profesor de diseo en Luanda. Pertenece al colectivo artstico e.studio LUANDA.

Para hacer esta ilustracin, Francisco Vidal se inspir en los contrastes, el ritmo y la ca-pacidad de metamorfosis de la ciudad de Luanda, as como en la velocidad que facilita internet y en la esttica del gnero musical angoleo kuduro. Ha querido transmitir la idea de Angola como pas joven con cultura antigua, con carencia de recursos pero una impresionante energa.

Ms informacin: http://www.buala.org/pt/da-fala/estudio-luanda.

Portada del nmero 63

Franscisco Vidal

Pueblos es una apuesta por la solidaridad que ofrece una mirada crtica sobre las diferentes realidades sociales, polticas, econmicas y culturales del mundo. Editada por Paz con Dignidad, busca consolidar un instrumento de comunicacin que sirva para fortalecer e impulsar nexos entre organizaciones del Norte y del Sur que trabajan en procesos de transformacin social. Fundada en 1995 (segunda poca, 2002), cada ao se publican cuatro nmeros ordinarios de Pueblos (enero, abril, julio y octubre) y al menos un especial. Todos o prcticamente todos los artculos publicados en la edicin en papel de Pueblos son originales. Pueblos Revista de Informacin y Debate no se hace responsable de las opiniones de los autores y autoras de los artculos.

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pueblos - revista De informacin y DebateN 63 (II poca). Cuarto trimestre de 2014funDaDa en 1995. Segunda poca n 2002. eDitaDa por Paz con Dignidad (C/Gran Va, 40 n 5 n Oficina 2 n 28013 n Madrid).Depsito legal: M.47.658-1999. issn: 1577-4376Direccin: Luis Nieto Pereira. consejo eDitorial: Eugenio Pascual Corua (Asociacin Paz con Dignidad) n Elena Nagore Cordn (Centro de Iniciativas para la Cooperacin Bat, CIC Bat) n Carmen Sala. (Entrepueblos) n Instituto de Promocin de Estudios Sociales - Navarra n Puri Prez Rojo (Mugarik Gabe Euskadi) n Organizacin de Cooperacin y Solidaridad Internacional, OCSI) n Patxi Zabalo (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperacin Internacional Hegoa - Universidad del Pas Vasco UPV/EHU) n Fidel Nieto (Universidad Luterana de El Salvador) n Pedro Ramiro (Observatorio de Multinacionales en Amrica Latina, OMAL) n Silvia Prez (Plataforma 2015 y ms) n Teresa Aranguren n Jaume Botey n Adolfo Rodrguez Gil n Isaac Rosa n Pascual Serrano n Carlos Taibo. entiDaDes colaboraDoras: Justicia i Pau de Catalua n Xulio Ros (Instituto Galego de Anlise e Documentacin Internacional, IGADI) n Mikel De La Fuente (Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la UPV/EHU) n Amparo Merino (Universidad de Castilla-La Mancha) n Edgardo Mira (Centro de Investigacin Sobre Inversin y Comercio - CEICOM, El Salvador) n Revista Envo (Universidad Centroamericana de Managua, Nicaragua). n Marco Gandarillas (Centro de Documentacin e Informacin, CEDIB Bolivia) n Olimpo Crdenas (Periferia Prensa Alternativa, Colombia). coorDinacin: Andrea Gago Menor. consejo De reDaccin ([email protected]): Jos Alberto Andrs Lacasta n Rosaura Audi n Laura Daudn n Maider Iriarte n Suso Lpez n Luis Nieto n Alba Onrubia Garca n Beatriz Ortiz Martnez n Alejandro Pedregal n Susana Prez Snchez n Sebastin Ruiz n M Cruz Tornay. agraDecimientos: A Fernando Altamira, Aloia lvarez Fens, Eneko Calle, Esther Canarias, Urbano de la Cruz Benito, Erika Gonzlez, Juan Hernndez Zubizarreta, Marta Lana, Alfonso Serrano, Blanca Luca Valencia Molina y a todas aquellas otras entidades y personas que han hecho posible la elaboracin de este nmero. Diseo: Andrea Gago y Silvia M. Prez. maquetacin: Alba Onrubia Garca. aDministracin ([email protected]): ngela Martn.

pueblos se realiza con el apoyo De las siguientes instituciones:Agencia Andaluza de Cooperacin Internacional para el Desarrollo (AACID) n Ajuntament dArt n Ayun-tamiento de Rivas-Vaciamadrid n Ayuntamiento de Valladolid n Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao n Bizkaiko Foru Aldundia / Diputacin de Bizkaia n Eusko Jaularitza / Gobierno Vasco n Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputacin Foral de Gipuzkoa.

Este nmero ha contado con el apoyo especial de la Agencia Vasca de Cooperacin Internacional para el Desarrollo/ Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia y de la Diputacin Foral de Gipuzkoa/ Gipuzkoako Foru Aldundia. El contenido de esta publicacin no refleja necesariamente la opinin de ninguna de las instituciones que la apoyan econmicamente.

El dossier central ha sido editado tambin ntegramente en euskera.

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Esta revista se publica en papel reciclado.

Dossier: frica 2.0. e

ntre el boom tecnol

gico, la Democra

cia y el perioDism

o ciuDaDano

> Medios de comun

icacin y democratiz

acin > frica, la in

ovacin mvil

> Periodismo ciudad

ano y libertad de pr

ensa

miraDas: cmo se h

ablar De paz?

> Por qu y cmo a

rticular un proceso d

e paz en el Pas Vas

co > Educacin para

la Paz

> La sociedad vasca

, el proceso de paz

y el tercer espacio

> El conflicto polti

co es inconstitucion

al

fotografa: Kiev, los neo

nazis tras el golpe >

multinacionales: La

s represas al sur de

Chile

> cultura: Foucault, prc

ticas de resistencia y

transformacin

> otras seccione

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Comunicacin > Co

operacin

Revista de Informa

cin y Debate n Cua

rto trimestre de 2014

n N 63

www.revistapueblos

.org

Informacin y Debate n PUEBLOS n Cuarto trimestre n 2014 n 3

EDITORIALLa opacidad de las negociaciones sobre el Tratado Unin Europea-Estados Unidos (Pueblos - Revista de Informacin y Debate y Observatorio de Multinacionales en Amrica Latina - Paz con Dignidad) ......................................................................................... 4

OPININDrones para jugar, drones para matar (Roberto Montoya) ......................................................... 5Despus de la matanza (Teresa Aranguren) ............................................................................... 6

MULTINACIONALESEl modelo del modelo: Las represas al sur de Chile (Nazaret Castro) ...................................... 7

ENTREVISTAJorge Freytter-Florin: Hay que desterrar el paramilitarismo de las universidades colombianas (Beatriz Plaza Escriv y Andrea Gago Menor) ................................................ 10

MIRADAS: Cmo se hablar de paz?Por qu y cmo articular un proceso de paz en el Pas Vasco (Petxo Idoiaga) ........................ 15La sociedad vasca, el proceso de paz y el tercer espacio (Martn Alonso) ............................. 18El conflicto poltico es inconstitucional (Jule Goikoetxea) ......................................................... 21Educar para la Paz en Euskadi. Camino recorrido, camino por recorrer (Susana Harillo) ...... 24

DOSSIER: frica 2.0. Entre el boom tecnolgico, la democracia y el periodismo ciudadanoCuando el frica subsahariana nos comunica (Sebastin Ruiz) ............................................... 28Medios de comunicacin y democratizacin en frica (Jos Carlos Sendn) ........................... 30frica, la inovacin mvil (Luca Bentez Eyzaguirre) .............................................................. 33Periodismo ciudadano y libertad de prensa (Carlos Bajo Erro) ............................................... 36Apunta, dispara y publica: Puede la agitacin en las redes sociales sustituir a la gente aglomerndose en las calles? (Naliaka Wafula) ......................................... 39

COMUNICACINLa cobertura meditica de la violencia en el contexto de la guerra contra el narco en Mxico (Ruth Elizabeth Prado Prez) .................................................................................. 43Periodismo especializado: tiene futuro en la televisin? (Sergio Casal Figueroa y ngel Castro Silva) ........................................................................... 47

COOPERACINDe lo municipal al enfoque de cuenca: Una experiencia desde la cooperacin para mejorar la gestin de los recursos hdricos y naturales en El Salvador (Antonio Sand Mera y Oscar Antonio Ruiz Cruz) ................................................................. 50

FOTOGRAFAKiev, los neonazis tras el golpe (Unai Aranzadi) ....................................................................... 54

CULTURATeatro: Misntropo o la crnica del dolor (Jos Alberto Andrs Lacasta) ............................. 58Leer El ltimo europeo: reflexiones sobre una Unin Europea que parece crecer y romperse a la vez (Andrea Gago Menor) ............................................................................... 60Michel Foucault y la crtica del presente: prcticas de resistencia y transformacin (Max Hidalgo Ncher) ............................................................................................................... 63

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CONTENIDOS

E s un tema de poco inters para la ciudadana euro-pea. Por eso, sin duda, no tiene eco en los medios de comunicacin. Quizs a esto se sume que es de-masiado tcnico y difcil de hacer entender para el comn de los mortales. Por eso tampoco se habla demasiado de ello en las tertulias televisivas. Pero no, no es ni lo pri-mero, ni lo segundo. En julio se celebr la sexta ronda de negociacin en torno al Tratado Trasatlntico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en ingls), un nuevo marco de regulacin de las relaciones comerciales y de in-versin entre EEUU y la Unin Europea que har temblar, si se aprueba, la base del estado social y de derecho que conocemos.

En teora, el proceso de negociacin es transparente y simplemente no nos enteramos bien porque a los medios no les interesa demasiado (porque no tiene inters y por-que es muy tcnico, por supuesto). Pero, en realidad, slo se conocen algunos documentos filtrados desde las propias instancias europeas. Si los planes les salen bien a las perso-nas que estn negociando, es posible que los documentos relacionados con las negociaciones no se hagan pblicos hasta dentro de treinta aos.

La propuesta pretende, por lo que conocemos, crear el mayor mercado del planeta mediante cuatro iniciativas: armonizacin normativa, nueva arquitectura poltica y ju-rdica entre empresas e instituciones pblicas, rebaja de aranceles y marco favorable a la privatizacin de servi-cios. El objetivo? Quienes tienen inters en que se aprue-be afirman que se generara ms inversin, ms empleo y, como consecuencia, mayor bienestar. No suena a la mis-ma cancin de siempre?

De aprobarse, el TTIP podra tener un impacto muy negativo en trminos ecolgicos, sociales, econmicos, laborales y democrticos. Profundizara en el deterioro del estado social y de derechos que conocemos y agudizara enormemente el conflicto entre capital y vida. El TTIP

slo favorece a las empresas transnacionales. De hecho, la aprobacin de este tratado demostrara sin lugar a dudas las cotas de poder a las que las grandes corporaciones han llegado en los campos poltico y jurdico.

Las transnacionales estadounidenses y europeas quie-ren terminar con todas las trabas a sus negocios tambin en el Norte Global, en el centro del sistema, puesto que en otras partes se les ha complicado un poco (cambios en Amrica Latina, influencia de China, Rusia, Brasil, y sus transnacionales, por ejemplo). Y, mentando a la crisis y la pobreza, con el discurso de los puestos de trabajo y el bienestar, estn bastante seguras de que lo van a conseguir.

Ms all de la apertura recproca de los mercados a las inversiones de cada parte del Atlntico y la rebaja de los aranceles (algo que daara profundamente al campesinado europeo), el TTIP pretende terminar con lo que en realidad pone cierto freno a su incremento constante de beneficios: las regulaciones que protegen a trabajadores y trabajado-ras, a las personas consumidoras, al medioambiente.

Hablan de armonizacin. Armona es una palabra hermosa que, puesta en boca de quienes demuestran cada da no creer en la igualdad ni en los derechos humanos, nos hace pensar en recortes en educacin y sanidad, en refor-mas laborales que nos hacen perder derechos, en cuidados feminizados y privados (esos, s), en eliminacin de cual-quier norma relacionada con el medio ambiente

No conocemos la letra pequea de lo que se negocia, pero sabemos a dnde han llevado los tratados de libre comercio a Amrica Latina en las ltimas dcadas. Sa-bemos las mentiras que las empresas contaron, lo que se tragaron, queriendo, los Gobiernos latinoamericanos, y lo que tantas personas tuvieron que pagar. Y lo que le est costando al continente cambiar de rumbo. No queremos este tratado. Remamos en direccin contraria. Vamos con muchas otras organizaciones y personas, y creemos que cada da vamos a ser ms.q

Pueblos - Revista de Informacin y Debate y Observatorio de Multinacionales en Amrica Latina (OMAL) - Paz con Dignidad

La opacidad de las negociaciones sobre el Tratado

Unin Europea-Estados Unidos

EDITORIAL

4 n 2014 n Cuarto trimestre n PUEBLOS n Informacin y Debate


OPININ

E stamos sin duda en la dcada del dron. Los veh-culos areos no tripulados (UAV en sus siglas en ingls, ms conocidos como drones) son en los l-timos aos la gran estrella en todas las ferias internacio-nales de aeronutica y electrnica. En el Consumer Elec-tronics Show (CES, la feria de tecnologa ms grande del mundo) de este ao se mostraron desde el pequeo dron de la empresa francesa Parrot para filmar vdeos y tirar fo-tografas panormicas de mxima calidad desde gran altu-ra, controlado desde una tablet o Smartphone, o el dron de Amazon para hacer reparto de sus productos a domicilio, hasta aparatos para cartografa, control medioambiental, control del trfico en una ciudad o carretera, para cobertu-ras periodsticas y un sinfn de usos ms.

Hay drones para todos los bolsillos, se es el men-saje. La expansin de esta industria, en la que el Gobier-no espaol tiene depositadas muchas expectativas, ha he-cho que la imagen que la opinin pblica tenga sobre los drones sea buena. Aparatos simpticos que sirven para el ocio y que tambin son extremadamente tiles para un amplio espectro de actividades. Sin embargo, mucho menos se conoce sobre la existencia de los drones leta-les, los grandes drones militares dotados de misiles de alto poder destructivo que vienen siendo utilizados espe-cialmente por pases como EEUU, Reino Unido o Israel para abatir enemigos por control remoto.

Israel, uno de los principales fabricantes y exportado-res de drones militares del mundo (las fuerzas armadas espaolas le compraron varios) los viene utilizando des-de hace aos tanto para sus invasiones en Lbano como para sus asesinatos selectivos de activistas palestinos en Gaza y Cisjordania, o durante el reciente genocidio co-metido en la Franja. Los numerosos ojos del dron buscan y focalizan desde gran altura a su objetivo, y un pilo-to lo visualiza todo en varios monitores desde cientos o miles de kilmetros de distancia. Una vez que se hacen los ajustes necesarios y se tiene luz verde de los mandos militares para atacar, el operador pulsa su joystick e in-mediatamente el dron dispara el o los misiles.

*Roberto Montoya es periodista especializado en poltica internacional. Su ltimo libro es Drones: la muerte por control remoto (Akal, 2014).

Obama ha adoptado el dron como su arma favorita y en los cinco aos y medio que lleva en la Casa Blanca ya ha ordenado ms de 400 ataques, provocando la muerte de cerca de 5.000 personas. Los observatorios estadounidenses y bri-tnicos que hacen un seguimiento exhaustivo de esos ataques estiman que slo entre el uno y medio y el dos dos por cien-to de las vctimas eran enemigos de alto valor (el mayor nmero eran milicianos de escaso o nulo valor, segn los parmetros del Pentgono), muchos reclutados a la fuerza. Y unos 1.000 muertos eran civiles, personas que se encontraban en el edificio, carretera o lugar donde estaba el objetivo y que fueron alcanzados por el impacto del misil.

Supervivientes de estos ataques, que se registran en Pa-kistn, Afganistn, Irak, Somalia, Mal y muchos otros pases, conocen bien la tcnica que siguen los pilotos de drones: se dispara un primer misil Hellfire y se espera unos segundos o minutos a que se acerquen cmplices en ayuda de las vcti-mas. En ese momento se dispara un segundo misil o ms. En muchos de los casos, las palas de los agricultores son confun-didas con fusiles, y los cmplices son simplemente civiles que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Los testimonios de algunos de los pocos operadores esta-dounidenses de drones que por problemas de conciencia han dejado las fuerzas armadas, traumatizados, aseguran que las imgenes que transmiten los ojos de los drones aparecen de-masiado pixeladas como para que el piloto tenga certeza del objetivo contra el que lanza la carga mortfera.

Los drones sern ms protagonistas que nunca en esta nueva etapa de la cruzada que EEUU empieza ahora en Irak y Siria contra los yihadistas a los que tanto ayud a desarro-llarse. Obama se resiste a arriesgar de nuevo tropas propias y confa en que los pilotos de los drones, sentados en cmodos sillones a 10.000 kilmetros de distancia, puedan eliminar en su jornada de trabajo de ocho de la maana a dos de la tarde un buen nmero de enemigos con su Play Station, antes de abandonar su puesto y pasar a recoger a los nios del cole para llevarlos a una hamburguesera.q

Roberto Montoya*

Drones para jugar, drones para matar


OPININ

Teresa Aranguren*

Despus de la matanza

Paul

a Cab

ildo

.

D ice el Gobierno israel que la Operacin Margen Protector ha conseguido sus objetivos, lo que podra hacer pensar que superar la cifra de 2.000 muertos era uno de ellos. Demasiado cnico? Quizs no. Estamos tan acostumbrados a dejarnos enredar por las palabras que ya no omos lo que dicen los hechos. Y lo que dicen de esta ltima matanza (ser de verdad la ltima?) y de las anteriores en 2012, 2009, 2006, 2004, 2002, 1996, 1982... es que los muertos, el nmero de muertos, siempre que sean palestinos, no importa. Todas las ofensivas israeles, en Gaza, en Cisjordania, en Lbano, se han caracterizado por un absoluto desprecio hacia las vctimas de la pobla-cin palestina. Se dira que el trmino civiles palestinos no figura en el vocabulario militar israel, quiz para el ejrcito israel no hay civiles palestinos, hay simplemente palestinos. Simplemente, el enemigo.

La eficaz maquinaria de propaganda israel, que cuenta con muchos, muy poderosos y muy activos colaborado-res no slo en los grandes medios de comunicacin sino tambin y cada vez ms en la red y en las redes sociales, suele hacer hincapi en que antes de bombardear el Tsahal avisa para que la poblacin abandone el lugar. El argu-mento es tan falaz que resulta insultante. En realidad esos supuestos avisos forman parte de una vieja prctica de los grupos armados sionistas que llevaron a cabo la campa-a de limpieza tnica en Palestina en los meses previos y posteriores a la creacin del Estado de Israel. El esquema consista en rodear una localidad y anunciar con altavoces a la poblacin: abandonad inmediatamente el pueblo o moriris todos como en Deir Yasin1. Nada muy diferente

al abandonad el edificio que de vez en cuando escuchan los vecinos de Gaza diez minutos antes de que su barrio sea bombardeado. El anuncio del horror que est por venir no es indicativo de una preocupacin humanitaria sino de una estrategia del terror.

La victoria militar que la incomparable superioridad de fuerzas garantiza siempre no es suficiente, se busca ate-rrorizar, escarmentar, quebrar la capacidad de resistencia de la poblacin palestina. Por eso los ataques han de ser devastadores. No es algo nuevo, ha sido la prctica habi-tual de este y los anteriores Gobiernos de Israel. Desde las operaciones de limpieza tnica de 1947-48 hasta la matan-za de este verano de 2014 en Gaza, el objetivo ltimo de las operaciones del ejrcito israel no es otra fuerza militar, sino la poblacin palestina.

No son los cohetes de Hams los que desencadenaron est ltima ofensiva contra Gaza, sino algo mucho ms poltico y, a ojos del Gobierno israel, mucho ms peligro-so: el acuerdo entre Hams y Fatah para un Gobierno de unidad nacional. Destruir ese acuerdo era el objetivo. De momento fallido. Y hay que preguntarse, por qu el anun-cio de la recuperada unidad palestina puso tan nervioso al primer ministro, Netanyahu, y a todo su gabinete? Pues porque volva a situar en primer plano la cuestin crucial: la ocupacin. Y la ilegalidad de las colonias en territorio ocupado. Ahora el primer plano lo ocupa una vez ms la reconstruccin de Gaza, de lo destruido por Israel en Gaza. Y as, casi de tapadillo, apenas una semana despus de acordado el alto el fuego, el Gobierno israel anuncia la confiscacin de ms de 400 hectreas de tierras pales-tinas en la localidad de Wadi Fakia, al sur de Jerusaln, para anexionarlas a las colonias de Kafer Etziom y Gevaot. Despus de la matanza, el robo de la tierra prosigue.q1 El 9 de abril de 1948, las milicias del Irgun y el Stern, entre cuyos dirigentes figuraban

dos futuros primeros ministros de Israel, Menajen Beguin e Yitzak Shamir, llevaron a cabo la matanza de ms de trescientas personas (en su mayora nios, mujeres y ancianos, ya que los hombres estaban trabajando en los campos) en la localidad de Deir Yasin, al oeste de Jerusaln. En su libro de memorias Rebelin, Menajen Beguin sostiene que Deir Yasin fue fundamental en la lucha por la creacin del Estado de Israel.

*Teresa Aranguren es periodista y autora de los libros Palestina: El hilo de la memoria y Olivo Roto: Escenas de la ocupacin. Es miembro del Consejo de Administracin de RTVE.


L os mapuche (gente de la tierra en su lengua, el mapudungn) llevan grabado en la sangre el recuerdo de esa resistencia y, en los ltimos aos, se palpa un deseo cre-ciente de recuperar sus races cultura-les, sagradas, sociales, y tambin pol-ticas. A principios del siglo XX naci en la comuna (municipio) de Pangui-pulli el Parlamento de Koz Koz con el objetivo de recuperar la autonoma poltica y cultural y defender el terri-torio. Un siglo despus, en 2007, un grupo de personas decidi revitalizar esa iniciativa. Entre ellos estaba Jorge Weke, y, a su regreso de un largo exi-lio en Blgica, pronto se sum Hum-berto Manquel. Hoy, el Parlamento de Koz Koz es una de las voces ms firmes en contra de las grandes re-presas que, junto con la industria fo-restal, se han convertido en el sur de Chile en las dos principales amenazas contra la naturaleza y las tradiciones mapuches. Neltume y el Alto Bo Bo son dos ejemplos y, en ambos casos, la empresa que est detrs es Enel Endesa, la multinacional que acapara

El modelo del modelo:

las represas al sur de Chile

MULTINACIONALES

Aunque la historia oficial lo dej fuera de los libros, a ellos no se les olvida que el pueblo mapuche conserv su autonoma durante los siglos de la dominacin espaola sobre las Amricas. Pueblo guerrero y orgulloso, los mapuches, a ambos lados de la cordillera andina, consiguieron firmar varios tratados con la Corona espaola que defendan la autonoma de Walmapu, la Tierra Mapuche. Fue a mediados del siglo XIX cuando los recin constituidos Estados de Argentina y Chile emprendieron sendas campaas militares para doblegarlos. Esta vez s fueron derrotados y lentamente asimilados por Estados que los empujan a la adopcin de la cultura huinca (blanca) al tiempo que los marginan por su color de piel.

Nazaret Castro*

ms derechos de uso del agua en un pas cuya legislacin, al ms puro es-tilo neoliberal, ha privatizado incluso los recursos hdricos.

una rePresa sobre el neltumeEl Lago Neltume posee una belle-za de cuento de hadas y bosque con duendes, con el imponente volcn

Paul

a Cab

ildo

.


MULTINACIONALES n Chile

Rosa, de la comunidad Inalafquen. Ella cree que la empresa, con la ayuda de las autoridades estatales, ha contri-buido a la divisin de las comunida-des y ha comprado voluntades.

Las resistencias contra las represas en Panguipulli se inspiran en lo que sucedi en el Alto Bo Bo, una regin cordillerana a unos 200 kilmetros al noreste de Panguipulli. La central de Pangue comenz a funcionar en 1996, y Ralco, en 2003; ambas son de Endesa. El pueblo mapuche conoce desde entonces la cara ms amarga de la energa hidroelctica: la de los des-plazamientos y los daos irreversibles a la Naturaleza y al clima.

resistenCias del alto bo boEn el Alto Bo Bo se respira montaa. El ro Bo Bo fue un da la frontera natural de la Walmapu, la tierra mapu-che, cuando los mapuches negociaron su autonoma con la Corona espaola. Del ro hacia el sur, era territorio ma-puche, y los pehuenche (la etnia de la regin) vivan en la montaa y encon-traban en el pastoreo su principal fuen-te de manutencin. Todo fue cambian-do muy rpido en el siglo XX, cuando las plantaciones de pino y eucalipto comenzaron a devastar los bosques nativos en beneficio de la floreciente industria forestal. El proceso se acele-r cuando llegaron las represas.

En Ralco, en las aguas del em-balse que durante aos combati, encontraron el cuerpo de Nicolasa Quintremn el 26 de diciembre de 2013. Tena 73 aos y era, junto a su hermana Berta, un smbolo de la resistencia mapuche. Su trgico final oblig a los chilenos a volver la vista hacia la olvidada provincia del Bo Bo y recordar la pelea que un grupo

FotograFa: Jheisson a. lPez.

Choshuenco a lo lejos. Es en este lu-gar de tranquilidad eterna donde, si la movilizacin social no lo evita, se construir la central hidroelctrica de Neltume, con 490 megavatios de ca-pacidad instalada y un presupuesto de 781 millones de dlares. El proyecto es de Endesa Chile, la filial chilena de Enersis, una multinacional subsidiaria de la espaola Endesa; sta, a su vez, est controlada desde 2009 por la ita-liana Enel. Una sopa de letras.

Para muchos integrantes de las seis comunidades mapuche afectadas, la central hidroelctrica de Neltume es la nueva amenaza que pende sobre Panguipulli, una comuna de la Regin de los Ros a unos 800 kilmetros al sur de Santiago de Chile. El proyec-to ha sido aprobado por el Servicio de Evaluacin de Impacto Ambiental (SEIA), pero los movimientos socia-les y las organizaciones mapuches cuestionan el rigor tcnico del SEIA. Sin embargo, el proyecto de Endesa ha sido paralizado por el proceso de consulta a las comunidades indgenas

que exige el Convenio 169 de la Or-ganizacin Internacional del Traba-jo (OIT), un tratado que Chile firm en 2008 pero que se pone en prcti-ca por primera vez en Panguipulli, y por duplicado: las comunidades sern consultadas por la represa y tambin por la extensa lnea de alta tensin que atravesara ms de la mitad del pas para llevar hasta la capital la energa hidroelctrica que se genera en el sur.

Las comunidades afectadas estn divididas. Hay quienes estn batallan-do para conseguir de la empresa y del Estado mejores compensaciones eco-nmicas; otros quieren ser incluidos en una lista de afectados que los dej fuera; algunos rechazan de plano la construccin de la hidroelctrica. Tie-nen motivos: cientos de familias sern desalojadas de sus territorios, se inun-dar un enclave sagrado (el Palenque) y se vera perjudicado el turismo. Nos van a robar nuestra tranquilidad. El lago es nuestra fuente de ingresos, es tambin el lugar donde nuestros ni-os juegan, nuestro paisaje, explica

El mErcado dEl aguaEl caso del agua y las represas es uno de los ejemplos ms palpables de hasta qu punto Chile es el modelo del modelo neoliberal, como seala Lucio Cuenca, presidente del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). Tambin la gestin de los recursos hdricos se coloc bajo la lgica del mercado y, para que no hubiera lugar a dudas, se plasm en la propia Constitucin, aprobada en 1980, todava bajo la dictadura de Pinochet. Dice el artculo 19, apartado 24, de la Carta Magna: Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarn a sus titulares la propiedad sobre ellos. Un artculo polmico para el que se han planteado ocho propuestas de reforma en los ltimos doce aos. Ninguna ha salido adelante.

El precepto constitucional se regul a travs del Cdigo de Aguas de 1981 y motiv que, en muy pocos aos, unas pocas empresas acapara-sen los derechos del agua en Chile: se estima que tres empresas (la italo-espaola Enel Endesa, la chilena Colbn y la estadounidense AES Gener) controlan el 80 por ciento de los recursos hdricos disponibles en Chile. En cuanto a los derechos no consuntivos (figura legal concebi-da para el desarrollo de la energa hidroelctrica), Enersis (filial de Endesa) controla el 80 por ciento, y el 96 por ciento en la regin de Aysn, al sur del pas, donde la presin ciudadana consigui frenar las cinco megarrepresas del proyecto de Hidroaysn, tambin de Enel Endesa.


Chile n MULTINACIONALES

*Nazaret Castro es periodista, corresponsal para Amrica Latina y asentada en Buenos Aires.

Colabora para medios como El Mundo y Le Monde diplomatique y es cofundadora del proyecto

Carro de Combate (www.carrodecombate.com). Alimenta el blog sambaytango.blogspot.com.

Este artculo es una versin adaptada y actualizada de un texto que forma parte de la investigacin

Cara y cruz de las multinacionales en Amrica Latina (Fronterad y Tanyible, 2014).

A ella la detuvieron, allanaron su casa, la acusaron de actos vandlicos. Pero sigue obstinada en resistir, como obstinada est en vivir en una austeridad escogida

de ocho aas (hermanas) pehuen-ches libraron contra la multinacional Endesa. Ralco sali adelante pese a que tanto la Comisin Nacional de Medio Ambiente (Conama) como la Corporacin Nacional de Desarrollo Indgena (Conadi) se opusieron ini-cialmente al proyecto; de hecho, tres directores del Conadi fueron aparta-dos del cargo1.

Mientras las aas resistan, la mayor parte de las 93 familias afec-tadas fueron cediendo: setenta fueron reubicadas y aceptaron permutar sus tierras a cambio de la promesa de progreso y empleo que traa Endesa. Sin embargo, una vez construida la re-presa ningn pehuenche trabaj en la central, y tampoco el Estado ha cum-plido su compromiso de fomentar el turismo en la regin, al tiempo que la inundacin provocada por el embalse afectaba al pastoreo, el sostn tradi-cional de muchas familias. Adems, 38 de las familias realojadas fueron ubicadas en el fundo El Barco, situa-do en los confines de la cordillera, en terrenos donde las heladas imposibili-tan los cultivos.

La regin sigue siendo la ms pobre del pas2, con cerca del 45 por ciento de su poblacin por debajo del umbral de pobreza. Nada se vio del empleo y progreso que prometan la empresa y el Estado. Por eso Car-melo Levi, lonko (autoridad poltica) de la comunidad de Quepuca-Ralco desde hace tres dcadas, se arrepiente hoy del apoyo que dio a la construc-cin de Ralco. Nos engaaron por no tener educacin, por la pobreza. No queremos ms represas en la zona: provocan daos ambientales y no de-jan nada para la gente de aqu, ase-gura Levi, aunque tambin reconoce que la movilidad de la comunidad ha mejorado mucho con la construccin de nuevos caminos. Lo cierto es que poco se cumpli del acuerdo al que, por la presin de las aas, lleg el Estado chileno con la comunidad: por

ejemplo, en lo que respecta a frenar nuevos proyectos en la zona. Hoy avanza la construccin de la central Angostura, en manos de la empresa chilena Colbn.

resPirando los rbolesUna de las mujeres que luch junto a las hermanas Quintremn sigue resis-tiendo: la aa Anita, que hasta hoy vive en la humilde ruca (casa) que comparte con su hermano Manuel. All me habla de su larga guerra con-tra Endesa, de la opacidad que rode al proyecto, de los regalos y promesas con los que la empresa fue ganndose a la comunidad y las amenazas que recibieron quienes prefirieron oponer-se. A ella la detuvieron, allanaron su casa, la acusaron de actos vandlicos. Pero sigue obstinada en resistir, como obstinada est en vivir en una austeri-dad escogida.

Fue una lucha de mujeres: los hombres tenan ms miedo, narra la aa Anita. Ya anciana, pero gil y vivaracha, cada poro de su piel trans-mite sabidura: Los mapuches de la cordillera respirbamos los rboles. Tenamos poca ropa, vivamos con poco, y sin embargo estbamos salu-dables: disponamos de la energa de los rboles y de nuestras medicinas. Hoy, todo eso nos lo han arrebatado porque no lo supimos defender. Para Anita, el realojamiento de los pehuen-ches en tierras dispersas contribuy a dividir a la comunidad y perder una identidad como pueblo que est indi-solublemente unida al territorio. Por eso juzga con dureza a Carmelo Levi y a quienes lo siguieron: Entregaron para siempre sus derechos a cambio

1 El proyecto recibi un cerrado apoyo del Gobierno, tal vez por la vinculacin de algunos de sus miembros con las empresas implicadas en las obras. El enton-ces presidente, Eduardo Frei, aprovech su ltimo da de mandato, el 10 de marzo de 2000, para despachar el decreto que otorgaba la construccin de la central, aunque haba recursos judiciales pendientes.

2 Ver: www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl.

de nada, o muy poco. Muchos se arre-pienten ahora. Esta tierra es mapuche y la tenemos que recuperar.

El propio Banco Mundial, que fi-nanci 150 de los 340 millones de d-lares que requiri el proyecto de Pan-gue, reconoci a comienzos de los aos 2000 el error de planeamiento que su-puso la represa. El entonces presidente del BM, James Wolfensohn, admiti que el apoyo prestado por el Banco al proyecto fue un error, que hizo un mal trabajo durante la evaluacin del impacto ambiental y que no se consult ni se tuvo en cuenta a los indgenas pe-huenche ni tampoco el riesgo ssmico y volcnico de la regin.

Para Jorge Weke, el Banco Mun-dial, el Banco Interamericano de De-sarrollo (BID), el Estado chileno y la empresa han actuado conjuntamente para sembrar cizaa, cooptar lideraz-gos y desarticular a las comunidades. Segn Weke, la empresa lo ha hecho a travs de la Fundacin Pehun, el principal eje en la zona de la Respon-sabilidad Social Corporativa (RSC) de Endesa. La fundacin naci en 1993, con el objetivo de mejorar la vida y las condiciones econmicas y sociales de las familias pehuenches, segn la web de la empresa, que se neg a dar su versin de los hechos para este reportaje. Weke cree que su misin es dividir e invisibilizar los procesos de resistencia: segn detalla-ron las aas en una carta a la Corte Interamericana de Derechos Huma-nos, Endesa intent otorgar proyectos productivos a cambio del compromi-so de los beneficiarios de renunciar a cualquier otra demanda.

Sea como fuere, en Neltume y en el Alto Bo Bo, la lucha de los ma-puches contra las megarrepresas con-tina. En Chile como en buena parte de Amrica Latina, los afectados por las represas se preguntan, para qu y para quin son estos proyectos y por qu dejan tan poco en los territorios en los que se asientan?q


ENTREVISTA

tro eje principal es el estudio de la violencia poltica en las universidades pblicas colombianas, porque sabe-mos que se ha trabajado la generali-dad del conflicto, la solucin poltica, se ha seguido toda la historiografa, pero no sabemos, ese conflicto, en qu ha repercutido en las universidades pblicas colombianas. Es ah donde queremos hacer hincapi, estudiar la persecucin del pensamiento crtico, el asesinato selectivo de sindicalistas y lderes estudiantiles de la Universi-dad del Atlntico, de Antioquia, de la Universidad del Magdalena, de Cr-doba

Jorge Freytter-Florin, refugiado poltico colombiano:

Para Jorge Freytter-Florin no hay duda: Colombia vive tiempos de esperanza. Las conversaciones van sucedindose en La Habana y parece que, aunque lentamente, van incorporndose otros actores a un proceso de paz fundamental para el futuro del pas. Jorge acaba de publicar, con Alexander Ugalde, el libro Presente y futuro de Colombia en tiempos de esperanza. En memoria al profesor Jorge Freytter Romero, un ejercicio de memoria histrica tanto personal como de la sociedad colombiana en su conjunto, un libro que quiere ser una herramienta ms para la verdad, la justicia y la reparacin y que ha llegado ya a la mesa de negociaciones. Hablamos con l en Bilbao, donde est exiliado y ha terminado recientemente el grado de Ciencias Polticas en la Universidad del Pas Vasco (UPV/EHU).

Beatriz Plaza y Andrea Gago Menor*

E l libro nace gracias al impul-so de la Asociacin/Elkartea Jorge Adolfo Freytter Ro-mero, que agrupa a personas co-lombianas y vascas. Nos hablas un poco del trabajo que ha venido realizando?- La asociacin surge en el dcimo aniversario de la muerte de mi pa-dre. La Universidad del Pas Vasco se implic y varios profesores del de-partamento de Ciencias Polticas, So-ciologa y Relaciones Internacionales se volcaron a respaldar este caso. Un caso puntual de un profesor, un sindi-calista, asesinado en Colombia. Nues-

Hay que desterrar el paramilitarismo de las universidades colombianas

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Jorge Freytter-Florin n ENTREVISTA

En el caso de la universidad, queremos una comisin

directa dentro del proceso de paz para que se

estudien todos los casos.Porque sabemos que el

paramilitarismo est all, tiene fuerza militar

y tiene fuerza poltica, hay que desterrarlo

- Qu significa la publicacin de este libro en este trabajo?- Es el primer proyecto en papel que tenemos, respalda nuestro engranaje social y de articulacin con la socie-dad vasca. Escriben profesores como Juan Hernndez Zubizarreta, Francis-co Letamendia, Alexander Ugalde, que es el compaero coordinador, en-tre otras personas del espectro vasco.

- Piedad Crdoba define a tu padre, en su artculo en el libro, como hu-manista y demcrata. Qu te ha-cen sentir estas palabras?- Que fue vlida la lucha de todos aquellos sindicalistas, todos aque-llos lderes sociales, populares, to-dos aquellos estudiantes que fueron acribillados por el Estado y el para-militarismo, porque revindicaban el derecho a ser libres, a una democra-cia plena. Recoge toda una sintona de sentimientos por crear una nueva Colombia, llena de humanismo, don-de seamos ms tolerantes. El conflicto ha polarizado la sociedad colombiana. Muchos asesinatos, muchas muertes, mucha confrontacin. Creemos que se debe reconstruir todo el tejido social y nos llena de orgullo que se catalogue a todos estos lderes sociales que han sido asesinados como humanistas y grandes demcratas.

- Qu opinin tienes en el debate so-bre el concepto de victima? - Es un gran debate. Que se les re-conozca a las personas asesinadas su lucha, que fueron sujetos polticos, luchadores populares que estaban ah prestos a construir una nueva univer-sidad, un nuevo movimiento social, un nuevo paradigma en Colombia.

- Ivn Cepeda acusaba a Uribe re-cientemente en un debate televisado de mantener vnculos con el para-militarismo. En el libro, Dario Az-zellini1 habla de Uribe y el Estado narco-paramilitar. Sin embargo, en los medios europeos la imagen que se ha venido transmitiendo de Uribe es la de un gran demcrata. Crees que, en algn momento, se llegar a hablar abiertamente en es-tos medios de la parapoltica?- La parapoltica es un trmino que fue vetado durante diez aos, los diez de gobierno de lvaro Uribe. Hay

elementos que el movimiento social y algunos otros lderes, como Piedad Crdoba, Gloria Cuartas, o el sacerdo-te Javier Giraldo, ya venan trabajan-do. La sociedad colombiana ya sabe quin es su enemigo, quin est direc-tamente relacionado. Los auspici, los financi y les dio un proceso de paz y la legalidad, con el Pacto de Ralito. Es un elemento importante, mucho ms ahora en un proceso de paz, cuando los movimientos sociales y polticos colombianos estn fortalecindose y los exiliados estn participando desde fuera. Otra cosa es que esto se lleve a tribunales internacionales y que pue-da pasar lo que sucedi con Fujimori, que se instaure una Comisin de la Verdad y se juzgue a Uribe.

- Cmo se habla de memoria hist-rica cuando estamos en un proceso abierto de dilogos y hay matanzas, asesinatos, hostigamientos?- El Estado no perdona, nunca olvida. Tenemos que reflexionar sobre eso y replantear todo el debate de la recons-truccin de la memoria histrica. No existe olvido, queremos la verdad, la justicia y la reparacin de todos los crmenes. En el caso de la universi-dad, queremos una comisin directa dentro del proceso de paz para que se estudien todos los casos. Porque sabe-mos que el paramilitarismo est all, tiene fuerza militar y tiene fuerza pol-tica, que eso hay que desterrarlo de las universidades pblicas colombianas.

La comunidad internacional o los medios de comunicacin se fijan so-lamente en lo que est pasando en La Habana, y el conflicto colombiano no es solamente eso. Es que se trunquen procesos, la privatizacin de la edu-cacin Hay que consolidar grandes medios alternativos de comunicacin. Destaca lo que est pasando ahora en Bogot con el Canal Capital, donde los sectores ms recalcitrantes de la oligarqua colombiana quieren priva-tizar el canal y judicializar a la direc-cin y a los periodistas, porque llevan la otra cara del conflicto colombiano.

- En este sentido, que piensas de la propuesta que han llevado las FARC a La Habana en cuanto a la democratizacin de los medios?- Es efectiva y prctica. Los medios de comunicacin colombianos traba-

jan, podramos decir, con las uas. No hay un canal fuerte de la izquierda colombiana, o de los movimientos so-ciales. En el Pacfico, qu sabemos que est pasando con las comunidades afro?

- Retomando el tema de los asesi-natos en la universidad, cul es la situacin actual de la presencia paramilitar en estas instituciones, tras el supuesto proceso de desmo-vilizacin?- El paramilitarismo nunca se ha ido de las universidades. Sus estructuras siguen dentro, sealando a los lderes sindicales, profesores, estudiantes. Todava siguen apareciendo listados, todava siguen apareciendo dentro hombres encapuchados con armas, como en marzo del presente ao en la Universidad Nacional, en Bogot.

Eso sucede porque el paramilita-rismo ha utilizado a las universidades como testaferros. Ha lavado dinero all, ha puesto rectores, ha creado dobles nminas administrativas, ha generado un ambiente de cercena-miento del pensamiento crtico. Como planteamos en el libro, hay una gran connivencia entre algunas administra-ciones de las universidades pblicas, como la Universidad de Crdoba, la del Magdalena y la del Atlntico, con el paramilitarismo. Esto ha generado asesinatos selectivos, como el de los compaeros Humberto Contreras y Reinaldo Serna. Reinaldo era un lder


las vctimas en el proceso. Tambin se est buscando que se cree una Co-misin de la Verdad, que se firme una paz en trminos de cese de hostilida-des, de cese bilateral de confrontacin militar. Pero sabemos que la Paz va mucho ms all de la dejacin de ar-mas, tambin hay que ver el tema de la privatizacin de la educacin, de la salud, el tema de las zonas de reser-vas campesinas, qu va a pasar con las personas refugiadas y exiliadas, o con la participacin de la mujer en el proceso de paz.

- En qu cuestiones no deben ceder, para el mantenimiento y consolida-cin de la paz, la sociedad colom-biana y los movimientos sociales?- En la verdad, la justicia, la dignidad del pueblo colombiano. Es necesario que se constituya esa Comisin de la Verdad, que se incorporen las otras guerrillas colombianas a un Proceso de Paz y que se debata en pblico. Tambin, que se hagan vinculantes los procesos constituyentes en Co-lombia y fuera de Colombia.

- Qu esperan de la comunidad internacional los actores involu-crados ya en las negociaciones y los movimientos sociales que por el mo-mento, al menos, no estn presentes fsicamente en La Habana?- En primer lugar, que la comunidad internacional se vuelque a respaldar el proceso de Paz. Que se respalden las investigaciones que se estn hacien-do justo ahora, en el caso de lvaro Uribe Vlez, es una pieza en un puzle, importante para que se recuperen la dignidad del pueblo colombiano y la verdad. Como se dice por ah, todos los caminos conducen a Uribe. Que tambin la comunidad internacional escuche la solidaridad y la sensibili-dad de las personas colombianas en el exilio. Que el respaldo poltico, eco-nmico y humano sea directamente con los movimientos sociales.

Porque siguen bombardeando campesinos, sigue habiendo personas desplazadas, sindicalistas asesinados, sigue habiendo listados en la regin Caribe, en la Pacfica Queremos vi-sibilizar esos casos, el conflicto, y que no pase como en Guatemala, que se olvid y se dej en la agenda interna-cional y ya no sabemos ms.

estudiantil de Alma Mter, un movi-miento estudiantil de la Universidad del Atlntico. El Estado lo apres, lo estigmatizo y estuvo preso casi un ao en Barranquilla. Cuando sali se fue a estudiar a Chile, regres un ao des-pus y lo asesinaron frente a su hijo, en la puerta de casa.

Es matar a quien piensa diferen-te, a quien quiera la justicia social, a quien quiera fomentar el pensamiento crtico en Colombia. El caso de mi pa-dre es emblemtico en la Universidad del Atlntico, porque fue secuestrado, retenido, por una unidad del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con ayuda del GAULA, un grupo antisecuestro y an-tiextorsin creado con lvaro Uribe Vlez. Es una locura, porque supues-tamente se era su trabajo, pero lo que hacan era secuestrar y torturar. Ahora el Gobierno de Juan Manuel Santos quiere que esa unidad vuelva al De-partamento del Atlntico. No quere-mos, porque comete infracciones de los derechos humanos. En el proceso penal de mi padre se est investigando a cargos del GAULA.

- Pinzn Snchez2 recoge en su ar-tculo un recorrido por los procesos de paz que se han intentado en Co-lombia desde 1978 hasta la actuali-dad. Por qu este proceso es dife-rente?- Es diferente por la participacin y auge de los movimientos sociales, reflejados en la Marcha Patritica, el Congreso de los Pueblos, el Como-soc3, la Ruta Pacfica de las Mujeres, Colombianos y Colombianas por la Paz, la Coordinadora Nacional Agra-ria, la Mesa de Interlocucin Agraria, el Proceso de Comunidades Negras, y la Organizacin Nacional Indgena de Colombia. Hay una gran participacin del movimiento social que no haba en el proceso del Cagun. Por otro lado, ah no tenamos Comisin de Esclare-cimiento Histrico del conflicto.

Es un elemento importante para el debate sobre de dnde surge el con-flicto colombiano, ms an cuando participa todo el espectro poltico, gente que viene del partido comunis-ta, de la socialdemocracia, de sectores afines al Gobierno colombiano o hasta del mismo uribismo. Es un logro im-portante, as como la participacin de

- En todo proceso de paz existe el peligro de un mal cierre, como en Guatemala. En el caso de Colombia, una de las consecuencias podra ser una intensificacin de la injerencia de las multinacionales en el pas. Cul es tu opinin al respecto?- Claro, es una tesis. En las zonas donde estn las multinacionales hay presencia paramilitar, y donde est el movimiento insurgente en Colombia hay grandes riquezas naturales. Oro, agua dulce, esmeraldas, grandes zo-nas de reserva de agua, petrleo El Gobierno colombiano quiere llevar a la insurgencia a una pacificacin para incorporar todas las transnacionales, lo que pas con Chiquita Brands, lo que est pasando con Drummond, una multinacional del carbn que est en la ciudad de Santa Marta, donde el

ENTREVISTA n Jorge Freytter-Florin

FotograFas: andrea gago menor.


La Paz va mucho ms all de la dejacin de armas, tambin hay que ver el tema de la privatizacin de la educacin, de la salud, el tema de las zonas de reserva campesina, qu va a pasar con las personas refugiadas y exiliadas, o con la participacin de la mujer

paramilitarismo se mueve como pez en el agua. Estn privatizando zonas de ros

donde no les dan el derecho a ejercer el libre derecho sindical a los trabaja-dores y, por otro lado, se estn murien-do de hambre, literalmente, en esas zonas. Uno de los puntos que se tiene que discutir es la soberana nacional, la soberana alimentaria, que va uni-da. Queremos que lo que se invierte en Colombia se quede en Colombia y se gaste en Colombia, y sea un be-neficio para la sociedad colombiana, no que se explote al colombiano co-mn, a la colombiana comn, y que esas grandes riquezas vayan a parar a las bolsas noruegas, suecas o espa-olas, como estn haciendo Aguas de Barcelona o el BBVA. El papel de las multinacionales tambin se tiene que ver en una Comisin de la Verdad. Como la implicacin de Coca-Cola en el asesinato de varios sindicalistas de Sintrainal, por ejemplo.

- Respecto a este tema la posicin de las FARC est clara, abogan por una reforma agraria como mejora

para la situacin del campo y del campesinado. Y los movimientos sociales?- Cuando se instaura una multinacio-nal se privatiza la tierra, se privatiza el agua, y no se pueden desarrollar pro-yectos endgenos. Adems, el Estado, por la va administrativa o legal, quie-re abolir las zonas de reserva cam-pesina. Por eso el movimiento social rechaza las multinacionales y propo-ne unos nuevos marcos jurdicos. En el contexto latinoamericano, vemos que pases como Bolivia, Venezuela, Ecuador, Cuba, Nicaragua, todo el eje del ALBA, no tienen garantas jurdi-cas para estas transnacionales o lob-bies empresariales. En cambio, reg-menes represivos como el chileno, el peruano, el colombiano o el mexica-no, s. Son legalmente aceptadas para que exploten y saqueen el territorio.

En cuanto a la Reforma Agraria, son muy importantes la discusin y los encuentros que se vienen dando, como el caso del Catatumbo, las mo-vilizaciones que cuestionan la pro-piedad privada. Un punto importante a considerar, que se ve plasmado en la Cumbre Nacional Agraria, tnica y Popular, es el acceso a la riqueza mi-nero-energetica, respetando los bienes del pueblo colombiano y la pachama-ma. Las explotaciones deben ser con-sultadas por el pueblo, ejerciendo la soberana nacional.

- En el libro se contempla la posibi-lidad de que el conflicto se agrave, aunque esta idea choca con la tni-ca general de los artculos. Qu po-dra fallar para que esto sucediese?- Un elemento importante es el tema del cese bilateral al fuego. Es grave negociar bajo una confrontacin mi-litar, como est pasando en Colombia. Otra cuestin es que el Gobierno co-lombiano, el establishment colombia-no, cambie su doctrina militar, que est subordinada a la Escuela de las Amricas. Puede haber participacin poltica, puede haber una Asamblea Nacional Constituyente, puede haber una guerrilla participando poltica-mente, puede tener escaos, el mo-vimiento social tambin puede estar all Pero si las estructuras parami-litares estn vigentes, si siguen los asesinatos, si no hay garanta poltica, no hay verdad, no hay procesos judi-

*Beatriz Plaza Escriv forma parte del Observatorio de Multinacionales en Amrica Latina

(OMAL) - Paz con Dignidad. Andrea Gago Menor coordina

Pueblos - Revista de Informacin y Debate.

1 Profesor en la Johannes Kepler Universitt, Linz.2 Mdico, antroplogo y ensayista colombiano.3 Coalicin de Movimientos y Organizaciones Sociales

de Colombia: www.comosoc.org.

ENTREVISTA

ciales contra Uribe, contra toda la c-pula del paramilitarismo, no podemos hablar de una reconciliacin, de una verdadera paz en Colombia. Y eso es lo que en algunos momentos algunos autores plantean en el libro.

- Dices en tu artculo que la vio-lencia es parte de los negocios en el pas. A qu te refieres?- La colombiana o el colombiano del comn ven que han matado o han torturado a una persona y no se sor-prende, no se alarma, es algo diario. Por otro lado est la industria militar en Colombia, que no es solamente un tema nacional, sino que est ligado a las grandes corporaciones estadou-nidenses e israeles. Colombia firma tratados de libre comercio con Israel, con Corea, con Estados Unidos o con la Unin Europea, todo a costa de la sangre del pueblo colombiano.

- Adems de los dilogos de La Ha-bana, hay otros procesos desde la sociedad civil que estn contribu-yendo a avanzar en la resolucin del conflicto?- Ahora est todo el tema de la Consti-tuyente. Se piensa plantear a nivel eu-ropeo una Constituyente de exiliados y perseguidos, y dentro de unas sema-nas se va a plantear un foro nacional e internacional sobre la participacin de los presos polticos en el proceso de paz. Es un punto importante porque el Estado colombiano no reconoce la categora de presos polticos en Co-lombia, sino que dice son terroristas y estn aqu por rebelin, y ya. Tam-bin est el proceso de unin de todo el movimiento social, no solamente de cara a un proceso electoral.

No slo hablamos de paz, de re-conciliacin, de procesos de paz, de rutas metodolgicas de cada movi-miento, sino de ir ms all, consolidar un frente unido, o un frente por la de-mocracia, por la justicia social en Co-lombia. Tenemos que seguir trabajan-do por todo lo que sera la democracia en Colombia. Consolidar una verda-dera participacin poltica, fomentar una cultura de memoria histrica.q


MIRADAS

Luis Nieto Pereira, director de Pueblos - Revista de Informacin y Debate.

Estamos en un momento complicado, inestable, posiblemente un punto de inflexin en la historia de las ltimas cinco dcadas. Muere Surez, muere Azkuna, abdica Juan Carlos, muere Botn, muere la Transicin. Pero no sabemos si vamos a lograr crear una cultura poltica postransicin diferen-te, una ms justa con todas las perso-nas, ms honesta y ms clara; o vamos a dejar que nos cale el alma el chapa-rrn neoliberal que nos estn echando encima. O a quedarnos con un poco de todo. No hemos credo, quienes decimos que ha muerto la Transicin, que el silencio y el tiempo s que van a sanar heridas en este asunto pero en otros no?

Puede que sea verdad eso de que cada persona es esclava de sus pala-bras y duea de sus silencios. Pero el silencio, entendemos, frena mucho ms que empuja, y hemos preferido sumarnos a quienes hablan. Y cada vez son, somos, ms. As que hemos dado voz en este nmero de Pueblos a personas que, desde perspectivas di-ferentes, quieren compartir cmo ven el final de ETA, cmo piensan el pro-ceso de paz, cmo creen que se estn implicando los distintos partidos po-lticos y la sociedad; cmo se puede trabajar desde la educacin para que se pueda decir una, dos, mil veces, todas, en el orden y en la lengua que queramos, derechos humanos, ETA, tercer espacio, Euskadi, Guardia Ci-vil, asesinatos, GAL, crcel, Euskal Herria, Espaa, independencia, dis-persin, askatasuna, conflicto polti-co, Pas Vasco, miedo, terrorismo, tor-turas, proceso, participacin, justicia, bakea, paz.q

L legar un momento en que los aos de ETA tendrn que na-rrarlos personas que no hayan vivido, ni en la misma ciudad ni a mil kilmetros, ningn atentado. Que no lo hayan vivido desde ningn lado. Cuando dentro de un par de generacio-nes todo lo sucedido estos aos termi-ne por simple ley de vida, acabe como acabe, cmo, con qu sentimientos, se contar? Seguirn algunas perso-nas afirmando el conflicto mientras otras lo niegan? Qu palabra emplea-rn quienes nieguen la existencia de un conflicto? Se alabar un proceso de verdad, justicia y reparacin? Se podr hablar de asesinatos sin rodeos ni medias palabras? Derechos hu-manos, ETA, tercer espacio, Euska-di, Guardia Civil, asesinatos, GAL, crcel, Euskal Herria, Espaa, inde-pendencia, dispersin, askatasuna, conflicto poltico, Pas Vasco, miedo, terrorismo, torturas, proceso, partici-pacin, justicia, bakea, paz?

Cmo se hablar

de paz

?


Petxo Idoiaga*

El Pas Vasco ha vivido en los ltimos aos dos conflicto polticos: por un lado, el de no encontrar encaje administrativo satisfactorio dentro

del Estado espaol; por otro, el de la violencia y violacin de derechos humanos. Puesto que no parece que por ahora haya condiciones

para avanzar en la verdad, justicia y reparacin en el marco de los partidos (ni el Gobierno ni el principal partido de la oposicin trabajan por ello), lo que hay es que exigir tanto a ETA como al Estado pasos

para desbloquear la situacin de manera unilateral.

C omo decamos, el Pas Vasco ha vivido, en los ltimos aos, dos conflictos polticos. Uno, el de no encontrar un encaje ad-ministrativo satisfactorio dentro del Estado espaol. La ltima encuesta semestral (mayo de 2014) realizada en la Comunidad Autnoma Vasca por el Euskobarmetro es clara muestra de ello: slo un 26 por ciento votaran hoy S a la Constitucin; el propio Es-tatuto de Autonoma no obtendra ms que un 30 por ciento de voto favorable (tuvo un 53 en su da); y un 59 por ciento es partidario de un referndum sobre la independencia (que lo recha-za tan slo el 25 por ciento).

El otro, el de la violencia y la con-siguiente violacin de derechos hu-manos. Llamarlo conflicto poltico no significa que est polticamente justi-ficado, claro que no, pero s constitui-do en un y por un contexto poltico,

Por qu y cmo articular un proceso de paz enel Pas Vasco

iaki landa.


MIRADAS

sin el cual no podra analizarse racio-nalmente. Lo ha protagonizado, de un lado, ETA (con un innegable apoyo histrico de la izquierda abertzale), en nombre del derecho a la autodetermi-nacin y la independencia nacional. Y ha estado confrontado a la violencia represiva ejercida, del otro lado, des-de el Estado (con su innegable apoyo de la mayora de las fuerzas polticas institucionalmente representativas).

Hay relacin entre ambos conflic-tos y entre los dos actores de cada uno de ellos. Pero creo que pese a esa re-lacin, la solucin de uno de los dos conflictos no debe depender de la solucin del otro. Por decirlo de for-ma ms rotunda en lo que se refiere al tema de este artculo: el recono-cimiento del derecho a decidir no es condicin previa para cerrar y sellar el proceso de paz.

Una crtica que, muchas veces, recibimos quienes hablamos de este proceso es que esa expresin revela equidistancia entre causantes de la violencia y vctimas de la misma. De ninguna manera. Al menos a partir de la existencia del actual sistema demo-crtico (pese a que sea una deficiente democracia), ninguna justificacin poltica debe darse a la violencia ar-mada para su reivindicacin de los legtimos derechos nacionales vascos, aunque haya sido esa reivindicacin y no un ansia mafiosa de poder perso-nal la que ha sustentado la militancia de ETA. Pero, en ningn caso, la ac-cin de ETA puede justificar las reite-radas actuaciones contra los derechos humanos por parte del Estado, que por ser, precisamente, el Estado, resultan vulneraciones antidemocrticas de ca-lado infinito.

Todo esto es bsico para analizar y entender el conflicto vasco, pero no es equidistancia ante las violaciones de derechos humanos producidas en el mismo, sino denuncia de ellas. De todas ellas, aunque cada cual necesite su contextualizacin.

Por quEn junio de 2013, la Secretara del Go-bierno Vasco para la Paz y la Conviven-cia public el documento Informe-base de vulneracin de derechos humanos

en el caso vasco (1960-2013). Los da-tos ms relevantes son:l837 personas muertas y entre

2.635 y 2.600 heridas por las dis-tintas ramas de ETA, comandos autnomos y otros.

l94 personas muertas y 746 heridas por las fuerzas de seguridad del Estado.

l73 personas muertas y 426 heridas por fuerzas parapoliciales.

Debe aadirse que miles de personas sufrieron extorsin econmica, que entre 1.500 y 2.000 tuvieron guar-daespaldas, que se produjeron unos 4.500 actos de kale borroka y que hay 5.500 denuncias pblicas por tor-turas en las comisaras.

Nadie ha refutado los datos de este informe. A todas estas vulnera-ciones de los derechos humanos de-ben aplicarse los tres criterios bsicos recogidos en multitud de acuerdos internacionales y en el ms elemental ejercicio de racionalidad democrtica: verdad, justicia y reparacin.

Y eso es, simplemente, el por qu del proceso de paz.

Existen, sin duda, lecturas e inter-pretaciones diversas sobre el conflicto violento y todo lo que le ha contex-tualizado y transversalizado en el Pas Vasco. Aunque debamos hacer el es-fuerzo por verbalizar y escuchar todas ellas, ninguna debera negar la aplica-cin de esos tres criterios a todas las vulneraciones de derechos humanos.

En las actuales condiciones, con la lucha armada de ETA definitivamen-te finalizada, las diferencias polticas sobre la naturaleza y las soluciones al conflicto vasco (se presenten del lado que se presenten) slo se esgrimen como argumento contra al proceso de paz desde un irracional comporta-miento sectario.

El por qu del proceso de paz est absolutamente justificado de modo propio, especfico.

CmoEl mes de mayo de 2013, el conoci-do como Foro Social para impulsar el proceso de paz (www.forosocialpaz.org) present doce recomendaciones tras discutir ms de 500 propuestas con una participacin implicada de ms de 700 personas, una docena de las cuales eran expertas y expertos in-ternacionales en procesos de paz.

Las recomendaciones incluan, especficamente, el diseo de un proceso controlado, ordenado y con-sensuado que culmine con el des-mantelamiento de armas y estructuras militares de ETA con la colaboracin de organismos facilitadores indepen-dientes. Defendan una solucin in-tegral en el tema de presas y presos consistente en adecuar la legalidad a la realidad y aplicar una justicia de carcter transicional, pero aceptando que su reintegracin social se debe desarrollar de forma individualizada, escalonada y en tiempo prudencial y que, adems, debe haber por su parte un reconocimiento del dao causado como consecuencia de su actuacin. En cuanto a las vctimas, al criterio ge-neral de abordar lo acontecido y sus causas y reconocer y reparar al conjun-to de vctimas se deca expresamente que se fije el principio de que no pue-de haber lugar para la impunidad. Y se razonaba este punto diciendo que lo contrario, adems de no tener encaje en el ordenamiento jurdico interna-cional, ira en contra de los principios de verdad, justicia y reparacin y de los derechos de las vctimas, aadin-dose que los estndares internaciona-les s permiten que la aplicacin de la justicia tenga en cuenta el contexto de un proceso de paz.

A todas estas vulneraciones de los derechos humanos deben aplicarse los tres criterios bsicos recogidos en multitud de acuerdos internacionales y en el ms elemental ejercicio de racionalidad democrtica: verdad, justicia y reparacin


Cmo se hablar de paz?

*Petxo Idoiaga es doctor en Periodismo, catedrtico de Comunicacin Audiovisual y Publicidad, y autor o coautor de, entre otras publicaciones sobre el conflicto vasco: Comportament de la premsa

en el procs de pau al Pas Basc (Tripodos, Universidad Ramon Llul, Barcelona, 2001); Com sinformen i qu sens els catalans sobre el conflict dEuskadi (Quaderns del CAC. Consejo Audiovisual de Catalua 2001);

Al filo de la (in)comunicacin (Con Txema Ramrez de la Piscina, Ed. Fundamentos, Madrid, 2002); Discursos polticos y discursos informativos sobre el conflicto vasco (gora. Revista de Ciencias Sociales, Valencia 2004);

Actualidad del derecho de decisin y de su aplicacin y Territorialidad y sujeto de decisin (en El Pas Vasco en sus encrucijadas, Ttartalo, Donostia-San Sebastin, 2008); ETA 1959-2009. Anotaciones histricas (Viento SUR,

Madrid, 2009); Vctimas (Viento SUR, Madrid, 2013); El desarme de ETA (Viento SUR, Madrid, 2014).

Es muy cierto que la accin de los servicios secretos y policiales del Estado hace difcil un desarme que pueda ser verificado. Pero lo andado hasta ahora parece, al menos, confuso. Y superar esta confusin es, unilateralmente, responsabilidad de ETA

Coincido con esos criterios. Pero, se est caminando en ese sentido? Un poco s, pero muy lentamente.

La Secretara General de Paz y Convivencia del Gobierno vasco pre-sent el 11 de junio de 2013 el docu-mento Propuesta de Plan de Paz y Convivencia 2013-2016. Un objetivo de encuentro social. El Plan defina sus ejes en la clarificacin del pasa-do, la normalizacin del presente y la conciliacin del futuro y presen-taba 18 iniciativas concretas para de-sarrollarlo. Inicialmente pareca que iba a existir un serio compromiso de las fuerzas parlamentarias con la Co-misin de Seguimiento de este Plan. Pero poco o nada se ha avanzado des-pus, y el pasado 3 de julio, tras la reu-nin de la Secretara con los partidos, la citada Comisin sigue sin ponerse en marcha.

Un poco antes de que el Foro So-cial emitiese sus recomendaciones, la izquierda abertzale hizo pblico un manifiesto titulado Construyamos la paz en el proceso democrtico. Parta de reconocer el dolor y el sufrimien-to que las diversas manifestaciones de violencia han producido en Euskal Herria, pero aada, expresamente, su profundo pesar por las conse-cuencias dolorosas derivadas de la ac-cin armada de ETA. Aceptaba que mediante sus declaraciones o actos la izquierda abertzale hubiera podido proyectar una imagen de insensibi-lidad frente al dolor causado por las acciones de ETA y que esto hubiera podido suponer, aunque no de mane-ra intencionada, un dolor aadido o un sentimiento de humillacin para las vctimas.

En diciembre de 2013, el Co-lectivo de Presas y Presos de ETA (EPPK), hizo pblico un comunica-do en el que deca: Asumimos toda nuestra responsabilidad sobre las consecuencias derivadas de nuestra actividad poltica en el conflicto po-ltico. Asimismo, mostramos nuestra voluntad para analizar la responsabi-lidad de cada uno de nosotros, dentro de un proceso acordado que rena las condiciones y garantas suficientes () Estamos dispuestos, dentro de un plan de actuacin global, a estudiar y

tratar la posibilidad de que el proce-so que culmine con nuestra vuelta a casa se efecte de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en tiempo prudencial () Podramos aceptar que nuestro proceso de vuel-ta a casa (nuestra excarcelacin y de manera prioritaria nuestro traslado a Euskal Herria) se efectuase utilizando cauces legales, aun cuando ello para nosotros implcitamente conlleve la aceptacin de nuestra condena. Y aadan: compartimos que tanto la ley como su aplicacin cumplen una funcin esencial de cara al futuro, ya que han de ser utilizadas para fortale-cer los pasos que hayan de darse.

Son reflexiones importantes, pero no han tenido continuidad en valora-ciones crticas sobre la legitimidad poltica de la lucha armada, ni sobre qu practicas concretas deben cana-lizarse para el reconocimiento social de las vctimas de ETA. Y aunque no deba achacrseles la principal respon-sabilidad de que los compromisos

individuales para el acercamiento al Pas Vasco estn paralizados (la res-ponsabilidad est en la poltica peni-tenciaria), tampoco han dado nuevos pasos en ese sentido.

En cuanto a lo que es una condi-cin clara para el proceso de paz, el desarme de ETA, la situacin es con-fusa. El 21 de febrero ETA dio por iniciado ese desarme. Pero lo que en-treg a la Comisin Internacional de Verificacin fue un fusil, una pistola, dos revlveres, 38 balas, dos granadas y diez kilogramos de explosivos; aun-que sea cierto que iniciar el desarme tiene significado propio, la prueba de hacerlo no poda tener menos credibi-lidad. Despus, en documento fecha-do el pasado 15 de julio, anunciaba el desmantelamiento de las estructuras logsticas y operativas derivadas de la prctica de la lucha armada, pero todo ello pareca quedar por verificar. Es muy cierto que la accin de los ser-vicios secretos y policiales del Estado hace difcil un desarme que pueda ser verificado. Pero lo andado hasta ahora parece, al menos, confuso. Y superar esta confusin es, unilateralmente, responsabilidad de ETA.

Ciertamente, el Gobierno del PP y el PSOE trabajan ms por su estanca-miento que por su avance. Les intere-sa ms (por razones electorales, segu-ramente) que se mantenga la situacin de bloqueo del proceso y estn jugan-do esta baza muy a fondo.

No parece, pues, que haya, por ahora, condiciones para avanzar en la verdad, justicia y reparacin a travs de acuerdos interpartidarios. En estas condiciones, lo que hay que pedir al sistema poltico (y a ETA y al Estado, incluso ms radicalmente) son actuaciones unilaterales de des-bloqueo, lejos del repetido sonsonete de mientras los otros no se muevan, no hay nada que hacer.q


Articulo mi exposicin en tres apartados. El primero reflexiona sobre el papel de la sociedad vasca en el final del terrorismo de ETA; el segundo indaga en los materiales del enmarcado conceptual de la violencia terrorista desde la gramtica del conflicto, que subyace a la formulacin del proceso de paz; el ltimo apunta unas consideraciones sobre el lugar y papel del autodenominado tercer espacio (TE).

el proceso de paz y el tercer espacio

Martn Alonso*

qu soCiedad vasCa?Una tesis central del movi-miento Lokarri, dirigido por Paul Ros, se resume en que el desis-timiento de ETA es consecuencia del activismo de la sociedad vasca y que por tanto debe jugar un papel decisi-vo en el proceso de paz en curso. La idea no es nueva ni original. El arqui-tecto intelectual del tercer espacio, fundador de Elkarri y Baketik, exa-sesor de Ibarretxe y hoy responsable de la Secretaria General para la Paz y la Convivencia, Jonan Fernndez, es-criba en su libro Ser humano en los conflictos1: La sociedad vasca se ha movilizado como pocas en contra de la violencia, los atentados, las injusti-

La sociedad vasca, iaki landa.cias y a favor de los derechos humanos y las vctimas. Para una impugnacin de esta tesis me sirvo de la pluma de Jos Mara Ruiz Soroa2: La sociedad vasca nunca ha sido en el pasado un buen referente para la poltica antite-rrorista, luego no se ve por qu debera serlo ahora. [] Esa sociedad siempre se opuso (mayoritariamente) a las po-lticas de firmeza o de ilegalizacin, siempre abog por la negociacin, sali a la calle con ms facilidad y fluidez para defender los derechos de los victimarios que a las vctimas. Si fuera su criterio el que hubiera guiado a las instituciones del Estado nunca se hubiera derrotado al terrorismo, se hu-


MIRADAS

biera empatado con l (recuerdan lo del empate infinito?)

El sintagma del empate infinito, una de las varias piezas de la inge-niera semntica de Jonan Fernndez, aparece repetidas veces en Ser huma-no en los conflictos, en cuyo ndice analtico no estn ni terrorismo ni ETA. En mi opinin, la accin del tercer espacio puede designarse, en lnea con la tarea de obstaculizar la accin legal del Estado que seala Soroa, como una estrategia de contra-movilizacin encaminada a bloquear la accin contra ETA; acaso la expre-sin ms clara de ello es la formula-cin de Brian Currin, el epicentro de una constelacin de instancias co-mandadas por Lokarri y el nacionalis-mo radical: El Grupo Internacional de Contacto est dirigido a impedir que el Gobierno espaol entre en un impasse sobre los aspectos polticos del conflicto para proclamar su vic-toria sobre el terrorismo3. Asimismo, Paul Ros ha censurado regularmente las medidas legales contra ETA y en un artculo publicado el pasado ao4 ni siquiera menciona la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Huma-nos de 2009 avalando la ilegalizacin de Batasuna.

Pero hay que decir algo, por fuer-za breve, sobre la sociedad vasca de a pie. Recuerda Sara Buesa la atms-fera de los aos en que fue asesina-do su padre, una atmsfera tal que le haca sentir vergenza de ser hija de una vctima; recordemos igualmente las manifestaciones con motivo de su muerte, incluyendo (buena muestra del protagonismo y el pluralismo, otro trmino fetiche, de la sociedad) la de quienes apoyaban a los asesinos. Y recordemos las ltimas palabras de Fernando Buesa en el Parlamento Vasco acusando al nacionalismo pre-sidido por Ibarretxe: Estamos hartos de que ustedes se dediquen a darle vueltas al diccionario y a retorcer el sentido de las palabras para ver si en-cuentran una expresin feliz que sea asumible por Euskal Herritarrok (una de las mltiples marcas del naciona-lismo radical). Otra ancdota: el co-mentario del propio Ibarretxe a un hijo de Jos Ramn Recalde, en la espera

angustiosa tras el atentado: aqu, en el Pas Vasco, se vive muy bien. El exlehendakari padeca el mismo dal-tonismo que quien hoy pone laureles a la sociedad vasca. Por ampliar el ra-dar: segn una encuesta del socilogo Vctor Urrutia, suscitaba el mismo re-chazo tener un vecino de ETA que un amenazado por ETA5. Los ejemplos podran llenar pginas y pginas que refrendaran una visin de los princi-pales responsables del tercer espacio, cuyo daltonismo remite al sndrome de Vichy.

el marCo del ConFliCto y el ProCeso de PazEscribe Vidal-Naquet en su alegato contra el negacionismo que lleva ms tiempo desmontar un mito que crear-

lo. El mito en cuestin est alojado en el espacio lxico del conflicto (vasco). El tercer espacio ha sido un actor decisivo a la hora de conferir respetabilidad y protenas retricas a este referente mistificador. Puesto que la lucidez es un rasgo definitorio del pensamiento emancipador, descubrir los meandros de la mixtificacin se antoja una tarea ineludible.

Imposible desarrollar en el espa-cio que aqu me corresponde un an-lisis cabal del asunto; aprovechar a G. Lakoff para atajar. Sostiene este profesor de Psicologa Cognitiva en No pienses en un elefante que, si uno asume el espacio conceptual del elefante (el smbolo del Partido Re-publicano), es imposible combatir su discurso porque se deviene rehn de su gramtica profunda. Lo mismo pasa con el conflicto: si uno acepta la definicin de la realidad alojada en el conflicto, no es posible salir de la lgica del abertzalismo radical y, a fortiori, deslegitimar la violencia.

La institucionalizacin del con-flicto es en buena medida obra del tercer espacio. Una vez institucionali-zado, establecido como axioma, todo un universo conceptual emana lgica-mente de l: del empate infinito a la interdependencia entre pacificacin y normalizacin, llegando, en estos mo-mentos, a la tesis de Jonan Fernndez retomada por Lokarri y el gobierno de Urkullu del final ordenado.

Imaginemos un diagnstico seme-jante en otras situaciones de violencia de cariz totalitario, imaginemos una propuesta parecida para los asesinos de los abogados de Atocha o las Bri-gadas Rojas. E imaginemos que esto se hace invocando el paradigma de los derechos humanos. Buena parte del repertorio lxico del tercer espa-cio est contaminado por este peca-do original, un pecado que remite a una querencia identitaria soberanista inconfesa. De ah el despliegue ret-rico asimilado al Plan Ibarretxe, con instancias cocinadas por Jonan Fer-nndez, como los derechos humanos colectivos o el derecho a ser consul-tado. Y de aqu deriva igualmente la designacin de un sedicente proceso de paz. El exponente ms claro de las

Si uno acepta la definicin de la realidad alojada en el conflicto, no es posible salir de la lgica del abertzalismo radical y deslegitimar la violencia

La denominacin de proceso de paz vehicula todos las denotaciones de la equidistancia, de la responsabilidad compartida. Por eso el concepto preferido para este mbito es el de atasco o bloqueo, sinnimos del empate infinito

* Martn Alonso es doctor en Ciencias Polticas.Form parte del grupo de expertos de la

Escuela de paz de Bakeaz (Bilbao). Ha escrito sobre el tema de este artculo: Sifones o vasos comunicantes? (2006),

La violencia en el Pas Vasco al hilo de Jean Amry (2009) o La conferencia de Ayete: una

coreografa para la impunidad (de prxima publicacin).

implicaciones de tal gramtica es la ausencia de las vctimas en el discurso y en las prcticas del tercer espacio. Y ahora en la poltica del secretario para la Paz y la Convivencia, una ausen-cia que se reconoce en la declaracin freudiana del propio Jonan Fernndez cuando menciona6 el temor de una ruptura entre vctimas y sociedad. Otra vez el recurso a la sociedad para eludir las propias responsabilidades.

Sealaba que la expresin pro-ceso de paz es hija de la premisa fundacional del conflicto, pues ste cumple, en efecto, la funcin de una retrica constituyente: crea el objeto de designacin. El acta de bautismo del conflicto est en el pacto de Lizarra, auspiciado por Elkarri, en lo que constituye la negacin de la de-finicin misma de tercer espacio; por no hablar de la innovacin topolgica, pues en las situaciones marcadas por la asimetra radical de los actores no hay precedentes de postularse inde-pendientes entre vctimas y victima-rios. Sin embargo, la denominacin de proceso de paz vehicula todos las denotaciones de la equidistancia, de la responsabilidad compartida Por eso el concepto preferido para este mbito es el de atasco o bloqueo, sinnimos del empate infinito. En la lgica para-lelstica, la responsabilidad es siempre ajena y distribuida; por eso la socie-dad vasca y la comunidad interna-cional, epifanas consanguneas de Lokarri, tienen que ejercer de Ssifo impenitente, para deshacer el atasco y el empate. Imposible detallar la letra pequea de este equvoco diccionario.

loCus y ethos del terCer esPaCioLa resistencia a percibir el compo-nente totalitario de ETA tiene que ver

probablemente con la ausencia de la principal aportacin de la pedagoga de Auschwitz, la figura de la vctima. Hemos visto, ledo y odo a los super-vivientes dando testimonio de aquella experiencia con vistas a formar a los jvenes en el espritu del Nunca ms; en el amplio repertorio de figurantes invitados por Elkarri/Baketik/Loka-rri/Foro Social ningn representante de esta tradicin: ni de Auschwitz, ni del Gulag, ni siquiera de Omars-ka o Srebrenica, bien cercanos en el tiempo. Paul Ros, en cambio, cuando el gobierno de Patxi Lpez present un proyecto elaborado por un equi-po de expertos de Bakeaz para llevar los testimonios de las vctimas a las aulas, conclua en su blog7 que esta posibilidad de ofrecer el testimonio de las vctimas en primera persona es un campo minado. Era la tesis de los crculos del etnonacionalismo en relacin con el mismo proyecto que haba sido formulada meses antes por Aintzane Ezenarro, entonces portavoz de Aralar, y antigua miembro de Elka-rri: No hay razones que desde un punto de vista pedaggico recomien-den la presencia directa de ninguna vctima8. Que cada cual engarce esta

posicin con el hecho de que su de-fensora es hoy, sin enmienda, la res-ponsable de llevar los testimonios de las vctimas a las aulas.

Pero hay otro punto que merece ser destacado. Es bien conocida la figura de las puertas giratorias en los corre-dores de la corrupcin; pues bien, las figuras de Ezenarro, Fernndez y otros, ilustran el trnsito fluido entre la sociedad civil (como supuestos ter-ceristas) y la poltica (sin ambigeda-des en la ubicacin). Jonan Fernndez ha compatibilizado su protagonismo tercerista con las tareas de asesora-miento de Ibarretxe. En todo caso, lo que se observa es que un ncleo muy reducido de personas vinculadas a Jonan Fernndez ha desempeado un papel de enorme impacto sobre el pai-saje poltico vasco.

El tacticismo tecnocrtico del ter-cer espacio merecera otro artculo; remito al lector a otros anlisis (es-casos) o a los flashes de Ana Rosa Gmez Moral en Un gesto que hizo sonar el silencio9, tambin a algu-nos artculos de Imanol Zubero (por ejemplo, Unilateralidad con dos la-dos?10). Sin embargo este aspecto del tercer espacio sigue siendo el gorila invisible de los estudios psicolgicos. Tambin ciertas prcticas discursivas claramente rechazables como el re-curso a los argumentos ad hominem, la acusacin del juicio de intencio-nes a los crticos o la descalificacin personal, como cuando Ros replic a una crtica de Kepa Aulestia a Jonan Fernndez, con un los conversos a la cola. Tales procedimientos discursi-vos constituyen una impugnacin a la tarea central de los movimientos sociales como escuelas de democra-cia. A ver si dejamos de pensar en elefantes y no se nos despista el go-rila. Como dice el eslogan de Muje-res de Negro de Belgrado, No nos dejemos engaar, empezando por los nuestros.q

Cmo se hablar de paz?

Este aspecto del tercer espacio sigue siendo

el gorila invisible de los estudios psicolgicos.Tales procedimientos

discursivos constituyen una impugnacin a la

tarea central de los movimientos sociales como

escuelas de democracia .A ver si dejamos de pensar

en elefantes y no se nos despista el gorila

1 Fernndez, Jonan (2006): Ser humano en los con-flictos; Alianza Editorial.

2 El Correo, 10/02/2014.3 Le Monde Diplomatique, junio de 2011.4 Ros, Paul (2013): El protagonismo de la sociedad

vasca en el proceso de paz, en Pueblos - Revista de Informacin y Debate, n58.

5 El Correo, 26/02/2011.6 El Correo, 20/11/2013.7 Ver en: http://paulrios.net, 05/01/2010.8 El Correo, 23/10/2009.9 Publicado por Gesto por la Paz, 2013.10 Ver en: www.eldiario.es, 24/02/2014.



MIRADAS

El conflicto poltico es inconstitucionalJule Goikoetxea*

En Espaa el conflicto poltico es inconstitucional. No hay cabida para l. No es que no exista, es que no puede existir porque, como digo, es inconstitucional. El hecho de que Espaa niegue el conflicto poltico se debe a la incapacidad histrica de sus lites de poner en marcha un proyecto nacional comn y sostenible que no implique la supeditacin de otras naciones.

llev a cabo sin estructuras legales y apenas recursos.

En 2010 ETA comenz a publi-car comunicados anunciando el

cese de ciertas acciones arma-das hasta el cese definitivo

de toda actividad armada en octubre de 2011, tres das despus de la Con-ferencia Internacional de Paz (Aiete), que, entre otras peticio-nes, inclua el cese y el desarme de la or-ganizacin. Entre los puntos acordados en

Aiete se peda tambin dilogo con los Gobier-

nos de Espaa y Francia para solucionar las conse-

cuencias del conflicto, avan-zar en la reconciliacin y la

reparacin a todas las vctimas y, por ltimo, dilogo entre representan-tes polticos y agentes sociales para solucionar las causas del conflicto.

Desde entonces hemos sido testigo del progresivo desarme de la organi-zacin y en lo que refiere a la repara-cin de las vctimas y la convivencia se han implementado nuevas polticas y dinmicas por parte del Gobierno vasco y de diversos colectivos socia-les que durante todo el proceso han contado con el apoyo de prcticamen-

Pero actualicemos primero el contexto. El ltimo alto el fuego de ETA fue anunciado en 2011 y su carcter definitivo se debi, no slo pero principalmente, a dos ra-zones: a la prdida de respaldo por parte de la sociedad vasca y al proce-so de debate interno abierto por la iz-quierda abertzale para un cambio de

estrategia con-sistente en hacer poltica exclusiva-mente por medios no violentos (proceso que se inici tras los acuerdos de Lizarra-Garazi, hacia el 2000). Recordemos que Batasuna fue ilegalizada en 2003, as que la mayor parte del proceso de debate se


MIRADAS

El dilogo suele ser la forma ms pacfica de

canalizar los conflictos.Ahora bien, si no hay

acuerdo sobre la existencia de un conflicto,

difcilmente se podr entablar un dilogo en el

que tal supuesto conflicto se pueda canalizar

te todos los partidos polticos. Todo ello est teniendo resultados signifi-cativos en el mbito de la reconcilia-cin. Pero todo, absolutamente todo, se ha hecho de forma unilateral, por instituciones, agentes y colectivos de Euskal Herria. En cambio, hay cosas urgentsimas que solucionar, como el tema de los presos y presas polticas, que no se pueden hacer unilateral-mente. Para ello es necesario que los Gobiernos espaol y francs se sien-ten, junto con el resto, a dialogar. El problema es que no quieren dialogar sobre el conflicto, porque Qu conflicto?

negaCin del ConFliCtoEl dilogo suele ser la forma ms pacfica de canalizar los conflictos. Ahora bien, si no hay acuerdo sobre la existencia de un conflicto, difcil-mente se podr entablar un dilogo en el que tal supuesto conflicto se pueda canalizar. Se podrn negociar las formas de canalizacin y din-micas de la resolucin. Lo que no se puede negociar es la existencia de un conflicto. En ocasiones anteriores he escrito que una no negocia ser vasca o espaola, se identifica o no se identi-fica; uno no negocia un principio de-mocrtico, se observa o no se observa. As, tampoco se negocia la existencia de un conflicto poltico, se percibe o no se percibe.

Es cierto que la Declaracin de Aiete, el cese definitivo de acciones armadas y el progresivo desarme de la organizacin monitorizado por el Comit Internacional de Verificacin han dificultado el discurso de los Estados acerca de la ausencia de con-flicto poltico, pero no han impedi-do el bloqueo del proceso de paz. El Gobierno francs, y sobre todo es-paol, as como sus elites polticas y econmicas, tienen una razn estrat-gica para negar el conflicto vasco: su perpetuacin.

La negacin de un conflicto por una de las partes es siempre indicati-vo de la existencia de dicho conflic-to, por lo que su continuada negacin slo tiene sentido como elemento reproductor del propio conflicto. Y decamos al principio que Espaa nie-

ga y por tanto reproduce el conflicto indefinidamente debido a la incapaci-dad histrica de sus lites de poner en marcha un proyecto nacional comn, duradero y sostenible, que no impli-que la supeditacin de otras naciones.

desCriPCin del ConFliCtoEn el campo de la resolucin y el anlisis de conflictos, el conflicto es entendido como incompatibilidad de objetivos, sean stos polticos, socia-les o econmicos. Esto implica dis-cursos incompatibles en tanto que es en los discursos donde se articulan los objetivos.

Para los grandes partidos sobera-nistas de Euskal Herria (la coalicin EH Bildu y PNV-EAJ), la raz del conflicto poltico es no reconocer los mbitos de decisin del pueblo vasco. Este discurso da por hecho que existe la nacin vasca entendida como sujeto poltico de decisin. Ha resonado da y noche en los debates televisados, en los parlamentarios, en Juntas, en la prensa y en las calles, antes, mucho antes del cese definitivo de ETA, y tambin despus, mucho despus. Este discurso no es una trola, una conspiracin o una tctica electoral. Es una realidad poltica en tanto que as es percibida por gran parte de la sociedad vasca.

La respuesta de los grandes parti-dos espaoles, PP y PSOE, antes del cese definitivo de ETA y tambin des-

pus, es q

Pueblos 63 – Cuarto trimestre de 2014

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