Nuevamente la población boliviana es testigo silencioso del atropello que está sufriendo el

Instituto Politécnico Tomas Katari, IPTK, con la toma violenta del Centro Nacional de

Profesionalización Rural en la localidad de Ocurí, efectuada por dirigentes de las

subcentrales originarias campesinas de Chairapata y Milluni, a la cabeza de la Diputada del

MAS, Emiliana Aiza.

La legisladora argumentó en una entrevista radial que “esos terrenos son del pueblo” y

que la Organización No Gubernamental (ONG) no tiene la solvencia necesaria para

continuar con sus proyectos. En ese marco, según la diputada Aiza, dirigentes

campesinos de los cuatro municipios de la provincia Chayanta del departamento de

Potosí, piden que hasta el 15 de enero próximo el IPTK entregue al Ministerio de

Educación todas las instalaciones que tiene en ese territorio.

En marzo de 2013, la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social,

UNITAS, ya había denunciado la arbitrariedad con la que actúa la Diputada del MAS y la

falta de garantías para que instituciones como el IPTK, desarrollen su trabajo sin

intervenciones injustificadas que no hacen otra cosa que debilitar el Estado de Derecho y

la democracia en Bolivia.

Lamentablemente, existiendo suficientes antecedentes para que distintas instancias del

gobierno y del Movimiento al Socialismo frenen definitivamente estos actos violentos y

vandálicos que buscan usurpar por la fuerza iniciativas legalmente establecidas, y generar

un clima irracional de intervencionismo ilegal distorsionando la información sobre el rol

que cumplen las ONG en el desarrollo del país, hoy vemos que no se hizo nada al respecto.

Con total impunidad y haciendo uso y abuso de la representación política que le fuera

conferida por organizaciones de base, nuevamente la diputada arremete en contra de

esta institución: sin que exista denuncia formal ni debido proceso, acusa abiertamente al

IPTK de “negociar con los terrenos que consigue con los proyectos que emprende” y, a su

vez, demuestra el poder que tiene para decidir arbitrariamente la expulsión del IPTK de la

provincia Chayanta.

Este no es un mero asunto de ONG, de su defensa o de su expulsión; es un tema que

concierne a todos y todas como ciudadanos/as que, con ejemplos de esta naturaleza,

constatamos la vulnerabilidad de los derechos establecidos en la Constitución Política del

Estado Plurinacional y la mala interpretación del Control Social.

Este no es un asunto aislado en el contexto actual. Es un hecho que, si es amparado por el

gobierno nacional, atropella los derechos de la sociedad boliviana, sea de Ocurí o de

Pocoata, sea de Chiquitos o de San Buenaventura, sea aymara, quechua o guaraní.

¿Qué garantías puede tener una persona, un colectivo social, una institución, una

comunidad o un pueblo, si por ser partidario del gobierno de turno se goza de total

protección para cometer arbitrariedades de esta naturaleza paradójicamente contra

quienes públicamente han manifestado su apoyo al proceso de cambio?

La sociedad boliviana no quiere muestras ejemplificadoras de control político; la sociedad

boliviana quiere muestras ejemplificadoras del despliegue de esfuerzos y acciones para

hacer cumplir la constitución y las leyes, para promover la convivencia armónica y no la

amenaza sistemática, para resaltar los valores de reciprocidad y no de angurria de poder y

oportunismo en desmedro de las comunidades que, con seguridad, valoran los aportes del

IPTK durante 37 años de vida continua trabajando en favor de los sectores más pobres de

Chuquisaca y Potosí.

Señores del gobierno nacional, Gobernación de Potosí, Asamblea Legislativa,

organizaciones originarias campesinas: recuperemos la racionalidad que debe caracterizar

la vida democrática y la convivencia social; recuperemos la convicción de que en cualquier

escenario nacional, cualquier actor social y político puede desarrollar su acción en tanto

esté enmarcada en la ley; recuperemos la memoria de tantas luchas vividas para que

todos los bolivianos y bolivianas puedan ejercer todos sus derechos y el Estado cumpla

con su obligación de respetarlos, promoverlos y protegerlos, reaccionado con celeridad

ante cualquier injusticia, delito o atentado que afecte la democracia.

La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social

está conformada por 25 instituciones que tienen presencia en

áreas rurales y urbanas de todo el país.

La Paz, 10 de enero de 2014