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2014 - 2015INFORME ANUAL

PROCESO DE REFORMA DE SALUD:

AVANCES Y RETROCESOSElaborado por Mario Ríos Barrientos

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COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

En informes anteriores, hemos se-ñalado que los artículos constitu-cionales respecto al derecho a la salud deben interpretarse en con-cordancia con la Declaración Uni-

versal de Derechos Humanos, los pactos y convenios internacionales, como ha señala-do el Tribunal Constitucional en sucesivas sentencias.

De manera coherente con esta interpretación, el Estado Peruano debe reorientar el sistema de salud a promover que en éste se logre el cumplimiento sistemático de los derechos humanos.

De hecho, la Décimo Tercera Política del Acuerdo Nacional1, es la forma práctica de fi-jar una política de Estado que universalice el derecho humano a la salud y permita el acce-so de todos los peruanos a bienes y servicios de salud. Lamentablemente las decisiones políticas en el proceso de reforma de salud2 no han estado conducidas a este logro y por el contrario se han concentrado en que las políticas sanitarias se armonicen a la política económica que lleva a cabo el Ministerio de Economía y Finanzas. De esta manera, se ha puesto especial énfasis en el fortalecimiento del mercado de la salud a costa de la partici-pación activa del Estado en el fortalecimiento de la respuesta pública a las necesidades de los ciudadanos3.

ASEGURAMIENTO UNIVERSAL O ACCESO UNIVERSAL

Un objetivo de la reforma de la salud es alcan-zar la protección financiera de los 30 millones de peruanos, es decir, que una condición de enfermedad no cause situaciones de pobreza y, mediante los seguros, exista la capacidad de atenderse. La Ley 29344 denominada Ley

1 La décimo tercera política establece que el Estado garantizara el acceso universal y gratuito a la salud a todos los ciudadanos.

2 Este proceso de reforma está siendo conducido por el Poder Ejecutivo, sin tener en cuenta la opinión de los actores de la salud: Profesionales y ciuda-danos.

3 Revisar el contenido de los 23 Decretos Legislativos para la reforma de la salud aprobados y promulgados por el Poder Ejecutivo

Marco del Aseguramiento Universal en Salud tiene ese objetivo y según lo establecido por el Plan con el que se aprobó este dispositivo normativo al 2015 todos los peruanos debe-ríamos gozar de un seguro.

En los últimos 10 años se ha expandido la cobertura poblacional de afiliados hasta un 85% de la población peruana. El incremento mayor se ha producido entre los afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) que ahora son entre 15 y 16 millones4. En segundo lugar te-nemos los 9 millones 900 mil asegurados5 de ESSALUD, mientras en los seguros privados hay aproximadamente un millón. Este nota-ble incremento, sin embargo, no ha tenido la misma velocidad en la cobertura prestacio-nal, debido a brechas diversas en el acceso que imposibilitan el ejercicio del derecho a la atención de la salud y derivan en vulneracio-nes de derechos de los ciudadanos.

En el caso de los afiliados al SIS, entre las barreras más saltantes se encuentra la falta de información6. Muchos afiliados no se en-cuentran debidamente informados sobre los derechos que tienen. Al no ser el mecanismo de afiliación un contrato individual, sino que por disposición legal los integrantes de un grupo social son incluidos, muchos ciudada-nos aparecen en los registros del SIS como afiliados sin tener consciencia de esa condi-ción y sin haber tenido ningún vínculo formal con la aseguradora. Por eso, cuando alguna persona, al momento que se encuentra en una condición de salud grave, se entera que está afiliado, no sabe a qué coberturas tiene derecho.

Por esta situación los ciudadanos se ven ex-puestos a ser víctimas de cobros indebidos o forzar el gasto de bolsillo a sus familiares como consecuencia de la falta de transparen-

4 Hasta febrero del 2015, según estadísticas de SIS, dirección electrónica http://www.sis.gob.pe/Portal/estadisticas/index.html

5 Hasta setiembre 2014, Según Estadística de ESSALUD, dirección electróni-ca http://www.ESSALUD.gob.pe/estadistica-institucional/

6 Muchos de los afiliados han sido incorporados de manera automática por efecto de los dispositivos legales pero ellos no han sido informados de esta condición. Otro tema es la falta de información a que cobertura tienen derecho.

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cia de una red de servicios públicos de salud acostumbrada a prácticas micro – mercanti-listas, que se beneficia de la falta de control del sistema público de salud.

Ahora bien, si todos los afiliados del SIS usa-ra los servicios en función a sus necesidades, el presupuesto actual sería insuficiente. Por eso, una manera de controlar la demanda es no informar los derechos. Este aspecto debe ser resuelto por la autoridad de Salud. Se tra-ta que el financiamiento que tiene el SIS, es actualmente es una suma de 1,800 millones de soles, se corresponda a las necesidades de los afiliados El per capita por afiliado actual-mente en el SIS es de 120 nuevos soles anua-les por cada uno, muy por debajo de los 200 dólares que maneja ESSALUD.

Un aspecto adicional critico en el SIS es la consideración que solo deben ser incorpora-dos en el sistema subsidiado los que son de pobreza y extrema pobreza, en base a lo cual, se ha retirado del padrón de afiliados a cerca de 700 mil personas, al considerarlos “infli-trados” (denominación para los no-pobres que acceden a programas sociales). Se asu-me que los no-pobres pueden enfrentar con sus recursos las enfermedades, pero eso no es cierto.

Como ejemplo, una persona “no-pobre” que tiene un pariente con una Insuficiencia Renal Crónica Terminal solo el servicio de diálisis y hemodiálisis requiere de un presupuesto de

4 mil nuevos soles. Así podríamos colocar a las personas que tienen problemas de salud mental, diabetes, hipertensión, cánceres, Parkinson, Alzheimer y otras condiciones cada vez más comunes en nuestra sociedad.

En realidad, los fenómenos de transición de-mográfica y epidemiológica le han dado a las enfermedades no transmisibles un peso de 2/3 de nuestra carga de morbilidad. Estas enfermedades requieren de un esfuerzo eco-nómico mayor de la sociedad y generan un empobrecimiento de las familias que tienen a personas con estas condiciones. El sistema de salud precisamente debería evitar que una enfermedad haga colapsar financieramente a las familias, por lo que lejos de excluir a la población de los sistemas públicos el Estado debe garantizar la protección financiera uni-versal de todas las personas. Incluso cuando por alguna razón los seguros privados no ga-rantizan la protección frente a determinadas enfermedades el Estado debe acudir en pro-tección de estas poblaciones.

En el caso de ESSALUD, no han sido supe-rados los problemas para garantizar las prestaciones efectivas a los 10 millones de asegurados. Uno de los problemas principa-les es la lucha por su sostenibilidad finan-ciera. Con los aportes reducidos de 9% de la remuneración por parte de los empleado-res se está profundizando la crisis a pesar que los cálculos actuariales realizados por una consultora de la OIT plantean que debe ampliarse los aportes al 12% de la remune-ración. Otro tema es la enorme deuda de los empleadores públicos y privados con la seguridad social, que se calcula en 4000 mi-llones de soles.

Un aspecto adicional es la reducción de los aportes a la seguridad social de las gratifica-ciones que lleva ESSALUD a dejar de recibir fondos por cerca de 800 millones de nuevos soles. Encontramos que existe un comporta-miento sistemático de parte del Estado por desfinanciar a ESSALUD. Esto es más sin-tomático cuando el Estado lejos de aportar

EL PERÚ A TRAVÉS DE SU SISTEMA PÚBLICO DE SALUD PAGA ENTRE 29 A 36

SOLES POR CADA TABLETA, MIENTRAS EN BOLIVIA EL MISMO MEDICAMENTO ES

VENDIDO A 1.40 SOLES, EN COLOMBIA ALCANZA A 3.50 NUEVOS SOLES, BRASIL

4 NUEVOS SOLES. ¿POR QUÉ EN EL PERÚ EL PRECIO ES MAYOR?

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para la sostenibilidad financiera de la insti-tución.

Las autoridades lejos de salir en defensa de la Seguridad Social han tenido un com-portamiento que asfixia la posibilidad de mejorar sustantivamente la institución, han desarrollado acciones que tienen por ob-jeto fortalecer el proceso de transferencias de los recursos de ESSALUD al sector pri-vado sin mejorar sustantivamente la calidad de las prestaciones de salud y sobre todo el acceso a las mismas. Los contratos de Aso-ciación Público Privada firmados durante el régimen anterior e implementados en el ac-tual gobierno no han podido reducir sustan-tivamente los tiempos de espera, el embalse quirúrgico y los problemas para el acceso a las prestaciones de salud (Medicamentos, terapias, etc):

Con el objeto de garantizar el derecho al ac-ceso a prestaciones de salud es importante realizar profundas reformas institucionales y promover la articulación de la red presta-cional de ESSALUD con las redes de servi-cios de salud. La capacidad de respuesta del sistema prestacional de ESSALUD está

orientada a resolver las demandas de mayor complejidad del sistema de salud, es impor-tante fortalecerlo y sostener la capacidad de respuesta del primer nivel de atención, en la red de establecimientos del MINSA y de los gobiernos regionales. Por ello, un punto importante es avanzar en profundidad en la integración de los sistemas prestacionales e implementar el Decreto Legislativo del inter-cambio prestacional que debe permitir a los afiliados a cualquier sistema de seguro usar la oferta de servicios de cualquier prestador en el sistema.

REFORMA AÚN NO RESUELVE BRECHAS ESTRUCTURALES

Un tema relevante es la reforma del siste-ma prestacional de servicios de salud en sus componentes de garantías de acceso, cali-dad, especialistas e insumos diversos para la recuperación de la salud, así como para la atención oportuna. En este punto se han formulado algunas iniciativas que todavía no encaran los problemas estructurales del sis-tema prestacional.

Un aspecto adicional es la reducción de los aportes a la seguridad social de las gratificaciones que lleva ESSALUD a dejar de recibir fondos por cerca de 800 millones de nuevos soles.

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Por ejemplo, se han producido cambios en lo referente a Política de Recursos Humanos que tiene el objetivo de resolver las brechas existentes, pero estás aún no atacan los défi-cits de fondo que son: una adecuada distribu-ción de los recursos humanos en las distintas áreas de especialización tanto en medicina, enfermería y otros, una agresiva inversión en fortalecimiento de la infraestructura pública de salud y en mejora del equipamientos, ade-cuada política de medicamentos que permita priorizar el bien de la vida y la salud de las personas antes que el beneficio mercantilista por parte de los agentes del mercado de los medicamentos. Estos temas avanzan lenta-mente.

CONTRADICCIÓN ENTRE ACCESOUNIVERSAL A LOS MEDICAMENTOS Y EL MERCANTILISMO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

El año 2014, ha sido un año signado por la batalla de distintas organizaciones de socie-dad civil sobre el uso de las herramientas jurídicas que dan los diversos instrumentos nacionales e internacionales a fin de procurar que no exista el uso abusivo de la condición de posición de dominio de la industria farma-céutica.

Un caso que esto se ha evidenciado es el del Atazanavir, producto de la Bristol Myers Squibb (BMS) que sirve para el tratamien-to antiretroviral de los pacientes con VIH. El nombre de marca es Reyataz, reconocido con los beneficios de explotación de una patente por INDECOPI. Otros países como Colombia o Ecuador, le negaron condición de calidad in-ventiva por lo tanto.

El Perú a través de su sistema público de sa-lud paga entre 29 a 36 soles por cada tableta, mientras en Bolivia el mismo medicamento es vendido a 1.40 soles, en Colombia alcanza a 3.50 nuevos soles, Brasil 4 nuevos soles. ¿Por qué en el Perú el precio es mayor? Por la explotación monopólica que le da tener una patente que fue dada por INDECOPI sin consulta al órgano rector Ministerio de Sa-lud.

En el Perú tenemos aproximadamente 1,800 pacientes consumiendo este medicamento y así se gasta entre 30 y 36 millones de soles anuales, cerca del 50% de todo el presupues-to destinado a los pacientes con tratamiento antiretroviral. Por ello, es que a solicitud de la sociedad civil y producto del análisis téc-nico en el MINSA se está solicitando que en aplicación del Acuerdo de Libre Comercio y de las normas de propiedad intelectual el Estado peruano declare de interés público el medica-mento y se de las licencias obligatorias con la finalidad que podamos como sociedad com-prar el Atazanavir a precio del mercado y no beneficiar innecesariamente a una empresa farmacéutica

Este es un ejemplo de una batalla por es-tablecer políticas en el país que permitan a los ciudadanos tener acceso a los bienes y servicios de salud, donde se establezca que el interés prioritario debe ser la salud y la vida de las personas por encima del interés económico.

EN EL CASO DE ESSALUD, NO HAN SIDO SUPERADOS LOS

PROBLEMAS PARA GARANTIZAR LAS PRESTACIONES EFECTIVAS A LOS 10

MILLONES DE ASEGURADOS. UNO DE LOS PROBLEMAS PRINCIPALES ES

LA LUCHA POR SU SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

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LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS AGENDA PENDIENTE

El 2 de octubre del 2009, un conjunto de orga-nizaciones de la sociedad civil logramos que el Congreso de la República aprobará la Ley 29414, Ley de derechos de la personas usua-rias de los servicios de salud. Esta Ley fue promulgada directamente por el poder legis-lativo por observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo.

Lamentablemente, el gobierno anterior no cumplió la tarea de reglamentarla y el pre-sente gobierno aún no termina de aprobarlo a pesar de tener un anteproyecto de Regla-mento aprobado por el Consejo Nacional de Salud en noviembre y que esta demorado la aprobación del Decreto Supremo respectivo. Esta Ley con su Reglamento darán las con-diciones de la los derechos de las personas frente a las instituciones prestadoras de ser-vicios de salud y las financiadoras del siste-ma.

Estas normas se fortalecerían en su aplica-ción con la aprobación del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superinten-dencia Nacional de Salud (SUSALUD) que fuera promulgado en diciembre pasado vía el Decreto Supremo 031 – 2014 SA. Este Re-glamento, sancionaría a los establecimientos que no cumplen sus obligaciones y vulneran los derechos de las personas usuarias.

Podríamos decir que en los últimos años, al fortalecerse las competencias de SUSALUD se ha generado un espacio importante para la protección de los derechos en los servicios. Sin embargo, identificamos las siguientes de-bilidades:

a. Se ha establecido la capacidad de sancio-nar a las instituciones vulneradoras de derechos, pero aunque se encuentre la responsabilidad administrativa, esto no da

como resultado la reparación del daño al afectado.

b. El ciudadano para exigir la reparación de los daños tiene serios inconvenientes en el sistema judicial por las serias de-moras. Por el lado del uso de los MARCS (medios alternativos de resolución de conflictos), las instituciones públicas que son las mayoritarias en el financiamiento y en la prestación de los servicios optan por los caminos de mayor dilación de los procesos, siendo renuentes a procedi-mientos rápidos como la conciliación y/o arbitraje.

c. Las sanciones están concentradas en las instituciones y no se establece sancionar a los responsables administrativos y/o políticos de las condiciones en las que se prestan los servicios o de la falta de opor-tunidad en el acceso.

CONCLUSIÓN

El año 2014 ha permitido ver algunos avances con respecto al proceso de reforma, pero aún no exista un proyecto integral de cambios del sistema de salud que garantice el derecho a la salud. Todavía persiste la contradicción en-tre salud como derecho humano universal y salud organizada desde una lógica del mer-cantilismo. Subsiste la contradicción entre el fortalecimiento reformado de la respuesta pú-blica o fortalecimiento del rol de los agentes privados. Por eso, para lograr el derecho a la salud, hay mucho que hacer.