PRIVATIZACIÓN

PRECISIONES TERMINOLÓGICAS

El término privatización es confuso, impreciso y ambiguo. En sentido amplio recoge un conjunto de decisiones que van más allá de la transferencia de la propiedad o el control de las actividades públicas al sector privado, incluyendo la equiparación de la actividad de la empresa pública con la de la privada, la desregulación o eliminación de trabas que impiden la entrada en el mercado de empresas privadas y la prestación privada de bienes y servicios públicos. Viene a significar cualquier pérdida de protagonismo económico por parte del sector público, traspasando funciones y actividades públicas al sector privado. Por privatización en sentido estricto se entiende la enajenación o transferencia de propiedad o control del sector público al privado.1

La privatización es un proceso por medio del cual las empresas pertenecientes al estado deficitario o no, son vendidas a los miembros del sector privado, personas físicas o jurídicas, de forma tal que el Estado pueda librarse de estas obligaciones que no le corresponden.2

La privatización es un proceso jurídico-económico mediante el cual las actividades empresariales son transferidas del sector público al sector privado, es decir, traspasadas o tomadas ya sea desde el Estado o la comunidad hacia agentes económicos privados.3

Con frecuencia, la privatización de monopolios estatales ha sido una medida típicamente adoptada por gobiernos de la derecha política con el objetivo de favorecer la competencia. La privatización de un sector que era competencia exclusiva del Estado permite a otros actores no-gubernamentales intervenir en la financiación y producción de bienes prestación de servicios. Así mismo la privatización introduce cambios en las funciones y responsabilidades públicas y privadas. No necesariamente se limita a la venta de empresas públicas. La privatización supone disminuir el grado de influencia del Estado, situación que para algunos puede llegar a un intento de desmontar el Estado,4 y dejar en manos de agentes privados y del mercado lo que anteriormente había sido administrado por el Estado. En sus versiones radicales se plantea que incluso es posible volver

1 Brache, Hugh. “Filosofía de la Privatización Económica”. Editorial Forum. Santo Domingo. 1988. Pág. 192 Heredia Bonetti, Luis. “Derecho, Economía y Empresa”. Editorial Amigo del Hogar. Santo Domingo. 1990. Pág. 14.3 La privatización del servicio de justicia. Rompiendo el mito de la justicia estatal, Andrés Bayly l4 Desmontar el Estado: la lógica de la libertad, Leon Gomez Rivas

privados servicios como el poder judicial, que actualmente es estatal y único o la planificación urbana.5

Suele confundirse con la capitalización de empresas públicas que se puede definir como un proceso en el cual se vende a inversionistas privados una parte de las acciones (como en el caso de Bolivia), que no está definido cuanto debe ser pero en la mayoría de los casos oscila entre 40 % a 60 % de las acciones, puede ser más, puede ser menos, ya que no existe un patrón fijo. La privatización es lo opuesto a la estatización. Tampoco debe confundirse con la transnacionalización en que el Estado transfiere el dominio de una empresa pública a un consorcio internacional, estatal o privado, sin que dicha medida necesariamente vaya de la mano con una apertura a la libre empresa en dicho servicio.

Privatización por venta de bienes

La acción por la que un bien público pasa a ser controlado por empresas privadas. En el ámbito empresarial, se produce cuando el estado vende una empresa pública. Es desde ese momento cuando el Estado deja de ejercer el control directo sobre esa empresa vendida, de forma que no tiene ni gastos de mantenimiento ni beneficios, pues este deber lo suplen los accionistas o dueños de la empresa. El estado sólo controla la actividad y recibe beneficios según lo estipulado a través de lo simpuestos y el marco jurídico.

Primera fase

La primera fase para la privatización de una empresa es la preparación de la venta, aun

cuando la presión de la situación puede considerarse como uno de los factores más

importantes que incide en la celeridad con la que se trata de vender la empresa también

existen elementos de política determinantes para la preparación de la venta. La

reestructuración es un paso previo a la privatización, en algunos casos la reestructuración

es absolutamente necesaria para promover la competencia o facilitar la venta, pero la

reestructuración tiene riesgos y plantea problemas importantes. En primer lugar, puede

resultar una operación que consuma demasiado tiempo, dando lugar a que se pierda la

oportunidad de privatizar. En segundo lugar, puede demandar recursos importantes de los

cuales carece el estado. En tercer lugar, puede ocurrir que la reestructuración disminuya

el número de potenciales interesados si ella no coincide con los programas de inversión

que estos últimos tienen.

Por estas razones es posible concluir que la reestructuración de las empresas públicas

como paso previo a su privatización sólo debe ejecutarse cuando se cumple alguna de las

tres siguientes condiciones.

1. Cuando se requiere para permitir o promover la competencia

2. Cuando es absolutamente necesaria para hacer posible la venta

5 Lima la horrible. Propiedad, Zonificación y el Mito del Planeamiento Urbano, Enrique Pasquel

3. Cuando el estado tiene claras ventajas comparativas para el sector privado para

adelantar la reestructuración de que se trate.

Reestructurar por estas razones, tales como la posibilidad de mejorar el precio de venta

final de la empresa, implica suponer que el sector privado tiene mayor capacidad de

agregar valor que el Estado, esta es una actividad de la cual precisamente se está

retirando el estado. En este sentido cabe decir que las mismas razones que conllevan a la

privatización, deben conllevar a dejar que sea del sector privado la tarea de la

reestructuración de las empresas a privatizar.

Segunda fase

La segunda fase de la privatización es el método de venta, hasta ahora se han

experimentado una amplia gama de esquemas o modalidades de privatización y se sigue

innovando en este campo. Por lo que no existe un patrón fijo, obviamente la modalidad de

privatización ha estado en alto grado determinada por el tipo de empresa o actividad que

se privatiza, pero en general, la fórmula que ha predominado es la de la búsqueda de un

inversionista estratégico al cual se le vende un porcentaje de acciones con el control de la

empresa. Otro porcentaje de las acciones, que suele estar entre el 4 % y el 20 %, se le

vende a los trabajadores de la empresa privatizada y el resto lo lleva el gobierno al

mercado de capitales. Este ha sido el esquema utilizado en la venta de empresas de

telecomunicaciones, eléctricas y muchas otras. Podríamos decir que este ha sido el

esquema predominante en las grandes empresas.

El objetivo de conseguir un inversionista estratégico para las grandes empresas que se

privatizan ha predominado claramente sobre otros objetivos de política, como el desarrollo

del mercado de capitales. En la venta del bloque accionario al inversionista estratégico ha

predominado ampliamente la licitación pública.

Ello ha contribuido de manera notable a darle transparencia a los procesos de

privatización, lo que a su vez ha contribuido a darle a ésta viabilidad política. Aunque

diversos procesos de privatización han sido una fuente de escándalos o de corrupción en

varios países de América Latina (compañías aéreas y petroleras en Argentina, compañías

de agua en Bolivia, telefonía en México). Luego de haber desarrollado el esquema sobre

el método de venta se procede con el tercer paso, el criterio de selección de los

compradores, al igual que con el método de venta no ha existido un único método ni

siquiera en el interior de cada país para seleccionar los compradores finales de las

empresas públicas a privatizar. Sin embargo, es posible apreciar un hecho y una

tendencia dominante:

1. El precio ofertado ha sido el elemento más importante para la selección de nuevos

inversionistas.

2. El precio ofertado tiende a ser el único elemento para decidir la selección del

nuevo propietario.

En numerosos casos de privatización en América Latina, el precio ofertado por los

inversionistas interesados ha tenido una ponderación alta o dominante en la selección

final; pero ese no ha sido el único elemento. Se le ha dado alguna ponderación también a

los planes de inversión de los competidores. Sin embargo, en los casos de privatización

más reciente, el programa de inversión mínimo lo defiende el gobierno y se convierte este

en una exigencia igual para todos los inversionistas. Estos, habiendo sido ya

precalificados, compiten estrictamente sobre la base del precio ofertado.

La utilización de un único criterio de Stephanie Guerrero (especialmente el precio) para la

selección de los compradores de la empresa tiene dos grandes ventajas. Simplifica

enormemente el proceso de selección, al remitirlo a un único indicador cuantificable y, por

lo mismo, le dan gran transparencia al proceso. Habiendo sido previamente precalificados

los potenciales inversionistas y habiendo sido igualmente definido el plan mínimo de

inversión (cuando ello procede) por el estado, se asegura que cualquiera sea el que gane

de entre los compradores, se habrá hecho una buena decisión.

--------

MÉTODOS DE PRIVATIZACIÓN

Cada operación de privatización es un proceso específico, que requiere un tratamiento y una metodología adecuados. La utilización de una técnica u otra, dependerá de los objetivos concretos perseguidos por el Estado y produce consecuencias diferentes. Por eso tiene vital importancia la mecánica que se adopte en los procesos de privatización.

Las actividades o las empresas estatales se pueden privatizar por tres métodos generales: traspaso de intereses, delegación, o desplazamiento. E. S. Savas, eminente defensor estadounidense de la privatización y director de la Organización para la investigación de la privatización, del Baruch College de la City University de Nueva York, traza a grandes rasgos los procedimientos concretos que entraña cada uno de dichos métodos.

Traspaso de intereses: El traspaso de intereses significa la enajenación de empresas o bienes. Esto requiere una acción estatal directa y positiva, que suele producirse con carácter exclusivo. Una empresa o un bien se vende o se cede como negocio en marcha, o se puede liquidar una empresa, es decir, cerrarla y vender los bienes restantes.

Traspaso por venta: La venta de una empresa estatal puede ser parcial o por etapas, cuando el Estado vende sólo una parte de sus tenencias en un momento dado. (Algunos alegan que a menos que el Estado ceda la propiedad o el control mayoritario, dicha venta no constituye privatización, sino, sencillamente, una forma de recaudación de capital). Sea cual fuere la forma específica que adopte la venta, la tasación del bien es, por lo general, un problema espinoso.

El traspaso por venta puede adoptar cinco modalidades diferentes:· Venta negociada de la empresa (o bien) a un solo comprador;· Venta al público mediante la emisión y venta de acciones;· Venta a sus administradores;· Venta a sus empleados;· Venta a sus usuarios o clientes.

Traspaso de intereses por transferencia libre: El traspaso no requiere la venta de una empresa, se puede ceder a los empleados, los usuarios o los clientes, o al público en general.

Un caso insólito de cesión de una empresa estatal al público tuvo lugar enCanadá, donde surgió un prolongado y enconado debate político en torno a la venta propuesta de una empresa propiedad de una administración provincial. Para bloquear la venta, los que se oponían a ella cuestionaron el precio propuesto. El dilema que se presentaba a los proponentes de la venta era que si el precio era demasiado bajo serían acusados de despilfarrar el patrimonio del pueblo, si demasiado alto, la venta no se llevaría a cabo. En un alarde de genio político, el primer mandatario de la administración provincial adujo que, a fin de cuentas, la empresa pertenecía al pueblo, que ya la había pagado una vez, por tanto, ¿por qué estaría obligado a pagar de nuevo? ¡Se la podía ceder! Pese a algunas complicaciones, esta audaz medida se llevó a cabo con éxito mediante la emisión de acciones.

La entrega de acciones al público ha sido la principal característica de la privatización de las empresas estatales en la mayoría de los antiguos países socialistas.

Traspaso de intereses por liquidación: Finalmente, el traspaso se puede efectuar mediante la liquidación de una empresa que tenga un desempeño deficiente; es decir, vender sus activos si no se puede hallar un comprador y si las perspectivas de hacer de ella una empresa rentable son poco halagüeñas.

Delegación: El segundo método general de privatización es la delegación. A diferencia del traspaso de intereses, que suele ser una acción que se hace de una sola vez, la delegación requiere una función estatal activa continua. Cuando se recurre a la privatización por delegación, la administración pública delega en el sector privado parcial o totalmente la producción de bienes o servicios, pero se reserva la función de supervisar los resultados. La delegación se efectúa mediante contrato, licencia, subvención, cupones o mandato.

Delegación por contrato: La administración pública puede privatizar una actividad al celebrar un contrato con una organización privada para que desempeñe el trabajo. Por ejemplo, las administraciones locales suelen contratar servicios tales como la recogida de desechos sólidos, obras de reparación y limpieza de las calles, retirada de la nieve y cuidado de los árboles.

Delegación por licencia: Con arreglo a una licencia, la administración pública otorga a una organización privada el derecho (a menudo, el derecho exclusivo) de vender un servicio o un producto al público. La empresa privada generalmente paga a la administración pública una cuota.

Existen dos formas de licencia. Una entraña el uso del dominio público: las ondas de radio, el espacio aéreo, las calles, el espacio subterráneo, y otros similares. Por ejemplo, las compañías de radiodifusión, las líneas aéreas, las empresas de transporte público, como autobuses y taxis, y las de electricidad, gas, agua, teléfono, usan el dominio público en el desempeño de sus actividades comerciales. Este arreglo a menudo se llama una concesión.Las segunda forma es el arriendo, en la que un arrendatario privado hace uso de bienes materiales de propiedad del Estado para dedicarse a una empresa comercial.

Delegación por subvención. La delegación también se puede efectuar mediante la concesión de subvenciones. En vez de ser la propia administración pública la que lleva a cabo una actividad, se encarga de que lo haga una entidad privada, a la que concede una subvención. Este método se emplea a menudo como medio de ganar popularidad política, por lo que las subvenciones se suelen hacer a empresas puramente privadas con pretextos poco verosímiles, aun cuando reporten beneficios públicos insignificantes.

Las subvenciones se distinguen de los contratos en que suelen involucrar solamente los requisitos más generales (prestar un servicio de autobuses, construir viviendas de renta a precio inferior a los del mercado, hacer investigaciones, promover las artes), mientras que los contratos suelen especificar con cierto detalle actividades de un servicio concreto (barrer el lado oeste de determinadas calles entre las 7 y las 9 de la mañana los jueves y viernes).

Delegación por cupones: La delegación también se puede hacer mediante la distribución de cupones a beneficiarios elegibles de servicios anteriormente prestados por la administración pública. Los cupones se pueden usar para conseguir alimentos, vivienda, servicios de educación, atención de salud, guarderías y transporte. Los beneficiarios los usan para adquirir estos servicios en el mercado. De este modo, en vez de subvencionar a los productores, como en el caso de las subvenciones, los cupones subvencionan a consumidores que reúnen determinadas condiciones.

Delegación por mandato: La última forma de privatización por delegación es un mandato estatal que exige a entidades privadas prestar un servicio a cargo de dichas entidades. El seguro de paro es un ejemplo de dicho mandato; los patronos privados prestan este servicio a sus empleados.Los mandatos, como las subvenciones, los cupones, las licencias y los contratos, sólo se pueden considerar formas de privatización cuando conducen a una disminución, no a un aumento, de la función del Estado. Por tanto, si un sistema de seguridad social administrado por el Estado se sustituyese por cuentas individuales de jubilación, sería una forma de privatización por mandato, una forma de delegación. En cambio, si los servicios de atención de salud basados en las fuerzas del mercado se reemplazasen con un sistema obligatorio de servicios de atención de salud prestados por el patrono, sería lo opuesto de la privatización, ya que supondría una función mayor, no menor del Estado.

Desplazamiento: La privatización también se puede efectuar por desplazamiento.

A diferencia de los dos primeros métodos, que requieren la acción activa delEstado, el desplazamiento es un proceso algo más pasivo, que conduce a la sustitución más o menos gradual del Estado por el sector privado a medida que los mercados se desarrollan para atender a las necesidades del momento. El desplazamiento se produce por incumplimiento, retirada y liberalización.

Desplazamiento por incumplimiento: Cuando el público se percata de que el servicio que presta el Estado es inadecuado, y el sector privado reconoce la demanda y se apresta a satisfacerla, puede considerarse como desplazamiento por incumplimiento. Gradualmente, el público empieza a acudir al sector privadoen busca del servicio.Un ejemplo de este fenómeno es el aumento de los medios de transporte privado donde los servicios oficiales de transporte urbano por superficie no satisfacen las necesidades del público. En numerosas ciudades de todo el mundo han surgido taxis "piratas", furgonetas para traer y llevar empleados de su hogar al trabajo, minibuses y otros servicios de transporte técnicamente ilegales.

Desplazamiento por retirada: Mientras que el incumplimiento no es intencional, la administración pública puede despojarse de responsabilidades de manera deliberada, lo que constituye la retirada.

Un funcionario de Tailandia se refiere a esto como el "sistema bonsai" de la privatización. Afirma que su gobierno priva a las empresas del Estado de fondos de ampliación y operación, con lo que retrasa su crecimiento. Al privar a las empresas estatales de agua y nutrientes y podar toda señal visible de crecimiento, se alienta tácitamente a los competidores del sector privado a crecer y apoderarse del jardín. Finalmente, en su pintoresca metáfora, los sufridos bonsais, descuidados y enfermos, se eliminan.

Desplazamiento por liberalización: las empresas y actividades estatales a menudo existen sólo porque disfrutan de la condición de monopolio y porq ue al sector privado le está prohibido competir con ellas. La liberalización es un método de privatización si permite al sector privado impugnar el monopolio del Estado e incluso desplazarlo.

En los países en los que las juntas estatales de comercialización de productos agropecuarios son monopsonios (los únicos compradores autorizados de productos agropecuarios, a los que todos los agricultores tienen que vender), la liberalización permite a los mercados privados florecer y desplazar a esas empresas estatales.

Aunque todavía siguen funcionando con arreglo a los regímenes socialistas, la antigua Unión Soviética, China y otros países socialistas han tratado de reanimar sus moribundas economías revocando leyes que prohíben la propiedad privada, alentando el espíritu de empresa y las operaciones conjuntas con compañías extranjeras, y permitiendo que prevalezcan los mecanismos del mercado."Mercantilización" es otro término con el que se designa este proceso; supone la exposición a la disciplina del mercado y depende de la liberalización para alcanzar la rentabilidad económica.

El resultado final es la aparición de arreglos impulsados por la demanda y basados en el mercado, por compañías con fines de lucro, organizaciones voluntarias sin fines de lucro, y entidades públicas en competencia con ellas, para satisfacer necesidades existentes.

OTROS METODOS

Cada operación de privatización es un proceso específico, que requiere un tratamiento y una metodología adecuados. La utilización de una técnica u otra, dependerá de los objetivos concretos perseguidos por el Estado y produce consecuencias diferentes. Por eso tiene vital importancia la mecánica que se adopte en los procesos de privatización.

Las principales formas de enajenación de las empresas públicas serán comentadas brevemente.

1. La venta global o parcial de la empresa a compradores determinados por los poderes públicos. Se transfiere la propiedad de los poderes públicos a una empresa o grupo empresarial privado. El objetivo principal consiste en alcanzar cierta estabilidad en el accionariado de la empresa. Otro objetivo es asegurar la coherencia económica e industrial de la empresa, estando interesados los poderes públicos en que los adquirentes continúen la actividad productiva. La venta o adjudicación puede ser:

1.1. Directa, los poderes públicos ejercen un poder discrecional, caracterizándose por su falta de transparencia. Se transfiere la propiedad en el marco de conversaciones entre la Administración y los potenciales compradores que aquella preselecciona.

1.2. Cuando existe un procedimiento de selección, hablamos de licitación, estableciendolos poderes públicos un pliego de condiciones en el que se detallan los requisitos exigidos a los candidatos interesados en la adjudicación de la empresa. Las empresas interesadas han de presentar su oferta comprometiéndose a respetar las condiciones especificadas en el pliego y presentando un precio fijo por la compra.

Los criterios de elección son principalmente el precio, pero también la solvencia financiera, la solidez tecnológica o el proyecto de futuro. Es similar a la concesión administrativa, con la diferencia de que en la licitación se produce el cambio de titularidad y en la concesión se trata de una delegación realizada a una empresa para la prestación de un servicio.

Este método tiene los inconvenientes de la falta de transparencia y el posible ejercicio del favoritismo. Además la adquisición de una empresa privatizada por una empresa del mismo sector puede dar lugar a un aumento de la concentración económica, o a un fortalecimiento de la posición de mercado del comprador.

2. La venta de acciones en el mercado de valores a través de una Oferta Pública de Venta(OPV). Con esta modalidad se persiguen dos grandes objetivos: se busca una elevada diversificación en la titularidad de la empresa privatizada, fomentando el capitalismo popular, destinándose la venta de las acciones principalmente a los pequeños inversores, evitando así que grupos industriales poderosos adquieran casi todas las acciones de las empresas estatales y, en segundo lugar, maximizar los ingresos obtenidos en la operación de privatización, para lo que puede no establecerse un precio fijo de venta por acción, sino subastas, realizándose la venta de acciones al que ofrezca mayor precio. La OPV consiste en una venta de acciones dirigida al gran público a un precio determinado o determinable, que se puede materializar o no mediante el empleo de mecanismos

bursátiles. En la práctica la venta de la empresa se suele articular en dos tramos: el minorista, paquete accionarial destinado a los inversores individuales y el institucional, reservado a los inversores que constituirán el futuro núcleo duro y estable de la empresa privatizada. Este tramo será objeto de una licitación, normalmente por medio de concurso abierto o restringido. El tramo minorista mantiene elevado el precio institucional; mientras que éste garantiza un precio de referencia para el pequeño ahorrador. Además es necesaria una campaña publicitaria para incentivar a los compradores individuales. Adicionalmente se pueden establecer ventajas patrimoniales concretas para asegurar la amplia diseminación de acciones entre particulares, como la asignación de una acción gratis por la compra de un determinado número de acciones; la concesión de aplazamientos de pago o las bill vouchers, que significa la reducción del precio de los servicios ofrecidos por la empresa privatizada a sus accionistas. Muchas legislaciones nacionales imponen a los accionistas particulares la conservación de sus títulos durante un mínimo período de tiempo, para evitar que revendan sus acciones a empresas inversoras, obteniendo una plusvalía. Una de las sofisticaciones introducidas en este mecanismo es el régimen de aseguramiento, en el que se establece que las acciones ofrecidas se venderán ineludiblemente y que en caso contrario serán las instituciones aseguradoras las que compren las acciones excedentes, además de asegurar un precio.

3. Ampliación del capital de la empresa que se va a privatizar no abierta a la suscripción de accionistas públicos. La ampliación previa del capital suele responder a una necesidad de incrementar el número de acciones de una sociedad para cubrir una demanda potencialmente alta por parte de los inversores privados. Es posible además que el Estado quiera conservar parte de su participación en la empresa, destinando a los inversores privados sólo la parte del capital de nueva creación. En esta situación estaremos ante una privatización parcial. La ampliación de capital como técnica de privatización supone la renuncia por el Estado de su derecho de suscripción preferente como accionista principal, ya que los nuevos títulos son reservados a inversores privados.

4. La última técnica consiste en el mecanismo de los bonos staff, en la que se reservan los títulos en venta a los empleados y jubilados de una empresa pública. En nuestro país sólo se emplea en combinación con alguno de los mecanismos anteriores. Los principales problemas que plantea son el papel de los trabajadores como accionistas de la empresa y su participación en el Consejo de Administración.

OBJETIVOS DE LAS PRIVATIZACIONES

Los objetivos o causas principales que motivan los procesos de privatización son los siguientes:

1. El aumento de la eficiencia es uno de los argumentos más utilizados para justificar los procesos de privatización. Se considera que las empresas públicas son poco eficientes, poco competitivas internacionalmente, con escasa capacidad de innovación tecnológica y falta de dinamismo empresarial.

2. Relacionado con lo anterior, está el aumento de la competencia en el mercado. La libre competencia es uno de los requisitos para que la asignación de recursos realizada por el mercado sea eficiente. La apertura de sectores económicos a la competencia busca incrementar la eficiencia, lo que resultará más fácil en el seno de un proceso privatizador. La regulación estatal en determinados sectores (como agua, gas y teléfono) además de

distorsionar el sistema de competencia afecta a los intereses de los consumidores e inversores.

3. La mejora de las finanzas públicas. La realización de una privatización mejora las finanzas, pues el Estado obtiene un volumen considerable de ingresos mediante la venta de sus empresas. Además se reduce el gasto que el Estado efectúa en empresas públicas deficitarias o en inversiones en esas empresas.

4. La creación de un capitalismo popular, concepto basado en la verdadera titularidad de la empresa pública y en la posibilidad de que los trabajadores y los ciudadanos puedan participar en los sistemas de propiedad de la empresa.

5. Ampliación de los mercados de capitales. Las privatizaciones redimensionan los mercados de capitales, al incrementar el número de inversores y aumentar la capitalización de esos mercados.

PRIVATIZACIONES EFECTUADAS

Entre 1991 y 1998 se llevó a cabo más de 180 privatizaciones por un valor de US$ 7 720 millones, que generaron proyectos de inversión por US$ 7 935 millones. En este mismo período el Tesoro Público recibió ingresos por US$ 6 138 millones en efectivo y US$ 219 millones en papeles de deuda a valor de mercado equivalentes a US$ 343 millones a valor nominal.

Estas privatizaciones comprendieron la transferencia de alrededor de 80 empresas, siendo algunas de ellas constituidas sobre la base de unidades operativas de las principales empresas como Electrolima, Petroperú, Centromin, Minero Perú, Electroperú y Pescaperú. También incluyen las últimas concesiones de infraestructura efectuadas en 1998, destacando la entrega al sector privado de la explotación de la Línea de Transmisión Mantaro Socabaya y la Telefonía celular banda B en provincias.

Se obtuvo los mayores montos de venta e inversión básicamente de la privatización de 11 grandes empresas: Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y Entel Perú, Electrolima, Petroperú, Minero Perú,Electroperú, Centromin, Tintaya, Banco Continental, Petromar, Sider Perú y Pesca Perú. Estas concentraron más del 86 por ciento del valor de venta y más del 92 por ciento de los proyectos de inversión.

Las modalidades utilizadas para transferir estas empresas al sector privado fueron la subasta de la mayor parte del accionariado al operador principal y la venta de acciones a los trabajadores e inversionistas tanto locales como internacionales. También se efectuó privatizaciones por medio de capitalizaciones, así como por venta de activos de empresas, principalmente en proceso de liquidación.

Telefónica del Perú (CPT y Entel Perú)

Esta empresa resulta de la fusión de Entel Perú, cuya propiedad estatal fue del 100 por ciento y la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) en la que el Estado participaba con 20

por ciento. Después de la fusión la participación estatal representaba el 65 por ciento, siendo vendido el 63 por ciento por un valor de US$ 2 650 millones y el restante 2 por ciento actualmente se mantiene en poder del Estado. Las inversiones generadas por esta privatización ascienden a US$ 2 176 millones, monto que incluye la capitalización por US$ 611 millones. La primera venta se efectuó en febrero de 1994, ofreciéndose un paquete compuesto por el 35 por ciento de acciones de Entel Perú, el 20 por ciento de acciones del Estado en CPT y la suscripción de capital en 15 por ciento en CPT para alcanzar el 35 por ciento del accionariado. El ganador de la subasta fue Telefónica Internacional de España que ofreció pagar US$ 2 002 millones, de los cuales US$ 1 391 millones fue por la venta de acciones y US$ 611 millones por la capitalización en CPT. Esta venta representa el 35 por ciento de las acciones de la empresa fusionadaTelefónica del Perú. Al año siguiente, en enero de 1995, los trabajadores de la empresa en uso de su derecho de preferencia decidieron adquirir el 1,6 por ciento de las acciones por un valor de US$ 20 millones.

En julio de 1996 se vendió el 26,6 por ciento de las acciones de la empresa por un valor de US$ 1 239 millones. Estas acciones fueron adquiridas por inversionistas internacionales a través de la Bolsa deValores de New York por un monto de US$ 918 millones, por los inversionistas institucionales locales por US$ 41 millones y a través del Programa de Participación Ciudadana por un valor de US$ 280 millones. En este programa destaca la participación de más de 263 mil ciudadanos que adquirieron acciones al contado y a plazos. La venta a plazos fue utilizada por la gran mayoría de participantes ya que contaban con facilidades de pago de una cuota inicial de 10 por ciento y 18 cuotas mensuales, además de descuento en el precio de las acciones.

Telefónica del Perú actualmente opera los servicios de telecomunicaciones tanto locales como de larga distancia nacional e internacional. Asimismo, ofrece servicios de telefonía celular, televisión por cable y transmisión de datos locales, entre otros.

Electrolima

Para efectos de su privatización Electrolima se dividió en cinco empresas que comprenden una generadora de energía (Edegel) y cuatro distribuidoras (Luz del Sur, Edelnor, Ede-Chancay y Ede-Cañete). En conjunto la venta de acciones de estas empresas fue por US$ 1 213 millones y generaron proyectos de inversión por US$ 312 millones.

La privatización de la Empresa de Generación Eléctrica de Lima (Edegel) fue por el 70 por ciento de las acciones por un valor de US$ 600 millones. La primera venta se realizó en octubre de 1995 adquiriendo el 60 por ciento de la empresa el consorcio Generandes, conformado por Entergy Corp (USA), Endesa (Chile), Graña Montero y Banco Wiese (Perú), al ofrecer US$ 524 millones (incluye US$ 100 millones en papeles de deuda) y un compromiso de inversión por US$ 42 millones. En julio de 1996 los trabajadores adquirieron el 10 por ciento de la empresa por un valor de US$ 75 millones. Actualmente el Estado mantiene en su poder el 30 por ciento del accionariado.

Edegel se creó sobre el sistema de generación de Electrolima y está conformada por 5 centrales hidroeléctricas (Huinco, Matucana, Callahuanca, Moyopampa y Huampaní) y una central térmica (Santa Rosa) que en conjunto actualmente tienen una capacidad instalada de 830 Megawatts (Mw). Esta capacidad instalada incluye 130 Mw

incrementados por la ampliación de la central térmica de Santa Rosa. Edegel abastece alrededor del 45 por ciento del consumo de electricidad de Lima Metropolitana. El 100 por ciento de las acciones de la empresa distribuidora Luz del Sur fue vendido por un valor deUS$ 407 millones, de los cuales el 60 por ciento fue adquirido en julio de 1994 por el Consorcio Ontario Quinta, conformado por Ontario Hydro (Canadá) y Chilquinta (Chile); posteriormente los trabajadores adquirieron el 10 por ciento y en diciembre de 1996 se vendió el 30 por ciento restante a través de la venta de acciones en el mercado local e internacional. La venta internacional se efectuó por intermedio de la Bolsa de Valores de New York (US$ 24 millones) y la venta local a través de los inversionistas institucionales (US$ 42 millones) y del Programa de Participación Ciudadana (US$ 96 millones) en el que participaron más de 150 mil inversionistas. Luz del Sur es la empresa dedistribución de energía eléctrica que tiene la concesión de la zona sur de Lima Metropolitana y hacia 1997 abastecía el 49 por ciento de la demanda de la capital del país con más de 640 mil clientes.

La privatización de Edelnor comprendió la venta del 64 por ciento de acciones por un valor de US$ 187 millones. El 60 por ciento de las acciones fue adquirido en julio de 1994 por Inversiones Distrilima, consorcio conformado por Endesa (España), Chilectra (Chile), Enersis (Chile) y Cosapi (Perú), y posteriormente los trabajadores adquirieron el 4 por ciento. El 36 por ciento restante aún se mantiene en poder del Estado. Edelnor tiene la concesión de la zona norte de Lima Metropolitana y abastece el 51 por ciento de la demanda de la capital del país con más de 800 mil clientes en 1997.

Electroperú

Hasta la fecha se ha vendido dos unidades operativas de Electroperú por un valor de US$ 313 millones generando proyectos de inversión por US$ 42 millones. La Central Hidroeléctrica de Cahua, que tiene una capacidad de generación de 22 Mw., fue la primera unidad privatizada de Electroperú. El 60 por ciento de las acciones se subastó en abril de 1995 siendo adquiridas por la empresa Sipesa por un valor de US$ 42 millones. En octubre de 1996 los trabajadores adquirieron el 10 por ciento de acciones por un valor de US$ 7 millones. Actualmente el Estado mantiene en su poder el 30 por ciento de las acciones de la empresa.

La Empresa de Generación del Norte (Egenor) fue la segunda unidad operativa transferida en junio de 1996, al subastarse el 60 por ciento de las acciones resultando ganadora la firma Dominion Energy Inc. (USA), que ofreció pagar US$ 228 millones y un compromiso de inversión por US$ 42 millones. En noviembre del mismo año, los trabajadores adquirieron el 10 por ciento de las acciones por un valor de US$ 36 millones. Esta empresa fue constituida sobre la base de las centrales hidroeléctricas de Carhuaquero (75 Mw) y Cañón del Pato (150 Mw) y las centrales térmicas de Chimbote (167 Mw), Trujillo (22 Mw), Chiclayo (30 Mw), Paita (11 Mw) y Sullana (10 Mw), que suman una capacidad de generación de 465 Mw y abastecen de energía a todo el norte del país.

Petroperú

Las principales unidades privatizadas son la RefineríaLa Pampilla, los yacimientos petroleros del Lote 8/8x y el Lote X, los terminales de almacenamiento, los grifos y Petrolube, obteniéndose en conjunto US$ 705 millones y un compromiso de inversión de US$ 119 millones. La privatización de la Refinería La

Pampilla se efectuó en junio de 1996 con la subasta del 60 por ciento de las acciones por un valor de US$ 181 millones (incluye US$ 38 millones de papeles de deuda), siendo adquirida por Refinadores del Perú, consorcio conformado por Repsol (España), YPF (Argentina), Mobil Oil del Perú S. A., Inversiones Graña y Montero S.A. y The Peru Privatization Fund. En noviembre de 1997 los trabajadores adquirieron el 8 por ciento de las acciones por US$ 23 millones. Actualmente el 32 por ciento de acciones de la empresa se encuentra en poder del Estado. La capacidad de refinación de esta empresa es de más de 100 mil barriles diarios de petróleo y abastece el 65 por ciento del consumo de combustibles de Lima Metropolitana, (45 por ciento del mercado nacional).

La privatización de los yacimientos petroleros comprende al Lote 8/8x y el Lote X. El primero fue subastado en junio de 1996 siendo el ganador el consorcio Pluspetrol Perú Corp., conformado por Pluspetrol Perú Corp. (Argentina), Pedco (Corea) y Daewoo Corp. (Corea), que pagó US$ 142 millones (incluye US$ 25 millones en papeles de deuda). El Lote 8/8x está ubicado en la selva nororiental y tiene una producción de 26,8 miles de barriles diarios de petróleo. En cuanto al Lote X, éste se subastó en octubre del mismo año, siendo adquirido por la empresa Pérez Companc (Argentina) que pagó US$ 202 millones con un compromiso de inversión de US$ 50 millones. La capacidad de producción de este lote es de 13,1 miles de barriles diarios de petróleo.

Por último, en diciembre de 1997, Petroperú realizó la subasta del contrato de operación de los terminales de almacenamiento de combustibles por 15 años, declarándose ganadores al consorcio GMP S.A., liderado por la empresa Graña y Montero, para la operación de los terminales del norte y sur, y a la empresa Serlipsa Fuel Centre Sur S. A. para la operación de los terminales del centro. El valor total de esta privatización asciende a US$ 99 millones, de los cuales US$ 9 millones fueron pagados por derecho de suscripción de los contratos, y US$ 90 millones que se pagarán por concepto de tarifas en el período que dura el contrato, además del compromiso de ejecución de inversiones por US$ 18,8 millones en un período de 4 a 5 años. Estas plantas cuentan con sistemas de recepción, almacenamiento y despacho de combustibles, constituyéndose en fuentes de abastecimiento para todo el país, así como de acceso a la importación de combustibles.

Minero Perú

La privatización de las unidades operativas y yacimientos de Minero Perú alcanzó un valor total de US$ 276 millones y generó proyectos de inversión por US$ 1 592 millones. Las unidades operativas vendidas fueron la Refinería de Zinc de Cajamarquilla (US$ 155 millones), la Refinería de Ilo (US$ 67 millones) y Cerro Verde (US$ 35 millones). Cabe señalar que la Refinería de Zinc de Cajamarquilla comprada por la empresa canadiense Cominco Ltd (82%) y la japonesa Marubeni (17%) en noviembre de 1994, cuentan con una capacidad de producción de 101 mil toneladas anuales de zinc refinado y últimamente (octubre de 1998) amplió su capacidad a 120 mil toneladas (TM), con una inversión de US$ 32 millones. Además de zinc, la empresa produce cadmio metálico, ácido sulfúrico, cemento de cobre y concentrado de plata. El valor de venta de esta refinería incluyó el pago en papeles de deuda a valor nominal ascendentes a US$ 40 millones.

De las unidades operativas vendidas, por los montos de inversión comprometidos, destaca la venta de la empresa cuprífera Cerro Verde comprada por Cyprus Amax Minerals Co. (USA), en noviembre de 1993, por un valor de US$ 35 millones y un compromiso de inversión por US$ 485 millones. Actualmente, la empresa produce al año

48 mil TM de cátodos de cobre y ha ejecutado más del 50 por ciento de la inversión comprometida en la adquisición de equipos, la ampliación de la planta de lixiviación y en proyectos de energía y agua.Los yacimientos transferidos, La Granja y Quellaveco, destacan básicamente por los montos de inversión que involucra su desarrollo. La Granja ubicada en el departamento de Cajamarca fue adquirida por Cambior Inc. (Canadá) en marzo de 1994 y desarrollará inversiones por US$ 475 millones destinados a la producción de concentrados y cátodos de cobre. Las obras comprenderán la construcción de un túnel transandino (11 Km), una fundición de cobre en Bayóvar, un puerto, un mineroducto, carreteras, entre otras. La producción de La Granja sería de 300 mil TM de cobre al año, es decir, dos tercios de la producción total de cobre de 1996 que fue de 484 mil TM. Las reservas estimadas de La Granja son de 2 332 millones de TM de minerales. Las obras deberían haber empezado en 1998 y su producción en el año 2002, sin embargo, en febrero de 1998 la empresa anunció la postergación indefinida del desarrollo del proyecto, en tanto las cotizaciones del mercado internacional del cobre mejoren.

El yacimiento cuprífero de Quellaveco ubicado en el departamento de Moquegua, fue adquirido por Mantos Blancos (Sudáfrica), en diciembre de 1992, por un valor de US$ 12 millones, generando inversiones por US$ 562 millones. Las reservas probadas y probables de este yacimiento ascienden a 500 millones TM y produciría al año alrededor de 200 mil TM de cobre. Cabe señalar que, dada la actual coyuntura del mercado de cobre, la empresa sudafricana ha decidido la postergación del proyecto.A la fecha Minero Perú ha vendido todas sus unidades operativas quedando por subastar sólo los yacimientos y prospectos mineros a su cargo.

PetromarLa subasta de la concesión por los derechos de exploración y explotación del Lote Z2B del zócalo continental se realizó en febrero de 1993, siendo el ganador Petrotech International Inc. (USA) que ofreció una retribución promedio del 21,13 por ciento del petróleo y gas explotado durante los 30 años de duración de la concesión. Petrotech adquirió también los activos fijos por un valor de US$ 200 millones mediante un leasing a 20 años (US$ 10 millones anuales). Los proyectos de inversión a desarrollarse ascienden a US$ 65 millones. Al privatizarse, Petromar producía 19 mil barriles diarios de petróleo crudo, producción que en los últimos años se mantiene en los mismos niveles.

Banco ContinentalEsta empresa es la tercera entidad financiera más importante, por el monto de sus activos, depósitos y colocaciones dentro del sistema financiero nacional. La privatización de este banco alcanzó un valor de US$ 358 millones (incluye US$ 60 millones en papeles de deuda a valor nominal) y correspondió a la venta del 89 por ciento de las acciones. El 68,5 por ciento de las acciones fue adquirido por el consorcio Holding Continental S.A. , conformado por el Banco Bilbao Vizcaya (España), Inversiones Brescia (Perú) e Inversiones San Borja (Perú), por un valor de US$ 288 millones y el 1,5 por ciento por los trabajadores por un valor de US$ 4,5 millones. En julio de 1998 se vendió el 19 por ciento de las acciones por un valor total de US$ 66 millones, venta que se realizó a través del sistema de participación ciudadana (US$ 32 millones) la que involucró a más de 40 mil pequeños inversionistas, y a los inversionistas institucionales locales (US$ 17 millones) e internacionales (US$ 17 millones). En cuanto al restante 11 por ciento de acciones, éste ya se encontraba en manos del sector privado.

Sider Perú

Esta empresa se encontraba en una situación difícil, dado que entre sus opciones estaba la liquidación. La privatización fue por un total de US$ 190 millones (incluye US$ 25 millones en papeles de deuda a valor nominal), de los cuales el 96,5 por ciento de las acciones fue adquirida en feboíx 6 por el consorcio Sider Corp.S.A., conformado por Acerco S.A. (USA), Wiese Inversiones Financieras (Perú) y Stanton Funding Co. (USA), al ofrecer US$ 186 millones. Los trabajadores adquirieron el 3,5 por ciento restante por un valor de US$ 2,6 millones. Actualmente, la producción de acero de la empresa asciende a 450 mil TM, superior a las 271 mil TM obtenidas en 1995 (antes de su privatización). Este aumento fue producto de la modernización de procesos con la consiguiente mejora sustancial de su productividad. Así, en 1995 la productividad de un trabajador de Sider era de 124 toneladas al año y hoy es de 434 toneladas, cercano al del gran productor mundial British Steel que es de 500 toneladas.

Pesca Perú

Esta empresa contaba con 26 unidades operativas, cada una de las cuales fueron constituidas en empresas para su privatización. A la fecha, desde noviembre de 1994, se han vendido 21 Plantas de Harina de Pescado y 5 Refinerías de Aceite de Pescado por un total de US$ 135 millones. La mitad de estas unidades se vendieron a través del Programa de Promoción Empresarial, mecanismo que permitía a los inversionistas locales adquirir empresas con facilidades mediante el pago de una cuota inicial y pagos semestrales en cuatro años. Cabe recordar que antes de la privatización la producción de harina de pescado de Pesca Perú representaba más del 40 por ciento de la producción nacional y el 8 por ciento de la producción mundial.

Efecto del proceso dePrivatización

Estabilidad macroeconómicaEl primer efecto de la privatización es reducir rápidamente el déficit fiscal y evitar en el futuro una fuente de generación de déficit mediante los subsidios generados por el control de precios de los bienes y servicios. Entre los años 1989 y 1991 las pérdidas acumuladas por las principales empresas estatales superaron los US$ 5 mil millones. Estos resultados fueron consecuencia básicamente del manejo político de estas empresas que determinó la asignación de objetivos no compatibles con la naturaleza de su actividad, como el control de precios y la redistribución del ingreso.

Incremento de la capacidad productiva

La transferencia al sector privado permite que las empresas puedan acceder a nuevos capitales para Las inversiones generadas estarán destinadas a incrementar la formación de capital de los distintos sectores privatizados, especialmente en minería, telecomunicaciones y electricidad. En el caso de estos dos últimos, resulta particularmente importante porque son sectores que hasta hace algunos años se caracterizaban por su evidente y creciente deterioro.

Mejora de las cuentas fiscalesLa privatización afecta el comportamiento de las cuentas fiscales. En primer lugar el gobierno cuando se desprende de empresas obtiene tres contrapartidas como son: a) divisas en efectivo, b) títulos de deuda pública (con efecto de ahorro del servicio de la

misma), y c) una corriente de ingresos tributarios principalmente por futura recaudación de impuesto a la renta. En segundo lugar el gobierno obtiene un beneficio adicional, al ceder al sector privado un plan de inversiones que no hubiera podido encarar, aunque al tratarse de servicios públicos se consideraba socialmente responsable.

Los ingresos del Tesoro Público por privatización se clasifican presupuestalmente como ingresos de capital, dado que corresponden a un ingreso eventual que se consigue a cambio de la venta de activos y acciones del Estado por lo que el resultado económico del sector público mejora en la proporción de dichos ingresos. Alternativamente, en las cuentas fiscales que publica el Banco Central deReserva del Perú estos recursos se registran como fuente de financiamiento, básicamente por tratarse de ingresos extraordinarios que se reciben por una sola vez y, a fin de evitar que el comportamiento del sector público, reflejado en el resultado económico, esté sobrevalorado. Asimismo, tal como en una venta de instrumentos de la deuda pública, la venta de empresas estatales representa una fuente de financiamiento presupuestal del gobierno, por lo que un traspaso de una empresa estatal se asemeja a una colocación de deuda pública en el mercado financiero.

Beneficio al consumidorLa mejora en el desempeño de las empresas privatizadas, además de reflejarse en la rentabilidad de sus operaciones y de coadyuvar en el crecimiento económico, también redundó en beneficio al consumidor, que puede acceder a productos y servicios de mejor calidad en condiciones favorables. Asimismo, el consumidor está protegido por entidades reguladores como la Comisión de Tarifas Eléctricas, Osinerg, Osiptel, Indecopi y Sunass, que tienen como función específica regular precios y tarifas y garantizar la calidad de los servicios públicos.

Generación de empleoEl manejo de las empresas estatales en años anteriores determinó que muchos puestos de trabajo fueran contratados más por criterios políticos que técnicos. En este sentido, la reducción y selección de personal y el entrenamiento del mismo, producto de la privatización, hace que el proceso productivo utilice eficientemente los recursos. La racionalización llevada a cabo en todas las empresas privatizadas y por privatizar ha aumentado notablemente la productividad de los trabajadores.

CONCESIONES