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Un análisis de logros, dificultades y retos del proceso de paz guatemalteco: Una reflexión a 10 años de la firma de la paz Por Simona Violetta Yagenova 1 Guatemala es un pequeño país situado en Centroamérica, marcado por enormes contrastes, diversidades y contradicciones. Cuenta actualmente con una población aproximada de 12.5 millones de habitantes de los cuales el 61% vive en el área rural, por lo que es uno de los países con mayores índices de ruralidad en América Latina . El país está poblado por cuatro pueblos: maya, garífuna, xinca, y ladino. Existen 23 diferentes grupos lingüísticos y un número similar de grupos étnicos, por lo que el país es multilingüe, plurietnico y multicultural. La población indígena de origen maya, constituye alrededor del 42% de la población y se localiza principalmente en los departamentos del occidente y norte del país. Existen otros grupos no mayas tales como los garinagu o garifunas en el litoral del Océano Atlántico y un pequeño grupo de Xincas en la zona suroriental del país. Guatemala, igual que el resto de los países latinoamericanos se vincula al mercado mundial desde el momento de la conquista, primera fase de expansión del imperialismo europeo. A lo largo de los siglos siguientes, el país transita de manera paralela a las distintas fases de expansión del capital, pero de manera subordinada y dependiente. La conformación de las clases sociales y la estructuración de las relaciones de poder, se erigió en base a la configuración de un modelo económico agro-exportador, excluyente y concentrador de riquezas; y en base a un modelo político autoritario, racista y patriarcal. Cuatro son los grandes momentos históricos que han configurado la estructura económica, política y socio-cultural del país. ; a) la Conquista 1492 b) la reforma liberal1871 c) la Revolución 1944-54;d. la contrarrevolución y la guerra 1960-80s; d) el periodo de la apertura democrática, neoliberalismo y firma de la paz Las múltiples rebeliones indígenas, las luchas libradas por la clase obrera, el surgimiento en la década de los sesentas de un movimiento 1 Coordinadora Area de Movimientos Sociales FLACSO Guatemala, ponencia presentada en una gira en Italia a 10 años de la firma de la paz 1

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Un análisis de logros, dificultades y retos del proceso de paz guatemalteco: Una reflexión a 10 años de la firma de la paz Por Simona Violetta Yagenova1

Guatemala es un pequeño país situado en Centroamérica, marcado por enormes contrastes, diversidades y contradicciones. Cuenta actualmente con una población aproximada de 12.5 millones de habitantes de los cuales el 61% vive en el área rural, por lo que es uno de los países con mayores índices de ruralidad en América Latina . El país está poblado por cuatro pueblos: maya, garífuna, xinca, y ladino. Existen 23 diferentes grupos lingüísticos y un número similar de grupos étnicos, por lo que el país es multilingüe, plurietnico y multicultural. La población indígena de origen maya, constituye alrededor del 42% de la población y se localiza principalmente en los departamentos del occidente y norte del país. Existen otros grupos no mayas tales como los garinagu o garifunas en el litoral del Océano Atlántico y un pequeño grupo de Xincas en la zona suroriental del país. Guatemala, igual que el resto de los países latinoamericanos se vincula al mercado mundial desde el momento de la conquista, primera fase de expansión del imperialismo europeo. A lo largo de los siglos siguientes, el país transita de manera paralela a las distintas fases de expansión del capital, pero de manera subordinada y dependiente. La conformación de las clases sociales y la estructuración de las relaciones de poder, se erigió en base a la configuración de un modelo económico agro-exportador, excluyente y concentrador de riquezas; y en base a un modelo político autoritario, racista y patriarcal. Cuatro son los grandes momentos históricos que han configurado la estructura económica, política y socio-cultural del país. ; a) la Conquista 1492 b) la reforma liberal1871 c) la Revolución 1944-54;d. la contrarrevolución y la guerra 1960-80s; d) el periodo de la apertura democrática, neoliberalismo y firma de la paz Las múltiples rebeliones indígenas, las luchas libradas por la clase obrera, el surgimiento en la década de los sesentas de un movimiento 1 Coordinadora Area de Movimientos Sociales FLACSO Guatemala, ponencia presentada en una gira en Italia a 10 años de la firma de la paz

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revolucionario armado que libró una guerra de liberación por 36 años, así como la resistencia de múltiples y diversos movimientos sociales y populares apuntan a que importantes sectores de la sociedad guatemalteca a lo largo de la historia, han cuestionado e intentado transformar el sistema. Los momentos más álgidos de la guerra y de la confrontación con el Estado militarizado y contrainsurgente se dio durante el periodo de l978- l984 durante en el que se concentran la mayoría de las violaciones masivas2 de los DDHH .que dejaron como trágico saldo a 150,000 personas asesinadas, 40,000 personas desaparecidas, 626 masacres sobre todo en comunidades indígenas y el desplazamiento de más de 1 millón de personas hacia el interior del país y hacia México. El 83% de las víctimas pertenecen al pueblo maya. La apertura política que se comienza a gestar a partir de mediados de los ochentas, hay que situarla dentro de un cambio de contexto en el escenario mundial .La década de los ochentas está marcada por la crisis del socialismo real, el fin de la guerra fría y el surgimiento de la ofensiva de la derecha conservadora y neoliberal. Estos procesos desencadenan una serie de cambios en el escenario mundial que tiene repercusiones directas sobre Centroamérica El Proceso de Contadora (1983-86)y de Esquipulas I (l986) y II(l987) constituyen iniciativas que tenían por finalidad presionar a los distintos actores involucrados en los conflictos en Guatemala, El Salvador y Nicaragua a buscar el dialogo, la reconciliación nacional, la democratización y el cese de las hostilidades. En el caso de Guatemala, distintos factores confluyeron para que el bloque en el poder, dominado por las fuerzas armadas, consintiera a crear condiciones para la apertura democrática que implicó la reforma a la Constitución, y convocatoria a elecciones generales en l985.

a) El proyecto militar contrainsurgente en gran medida había cumplido uno de sus objetivos iniciales - la militarización del país, el debilitamiento de las fuerzas guerrilleras y de los movimientos populares más críticos frente al sistema;

b) El ejército se encontraba cuestionado nacional e

internacionalmente por su responsabilidad en las masivas 2 Según el informe de la CEH2 durante el periodo de l978 a l996 se asesinaron alrededor de 156,000 personas, desaparecieron 40,000 personas, se cometieron 626 masacres sobre todo en comunidades indígenas y se desplazaron más de 1 millón de personas en el interior del país o hacia el vecino país de México,.

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violaciones de DDHH de la población civil, especialmente indígena

c) El sector empresarial demandaba un retorno a la institucionalidad

porque la guerra, las restricciones a los derechos políticos y civiles, y violación de los DDHH generaban un ambiente poco propicio para la inversión y la acumulación.

d) Una creciente presión internacional proveniente de la comunidad

internacional y desde los países involucrados en el proceso de Contadora

Las elecciones presidenciales realizadas en el año 1985 dieron como ganador a Vinicio Cerezo (DC) con una mayoría significativa de votos. Es a partir de l985 que se puede situar el inicio del proceso de transición política que paulatinamente desmantela al Estado militar contrainsurgente. Durante la segunda mitad de la década de los ochentas, se fueron sentando las bases para el proceso de Diálogo y Negociación que ya se inició de manera sistemática a partir de l990 y duró hasta l996. Los hechos claves para facilitar este proceso fueron los siguientes: Dentro del marco de Esquipulas II se crea de la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) que jugará un papel fundamental en la fase previa a las negociaciones de paz, al propiciar espacios de diálogo entre diferentes actores políticos y sociales para abordar los problemas más trascendentales del país. Si bien esta iniciativa no tuvo los resultados esperados, si abrió por primera vez un espacio que permitió que distintos actores políticos y sociales rompieran el silencio, abordaran públicamente temas “ prohibidos” y compartieran su visión sobre la situación de la vida nacional, Si bien las fuerzas revolucionarias aglutinadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG calificaron la apertura política como una maniobra contrainsurgente, y previeron el estrecho margen de maniobra política que iba a tener el gobierno de Vinicio Cerezo para impulsar transformaciones más trascendentales en el país, supieron aprovechar las oportunidades políticas creadas para lanzar múltiples convocatorias al diálogo para abordar las causas que dieron origen al enfrentamiento armado. Si bien para el movimiento guerrillero, durante este periodo el diálogo y la negociación no había sido considerada un componente estratégico de su lucha sino táctico, lograron visibilizarse como un actor político de trascendencia.

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Durante el periodo de l984-l990 resurge con mucha fuerza el movimiento popular integrado tanto por actores históricos (sindical, campesino, estudiantil, magisteral) y nuevos movimientos como el de las víctimas, los refugiados y desplazados, familiares de los desaparecidos, DDHH, mujeres e indígena. Estas organizaciones logran construir durante este periodo importantes niveles de unidad de acción, y libran luchas de trascendencia para exigir la desmilitarización, el respeto a los DDHH, juicio y castigo para los responsables intelectuales y materiales de la represión, así como demandas relacionadas con la libertad sindical, el alto costo de la vida, el rechazo a la privatización de las empresas estatales. y que se dé inicio al proceso de dialogo y negociación con el movimiento revolucionario. En el ámbito del escenario de la guerra, es importante señalar que el movimiento guerrillero había incrementado nuevamente su accionar político militar, y logró resistir a importantes ofensivas militares que buscaban su aniquilamiento. Las contradicciones en la institución armada, durante este periodo, se agudizan y se expresan en dos intentos de golpe de Estado ( 88) y (89) que fueron neutralizados por la línea institucional del ejército. Si bien todavía constituye un pivote central en el bloque de poder, está cada vez más cuestionada, tanto por parte de la comunidad internacional, los movimientos populares, sectores democráticos e incluso el sector empresarial. El sector empresarial, vio en la posibilidad del fin de la guerra una oportunidad para su nueva estrategia de acumulación. A diferencia de otros actores políticos que concordaban en la necesidad de un diálogo y negociación para poder abordar los problemas estructurales del país, este sector planteó reiteradamente de que se pusiera fin a la guerra para garantizar mejores condiciones para la inversión, pero nunca se quiso comprometer a buscar una solución a la problemática socioeconómica que fue causa y origen del conflicto armado. Podría decirse entonces, que una multiplicidad de actores externos e internos confluyeron alrededor de la necesidad de encontrar una solución a la guerra. Sin embargo, esta coincidencia partía de intereses y premisas distintas. Para el movimiento revolucionario el proceso de Diálogo y negociación estaba concebido como una oportunidad única para discutir a fondo las causas estructurales de la guerra y arribar a acuerdos políticos que permitiesen su abordaje desde una perspectiva estratégica e integral. A su vez, buscaba la creación de condiciones políticas que podrían fortalecer la organización del movimiento social, acumular mayor fuerza desde los sectores democráticos y de izquierda y darle un contenido popular y democrático a la transición política.

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Con este planteamiento coincidieron en gran medida los diferentes movimientos sociales, quienes a partir de l990 se constituyeron en un actor fundamental de presión para que el proceso de dialogo avanzara y no perdiera su contenido. El conflicto armado seguía cobrando victimas y bajo el pretexto de que el movimiento social tenía vínculos con las fuerzas guerrilleras se amenazaba, desaparecía y asesinaba todavía a militantes y dirigentes de las organizaciones sociales. Los principales obstáculos en esta fase inicial del proceso de paz, provinieron del sector empresarial, del ejército y de las fuerzas políticas conservadoras que se resistieron a reconocer a la URNG como un interlocutor válido, y que buscaban su desmovilización sin negociar soluciones a las causas de la guerra. La firma del Acuerdo de Oslo,(29/3/90) abre un parteaguas importante en el proceso de paz. Este acuerdo firmado entre URNG y la delegación de la CNR, actuando con el respaldo del Gobierno de Guatemala, y en función reconciliadora que le asigna el Acuerdo de Esquipulas II, propicia la calendarización de encuentros directos entre la guerrilla y diferentes sectores políticos, sociales y económicos del país. Tabla 1: Encuentros realizados entre URNG y diferentes sectores de la sociedad guatemalteca Encuentros Acuerdo /Fecha URNG- Partidos Políticos Acuerdo de Escorial 1 junio l990 URNG- Sector Empresarial

Acuerdo de Ottawa 1 septiembre 1990

URNG- Sector Religioso Acuerdo de Quito 26 septiembre l990 URNG-Movimiento social/Popular

Acuerdo de Metepec

25 octubre l990

URNG- Sector Académico y Cooperativistas, Profesionales

Acuerdo de Atilxco 25 octubre l990

Estos encuentros planteados por URNG buscaban abrir un diálogo con diferentes sectores de la sociedad guatemalteca para recoger sus percepciones sobre la problemática nacional y comprometerlos a apoyar el proceso de negociación. Con la firma del Acuerdo de México, 26 abril de l991, se define el temario general del proceso y se inicia el periodo de la negociación directa entre URNG y el Estado guatemalteco que duraría hasta la firma de la Paz en l996.

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Características del proceso de negociación Los aspectos que distinguen el proceso de paz guatemalteco de otros, son: a)La amplitud de la agenda que aborda problemáticas económicas, sociales, políticos y culturales; b)El papel del moderador ( Iglesia 88-93 y ONU 94-96); d)El espacio temporal que fue largo y duró seis años ;e) El papel de los actores externos a la mesa de negociación- la comunidad internacional; f) La participación de la sociedad civil que creó una mesa paralela donde discutía y elaboraba propuestas sobre los contenidos de los Acuerdos de Paz, propuestas que se entregaron a la mesa de negociación.( Aguilera: 2004:3) El temario general que se había acordado en México contemplaba la discusión y búsqueda de acuerdos en temas sustantivos y operativos. Los temas sustantivos fueron: 1) Democratización y DDHH 2) Fortalecimiento del poder civil y función del ejército enana sociedad democrática 3) Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas 4) Reformas constitucionales y régimen electoral 5) Aspectos socioeconómicos 6) Situación agraria 7) Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado La firma de los Acuerdos de Paz A pesar de múltiples dificultades y tropiezos en este proceso de negociación, en marzo del l994 se firma el primer acuerdo, el Acuerdo Global de DDHH, que por presión de la comunidad internacional y la URNG tiene vigencia inmediata. Los demás que se firmarían en los años siguientes cobraron vigencia a partir de la Firma de la Paz final. Acuerdos Problemática/

Contenido Fecha

Acuerdos Sustantivos Acuerdo Marco 1) Temario Negociación

2)Moderación y papel países amigos

10 enero 94

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3) Papel de la Sociedad Civil 4) Procedimiento y mecanismos de verificación

Acuerdo Global de DDHH 1) DDHH, libertad de asociación y movimiento 2)Impunidad, cuerpos de seguridad y aparatos clandestinos 3) Servicio militar forzoso 4) Reasentamiento y asistencia a victimas de violaciones a los DDHH

29Marzo l994

Acuerdo de Reasentamiento de la Población desarraigada por el Conflicto Armado

1) Estrategia, garantizas y reintegración productiva de la población desarraigada

17 Junio l994

Acuerdo sobre el Esclarecimiento histórico de las Violaciones a los DDHH y hecho de violencia

1) Investigación de las violaciones DDHH ocurridas durante la Guerra

23 Junio l994

Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas(PI)

1) Identidad de los PI 2)Lucha contra la discriminación 3) Derechos Culturales 4)Derechos civiles, políticos, sociales y económicos de los PI 5) Comisiones paritarias

31 Marzo l995

Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria

1. Democratización y desarrollo participativo 2) Desarrollo social 3) Situación agraria y desarrollo rural 4) Modernización de Estado y política fiscal

6 mayo l996

Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder civil y función del ejército en una sociedad democrática

1. Reformas a los tres organismos del Estado y el ejército 2) Participación social 3) Participación de la mujer

19 septiembre l996

Acuerdo sobre Reformas constitucionales y régimen electoral

1) Reformas constitucionales y al régimen electoral que deben implementarse

7 diciembre l996

Acuerdos operativos Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego

1) Cese al fuego 2) Separación de fuerzas 3) Desmovilización

4 diciembre l996

Acuerdo bases para incorporación de la URNG a la legalidad

Componentes del programa de incorporación de URNG

a)Acuerdo sobre Cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los Acuerdos de Paz b)Acuerdo de Paz firme y duradera

a) Cronograma de 90 días b) Cronograma de abril 97-dic97 c) Cronograma de l998-2000 d) Cronograma de 2000-2004

29 diciembre l996

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El 29 de diciembre de l996 se firma el Acuerdo de Paz firme y duradero, y un Acuerdo de Cronograma que buscaba establecer fechas limites para el cumplimiento de los múltiples compromisos adquiridos por el Estado guatemalteco. Las fuerzas revolucionarias aglutinadas en la URNG inician un proceso de desmovilización y reinserción a la legalidad y comienzan a crear un partido político. El contenido de los Acuerdos de Paz, el grado de su cumplimiento y situación actual A pesar de los múltiples obstáculos encontrados durante el proceso de paz y negociación, se logró construir una agenda de la paz que abordara integralmente los grandes problemas estructurales que el país enfrenta. Se firmaron un total de 13 acuerdos y se arribaron a más de 300 compromisos específicos. Los Acuerdos de paz estaban concebidos desde una perspectiva integral, un acuerdo siente la base del otro dentro del marco de una linea de continuidad y coherencia temática. 1.La situación de los DDHH y la impunidad El Acuerdo Global de DDHH constituyó un punto de partida fundamental, porque dentro de un contexto todavía de guerra, de militarización y violaciones flagrantes a los DDHH era imprescindible comprometer al Estado a garantizar y respetar las normas internacionales y nacionales en esta materia. El AGDH crea una serie compromisos como el de fortalecer las instancias de protección de los DDHH, el adoptar compromisos claros en contra de la impunidad y sancionar como delitos de lesa humanidad las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y las masacres. A su vez, demanda la erradicación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad; garantías para la libertad de asociación y de movimiento, el fin del reclutamiento forzosos y garantías y protección a las personas y entidades que trabajan en la protección de los DDHH. Otro aspecto importante de este Acuerdo, fue la decisión de permitir la verificación del cumplimiento de este acuerdo por parte de una misión especial de Naciones Unidas para Guatemala, MINUGUA, entidad que se quedó encargada de verificar el cumplimiento de todos los Acuerdos de Paz y estuvo en el país hasta finales del 2004. Muchos de los compromisos contenidos en este Acuerdo se han cumplido, producto en gran medida del esfuerzo realizado por el movimiento de DDHH y de las víctimas de la guerra así como por la presion internacional. Sin embargo, se ha tenido poco éxito en

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consolidar el Estado de Derecho y eliminar la impunidad. Hoy por hoy, pocos son los responsables de la política de genocidio y masivas violaciones a los DDHH que han sido capturados o enjuiciados, en tanto que no se han erradicado totalmente los cuerpos ilegales de seguridad. El movimiento de DDHH demanda y está realizando intensos esfuerzos para que se crea la CICIACS, a Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad. En los últimos dos años se ha registrado nuevamente un incremento importante en violaciones a los DDHH de activistas sociales, y se percibe una estrategia clara de criminalización de las luchas sociales. Otro aspecto de suma preocupación lo constituyen los altos índices de criminalidad de homicidios. En los últimos dos años más de 11000 personas han sido asesinadas, de los cuales 2250 fueron mujeres. En lo que va del año 2006 el número de personas asesinadas asciende a más de 750, de la cual 100 son mujeres. La mayoría de estos hechos de violencia no se investigan y quedan impunes. Existen muchas denuncias que vinculan integrantes de las fuerzas de seguridad, o exmilitares al crimen organizado y estos hechos de violencia. Si bien desde la firma de la paz,se han realizado importantes esfuerzos para modernizar y descentralizar el sistema de justicia, como fueron la creación del Instituto de Defensa Publica Penal, un mejoramiento en el sistema de selección, formación y evaluación de los jueces, un fortalecimiento del Ministerio Publico, y mejor acceso a la justicia por parte de los pueblos indígenas mediante la contratación de personal bilingüe e intérpretes, estos esfuerzos han tenido poco impacto en garantizar una justicia pronta y eficaz. La falta de personal, presupuesto insuficiente , corrupción y una sobrecarga de casos a resolver contribuyen a que persiste la impunidad y la población pierde la confianza en el sistema justicia y la toma por sus propias manos. ( Minugua: 2004)El fenómeno de los linchamientos, hecho durante el cual un supuesto delincuente es asesinado mediante golpes, o su quema publica, adquirió fuerza después de la firma de la paz tal como se puede apreciar en esta tabla. Un total de 240 fueron asesinados durante este periodo. Tabla 2. Linchamientos durante el periodo de l996-2002

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total de linchamientos 482 35 78 67 105 61 75 61

Víctimas fatales 240 23 30 54 48 33 27 25

Víctimas no fatales 703 24 80 73 188 95 142 101

Fuente : Minugua. 2004: Informe Final de DDHH, p.9

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Los Acuerdos de Paz planteaban una necesaria reforma a la institución de la Policía Nacional Civil, institución corrompida y controlada por el ejército durante muchas décadas. Hoy por hoy se calcula que existen un poco mas de 20 000 efectivos de la PNC para cubrir a una población de más de 12. 5 millones, y a pesar de las múltiples depuraciones realizadas, son comunes las denuncian que vinculan a policías con capturas ilegales, torturas y hechos delictivos. Es de hacer notar, que después de la firma de la paz han proliferado las empresas de seguridad privada, muchos de los cuales son propiedad de exmilitares. Según diferentes estimaciones existen en el país aproximadamente 90,000 policías privadas al servicio de las empresas privadas y familias adineradas. Un aspecto que quedó contemplado en las recomendaciones del a Comisión para el Esclarecimiento Histórico fue el derecho al resarcimiento de las victimas de la política contrainsurgente del Estado. Producto de este compromiso y de los esfuerzos de las organizaciones de DDHH y familiares de las victimas se creó el Programa Nacional de Resarcimiento. Sin embargo, el resarcimiento a algunas víctimas apenas comenzó este año, en tanto que a las Patrullas de Autodefensa Civil, población organizada por el ejército que cometió masacres y violaciones a los DDHH, comenzó a recibir una compensación económica por “sus servicios prestados “ desde el año pasado. 2. Derechos de los Pueblos Indígenas Los Derechos de los Pueblos Indígenas se abordan tanto en el Acuerdo Socio –económico y situación agraria ( ASESA) como en el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas ( AIDPI) Este último es quizás uno de los acuerdos más completos e importantes que se firmó dentro del marco del proceso de paz. En la definición de su contenido tuvieron una importante participación tanto organizaciones indígenas, militantes indígenas de URNG y asesores especializados en el tema. El AIDPI en su parte de considerando constata que los pueblos indígenas han sido particularmente sometidos a niveles de discriminación de hecho, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua, y como muchos otros sectores de la colectividad nacional, padecen de tratos y condiciones desiguales e injustas por su condición económica y social. Afirma a su vez que en Guatemala será posible desarraigar la opresión y la discriminación sólo si se reconocen en todos sus aspectos la identidad y derechos de los pueblos que la han habitado y la habitan. El AIDPI es un acuerdo vasto y amplio que se divide en 5 subcomponentes, a) La identidad de los Pueblos Indígenas, B) La lucha

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contra la discriminación legal y de hecho; C)Derechos Culturales de los Pueblos Indígenas; D)Derechos políticos, civiles sociales y económicos de los Pueblos Indígenas. El AIDPI se basa en que en Guatemala los derechos de los pueblos indígenas no son reconocidos y por lo tanto actualmente no se pueden ejercer. Por lo tanto, busca sentar las bases para crear un nuevo proyecto de nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. Dicho acuerdo es un instrumento para el futuro del país, cuyos compromisos, en la gran mayoría, son de mediano y largo plazo. Para ello, propone reformas constitucionales, legales, institucionales y administrativas con garantía de participación de los pueblos indígenas en el pleno respeto de su identidad y del ejercicio de sus derechos.(,,). ( MInugua:2004;7) De este acuerdo se derivan compromisos algunos de los cuales son: a) reforma de la Constitución Política de la República que reconoce el país como pluricultural, pluriétnico y mulitlingue; b) la creación de una institucionalidad que aborde la problemática específica de los pueblos indígenas; c) la creación de nuevas leyes que castigan la discriminación y el racismo; d) la ratificación de los convenios internacionales relativos a los pueblos indígenas; e) el respeto pleno a los derechos culturales de los pueblos indígenas ( idioma,espiritualidad, lugares sagrados,uso del traje, ciencia y tecnología,etc); f) Una reforma del sistema educativo que responde a la diversidad cultural y lingüística de Guatemala; g)el respeto pleno a las formas de organización social de las comunidades indígenas; el papel de sus autoridades tradicionales; y su sistema de derecho propio;h) El derecho a participar en todas las decisiones del vida política del país y establecer mecanismos de consulta cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativos susceptibles de afectarlos En cuanto a la problemática de la tierra, establece compromisos en cuanto a la regularización de la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas; el reconocimiento y garantía de los derechos de uso y administración de los indígenas sobre sus tierras y recursos; la restitución de tierras comunales y compensación por los despojos de que fueron víctimas; la adquisición de tierras para el desarrollo de las comunidades indígenas; y la protección jurídica a los derechos de las comunidades indígenas (AIDPI, sección IV, F). La firma de este Acuerdo constituye un parteaguas importante en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, porque es la primera vez que se reconoce públicamente el carácter racista y discriminatorio del Estado guatemalteco. La falta de cumplimiento de este Acuerdo fue señalado reiteradamente por la Misión de Naciones Unidas. El fracaso de la Consulta Popular en mayo de l999 que iba a ratificar las reformas constitucionales que declaran a Guatemala como un Estado multicultural, y en la cual ganó

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el NO, tuvo un impacto simbólico importante para los pueblos quienes vieron truncados temporalmente una de sus principales demandas. Sin embargo se registran algunos avances en el ámbito jurídico e institucional, como la aprobación de una modificación al código penal que tipifique la discriminación; la creación de leyes de descentralización que garantizan la inclusión de representantes indígenas en los Consejos de Desarrollo, la Ley de idiomas nacionales, que establece que determinados servicios estatales deben ser proporcionados en idiomas indígenas. A su vez se crea la Defensoría de la Mujer Indígena, a Comisión Presidencial en Contra de la Discriminación y el Racismo y diversas instituciones del estado comienzan a introducir la perspectiva multicultural en sus programas. La entrega de un canal televisivo que anteriormente pertenecía al ejército fue entregado a la Academia de Lenguas Mayas y que constituye una importante oportunidad para difundir su cultura y sus derechos. En cuanto a los compromisos adquiridos en el tema de la tierra los avances son muy escasos.Los pueblos indígenas, que constituyen aproximadamente el 50 por ciento de los hogares rurales, solamente cuentan con un poco menos del 24 por ciento de la tierra .Esto contrasta con que los hombres no indígenas controlan cerca del 70 por ciento de la tierra en el país (Baumeister: 2003:25) Según el último censo, mientras se han multiplicado el número de las fincas en los departamentos mayoritariamente indígenas, el tamaño de las fincas se ha reducido drásticamente a lo largo de las últimas décadas, tal como se puede ver en la siguiente Tabla No. 5 Tabla No. 5. Evolución del tamaño de fincas en manos de pueblos indígenas Departamento % Indígena

No. Fincas Tamaño promedio Mz

1950 2003 1950 2003 Totonicapan 17620 43136 1.62 0.72 Sololá 13561 34997 4.15 1,21 Alta Verapaz 28571 89365 24.2 7.05 Quiché 26469 79141 10.94 3.72 Chimaltenango 18059 46676 9.88 2.29 Huehuetenango 32027 99068 10.71 2.52 Baja Verapaz 11771 25637 18.91 4.54 Quetzaltenango

2003 98.3 96.4 92.8 88.8 79.1 65.1 58.8 51.5

20292 46676 9.68 2.65 Fuente: CEPAL(2004): Serie Estudios políticos No. 107;Etnicidad e igualdad en Guatemala,2002 p. 33-34 Uno de los problemas más serios que enfrentan los pueblos indígenas es la falta de seguridad jurídica sobre la tierra, y el respeto a su derecho a decidir plenamente sobre el uso, administración y conservación de sus recursos naturales. A lo largo de la historia reciente han enfrentado la destrucción, ocupación u despojo de sus tierras o recursos naturales, y hoy en día enfrentan

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nuevas amenazas, sobre todo por parte de empresas del capital transnacional, que ya tienen autorizados por el Estado, proyectos de minería a cielo abierto, de petróleo, hidroeléctricas en aquellos departamentos y municipios donde se habitan pueblos indígenas. Más del 70% de los pueblos indígenas viven en el área rural, y son estos pueblos que cargan con el mayor peso de la pobreza y exclusión. El deterioro de las condiciones de vida de los pueblos indígenas se refleja en la última encuesta de condiciones de vida ( ENCOVI:2002) que demostró que el ingreso medio de los no indígenas casi duplica el de los indígenas, y la distancia entre ambos incluso se ha acrecentado ligeramente en la última década. Entre 1989 y 2002, el ingreso real de la población indígena disminuyó 15%, de 247 a 209 quetzales, en contraste con el de la población no indígena que bajó 8%, de 474 a 434 quetzales. ( CEPAL: 2004:27) La pobreza que se vive en el área rural afecta de manera diferenciada a los principales pueblos indígenas. La incidencia de la pobreza es de un 65% en el pueblo Kaqchikel y 67% para el pueblo K’iché; mientras que entre los pueblos Q’eqchi’ y los Mam la proporción llega a 85% y 88,5% respectivamente.(CEPAL:2004:29) A pesar de este contexto, el movimiento indígena, desde la base comunitaria y desde sus organizaciones, han librado importantes esfuerzos y luchas para que se cumplan los distintos compromisos del ASESA y AIDPI. Los pueblos indígenas reclaman al Estado, y a la sociedad, el respeto pleno a sus autoridades, instituciones, normas y procedimientos, sistema jurídico que han venido formulando, actualizando y aplicando desde tiempos milenarios como parte fundamental de su cultura. Hoy se expresa en un contexto económico, político y social, en el cual los problemas estructurales, nunca abordados o resueltos democráticamente, se agudizan en el marco de la globalización neoliberal, que pone en entredicho el papel del Estado como ente rector de la vida política y económica de un país, exacerba las desigualdades, las contradicciones sociales y desdibuja ancestrales sentidos de pertenencia e identidades por medio de difusión masiva de iconos y valores occidentales y capitalistas Sin embargo, a las secuelas de marginación y exclusión histórica se suman nuevas amenazas que ponen en peligro:

Los recursos naturales ( sustento reproducción material y cultural de los PI)

Destrucción de sitios ceremoniales, y sagrados ubicados en zonas

estratégicas para el capital transnacional

La importación del maíz transgénico y la firma del TLC RD CAUSA

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Durante el año 2004 y 2005 se registraron importantes conflictos entre comunidades indígenas, empresas transnacionales de minería y el Estado. No se respetó el derecho a la consulta previo a autorizar proyectos de exploración y explotación minera, principalmente en zonas habitadas por los pueblos indígenas. Estos conflictos tuvieron como resultado que varios líderes indígenas enfrentan hoy ordenes de captura bajo acusación de terrorismo y sedición. La lucha por la defensa de los recursos naturales por parte de los pueblos indígenas marcará un escenario de conflicto y lucha de aquí y adelante, producto en gran medida del incumplimiento por parte del Estado del Convenio 169 y de los Acuerdos de Paz. El Acuerdo Socioeconómico y la Situación Agraria En el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos (ASESA) era estratégico para el proceso de paz, porque buscaba abordar las causas socioeconómicas que causaron la guerra y que mantienen a la mayoría de la población guatemalteca viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Este fue el acuerdo que más dificultades enfrentó en la mesa de negociación, y donde la correlación de fuerza del movimiento revolucionario, ni la presión del movimiento social fue suficiente para lograr mejores y mayores compromisos del Estado guatemalteco y de las elites. Si bien este acuerdo crea una serie de oportunidades para la lucha campesina por el derecho al acceso, uso y tenencia de la tierra, no fue así para el movimiento sindical cuyas demandas escasamente fueron recogidos. La mejor evidencia de ello es que la palabra sindicato no aparece en el ASESA. El Acuerdo está estructurado en cuatro secciones a) democratización y desarrollo participativo; b) desarrollo social;c) situación agraria y desarrollo rural y d) Modernización de la gestión publica y política fiscal. La situación agraria El problema de distribución de la tierra se identificó como una de las causas estructurales que provocaron el Conflicto, por lo que fue abordado en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, ASESA, el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, AIDIPI y el Acuerdo para el Reasentamiento de las Comunidades Desarraigadas por el Conflicto Armado. Los Acuerdos de Paz propusieron vías de solución a la problemática agraria a través de la promulgación de reformas legales que hicieran viable la institucionalidad agraria, la creación de una jurisdicción

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agraria y ambiental mediante la creación de tribunales en ambas temáticas y la construcción de una institucionalidad capaz de resolver los múltiples problemas alrededor de la tierra y la promoción de un proceso de desarrollo rural desde una concepción integral. Un aspecto fundamental contenido en dichos pactos fue contemplar la “eliminación de cualquier forma de discriminación de hecho o legal contra la mujer” por medio de su inclusión en las políticas agrarias. A partir de la firma de la paz, se han dado cambios en la institucionalidad que tiene relación con el tema de acceso, tenencia y uso de la tierra. No obstante, estos cambios han quedado cortos y con muchas limitaciones para resolver la problemática agraria del país. Sin embargo, dichos acuerdos generaron expectativas en los grupos campesinos y les proporcionó un marco de acción, que hacen de este pacto un instrumento de lucha y a partir de entonces intentan utilizar los mecanismos o canales creados. Las principales críticas que se han vertido en contra de los acuerdos que abordan la problemática de la tierra son: a) Eluden la responsabilidad del despojo de la tierra cometido contra los pueblos indígenas, la elevada concentración de la propiedad de dicho recurso y la demanda de ejecutar una reforma agraria; b) Llevan a la población rural y la conservación de los recursos naturales a la dinámica del mercado que protege a los siempre privilegiados(…); c) Ignoran la realización de cambios estructurales, al enmarcar sólo reformas institucionales y políticas focalizadas de carácter compensatorio. (Avancso etl al. 2001:11) (Grunberg. 2003;59) A esta institucionalidad se debe agregar una serie de políticas públicas formuladas por las entidades que rigen el sector agrario, forestal y ambiental de Guatemala. Estas fueron formuladas y sancionadas como tales a partir del año 2000. No obstante, hasta el día de hoy, son pocos los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz en materia agraria que se han cumplido. La ley de catastro apenas fue aprobado en el año 2005, y con modificaciones que no han sido del agrado de las organizaciones campesinas; las reformas y elaboración de nuevo marco jurídico (creación de tribunales agrarios, la Procuraduría Agraria, el código agrario y el procesal agrario y ambiental) tampoco ha avanzado sustancialmente. Como parte de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz para resolver la problemática de acceso a la tierra, se creó el fideicomiso Fondo de Tierras/Acuerdos de Paz (1997) y en 1999, fue

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aprobada la Ley del Fondo de Tierras (Decreto 24-99)3. Dicha ley incluyo una modificación importante en la concepción patrimonial de la propiedad, que permite la titulación a favor de ambos conyugues y el establecimiento de medios para incluir la participación de la mujer. Las funciones del Fondo de Tierras son regularizar y otorgar créditos para la compra de tierra. Este se ha concentrado principalmente en brindar créditos y subsidios a sus usuarios, y se basa en el concepto de Reforma Agraria asistida por el Mercado4, el cual surge de un planteamiento elaborado por el Banco Mundial. El surgimiento del planteamiento de una “reforma agraria asistida por el mercado” se debe a dos fenómenos: la percepción de que la Reforma Agraria Tradicional y la colonización, ambas dirigidas por el Estado han fracasado; y el cambio de paradigmas producto de un pensamiento neoliberal que pretende reducir el papel del Estado a un mínimo y que le asigna al mercado el papel central.(..)(CNOC/Congcoop:2002:4) Desde su fundación, el Fondo de Tierras recibió una fuerte demanda de la población, sin embargo la asignación económica no ha permitido que la misma sea cubierta. Tanto los informes de verificación de la MINUGUA como el estudio reciente realizado por la CNOC y CONGCOOP evidencian las insuficiencias del FONTIERRAS en el cumplimiento de los requerimientos de tierra de la población, como se observa en el cuadro siguiente: 3 En el ASESA, las partes indicaron la necesidad de crear un fondo de fideicomiso de tierras para la asistencia crediticia y el fomento del ahorro, en especial, a micro, pequeños y medianos empresarios, que se encargue del financiamiento público para la adquisición de tierras, propicie el establecimiento de un mercado transparente y facilite el desarrollo de planes de ordenamiento territorial (ASESA, párr.34). 4 Los principios que definen las “reformas agrarias asistidas por el mercado” son: las transferencias son voluntarias; se basan en la identificación de tierras atractivas para los beneficiarios, es decir se parte de la demanda y se traslada al beneficiario la responsabilidad de escoger la tierra y negociar su precio; y el gobierno media las negociaciones entre el comprador y el vendedor. Supuestamente se enfoca en regiones que cuentan con una oferta excesiva de tierra para evitar la subida de los precios.

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Cuadro. No.3 Impacto del FONTIERRAS, en miles AÑO Demanda5 % del incremento Familias beneficiadas % cubierta Déficit 1998 290.53 1.09 0.38 289.44 -- 1999 297.83 7.29 1.32 0.44 296.51 2000 305.30 7.48 2.58 0.85 302.72 2001 312.96 7.66 4.89 1.56 308.08 2002 320.82 7.86 4.50 1.40 316.32 2003 328.87 8.05 6.57 2.00 322.30 2004 337.13 8.25 6.66 1.98 330.47 2005 345.59 8.46 6.96 2.02 338.62 2006 354.26 8.67 6.38 1.80 347.88 Fuente: CNOC/Congcoop:2005:25 Además de la falta de capital suficiente para otorgar más créditos a los usuarios, el Fondo de Tierras presenta una serie deficiencias en su funcionamiento que condicionan el acceso adecuado a sus servicios. Entre otras, se encuentra la excesiva burocracia en la gestión, la dificultad de los interesados en conseguir la tierra adecuada para hacer su propuesta al Fondo, las anomalías administrativas (en algunos casos corrupción); los altos precios pagados por la tierra que generan deudas difíciles de pagar para la población campesina adquiriente de la misma. El problema de fondo con el enfoque de la reforma agraria asistida por el mercado, reside en su concepción, neoliberal por excelencia, que parte del supuesto de que el mercado pueda resolver el problema de acceso a la tierra. La falta de certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra, la no confiabilidad del registro de la propiedad y la inexistencia de un catastro presentan limitaciones graves sobre el mercado de

5 constituye aquella población campesina que no tiene acceso a la tierra, tiene acceso a la tierra pero en una extensión menor a una cuerda o es propietaria de la tierra pero en una superficie inferior a una cuerda

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tierras. Esto se agudiza aún más porque la institucionalidad estatal es frágil y la población campesina cuenta con serias dificultades para acceder a créditos y servicios de asistencia técnica. (CNOC: 2002:21)

El último censo agropecuario realizado en el año 2003, confirmó que en el país ha habido muy pocas modificaciones en la estructura agraria y la tenencia de la tierra; por ello la desigualdad en el acceso a dicho recurso tampoco ha sufrido cambios sustanciales. La alta concentración de la tierra se redujo muy levemente entre 1979 y 2003. En particular, el coeficiente de Gini de la propiedad de la tierra pasó de 0.814 en 1979 a 0.785 en el 2003. (PNUD: 2004). El 71 por ciento de los hogares rurales tiene algún acceso a tierras agropecuarias, sean estas propias o arrendadas. En la actualidad, se ha incrementado la proporción de hogares sin acceso a la tierra o que sólo accede a la tierra mediante el arrendamiento. Entre familias sin tierra o arrendatarios, se pasa de un poco menos de un tercio de las familias a fines de los años setenta, hasta cerca de la mitad de las familias en la actualidad. (Baumeister: 2003:25) El tamaño medio del conjunto de las explotaciones descendió de 11.1 manzanas a 6.4 en la actualidad. Esto, tiende a indicar un proceso de minifundización creciente sobre todo en las regiones del altiplano. (Censo:2004:Tomo 1:19). A su vez se observa una degradación extrema del suelo en 129 de los 331 municipios del país que abarca un área aproximada del 17.9% del territorio nacional . (Perfil ambiental: 2004:68) La situación del trabajo En cuanto a la situación laboral, la clase trabajadora en general y el movimiento sindical en particular han enfrentado las consecuencias de casi 20 años de aplicación de políticas neoliberales. Privatizaciones de las empresas estatales, despidos o retiros voluntarios de los trabajadores del Estado, políticas de flexibilización laboral combinado con una ofensiva antisindical que ha dejado debilitado la organización de la clase trabajadora; altos indices de desempleo e informatización del trabajo y salarios que no cubren las necesidades básicas de los y las trabajadores dibujan un panorama sombrío para la clase trabajadora a 10 años de firmarse el ASESA. Las instituciones del Estado encargadas para garantizar el respeto de los derechos laborales, no cuentan con suficientes recursos, voluntad política ni capacidad coercitiva para exigir que se cumpla la ley en materia laboral. Los empresarios cuentan con el recurso, el poder y la asesoría jurídica para atrampar los procesos que llegan a los tribunales por lo que son pocos los casos que se ganan, y si se ganan, los empresarios se niegan a ejecutar la decisión de los tribunales.

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La situación del trabajo es particularmente explotador y difícil en las empresas de maquila, la mayoría de propietarios coreanos y norteamericanos, donde laboran largas horas, son objeto de maltrato físico, psicológico y enfrentan la amenaza de despido cuando decidan organizarse. Actualmente solo han sobrevivido dos sindicatos en las fábricas de maquila en Guatemala, a pesar de que se estima que en esta rama laboran más de 150,000 trabajadores/as. Política social En el ámbito de la política social de vivienda, salud y educación ha habido escasos avances. Los altos índices de analfabetismo, deserción escolar y limitado acceso a la educación secundaria y universitaria constituyen serios obstáculos para lograr el ascenso social de una juventud, para quien el Estado simplemente no cuenta con una política pública. Más de la mitad de la población tiene menos de 18 años y se enfrenta a un escenario matizado por el desempleo, y la falta de perspectivas de poder salir de la pobreza y extrema pobreza. En el ámbito de la salud, Guatemala registra los más altos índices de mortalidad materna e infantil en el continente. Mientras si se ha registrado un incremento en el presupuesto de educación publica el presupuesto de la salud registra insignificantes aumentos, dando por resultado una crisis permanente en el sistema de salud publica, que cada vez es menos capaz de atender las necesidades de la población demandante. El l gasto público en salud nunca ha alcanzado el monto establecido en los Acuerdos de Paz, es decir, el 1,3% del PIB y un 20% de la población no cuenta con cobertura o atención en salud. (Minugua:2004) Un aspecto fundamental del ASESA fueron los compromisos en materia fiscal, en el sentido de que el Estado tenía que incrementar la recaudación fiscal del 8% a por lo menos el 12% del PIB. Un problema serie que enfrenta el Estado es que los principales ingresos fiscales provienen del impuesto indirecto, debido a la resistencia de las elites económicas a pagar los impuestos que les corresponden. Esta situación limita aún más la inversión del Estado en política social. Si bien se registró un incremento en la recaudación de los impuestos, no se ha cumplido con las metas establecidas en los Acuerdos de Paz. El Derecho de las Mujeres Una importante característica de los Acuerdos de Paz es que incluyen la dimensión de género, a través de compromisos específicos dirigidos a promover condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. En los

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Acuerdos se reconoce la existencia de la discriminación específica hacia las mujeres, y el gobierno se compromete a impulsar leyes, planes, programas e instituciones, dirigidas a eliminar este tipo de discriminación. ( Yagenova: 2004:4) La promoción de la igualdad de género y la lucha contra la discriminación de la mujer son temas que se encuentran interconectados en los Acuerdos de Paz, y algunas de las más importantes disposiciones en esta esfera figuran en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. La violencia doméstica, la falta de igualdad en el ámbito laboral y educativo y los bajos niveles de participación política de las mujeres se encuentran entre los problemas crónicos que persisten pese a los grandes esfuerzos realizados en años recientes para reformar leyes, crear institucionesy formular políticas públicas en beneficio de las mujeres. ( Minugua. 2004:16) Principales causas del incumplimiento de los Acuerdos de Paz y escenarios futuros Si bien se lograron cumplir la mayoría de los compromisos relativos a las partes operativos de los Acuerdos, esto no fue el caso de las partes más sustantivas, aquellos que implican cambios estructurales, políticos jurídicos e institucionales. Hoy 10 años después se tiende a reconocer que el cronograma era quizás demasiado ambicioso. La mayoría de los compromisos adquiridos correspondían al Estado, y se creó una institucionalidad específica para operativizar su respectivo cumplimiento. A su vez, se crearon comisiones6 de conformación mixta Estado y sociedad civil que tenían a su cargo elaborar propuestas y mecanismos que permitiesen la implementación de los compromisos contenidos en cada uno de estos Acuerdos. Durante la década de los noventas, se propicia un cambio en el bloque en el poder. El ejército, por las causas ya señaladas, se comienza a retirar lentamente del espacio de toma de decisiones políticas y deja un vacío ocupado paulatinamente por el sector empresarial, que se vio

6 Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz; Comisión Paritaria de Reforma Educativa; Comisión de Oficialización de los idiomas indígenas en Guatemala; Comisión de Fortalecimiento de la Justicia;;Comisión de Reforma Electoral: Comisión Paritaria sobre los Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas; Comisión Paritaria de Reforma y Participación Comisión técnica de Seguimiento al Acuerdo sobre Reasentamiento de las PoblacionesDesarraigadas CTEAR;Comisión de Lugares Sagrados y Comisión Especial de Incorporación

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favorecido por la apertura política y la aplicación de las políticas neoliberales. El Estado guatemalteco en si es un Estado débil institucionalmente que históricamente ha sido cooptado por los intereses oligárquicos. Tras la firma de la paz, se exige al Estado guatemalteco que cumpla con los compromisos plasmados en los distintos Acuerdos suscritos, sin embargo, se trata de un Estado debilitado y en transición. Si bien es innegable que en los últimos 9 años, el Estado ha sufrido un proceso de transformación, éste no ha obedecido a una lógica, clara y definida. Las implicaciones de ello se perciben al momento de observar que los cambios generados, de índole jurídico, político e institucional, tienen un carácter desordenado, a veces son contradictorios entre si, y se injertan sobre un estado débil. Los últimos gobiernos han implementado las recetas neoliberales en detrimento a los intereses de la población y de los Acuerdos de Paz. Las privatizaciones de los bienes del Estado, despidos masivos de los trabajadores del sector público y políticas sociales focalizadas o concesionadas a entidades privadas han erosionado aun más la capacidad del Estado de responder a las múltiples demandas de la población Se trata en efecto de un modelo de Estado que dentro del marco de la globalización neoliberal se asigna como función principal garantizar las condiciones políticas jurídicas que permitan a las elites transnacional izadas contar con las mejores condiciones para su proyecto de acumulación de capitales. En este sentido, el modelo del Estado planteado en los Acuerdos de Paz no llegó a concretizarse Por otro lado, algunos de los aspectos que tuvieron importantes implicaciones sobre la posibilidad real de cumplir los Acuerdos fue la perdida de su integralidad. Cada sector comenzó a apropiarse de una parte de los compromisos adquiridos lo que fue favorecido por la manera en que se creó la institucionalidad de la paz que creaba una multiplicidad de comisiones pero que no tuvieron un hilo conductor o enfoque estratégico común. La unidad de acción que se había logrado construir a nivel de las diferentes expresiones populares comenzó a diluir y debilitarse después de la firma de la paz. La URNG, actor fundamental del proceso de paz y negociación, había depositado demasiado confianza en el gobierno de turno con quién había firmado la paz, lo que le imposibilitó asumir un papel más beligerante en la primera fase de la posguerra. El tener que construir un nuevo partido político, atender a los excombatientes y responder a una serie de retos propios de un proceso de reinserción, así como posteriores conflictos internos,y un distanciamiento con los movimientos sociales

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fueron algunos de los factores que permiten explicar la poca capacidad que tuvo URNG para forzar el debido cumplimiento de los Acuerdos de Paz. La población no organizada o poco politizada, si bien tenía expectativas que el fin del enfrentamiento armado les iba a beneficiar en crear mejores condiciones de vida, pronto se desencantaron con el proceso al ver que la situación económica del país, empeoraba. Es importante recordar, que Guatemala recién había salido de años de dictaduras militares, masivas violaciones a los DDHH, desplazamientos de decenas de miles de personas, de un contexto en que el miedo y desconfianza marcaban las relaciones interpersonales. Las diferencias étnicas, ideológicas políticas, religiosas y de clase marcaron importantes barreras e impidieron que se gestaran procesos de unidad más orgánicos y duraderos para garantizar el cumplimiento de los Acuerdos firmados. El “ tiempo de la paz “, que dio inicio en la década de los noventas y fue resultado de un largo ciclo de resistencia y lucha de clases, marcó el país durante los últimos 10 años, pero desvaneció dejando intacto las caducas estructuras económicas y políticas del país y el poder desmedido de una elite que nunca se vio comprometida a democratizar y refundar el Estado-nación. Los movimientos sociales quienes tras la firma de la paz habían realizado enormes esfuerzos para que se cumpliera la parte sustantiva de los Acuerdos de paz, y que apostaron a una estrategia reformista de cambio, hoy por hoy, se ven confrontados con un Estado, representativo de los intereses de las elites que como único proyecto de nación la subordinación del país a los intereses del capital transnacional y de los EEUU. Los Acuerdos de Paz crearon una estructura de oportunidad política para un cambio inédito en la política y la sociedad de Guatemala y ésta fue producto de un ciclo de luchas de clases y de las luchas sociales emprendidos por los sujetos. El contenido de los AdP deben entender y comprenderse desde el contexto en que lograron negociarse, o sea resultado de una determinada correlación de fuerzas y un contexto mundial determinado. Este contexto específico abrió oportunidades para determinadas demandas y movimientos, pero que marcó sus fronteras o límites cuando éstas cuestionan o entran en contradicción con la nueva estrategia de acumulación de capital y la lógica de la democracia neoliberal. Esta estructura de oportunidad creada dentro de un contexto muy particular parece haberse agotado.

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Los AdP sigue siendo un punto de referencia importante para la demandas de los MS, pero dentro de un contexto de agotamiento de la institucionalidad de la paz creada y el agotamiento del “ tiempo de la paz”. Desde los MS se ha avanzado en un proceso de reelaboración de los contenidos de los AdP a partir de una nueva lectura de sus demandas históricas. Esto podría ser producto de un cambio del “ tiempo mundo “ o signos de nuevos tiempos y nuevos ciclos de lucha de clase que se atisban en el horizonte. La creación de una nueva EOP para impulsar los AdP sólo podría crearse en un contexto de un nuevo ciclo de lucha de clases y posibilidad de acumulación de fuerzas, sustentadas por bases sociales que en las luchas sociales adquieren y se apropian de una no identidad con lo existente. Bibliografía Aguilera Gabriel( 2004) Realizar un imaginario: La Paz en Guatemala: Sepaz, Guatemala Baumeister, Eduardo.(2003) Tierra, empleo e ingreso de la población rural en Guatemala Sistema de Naciones Unidas, (Cuadernos de Desarrollo Humano), Guatemala CEPAL(2005) Etnicidad e igualdad en Guatemala 2002, Adams Richard CONGCOOP(2005) Balance de la aplicación de la política agraria del Banco Mundial en Guatemala; Garoz, Alonso y Gauster, Guatemala Grunberg,Georg(2003), Tierras y Territorios indígenas en Guatemala; Colección Dinámicas Agrarias en Guatemala No.6 FLACSO; MINUGUA; CONTIERRA, Guatemala, Minugua (2004), Noveno Informe del Secretario General de la ONU sobre la Aplicación de los Acuerdos de Paz en Guatemala; agosto 2004 www.albedrio.orgwww.albedrio.blogspot.com

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