PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL VINCULADAS AL TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA: LA GESTIÓN...

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL VINCULADAS AL

TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA: LA GESTIÓN COMUNAL.

MONTES VECINALES EN MANO COMÚN DE GALICIA

Sergio Fernández Alonso1

Laboratorio do Territorio, Escola Politécnica Superior de Lugo

Dpto. Enxeñería Agroforestal, Universidade de Santiago de Compostela

RESUMEN: La gestión comunal de los recursos tiene una gran importancia en

muchos lugares de todo el mundo. Dentro de las distintas formas este tipo de

gestión, los Montes Vecinales en Mano Común (MVMC) constituyen un tipo de

propiedad privada colectiva existente en Galicia (España), conformando un tipo

característico del régimen de tenencia de la tierra en esta comunidad. En el 2001

existían en esta región un total de 2.887 comunidades de montes que disponían de

una superficie de 661.183 ha, representando la tercera parte de la superficie

forestal y el 15 % del terreno arbolado de Galicia (y esta superficie sigue creciendo).

En el presente trabajo se revisan las tendencias de gestión comunal en el mundo en

los últimos años, para luego centrarse en los Montes Vecinales en Mano Común y

encuadrarlos dentro de esas tendencias mundiales. Se resume su evolución

histórica, se compara con otras figuras de propiedad individual y colectiva y se pone

de manifiesto la contribución de los MVMC al desarrollo rural. La propuesta y

fomento de modelos integrales de gestión (no solo de tipo técnico, sino también

administrativo, financiero y social) para este tipo de tierras de propiedad colectiva

configura una de las principales estrategias que permitirán el desarrollo de

numerosas comunidades rurales y la promoción del medio rural de la región gallega.

Palabras clave: Community forestry, communal property, communal land

management, collective private property, forest community, Monte Vecinal en Mano

Común, Monte Veciñal en Man Común, multiobjective land management

1 Department of Agroforestry Engineering - University of Santiago de Compostela, SpainCampus Universitario s/n, 27002, Lugo- SpainTelephone: + 34 982 252303, ext. 23292e-mail: [email protected]

Planificación y gestión territorial vinculadas al tipo de tenencia de la tierra: la gestión comunal. Montes

Vecinales en Mano Común de Galicia

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo de iniciación a la investigación es fruto de dos años

en el Departamento de Enxeñería Agroforestal de la Universidade de

Santiago de Compostela. Durante el primer año se ha cursado

asignaturas del programa de doctorado, y en este segundo año se

realiza el presente trabajo, con dos objetivos definidos. Por un lado, la

obtención del Diploma de Estudios Avanzados y, por otro, servir de

base para la investigación de la propiedad y gestión territorial

comunal en áreas de propiedad privada colectiva, perfilando en este

campo líneas de investigación que den como resultado mi tesis

doctoral.

2. OBJETIVO

Identificar las principales características y tendencias que

presenta la gestión comunal en la actualidad, y situar en esas

tendencias las que se dan en los Montes Vecinales en Mano Común

en Galicia con sus características peculiares y en su coyuntura actual.

3. MATERIAL Y MÉTODOS

Se inicia el trabajo como continuación de la línea de

investigación en tenencia de tierra abierta con la Tesis Doctoral

“Tenencia de la Tierra en Galicia: Modelo para la Caracterización de

los Propietarios Forestales”, de Manuel Francisco Marey Pérez,

realizada en esta misma Universidad.

Se procedió a una revisión bibliográfica y documental de

distintos estudios relativos a la propiedad y gestión comunal,

independientemente de la localización geográfica tratada en la

publicación.

Se inicia la revisión bibliográfica mediante búsquedas temáticas

en distintas bases de datos. En ellas se identificaron como claves los

términos communal property, communal forestry, communal forest

property, collective private property, commons, neighboring 2



communities, forest community, multiobjective land management y

en el buscador Google además de los términos anteriores también

Monte Vecinal en Mano Común, Monte Veciñal en Mano Común.

Estos términos permitieron profundizar en diversos aspectos

personalizados en los artículos, así como la identificación de aquellas

revistas relacionadas con la gestión territorial comunal (Biodiversity

and Conservation, Ecological Economics, Enviromental Management,

Environmental Science & Policy, Forest Ecology and Management,

Forest Policy and Economics, Forest Trees and People, Human

Ecology, Journal of Environmental Management, Journal of Forestry,

Land Use Policy, Landscape and Urban Planning, Mountain Research

and Development, Rural Development Forestry Network, Rural

Sociology, Society & Natural Resources, Unasylva, World

Development, World Rainforest Movement Bulletin) procediéndose, a

continuación, a una búsqueda en dichas revistas. Al mismo tiempo se

llevó a cabo la identificación de los libros de interés disponibles en las

bibliotecas de la Universidad de Santiago de Compostela, así como de

trabajos de investigación realizados en distintas universidades.

Al mismo tiempo, otra fuente de información la constituyeron

los resultados parciales de un trabajo que se está desarrollando para

el conjunto de las comunidades de montes vecinales de Galicia. En él

se realiza una entrevista personal a los miembros de la Junta Rectora

de la comunidad (formada normalmente por cinco miembros:

Presidente, secretario, tesorero y dos vocales) con un total de 59

preguntas, distribuidas en tres apartados: historial del monte,

organización y gestión del monte y, por último, economía del monte.

A su vez se realiza una entrevista personal al 10% de los comuneros,

en este caso se trata de 36 preguntas pertenecientes a 4 grupos, los

tres antes comentados, más un cuarto denominado características de

los comuneros.

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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. ESTRUCTURA DE LA REVISIÓN

Para responder al objetivo de esta investigación, se han

consultado un total de 69 referencias bibliográficas, de las cuales 2

son tesis doctorales y 10 textos legales.

La búsqueda de información disponible ha permitido estructurar

los resultados obtenidos en 4 grandes áreas temáticas, que facilitan

la comprensión del presente trabajo.

Estos campos de investigación se definen en los siguientes

apartados:

Gestión del territorio para un uso múltiple: Se documentan las

nuevas demandas de la sociedad en el aprovechamiento múltiple de

los bosques y las tendencias de gestión para tenerlas en cuenta.

Antecedentes de la gestión comunal. Características

diferenciales de la gestión comunal del territorio frente a otros tipos

de régimen de gestión. Ventajas y condicionantes para el desarrollo

territorial bajo este régimen.

Tendencias actuales en la gestión de territorios comunales en el

mundo. Se agrupan esas tendencias generales en 5 grandes grupos,

con algunos ejemplos de países donde se dan esas tendencias.

Los Montes Vecinales en Mano Común de Galicia. Se comenta

brevemente su evolución histórica, su gestión pasada y actual, así

como sus características diferenciales frente a otros tipos de

propiedad en su entorno geográfico.

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4.2. LA GESTIÓN DEL TERRITORIO PARA UN USO MÚLTIPLE

Durante las últimas dos décadas y sobre todo a partir de la

Cumbre de Río (1992), se ha producido un importante cambio en

cuanto a los beneficios y servicios que la sociedad demanda de los

bosques. De un concepto de “rendimiento sostenible”’ que se refería

esencialmente a la producción de madera, se tiende al concepto de

“manejo sostenible” (o manejo forestal sostenible, Hall J.E., 1996),

donde aspectos ambientales, sociales y culturales interactúan en la

misma importancia que la producción de bienes cuantificables

económicamente. Estas nuevas demandas están enfocada sobre todo

(aunque no exclusivamente) a terrenos forestales, a causa que el uso

menos intensivo y a más largo plazo que de ellos se realiza (no

considerándose en este caso terrenos forestales las plantaciones

intensivas y superespecializadas de especies forestales como pueden

ser las choperas) les confiere mayor potencialidad para conjugar

distintos usos. En esta nueva situación, los factores ambientales y

socioeconómicos han de ser considerados en la gestión forestal en el

mismo grado que la producción de madera y de otros productos

(Gluck, 2000), (Kangas and Store, 2003).

En Europa Oriental, esta tendencia no ha sido tan evidente,

puesto que en algunos países el deterioro de los bosques, como

resultado de cambios políticos, económicos y ambientales, ha

impedido una evolución similar con Occidente. La conjunción de estos

factores se ha traducido en un empobrecimiento de los bosques de

esta región, con la consecuente pérdida de diversidad y productividad

a través de la deforestación (White, 2002). Esto ha ocurrido también

en muchos de los antiguos países coloniales, como los africanos. En la

mayoría de los países africanos, las leyes forestales vigentes en el

período post-colonial comprometieron los derechos comunitarios

locales a la propiedad forestal. Se impusieron licencias y otras formas

de impuestos, desconocidos hasta entonces por las poblaciones

locales, para controlar la explotación de productos forestales a los 5



cuales los habitantes locales tenían antes libre acceso, para su

consumo interno o su comercialización (Ogou S., 1999). Esta situación

de crispación causó también un deterioro de los bosques y de las

condiciones de vida de las comunidades. De todas formas, algunas de

las más importantes iniciativas apuntando a la “nueva selvicultura”

comenzaron en los bosques tropicales de estos antiguos países

coloniales (los procesos de certificación forestal por ejemplo, Bass S.,

1998)

La obtención de beneficios económicos ha orientado

habitualmente las actividades forestales hacia la corta de madera y

mejora de infraestructuras asociadas al monte. Es necesario, por

tanto, identificar las preferencias de gestión de los propietarios (en el

caso que nos ocupa serían las comunidades, aun en los casos en los

que no sean propietarias legales y sólo quienes aprovechan los

recursos) resp ecto a sus bosques, para, mediante una planificación

multi-objetivo, identificar herramientas de evaluación de objetivos no

cuantificables económicamente (Saastamoinen O., 2001).

Pero también la fragmentación del paisaje se asocia a las

propias cortas de madera, factor clave en la gestión y planificación

forestal. Un plan de gestión que permite estructurar el bosque en

unidades de gestión sostenibles, permite mejorar las condiciones

económicas y ecológicas del bosque, y mantiene una composición de

usos adecuada (Borges J. G., 1999).

En este contexto de gestión para un uso múltiple del territorio

las técnicas de análisis multicriterio adquieren una gran importancia,

tanto por facilitar la elección de alternativas de gestión más acordes

con los objetivos buscados, como por presentar esas alternativas a

los que tienen que tomar decisiones. Existen herramientas que

facilitan estos análisis multicriterio, y que incluso los relacionan con

metodologías de diagnóstico más “tradicionales” como los análisis

DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades), como la

que combina el Análisis de Aceptabilidad Estocástica Multicriterio con

la metodología DAFO, conocida como S-O-S (Kangas et al., 2003).

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4.3. ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN COMUNAL

En muchas ocasiones, se ha tendido a confundir lo comunal con

lo público. Existen varios intentos de explicar las diferencias de forma

sistematizada (Merino L., 1999), (McKean M.A., 1995). Las unidades

de los recursos son susceptibles de ser apropiadas por distintos

usuarios en un determinado periodo, pero su disponibilidad es

limitada. Cuando un usuario se apropia de un determinado número de

unidades, dejan de estar disponibles para otros usuarios potenciales.

Esto se conoce como sustractabilidad. El artículo de Hardin G. (1968)

sobre la tragedia de los bienes comunes destaca los riesgos del

sistema de libre acceso, pero no especifica con claridad que el

problema no residía en el uso compartido, sino en el acceso sin

restricciones. En un trabajo más reciente, Hardin G. (1994) distingue

entre bienes comunes que carecen de gestión y bienes comunes que

sí la tienen. La mayoría de los análisis orientados por perspectivas

similares a la de la “Tragedia de los Comunes” no distinguen entre

ambos atributos, contemplando el alto grado de sustractabilidad de

las unidades de los recursos comunes como propias de estos sistema

de recursos (Merino L., 1999).

La dificultad de exclusión es otra de las características de los

bienes comunes. El nivel de exclusión es resultado tanto de las

características físicas del recurso, como de la tecnología disponible y

de las condiciones sociales presentes en un contexto determinado, ya

que aún cuando sea posible restringir físicamente el acceso a un bien

determinado, es necesario contar con las condiciones sociales y

legales que permitan hacerlo.

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Exclusión fácilExclusión

difícil

Alta

substractibilidadBienes privados

Bienes

comunes

Baja sustractabilidadBienes

instrumentales

Bienes

públicos

Según las características de sustractabilidad y exclusión, es

posible distinguir cuatro categorías generales de bienes o recursos

(ver cuadro anterior, McKean M.A., 1995): Bienes públicos como

pueden ser la calidad del aire, la protección que los árboles generan

contra el viento o contra la erosión del agua, la seguridad y el

alumbrado públicos, bienes comunes, bienes instrumentales, como

son los parques naturales cuya entrada debe pagarse o la membresía

a sociedades profesionales y bienes privados como leña o madera

cortada y almacenada, las parcelas agrícolas, las viviendas, los

productos forestales medicinales, los árboles en huertos, etc. Estas

categorías deben entenderse como tipos ideales, relacionados a

manera de un continuo, ya que la mayoría de los bienes no caen por

completo en uno u otro tipo.

Además, la gestión de bienes comunales o comunes debe

cumplir ciertas condiciones para ser efectiva (McKean M., 1995),

(McKean M., Ostrom E., 1995), (Brown D., 1999) :

- Los beneficiarios necesitan tener derechos, o al menos

no tener interferencias, para organizarse.

- Los límites del recurso deben estar claros

- Los criterios para ser beneficiario deben estar también

claros.

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- Los beneficiarios deben tener el derecho a modificar las

reglas de uso a lo largo del tiempo para adaptarse a los

cambios sociales.

- Las reglas de uso deben estar adaptadas a lo que el

sistema puede tolerar, con una cierta tendencia a la

conservación para que haya margen de error.

- Las reglas de uso deberían ser claras y totalmente

aplicables.

- Las infracciones deberían ser penalizadas sin

excepciones.

- Sería conveniente articular métodos rápidos y baratos

para resorver los conflictos (El Tribunal de las Aguas en

Valencia, de origen árabe, es un ejemplo que ha

pervivido hasta hoy y que reune las características de

ser rápido, concentrado, económico y oral).

- Los derechos de uso de los copropietarios deben estar

distribuidos de forma que se considere justa por la

comunidad según la inversión realizada en el recurso

comunal. Lo ideal sería que los derechos(y los deberes)

fueran igualitarios para dar lugar a una participación

igualitaria en la toma de decisiones. Si no es así el

régimen de propiedad comunal es susceptible de ser

ineficaz.

Existen además una serie de ventajas en la explotación de

recursos en terrenos de gestión comunal mencionadas por distintos

autores (McKean M., Ostrom E. 1995), (Alden L., 2002), (Nhira C.,

2003),(Tucker C., 1999a) algunas de las cuales se enumeran a

continuación:

- Indivisibilidad del recurso, lo que en zonas con acusada

fragmentación del territorio conlleva que los terrenos

comunales sean parcelas de tamaño sensiblemente

superior a la media, con lo que se facilita la explotación

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sin tener que dar el primer paso de agrupación o

cooperativismo.

- Aminoración del efecto de la incertidumbre en zonas

productivas.

- Facilita la incorporación de externalidades positivas o

negativas en los usos (por ejemplo protección de

biodiversidad o espacios naturales)

- En ocasiones es la única forma de administración

eficiente. Cuando las normas sobre gestión del recurso

pueden simplemente insertarse en una organización

comunitaria preexistente resulta aun más interesante.

Esto sirve además para promover estrategias

participativas de gestión territorial (como los programas

de Manejo Participativo de Bosques en Africa).

- Debido a su importancia en superficie en algunas zonas

(ya sea por propiedad o simplemente por gestión), las

comunidades tienen gran poder de presionar tanto a los

gobiernos como incluso a las industrias o empresas (de

un modo similar a las grandes cooperativas).

- La propiedad comunal, además, contrarresta procesos de

diferenciación socioeconómica permitiendo a los

comuneros usar los recursos proporcionalmente a sus

necesidades en vez de a su riqueza.

De esta manera, en muchas ocasiones, la gestión comunal del

monte puede generar instituciones que gestionen los recursos con

igual éxito (o mayor) que los propietarios privados, sin que en muchos

casos sea relevante el que el sistema de reglas de gestión sea legal

(de jure), ya que lo importante es que se lleve a cabo de facto

(Gibson et al., 2002), y que esté en relación tanto con su contexto

local como con el nacional (Tucker C., 1999b).

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4.4. TENDENCIAS EN LA GESTIÓN DE TERRENOS COMUNALES EN EL

MUNDO

Comenzar por decir que la ya mencionada Declaración de Río

(1992), en su principio 22, afirma que:

“Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras

comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la

ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus

conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían

reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e

intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro

del desarrollo sostenible.”

Esto puede servir para delimitar a qué nos referimos cuando se

habla de comunidades en el ámbito de aprovechamiento de los

recursos del territorio.

A continuación se presentan las tendencias de gestión de la

propiedad comunal actual observadas en los últimos años con

algunos ejemplos de lugares donde han sido aplicadas.

4.4.1. Centralización

Las recomendaciones de centralización del control de los

recursos en la Administración Pública competente (ya sea estatal o

regional) han sido asumidas en muchos de los antiguos países

coloniales de las distintas regiones del mundo. Estas

recomendaciones estaban basadas en varios supuestos:

- que los estados cuentan siempre con la capacidad de conocer

lo que es el manejo sustentable de los recursos aún en circunstancias

particulares,

- que los gobiernos tienen capacidad suficiente de supervisar el

que este manejo se cumpla,

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- que los costos de mantener las agencias gubernamentales que

se encargan de estas funciones son nulos o mínimos.

Estos supuestos en una gran mayoría de los casos no se

cumplen (ni siquiera en muchos de los países supuestamente más

desarrollados). Además para las comunidades usuarias los incentivos

para cumplir con regulaciones burocráticas son realmente escasos;

siendo a menudo estas regulaciones vistas como ineficientes e

injustas. Al desconocer los sistemas comunitarios se imponen

medidas que a menudo resultan inviables (ya sea ecológica, social y/o

económicamente). De este modo no resulta extraño que al establecer

controles burocráticos sobre recursos antes manejados por

comunidades locales, se hayan creado situaciones de acceso abierto

a los recursos (Merino L., 1999), incluso allí donde existían

regulaciones locales para su acceso (y ahí es donde surge la tragedia

de los comunes pronosticada por Hardin G. (1968)).

En los países coloniales este proceso se generalizó. Los variados

ecosistemas africanos ricos en diversidad biológica, en especial los

bosques tropicales de las regiones central y occidental, fueron

perturbados cuando las potencias europeas desembarcaron en esos

territorios y los invadieron. La alteración que sufrieron los

ecosistemas se extendió a las estructuras sociales tradicionales que

quedaron subordinadas a una estructura de poder centralizada en lo

referente a la reglamentación y el manejo de la explotación de los

recursos naturales. Posteriormente, los procesos de independencia

de numerosos países africanos no modificaron ese modelo

centralizado impuesto por los europeos (Egan B., 2001) con algunas

excepciones (si bien en los últimos años se observa un cierto

aperturismo, devolviéndoles al menos la capacidad de gestión a las

comunidades, si no la propiedad).

En Papúa (White A., 2002) e Indonesia (Moniaga S., 1999) se

han dado fallos de gestión por parte de la Administración, no teniendo

en cuenta a las comunidades en las decisiones.

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En Eritrea, se ha dado prioridad por parte del gobierno a la

irrigación de las zonas bajas del país sin tener en cuenta los usos

tradicionales de los habitantes de esas zonas (Connelly S., 2001).

En Kenia, si bien se observa un cierto aperturismo a la

integración de las comunidades en la toma de decisiones, estas

deben presentar planes de gestión al gobierno con complicados

trámites burocráticos y técnicos que dificultan mucho la participación

real (Ochieng M., 2003) y Malí (Welsh M.O., 2001), donde aunque hay

intentos tímidos de devolver el poder de gestión a las comunidades

(que lo habían ejercido mediante distintas instituciones locales hasta

la independencia en 1960), no se han tenido en cuenta a las

comunidades en las decisiones importantes de gestión de las tierras

que explotaron tradicionalmente.

En USA la mayor parte de los terrenos forestales son de

propiedad pública y, aunque suele revertir un porcentaje de lo

extraído a la comunidad donde está el bosque, las comunidades

apenas participan en la gestión (Danks C., 1996), ni siquiera las de

indios americanos, con una aún mayor tradición de uso de las tierras

(Bengston D.N., 2004).

4.4.2. Privatizacion

Inspirados en modelos similares otros autores apuestan a la

capacidad regulatoria de los mercados y contemplan la privatización

de los bienes comunes como la única alternativa de acceso a los

recursos naturales, viable en términos ambientales. Bajo este

esquema se percibe a la propiedad comunal como ausencia de

propiedad, de ahí que sus partidarios aboguen por la creación de

"derechos plenos de propiedad". La privatización implica la división

de los bienes colectivos en unidades mas pequeñas, suponiendo que

a la par de esta división se genera racionalidad ecológica de las

acciones de los usuarios, y se evitan futuros desastres ambientales.

Sin embargo, en términos económicos resulta más racional agotar los

recursos que utilizarlos en una perspectiva de largo plazo, puesto que

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los derechos de propiedad privada permiten al propietario maximizar

el valor presente del recurso, aún cuando el recurso no esté protegido

de la extinción (Merino L., 1999).

En la nueva ley forestal de Portugal se observa una cierta

tendencia a privatización o incluso que los llamados baldíos pasen a

manos de gobiernos locales (Brouwer R., 1995).

En los antiguos países comunistas esta tendencia es bastante

acusada (Welsh M.O., 2001), sin que se esté acompañando de una

gestión adecuada.

En España históricamente hubo esa tendencia por ocupación de

los vecinos, como defensa ante intentos de apropiación o cambio de

propiedad a favor de los Ayuntamientos de los montes comunales

(Aizpurua J., 2000), aunque en zonas como Navarra este proceso no

fue tan acusado.

4.4.3. Cesion del gobierno a las comunidades

Se da sobre todo en los antiguos países coloniales, o con

comunidades indígenas históricas. En los últimos 15-20 años varios

gobiernos comienzan a ceder tierras para las comunidades indígenas.

Son sistemas que se conocen como administración conjunta y

coadministración, y en general no alteran la propiedad estatal (con lo

que los derechos de las comunidades no están tan protegidos como si

se tratara de propiedad privada comunitaria). Este sistema se ha

hecho cada vez más común en situaciones en las que el gobierno

asume su limitada capacidad para administrar eficazmente las tierras

forestales públicas (White A., 2002). La mayoría de los Bosques

Comunitarios comienzan a existir sólo a través de la aprobación

formal del Estado, y en los términos fijados mayoritariamente por el

propio Estado. Sin embargo, se plantean varios problemas a ese nivel:

la gestión financiera actual de los ingresos generados por los bosques

comunitarios no es sustentable. No se basa en ningún sistema

científico de gestión. Muchas de las actuaciones llevadas a cabo con

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ingresos financieros generados por la explotación de los bosques

comunitarios no responden a una planificación de gestión de ingresos

elaborada con anterioridad a la llegada de los fondos a las

comunidades (Bigombe P., 2002).

Países con el proceso de cesión más avanzado y con más apoyo

institucional a las comunidades son: Gambia (donde se cede incluso

la propiedad y se crean los Comites del Bosque en las comunidades,

con participación de ambos sexos, y donde no se dan incentivos a las

comunidades, de forma que se fortalece el sentimiento de gestión de

“sus” bosques (Bojang F., 1994) que son involucradas por los líderes

tradicionales), Ecuador (con cesiones también de propiedad de la

tierra a algunas comunidades) (Cuasaluzán H., 2002), Camerún (White

A., 2002) y (Bigombe P., 2002), Ghana, a pesar de estar vinculado al

establecimiento de reservas en “bosques sagrados” sin a veces

contar con las comunidades (Baffoe A., 2002), (Brown D., 1999),

Canadá, que a través de los “bosques modelo” dan capacidad de

decisión a las comunidades indígenas, (Hall J.E., 1996), así como

algunas zonas de Oceanía (Mohamed N., 1996) y Mozambique (Issufo,

2003). Un caso particularmente ejemplar es Tanzania (Egan B., 2001).

En la década de los 70, durante el período posterior a la

independencia, el gobierno comenzó a devolver el poder y el control

sobre los recursos naturales a las autoridades locales para promover

un desarrollo comunitario. A través de ese proceso, el poder

administrativo fue conferido a los gobiernos locales de los poblados,

elegidos por la comunidad. La ley de Poblados Ujamaa de 1975, con

el posterior apoyo de la Ley de Gobierno Local de 1982, reglamentó el

sistema de los poblados para el manejo comunitario de los recursos

naturales, promoviendo la propiedad comunitaria como una forma

legal de propiedad.

La nueva ley del 2000 establece tres tipos de manejo

comunitario de bosques:

- Reservas de Bosque de los Poblados: la propiedad del bosque

reside

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en toda la comunidad del poblado,

- Reservas de Bosque Comunitarias: la propiedad y el manejo

de los

bosques está a cargo de un subgrupo de la comunidad del

poblado, y

- Zonas de Manejo de Bosques de los Poblados: zonas de

reservas

estatales en las cuales se aplica manejo comunitario, pero sin

derecho

de propiedad.

Hay países donde el apoyo a las comunidades de ONGs que

presionan al gobierno, hacen que se observe cierta predisposición de

la Administración forestal a reconocer derechos y ceder poder de

gestión a las comunidades: Benin (Ogou S., 1999) y Chile (Catalán R.,

2002).

En otros lugares, aun habiéndose cedido zonas para gestión de

las comunidades, se han observado reticencias y pasos atrás por

parte de la Administración Pública, como gestión predominante de

arriba abajo en Filipinas (Colchester M., 2004) o simplemente

indiferencia o mal enfoque de la cesión, como en la India (Lahiri S.,

2004), Nepal (White A., 2002) o Thailandia (Rajesh N., 2002).

4.4.4. Cesion de las comunidades propietarias al gobierno

Se dan en algunas zonas donde las comunidades no quieren o

no pueden hacerse cargo de la gestión directa de los terrenos

comunales, pero desean que tengan una gestión, o se ven hasta

cierto punto obligadas por la legislación. En los Alpes suizos debido al

abandono de algunas comunidades y su pequeño potencial

demográfico se da en algunas zonas (Kissling-Naf et al., 2002). En

Portugal y España ocurrió hace años (y aún hoy se mantienen muchas

cesiones de gestión, como los convenios y los consorcios de los MVMC

de Galicia, en el noroeste de España).

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4.4.5. Zonas donde existe como tal la gestión comunal históricamente y ha

seguido funcionando

Son comunidades que han tenido que irse adaptando con más o

menos fortuna a los cambios socioeconómicos: Italia (Morandini R.,

1996), (Forni N., 1998), Mexico (Klooster, 2003), que a pesar de las

reformas pro-privatizadoras neoliberales a partir de 1992 y que la

nueva Ley Agraria, aún reconociendo y promoviendo los derechos de

las comunidades, realza los derechos individuales de los comuneros

(Leigh Taylor P., 2000), es un ejemplo de gestión sostenible vinculada

al manejo comunitario del territorio (Barton D., 2003); Francia con los

bosques de montaña (Zingari P.-C., 1998), Noruega, donde se pueden

distinguir montes estatales de uso comunal, montes parroquiales de

uso comunal y explotaciones comunales (Sevatdal H., 2003), o

Escocia (Wightman A., 2003), donde está resurgiendo. Existen

algunos lugares donde las comunidades son de estilo más capitalista,

actuando prácticamente como empresas: Suecia (Carlsson, 1999) o

algunas comunidades en Suiza (Kissling-Naf et al., 2002).

4.5. LOS MONTES VECINALES EN MANO COMÚN DE GALICIA

La superficie forestal en Galicia entendida tal como aparece en

la Ley 43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes (todo terreno en el

que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o

herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o

plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales,

protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas)

representa casi dos tercios de la superficie total gallega, con lo que su

importancia en el desarrollo de políticas agrarias y de ordenación

territorial en esta zona es muy grande.

A lo largo del último siglo fue cambiando el tipo de propiedad,

de forma que en la actualidad la mayor parte del monte gallego, un

63,7 %, es de propiedad privada particular. Pero hay otro tipo de

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propiedad muy significativa por su importancia y representatividad en

el territorio gallego e incluso nacional y europeo (con leyes nacionales

específicas para ella): la propiedad privada colectiva, y dentro de ella

los Montes Vecinales en Mano Común de Galicia.

Este tipo de propiedad representa un tercio de la superficie

total del monte gallego, y posee una fuerte componente tradicional,

ya que se utilizaron para el pastoreo, la recogida de leña, piñas,

abono, plantas para cama de ganado, etc. En 2001 en Galicia existían

un total de 661.183 ha pertenecientes a un total de 2.887 de

comunidades de montes vecinales, lo que representa la tercera parte

de la superficie forestal y el 15 % del terreno arbolado de Galicia. Sin

embargo según datos del ICONA, en 1981 el número de M.V.M.C.

investigados en todo el territorio de la comunidad autónoma

ascendieron a 3.803 con una superficie equivalente a 913.283 ha. De

esta manera, encontramos que el avance de la clasificación ascendía

al 76 % número y el 72 % de la superficie investigada; lo que equivale

a decir que aún existen 925 montes con una superficie equivalente de

252.100 ha que podrían ser clasificadas como M.V.M.C. (Barriga M.L.,

2001).

Se sitúan sobre todo en Ourense, Pontevedra y el Sureste de

Lugo, teniendo menos importancia su presencia en A Coruña y norte

de Lugo.

En lo relativo a la superficie media de los montes vecinales

gallegos, ésta es relativamente grande en el conjunto de la

Comunidad (230 ha), siendo la provincia de Ourense la que presenta

una superficie media superior, con 267 ha., situándose las provincias

de Pontevedra y A Coruña con una media ligeramente inferior a la

regional. La gran diferencia se centra al comparar los montes

vecinales con los montes de propiedad particular, ya que aunque,

como se ha comentado, son los más numerosos de Galicia, su

superficie media suele estar entre 1,5 y 2 ha. repartidas en un alto

número de parcelas y con características muy similares en las cuatro

provincias gallegas. Así, y en contraposición a lo comentado para los

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montes particulares, se destaca el enorme potencial que tienen los

montes vecinales gallegos, dado que debido a su amplia extensión

media presentan unas características idóneas para su

aprovechamiento forestal y una gran capacidad económica (Grupo de

Estudios dos Montes Veciñais en Man Común do IDEGA, 2001b).

4.5.1. Especificidad jurídica y evolución histórica

Independientemente de su origen los Montes Vecinales en Mano

Común constituyen un rasgo característico del régimen de tenencia

de la tierra en Galicia. Tal como Barriga M.L., (2001) expone en su

trabajo, existen diferentes teorías sobre el origen de dichos montes,

teniendo para algunos autores un origen único y basado en la

posesión que de ellos hicieron las comunidades. Para otros autores

presentan un origen foral, mientras que para otros presentarían un

carácter mixto.

A lo largo de la historia su propiedad ha pasado por diferentes

propietarios, algunos de los cuales eran totalmente ajenos a las

comunidades propietarias originarias, aunque en realidad éstas no

dejaran de gestionarlos realmente.

Solo con la Ley de Patrimonio Forestal del Estado del 10 de

marzo de 1941 y su Reglamento (donde se crea la figura de

Consorcios y se apuesta por la forestación masiva en los terrenos de

gestión pública) y la posterior Ley Hipotecaria de 1946 por la que se

permite la inscripción de los montes por los ayuntamientos con solo

certificación del Secretario Municipal, hubo peligro real para las

comunidades de ser despojadas de la gestión de las áreas comunales,

lo cual se continuó con la Ley General de Montes del año 1957 (última

de las leyes que pretendía la pérdida de la posesión de los montes

por parte de la comunidades vecinales).

Este proceso de usurpación del monte provocó en los vecinos

una enorme resistencia (Rico Boquete E., 1995). Los campesinos

presentaron recursos legales ante los tribunales de justicia, los cuales

daban en la mayoría de los casos la razón a las comunidades. En 19



otros casos se utilizaron métodos más violentos, como eran arrancar

los árboles plantados y los incendios. Surge en este momento el

mayor problema para la actividad forestal en Galicia, el rechazo al

arbolado y las repoblaciones forestales, así como la desconfianza

general hacia la Administración Forestal, problema que todavía hoy

persiste en numerosas parroquias.

El proceso de reconocimiento de los MVMC como verdadera

propiedad comunal comienza en el año 1968, con la promulgación de

la Ley de Montes Vecinales en Mano Común, quedando además

declarados "indivisibles, inalienables, imprescriptibles y libres de

tributación alguna”. Se consideran como tales los que, aún habiendo

sido incluidos en catálogos o registros públicos con diferente

titularidad, no hubieran sufrido cambio real y efectivo en la posesión.

Posteriormente, y ya en período democrático, con la Ley 5/1977

de Fomento de la Producción Forestal y su reglamento se empezaron

a promover los cambios de consorcio a convenio. En lo referente a las

condiciones económicas del convenio, todo indica que era más

favorable para la comunidad vecinal por cuanto contrariamente a lo

que sucede en el consorcio, el 70 % es para las comunidades de

vecinos y el 30 % para la Administración.

Más tarde se promulga la Ley 55/1980 de 11 de Noviembre de

Montes Vecinales en Mano Común. Según su art.1

“...se regirán por esta ley los montes de naturaleza especial

que, con independencia de su origen, pertenezcan a

agrupaciones vecinales en su calidad de grupos sociales y no

como entidades administrativas y vengan aprovechándose

consuetudinariamente en mano común por los miembros de

aquéllas en su condición de vecinos”.

Como último paso se transfieren las competencias en materia

forestal a las Comunidades Autónomas, quedando reflejada esa

transferencia en el ámbito de la propiedad comunal gallega en la Ley

20



13/1989 de Régimen de los Montes Vecinales en Mano Común de

Galicia, que en su art. 1 dice:

“Son montes vecinales en mano común y se regirán por esta

Ley los que, con independencia de su origen, sus posibilidades

productivas, su aprovechamiento actual y su vocación agraria,

pertenezcan a agrupaciones vecinales en su calidad de grupos

sociales y no como entidades administrativas y se vengan

aprovechando consuetudinariamente en régimen de comunidad

sin asignación de cuotas por los miembros de aquellas en su

condición de vecinos.

La principal característica de los montes vecinales, pues, es que

la titularidad y su aprovechamiento están ligados a la pertenencia a la

vecindad, el hecho de residir en un lugar otorga la condición de

cotitular del monte (o comunero). No se trata, por tanto, de propiedad

pública, sino de propiedad privada colectiva (frente a la privada

particular). Esto se recoge también en el art. 3 de la Ley 13/1989:

“La propiedad de los montes vecinales en mano común, con

independencia de su origen, es de naturaleza privada y

colectiva, su titularidad dominical y aprovechamiento le

corresponde, sin asignación de cuotas, al conjunto de los

vecinos titulares de unidades económicas, con casa abierta y

residencia habitual en las entidades de población a las que

tradicionalmente estuviese adscrito su aprovechamiento, y que

vengan ejerciendo, según los usos y costumbres de la

Comunidad, alguna actividad relacionada con aquellos.”

La no asignación de cuotas indica que finalmente se asumió el

origen germánico de este tipo de propiedad (Raposo Arceo J.J., 1995),

aunque hay tesis que defienden su origen románico. De hecho,

existen montes que son copropiedad de una comunidad campesina

que reconoce cuotas diferenciales en el acceso al monte para la

realización de estivadas, en función de la pertenencia a una casa,

21



parentela o linaje, y permaneciendo proindiviso para el

apacentamiento de ganados y la obtención de esquilmes. Son los

conocidos como montes de varas o voces. En ellos, los derechos son

transmitidos por herencia, lo que restringe su acceso, a no ser que se

adquiera por medio de compra a un reconocido copartícipe.

Mayoritariamente estos montes se distribuían por la mitad Norte de

Galicia y como consecuencia del proceso privatizador de éstos,

quedan actúalmente reducidos a zonas del Norte y Nordeste de

Galicia (Marey M.F., 2003).

Queda definitivamente asentada, pues, la propiedad a favor de

las comunidades vecinales.

De todas formas la primera de las condiciones - no exenta de

ambigüedad en su formulación legal, lo que da lugar a gran variedad

de soluciones prácticas- requiere tener la residencia habitual en las

entidades de población a las que el monte está adscrito y contar con

“casa abierta” en esas entidades. Es la vecindad de hecho, la

residencia como hecho físico - y no la vecinanza como hecho formal,

con registro administrativo- el elemento constitutivo de la relación

entre el vecino y el aprovechamiento y la propiedad del monte.

En lo que se refiere a la segunda de las condiciones - venir

ejerciendo, como titular de una unidad económica, alguna actividad

relacionada con el monte conforme a los usos y costumbres del

grupo- delega en la propia comunidad, a través de sus propias

normas o por acuerdo de sus órganos de representación y/o gobierno,

la competencia para, en último término, definir, ya sea en un sentido

mas amplio o en un sentido mas estricto, la condición requerida:

puede implicar o nó la profesionalidad agraria del vecino; el tipo de

aprovechamiento exigible a cada vecino es indeterminado ,no

necesariamente ha de ser directo ni conforme a los usos

tradicionales; quedando abierta a la regulación de cada comunidad y

a la decisión de cada familia quién habrá de ejercer la representación

de la misma salvaguardando, en todo caso, la condición de un único

representante por familia.

22



En síntesis, la delimitación legal de los requisitos para acceder a

la condición de comunero es vaga e imprecisa. Las causas de esa

relativa indefinición hay que buscarlas en la necesidad de reconocer

un sistema de propiedad de origen histórico – pequeñas

comunidades agrarias que poseían conjuntamente y utilizaban

comunalmente el monte, rigiéndose por normas consuetudinarias- y

devolver esa propiedad a unas colectividades que, mientras tanto,

han cambiado mucho.

Reconociendo que los montes gallegos piden un tratamiento

especial, la ley de 1968 disponía que en un plazo de un año, la

Administración Forestal elabore una relación de Montes Vecinales en

Mano Común (previa investigación correspondiente) y se constituyan

los Jurados Provinciales para la calificación de los montes. La

investigación y calificación del monte se hará por el Jurado Provincial

a petición de los vecinos, aunque figuren en los inventarios

municipales, en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, estén

consorciados o repoblados. A pesar de esta premura impuesta por la

Ley de 1968 y la ratificación que supuso la Ley autonómica, el

proceso de catalogación de los MVMC no se ejecutó con la rapidez

que estaba prevista. Es a mediados de los años 70 (sobre todo en la

provincia de Ourense) cuando se llevan a cabo la mayor cantidad de

declaraciones de Montes Vecinales en Mano Común y la consecuente

mayor superficie de monte. El resto de las provincias experimentan

unos procesos clasificatorios un poco más tardíos. Será a partir de

comienzos de los años 80 cuando el proceso se relentiza, continuando

hasta nuestros días, en que se siguen declarando MVMC.

4.5.2. Problemas y tendencias de gestión actuales

4.5.2.1. Tendencias

Marey M.F., 2003 muestra en su trabajo como en aquellos

municipios con mayor superficie forestal privada colectiva, la

23



superficie dedicada a usos agroganaderos disminuye, existiendo pues

una correlación negativa.

El mismo trabajo muestra que aquellos municipios de mayor

porcentaje de uso comunal se corresponden con los que presentan

mayores superficies dedicadas a monte desarbolado frente a aquéllos

de propiedad claramente particular. Se pone de manifiesto como la

pérdida de continuidad generacional en la gestión comunal de los

MVMC ha supuesto que en los últimos 30 años, el despoblamiento

rural origine fuertes caídas en la inversión en los terrenos comunales

ante la imposibilidad de disfrutar de las rentas forestales obtenidas.

Esto desemboca en que la superficie desarbolada se incremente en

aquellos municipios donde la representación superficial de MVMC es

también mayor por abandono de actividades agroganaderas propias

de estos terrenos. Se verifica de nuevo la correlación existente,

donde el incremento del terreno comunal supone un menor

porcentaje de terreno arbolado sobre el total forestal municipal.

Además, se puede observar como en los municipios con menor

proporción de MVMC, la representación superficial de las masas

arboladas productivas (Pinus pinaster Ait., Pinus radiata (D.) Don.,

Eucalyptus globulus Labill. y especies del género Populus sp) son

mayores.

Exceptuando la provincia de A Coruña, es la forma de gestión

directa por parte de la comunidad propietaria del monte la fórmula

más utilizada, destacando de forma importante las provincias del sur

de Galicia sobre las del norte (Grupo de Estudios dos Montes Veciñais

en Man Común do IDEGA, 2001c). El 45 % de la superficie vecinal

gallega está gestionada de forma indirecta a través de convenios (la

fórmula más ampliamente extendida) o de consorcios.

Los resultados obtenidos de la encuesta a presidentes y

secretarios de las Juntas Rectoras de las comunidades de montes, en

relación a los principales ítems de cada uno de los diferentes

apartados, se presentan a continuación.

24



Con relación al historial del MVMC, la primera pregunta está

referida a la utilización del monte vecinal a mediados del siglo XX. Se

observa como el uso mayoritario era el pastoreo, con un 38,31% de la

superficie dedicada a este uso. En segundo lugar se situaba con un

25% el arbolado, principalmente para el aprovechamiento de leñas.

En este punto señalar como a pesar de que el suelo era del conjunto

de vecinos, los árboles eran en la mayoría de los casos propiedad

individual. Como usos importantes, aunque ya minoritarios, se

situaban el cereal, principalmente centeno, con un 19% de la

superficie y, por último, la superficie destinada a la producción de

vegetación para cama del ganado con un 11%.

Relacionado con la gestión y organización del monte, la primera

pregunta analizada en este apartado, dirigida a conocer la visión que

los cuadros directivos de la Junta Rectora tienen del MVMC y en la que

se les permite seleccionar entre 4 respuestas alternativas o aportar

ellos otra respuesta, hay que señalar que para más de un 50% de los

encuestados la frase que mejor se acomoda a la visión que ellos

tienen de su monte vecinal es la de “Una explotación conjunta de

todos los vecinos”. Para algo más del 25% la frase sería la de “Una

actividad complementaria y poco explotada”. Como respuestas

minoritarias se sitúan la consideración del monte como un legado de

sus antepasados, con la consideración de otra finca más de su

propiedad, que solamente comparten un 11% de los encuestados,

siendo la opción menos compartida la que considera al monte vecinal

como una carga para los vecinos, que no se podrá explotar

correctamente si previamente no es dividida entre ellos, opinión

compartida por poco más del 2% de los encuestados.

La segunda pregunta relacionada con la gestión del monte está

orientada a conocer la participación de los comuneros en la

organización del Monte Vecinal en Mano Común. El resultado más

significativo es que en un 54% de las comunidades más del 50% de

los comuneros asisten habitualmente a las asambleas que se realizan.

En un 43% de las comunidades entre un 25% y un 50% de los

25



comuneros participan en las asambleas y tan sólo en el 3% de las

comunidades el porcentaje de comuneros que asiste es menor del

25%.

La tercera pregunta relacionada con la gestión de este tipo de

propiedad vecinal, está relacionada con la elaboración de planes de

actividades anuales. La respuesta de los gestores son desalentadoras,

ya que en un 68,5% de los casos no se elabora ningún tipo de plan de

gestión para el monte y tan sólo es realizado en un 25,7% de los

casos.

En la misma línea de la gestión y para aquellas comunidades en

las que existe total o parcialmente un acuerdo de consorcio o

convenio con la Administración Forestal, se observa como esta

presenta a la Junta Rectora un informe de las actuaciones previstas

en el monte de forma anual en el 62,5% de los casos y no lo hace en

el restante número de montes.

Una de las cuestiones más importantes que se plantea en la

actualidad en los MVMC es la posible evolución futura de la figura de

propiedad. Los resultados obtenidos indican que más del 82% de los

presidentes y secretarios de comunidades son favorables a que los

MVMC permanezcan en la misma figura y con la misma categoría y la

misma titularidad que en la actualidad, frente a un 17% que

consideran que su estatus actual no es el adecuado y que debe de ser

cambiado.

A la pregunta de cual debería de ser el nuevo estatus para el

monte vecinal, para el 100% de los que sostienen la necesidad de un

cambio, este pasaría por dividir el monte entre los actuales

comuneros, esto es, continuar con las actividades de partición de

MVMC desarrolladas desde comienzos hasta mediados del siglo XX.

Los dirigentes de la Junta Rectora aportan información sobre lo que

en su opinión piensan los comuneros. En su opinión las dos terceras

partes de los comuneros están de acuerdo en mantener la titularidad

del monte vecinal en mano común, mientras que un 20%, consideran

26



que los comuneros actuales serían más favorables a dividir el monte y

un 15% no saben cual es la opinión mayoritaria de los comuneros.

Entrando ya en el apartado relativo a la economía del monte, se

establece una división entre aquellas comunidades que reciben

rentas del monte en el último periodo de 5 años y aquellas otras que

no lo han hecho. En el primer grupo se encuentran el 73% de las

comunidades, mientras que en el segundo grupo se sitúa el restante

27%. El recibir dinero del monte vecinal de forma continua en el

tiempo es uno de los aspectos que más incide en el estado de

satisfacción de las comunidades. Los ingresos han procedido

mayoritariamente en un 68% de las corta de madera y tan sólo en un

32% de rentas por el alquiler de terrenos para compañías de telefonía

o minería (y más recientemente parques eólicos).

Con las sucesivas leyes de ordenación territorial y del suelo se

ha venido coartando en los últimos años la vocación tradicional de

uso múltiple de los MVMC, dando más importancia al uso forestal para

madera. La Ley 9/2002 de ordenación urbanística y de protección del

medio rural de Galicia, en vigor actualmente, en su artículo 32 integra

a los MVMC en la categoría de suelo rural de protección forestal, con

las limitaciones de usos que eso conlleva (artículo 37). Sin embargo

en las modificaciones a esta ley que se están preparando se

contempla ya la posibilidad de al elaborar los Planes Generales de

Ordenación Municipal incluir estos montes en otras categorías de

suelo rústico especialmente protegido que se consideren más

adecuadas (incluso podría incluirse una nueva si es aceptada en la

aprobación del Plan), lo que puede facilitar una gestión para uso

múltiple y, sobre todo, más acorde con las necesidades de cada zona.

4.5.2.2. Problemas

-No existe una delimitación clara de los montes (Valcárcel E.,

2003), con el problema añadido de la no coincidencia de los datos del

Catastro y los de los Jurado Provinciales de MVMC. Esta delimitación

27



sería interesante para evitar litigios por la propiedad e incluso en

algunos casos invasiones y ocupaciones de las que se dan

habitualmente (a veces permitidas por la comunidad), y facilitaría el

ordenamiento territorial en general (uno de los problemas

importantes detectados en la ordenación de las zonas rústicas es esta

ambigüedad en la delimitación de los MVMC).

- Se ha detectado falta de gestión y abandono en muchas zonas

donde las superficies vecinales, con grandes potencialidades, no

suscitan la autoorganización de las comunidades o son

infraexplotadas (Grupo de Estudios dos Montes Veciñais en Man

Común do IDEGA, 2001b).

- Ambigüedad en los estatutos de las comunidades (derivada de

la existente en la normativa) de algunos aspectos acerca de

vecindad, uso del monte, etc., debido a que en muchos casos han

sido redactados sin criterios concretos para cada monte.

- La ley no delimita claramente indicadores para determinar el

estado de grave abandono o degradación, que según el art.28 de la

Ley 13/89 deberían establecerse periódicamente. La declaración de

un MVMC en estado de grave abandono o degradación haría que la

Administración tuviera potestad para aplicar en él un Plan de Mejora y

Aprovechamiento, de forma que sería prácticamente como un

convenio forzoso. Además todavía existe poca información por parte

de la Administración sobre actuaciones y rendimientos esperados en

montes conveniados o consorciados, de los que la comunidad sería

copartícipe y se vería más motivada para conseguirlos (como se

comentó de los resultados de la encuesta).

- Las propuestas de uso a largo plazo en los MVMC (por ejemplo

el forestal) en ocasiones pueden ser complicadas de defender si el

reemplazo generacional de la comunidad no está asegurado, debido a

que el aprovechamiento posterior no será para los herederos, sino

para los que para entonces estén reconocidos como comuneros, a

diferencia de lo que ocurre en la propiedad privada particular.

28



Estos problemas han provocado en muchas ocasiones que se

incumplan las condiciones para buen funcionamiento de la gestión

comunal mencionadas anteriormente, lo que origina una “tragedia de

los comunes gallega”, cristalizada en el dicho popular de “cousas do

común, cousas de ningún”, y que han hecho y hacen que en muchas

zonas los montes vecinales estén claramente infrautilizados (Grupo

de Estudios dos Montes Veciñais en Man Común do IDEGA, 2001a),

(Marey M.F., 2003).

5. CONCLUSIONES

- La gestión comunal del territorio posee un alto potencial para

contribuir al uso múltiple y gestión sostenible del mismo.

- El tema del manejo comunitario de bosques esté en debate y

se hacen esfuerzos para llevar a buen término muchas iniciativas al

respecto en todo el mundo. Sin embargo, todavía es necesario

superar los obstáculos político institucionales y financieros que

existen. En este sentido, el Estado desempeña siempre un papel

clave, principalmente en lo que concierne a la revisión de las

exigencias legales para la aprobación de planes de gestión

promovidos por las comunidades.

- El asunto de la legalización de la propiedad con documentos y

deslindes llega tras un primer paso de reconocimiento de la

capacidad de gestión a las comunidades, aunque algunos problemas

estén agravados por inseguridad en tenencia (De Soto H., 2000).

- No se detectan diferencias respecto a metodologías generales

de gestión entre comunidades indígena y comuneros no

pertenecientes a minorías étnicas. Las diferencias son específicas

entre las distintas zonas y no están tanto vinculadas al hecho étnico

como al de los derechos de gestión tradicional, por ejemplo en la

regulación de usos por la comunidad, ya sea por reparto,

indivisibilidad, vínculo por vecindad y no simplemente por herencia,

etc., o las distintas opciones de uso (que no son las mismas en los

29



países en vías de desarrollo que en los occidentales, pero que no

están vinculadas a la existencia de grupos indígenas).

-Para el buen funcionamiento de la gestión comunal es básico

definir muy bien algunos aspectos (quien tiene derecho a explotar,

cuanto, como, donde, etc.) y quién debe decidir la gestión. A esto

puede ayudar una buena delimitación y cartografía de los terrenos. Es

necesario además tener cuidado de que no se creen expectativas

falsas en las comunidades, acerca del tiempo y esfuerzo que se

requiere para sacar adelante un buen plan de manejo forestal, y los

beneficios que este conllevará.

- Gran implantación histórica de los MVMC como ejemplos de

gestión comunal en Galicia, incluyéndose en el grupo de los

existentes como propiedad comunal históricamente que sigue

funcionando (si bien algunos de ellos entrarían, como se ha dicho, en

el grupo de gestión cedida por las comunidades a la Administración

Pública, o incluso a empresas privadas).

- Los MVMC cuentan con un gran potencial para fijar población

(al contrario que otros tipos de tierras de gestión comunal) por sus

particularidades de estar reconocida legalmente como propiedad

privada colectiva vinculada a la vecindad. Posiblemente sea menos

complicado fijar la población joven de las propias comunidades

mediante políticas apropiadas de ayudas y dinamización de los

MVMC, que la llegada de nuevos comuneros, lo que puede ocasionar

litigios por entender la comunidad que no cumplirían las condiciones

para el aprovechamiento aprobadas en los estatutos debido a su

ambigüedad.

-Potencial de MVMC para aplicar modelos de gestión

multiobjetivo por la componente social que representan, su tamaño

respecto a las parcelas particulares en el entorno gallego, así como

por el uso múltiple tradicional en ellos se daba que debe ser

recuperado y adaptado a las necesidades actuales (como Lugares de

Interés Comunitario, turismo, ocio a través de montes periurbanos,

canteras, parques eólicos e incluso usos urbanísticos). Podrían llegar

30



a convertirse en áreas que facilitaran la consecución de equilibrio

territorial.

- Los MVMC presentan también un alto potencial para la

implantación de estrategias participativas de gestión territorial. De la

encuesta se desprende que la gente participa en las asambleas y

abogan mayoritariamente por la continuidad en el régimen actual de

estos montes. A diferencia de lo realizado en el pasado, los gobiernos

deben comenzar a involucrar a la población y las comunidades en la

toma de decisiones, en el diseño y en la implementación de los

programas. La mejor herramienta para el manejo sustentable de los

bosques es el enfoque de 'abajo a arriba'. En términos simples, debe

encomendarse a la gente a que elabore sus propias preferencias en el

manejo de recursos (preferiblemente a través de instituciones

tradicionales ya establecidas, como la Asamblea de Comuneros y la

Junta Rectora elegida por la misma de los MVMC), con asesoría

técnica de la Administración Forestal o empresas contratadas para

ello.

- Como líneas de investigación futuras se podría crear una red

de montes modelo para estudiar por medio de encuestas y trabajo de

campo, que ayuden a definir grupos de MVMC de problemática

similar, para después realizar simulaciones de gestión multicriterio y

multiobjetivo según grupos de montes con problemática y

características similares, que sirvan además para mejorar el marco

legal que los regula. Otra línea importante sería implementar un

sistema mejorado de información cartográfica para este tipo de

montes.

6. AGRADECIMIENTOS

A Manolo y a Rafa, mis tutores, por todo. A la gente del

Laboratorio do Territorio de la USC (somos tantos...). A todos los míos,

por el apoyo (ellos saben quienes son).

31



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PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL VINCULADAS AL TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA: LA GESTIÓN...

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