Las Cosas podrían cambiarGuillermo Lasso el “Bestseller” de la política usurera

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edición 1935del 6 al 12 de enero de 2021

La despenalización del aborto, una conquista histórica de las mujeres pág. 58

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El inicio de un nuevo año viene acompañado de muchas incertidumbres y desconfianza en la población respecto de qué deparan los próximos doce meses. Eso se lee en varios estudios de opinión efectuados los últimos días del 2020, lo cual no resulta distinto a similares materiales de los últimos meses: la mayoría de ecuatorianos no tienen optimismo respecto de que las cosas pueden cambiar positivamente en un futuro inmediato. La gente tendría razón si solo se atiene a lo que ha sido la gestión del actual gobierno y sus anuncios de lo que se propone hacer hasta finalizar el período para el que fue elegido, en próximo mes de mayo; no la tendría si los resultados electorales dan un triunfo a las

Las cosas podrían cambiarED

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fuerzas de izquierda que apoyan a Yaku Pérez y las listas 2.

Este nuevo año sigue marcado por la crisis económica que tiene atrapado al país. El déficit fiscal sigue acompañando al Ecuador y, según datos oficiales –aunque hay analistas que lo ubican en una suma superior- está en algo más de 6 mil millones de dólares, junto a lo cual existen «obligaciones» económicas de al menos 4 mil millones de dólares por deuda con organismos multilaterales y bancos, unos dos mil millones de Cetes (títulos de deuda pública emitidos por el Banco Central) y un monto similar por retrasos en pagos. Desde un inicio de su gestión, el gobierno ha hecho frente a los problemas fiscales con más endeudamiento y con recortes presupuestarios, y no hay nada que indique que ahora iría por otro camino. Moreno ha profundizado una crisis que inició con quien le puso en el Palacio de Gobierno, Rafael Correa.

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Ante un escenario como este, los empresarios y los analistas económicos burgueses insisten en la necesidad de mantener políticas restrictivas más fuertes, castigar con impuestos a la población –elevando el IVA, por ejemplo- o dando mayores facilidades para la inversión extranjera y la repatriación de capitales. Nada de esto resuelve el problema, se lo ha hecho ya durante este gobierno y en anteriores también y el resultado siempre fue el mismo: las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo resultaron más afectadas y, en contraparte, los poderosos grupos económicos criollos y extranjeros han obtenido enormes beneficios.

El panorama del país se mantendrá oscuro si se permite que los mismos de siempre, los dueños del capital, mantengan las riendas del gobierno. En este año las cosas podrían cambiar.

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Con la mira puesta en los objetivos

estratégicos

El país se encuentra inmerso en un nuevo proceso político electoral que, debido a las circunstancias que vive el país y el mundo, determinadas por la pandemia del Covid 19, tiene muchas particularidades en su desenvolvimiento, inclusive en las normas establecidas por el Consejo Nacional Electoral para su desarrollo. Ha sido común en procesos anteriores que un alto

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número de personas deje para los últimos días la definición de cómo orientará su voto, pero, al parecer, ahora ese índice es mayor; la gente está más preocupada por resolver problemas urgentes relacionados con la subsistencia, la búsqueda de empleo y de ingresos económicos para hacer frente al día a día y otros aspectos resultantes de la crisis económica que golpea con dureza.

Nosotros, es decir nuestro Partido, estamos también inmersos en este suceso. Hace tiempo definimos una postura concreta, que ha orientado nuestro trabajo en esta temporada, que bien puede resumirse así: trabajar por la unidad de las fuerzas populares y políticas de izquierda y progresistas para presentar una propuesta político electoral que represente los intereses económico, políticos y sociales de los sectores populares, que defienda la soberanía del país y se proponga ejecutar un programa orientado

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a provocar un verdadero cambio en el país. Ese proyecto ahora existe, tiene a Yaku Pérez como su candidato presidencial y a quienes integran las listas 2, de Unidad Popular, como los candidatos para la Asamblea Nacional y el Parlamento Andino.

Como en todo momento, el quehacer político de nuestro Partido tiene presente el objetivo estratégico para el cual existe y por el que lucha, esto es, llevar a la victorial la revolución social del proletariado. Nuestra participación en esta lid debe saber combinar adecuadamente el trabajo para lograr una victoria político-electoral, es decir en esta etapa llevar a Yaku a la segunda vuelta electoral y lograr el mayor número posible de representantes de la lista 2 en la Asamblea Nacional y en el Parlamento Andino y, al mismo tiempo, avanzar en la concientización política y

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organización de los trabajadores y el pueblo, fortalecer las organizaciones populares y políticas en las que actuamos, ampliar la influencia y la estructura organizativa del Parido, en síntesis, acumular fuerzas para la revolución.

Bien podríamos decir lo anterior con otras palabras: al tiempo que pedimos y conquistamos adhesión y votos para las candidaturas de Yaku y las listas 2, debemos trabajar para que una franja se adhiera también a los ideales revolucionarios, a la lucha política en contra de la dominación del capital.

La discusión que sobre las propuestas programáticas desarrollamos en los sectores de masas en donde actuamos, para obtener el apoyo electoral, es un nivel de relación que debe complementarse con un trabajo para que esos sectores se conviertan en activistas de la

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campaña. La millonaria inversión que los partidos de la burguesía realizan montando sus empresas electorales, debemos enfrentarla con la incorporación de las masas a la actividad político-electoral, organizándolos en comités o grupos de apoyo a nuestras candidaturas, fortaleciendo la estructura y mejorando el funcionamiento de las organizaciones en donde actuamos y orientándolas para que se conviertan en soportes de la campaña.

En esta actividad, como en toda acción y lucha que desplegamos, debe estar presente un elemento fundamental en nuestra concepción política: las masas son el motor fundamental de todo proceso político-social. Para muchos sectores, su participación en este proceso electoral puede ser su primer acercamiento a la acción política, y debemos trabajar para que no sea el primero y último,

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sino la puerta de entrada para su incorporación a la acción política revolucionaria. La participación electoral, a más de victorias en las representaciones que están en juego, deben dejarnos un Partido con mayor incidencia ideológica y política entre los trabajadores y el pueblo, más fortalecido, más numeroso, con cuadros y militantes más experimentados.

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Guillermo Lasso el “Bestseller” de la política

usurera

Se denomina bestseller aquella obra o producto que se ha constituido en un éxito en ventas, por lo común este logro se debe a una buena estrategia de marketing, ya que estas obras no se encuentran relacionadas con la calidad o con el reconocimiento de la crítica. Tradicionalmente, los bestseller se vinculan con obras literarias o grabaciones discográficas, pero en la actualidad, muchos productos de diferente índole puede adquirir esta

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característica, de muestra tenemos un botón: en el proceso electoral que se va a realizar en el presente año y es el manejo de la campaña del candidato de la derecha Guillermo Lasso del movimiento CREO, el cual, mediante una exitosa estrategia de marketing, se ha convertido en un producto que pretende ser vendido a los ciudadanos del Ecuador, manipulando su imagen y transformándolo de un usurero que es, en un exitoso personaje, vendiendo la idea de que es la opción idónea para ocupar el puesto de presidente o es el personaje que requiere el Ecuador.

Lo que pretende vender el candidato Lasso y su equipo de marketing, es un supuesto príncipe azul, que salió de las entrañas de la pobreza y que, con buenas ideas e intenciones, logró alcanzar el éxito que le llevó a ser candidato a la presidencia. Pero lo que en realidad callan o se hacen de la vista gorda, es cómo Guillermo Lasso ha sido parte, representante y gestor de varias de las políticas que han impulsado los

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gobiernos de turno, es decir es uno de los responsables de la actual situación que vive el Ecuador y que, bajo esas líneas, este personaje ha sabido sacar provecho en su beneficio y engordar sus arcas financieras. Muchos ciudadanos de las generaciones actuales le conocen a Lasso como el tres veces candidato y dos de ellas, hasta el momento, se ha constituido como el candidato perdedor y que, en cada uno de sus procesos electorales, tiene como propuesta de campaña el “cambio” en sus diferentes variantes: “capacidad para cambiar” (2013), “vamos por el cambio” (2017) y en esta última elección “unidos por el cambio” (2021).

En sus múltiples variantes de la propuesta de “el cambio” no explica qué tipo de cambio es el que se busca, por lo que se puede deducir, conociendo el pasado político de Lasso, que este no es un cambio persé, sino que busca arreglar los intereses económicos y políticos de Lasso y su grupo monopólico.

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Este argumento se puede confirmar si revisamos la práctica política que ha tenido Guillermo Lasso al realizar uno de los primeros pasos que tuvo en el apoyo a la campaña presidencial de Jamil Mahuad, en aquella ocasión entregó la suma de 500 millones de sucres, que significarían 91 800,39 dólares, con ello compró no sólo uno sino dos puesto en el gobierno de Mahuad, el primero fue de gobernador del Guayas y después como súper Ministro de Economía.

En este último cargo tiene dos grandes elementos que conforman su carta de presentación en la conducción de este Ministerio. Por un lado, se encuentra el aumentar el impuesto del IVA del 10% al 12%, por otro es uno de los responsables de crisis financiera denominado “Feriado Bancario”, en el que miles de personas quedaron sin sus ahorros, mientras tanto Guillermo Lasso como presidente del Banco de Guayaquil, canjeó la mayor cantidad de Certificados de Depósitos Reprogramables (CDRs) a la Corporación Financiera Nacional (CFN), con la cual

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obtuvo grandes beneficios monetarios para esta institución bancaria. Su participación en el Estado continuó y formó parte del gobierno de Gutiérrez como embajador itinerante en Washington y asesor económico, teniendo como cargo principal el de planear la reunión entre Lucio y Bush, con ello se llegó al acuerdo con el FMI para adquirir un préstamo de 200 millones con la condición de alcanzar un superávit del 1% o 2%. Para ello se recurrió al aumento del precio de los combustibles y reducciones de los subsidios del gas y la electricidad, así se incrementó los pasajes de 12 centavos a 25.

Lasso financió la primera campaña política de Rafael Correa y este último le pagó de una gran manera, ya que Guillermo Lasso fue beneficiado por las políticas y el accionar de la mal llamada revolución ciudadana. Por ejemplo, el Banco de Guayaquil -del cual Guillermo Lasso es su líder- “…ganó 98 millones 102 mil dólares en el año 2011, merced a las regulaciones y tratos de la revolución

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ciudadana, ello entraña que cada día obtuvo en beneficios el monto de USD 268.772,6 (doscientos sesenta y ocho mil setecientos setenta y dos dólares con seis centavos). Cada hora, día y noche, la ganancia alcanza a los USD 11.198,85 (¡once mil ciento noventa y ocho dólares la hora!) …” (https://kaosenlared.net/mayor-ganancia-de-la-historia-de-la-banca-y-grupos-f-cticos-con-rafael-correa/)Es así que la revisión del historial político de Lasso, vemos cómo su idea ficticia de que él ha forjado su riqueza, se queda en un buen cuento como en las películas de Disney, ya que la realidad nos confirma que él ha logrado incrementar sus riquezas mantenido prácticas usureras con la ayuda del Estado capitalista. Por ello Guillermo Lasso es un bestseller de usura capitalista y las artimañas que tienen las clases dominantes para incrementar sus arcas con los dineros de los trabajadores y los pueblos.

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Economía en retroceso

Al terminar el año 2019, la economía ecuatoriana tuvo una contracción del 1% del PIB, lo que, unido a reducidos crecimientos de años anteriores, confirma que Ecuador atravesaba problemas económicos que se profundizaron y, de hecho, impidieron afrontar la grave situación provocada por la pandemia.

El referente económico para los sectores populares, el salario, apenas se incrementó en cuatro dólares, pasando

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a 400 mensuales, con el justificativo oficial de que la inflación para el 2019 fue negativa en 0.07% y, por tanto, al ser ese el principal indicador para definir el incremento salarial, el sueldo, según los empresarios, no debía incrementarse. De esta manera se volvió a imponer un salario que no alcanza para cubrir las necesidades de la familia, cuya canasta básica (productos y servicios que cubren las necesidades familiares), ascendió a 715 dólares y que, según el INEC, finalizará el año 2020 en torno a los 711 dólares, razón por la cual, además de la recesión económica, justifica -para el gobierno y empresarios-la decisión de no incrementar los salarios para el 2021.Las estadísticas oficiales, presuponen desde hace décadas, que en cada familia compuesta de cuatro miembros, 1.6 integrantes tiene empleo adecuado y, por tanto, el conjunto de ingresos familiares alcanza -y sobra- para cubrir la canasta básica, pero, ese indicador se mantiene en el mismo nivel ahora que el país sufre una ola de desempleo que, según la OIT llegará a más de 850 mil desempleados

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a fines del 2020. Por tanto, las familias tienen menos ingresos haciendo indispensable que el gobierno aplique políticas económicas que enfrenten esta situación. Pero el régimen de Moreno no lo ha hecho, lo que conllevará a que el 2021, la crítica situación económica de la enorme mayoría de familias ecuatorianas que les ha tocado sufrir grandes restricciones en el 2020, se agrave aún más.Creciente desempleo y pobreza

Oficialmente, el desempleo nunca ha superado el 10%, a excepción del bimestre mayo-junio donde se ubicó en el 13.3%, momentos en los que se reconoció que más de un millón de personas estaban sin empleo. Al finalizar el 2020, este indicador probablemente se ubicará en torno a los 5 puntos, mientras en septiembre estuvo en 6.6%. Es un indicador que no recoge la realidad, sino el interés del gobierno de demostrar que la situación supuestamente está controlada con un bajo índice de desempleo. La respuesta a una pregunta

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realizada a quienes no tienen empleo es lapidaria: “no cree poder encontrar trabajo y piensa que no le darán trabajo”, debido a sus anteriores experiencias. Esto conlleva un comportamiento del desempleado que se refleja en las estadísticas: ya no busca emplearse, pasa a formar parte de la población económicamente inactiva o de quienes tienen empleo inadecuado.

En ese contexto la pobreza, que tenía tendencia a incrementarse, con el impacto de la pandemia, se disparará, aunque esto no es aceptado por el gobierno que sostiene que se incrementará en un 6%, lo que, siendo grave, dista bastante de lo que realmente se percibe. A diciembre 2019 la pobreza multidimensional llegó al 38%, mientras la pobreza extrema alcanzó el 17%. Se puede afirmar que cerca de un cuarto de la población ecuatoriana se ubicaría por debajo de la línea de pobreza extrema.

La pandemia fue la justificación para emitir disposiciones, como la ley humanitaria, que promovieron el trabajo precario y facilitaron el despido de

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trabajadores, mientras no se destinaron los recursos económicos para enfrentar el problema sanitario, al punto que el sector salud sufrió una reducción del 12% respecto del año anterior, confirmando la denuncia del desentendimiento que el gobierno tuvo respecto de las urgencias médicas que vivió el país.No todos sufren

No todos los sectores económicos han sufrido, en iguales magnitudes, el impacto de la actual situación. La devaluación del dólar provocó que las exportaciones ecuatorianas sean más competitivas. En medio de la pandemia principalmente los floricultores, camaroneros -10% de aumento respecto de las ventas del año interior- han incrementado sus ingresos y son quienes, junto con las empresas farmacéuticas, telefónicas, cadenas de supermercados, mineras, entre otros sectores, no han recibido el impacto de la crisis.

La balanza de pagos, por efectos del incremento de las exportaciones en el

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último año, es favorable para el país, sin embargo, no logra compensar las constantes balanzas negativas de períodos anteriores, lo que se traduce en un desangre constante que por impacto del alto nivel de importaciones pone en riesgo la dolarización, que los tratados de libre comercio no han contribuido a estabilizar.Creciente deuda

El ministerio de Finanzas, a noviembre, reconoce una deuda pública de 57336 millones de dólares y solo un incremento de este rubro de 2586 millones, de los cuales 1726 millones corresponden a deuda interna. Es decir, los grandes movimientos de deuda externa que se promocionaron durante todo el 2020, no están reflejados en los datos oficiales. Los desembolsos recibidos ascienden a 5651 millones, pero los prestamos negociados superan los 9000 millones de dólares.

El acuerdo que el gobierno firmó con el FMI, que a inicios del 2020 estaba en proceso de incumplimiento, fue reemplazado por uno nuevo, bajo las

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condiciones impuestas por la nueva realidad de la pandemia que trajo aparejada una renegociación de buena parte de la deuda externa y la contratación de una nueva por 6500 millones de dólares, dejando de lado las propuestas de las organizaciones sociales que exigían declarar la moratoria de la deuda externa, para destinar esos recursos a la recuperación económica del país.La proyección del decrecimiento económico ecuatoriano en el 2020 está por el 10%, lo que implica que el peso de la deuda pública superará el 70% del PIB, poniendo al Ecuador entre los países más endeudados de Latinoamérica.

En el 2020, la aplicación de las políticas neoliberales tuvo en la pandemia la justificación ideal para ejecutarse, dejando a las clases sociales trabajadoras en peores condiciones que antes, mientras la burguesía aprovechó la oportunidad para imponerse.

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El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió una nueva resolución en la que se establece en 11212 dólares la base imponible a partir de la cual los ecuatorianos deben pagar el impuesto a la renta. Este valor, para el 2020, estuvo en 11315 dólares, la disminución se atribuye a que la inflación fue negativa y, por tanto, según el SRI, los egresos de familias y personas son inferiores, lo que se traduce en que, en consecuencia, pueden pagar más

Impuestos, mecanismo para beneficiar a quienes

más tienen

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impuestos. Pero oculta una realidad que la inflación negativa se presentó debido a la reducida capacidad de compra de los ecuatorianos, por lo que los comerciantes y fabricantes debieron quedarse con sus productos. Entonces la salida no es tratar de obtener recursos para el Estado de donde no hay, sino tratar de mejorar las condiciones de vida de la gente y con ello su capacidad de compra.

La definición de esta nueva base imponible, que representa la continuidad en la aplicación de la política tributaria, amplía la base de contribuyentes, como es el caso de la reciente inclusión de los artistas populares como microempresarios, perjudicando a sus reducidos ingresos, o el caso de los empleados que obtienen ingresos superiores a los 935 dólares mensuales con los que llegan a la base imponible y debe pagar impuesto a la renta.

En su lugar el gobierno debería buscar otras alternativas que pueden ser más

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efectivas en términos de aumentar la recaudación del impuesto a la renta, como es el caso de propio incremento del porcentaje del impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio superior al millón de dólares, entre otras iniciativas que rinden más y afectan a quienes más tienen, que es el concepto de la imposición directa.

Concretamente, las ventajas que en la actualidad tienen las empresas, especialmente las grandes, resultan ser un atentado a los intereses del país y un mecanismo de reducción de la recaudación que, obviamente, aumenta las ganancias empresariales.

Lo anterior se puede confirmar cuando, para atraer inversión extranjera, a inicios del gobierno del presidente Lenín Moreno, se aprobó una ley que exonera del pago del impuesto a la renta entre 5 y 12 años a las empresas que realicen nuevas inversiones. Esto se ha traducido en el cierre de muchas empresas, que luego vuelven a aparecer como “nueva”

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inversión, logrando así exonerarse del pago del impuesto a la renta.

Pero hay más. Es común que la contabilidad empresarial incluya los gastos personales y familiares de sus propietarios y altos funcionarios, lo que aumenta sus egresos reduciendo la base imponible en perjuicio al Estado. Es cierto que se han aplicado varios controles para evitar esta práctica, pero las empresas utilizan mecanismos más sofisticados.

Las denominadas Asociaciones Público-Privadas, que los recientes gobiernos están muy empeñados en impulsar, también incluye la exoneración del pago del impuesto a la renta por diez años, igual plazo que se les entrega a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico. Los fondos de inversión y los fideicomisos son mecanismos utilizados para beneficiarse de la exoneración indefinida del pago de este impuesto, es el caso de los beneficios

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obtenidos de las inversiones de renta fija negociado a través de la Bolsa de Valores o del Registro Especial Bursátil. O las inversiones “no monetarias” realizadas por empresas contratadas por el Estado para realizar exploración y explotación petrolera.A todo lo anterior se añade la decisión de mantener el porcentaje del impuesto a la renta en el 25% de los ingresos empresariales luego de reducir los gastos, que generalmente son muy elevados, en momentos que las necesidades del Estado para enfrentar la pandemia son enormes.

Según estudios realizados por el propio Ministerio de Finanzas este tipo de beneficios, conocidos como gasto tributario, anualmente suman valores en torno a los cinco mil millones de dólares y llegan en porcentajes superiores al 50% a las grandes corporaciones, apenas un porcentaje inferior al 10% llega a sectores que realmente lo necesitan, pero la injusticia de la forma en que se maneja la tributación en el Ecuador se confirma cuando de las exenciones tributarias el

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98% llega a personas que tienen ingresos superiores a doce mil dólares anuales.

La política tributaria que se aplica en Ecuador contribuye a la acumulación y enriquecimiento empresarial y de sus ejecutivos, aunque estos siempre pugnen por más y cuestionen las políticas gubernamentales, lo cierto es que la burguesía es, y de largo, la beneficiaria.

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La pandemia desnuda la incapacidad

del gobierno

Ya no es extraño que el gobierno morenista y del empresariado, una vez más, “haya metido la pata”, como dice nuestro pueblo, pues nada o casi nada le ha salido a Moreno y sus huestes. Esta vez, el error fue de doble filo, por un lado, el acudir de forma desesperada a declarar un nuevo estado de excepción para todo el territorio nacional, no era sino el epílogo de un fracaso rotundo frente al avance del coronavirus, para lo cual se pretendió justificar la medida

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expresando los temores creados por aglomeraciones que se darían en los festejos de navidad y fin de año. Lo risible es que, el pasado fin de semana, primero días de enero 2021, la Corte Constitucional, de forma olímpica y mediante un documento extenso, acabó por dictaminar la inconstitucionalidad del decreto de Moreno, vale decir, cuando prácticamente los festejos y temores del gobierno habían terminado.

El decretar estado de excepción basados en suposiciones y temores, claro que no tiene ningún viso de legalidad, pero, más allá de esta consideración, el hecho fundamental radica en que el combate a la pandemia requería, y requiere, de medidas que tengan relación con la bioseguridad, el equipamiento a los hospitales, clínicas y centros de salud. Mucho se oye hablar, y a diario, sobre que el sistema de salud está colapsado, que no hay camas disponibles y que las UCIs ya no dan para más. En definitiva, los miles de contagios que a diario se dan no es más que por el fracaso de las

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medidas tomadas por los entes de salud. Vale decir, el haber privilegiado el pago de la deuda externa en lugar de destinar los recursos a la atención de las ingentes necesidades del sector salud, lo que explica el porqué del acelerado contagio de los pobladores de todo el país, principalmente de gente trabajadora, de aquellos que tienen que obligadamente buscar el pan de cada día en el comercio informal, vale decir en la calle y es a quienes la gendarmería municipal o nacional, los reprime, les arrebatan su mercancía, les impiden el derecho al trabajo.El trasfondo de todo aquello no era sino el ocultar ciertas obligaciones del gobierno, tal como el pago de los décimos, por ejemplo, para lo cual Moreno tomó medidas drásticas y autoritarias, las mismas que la Corte Constitucional, al apuro y a destiempo fueron declaradas inconstitucionales, gracias a la maniobra de la integrante de la Corte, Carmen Corral, que ya no pudo ocultar su acuerdo con el gobierno de turno y por cuya acción como es la de

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entregar su notificación a última hora, por ello oes que dicho dictamen se hizo recién el pasado 2 de enero.La pandemia no se lo combate con medidas represivas y restrictivas, con oportunidad se debió destinar todos los recursos posibles para la compra de medicamentos e insumos de bioseguridad, así como se debió brindar la estabilidad al personal médico que desde el inicio de la pandemia se puso en primera fila. Moreno, para nuestra desgracia, ha hecho todo lo contrario: acaba de desplazar de sus puestos de trabajo a más de un centenar de personal médico y de salud, lo que resulta inhumano y propio de regímenes a quienes les importa un comino la vida, la salud, el trabajo y la alimentación de la población ecuatoriana.

Repugna ver las vacilaciones, los enredos y las contradicciones entre los propios miembros del gobierno cuando se refieren a los problemas que rodean a la pandemia. Así, por ejemplo, no hay una decisión en firme respecto de destinar

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todos los recursos que sean necesarios para la adquisición de las vacunas contra el covid19, lo escamotean de forma miserable, a sabiendas que las cantidades que han anunciado en adquirirlas serán insuficientes, más cuando se sabe que serán necesarias dos dosis para cada vacunado. Y lo que piensan adquirir, si es que es cierto, 50.000, dosis no alcanzaría ni siquiera para el sector médico, policía, personal de salubridad, menos si se incluye a la población vulnerable. La demagogia es el barniz con lo cual Moreno y sus adláteres pretenden esconder sus errores cotidianos.

Si el gobierno admite que la salud es lo primero, tiene que dar muestras de aquello, por lo que si son doscientos o trescientos millones de dólares los que se van a necesitar para la adquisición de vacunas, no se debe escatimar ningún esfuerzo. El no hacerlo significará que Moreno no es sino un vulgar demagogo y farsante.

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Si algo bueno deja el 2020 es la sentencia por el caso sobornos en contra de la red de corrupción liderada por el ex presidente Rafael Correa, entre los años 2012 y 2016. Correa fue condenado por el delito de cohecho a 8 años de cárcel, a la pérdida de los derechos de ciudadanía por los 25 años siguientes, así como a la reparación integral mediante la publicación de los sustentos de la sentencia y al pago de USD 14 millones 700 mil dólares, entre todos sus compinches.

Inicia ejecución de sanciones en Caso

Sobornos

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Esa sentencia se ejecutó en parte el 21 de diciembre, con el develamiento de una placa de la corrupción del Caso Sobornos 2012-2016 en la fachada norte del Palacio de Carondelet, en la cual se lee: “Los recursos públicos siempre deben ser administrados honradamente. El servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de ética”. El cumplimiento de la sentencia, su ejecución, lleva un mensaje claro para aquellos que quieren aprovecharse de sus cargos para festinarse los recursos públicos pero también destaca el trabajo diario de miles y millones de obreros, campesinos, mujeres, jóvenes, ambientalistas de actuación esforzada, honesta, respetuosa de los derechos.

Es necesario que la memoria histórica prevalezca y nuestro pueblo recuerde que junto a Rafael Correa actuó una banda de asaltantes integrada por altos funcionarios del correísmo como Jorge Glas, ex vicepresidente de la República, exministros como María de los Ángeles

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Duarte, Walter Solís Valarezo, Vinicio Alvarado Espinel, Alexis Mera Giler, ex secretario jurídico, los asambleístas Viviana Bonilla Salcedo y Christian Viteri López; Pamela Martínez Loaiza y Laura Terán Betancourt. También están los empresarios Alberto José Hidalgo Zavala, Víctor Manuel Fontana Zamora, Edgar Román Salas León, Pedro Vicente Verduga Cevallos, William Wallace Phillips Cooper, Rafael Leonardo Córdova Carvajal, Teodoro Fernando Calle Enríquez y Mateo Choi, representantes de empresas que usaron la coima para hacerse de millonarios contratos, a la vez que Correa financió con esos dineros mal habidos sus campañas electorales con ‘un contento que da gusto’.

El prófugo en Bélgica no ha tenido el valor de dar la cara y presentarse ante la justicia ecuatoriana a cumplir su pena, otros correístas como Glas están presos y unos más como Alvarado, están prófugos.

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El pueblo ecuatoriano presionó para que caigan los corruptos y hoy exige que esa sentencia del caso sobornos 2012-2016 se cumpla con la recuperación de los dineros robados, si es necesario con la incautación de bienes.

La gestión del presidente de la República Lenín Moreno, a propósito, es altamente reprobada por la mayoría de ecuatorianos por su casi nula actuación en contra de la corrupción del correísmo y la de su propio gobierno; los sectores de la burguesía representados en la Asamblea como socialcristianos y Creo, por ejemplo, han sido renuentes a aprobar una ley de extinción de dominio que contribuya a la lucha contra la corrupción.

La burguesía y los representantes de las transnacionales saben que sus días los tienen contados con un nuevo gobierno popular, democrático y revolucionario que se posesione en mayo de 2021. La lucha en el ámbito electoral tiene en Yaku y los candidatos y candidatas

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de Unidad Popular liderados por Geovanny Atarihuana y Mery Zamora, la oportunidad que los trabajadores y pueblos del Ecuador esperaban.

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Gobierno cómplice de la patronal

Durante los últimos días del año 2020 se evidenciaron las acciones arbitrarias y prepotentes del Estado que, apoyando los intereses de la burguesía, conculcan los derechos de los trabajadores del país. Ejemplo de estas acciones fueron los sucesos ocurridos en el caso Furukawa y Explocen.

Caso Furukawa

Luego de múltiples denuncias realizadas por los trabajadores e instancias estatales

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( Defensoría del Pueblo, Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional) sobre las condiciones de esclavitud que se ejercían al interior de las haciendas de Furukawa, el 21 de diciembre de 2020, el juez constitucional a cargo del caso, perteneciente a la Unidad Judicial contra la violencia de la mujer o miembros del núcleo familiar del cantón Santo Domingo, convocó a una audiencia de Acción de Protección presentada en contra del Estado y de la empresa abacalera. Extrañamente, se la convocó para el marte 29 de diciembre, en medio del estado de excepción y con las limitaciones de transportación que la misma impuso, con un claro objetivo de impedir que testigos y peritos, que debían participar, pudiesen llegar a la audiencia. “… las restricciones de movilidad impuestas dificultaron el desplazamiento de varias de las personas involucradas en el proceso, impidiendo que algunos testigos, peritos y otras personas que iban a presentar amicus curiae, pudieran llegar a la ciudad de Santo Domingo

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para participar en la audiencia. A esta situación hay que añadir que la pericia sobre la contabilidad de la empresa, solicitada por el Juez, aún no ha concluido, precisamente porque el Gerente de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, ha impedido la realización de dicho peritaje, es decir, ha evitado que se conozca las ganancias que obtienen al someter a servidumbre de la gleba a los trabajadores agrícolas encargados de cosechar el abacá en sus haciendas” señala el comunicado del Comité de Solidaridad “Furukawa Nunca Más”

Hasta el cierre de la edición no tenemos más información, pues será el miércoles 6 de enero la reinstalación de la Audiencia.

Caso Explocen

En la mañana del 25 de diciembre se conoció del intento de desalojo de la huelga de trabajadores de la empresa Explocen.

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Alrededor de 150 oficiales de la Policía Nacional llegaron a eso de las diez de la mañana a las instalaciones de Explocen en la provincia de Cotopaxi para desalojar a los trabajadores que se encontraban en huelga desde hace 165 días. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos alertó además sobre un supuesto “uso desproporcionado de la fuerza” contra los trabajadores. Se denunció que, para desalojarlos, el personal policial no mostró ninguna orden judicial, preocupación que fue también compartida por el colectivo de Derechos Humanos Kintiñan.

Explocen es una empresa que fabrica, importa y comercializa explosivos para las industrias minera y cementera y para la realización de obras civiles y exploración sísmica. Sus dos accionistas son el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) —que tiene un 60% de las acciones— y Austin Powder Co. —una empresa estadounidense que tiene el 40% de las acciones.

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Los trabajadores de Explocen se encuentran en huelga desde el lunes 13 de julio de 2020. Reclaman que alrededor de 50 compañeros fueron despedidos durante la pandemia bajo la figura de fuerza mayor del artículo 169, del Código de Trabajo. Además, a 72 trabajadores se les redujo la jornada laboral y por ende también sus salarios.

Estos dos hechos nos muestran la complicidad del Estado y el gobierno con la patronal, para perjudicar a los trabajadores.

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La diatriba reaccionaria de Gangotena

El fundador y Canciller de la Universidad San Francisco de Quito, en una entrevista con Carlos Vera en el programa “Veraz”, hizo gala de la arrogancia y prepotencia, característica de las élites serranas que aún creen que se vive el Estado que ellos bien quisiera: el del feudalismo y la esclavitud.

Emulando a uno de sus autores favoritos, el embajador franquista

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en el mundo árabe, Emilio García Gómez, señaló que “los socialistas son unos tarados”. En ese mismo sentido, Gangotena hace gala de su pensamiento reaccionario pues, en la entrevista señala que “hoy prácticamente no hay pobres en el sentido material”. Los dogmas ideológicos de este liberal empedernido le llevan a que niegue la realidad. La CEPAL ha definido a la pobreza como un fenómeno social y económico complejo de múltiples facetas y causas que abarcan privaciones en los aspectos del bienestar individual y colectivo. Según las cifras oficiales, en el Ecuador la pobreza por ingresos afecta a 37,6% de la población; en términos multidimensionales, la pobreza aumentará de 38,20%, en 2019, a 43% en 2020, es decir, 7,4 millones de hogares sufrirán privaciones de bienes y derechos básicos. Los hogares con niños, niñas y adolescentes son los que más afectados se verán, pero la Unicef calcula que es necesaria una inversión del 2,4% del PIB para atender a las necesidades de estas familias.

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Para Santiago Gangotena, el identificarse con una ideología que propugna la solidaridad, el apoyo mutuo, la equidad, la interculturalidad, la liberación nacional y social, es ser un “tarado”, e hincha su pecho cuando defiende el libre mercado y el individualismo. Sin sangre en la cara, Gangotena propugna la defensa a ultranza de las élites, de los iluminados, de aquellos grupos de poder que han dominado y explotado a los pueblos del Ecuador por siglos.

De manera, mediocre y cargado de epítetos, hace gala de su credo reaccionario que le hace asumir de manera estúpida el liberalismo a ultranza, llevando a justificar la desigualdad social bajo los criterios de que existen algunos destinados a gobernar y cualquier idea de igualdad es una estupidez. Su visión política, aupada por algunos otros plumíferos, añora la Constitución de 1830 donde para votar se requería ser blanco, saber leer y escribir y justificar cierta cantidad de dinero; si por el fuera, sólo una élite debería tener

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derechos pues lo otro son subsidios sin sentido a personas que no merecen más que trabajar y ser explotados. Este tipo de articulistas y seudo académicos han proliferado en los últimos días en varios medios de comunicación para justificar el neoliberalismo y darle un contenido a la propuesta reaccionaria de Lasso.

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Reapertura de investigación en el caso

Gabela

La solicitud de reapertura de la investigación en la compra de los helicópteros Dhruv fue aceptada el 23 de diciembre de 2020. Este caso está vinculado al caso Gabela. El proceso penal que está en la etapa de investigación es en contra del exministro de Defensa Nacional, Xavier Ponce y otras 18 personas por peculado. Dentro de los investigados también están los excomandantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Rodrigo Bohórquez y

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Leonardo Barreiro, quienes participaron en el proceso de adquisición.La Fiscal General indicó que se han recopilado evidencias “que corresponden a experticias técnicas, que advierten la presunción de disposiciones arbitrarias en el proceso precontractual, contractual y de ejecución del contrato suscrito el 5 de agosto de 2008”.

De los siete helicópteros cuatro se estrellaron y los tres restantes están inoperativos. Estos aviones costaron $ 42 millones. De acuerdo con la Contraloría hay un perjuicio por $ 2’489.603,57 a la FAE por incumplimientos de la empresa hindú Hindustan Aeronautics Limited (HAL), por la falta de entrega de implementos, multas y retrasos en la entrega e instalación de los helicópteros. En cuanto a los problemas en el proceso precontractual, contractual y de ejecución la contraloría señala que hay “bienes como reparados, que no pasaron las pruebas funcionales”.

El gobierno de Rafael Correa es el responsable de la compra de estos

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helicópteros. En su momento el general Gabela denuncio estas irregularidades y terminó asesinado.Una de las características del gobierno correísta fue la persecución a quienes tuvieron el valor de denunciar sus negociados. En el caso del general Gabela el mismo Rafael Correa lo amenazó públicamente por denunciar irregularidades en la adquisición de siete helicópteros Dhruv

En el caso del asesinato, el perito Roberto Meza Niella, quien fue contratado por el Estado ecuatoriano para investigar este crimen, reveló que presento un tercer informe que demuestra de manera objetiva y con pruebas, tanto testimoniales como documentales, que la muerte del general Gabela tuvo relación directa con las denuncias que él realizó con relación a la compra de los helicópteros Dhruv.

El ministro de Justicia de ese tiempo, Lenin Lara, conoció de ese informe como lo declaró en rueda de prensa el 20 de junio de 2018. Pero como es de esperarse

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de un funcionario servil a Correa, él junto al “comité de Ministros” no aprobaron el informe por “falta de información”.

Lenin Lara es uno de los correístas que después de sus deficientes actuaciones en la función pública, en estas elecciones busca un puesto como asambleísta. Lara y el resto de representantes del gobierno más corrupto de la historia deben ser castigados en las urnas y por la justicia.

Basta de impunidad en el caso del general Gabela, ya es el momento de que se diga la verdad. La incansable lucha de la viuda del general Gabela y las exigencias del pueblo de que se sancione a los corrruptos deben ser escuchadas por las autoridades. El peculado y el asesinato del general Gabela deben ser sancionados.

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Positivas reformas a la LOEI

La Comisión Legislativa de Educación aprobó el segundo informe sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) luego que sus doce integrantes fueron arrinconados por las organizaciones sociales que exigieron que sus propuestas sean incluidas en ese informe, que contiene importantes aportes propuestos por la UNE y la FESE.

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Fueron recibidos personas y organizaciones que expusieron sus planteamientos que han servido para enriquecer las reformas que debatirá el pleno. La Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, con Skalettt Tamayo como su presidenta, expuso sobre la indispensable necesidad de eliminar el Bachillerato General Unificado por no responder a las necesidades nacionales de la educación, ni de los estudiantes, confirmando que fue improvisado, como fue denunciado desde un inicio, en su reemplazo propuso que se recupere los bachilleratos en ciencias, técnico, productivo, cultural, artes, deportes y patrimonio.

Los estudiantes insistieron en concretar los beneficios para los estudiantes a través del carnet estudiantil que les brinde acceso o precios preferenciales en librerías, pasajes, eventos culturales. Para ellos también es trascendente promover al interior de las instituciones educativas el derecho a la participación y organización de los

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estudiantes eliminando la intervención de las autoridades educativas en la designación de los dirigentes estudiantes. También plantearon cambiar los procesos de sanción a los agresores en los espacios educativos a fin de que se aplique los castigos a que tuvieren lugar; mientras que en el caso de investigación a estudiantes evitar su criminalización.Por su lado, Isabel Vargas, presidenta de la UNE, expuso y la comisión recogió buena parte de sus planteamientos, entre los que se destaca la modificación del cálculo del sueldo docente a partir de 2.5 salarios básicos lo que conlleva un incremento salarial a mil dólares mensuales. Superar el grave problema que ha representado para decenas de miles de docentes los procesos de categorización supeditados a una serie de requisitos que los han vuelto inalcanzables, para solucionar este inconveniente la UNE propone recategorización automática.

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Otros temas que también se expusieron son: jubilación docente a los 30 años de servicio sin límite de edad, 30 días de vacaciones anuales sin contar con feriados, incremento a 10 categorías del escalafón, convocatoria anual a concursos de méritos y oposición, cumplimiento del 6% del PIB para educación, capacitación gratuita, eliminación de circuitos educativos, ingreso a la carrera docente con un año de servicio rural obligatorio, participación de docentes y estudiantes en el Consejo Nacional de Educación, seguridad social para educadores comunitarios y populares, reincorporación de los docentes desvinculados durante la pandemia, concurso para designar coordinadores zonales y subsecretarios, reorientar y fortalecer la labor de los DECE.

Los doce legisladores integrantes de esta comisión votaron a favor de las reformas que fueron remitidas para su conocimiento en el pleno de la Asamblea.

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Por su lado, las dirigentes gremiales realizaron llamados a estudiantes, docentes y padres de familia para permanecer atentos sobre la marcha de estas reformas y presionar para que el pleno y luego la Presidencia de la República, las acepte.

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Argentina: La despenalización del aborto, una conquista

histórica de las mujeres El 30 de diciembre de 2020, el senado argentino aprobó la legalización del aborto en todas las causales y sin restricciones. En medio de movilizaciones constantes de grupos feministas, organizaciones y sindicatos de mujeres, entre otros, el Senado aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas en cualquier circunstancia y que obliga a las instituciones de salud a practicarlo,

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incluso si alguno de los médicos se declara en objeción de conciencia. Hasta antes de la aprobación de la ley, en Argentina se encontraban permitidos los abortos únicamente en casos de violación o cuando la vida de la madre se encontraba en riesgo, empero la reglamentación insuficiente enfrenta a las mujeres a un sistema que niega, juzga e impide el acceso a este derecho. Desde hace varios años, los movimientos de mujeres han exigido a los gobiernos de turno la aprobación de esta ley, que reconoce el derecho al aborto libre e informado en el sistema de salud, que deriva en una vida plena, con acceso a servicios de salud y reproductivos para mujeres y niñas, e impide que una mujer sea criminalizada por tomar una decisión.

La lucha política y social por el tema del aborto en toda Argentina se libra desde los años 70, aunque sin duda ha tenido su repunte en la última década, con movimientos como “Ni una menos” y otros colectivos que visibilizaron la violencia de género. Pero es desde el

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año 2018, luego del rechazo de la ley de interrupción del embarazo en el año 2018, que los movimientos de mujeres de varias tendencias confluyeron por la justa búsqueda de este derecho, principalmente la franja de izquierda, que se unificó e inició una serie de acciones con la población. La discusión por el aborto legal se llevó hacia los sindicatos, a las asociaciones agrícolas, a los colegios, a los barrios, en los cuales se organizaron brigadas de discusión con la gente para crear conciencia de la necesidad de su aprobación. El movimiento social convencido de la necesidad del aborto legal creció, las calles se pintaron de verde en verdaderas oleadas, que en su momento más alto cubrieron las principales avenidas de Buenos Aires y de varias ciudades. El movimiento provida, que recibió tanta atención de los medios tradicionales, no tiene ni la sexta parte de militantes que tiene la “Marea verde”, aunque cuenta con varios votantes en el Senado, representantes de las burguesías y de los grupos conservadores.

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La presión social ejercida por las mujeres argentinas forzó a varios sectores políticos a adherirse de manera militante al movimiento por el aborto legal. La correlación de fuerzas en el Congreso y el Senado cambió, lo que permitió que se llegaran a acuerdos para conseguir la aprobación de la ley, ejemplo de ello es el reconocimiento de la objeción de conciencia del médico. Sin embargo, que se apruebe la ley de interrupción voluntaria del embarazo ha sido un hito histórico, porque ha obligado al país entero a discutir los derechos de las mujeres y niñas, así como ha obligado al conservadurismo a dar marcha atrás por la presión de la población en su conjunto. La misma vicepresidenta Cristina Fernández, quien antes fuera contraria al aborto, ha sido obligada por las condiciones sociales a respaldar esta ley.

En América Latina, siguen discutiéndose los porqués de la legalización del aborto, no como un tema de salud pública sino religioso-moral, en el que pesan más las convicciones de legisladores

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y gobernantes más que la vida de las mujeres que acceden, en condiciones de clandestinidad, a un aborto. El camino que siguieron las mujeres argentinas durante varios años es una experiencia de lucha que las mujeres latinoamericanas deben seguir para alcanzar este derecho. Sin duda, las expresiones a favor del aborto legal crecen a diario en el continente, los colectivos feministas y organizaciones de mujeres crecen y se fortalecen en la lucha, han dejado de ser expresiones aisladas en la búsqueda de sus derechos. Pero la lucha argentina nos deja una lección: la unidad es necesaria para lograr estos cambios, hay que debatir intensamente el fenómeno en las aulas, en los barrios, en los sindicatos; hay que buscar el cambio también en la correlación de fuerzas legislativas a través del voto por la tendencia de izquierda, que es la que garantizará estos derechos. El camino es largo, pero la experiencia de las mujeres en Argentina ha demostrado que la lucha permitirá alcanzar vidas dignas y plenas.

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62 años de la Revolución

Cubana

El 1 de enero de 1959, la guerrilla de Sierra Maestra culmina su ofensiva y derrota al ejército del dictador Batista, convirtiendo a Cuba en un símbolo de dignidad y autodeterminación de los pueblos de América Latina y el mundo; derrotando a la burguesía y la oligarquía criolla así como asestando un duro golpe a la política imperialista de los Estados Unidos, expresada principalmente

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en la Doctrina Monroe, sintetizada en el pensamiento: “América para los americanos”. La lucha del pueblo cubano ha tenido varios hitos importantes que han demostrado su ímpetu por impulsar el proceso revolucionario a nuevos niveles, como lo demuestra el proceso de reforma agraria de 1959, la nacionalización de las empresas y la expulsión de varias trasnacionales de 1960, generando el odio y la reacción del imperialismo norteamericano.

Desde 1960 el pueblo cubano ha resistido el bloque comercial impulsado por los EE. UU el mismo que en 1996 adquirió el rango de Ley cuando el senado de norteamericano aprobara la “Helms-Burton Act.” De esta forma se eliminó la posibilidad de hacer negocios dentro de la isla o con el gobierno de Cuba por parte de los ciudadanos estadounidenses. También quedaron impuestas restricciones sobre el otorgamiento de ayudas públicas o privadas a cualquier sucesor del Gobierno de La Habana

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hasta que por lo menos ciertos reclamos contra el gobierno de Cuba quedaran aclarados. En 1999, el presidente Bill Clinton amplió el embargo comercial prohibiendo a las filiales extranjeras de compañías estadounidenses comerciar con Cuba por valores superiores a 700 millones de dólares anuales, siendo por ello la primera ley transnacional en el mundo. No obstante, en el año 2000, el mismo Clinton autorizó la venta de ciertos productos humanitarios a Cuba. El pueblo cubano ha resistido al chantaje de los gringos, los logros que alcanzó la revolución durante estos años han sido gracias a su propio sacrificio y esfuerzo. Ese espíritu antimperialista les permitió enfrentar momentos muy duros como el llamado periodo especial, el mismo que significó una larga etapa de crisis económica en la década de los 90 del siglo pasado y, pese a estas restricciones, los trabajadores cubanos nunca arriaron las banderas de la soberanía y la autodeterminación.

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Todo ese esfuerzo y sacrificio están amenazados por las decisiones económicas impulsadas por la dirigencia del Estado cubano que se han venido desarrollando desde el año 2010, y que apuntaban a fortalecer la pequeña propiedad. La realización del VI y VII Congreso del PCC en 2011 y 2016 respectivamente impulsaron una serie de medidas económicas que han ido abriendo la economía a los mercados internacionales como la ley de inversión extranjera para atraer capitales foráneos a la isla. En esta misma línea la nueva Constitución de 2019, avanzó en el establecimiento medidas como las implementadas en estos días que abren un nuevo escenario en la isla en el que se fomenta el aperturismo y la visión pro mercado.

El primero de enero entraron en vigor estas medidas que, entre otras, están la salida de circulación del Peso Convertible Cubano (CUC) y la implementación de una única tasa de cambio de 24 pesos (CUP). La desaparición del CUC, que

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circula desde 1994y que reemplazó al dólar con valor 1=1 (en 2005 se aplicó un impuesto al dólar de 10% revaluando en los hechos al CUC), es clave en el proceso de reformas iniciado en 2010/2011 ya que significa aplicar a la economía el verdadero valor de la moneda nacional (CUP) que vale 24 veces menos que el dólar y mantendrá esa cotización. Generando una devaluación del 2400% permitiendo que los sectores que tienen dólares ganen en detrimento de quienes no tienen esa posibilidad.

Pese a los anuncios oficiales, estas medidas afectan a las masas trabajadoras, pues la devaluación de la moneda significa una pérdida de la capacidad económica de los salarios; mientras se abre las puertas a la especulación financiera y se ahonda la diferencia de sectores en la sociedad cubana entre los pequeños propietarios y sus trabajadores, recordemos que de 46.650 “trabajadores por cuenta propia” en 1981 se pasó a 496.400 en 2016.