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ndice

Mensaje del Presidente Nacional del Partido Accin Nacional

1. Combate total a la corrupcin y fortalecimiento institucional (1.1 a 1.22)

Iniciativa anticorrupcin (1.1 a 1.4)

Transparencia, rendicin de cuentas y participacin ciudadana (1.5 a 1.11)

Reforma del Estado y federalismo (1.12 a 1.17)

Federalismo hacendario, deuda de estados y municipios (1.18 a 1.20)

Gobierno de calidad (1.21 a 1.22)

2. Crecimiento justo, duradero y sostenible (2.1 a 2.39)

Salario digno y economa familiar (2.1 a 2.3)

Empleo y mercado laboral (2.4 a 2.12)

Poltica fiscal y presupuestaria (2.13 a 2.25)

Finanzas pblicas y rendicin de cuentas (2.26 a 2.29)

Competitividad y promocin de la inversin productiva (2.30 a 2.33)

Desarrollo regional (2.34 a 2.35)

Campo (2.36 a 2.39)

3. Justicia, derechos y convivencia nacional (3.1 a 3.21)

Derechos y libertades (3.1 a 3.10)

Sistema de procuracin de justicia (3.11 a 3.12)

Sistema de imparticin de justicia (3.13 a 3.16)

Sistema de justicia penal (3.17 a 3.19)

Sistema nacional de policas (3.20 a 3.21)

4. Bienestar y seguridad social universal (4.1 a 4.41)

COMBATE A LA POBREZA Y DESARROLLO HUMANO

Familias con desarrollo integral (4.1 a 4.4)

Combate a la pobreza (4.5 a 4.8)

SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD UNIVERSAL

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Servicios de salud de calidad (4.9 a 4.12)

Seguridad social incluyente (4.13 a 4.16)

GRUPOS VULNERABLES

Nias y nios (4.17 a 4.21)

Jvenes (4.22 a 4.25)

Equidad de gnero (4.26 a 4.28)

Personas con discapacidad (4.29 a 4.32)

Comunidades indgenas (4.33 a 4.36)

Migrantes (4.37 a 4.39)

Adultos mayores (4.40 a 4.41)

5. Conocimiento y educacin para la prosperidad (5.1 a 5.24)

Educacin (5.1 a 5.8)

Ciencia y tecnologa para el desarrollo (5.9 a 5.14)

Sociedad de la informacin y el conocimiento (5.15 a 5.17)

Arte y cultura (5.18 a 5.22)

Deporte y esparcimiento (5.23 a 5.24)

6. La nacin sustentable (6.1 a 6.37)

Desarrollo urbano, metropolitano y movilidad (6.1 a 6.9)

Desarrollo sustentable, biodiversidad y conservacin (6.10 a 6.18)

Agua (6.19 a 6.21)

Energa (6.22 a 6.30)

Cambio climtico (6.31 a 6.32)

Contaminacin y manejo de residuos (6.33 a 6.37)

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Mensaje del Presidente Nacional del Partido Accin Nacional

Con la Plataforma Electoral 2015-2018 que aqu presentamos a la ciudadana, y que ponemos a su

consideracin ante los comicios que renovarn la Cmara de Diputados del Congreso de la Unin

el prximo mes de junio, los panistas refrendamos una vez ms nuestro compromiso con las

demandas ms sentidas de los mexicanos, y con nuestro proyecto de transformar a Mxico para

construir una patria ms justa, ms digna y ms solidaria para nuestros hijos.

Esta lucha es hoy ms urgente porque el gobierno actual ha perdido el rumbo y sus errores nos

han sumido en una crisis econmica, poltica y social.

Esta plataforma refleja el compromiso de Accin Nacional para transformar a Mxico de la mano

de los ciudadanos. Para tal efecto recurrimos al dilogo abierto con ellos y con nuestra militancia

mediante una amplia consulta que gener un gran nmero de participaciones, propuestas,

sugerencias y comentarios. La plataforma electoral que aqu presentamos se benefici de este

dilogo y refleja demandas y anhelos que hemos buscado traducir en propuestas legislativas

viables e incluyentes.

Nuestra propuesta refleja tambin nuestra experiencia como gobierno y como cuerpos legislativos

comprometidos con la nacin. Reconocemos seis frentes estratgicos para atender cabalmente la

agenda legislativa 2015-2018: Combate total a la corrupcin; Crecimiento justo y duradero;

Justicia, derechos y convivencia nacional; Bienestar y seguridad social universal; Conocimiento y

formacin para la prosperidad; y Construir la nacin sustentable.

Accin Nacional ha planteado la necesidad de cambiar el rumbo, de recobrar la orientacin

ciudadana y el compromiso con la construccin del bien comn. Hay que hacerlo cerca de los

mexicanos, apoyando su esfuerzo y creatividad para que podamos progresar y vivir en una

sociedad ms justa y equitativa.

Este esfuerzo refleja los compromisos histricos que han sido una constante desde la concepcin

misma de nuestro partido, y cuyo testigo ms elocuente es precisamente nuestra primera

plataforma electoral presentada a los mexicanos en 1943, a unos aos de la fundacin de Accin

Nacional en 1939. Nuestra lucha sigue siendo relevante en la medida en que el rgimen inmoral

que combatimos entonces sigue mostrando su rostro, y ahora pretende revertir los avances

alcanzados por los mexicanos en los ltimos aos.

Desde nuestros documentos fundacionales hemos puesto en un plano fundamental la lucha

abierta y frontal contra la corrupcin, uno de esos sntomas sociales que nuestros fundadores

asociaban al desorden moral de la nacin. Se trata de una lucha panista que nunca debemos

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abandonar. Para fortalecer las bases de la democracia y avanzar hacia la construccin de

gobiernos abiertos, transparentes y participativos, proponemos establecer un Sistema Nacional

Anticorrupcin. Este sistema, que concebimos junto con algunas de las organizaciones ms

representativas de la sociedad civil, busca blindar el uso de recursos pblicos en todos los mbitos

de gobierno.

Se trata de una amplia propuesta que contempla disposiciones legales para fortalecer nuestro

federalismo, hacindolo ms transparente y estableciendo controles eficaces sobre la deuda y la

inversin pblicas. Para alcanzar este objetivo seremos inflexibles. Entendemos que los incentivos

a la corrupcin existen en todas la instituciones humanas, y nosotros como partido y gobierno no

hemos sido la excepcin. Precisamente por eso, hemos propuesto que un sistema anticorrupcin

tenga un alcance verdaderamente nacional y nadie quede al margen de su aplicacin.

Del mismo modo que lo hicimos en nuestra primera plataforma electoral en 1943, seguiremos

reivindicando la necesidad de garantizarle a los mexicanos un salario digno. Los mexicanos

tenemos derecho a un ingreso que permita a nuestras familias vivir con un mnimo de bienestar

conforme a la dignidad que les es inherente como personas. Mxico no puede ni debe ser un pas

para unos cuantos, es decir, un pas donde slo una minora goza la riqueza que se construye con

el esfuerzo de todos.

El salario es la clave fundamental de la lucha contra la desigualdad, es el mejor remedio contra ese

mal. Por eso refrendamos el compromiso establecido desde nuestros documentos fundacionales

por la defensa del trabajo y el salario digno. Decimos defender el trabajo decente, que es la

manera en que nos referimos a la idea de que todo trabajo debe recibir a cambio un salario digno

y suficiente; un trabajo que debe realizarse bajo condiciones que respeten integralmente los

derechos de las trabajadoras y los trabajadores, que provean la seguridad social que es

fundamental para ellos y para sus familias, y que propicien el pleno de desarrollo de su potencial

humano.

Las plataformas legislativas que registramos cada tres aos ante la autoridad electoral son testigo

fiel de nuestros compromisos histricos, de la lucha incansable de Accin Nacional por construir el

bien comn. Con esta plataforma buscamos impulsar el cambio de rumbo que hoy es urgente para

nuestro pas. Defenderemos desde el Congreso de la Unin el ejercicio pleno de los derechos y las

libertades. Lo haremos sin renunciar a seguir siendo una fuerza poltica crtica, proactiva y

responsable; atributos que han caracterizado histricamente la conducta de Accin Nacional.

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En el PAN, nos comprometemos a consolidar un Mxico ms justo, ms sustentable, con igualdad

de oportunidades para todos. A luchar por un mejor futuro para las familias y para las

generaciones venideras. Hemos probado ser una fuerza transformadora de la nacin; una fuerza

que refrenda una y otra vez su compromiso con sus ideales humanistas. Un partido sin enconos ni

resentimientos, un partido de mexicanos convencidos de nuestros principios, de nuestros valores.

Nuestra plataforma refleja y se nutre del proyecto que heredamos de nuestros fundadores: un

partido de ciudadanos para los ciudadanos; un partido concebido como instrumento para

construir una patria ordena y generosa, con justicia y bienestar para todos.

Ricardo Anaya Corts

Presidente del CEN del PAN

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Combate total a la corrupcin y

fortalecimiento institucional

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Anarqua significa negacin o ausencia de autoridad y este es nuestro mal, este es el corazn de nuestra

crisis: una desnaturalizacin del concepto del Estado, una corrupcin terica y prctica de la autoridad.

Efran Gonzlez Luna

La lucha contra la corrupcin, el enriquecimiento ilcito y el uso indebido de recursos pblicos

sigue siendo una agenda pendiente en Mxico. A pesar del avance alcanzado en los gobiernos de

Accin Nacional, en muchos estados donde no existen contrapesos institucionales o legislativos,

gobiernos y gobernantes siguen incurriendo en prcticas ilcitas con absoluta impunidad y

pareciera que slo reciben castigo por razones polticas cuando sus excesos son inocultables,

innegables y escandalosos. En el mbito federal los retos siguen siendo igual de importantes,

sobre todo para impedir que muchas prcticas que empezaban a ser erradicadas regresen, y

especialmente para evitar la impunidad y garantizar el cumplimiento de la ley y el castigo a los

malos funcionarios y gobernantes.

Deploramos que como en toda organizacin humana, en nuestro partido ha habido personas que

incurrieron en faltas que ofendieron a los mexicanos. Con entereza hacemos frente a esta

situacin y reiteramos nuestro compromiso histrico de luchar frontalmente contra la corrupcin.

La corrupcin es un grave lastre sistmico para la democracia, para la estabilidad econmica, para

el desarrollo y para la calidad de vida de los mexicanos. En los ltimos aos se ha acelerado un

crculo vicioso: la corrupcin socava a las instituciones democrticas y cuando stas son dbiles,

propician ms corrupcin.

Para fortalecer las bases de la democracia y avanzar hacia la construccin de gobiernos abiertos,

transparentes y participativos, en primer lugar proponemos incluir en nuestra plataforma, las

propuestas fundamentales para crear un sistema anticorrupcin que blinde el uso de recursos

pblicos en todos los mbitos de gobierno. Reformas para fortalecer los mecanismos de

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transparencia, rendicin de cuentas y participacin ciudadana. Acciones legislativas para seguir

impulsando un verdadero federalismo con controles eficaces sobre la deuda y la inversin

pblicas.

Las plataformas legislativas que registramos cada tres aos ante la autoridad electoral son la

huella imborrable de nuestro paso por el gobierno. En ellas consta que la lucha contra la

corrupcin ha sido permanente en nuestra labor legislativa, y por lo mismo, debemos reforzar los

esfuerzos por garantizar desde el Congreso el derecho de los mexicanos a la participacin activa

en materia de control de la gestin y uso responsable de los recursos pblicos en todos los niveles

de gobierno, mediante el fortalecimiento de instancias diseadas expresamente para dicho

propsito.

Considerando lo anterior, proponemos:

Iniciativa anticorrupcin

Es fundamental que los distintos mecanismos, instancias y procedimientos definidos en la

iniciativa para la creacin del sistema anticorrupcin se implementen correctamente, por lo que

vigilaremos su cabal aplicacin para que este sistema produzca resultados tangibles en el

funcionamiento de las instituciones gubernamentales, para estimular conductas honestas y

castigar actos deshonestos.

1.1 Modificar y generar la legislacin necesaria para la creacin e implementacin por completo

del Sistema Nacional Anticorrupcin, en concordancia con la propuesta de reforma que, con el

apoyo de importantes organizaciones de la sociedad civil, elaboramos y presentamos ante la

Cmara de Diputados a principios de noviembre de 2014, con el fin de modificar los artculos

22, 73, 74, 76, 79, 109, 113, 114, 166 y 122 de la Constitucin, dando un estricto seguimiento a

la implementacin de dicho sistema y promoviendo la participacin ciudadana a partir de la

denuncia de los actos de corrupcin de los gobiernos.

1.2 Expedir las leyes secundarias y los distintos ordenamientos que permitan crear y cumplir con

los objetivos del Consejo Nacional para la tica Pblica del Comit de Participacin Ciudadana,

as como de los observatorios ciudadanos que de l dependan, en los trminos de autonoma y

competencia expresados en la iniciativa panista, y deformados o anulados en el predictamen

que el PRI impuls en la Cmara de Diputados.

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1.3 Armonizar las facultades de sancin de las contraloras municipales, estatales y federal,

ampliando facultades a tribunales y aplicando todo el Sistema Anticorrupcin en el mbito

local.

1.4 Reformar los artculos 108 y 111 de la Constitucin para impedir que los servidores pblicos

puedan usar su inmunidad procesal para evadir la accin de la justicia.

Transparencia, rendicin de cuentas y participacin ciudadana

La mejor manera de garantizar el buen uso de los recursos pblicos y la eficiencia del gobierno es

promover la transparencia, la rendicin de cuentas y la participacin ciudadana, porque as se

generan bases slidas para que entre todos vigilemos las decisiones tomadas y su orientacin al

bien comn. Por ello, proponemos:

1.5 Reformar la Ley de Consulta Popular con el objetivo de garantizar el pleno derecho de los

ciudadanos a la realizacin de una consulta y de este modo evitar una interpretacin

limitada y regresiva de sus fundamentos legales.

1.6 Realizar las reformas necesarias para la implantacin de observatorios ciudadanos que le

permitan a las organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos participar en el

seguimiento de la gestin pblica.

1.7 Promover la participacin de las organizaciones de la sociedad civil en la supervisin del

gasto de los recursos pblicos de los tres rdenes de gobierno.

1.8 Fortalecer los mecanismos previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Informacin Pblica Gubernamental y en la Ley de Obras Pblicas y Servicios para asegurar

la transparencia y rendicin de cuentas en torno al uso eficiente de los recursos destinados

a la creacin de infraestructura y obra pblica en Mxico.

Articular las iniciativas panistas sobre el Sistema Nacional de Fiscalizacin, el Sistema

Nacional Anticorrupcin y de Sistema Nacional de Transparencia para una mejor rendicin

de cuentas y disuadir efectivamente la corrupcin.

Aprobar las leyes secundarias en materia de transparencia y acceso a la informacin pblica,

de proteccin de datos personales y de archivos, con el fin de salvaguardar la existencia,

disponibilidad y acceso de la informacin, as como el trato adecuado de los datos

personales.

1.9 Modificar el formato del informe presidencial con el propsito de que el titular del Ejecutivo

conozca las opiniones de los legisladores y tenga la obligacin de responderlas.

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1.10 Establecer en la legislacin respectiva mecanismos claros de rendicin de cuentas para los

entes reguladores de los distintos sectores: energtico, competencia, acceso a informacin

y proteccin de datos y telecomunicaciones.

1.11 Aprobar la Ley de Propaganda Gubernamental que regule el uso y el gasto en comunicacin

social de los tres poderes de la Unin.

Reforma del Estado y federalismo

No podemos desvincular la lucha contra la corrupcin de la solidez de nuestra democracia, del

ejercicio de los derechos polticos y de las libertades pblicas. Los ciudadanos demandan

resultados y tambin defienden el ejercicio efectivo de sus derechos cvicos en los distintos niveles

de gobierno, en especial, en los estados y municipios donde la tentacin autoritaria es una

amenaza constante y al acecho.

Perfeccionar nuestra democracia y sus instituciones es una tarea constante e inacabada,

especialmente si observamos la profunda desigualdad entre el desarrollo democrtico de los

estados y municipios. Es preciso revisar las tareas pendientes para alcanzar un federalismo que

promueva mejores niveles de vida en todos los rincones del pas y asumir desde el Congreso la

promocin de reformas de gran alcance.

De manera especial, resulta indispensable defender los valores municipalistas de nuestra historia,

que han recibido un ataque frontal con la iniciativa de reformas constitucionales presentadas por

el titular del Ejecutivo. No basta rechazar la intentona de arrebatar todas las funciones de

seguridad pblica que actualmente son responsabilidad del municipio, para concentrarlas en los

gobiernos estatales y en el federal. Es necesario, por el contrario, realizar las reformas que

permitan que los municipios puedan cumplir mejor sus funciones en vez de reducir sus facultades.

1.12 Reformar los artculos 115 y 116 constitucionales para fortalecer las capacidades

institucionales de los municipios en materia de seguridad pblica, y para establecer esquemas

subsidiarios para que la federacin y los estados contribuyan al fortalecimiento institucional

de los municipios y los apoyen en el cumplimiento de todas sus funciones, sin desplazarlos y

anularlos, como pretende la iniciativa de contrarreforma constitucional a los artculos 115 y

116 presentada en diciembre de 2014 por el titular del Ejecutivo.

1.13 Promover la aprobacin de la Ley de Derecho de Rplica que garantice a los ciudadanos en

todo el pas la defensa de su honor y buena fama pblica.

1.14 Ampliar los periodos de sesiones del Congreso para el uso eficaz de los tiempos legislativos.

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1.15 Concretar la Reforma Poltica del Distrito Federal a efecto de concluir el proceso de

transformacin de su organizacin poltica desde una perspectiva democrtica y federalista,

generando equilibrio entre los rganos locales, reduciendo las facultades que ejerce el

rgano de Gobierno y estableciendo a los gobiernos delegacionales como un orden de

gobierno local.

1.16 Realizar las reformas necesarias para otorgar la sindicatura del municipio al candidato que

qued como primera minora, con el objetivo de promover la existencia de una primera

instancia de fiscalizacin de las cuentas pblicas municipales.

1.17 Reformar la Ley Orgnica del Congreso de la Unin y reglamentos correspondientes para

hacer un uso racional de los recursos y apoyos otorgados a las comisiones, grupos

parlamentarios, y legisladores, que optimice los espacios e infraestructura asignados cada

periodo legislativo, de tal manera que se eviten obras innecesarias, duplicidades de apoyos y

usos dispendiosos del presupuesto asignado a las Cmaras.

Federalismo hacendario, deuda de estados y municipios

La irresponsabilidad en materia de deuda pblica con la que se han conducido muchos gobiernos

estatales y municipales, cobijados por la falta de la aplicacin efectiva de la divisin de poderes en

el mbito local, implica una verdadera amenaza para la estabilidad econmica del pas, adems de

los efectos adversos que sta tiene para el desarrollo de cada municipio y cada estado. Por eso,

promoveremos:

1.18 Facultar a la Auditora Superior de la Federacin para que pueda fiscalizar las

participaciones federales a los estados.

1.19 Los ciudadanos demandan resultados y tambin defienden el ejercicio efectivo de sus

derechos cvicos en los distintos rdenes de gobierno, en especial, en los estados y

municipios donde la tentacin autoritaria es una amenaza constante y al acecho.

1.20 Fortalecer la gestin de los gobiernos municipales del pas, mediante el incremento de sus

atribuciones y responsabilidades gubernamentales, as como aumentar sus fuentes de

ingresos.

Gobierno de calidad

El fin ltimo del combate a la corrupcin y de la actividad de nuestros legisladores es promover un

gobierno que d resultados, sea eficiente y mejore las oportunidades para todos los mexicanos, en

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especial para aquellos ciudadanos que viven en condiciones de vulnerabilidad. Es por lo tanto

fundamental fortalecer la confianza en la autoridad a travs de la promocin de sistemas que

favorezcan la transparencia y la participacin ciudadana en la gestin de los diferentes rdenes de

gobierno, as como a travs de una adecuada profesionalizacin del servicio pblico. Por ello,

vamos a:

1.21 Fortalecer las capacidades y mecanismos de supervisin y seguimiento en la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental en materia de apertura de

datos, para garantizar mediante estndares de usabilidad y acceso en el diseo de sus

portales, la disponibilidad de la informacin a la que tienen derecho los ciudadanos.

1.22 Reformar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado para incorporar lo relativo a los

daos y perjuicios en los bienes de los ciudadanos, por acciones de los cuerpos policiales de

la Federacin y de la Defensa Nacional, cuando sus actos no se ajusten a la ley o se declare

la inocencia de los inculpados.

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Crecimiento

justo,

duradero y

sostenible

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El Estado debe ser rector de la economa nacional; debe estimular la economa privada, suplirla all donde

falte o sea insuficiente, pero no suplantarla ni mucho menos arruinarla a base de una competencia desleal; el

Estado no debe convertirse en industrial, ni en comerciante, ni en banquero, pues cuando tal cosa hace

abandona su misin, consistente en promover y realizar el bien comn, y de paso trastorna la economa

nacional en perjuicio del pueblo.

Rafael Preciado Hernndez

Mxico lleva ms de una dcada operando en un marco de estabilidad econmica y financiera

gracias a que se mantuvo una poltica fiscalmente responsable, a que se ha propiciado la apertura

econmica, a que se ha invertido razonablemente en su infraestructura y a que se ha fortalecido

un sector exportador dinmico. Este marco prob ser importante para sortear la mayor crisis

econmica que ha experimentado la economa mundial desde 1929. No obstante, incluso antes de

la crisis, el crecimiento econmico durante las ltimas dcadas no ha permanecido a la altura de

las necesidades del pas para crear empleo y bienestar suficientes, y ha estado por debajo de

economas del mundo con perfiles y potencial comparables. Se trata de una economa que an

refleja serias debilidades, las cuales, pese a los esfuerzos de los ltimos 20 aos, no han sido

corregidas del todo: opacidad, instituciones dbiles, legalidad cuestionada, competitividad

limitada, baja productividad.

Por otra parte, pese a las reformas estructurales generadas con el liderazgo activo de Accin

Nacional, el gobierno actual ha provocado nuevos riesgos al abandonar los principios bsicos de

responsabilidad y prudencia fiscal, presupuestal y recaudatoria que han caracterizado la poltica

econmica de las ltimas dcadas. En un contexto donde el crecimiento tendencial presenta

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sntomas de estancamiento, la reaccin del gobierno, lejos de promover e incentivar los

dinamismos que requiere la economa para retomar la senda del crecimiento, ha generado mayor

incertidumbre y dudas sobre su capacidad para sacar adelante la agenda econmica que requiere

el pas. Es necesario restablecer la responsabilidad fiscal y financiera, promover un marco de

entendimiento y cooperacin econmica que devuelva la confianza en la economa nacional e

identificar las condiciones y polticas nacionales para el crecimiento con empleo decente,

sustentable y que genere prosperidad para todos los mexicanos.

Salario digno y economa familiar

Las enormes desigualdades en las que viven los mexicanos deben encontrar una solucin en la

economa misma, es decir, en un modelo econmico que genere suficientes empleos formales con

salarios dignos. No se trata de una condicin que vaya a resultar fcil de inducir y requerir de un

verdadero acuerdo nacional cuyo fin sea identificar las condiciones estructurales e institucionales

de un nuevo modelo econmico que permita rencontrarnos con la ruta de un crecimiento justo,

duradero y sustentable. Una de esas condiciones institucionales que debemos y podemos impulsar

desde ahora es la redefinicin de la poltica de salarios mnimos, con el fin de iniciar un proceso de

reajuste de la economa que fortalezca los mercados internos y genere mayor equidad, as como

mayor bienestar a las familias. Para ello se propone:

2.1 Reformar las leyes reglamentarias del artculo 123, fraccin VI de la Constitucin Poltica de los

Estados Unidos Mexicanos, para establecer la desvinculacin del salario mnimo como unidad

de referencia y garantizar que la fijacin de ste se establezca bajo los criterios establecidos y

con seguimiento del Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo Social

(CONEVAL). Al mismo tiempo, se requiere que el salario mnimo se establezca sobre una lnea

de bienestar basada en el valor de una canasta bsica que tome en cuenta los hbitos y

costumbres de las familias mexicanas, que considere los cambios en la productividad, as como

la capacidad de las empresas y de las unidades econmicas.

2.2 Promover las reformas necesarias con el objetivo de facultar a las trabajadoras y los

trabajadores para realizar retiros anticipados de fondos de ahorro de largo plazo, y con ello

blindar el ingreso familiar frente a situaciones de inestabilidad econmica, as como fortalecer

las atribuciones en materia de control y sancin de la Procuradura Federal del Consumidor y

de la Comisin Nacional de Usuarios de Servicios Financieros, a fin de proteger de manera

integral y expedita tanto los derechos de los consumidores como el gasto familiar.

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2.3 Aprobar leyes que garanticen el cumplimiento eficaz del principio a trabajo igual, salario igual

entre hombres y mujeres, para as eliminar la discriminacin en la percepcin del salario por

cualquier otra causa ajena al desempeo productivo y profesional.

Empleo y mercado laboral

Una obligacin fundamental del marco institucional en una economa justa es garantizar el

establecimiento de condiciones laborales que permitan el desarrollo de empleos decentes, dignos

y bien remunerados, a travs de los cuales se promueva el pleno desarrollo del ser humano y el

bienestar integral de las familias. En esta materia existen enormes diferencias entre sectores,

regiones y tipo de unidades econmicas, por lo que es importante generar condiciones

institucionales favorables para establecer mnimos fundamentales que deban ser cumplidos a

cabalidad por todos los agentes econmicos, sin menoscabo de la viabilidad operativa de dichas

unidades econmicas.

2.4 Reformar diversos artculos de la Ley Federal del Trabajo para dar cumplimiento a los temas

que quedaron pendientes de aprobar en la reforma laboral de 2012. El objetivo general es

establecer procedimientos claros y equitativos que permitan que las relaciones laborales se

desarrollen en apego a los principios de justicia laboral, democracia sindical y de rendicin de

cuentas por parte de las dirigencias sindicales.

2.5 Reformar el artculo 123 constitucional en materia de respeto a los derechos humanos y

laborales de las mujeres trabajadoras embarazadas.

2.6 Reformar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para fortalecer la proteccin y

beneficios a los trabajadores, robusteciendo el Seguro de Desempleo, adems de otras

prestaciones vinculadas al cuidado de hijos tanto de padres como de madres.

2.7 Reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado

en materia de los derechos de las mujeres trabajadoras, a fin de reducir la violencia y la

discriminacin laboral.

2.8 Proponer reformas legales y polticas institucionales que contemplen la equidad de gnero y la

igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo remunerado y no remunerado, como horarios

flexibles, derechos de paternidad y responsabilidades familiares, permisos por emergencias y

economa del cuidado, entre otras.

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2.9 Impulsar la ratificacin del Convenio 156 de la Organizacin Internacional de Trabajo (OIT)

sobre Responsabilidades Familiares, el cual compromete al Estado mexicano a instrumentar

polticas que eviten la discriminacin laboral de personas con responsabilidades familiares.

2.10 Revisar la legislacin para establecer mejores condiciones en los juicios laborales,

reduciendo su dificultad, complejidad y demora.

2.11 Revisar la legislacin para fortalecer las capacidades de las Juntas de Conciliacin y

Arbitraje, de manera que estn menos saturadas y ofrezcan una atencin oportuna y eficaz.

2.12 Homologar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado a las reformas a Ley

Federal del Trabajo en materia de democracia, transparencia y rendicin de cuentas de los

sindicatos.

Poltica fiscal y presupuestaria

Mxico debe recuperar la ruta de la responsabilidad fiscal y presupuestaria. Accin Nacional no

debe permitirle al gobierno actual poner en riesgo la estabilidad econmica nacional con

conductas imprudentes que generan condiciones de vulnerabilidad econmica y que producen

riesgos evidentes frente a una potencial volatilidad externa. Ha quedado claro que la reforma

fiscal del gobierno tiene efectos regresivos sobre el curso de la economa nacional, y por ello es

necesario revertirlos mediante acciones que restauren la confianza de los actores econmicos.

2.13 Promover iniciativas para revertir los aspectos negativos de la reforma hacendaria aprobada

por los legisladores del PRI, PRD y PVEM en 2013; entre otros, restablecer la tasa diferenciada

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las regiones fronterizas; restablecer el Rgimen de

Pequeos Contribuyentes; eliminar los topes a los rubros deducibles, especialmente para

pequeas y medianas empresas.

2.14 Reformar la Constitucin para eliminar las exenciones en el pago del impuesto predial y

clarificar en el artculo 115 constitucional todas las excepciones que existen en materia de

inmuebles federales, con el objeto de reconocer de manera expresa mayores potestades

tributarias de los rdenes locales para consolidar sus haciendas, generar estabilidad

financiera y menos dependencia de los recursos federales.

2.15 Reformar el artculo 26 de la Constitucin, en su Captulo I De los Derechos y las Garantas,

para que el gasto pblico sea una herramienta efectiva para reducir la pobreza, la

marginacin, la desigualdad y la vulnerabilidad, por lo cual debe enfocarse a reducir brechas

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de bienestar. La evaluacin del gasto deber ser un requisito para los tres rdenes de

gobierno, garantizando un impacto favorable y generalizado en el bienestar de los mexicanos.

2.16 Reformar la Ley de Coordinacin Fiscal con el objeto de incrementar gradualmente en el

mediano plazo del 20 al 30 por ciento el Fondo General de Participaciones de Estados y

Municipios.

2.17 Promover una reforma hacendaria que permita contar con una poltica tributaria sujeta a

criterios de proporcionalidad, progresividad, equidad y justicia distributiva, que simplifique el

pago de impuestos y que genere certeza jurdica y simetra fiscal para los contribuyentes.

2.18 Reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de incorporar

criterios de elegibilidad y seguimiento para aquellos proyectos de inversin que habrn de

ejecutarse con recursos plurianuales, a fin de implementar una poltica de gasto redistributiva

que concrete la rectora del Estado y coadyuve al crecimiento econmico sostenido.

Asimismo, impulsar reformas a la citada ley enfocadas a evitar la discrecionalidad en la

asignacin de recursos presupuestales e incorporar criterios de elegibilidad que fortalezcan la

toma de decisiones basadas en elementos y valoraciones tcnicas.

2.19 Reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para ampliar las opciones de deducibilidad de

personas morales correspondientes a los gastos de previsin social y educacin, eliminar los

topes en las deducciones que se aplican a las personas fsicas y establecer en paralelo al

Rgimen de Incorporacin Fiscal (RIF), la oportunidad de que los contribuyentes puedan

optar por tributar bajo el antiguo Rgimen de Pequeos Contribuyentes (REPECOS), a fin de

estimular a la economa formal y combatir la elusin fiscal, otorgando incentivos a los

contribuyentes para recabar recibos con todos los requisitos fiscales en sus operaciones

cotidianas.

2.20 Reformar la Ley General de Deuda y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria a fin de que el financiamiento pblico que solicita el Gobierno Federal sea

discutido y aprobado bajo criterios tcnicos y transparentes en el contexto del paquete

econmico.

2.21 Modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el propsito de

transparentar y regular las adecuaciones presupuestarias que realice el Ejecutivo respecto al

presupuesto calendarizado y programado, acotando as el nivel de discrecionalidad del

Gobierno Federal.

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2.22 Redefinir de manera integral el pacto fiscal con la participacin de las entidades federativas y

municipios y las instituciones del Sistema Nacional de Coordinacin Fiscal. Este pacto debe

tener como finalidad el equilibrio de las finanzas pblicas federales y ser redistributivo, para

reducir las desigualdades regionales y locales, aumentar la capacidad financiera de los

municipios y atender las demandas ms urgentes de los ciudadanos.

2.23 Exigir que la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico presente en su portal de internet y ante

las comisiones correspondientes del Congreso de la Unin, un anlisis detallado sobre la

progresividad y eficiencia de los diversos gravmenes.

2.24 Contar con polticas fiscales responsables, cuya eficacia se encuentre salvaguardada a travs

de una legislacin completa e integral.

2.25 Revisar los distintos regmenes fiscales contemplados en la Ley de Ingresos de la Federacin

para mejorar las condiciones de competitividad en las fronteras y evitar el crecimiento

inflacionario que se genera por las excesivas cargas fiscales a los residentes y empresas, a

efecto de impedir el desplazamiento de capitales que debilita la creacin de empleos en

perjuicio de la economa nacional.

Finanzas pblicas y rendicin de cuentas

Una economa prspera requiere de la obligacin de los gobiernos a mantener finanzas pblicas

sanas y generar las certezas institucionales necesarias para los agentes econmicos respecto a la

conducta presupuestaria. Igualmente, los ciudadanos requieren de garantas sobre el buen uso y la

responsabilidad en el ejercicio de los presupuestos pblicos, especialmente en el mbito local,

donde en algunos estados y municipios todava prevalecen conductas contrarias a estos principios

fundamentales de probidad, prudencia y transparencia en el ejercicio del gasto pblico. Para

lograrlo, proponemos:

2.26 Reformar la Constitucin para establecer el desarrollo racional de proyectos de

infraestructura plurianuales, a fin de garantizar certidumbre jurdica de las inversiones que

permitan la conclusin de las obras de infraestructura en el plazo establecido, asegurando los

recursos suficientes para que todo el proyecto se termine en tiempo y forma.

2.27 Impulsar la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios con el objeto de que se

implemente una verdadera estrategia en materia de endeudamiento con criterios objetivos,

que impidan sobrepasar sus capacidades financieras y que garanticen la transparencia en el

destino de los recursos. Adems, que impulse prcticas de presentacin pblica, discusin y

18

aprobacin del endeudamiento pblico, a fin de contar con criterios slidos en trminos de la

rentabilidad social y de su impacto para los siguientes aos.

2.28 Reformar el artculo 79 de la Constitucin de los Estados Unidos Mexicanos para que la

Auditora Superior de la Federacin audite la cuenta pblica y los recursos federales que

administren o ejerzan los estados, los municipios y el Distrito Federal, sin excepcin de las

participaciones federales. Esto, a ms tardar, tres meses despus de terminar el ejercicio

fiscal.

2.29 Vigilar de manera activa y generar iniciativas que obliguen al gobierno a preservar finanzas

pblicas sanas, mantener la estabilidad econmica, ejercer una poltica econmica que no

dispare presiones inflacionarias y mantenga abatido el dficit del sector pblico.

Competitividad y promocin de la inversin productiva

Las reformas constitucionales en materia de competencia y regulacin de la economa nacional

son un gran paso adelante para transformar de fondo las estructuras monoplicas y oligoplica

que han maniatado el enorme potencial de crecimiento y desarrollo nacional. No obstante, es

fundamental que la legislacin secundaria y las polticas pblicas materialicen de manera efectiva

lo que la letra de las reformas plantea, por lo que es imperativo dar seguimiento a la conducta del

gobierno en la aplicacin de la ley y evitar el uso arbitrario del poder para favorecer los intereses

de los agentes monoplicos, en detrimento del inters pblico y del bien comn. Por ello, se

propone:

2.30 Vigilar y defender las reformas constitucionales en materia de lucha contra los monopolios,

mediante reformas a leyes secundarias para fortalecer la autonoma de los rganos

reguladores y los instrumentos a su disposicin, con el fin de que puedan actuar de manera

efectiva y garanticen una competencia real en la economa mexicana.

2.31 Reformar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequea y Mediana

Empresa, para promover la capacitacin permanente y sistemtica de los empresarios

medianos y pequeos, que les garantice apoyos continuos y consistentes con el ciclo de

maduracin de sus empresas, para darle seguimiento al impacto de los apoyos otorgados y

para permitirles acceder oportunamente y en mejores condiciones a los distintos fondos de

apoyo.

2.32 Reformar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro,

Pequea y Mediana Empresa, con el objeto de establecer disposiciones que simplifiquen el

19

otorgamiento de apoyos, les permitan defenderse de prcticas monoplicas y

proteccionistas, generen mayores facilidades para su incorporacin a programas de

proveedura y desarrollo de agrupamientos y cadenas productivas, con el fin de fortalecer su

participacin competitiva en el mercado interno y desarrollar sus capacidades exportadoras.

2.33 Promover una Ley Nacional de Emprendimiento que fomente la formacin de jvenes

emprendedores, con la finalidad de otorgarles apoyos, subsidios y beneficios tributarios para

crear empresas y generar empleos, para la promocin de capacidades, para su capacitacin,

para el desarrollo de talento y para materializar iniciativas empresariales y tecnolgicamente

innovadoras.

Desarrollo regional

En Mxico las desigualdades regionales siguen representando la prdida de oportunidades que

generen la dinmica de crecimiento que requerimos para ser un pas ms prspero y equitativo. Es

fundamental que identifiquemos prcticas y mecanismos que nos permitan optimizar los apoyos y

recursos de promocin a la inversin con los que cuentan los gobiernos, de tal manera que se

propicien dinmicas de crecimiento regional y el desarrollo competitivo de sus empresas, as como

del conjunto de agentes econmicos locales, con el claro propsito de generar beneficios a sus

comunidades y familias. Con base en ello, proponemos:

2.34 Reformar la Ley General de Turismo para que los tres rdenes de gobierno se coordinen y

apliquen polticas pblicas encaminadas a impulsar, consolidar y regular el turismo de la

salud, proponer incentivos fiscales y apoyos al turismo de negocios, ecolgico, de aventura,

de cruceros, convenciones, eventos, congresos y foros, a fin de impulsar la llegada de

visitantes extranjeros que incrementen la derrama econmica en favor del desarrollo

regional.

2.35 Reformar la Ley de Instituciones de Crdito para consolidar la participacin de la Banca de

Desarrollo a nivel estatal y as promover el desarrollo regional.

Campo

Es fundamental que los apoyos y subsidios otorgados al campo mexicano lleguen a quien

realmente los necesitan, evitando el uso indebido y el dispendio irresponsable de esos recursos. Es

igualmente fundamental que los beneficios obtenidos por los productores tambin favorezcan de

20

manera directa a los trabajadores del campo y a sus familias, y contribuyan a reducir las enormes e

indignantes desigualdades que existen en las regiones y localidades rurales del pas.

2.36 Reformar la Ley Agraria para proteger los derechos sobre la tierra de los campesinos y apoyar

el desarrollo social y econmico de los ncleos agrarios. Fortalecer el Registro Agrario

Nacional a fin de dar certidumbre al proceso de certificacin de la tenencia de la tierra ejidal

y comunal.

2.37 Reformar la Ley de Desarrollo Rural para fortalecer los lineamientos y criterios de

transparencia, eficiencia y otorgamiento de apoyos a productores en situacin de mayor

vulnerabilidad.

2.38 Reformar la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural para fortalecer las

facultades de AGROASEMEX en materia de vigilancia, para mejorar el desempeo de los

programas pblicos a su cargo.

2.39 Reformar la Ley de Aguas Nacionales con el objetivo de mejorar los mecanismos de

participacin social de los usuarios del agua para una ptima gestin del recurso hdrico a

nivel de cuencas, con base en principios de transparencia y rendicin de cuentas.

21

Justicia,

derechos y

convivencia

nacional

3

Frente a quienes slo conceban los caminos de la frmula violenta y de la substitucin total, como medios

para instaurar en Mxico un orden fundado en el respeto a los derechos del hombre y en las exigencias de la

justicia, Accin Nacional seal las posibilidades de los caminos que abre el cumplimiento del deber poltico y

las de la participacin de todos los mexicanos en las responsabilidades del Gobierno.

Adolfo Christlieb Ibarrola

Los mexicanos aspiramos a tener un pas donde prive la seguridad, se respeten y hagan

cumplir los derechos humanos, y se generen entornos de convivencia que permitan

desarrollarnos en comunidades libres de todo tipo de discriminacin y violencia, donde se

imparta justicia eficaz, pronta y expedita, y se cumplan la Constitucin y las leyes,

privilegiando el Estado de derecho y la soberana popular. Slo en una sociedad semejante

puede tener primaca la persona humana.

El hecho de que para millones de mexicanos estas condiciones fundamentales de libertad,

respecto a los derechos y convivencia sean an una aspiracin, nos indigna y lastima a

todos. Es fundamental avanzar en la creacin de los entornos y el fortalecimiento de las

instituciones que garanticen plenamente los derechos de los ciudadanos, sobre todo de

aquellos que sufren de discriminacin y marginacin. Necesitamos promover modelos de

convivencia respetuosa, tolerante y armoniosa para la vida nacional, garantizar la paz y la

eliminacin de toda forma de violencia en contra de las personas y las comunidades.

El PAN sustenta una visin integral y moderna de la seguridad pblica, bajo la premisa de

ser una funcin a cargo de las autoridades de la Federacin, del Distrito Federal, estados y

22

municipios, para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, as como preservar

las libertades, el orden y la paz pblicos.

La funcin de seguridad pblica debe comprender aspectos preventivos, punitivos y de

reinsercin social; ello implica que se ejerza, en los diversos mbitos de competencia, por

conducto de las instituciones policiales, del ministerio pblico, de las instancias encargadas

de aplicar las sanciones por infracciones administrativas, de los responsables de la prisin

preventiva y ejecucin de penas, y de las autoridades competentes en materia de justicia

para adolescentes.

Para una convivencia armnica, el nfasis de las polticas pblicas en la materia debe

basarse en la prevencin de hechos antisociales y delictivos, con la participacin de la

comunidad como coadyuvante en tareas que no son exclusivas de las autoridades, como la

evaluacin de polticas de prevencin y del desempeo de las instituciones en la materia,

para apoyar la imparticin de educacin y capacitacin en materias de prevencin del

delito, para difundir y generar campaas de denuncia y queja annima ciudadana, que

ayuden en la deteccin temprana de la criminalizacin, as como en la integracin de

observatorios ciudadanos.

En la funcin de la seguridad pblica, pugnamos por un verdadero sistema articulado,

coordinado y comunicado entre rdenes de gobierno, regido por los principios de

subsidiariedad y respeto a la autonoma de estados y municipios, con instituciones

profesionales en la materia, cuyos integrantes se conduzcan con absoluto respeto a los

derechos humanos en el desempeo de sus funciones y cercanos a sus comunidades.

Finalmente, requerimos acelerar los cambios y producir los avances institucionales en

nuestro sistema de justicia que exigen los mexicanos para erradicar la impunidad. Mxico

necesita un cambio de fondo a travs de una reforma efectiva en los sistemas de policas de

los tres rdenes de gobierno, en la procuracin e imparticin de justicia y, en general, en

todo aquello que garantice el acceso de las personas a un sistema en el que se cumpla la ley,

se proteja a las vctimas del delito, y se procese y castigue a los delincuentes conforme a

derecho.

Bajo el orden actual, la democracia, el desarrollo humano y la prosperidad en condiciones de

mayor equidad social estn gravemente amenazadas en nuestro pas por la ausencia de un

efectivo imperio de la ley que permita la convivencia armnica de los mexicanos. Por lo

23

anterior, tres son los grandes objetivos humanistas que integran un panorama de

imperativos nacionales en materia de justicia y convivencia nacional:

I. El impostergable objetivo de recuperar la paz para la convivencia en todas sus

formas y dar un sentido de verdadera seguridad a las familias y a las personas, en su

integridad fsica y en su patrimonio.

II. El imperativo de que los derechos humanos de todas y todos sean verdaderamente

cumplidos y respetados, y en su caso, que las personas cuenten con los recursos

para defenderse y para obligar al Estado a respetarlos, as como para que les sean

resarcidos los daos que los actos u omisiones del Estado les generen.

III. La necesidad de lograr una procuracin e imparticin de justicia que responda a los

niveles alarmantes de impunidad que vive nuestra sociedad.

Derechos y libertades

Los derechos fundamentales de los mexicanos deben ser ejercitables en todo momento y no

pueden estar sujetos a la discrecionalidad y arbitrariedad de las autoridades o de terceros,

como tampoco pueden estar condicionados por omisiones en la accin oportuna y expedita

de quienes estn responsabilizados de hacerlos valer. En ocasiones, que lamentablemente

no son pocas, son las mismas autoridades quienes carecen de la cultura de la legalidad

necesaria para respetar e identificar claramente los derechos que estn afectando, dejando

en un estado de indefensin a quienes aspiran a ejercer sus legtimos derechos.

Mxico an padece de prcticas inaceptables de violaciones a los derechos humanos, las

cuales se agravan en contextos donde la marginacin y el clima de violencia generado por el

actuar del crimen organizado impide el ejercicio pleno de la accin del Estado. La

desaparicin forzada de personas, la tortura, los homicidios mltiples que nunca son

juzgados, entre otros, son claros indicios de una situacin inadmisible que no puede seguir

siendo ignorada, aunque el gobierno pretenda ocultar y minimizar su presencia en la vida

nacional.

Es fundamental avanzar en el fortalecimiento de las instituciones, el Estado de derecho y la

cultura de la legalidad. Durante los gobiernos de Accin Nacional, a la vez que se enfrent

sin miramientos al crimen organizado, se avanz en la implantacin de los sistemas y

modelos que facilitaran el acceso a la justicia y a la defensa cabal de los derechos. Ese

cambio institucional no ha recibido en este gobierno la atencin y cuidado que eran

24

necesarios para acelerar y fortalecer su implantacin. Para Accin Nacional es fundamental

recobrar el ritmo y acelerar la marcha para empezar a ver los frutos de las reformas y

cambios introducidos cuando fuimos gobierno.

Considerando lo anterior, proponemos:

3.1 Reformar el artculo 1 de la Constitucin para que sta reconozca la dignidad de los

seres humanos, la plena igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, as como los

derechos y garantas de los mexicanos como naturales y anteriores al orden jurdico.

stos debern ser respetados por el Estado en cualquier circunstancia, aun cuando no

estn contemplados explcitamente en la Constitucin y en los tratados internacionales

suscritos.

3.2 Reformar el artculo 1 de la Constitucin para garantizar los derechos humanos y en

caso de violacin de los mismos, la reparacin oportuna por parte del Estado mexicano.

3.3 Reformar el artculo 2 de la Constitucin para garantizar el derecho a la vida de todos

los mexicanos desde el momento de la concepcin hasta la muerte natural, de tal suerte

que el Estado mexicano se obligue a proteger la vida por todos los medios a su alcance.

3.4 Adicionar el artculo 102, apartado B, de la Constitucin para dotar a la Comisin

Nacional de Derechos Humanos la facultad de citar a comparecer a los titulares del

poder ejecutivo a nivel estatal cuando se presenten violaciones graves a los derechos

humanos.

3.5 Reformar la Constitucin para dotar a la Comisin Nacional de Derechos Humanos la

facultad de atraccin, ya sea por oficio o a peticin de parte, en los casos de violaciones

de derechos humanos cometidas por autoridades estatales.

3.6 Eliminar la prohibicin constitucional que impide a las comisiones de derechos humanos

pronunciarse sobre violaciones del Poder Judicial de la Federacin, permitiendo que

emita recomendaciones generales sin pronunciarse sobre casos especficos.

3.7 Modificar la Constitucin y la Ley de la Comisin Nacional de Derechos Humanos para

establecer visitaduras adjuntas en los centros de reclusin, para prevenir y atender de

manera oportuna violaciones a derechos humanos de vctimas e inculpados. En este

mismo sentido, se obligar a las comisiones estatales a establecer visitaduras adjuntas

en los centros de reclusin estatales.

25

3.8 Reformar el artculo 2 de la Constitucin para que los organismos de derechos

humanos puedan sancionar a aquellos servidores pblicos que no acaten sus

recomendaciones.

3.9 Reformar el artculo 16 de la Constitucin para regular la figura del arraigo bajo los

estndares de proteccin de los derechos humanos y del debido proceso.

3.10 Reformar los artculos 19, segundo prrafo; 20, apartado B, fracciones III y V; apartado

C, fraccin V; 29, segundo prrafo y 73, fraccin XXI, inciso a), de la Constitucin para

otorgar al Congreso de la Unin la facultad para emitir una Ley General contra la

Desaparicin Forzada de Personas, de acuerdo con la iniciativa presentada en el Senado

de la Repblica en noviembre del 2014.

Sistema de procuracin de justicia

Si bien es cierto que en materia federal los avances en los sistemas de procuracin e imparticin

de justicia han sido sustanciales, su implementacin y homologacin en los estados sigue rezagada

y es desigual en cuanto a su cabal implementacin. Aun reconociendo la reforma al sistema penal

como modelo de referencia respecto a los avances en la materia, es evidente que existe una

necesidad imperiosa de fortalecer instituciones, racionalizar los esfuerzos y generar intervenciones

que aceleren los procesos de cambio y le garanticen a los mexicanos el acceso a la justicia.

3.11 Reformar el artculo 21 de la Constitucin para establecer que el Estado mexicano

reconozca la jurisdiccin de la Corte Penal Internacional en trminos de lo dispuesto en

el Estatuto de Roma.

3.12 Establecer las bases constitucionales y legales para la creacin de una Ley General de

Procuracin de Justicia, que establezca estndares para el fuero comn y federal, y se

logre:

o Implantar un Sistema universal de recepcin de denuncias, independientemente del

fuero y especialidad, para fortalecer la cultura de la denuncia.

o Homologar el salario y la capacitacin de fiscales, agentes del ministerio pblico y

peritos, con funcionarios equiparables del Poder Judicial de la Federacin, para

reducir el nmero de averiguaciones previas con deficiencias desde su integracin.

o Incrementar el nmero de fiscalas en proporcin a la incidencia delictiva.

26

o Establecer mecanismos de participacin de vctimas en la procuracin de justicia,

permitiendo el acceso al expediente a fin de colaborar con el anlisis de las pruebas y

facilitar el esclarecimiento de la verdad de los hechos.

o Crear mecanismos para que los ciudadanos colaboren en la observancia del trabajo

objetivo de los ministerios pblicos.

o Establecer un sistema de coordinacin entre ministerios pblicos federales, agencias

de ministerios del fuero comn y sndicos procuradores para construir fuentes

avanzadas de informacin sobre el delito, y para desarrollar sinergias institucionales

entre los diferentes niveles del ministerio pblico.

o Facilitar la adquisicin, prstamo e intercambio de tecnologa entre policas y

procuraduras, para la ptima investigacin de los delitos.

Sistema de imparticin de justicia

Debemos avanzar de manera decidida hacia la construccin de un sistema integral de instituciones

que permita el acceso de todos a la justicia. Se trata no slo de un sistema en el que los jueces

puedan ejercer un poder real ms all de la influencia de cualquier poder fctico, sino un sistema

en el que se van proveyendo los elementos tcnicos de procedimiento e informacin para

aumentar significativamente las capacidades del sistema de justicia.

3.13 Reformar el artculo 22 de la Constitucin para que la extincin de dominio slo

proceda en caso de enriquecimiento ilcito.

3.14 Reformar el artculo 100 de la Constitucin para establecer que los requisitos para

poder ser designado Consejero de la Judicatura Federal, sean los mismos que para ser

designado Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin.

3.15 Reformar el artculo 104 de la Constitucin para establecer la competencia exclusiva de

los tribunales federales en controversias en materia mercantil cuando estn

involucradas instituciones de crdito.

3.16 Modificar la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin para hacer efectiva la

rotacin de los jueces en el poder judicial, con el objeto de evitar lazos de complicidad

y corrupcin.

Sistema de justicia penal

27

La reforma del sistema penal en Mxico es una de las reformas ms profundas e importantes para

la vida nacional, y uno de los legados ms importantes de las administraciones panistas. No

obstante, el avance en su implementacin es muy desigual desde la perspectiva regional, pero

tambin en cuanto a los diferentes aspectos que tienen que funcionar de manera armnica para

su cabal implementacin.

Por lo anterior, debemos promover medios e incentivos para impulsar y vigilar la implementacin

plena de la reforma penal acusatoria, poniendo especial nfasis en que los gobiernos y congresos

locales realicen las modificaciones a sus legislaciones para la completa adaptacin de la reforma, y

que aceleren la implantacin de las debidas prcticas, procesos e instancias necesarias que

permitan a los ciudadanos acceder en el menor tiempo posible a los beneficios que representa el

nuevo sistema.

3.17 Es necesario que el Sistema de Atencin a Vctimas mejore sustancialmente para poder

resarcir a las vctimas de manera adecuada y expedita. Es necesario crear nuevos

centros de atencin y fortalecer el marco legal para que este sistema funcione

correctamente y para implantar procedimientos ms giles y humanos que permitan

atender debidamente y garantizar el pleno derecho de las vctimas del delito.

3.18 Promover las iniciativas para resolver los problemas de implementacin del sistema

penal oral acusatorio que ya son evidentes en algunos estados. Lo anterior con el

nimo de fortalecer este sistema y que muestre con ello los avances necesarios para su

cabal implementacin en el ao 2016.

3.19 Introducir reformas para perfeccionar y hacer cumplir la Ley para Prevenir y Sancionar

la Trata de Personas.

Sistema nacional de policas

Los avances en la profesionalizacin y certificacin de las policas continan con un inadmisible

rezago que afecta seriamente la capacidad del Estado para enfrentar a los delincuentes,

especialmente al crimen organizado, y no permite generar cambios visibles para garantizar la

seguridad de los mexicanos. Es fundamental actuar legislativamente para acelerar los mecanismos

y procesos necesarios para contar con policas confiables y capaces.

Pese a la gravedad que implica el deterioro de las policas en localidades donde el crimen

organizado las ha cooptado mediante la corrupcin y la amenaza, es inadmisible el intento del

gobierno por suprimir permanentemente las policas municipales bajo ese pretexto. Por el

28

contrario, es fundamental realizar los esfuerzos para rehabilitar el tejido institucional de los

poderes locales, fortalecer sus capacidades para enfrentar a los criminales y garantizar la cercana

y participacin activa de los ciudadanos para el restablecimiento de la confianza en las

instituciones del Estado.

Cuando sea necesaria la intervencin de la Federacin, debe quedar claro que no se pueden

abrogar los derechos y facultades fundamentales de los municipios y los poderes locales, sino slo

intervenir de manera transitoria y subsidiaria, con el objetivo expreso de fortalecer y restituirle sus

capacidades bsicas de proteger la integridad personal, la propiedad y las libertades necesarias

para el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

Por ello, proponemos:

3.20 Promover las reformas necesarias para consolidar un nuevo Sistema de Polica

Nacional, basado en una sola instancia nacional con atribuciones de control,

seguimiento y en caso de ser necesario, y de acuerdo con la ley, de intervencin

operativa, que en todos los casos deber realizarse de manera subsidiaria y temporal, y

slo cuando las policas locales fallen en su encargo de velar por la paz y la seguridad de

los ciudadanos. Esta instancia ser directamente responsable de la homologacin

operacional, de la profesionalizacin y el establecimiento de los controles de confianza,

del reclutamiento adecuado, de la formacin, entrenamiento y supervisin de todos los

elementos de seguridad pblica, y fungir como rgano de certificacin y soporte

institucional y subsidiario de todas las policas municipales y estatales.

3.21 Realizar las reformas necesarias para redefinir y hacer efectivo el mando nico como

mecanismo subsidiario que respete las atribuciones constitucionales de los municipios

en materia de seguridad. Las reformas debern contemplar mecanismos institucionales

para fortalecer las capacidades de los municipios. La intervencin directa y exclusiva de

las autoridades estatales en la seguridad pblica de los municipios se realizar slo en

aquellos municipios que carezcan de los recursos y capacidades para proveer el servicio

de seguridad pblica.

29

Bienestar y

seguridad

social

universal

4

Es incierto el futuro de un pas donde la pobreza se extiende y se agudiza. Cuarenta millones de mexicanos

que viven con grandes carencias deben constituir el punto de referencia para toda tarea poltica, porque

nada justifica postergar para ellos la posibilidad cierta y real de una vida digna.

Diego Fernndez de Cevallos

Los gobiernos de Accin Nacional alcanzaron logros notables en materia de bienestar para los

mexicanos, a pesar de la recesin econmica mundial de 2009 y de las limitaciones impuestas por

la mezquindad prista que impidi la aprobacin de las reformas estructurales que el PAN impuls.

Ahora, debemos seguir avanzando especialmente frente a los retos que implica alcanzar la

seguridad universal que supone la plena cobertura de las poblaciones ms vulnerables: nios,

adultos mayores, madres solteras, indgenas, trabajadores y familias en condiciones de alta

vulnerabilidad y riesgo.

Como gobierno logramos avances sin precedentes en materia de salud, vivienda, calidad de vida y

abatimiento de la pobreza extrema, gracias a que forjamos un crculo virtuoso que comenz con

polticas pblicas eficientes, transparentes y responsables, para generar crecimiento econmico y

que, al mismo tiempo, se tradujo en programas sociales que redistribuyeron la riqueza,

fomentaron el desarrollo integral de la persona y procuraron justicia social en un ambiente de

solidaridad y subsidiariedad para lograr el bien comn. Avanzamos en promover una idea del

desarrollo social centrada en promover una sociedad ms igualitaria y equitativa cuyo elemento

distinto fuera el respeto a la dignidad de las personas.

Ante un Mxico donde an persiste la pobreza, en donde los gobiernos anteriores slo buscaron

callar con clientelismos las voces que demandaban justicia social, en doce aos, Accin Nacional

ofreci a las familias mexicanas acciones que ponan por encima de todo la dignidad de la persona

humana y que realmente combatieran la pobreza, dndoles ms oportunidades de desarrollo. Uno

30

de los mayores aciertos de los gobiernos panistas fue blindar la estrategia de combate a la pobreza

y la poltica social en general de los fines electorales; esto se vio reflejado en la creacin de

instituciones como el CONEVAL, que por medio de criterios acadmicos rigurosos y transparentes

ha evaluado los alcances, limitaciones y logros de los diferentes programas. Es por ello que debe

de seguirse insistiendo en una cultura de evaluacin y focalizacin que permita optimizar los

recursos destinados a programas sociales, as como su efectividad.

Construimos un Mxico ms justo, con polticas sociales integrales y de largo alcance como

Oportunidades o Apoyo familiar, que fueron el soporte de casi 6 millones de familias que viven en

pobreza y que se saban protegidas por la accin subsidiaria y solidaria de su gobierno.

En las administraciones federales de Accin Nacional empoderamos a la mujer desde su niez al

reducir la brecha de gnero en la educacin y beneficindola con el Programa Oportunidades.

Tambin contribuimos a reducir la brecha tnica, porque las nias indgenas que eran beneficiarias

de Oportunidades tenan casi un ao ms de escolaridad que las que no eran beneficiarias del

programa.

Construimos las bases para un sistema de salud universal, con el fin de tener mexicanos ms sanos

gracias a la creacin del Seguro Popular, para que el nivel de vida de los ciudadanos mejore da

con da y su salud no sea un freno para su desarrollo.

Contando con estos logros alcanzados, en Accin Nacional renovamos nuestra conviccin para

seguir trabajando en la construccin de un pas ms justo, que le brinde igualdad de

oportunidades a las y los mexicanos, y que en cada etapa de su vida les garantice acceso a la

seguridad social universal y a la plena cobertura de las poblaciones ms vulnerables: nios, adultos

mayores, madres solteras, indgenas, trabajadores y familias en condiciones de alta precariedad y

riesgo. Tambin es imperativo que se siga garantizando la aplicacin de programas sociales que,

en vez de generar dependencia, le brinden a cada mexicana y mexicano los elementos necesarios

para alcanzar su pleno desarrollo.

COMBATE A LA POBREZA Y DESARROLLO HUMANO

El 52% de la poblacin mexicana se encuentra en situacin de pobreza y no cuenta con los

elementos necesarios para lograr su pleno desarrollo. Adems, la desigualdad en Mxico se

percibe en que los hogares que ms ganan, lo hacen 78 veces ms que en las viviendas que menos

ingreso reciben, teniendo como consecuencia que ms del 35% de la poblacin se endeude para

cubrir sus necesidades bsicas.

31

Ante esta realidad, en Accin Nacional refrendamos nuestro compromiso con las familias

mexicanas para seguir construyendo un Mxico ms justo y con igualdad de oportunidades para

todos, en el que las polticas pblicas para combatir la pobreza sean incluyentes, responsables y

lleguen de manera efectiva, transparente y solidaria a quienes ms lo necesiten.

Por ello, para redistribuir la riqueza, generar capital humano y combatir la pobreza, proponemos:

Familias mexicanas con desarrollo integral

4.1 Reformar el artculo 4 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos para

establecer que el Estado y la sociedad protejan la organizacin y el desarrollo de la familia

como elemento fundamental de la sociedad.

4.2 Adicionar el artculo 73 de la Constitucin a efecto de facultar al Congreso de la Unin para

legislar en materia de adopcin de forma concurrente, lo que permitir armonizar las diversas

disposiciones normativas en la materia, permitiendo as la uniformidad y la homologacin de

legislaciones, criterios tcnicos y administrativos a nivel nacional.

4.3 Presentar una iniciativa sobre Paternidad Responsable que incluya el Registro Pblico Nacional

de Deudores de Pensin Alimentaria; que fomente una paternidad afectiva y responsable que

impulse una mayor participacin de los hombres en el mbito familiar desde la gestacin, la

crianza y el desarrollo, hasta la educacin de las hijas e hijos.

4.4 Reformar la Ley de Asistencia Social para facultar al Sistema Nacional DIF como un rgano

generador de polticas pblicas transversales que promuevan el fortalecimiento integral de la

familia.

Combate a la pobreza

4.5 Reformar la Ley del CONEVAL con el objetivo de facultarlo para evaluar las polticas y los

programas sociales estatales y municipales, a efecto de fortalecer la transparencia, la

rendicin de cuentas y tener un conocimiento riguroso de sus alcances e impacto.

4.6 Proponer una iniciativa de Ley para Garantizar el Derecho a la Alimentacin, tal como lo

recomiendan los acuerdos y organismos internacionales, a fin de generar un impacto positivo

en la promocin del acceso al derecho a la alimentacin en nuestro pas.

4.7 Reformar a la Ley de Coordinacin Fiscal para dotar al Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social de mecanismos de evaluacin, que consideren criterios de pobreza y

32

desigualdad a efecto de eliminar las inequidades que genera la frmula vigente de distribucin

de recursos hacia estados y municipios.

4.8 Reformar la Ley General de Desarrollo Social a fin de establecer mecanismos de control para la

adecuada focalizacin de los programas sociales, con la finalidad de que no se conviertan en

instrumentos de clientela poltica.

SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD UNIVERSAL

Reconociendo la importancia que tiene el bienestar para el pleno desarrollo de las familias

mexicanas, los gobiernos de Accin Nacional sentaron las bases para lograr la cobertura universal

de salud, consiguiendo que de 2000 a 2010 la poblacin con acceso a servicios de salud subiera de

39 a 72.5 millones de personas, gracias, entre otras acciones, a la creacin del Seguro Popular, que

para 2010 cubra a alrededor de 42 millones de mexicanos.

Estos logros fueron posibles debido a polticas pblicas panistas con visin de largo plazo, as como

a finanzas pblicas sanas y responsables para sanear los sistemas de salud en Mxico. Sin

embargo, a pesar de los logros antes mencionados y de que millones de familias mexicanas se han

visto beneficiadas con programas de seguridad social implementados por el PAN, el rezago de

aos anteriores fue difcil de eliminar, por lo que todava es necesario seguir trabajando para

terminar el saneamiento de los sistemas de salud, para hacerlos sostenibles y refrendar una

poltica de largo plazo que tambin coadyuve a mejorar la atencin, la cobertura y los servicios

que se les presta a los usuarios.

Del mismo modo, debemos trabajar para dar respuesta a retos urgentes que, de no actuar con

prontitud, afectarn a millones de mexicanas y mexicanos en un futuro cercano, principalmente

porque vivimos una transicin epidemiolgica que se caracteriza por el predominio de las

enfermedades crnicas cuya atencin mdica, a causa del cambio en la distribucin de la

poblacin por edades, se ha vuelto ms costosa y ha mermado las finanzas de las instituciones.

Adems de la sostenibilidad, la cobertura y la calidad de los servicios en los sistemas de salud,

tambin debemos continuar los esfuerzos para mejorar el sistema de pensiones y garantizar una

vida plena para los jubilados y adultos mayores, porque cinco de cada diez mexicanas o mexicanos

no sabe de qu va a vivir en la vejez. As, la Comisin Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

(CONSAR) debe garantizar que el ahorro de los trabajadores mexicanos sea administrado de forma

eficiente, con los mayores rendimientos y cuidando el nivel de riesgo en las inversiones de los

fondos para el retiro.

33

De este modo, en Accin Nacional hacemos las siguientes propuestas con la finalidad de brindarle

a las y los mexicanos servicios de salud de calidad, lograr la cobertura universal y garantizar que las

pensiones representen la tranquilidad de los pensionados en vez de una preocupacin:

Servicios de salud de calidad

4.9 Reformar la Ley General de Salud y las distintas leyes de seguridad social para garantizar que la

cobertura de los servicios de salud sea universal, que se puedan recibir en cualquier

establecimiento de atencin mdica de los diferentes sistemas, y los mecanismos para que

estos servicios converjan en estndares de calidad homogneos.

4.10 Reformar la Ley General de Salud para establecer el Consejo Nacional contra la Obesidad y las

Enfermedades Metablicas.

4.11 Reformar la Ley General de Salud para fortalecer mecanismos de prevencin y atencin de las

enfermedades mentales.

4.12 Reformar la Ley General de Salud para facilitar un esquema de coordinacin y de alianzas

pblico-privadas con la industria farmacutica, para mejorar la provisin de medicamentos

en todas las regiones del pas y el abasto suficiente de material de curacin en las unidades

de atencin.

Seguridad social incluyente

4.13 Promover un marco legal en materia de seguridad social universal a travs del cual se

garantice una vida digna a las y los mexicanos, y que al mismo tiempo privilegie finanzas

pblicas sanas y responsables con una perspectiva de largo plazo.

4.14 Reformar la Ley General de Salud para ampliar los objetivos del Sistema Nacional de

Proteccin Social en Salud, para que a travs de ste tambin se proporcione un esquema de

financiamiento bipartita para la obtencin de una pensin de retiro para los 28.6 millones de

trabajadores independientes, as como seguros de viudez y orfandad para sus dependientes

econmicos, entre otros posibles beneficios relacionados con la seguridad social.

4.15 Presentar una iniciativa para expedir para Ley del Seguro Nacional de Desempleo.

4.16 Introducir las reformas necesaria a las distintas leyes de seguridad social correspondientes

para generar la proteccin social integral de los jornaleros agrcolas y sus familias.

GRUPOS VULNERABLES

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En Accin Nacional comprendemos que la situacin de vulnerabilidad de las mexicanas y los

mexicanos lastima a sus familias y nos debilita como nacin, por ello, reconocemos que es

necesario atender a las poblaciones vulnerables o que necesitan un apoyo extra para salir

adelante, tomando en cuenta las distintas etapas de la persona, desde su gestin hasta su muerte

natural, para que as tengan una vida plena y con acceso equitativo e incluyente a oportunidades

desarrollo.

En el caso de la niez mexicana, vemos con preocupacin que slo el 12% de la poblacin infantil

recibe plenamente servicios pblicos, 16% de los nios menores de 5 aos vive en condiciones de

hacinamiento, 38% de los nios menores de 2 aos tiene anemia, 13.6% de los nios menores de

cinco aos presenta desnutricin crnica y el 56% de los nios menores de 5 aos vive en pobreza.

Cada dos das muere por homicidio/maltrato infantil un nio menor de 4 aos y ms del 20% de

los nios que asiste a preescolar en zonas marginadas no adquiere habilidades bsicas de lenguaje

y pensamiento matemtico.

Sin embargo, el escenario no es ms alentador con poblaciones adultas, porque en el caso de las

comunidades indgenas, vemos que por cada 100 personas que son hablantes de lenguas

indgenas, hay 97 que son pobres o vulnerables por alguna de las carencias sociales. Por otro lado,

con los adultos en plenitud, en 2013 el porcentaje de personas mayores a los 60 aos en situacin

de pobreza y que presentan carencia por acceso a los servicios de salud, represent el 20.9% de la

poblacin.

Al tener esta perspectiva de largo plazo y de acuerdo con las etapas de la vida, en Accin Nacional

sabemos que hay un amplio espectro poblacional, de diversas caractersticas y necesidades

especficas, a quienes nos tenemos que dirigir tomando en cuenta a la infancia, a las mujeres, a los

adultos mayores, a las personas con cualquier tipo de discapacidad y hasta a la poblacin

migrante, ya que por su condicin de pobreza o movilidad se encuentra en situacin de

vulnerabilidad.

Por ello es que trabajaremos para lograr las siguientes propuestas:

Nias y nios

4.17 Presentar una iniciativa de Ley de adopcin que incluya mecanismos para unificar los criterios

en las legislaciones locales, acortando as los tiempos en el procedimiento y medidas de

coordinacin entre todas las instancias relacionadas con la materia.

35

4.18 Reformar la Ley General de los Derechos de Nias, Nios y Adolescentes con el objeto de

promover la implementacin del modelo de Centros Incluyentes de Atencin Integral para

nias, nios y jvenes con todo tipo y grado de discapacidad.

4.19 Reformar la Ley Federal del Trabajo para elevar las sanciones a las personas que violen las

disposiciones en materia de trabajo infantil, de acuerdo con lo ratificado en los convenios

internacionales.

4.20 Reformar la Ley Federal del Trabajo para prohibir el despido de una trabajadora o

coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambiar

de estado civil o por tener que ausentarse del trabajo para el cuidado de hijas e hijos que an

no hayan cumplido 18 aos.

4.21 Promover la creacin de la Ley de Combate a la Violencia Infantil y Juvenil, que defina el

marco para la prevencin, erradicacin de prcticas violentas, para la intervencin de las

autoridades y para las sanciones en caso de omisin. Una ley que establezca la obligacin de

las autoridades al desarrollo de campaas educativas y publicitarias dentro de las escuelas

para prevenir la violencia juvenil, as como la obligacin de dar seguimiento y generar

informacin sobre este fenmeno social.

Jvenes

4.22 Impulsar la aprobacin de la Minuta que reforma al artculo 4 de nuestra Constitucin, que

establece el derecho de la juventud al desarrollo integral, con el objetivo de alcanzar la

proteccin efectiva de las garantas reconocidas en la Carta Magna.

4.23 Proponer diversas alternativas dentro de la Ley del Servicio Militar para que los jvenes

puedan optar tambin por un servicio cvico, social y comunitario, preferentemente en zonas

marginadas.

4.24 Reformar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para incluir entre las atribuciones del

Instituto, la posibilidad de impulsar la conformacin y operacin del Sistema Nacional de

Informacin y Consulta que comprenda, entre otras cosas, la incorporacin y homologacin

de criterios de juventud en los distintos sistemas nacionales de estadstica y el diseo de

criterios cualitativos que permitan evaluar tanto el nivel de bienestar de la juventud, como el

grado de cumplimiento de sus derechos.

4.25 Fomentar la cultura del ahorro entre los jvenes mediante la adecuacin de la Ley de Ahorro

y Crdito Popular, con el objetivo de mejorar los esquemas que apoyen a los jvenes

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ahorradores con crditos accesibles para la adquisicin de una primera vivienda, para

integrar una empresa y para acceder a crditos educativos con tasas bajas de inters.

Equidad de gnero

4.26 Reformar el apartado A del artculo 123 constitucional para establecer el derecho al

servicio de guarderas para las mujeres y los hombres trabajadores por igual.

4.27 Reformar la Ley General del Sistema Nacional de Informacin Estadstica y Geogrfica para

considerar a la violencia contra la mujer como informacin de inters nacional.

4.28 Promover estmulos fiscales a las empresas que contraten mujeres para desempear tareas

mediante esquemas de teletrabajo, especialmente las que requieran atender a familiares en

sus hogares.

Personas con discapacidad

4.29 Reformar el artculo 4 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos con el

objetivo de establecer que el Estado promueva los medios para el tratamiento, rehabilitacin

e integracin al desarrollo en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad.

4.30 Reformar la Ley General para la Inclusin de las Personas con Discapacidad con el fin de

promover la creacin de instituciones y escuelas especializadas en apoyar a las personas con

algn grado de discapacidad, que permita su inclusin y apoye su rehabilitacin.

4.31 Reformar el marco jurdico para incorporar garantas de accesibilidad universal a espacios

fsicos, servicios pblicos, medios de transporte, medios de comunicacin y tecnologas de la

informacin, para que los jvenes con alguna discapacidad se incorporen y participen en la

vida econmica, social, poltica y cultural.

4.32 Legislar para sentar las bases de un Programa de Estancias para personas con alguna

discapacidad.

Comunidades indgenas

4.33 Reformar la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, para que cada instancia de

gobierno asuma su responsabilidad respecto al desarrollo de la poblacin indgena, conforme

al sentido del artculo 2 constitucional.

4.34 Reformar el marco legal para asegurar el pago de servicios ambientales a las comunidades

indgenas que se encuentran en el bosque.

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4.35 Reformar el marco legal para fortalecer los servicios educativos en las comunidades indgenas

a travs de programas de educacin media superior y superior para jvenes indgenas, con

programas especiales de educacin intercultural bilinge, de alfabetizacin y en especial de

capacitacin productiva y tecnolgica.

4.36 Modificar la Ley de la Comisin Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas para que

asuma gradualmente una funcin reguladora y vigilante del respeto a los derechos de los

indgenas, con el fin de que quede convertida en un rgano de investigacin, estudio,

propuesta, consulta y difusin que genere criterios para el desarrollo.

Migrantes

4.37 Legislar para que los recursos destinados a proteger a la poblacin migrante en territorio

mexicano se ejerzan de manera responsable y se vinculen principalmente al servicio de la

persona, para as dar la garanta a nuestros connacionales de que en su regreso a Mxico, sea

voluntario o por repatriacin, las dependencias del Gobierno Federal los atendern de

manera digna, viendo por su bienestar fsico y psicolgico.

4.38 Incluir sanciones en la legislacin del sistema financiero mexicano a quienes alteren el monto

de las remesas abusando en el tipo de cambio que ofrecen a los que reciben el dinero.

4.39 Legislar para que quienes reciben una cantidad comprobable y estable de remesas de forma

peridica y tengan necesidad de comprobar ingresos, puedan optar para que stas cuenten

como comprobante de los mismos sin que implique responsabilidad impositiva.

Adultos mayores

4.40 Adicionar la Ley Orgnica de Sociedad Hipotecaria Federal para que esta entidad promueva,

coordine y supervise un sistema nacional de hipotecas inversas o reversibles, con objeto de

que los adultos mayores tengan una opcin para rentabilizar su patrimonio inmobiliario.

4.41 Reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para fortalecer los

mecanismos de atencin jurdica, salud y asistencia, as como crear los mecanismos que

sancionen el abandono, discriminacin y violencia contra los adultos mayores.

38

Conocimiento y

formacin para

la prosperidad 5

Resolver el problema de la educacin en Mxico no es solamente proporcionar a todos los mexicanos

elementos materiales para que puedan aprender a desempear un trabajo, un oficio o una profesin con la

que ganarse la vida. Resolver este problema requiere adems mantener una conciencia de la comunidad

nacional, que puede hacer especialmente fecunda la convivencia y prspero al pas.

Adolfo Christlieb Ibarrola

Una nacin prspera requiere del esfuerzo y talento creativo de todos los mexicanos. Los rezagos

en materia de cobertura, calidad e infraestructura en todos los niveles de enseanza y desarrollo

de conocimiento siguen siendo una asignatura pendiente para el Gobierno Federal y para los

gobiernos estatales.

Durante las administraciones panistas se sentaron las bases para la reforma educativa que form

parte sustancial del Pacto por Mxico: alcanzar el 100% de la cobertura en educacin bsica,

duplicar la infraestructura en educacin media superior, alcanzar una cobertura sin precedentes

en materia de becas en todos los niveles y lograr importantes acuerdos en materia de evaluacin

de la calidad y mejora curricular fueron logros que marcaron el camino a seguir. No obstante, la

realidad de la educacin y de la produccin de conocimiento en Mxico dista enormemente de lo

que sera necesario para alcanzar los objetivos de desarrollo material y espiritual de la nacin.

Aunque la reforma educativa de 2013 consagr en la constitucin demandas histricas de Accin

Nacional y polticas aplicadas por nuestros gobiernos, sigue siendo prioritario redoblar esfuerzos y

defender una reforma que el gobierno prista no ha sabido ejecutar a cabalidad.

Desde hace 11 aos Accin Nacional hizo nfasis en la necesidad de un enfoque ms integral para

la educacin de la poblacin en edad escolar, as como para la poblacin adulta. Por lo mismo,

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hemos impulsado leyes y programas para el desarrollo de habilidades y aptitudes relacionadas con

el liderazgo, la tolerancia, la creatividad y el espritu emprendedor. En este sentido, hemos sido

congruentes con nuestra idea de promover el desarrollo humano sobre la base de valores

centrados en el desarrollo integral de la persona. Es fundamental que no se d marcha atrs a las

reformas e instituciones que promovimos para alcanzar este importante objetivo.

La educacin en valores es un tema que debe tocar transversalmente todas las polticas pblicas

en materia de desarrollo de capacidades y de conocimientos. Por ello ha sido vital continuar

nuestra lucha para que desde la Ley General de Educacin se integre en todos los niveles y

mbitos del sistema educativo nacional, la formacin en valores cvicos y ticos como instrumento

esencial para la transformacin integral de la sociedad mexicana, que promueva la tolerancia y el

combate a la discriminacin, la cultura de la legalidad, el conocimiento profundo de los derechos

fundamentales y el desarrollo de las capacidades para qu