Introducción al conocimiento de la Sociedad y el Estado

OSZLAK – LA FORMACIÓN DEL ESTADO ARGENTINO

Lineamientos conceptuales e históricos

La formación del estado es un aspecto constitutivo del proceso de construcción social. Se van definiendo los diferentes planos y componentes que estructuran la vida social organizada.

Este orden social no es simplemente el reflejo o resultado de la yuxtaposición de elementos que confluyen históricamente y se engarzan de manera unívoca. El patrón resultante depende también de los problemas y desafíos que el propio proceso de construcción social encuentra en su desarrollo histórico, así como de las posiciones adoptadas y recursos movilizados por los diferentes actores – incluido el estado – para resolverlos.

La formación del estado nacional supone a la vez la conformación de la instancia política que articula la dominación y la materialización de esa instancia en un conjunto interdependiente de instituciones que permiten su ejercicio.

Estatidad = surgimiento de una instancia de organización del poder y del ejercicio de la dominación política (grado en que un sistema de dominación social ha adquirido el conjunto de propiedades que definen la existencia de un estado). El estado es relación social y aparato institucional.

La estatidad supone la adquisición por parte de esta entidad de una serie de propiedades:

capacidad de externalizar su poder, obteniendo reconocimiento como unidad soberana dentro de un sistema de relaciones interestatales;

capacidad de institucionalizar su autoridad, imponiendo una estructura de relaciones de poder que garantice su monopolio sobre los medios organizados de coerción;

creación de un conjunto funcionalmente diferenciado de instituciones públicas para extraer establemente recursos de la sociedad civil;

capacidad de internalizar una identidad colectiva, mediante la emisión de símbolos que refuerzan sentimientos de pertenencia y solidaridad social y permiten el control ideológico como mecanismo de dominación.

Estos atributos definen a un estado nacional. El estado nacional surge en relación con una sociedad civil que tampoco ha adquirido el carácter de sociedad nacional.

El doble carácter del estado – abstracto y material a la vez – encuentra cierto paralelismo en el concepto de nación. En la idea de nación también se conjugan elementos materiales e ideales. Los primeros se vinculas con el desarrollo de intereses resultantes de la diferenciación e integración de la actividad económica dentro de un espacio territorialmente delimitado. Los segundos implican la difusión de símbolos, valores y sentimientos de pertenencia a una comunidad diferenciada por tradiciones, etnias, lenguaje u otros factores de integración que configuran una identidad colectiva, una personalidad común que encuentra expresión en el desarrollo histórico.

La existencia del estado presupone la presencia de condiciones materiales que posibiliten la expansión e integración del espacio económico (mercado) y la movilización de agentes sociales en el sentido de instituir relaciones de producción (relaciones sociales capitalistas) e intercambio crecientemente complejas mediante el control y empleo de recursos de dominación. Esa economía en formación va definiendo un ámbito territorial, diferenciando estructuras productivas y homogeneizando intereses de

clase que, en tanto fundamento material de la nación, contribuyen a otorgar al estado un carácter nacional.

La constitución del sistema de dominación que denominamos estado, supone la creación de una instancia y de un mecanismo capaz de articular y reproducir el conjunto de relaciones sociales establecidas dentro del ámbito material y simbólicamente delimitado por la nación.

La existencia del estado deviene de un proceso formativo a través del cual aquél va adquiriendo un complejo de atributos que en cada momento histórico presenta distinto nivel de desarrollo.

Determinantes sociales de la formación del estado: legado colonial, la relación dependiente establecida en la etapa de "expansión hacia fuera" y la dinámica interna propia del estado mismo.

(Plano material del estado Lo que lo caracteriza institucionalmente es la legítima invocación de una autoridad suprema que pretende encarar el interés general de la sociedad)

El ámbito de competencia y acción del estado puede observarse como una arena de negociación y conflicto, donde se dirimen cuestiones que integran la agenda de problemas socialmente vigentes.

La ampliación del aparato estatal implica la apropiación y conversión de intereses "civiles", "comunes", en objeto de su actividad pero revestidos entonces de la legitimidad que le otorga su contraposición a la sociedad como interés general (contraparte material apropiación de recursos que consolidan las bases de dominación del estado y exteriorizan su presencia material - ¿?). La expansión del aparato estatal deriva entonces del creciente involucramiento de sus instituciones en áreas problemáticas (o "cuestiones") de la sociedad, frente a las que se adoptan posiciones respaldadas por recursos de dominación.

El grado de consenso o coerción implícito en estos actos de apropiación depende de la particular combinación de fuerzas sociales que los enmarcan. Pero en todo caso, siempre se hallan respaldados por alguna forma de legitimidad. El análisis de la evolución histórica de las instituciones estatales es inseparable del análisis de cuestiones sociales que exigen su intervención mediante políticas o tomas de posición.

Emancipación, organización y estados nacionales en América Latina

El proceso de emancipación constituye un punto común de arranque en la experiencia nacional de América Latina, pero el acto de ruptura con el poder imperial no significó la automática suplantación del estado colonial por un estado nacional. Los débiles aparatos estatales del período independentista estaban constituidos por un reducido conjunto de instituciones locales. Los intentos (fallidos) de constituir un estado nacional desembocaron en largos períodos de enfrentamientos regionales y lucha entre fracciones políticas, en los que la existencia del estado nacional de fundaba en solamente el reconocimiento externo de su soberanía política.

El fracaso se debió a la escasa integración, derivada de la precariedad de los mercados y agravada por la interrupción de los vínculos con la vieja metrópoli. Con la independencia, las tendencias hacia la autonomización regional se vieron reforzadas por el debilitamiento de los ejes dinámica de la economía colonial y el creciente aislamiento, que dificultó el desarrollo e integración de nuevos circuitos económicos. La estructuración de los nuevos estados se vio condicionada por dos factores: la inexistencia de interdependencia real entre señores de la tierra, que se ligarían unos a otros o se someterían a uno de entre ellos en función de la lucha por el poder; y la acción de la burguesía urbana, que mantendría contactos con el exterior y exploraría toda posibilidad de expansión del intercambio externo. El grupo urbano tendería a consolidarse al mismo tiempo que se integraba con algún subgrupo rural, creándose condiciones para la estructuración de un efectivo sistema de poder.

La posibilidad de constitución de un estado dependió fundamentalmente del grado de articulación logrado entre los intereses rurales y urbanos, relacionado con las condiciones existentes para la integración económica del espacio territorial.

La efectiva posibilidad de creación de una economía más integrada y compleja, sumada a la preservación de ciertas instituciones coloniales como instrumentos de control político, amalgamarían a la sociedad territorialmente asentada y al incipiente sistema de dominación del estado nacional. En Argentina, la precariedad de las economías regionales, la extensión territorial, las dificultades de comunicación y transporte, el desmantelamiento del aparato burocrático colonial y las prolongadas luchas civiles que reflejaban la falta de predominio de una región o de un sector de la sociedad sobre los otros, demoraron por muchos años el momento en que tal amalgama se produciría. Durante los largos períodos de guerras civiles entre la independencia y la definitiva organización nacional, se fueron superando las contradicciones subyacentes en la articulación de los tres componentes – economía, nación y sistema de dominación – que conformarían el estado nacional.

Cuestiones centrales en la etapa formativa del estado

Hacia mediados del siglo XIX Europa vivía la era de las nacionalidades. Se producían la extensión de la revolución industrial, la revolución en los transportes y el alza de la demanda de bienes primarios.

La extraordinaria expansión del comercio mundial y la disponibilidad e internacionalización del flujo e capitales financieros, abrieron en América Latina nuevas oportunidades de inversión y diversificación de la actividad productiva e intermediadota. Hay una estrecha correlación entre el crecimiento de la demanda externa, las grandes corrientes migratorias que proporcionaron a algunas de las nuevas naciones abundante fuerza de trabajo, las inversiones en infraestructura y el auge de las exportaciones. Todos esos procesos se vinculaban al contagioso optimismo respecto del "progreso indefinido" que la experiencia norteamericana y europea generaba en la región.

Las nuevas oportunidades de desarrollo capitalista movilizaron a los agentes económicos y produjeron desplazamientos en las actividades productivas tradicionales, aunque existían límites objetivos. Con mercados muy localizados, población generalmente escasa, rutas intransitables, anarquía monetaria, inexistencia de un mercado financiero y vastos territorios bajo control indígena o de caudillos locales, las iniciativas veían comprometidas sus posibilidades de realización. Para los sectores económicos dominantes, la superación de tales restricciones pasaba por la institución de un orden estable y la promoción de un conjunto de actividades destinadas a favorecer el proceso de acumulación. "Orden y progreso" era la clásica fórmula del credo positivista. Ante los sectores dominantes, el estado nacional aparecía como la única instancia capaz de movilizar los recursos y crear las condiciones que permitieran superar el desorden y el atraso. Esto exigía consolidar el "pacto de dominación" de la incipiente burguesía y reforzar el precario aparato institucional del estado nacional.

Existía una gran diversidad y simultaneidad de manifestaciones de "desorden" que el estado nacional debía afrontar: las múltiples instancias de enfrentamiento armado (levantamientos de caudillos, rebeliones campesinas, incursiones indígenas, intentos secesionistas y otras formas de contestación a la pretensión de concentrar y centralizar el poder. La tradición conspiraba contra la centralización en el estado de ciertos instrumentos de control social: registro de personas, aparato educacional, etc. Las unidades subnacionales continuaban manteniendo fuerzas regulares propias, emitiendo su propia moneda, estableciendo aduanas internas o administrando justicia sobre la base de normas constitucionales y legales dispares. Imponer el orden implicaba regularizar el funcionamiento de la sociedad, hacer previsibles las transacciones, regular los comportamientos.

El "orden" no implicaba el retorno a un patrón normal de convivencia sino la imposición de uno diferente, congruente con el desarrollo de una nueva trama de relaciones de producción y de

dominación social. La reiterada y manifiesta capacidad de ejercer control e imponer mando efectivo y legítimo sobre territorio y personas, en nombre de un interés superior material e ideológicamente fundado en el nuevo patrón de relaciones sociales, es lo que definía justamente el carácter nacional de estos estados. Esa capacidad se veía jaqueada por el enfrentamiento con intereses regionales.

En esta primera etapa los nuevos estados exteriorizarán su presencia como aparatos de represión y control social. La cuestión del "orden" acaparó la atención y recursos del estado nacional desde el momento de constitución. "Resolverla" representaba para el estado una condición básica de su supervivencia y consolidación. Primero orden, después progreso.

Un estado capaz de imponer el orden y promover el progreso era, casi por definición, un estado que había adquirido como atributos la capacidad de institucionalizar su autoridad, diferenciar su control e internalizar su identidad colectiva.

Asignar sus escasos recursos al "orden" restaba posibilidades de facilitar el "progreso". Pero, por otra parte, imponer "orden", efectivizarlo, creaba condiciones materiales para impulsar el progreso y tendía a fundar su legitimación en su condición de agente fundamental del desarrollo de relaciones sociales capitalistas.

El Estado se convirtió en eje para la consolidación de nuevas modalidades de dominación política económica. La resolución de estas cuestiones representó para el estado el medio de adquirir "estatidad".

Los estados que emergieron del proceso de internacionalización de la economía mostraron una débil capacidad extractiva y una fuerte dependencia del financiamiento externo, lo cual sumado a su papel en la formación de un mercado interno, la consolidación y ordenamiento jurídico de la propiedad de la tierra, su apoyo a la producción de materias primas y manufacturas con escasos requerimientos tecnológicos y la canalización de recursos hacia sectores primario-exportadores, reforzaron las características de un sistema productivo y un orden social subordinado frente a los centros del capitalismo mundial.

Su actividad y recursos se dirigieron hacia la creación de condiciones que favorecieran la expansión de la economía exportadora y mercantil.

Durante el último tercio del siglo se hicieron importantes obras de infraestructura, para abaratar los costos de transporte. Con la expansión económica se produjo un acentuado incremento en el valor y la compra-venta de tierras, el volumen de importaciones y las operaciones financieras. A través de la inversión directa, el crédito oficial, la legislación y la creación de unidades administrativas a cargo de la producción de bienes, regulaciones y servicios, el estado pudo ofrecer seguridad a personas, bienes y transacciones, facilitó las condiciones para el establecimiento de un mercado interno, extendió los beneficios de la educación y la salud y contribuyó a poblar el territorio y a suministrar medios de coacción extraeconómica para asegurar el empleo de una fuerza de trabajo a menudo escasa.

Los estados latinoamericanos, en su etapa formativa, fueron desarrollando sucesivamente sus aparatos de represión, de regulación y de acumulación del capital social básico. Todo esto exigía recursos. El estado debía desarrollar paralelamente una capacidad extractiva y un aparato de recaudación y administración financiera que aseguraran su propia reproducción.

La fuerte expansión de los mercados financieros en Europa (Inglaterra) aumentó extraordinariamente la disponibilidad de capitales ávidos por encontrar colocaciones más rentables que las que podían hallarse localmente. La inversión directa en obras de infraestructura y actividades productivas fuertemente

garantizadas por el estado, así como los empréstitos contraídos por el mismo, suministraron los recursos adicionales necesarios para asegurar el funcionamiento de su aparato institucional.

Recapitulación

La formación de los estados nacionales latinoamericanos implicó la sustitución de la autoridad centralizada del estado colonial y la subordinación de los múltiples poderes locales. La identificación con la lucha emancipadora fue insuficiente para producir condiciones estables de integración nacional. La base material de la nación recién comenzó a conformarse con el surgimiento de oportunidades para la incorporación de las economías locales al sistema capitalista mundial y el consecuente desarrollo de intereses diferenciados e interdependientes generados por tales oportunidades.

Consolidación del poder de aquella clase o alianza de clases que controlaba los nuevos circuitos de producción y circulación de bienes e que se basó la expansión de la economía exportadora. Pero las nuevas formas de dominación económica requerían políticamente la paralela constitución y control de un sistema de dominación capaz de articular, expandir y reproducir el nuevo patrón de relaciones sociales.

Este sistema de dominación – el estado nacional – fue a la vez determinante y consecuencia del proceso de expansión del capitalismo iniciado con la internacionalización de las economías de la región. Determinante, en tanto creó las condiciones, facilitó los recursos y hasta promovió la constitución de los agentes sociales que favorecerían el proceso de acumulación. Consecuencia, en tanto a través de múltiples formas de intervención se fueron diferenciando su control, afirmando su autoridad y conformando sus atributos.

Los problemas relativos al "orden" y al "progreso" concentraron la atención de estos actores, resumiendo la agenda de cuestiones socialmente vigentes durante la etapa formativa del estado

Tres aspectos fundamentales de este proceso: la organización nacional, la institucionalización del estado y la política de recursos que permitió su viabilización.

(En Argentina fue el período histórico que se inicia con la batalla de Pavón y culmina con la crisis de 1890.)

Cuestión del "orden": institucionalización de los patrones de organización social, que crearon condiciones favorables al desarrollo de relaciones de producción y dominación capitalistas. Cobra aquí especial relevancia el tema de la constitución del aparato represivo y burocrático, la creación y apropiación por el estado de ámbitos operativos, las modalidades con que se manifiesta la penetración estatal en la nueva trama de relaciones sociales que paralelamente se estaba conformando y las consecuencias de estos procesos sobre la constitución y desplazamiento de actores políticos.

La cuestión del "progreso" se vincula a los mecanismos de reproducción del mismo estado, en relación con la extraordinaria movilización de recursos que tuvo lugar en la Argentina durante la segunda mitad del siglo XIX.

QUIROGA – ESTADO, CRISIS ECONÓMICA Y PODER MILITAR (1880-1981)

II. La Argentina en crisis

Con la inserción estable del país en el mercado mundial a mediados del siglo pasado comienza un período creciente de expansión, ocupando en 1914 uno de los primeros lugares en el mundo. Ese crecimiento basado en las exportaciones agropecuarias se derrumba en 1930 como consecuencia de la crisis internacional., a partir de ese momento el relativo crecimiento económico combinado con la

inestabilidad política, y las distorsiones del sistema, impedirán que las nuevas fracciones emergentes del proceso de industrialización puedan sentar definitivamente las bases de un orden político estable.

La organización de la hegemonía en la Argentina

1880-1930: La hegemonía oligárquica

Se estructura en la Argentina una economía agroexportadora, mediante su inserción estable en el mercado mundial como exportador de carnes y cereales. Se conforma una burguesía agraria, ligada a la propiedad de la tierra, la comercialización de los productos agrícolas, cuyo sector dominante era el exportador.

Una vez finalizada en 1880 la conformación del Estado nacional, la fracción social dominante logrará vertebrar un proyecto hegemónico, que se asentará en el modelo de desarrollo y en la restricción política de la mayoría de la población. Entre 1862 y 1930 el país no conoció ningún golpe de Estado y las instituciones funcionaron con continuidad. Durante la hegemonía oligárquica el país conoció un progreso sorprendente a través de la inmigración, el capital extranjero y la demanda internacional de materias primas.

La clase conservadora se apoya entre 1880 y 1912 en un régimen democrático restringido, al mantener un mercado político semicerrado. En 1912 se sanciona la ley Sáenz Peña que establece el sufragio universal, obligatorio y secreto, lo cual posibilitará la llegada del yrigoyenismo al gobierno. No obstante los cambios producidos, el yrigoyenismo no cuestionará el modelo de desarrollo agroexportador.

La oligarquía no podrá fundar un orden estable y consensual. Este grupo social no podrá legitimar su proyecto de sociedad a través del ejercicio del consenso y la apertura política, lo cual verterá un ingrediente de debilidad a su poder hegemónico.

1939-1943: La crisis de hegemonía de la oligarquía

La crisis internacional hace perder a la Argentina la inserción estable en el mercado mundial. Con el golpe de 1930, el Estado oligárquico liberal entra en crisis. Después del breve interregno de Uriburu, la vieja clase conservadora procurará con el general Justo en 1932 reorganizar y reacomodar la economía del país a las nuevas condiciones que imponía el sistema capitalista internacional.

El viejo conservadorismo llega al gobierno merced al fraude electoral. La Argentina moderna nace de la crisis de los años 30. Se definen cuatro características de la sociedad argentina:

el crecimiento industrial, la intervención estatal, sobre todo a partir de 1933 con Pinedo en el Ministerio de Hacienda, el crecimiento de la clase obrera el nacimiento de una nueva fracción de la burguesía industrial.

Con el gral. Justo entra al gobierno la burguesía agraria. En el 30 se impulsa un proceso de desarrollo industrial por "sustitución de importaciones". Se trata de adaptar el viejo modelo a las nuevas condiciones, y por ello la industria pasaba a ocupar un lugar más importante en la economía nacional.

Desde 1935 hay un crecimiento económico, pero no se impulsa una política de distribución social, lo que permite la acumulación de reivindicaciones sociales y obreras.

De 1930 a 1943, la oligarquía no logra recomponer en la sociedad su quebrantada hegemonía. Hay un cambio real en la política a partir del golpe de 1943. Se evidencia rápidamente la incapacidad de ese grupo social en dirigir la sociedad mediante el estado de derecho, la justicia y la democracia; su modelo

se basa en el fraude y la corrupción. No puede gobernar más que a través de un régimen democrático fraudulento

1945-1955: La reconstrucción de una nueva hegemonía

El gobierno peronista de 1946 logrará organizar un orden político legítimo y estable. Con la aplicación de un modelo de acumulación basado en la ampliación del mercado interno podrá extender las funciones del Estado y modificará el patrón de distribución social.

La burguesía industrial se apodera del aparato del Estado. Este sector de la clase dirigente logrará crear un sistema político consensual.

El Estado populista consistirá en ampliar no sólo la acción económica y financiera del Estado sino también la esfera social. Es un Estado distribucionista que articulará con sus súbditos una nueva relación a partir de la ampliación de sus funciones, organizando el conjunto de la actividad económica de amplias capas de la sociedad y la política ideológica. Hará funcionar un mercado político abierto y régimen con participación plena, sin restricciones ni fraude electoral.

El golpe militar de 1955 desalojará al peronismo del poder del Estado, pero no podrá desintegrarlo como movimiento de masas y como dirección de los sectores populares.

En adelante, ni la vieja clase conservadora ni las nuevas fracciones sociales surgidas del desarrollo industrial podrán llenar de manera estable el vacío hegemónico imperante en la sociedad. Esta crisis de hegemonía se origina a partir de la crisis económica de 1952-1953, expresión del agotamiento del modelo distribucionista, unido a la postguerra en Europa.

1955-1981: La crisis de hegemonía del conjunto de la clase dominante

Pese que ha disminuido el poder de la oligarquía desde la década del 40, sigue conservando su importancia en la vida política y económica del país (El agro sigue siendo determinante en la estructura económica).

En determinadas situaciones, los regímenes de excepción (gobiernos de facto) pueden brindar a un sector de la clase dominante un marco político adecuado para intentar resolver la crisis de hegemonía. Los golpes de 1966 y 1976 apuntaron a estabilizar institucionalmente a los sectores de la burguesía en el poder del Estado y en la sociedad.

Las exportaciones no logran financiar las necesidades de importación del sector industrial. Ha decaído la inversión privada y se ha estancado relativamente el crecimiento del PBI; el régimen peronista reduce la acción social del "Estado benefactor", contiene el aumento de salarios, busca la inversión de capitales extranjeros para preservar la caída de la ganancia y continuar financiando el desarrollo del sector industrial.

De la crisis de 1952/53 nacerá la política desarrollista en Argentina, nuevo modelo que implementará en 1958 por Arturo Frondizi. Se hace cada ve más difícil armonizar las necesidades de acumulación del capitalismo argentino con la distribución social, elemento fundamental en la legitimación el mismo. Entra en crisis el proyecto peronista.

La sociedad civil se verá de allí en adelante acorralada por la supremacía del Estado.

Existe un vacío hegemónico que sólo podrá ser llenado inestablemente, lo que agudiza el ciclo de disputas fraccionales por la hegemonía del poder. Esta lucha entre las fracciones principales de la clase

dominante (la burguesía industrial monopolista, la oligarquía agroexportadora y la "burguesía nacional") por imponer cada una un proyecto hegemónico fracasa experiencia tras experiencia.

El golpe de 1955 ratifica la crisis del sistema hegemónico. En adelante este sistema político mostraría su debilidad para dirigir de manera estable la sociedad toda. No lograrán tampoco en los años que vienen reunir la capacidad de organizar y construir una dirección político-cultural para el conjunto social.

Desde 1952 hasta el golpe de 1976 ninguno de los cuatro gobiernos civiles pudo terminar su mandato constitucional, como tampoco ningún régimen militar supo fundar el consenso social y estabilizar el país en un proyecto coherente de poder "tienen dificultades para restablecer el equilibrio en una sociedad sin hegemonía" (Rouquié).

La disolución del sistema hegemónico quita cohesión y coherencia a la sociedad, lo que se refleja en conflictos derivados en el vínculo político ideológico que une a los "representantes" y a los "representados".

Este proceso de luchas fraccionales se desenvuelve en el marco de un modelo de desarrollo y concentración económica.

La base material

La crisis de hegemonía encuentra su raíz en la estructura económica. Los conflictos producidos por el choque de los distintos proyectos económicos conforman la base material de la crisis de hegemonía. De la relación y contradicción de esos dos sectores nacerá la especificidad del desarrollo capitalista argentino, con sus limitaciones y distorsiones.

Las necesidades crecientes de la industria (insumos, equipos, tecnología, etc.) sólo pueden ser adquiridos con las divisas provenientes de las exportaciones agrícolas. La disminución de la capacidad de exportar va a limitar el desarrollo industrial.

La crisis económica

Las estructuras agraria e industrial en la economía argentina

Los distintos planes económicos de la burguesía argentina desde la década del 50 han tenido serias dificultades para transformarse en un verdadero proyecto hegemónico, capaz de imponer un liderazgo – estable y legítimo – ene. Conjunto de la sociedad.

La economía se divide en dos grandes sectores: el agrario y el industrial, relacionados en los mecanismos de funcionamiento de la economía.

La Argentina se integra al mercado mundial a fines del siglo XIX con una economía primaria exportadora. Hasta la crisis de 1930, el sector agroexportador es el elemento dinámico de la expansión económica. El agro tiene un mayor peso y un valor estratégico en la economía.

Este sector continúa siendo, por sus exportaciones, prácticamente el único que provee divisas al país, las cuales servirán después para la importación de insumos industriales, equipamiento industrial, etc., elementos imprescindibles para el desarrollo de la actividad manufacturera. Por eso, la disminución de la capacidad de exportación del país provoca serios déficit en la balanza de pagos.

Las condiciones de la producción agropecuaria también desempeñan un papel fundamental en la determinación interna de los salarios y de su poder adquisitivo. Existe una importancia doblemente estratégica de lo ‘agrario’ para el desarrollo económico nacional: por el comercio exterior y por el valor de la fuerza de trabajo en el mercado interno.

El sector industrial está ligado al sector agrario, como en el caso de la industria más importante de la época, la frigorífica y también la industria alimenticia y de bebidas, las instalaciones de ferrocarriles y otras obras de infraestructura imprescindibles para el transporte del ganado y los cereales. El desarrollo industrial posterior (desde 1946) está basado en una política económica diferente, industrialista, donde el Estado juega un papel fundamental. Está basado en una redistribución del ingreso del agro a la industria, con la aplicación de aranceles protectores a esta actividad, en los créditos baratos, etc.

(El sector agrario produce tanto para el mercado interno como para el externo, y no necesita insumos importados; en cambio, la industria sí los necesita y sólo produce para el mercado interno)

Tendencia a la disminución de la participación del agro en la actividad económica

Hasta 1930, la inserción en el mercado mundial no presentaba problemas en tanto la Argentina era un país productor y exportador de bienes primarios (carne y cereales principalmente). La crisis mundial afecta la división internacional del trabajo, modificándose el comercio de los productos agropecuarios. Los precios se deterioran en relación con aquellos de los productos industriales. Se origina en Argentina una tendencia a la disminución de las exportaciones.

La contracción de la demanda mundial por políticas proteccionistas de los países centrales (Gran Bretaña principalmente), lleva a disminuir la capacidad de importación de la economía argentina.

El lento crecimiento de la actividad agropecuaria tiene que ver con la evolución económica de la pampa húmeda, ya que la mayoría de las exportaciones provienen de esa zona. La crisis de esta región influye directamente en el nivel de las exportaciones.

El lento crecimiento de la región pampeana se vincula a las técnicas de explotación utilizadas: cultivo extensivo y poca mecanización de las tareas agrícolas, lo que resulta en un débil rendimiento. Además influye en esto el desarrollo de la actividad ganadera, que tiene un mayor crecimiento que la agraria.

En el resto del país prevalece la explotación intensiva, que otorga un rendimiento mayor.

La exportación de cereales disminuyó considerablemente de 1943 a 1976, agravada por el proteccionismo de los países europeos y por los excedentes exportables de EE.UU., que hegemoniza el mercado mundial de cereales.

La exportación de carne vacuna no ha llegado a los niveles tan bajos como la de los cereales, pero se vio afectada desde 1974 por el Mercado Común Europeo, que restringe la importación de ese producto llegado de países no pertenecientes a la Comunidad.

Causas del estancamiento agropecuario

Las causas son:

Contracción del mercado interno: por la crisis de 1929, la política proteccionista de los países centrales, la formación de bloques, y la competencia frente a países que poseen un saldo exportable.

El estancamiento de la producción pampeana: por el régimen de tenencia de la tierra, la explotación extensiva y la escasa tecnología incorporada.

El aumento de la demanda interna: por el crecimiento de la población y el proceso acelerado de urbanización.

Diversificación de la producción agropecuaria

Régimen de tenencias de la tierra y técnica de explotación: grandes explotaciones (latifundios) y del sistema de arrendamiento (que disminuyó a partir del gobierno peronista), que fomentan técnicas de explotación inadecuadas.

Causa de fondo: el estancamiento del agro reside en la propia estructura económica argentina, es decir, en el tipo de relaciones sociales de producción que existe en el agro.

La estructura agraria argentina basada en el latifundio constituye uno de los límites principales que traban el desarrollo del capitalismo dependiente. La concentración de grandes extensiones de tierra en manos de pocos propietarios determina el estancamiento de la producción agropecuaria, y por otro lado, porque esa alta concentración de las mejores tierras determina que adquiera una importancia fundamental la renta del suelo, lo cual es una traba para el crecimiento económico global.

Las etapas de la industrialización

El proceso de industrialización comienza en el siglo XIX, como una actividad ligada casi exclusivamente al sector agrario de cuya expansión dependía, es decir, de la demanda externa. En la década del 30 la actividad industrial ocupa un lugar importante en la economía, hasta 1946.

Se distinguen tres etapas en este proceso:

1930-1945: La crisis mundial de los años 30 modifica la división internacional del trabajo y disminuye la capacidad de importar de la Argentina, obligando a la clase dirigente a iniciar un proceso de industrialización de "sustitución de importaciones". Esta industrialización se limita a sustituir o reemplazar las mercancías que anteriormente se importaban, reduciéndose a la industria liviana. Las inversiones serán del sector conservador del poder, pero más que nada del capital extranjero, especialmente en el desarrollo de las nuevas ramas industriales (metalúrgicas, textiles) después de 1933. El tipo de importación que se sustituye es el de la industria textil, como también algunas ramas de la metalurgia, algunos productos farmacéuticos, artefactos eléctricos y derivados del caucho. No se buscaba un desarrollo de todas las ramas de la industria, sino de aquellas que no podían importarse. La clase conservadora no buscaba definir un nuevo modelo de desarrollo, sino de resolver la demanda interna de manufacturas que antes importaba sin caer en el desequilibrio de la balanza de pagos.

1945-1958: Aumenta el empleo industrial y crece la clase obrera. En 1946 el peronismo fomenta la producción de bienes de consumo masivo, a través de la incorporación de los sectores populares al proceso. Al aumentarse los salarios reales se incrementa la demanda de bienes. El Estado juega un rol fundamental (aumentando el gasto público) por sus propias inversiones y por su política industrialista que comprende cambios favorables los requerimientos de importación de la industria, créditos a la actividad y una política proteccionista, con el aumento de los aranceles aduaneros y la creación del IAPI. Se desarrolla la industria liviana que incorpora tecnología poco compleja. El ingreso se concentra en un cuarto de la población.

1958-1968: Se producen dos grandes olas de inversiones, la primera (1958-1962) constó de radicaciones de empresas extranjeras, y la segunda (1967-1968) que constituyó un ingreso de capital orientado a la compra de paquetes accionarios existentes. A partir de 1955 comenzó un proceso de "sustitución de trabajo por capital en la industria", que consistió en una débil incorporación de mano de obra, en una redistribución regresiva del ingreso, y en el desarrollo de una industria de bienes de consumo durable y en menor medida de bienes de capital e intermedios. Fue necesaria esta apertura de la economía para la continuidad de la

industrialización, por la necesidad de este tipo de bienes, cuya importación se veía limitada por la estrechez del sector externo.

El sector industrial en la Argentina encuentra varios límites a su expansión:

El carácter atrasado de la estructura industrial, con empresas de relativa eficiencia y baja productividad

La estrechez del mercado argentino, que limita la expansión de la industria porque ésta produce casi exclusivamente para el mercado interno.

La dependencia de la industria de la capacidad de importar del país.

Algunos rasgos específicos del desarrollo económico argentino

La economía se empieza a estancar a partir de 1948 y con ello se agota la etapa "fácil" de sustitución de importaciones. Este estancamiento se explica por la insuficiente capitalización de los sectores básicos de la economía, por el creciente atraso relativo del interior del país y por la subsistencia de un régimen de tenencia de la tierra que obstaculiza el desarrollo del sector rural, además del carácter dependiente del capitalismo argentino.

Braun - El crecimiento insuficiente de las exportaciones es la causa principal del lento crecimiento de la economía. El "estrangulamiento externo" aparece como el freno "dominante" al desarrollo de las fuerzas productivas.

Flirchnan - La renta del suelo es uno de los problemas fundamentales que traban el crecimiento económico, y es una causa importante de la acumulación interna.

Ikonicoff - El origen de la crisis se encuentra en la estrechez estructural de la demanda interna y en el déficit exterior, agregando que las limitaciones en la oferta de las exportaciones, los problemas financieros externos, el debilitamiento de la infraestructura y el déficit fiscal generan una fuerte presión inflacionaria.

La economía está "limitada y deformada" por la dependencia, es decir, por la forma particular en que la Argentina se integra o se inserta en el mercado mundial a través del tiempo. Este capitalismo dependiente ha necesitado de la intervención creciente del Estado para poder darle continuidad a su desarrollo. La intervención del estado se amplía en los países periféricos, naciendo de esta manera una función suplementaria. Desde sus orígenes, la clase dominante se ha ceñido a la acción estatal para su desarrollo. El Estado Argentino aparece como el refugio permanente que cubre la debilidad política y económica de la clase dominante.

La compleja articulación del agro y la industria, con intereses particulares conflictivos, ha signado también el desarrollo del capitalismo argentino. La industria ha estado, desde su nacimiento, vinculadla crecimiento de las exportaciones agropecuarias. Cuando ocupa un lugar destacado en el país, dependerá de la capacidad de importar del país. Si se estancan las exportaciones agrarias se frenan las posibilidades de la actividad manufacturera.

El problema del estancamiento industrial no consiste solamente en que no se puede desarrollar suficientemente la industria pesada, sino que hay que tener en cuenta también el modelo de consumo aplicado.

Han sido las firmas multinacionales las que instaladas en los bienes de consumo durable han influido decisivamente en el sistema económico. El ingreso masivo de sus capitales en la actividad productiva del país tiene que ver con las características de la dependencia.

La necesidad de importar bienes de capital e insumos esenciales, tecnología moderna y recursos financieros, ha motivado una transferencia de ingresos permanente hacia los países centrales. Esa transferencia de valores proviene además del intercambio desigual o de la repartición de beneficios de las empresas extranjeras.

III. El Estado Argentino

Génesis del Estado Nacional: breve reseña

El período que comienza en 1862 (presidencia de Mitre) marca el inicio de la conformación del Estado nacional, tras diez años de intento de "reorganización nacional". La falta de unidad política divide al país en la Confederación por una parte, y Buenos Aires, por otra.

La lucha permanente y enfrentamiento armado entre los caudillos del interior y el poder central dificultan la conformación de un Estado nacional. Cada provincia constituía un estado autónomo.

El escaso desarrollo del país impedía que la estructura económica pudiera garantizar la cohesión y la unidad social del país.

Las fuerzas del interior son derrotadas por Mitre en la batalla de Pavón en 1861, sellando el triunfo de la oligarquía de Buenos Aires que impone una hegemonía y una subordinación.

Entre 1862 y 1880 se estructura el Estado nacional. Hay seis elementos centrales que permiten la concreción de ese propósito:

La federalización de Buenos Aires y la aduana

La formación del mercado nacional, favorecido por el ferrocarril y el telégrafo que unifican el territorio nacional

La confederación del Ejército Nacional, que termina con los ejércitos provinciales de los caudillos

Se completa la estructura jurídica institucional del Estado nacional, con la división tripartita de poderes y la sanción de los códigos nacionales y la ley de emisión del voto

El triunfo del gobierno nacional en la campaña contra el indio, adquiriendo territorios

La consolidación en 1880 de un proyecto hegemónico nacional, bajo un orden liberal conservador.

El Estado nacional fue el fruto de una alianza entre un sector de la burguesía porteña con la burguesía del interior.

Oszlak Los sectores dominantes del interior descubrían que a través de su participación en las decisiones y la gestión estatal, podían incorporarse ventajosamente al circuito dinámico de la economía pampeana.

Con la presidencia del gral. Roca se consolida la república oligárquica, se acaban los enfrentamientos armados y se inicia una época de expansión y modernización.

En 1880 se concluyó con la etapa de construcción del Estado nacional, aunque no con la construcción de la nación.

Estado, nación y clases sociales

La Argentina organiza una economía capitalista agraria, exportadora. La producción económica se organiza en función de las necesidades de los mercados exteriores.

Alrededor de este tipo de economía comienzan a generarse las condiciones materiales que harán posible el surgimiento de un Estado nacional y, por ende, de un mercado nacional.

La idea de nación se encuentra inscripta en ese Estado. El componente material de la nacionalidad (los intereses económicos diferenciados, el territorio, etc.) y su componente inmaterial (la tradición, los símbolos y valores, la lengua, los sentimientos de pertenencia común), conforman los elementos esenciales de la nación moderna. El Estado tuvo el rol de fomentar esa identidad colectiva y la unidad nacional.

El Estado nacional no se podía consolidar en tanto no se edificara la unidad nacional. El Estado argentino no es una creación de la burguesía agraria. Más bien, es este Estado el que ha generado esa clase social.

La naturaleza social del Estado está otorgada por la inserción de la economía en el mercado mundial. Ese Estado tiene una naturaleza de clase capitalista, y es a través de él que la burguesía agraria se organiza como clase dirigente.

Entre la formación del Estado y la constitución de la oligarquía existieron procesos constitutivos simultáneos, interdependientes.

El Estado distribuye las tierras del país, lo que posibilitó la formación de los grandes propietarios. El Estado argentino tendrá una función primordial en la configuración de la estructura de clases.

El Estado como refugio de la clase dominante

Si hablamos de una economía agroexportadora, con un Estado que es a la vez creador y resultante de ese modelo de desarrollo, se puede comprender mejor la casi identificación entre ese Estado y la clase dominante. Es válido afirmar que se trata de una clase social, llamada oligarquía o burguesía agraria, que se desarrolla en estrecha dependencia, por su propia debilidad relativa, de la intervención estatal. El intervencionismo estatal no está desvinculado del crecimiento de las clases poseedoras. El Estado argentino aparece como el refugio permanente que cubre la debilidad política y económica de la clase dominante.

La intervención estatal asume un carácter global. Existe una intervención masiva en la vida pública, sea en el terreno económico como en el plano político institucional, mediante los golpes de Estado.

Al partir de 1935 la debilidad económica de la clase dominante al a par que aumenta la relación de dependencia con el capital extranjero, requiere una mayor intervención del Estado en la producción y a nivel de la circulación (crédito público).

Los estratos más concentrados en la clase dominante, carentes de un partido y de la capacidad para fundar consenso, utilizan al Estado, principalmente a lo que es el núcleo del aparato represivo como refugio de su debilitada hegemonía. Cuando el régimen democrático funciona con plenitud, estas fracciones de la burguesía tienen poca "chance" de conquistar el aparato del Estado por vía de las urnas. No les queda otro recurso que el golpe de Estado.

Durante el siglo XIX el Estado participa activamente en la formación de los "latifundios" o de las grandes propiedades territoriales, mediante la venta de la tierra pública o por donaciones o concesiones

gratuitas otorgadas a militares como premio a las victorias logradas contra el indio (las fértiles tierras de la zona pampeana fueron distribuidas entre un reducido grupo de propietarios).

El Estado participa en la formación de la naciente burguesía industrial en las décadas del 30 y 40, a través de una política de distribución de ingresos, durante el proceso de sustitución de importaciones.

El Estado ha sido el soporte del crecimiento de la clase dominante y actúa también como empresario, o bien controlando la producción de energía, los medios de transporte y comunicación, o realizando una actividad bancaria y financiera importante.

Las diferentes modalidades de intervención

La crisis mundial lleva al Estado argentino a efectuar una mayor intervención, a aumentar su acción económica a los efectos de contrarrestar la caída de la tasa de ganancia.

Período de 1880-1930.

La economía se estructura en torno a las necesidades del mercado capitalista mundial. Existe un Estado liberal oligárquico. Es liberal porque su acción principal es dejar en libertad al mercado, favorecer la libre empresa y el libre comercio. Es liberalista más que nada en el terreno económico, porque en la esfera política crea un sistema elitista-restrictivo que reduce la participación de la mayoría, limitando en consecuencia las libertades políticas, exceptuando el gobierno de Irigoyen en 1916. El Estado crea obras de infraestructura, medios de transporte y comunicación.

Si bien se limitaba la actividad del Estado, sus recursos debían estar al servicio de la actividad privada e individual. El Estado no sólo el árbitro y guardián del orden público, sino que tenía un papel activo en la formación de las empresas privadas, principalmente en la promoción de las extranjeras, como en el caso de la inversión inglesa para la construcción de líneas férreas. El Banco de la Nación era un banco privado bajo tutela o el patrocinio del Estado.

Bajo la administración del gobierno radical merece destacarse la creación en 1922 de una gran empresa pública: YPF.

El sistema político aplicado por el orden observador reducía el círculo de gobernantes a una ínfima minoría de personas provenientes de la élite tradicional de Buenos Aires y las provincias. El sistema se completaba con la necesaria exclusión de la actividad política de la mayoría de la población.

No se daba cabida tampoco al creciente aumento de la población que provenía del flujo inmigratorio. La preocupación de la oligarquía fue la de incorporar el inmigrante a la actividad económica, no a la actividad política. La legislación argentina no preveía un régimen de naturalización del ciudadano extranjero, y ellos tampoco tenían mucho interés.

También la propia población nativa se mostraba apática o desconfiante del sistema ante las prácticas electorales viciadas. La primera ley de elecciones nacionales de 1857 establecía el voto universal para los varones, sin calificación por posesión de bienes o por problemas de analfabetismo. Sin embargo, el período que corre de 1857 a 1912 se caracteriza por la exclusión política de la mayoría. Recién en 1890 el sistema desata su primera crisis. De ella surgen lo que serán en el futuro los partidos políticos modernos como la UCR.

En 1912 se abren las compuertas de participación con la ley Sáenz Peña, que establece el voto obligatorio y universal, lo que permitirá en 1916 el acceso del radicalismo al gobierno.

Algunos sectores marginados del sistema político, como las organizaciones obreras, actuaban o como grupos de presión o bien defendiendo intereses sectoriales al estas excluidos de la actividad política.

La clase dominante encuentra dificultades en organizar el consenso social por la exclusión que promueve desde el gobierno.

Las elecciones de 1916 fueron las primeras en las que hubo una participación casi total de la población, aunque el voto femenino estaba excluido. El movimiento radical, expresión de las clases medias urbanas, produce una ruptura parcial del sistema oligárquico cuando incorpora nuevos actores sociales a la vida política nacional. Sin embargo, en el terreno económico la acción del gobierno fue contradictoria. No modifica la estructura agraria latifundista, como tampoco el modelo de desarrollo en que se apoyaba. Deja intactas las bases económicas del poder liberal. No logra captar en su verdadera dimensión la crisis económica mundial que se avecina, como tampoco las repercusiones que traería en la economía argentina.

Período 1933-1943.

Con la caída de Irigoyen en 1930 se pone fin al Estado liberal de la república oligárquica y surge la Argentina moderna. El crecimiento industrial, el crecimiento de la clase obrera y de la población urbana y las nuevas modalidades de intervención estatal (desde 1933), se definen en esta época.

Los cambios en la economía mundial producidos por la gran depresión de 1929 repercuten en la economía argentina, con el deterioro de los precios de los alimentos en relación con los de la producción industrial, lo cual favorece el proceso de industrialización conocido como sustitución de importaciones.

Este proceso pone el acento en la industria como elemento dinámico de la economía, modificando sustancialmente esta actividad, principalmente la industria liviana.

Nace el Estado intervencionista, que define una política más clara en materia de obras públicas como así también en el control de la producción y precios, creándose para ello Juntas reguladoras, que adoptaron medidas de reglamentación de las principales actividades agropecuarias. El Estado juega una "función anticrisis".

La principal función del Estado fue financiera, con la creación en 1935 del Banco Central y del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, cuyos objetivos inmediatos eran la estabilidad monetaria y el control de cambios.

En 1933 con Federico Pinedo en el Ministerio de Hacienda, se comienza a intervenir activamente el mercado.

Destacados sectores de la oligarquía tradicional pusieron serias resistencia a la industrialización.

El Estado acrecienta cada vez más su presencia en la producción militar, creando en 1914 Fabricaciones Militares, que concentra la producción de armamentos.

El intervencionismo estatal acontece en el terreno económico y en beneficio de las clases poseedoras sin una contrapartida para las clases popular; no se distribuye socialmente la riqueza.

El Estado y la clase dominante siguen todavía identificándose; el Estado aún conserva un sistema político viciado, basado en el fraude electoral y en la corrupción política. En 1943 un golpe de Estado pone fin definitivamente a ese sistema incapaz de fundar un régimen político estable y consensual.

Período de 1946-1955.

El gobierno peronista (1946) se basa en una nueva alianza de clases en el poder (patrones, CGT y un sector de las fuerzas armadas), fundando un régimen político populista con la ampliación de las funciones del Estado. La burguesía se apodera del aparato del Estado, definiendo y planificando una verdadera política industrialista.

La finalización de la segunda guerra mundial plantea el peligro de la disminución del volumen de las exportaciones y la posible competencia de la industria extranjera, lo cual podría ser contrarrestado por una política económica que permitiera la ampliación del mercado interno, impidiendo la recesión y asegurando el ritmo creciente de la producción industrial.

La participación del Estado en la actividad económica se acrecienta mediante una clara política económica:

Financia el desarrollo industrial a través del traslado de ingresos del sector agrícola al manufacturero, para lo que se crea el IAPI (Instituto Arg. para la Promoción del Intercambio), que monopoliza las exportaciones

Crea una política proteccionista de la industria, con un régimen arancelario y crediticio Define una política de distribución del ingreso a favor de los asalariados La acción social del Estado mejora radicalmente las condiciones de trabajo y de vida de los

trabajadores a través de una excelente legislación social y laboral, incrementando los ingresos a través del llamado "salario indirecto".

El Estado populista es un importante propietario de medios de producción, mediante inversiones directas o a través de un amplio plan de nacionalización de importantes sectores de la economía: nacionalización de servicios públicos y del Banco Central, creación de empresas públicas o mixtas de explotación de recursos considerados vitales para la economía; centraliza el sistema de seguros y ejerce control sobre los recursos financieros del país.

Se funda un régimen político estable y seguro, basado no sólo en la fuerza sino fundamentalmente en el consenso. Se trata de un Estado distribucionista que bajo las formas de asignaciones familiares y sociales cubre los diversos "riesgos sociales".

El Estado populista pretende ser el "Estado del pueblo argentino", legitimando la dominación de clases mediante su discurso ideológico.

Período 1958-1973.

El país está semiindustrializado. Hasta 1955 el crecimiento industrial se había apoyado en la ampliación del mercado interno, pero desde esa fecha se hace evidente la necesidad de reorientar el proceso de industrialización. Este nuevo proceso que se inicia en 1958 tendrá como eje dinámico a las grandes firmas internacionales.

La coyuntura internacional de la década del 50 demostraba que después de los años de reconstrucción, Europa Occidental se encerraba en una política proteccionista con la creación del Mercado Común Europeo, con sus barreras aduaneras, y, por otro lado, Inglaterra privilegiaba sus relaciones comerciales con Canadá, Nueva Zelanda, etc. En el plano interno, la crisis económica de 1952 repercute inmediatamente en el balance de pagos, incidiendo en la renovación tecnológica de la industria. Decae la inversión privada, se estanca el crecimiento del PBI; fue además un año de gran sequía en el país, todo lo cual determina una situación de emergencia económica y social.

El modelo comienza a agotarse en la medida en que esa política distribucionista trae aparejada una disminución importante en la tasa de ganancia. La burguesía debe asociarse al capital extranjero y debe buscar la reinserción de Argentina en las nuevas condiciones de la economía mundial.

A partir de 1952, las exportaciones no logran financiar de manera suficiente las necesidades de importación imprescindible para el crecimiento del sector industrial. Se necesitaba un plan de contención de salarios y de los gastos públicos como la asociación con el capital extranjero para detener la caída de la tasa de ganancias y para a la vez continuar financiando el sector industrial.

Esta etapa se caracterizó por el control que ejercen las firmas multinacionales y por su orientación hacia el mercado interno. El gran capital internacional invierte directamente en la producción, centralmente en los bienes de consumo durables, y también en química, petroquímica, siderurgia, material de transporte, etc. El Estado apoya y amplía el esfuerzo industrializante, como en la política de ingresos que reduce los costos salariales. El Estado invertirá en los sectores de infraestructura pesada y de energía, en los productos de base y transportes del sector I que contengan a los intereses de las grandes firmas multinacionales.

El Estado toma a su cargo una parte importante de la estructura industrial y de la infraestructura en una fase de la economía en la cual las firmas multinacionales devienen los agentes dinámicos. Ese Estado pasa a ser el interlocutor local privilegiado de las grandes firmas.

Por las inversiones extranjeras, la clase dominante sufre grandes cambios. Ahora el capital extranjero será un nuevo agente socioeconómico: la "burguesía internacional" o "internacionalizada", que liderará al empresariado argentino.

El ingreso se concentra en un cuarto de la población y el capital se concentra en la industria de manera creciente.

El Estado no puede ofrecer más que un mercado político semicerrado al restringir la participación del peronismo, lo que dificulta la estructuración de un sistema hegemónico.

Después del derrocamiento y exilio de Perón, el partido y el movimiento justicialista fueron proscriptos de la escena política argentina. La mayoría de la población argentina carece de representación política legal. La democracia no podrá de nuevo funcionar con plenitud en la Argentina.

El régimen frondicista va a organizar el ingreso del capital extranjero, aplicará un plan de concentración monopolista y de restricción del salario de los trabajadores. La represión al movimiento obrero y el Plan Conintes fueron también los elementos de este gobierno. El gobierno radical de Illia constituye un intento moderado de la política desarrollista y modernizante de Frondizi. El triunfo radical se debió al vacío político que dejaba la proscripción del peronismo. Esta fue una administración respetuosa de las libertades públicas y de los principios republicanos.

Este período se caracteriza por la debilidad del sistema de representación de partidos. ( Rouquié )

ROUQUIÉ – ARGENTINA HOY

1. Hegemonía militar, estado y dominación social

Desde 1930 se abrió par el país la era militar, los generales prometen al país "un destino de grandeza".

Esta crisis generalizada de la sociedad argentina se manifiesta en el campo político y presenta síntomas recurrentes en lo económico. La inestabilidad y la persistente hegemonía del poder militar desde 1930…

La hegemonía militar ha adoptado modalidades muy variadas que no excluyen los gobiernos civiles y de apariencias legales. De 1930 hasta 1980 ningún presidente fue libremente elegido sin condicionamiento ni veto militar dentro de un proceso normal de sucesión. Sólo dos presidentes electos permanecieron en la Casa Rosada hasta el término de si mandato: el gral. Justo (1932) y el gral. Perón (1946), ambos apoyados por un sector militar.

Entre 1962 y 1930 ningún presidente fue llevado al poder por una sublevación armada y la sucesión presidencial se efectuó conforme lo que dictaba la Constitución de 1853.

La gran depresión y las intervenciones reiteradas del poder militar, coinciden con un estancamiento cíclico de la economía nacional, dentro de una tendencia a la declinación del dinamismo nacional. Argentina abandona el progreso ininterrumpido de principios de siglo.

Para entender la Argentina de hoy es preciso recordar que la dominación militar no es ni nueva ni coyuntural. Tiene rasgos propios dentro del continente, entre otras cosas por su semiinstitucionalización.

Soberanía militar y eterno retorno

Se pueden clasificar a los gobiernos civiles en tres categorías que se agregan a las dos variedades de regímenes militares: el "provisional", a veces disfrazado de civil, y el "constituyente". Estos tres tipos de gobiernos civiles serían:

Los que se apoyan en las fuerzas armadas Los que gobiernan neutralizando el ejército por tener cierta legitimidad militar propia Aquellos cuyo destino es ser derrocado por los militares

A pesar del bajo nivel de radicalización o de polarización programática y de un consenso bastante amplio en el campo de las estructuras económicas, la victoria del adversario vale más que la salvaguardia de las instituciones.

Nunca en la historia argentina contemporánea un golpe de Estado ha tenido por objetivo derrocar un gobierno que amenazara directamente el statu quo social y que tratara de realizar importantes transformaciones estructurales.

Legitimidad militar y golpe de Estado permanente

La evolución de las modalidades de intervención militar parece ir en el sentido de una mayor publicidad conforme la dominación militar se va institucionalizando. La proscripción de los partidos populares mayoritarios con el recurso de la "democracia restringida" y las alianzas político-militares impiden que los principios constitucionales liberales tengan relación con la naturaleza del poder real y contribuyen a desacreditar el sistema político legal desestabilizándolo de modo permanente.

El general Justo fue el primer responsable del régimen representativo limitado. Su elección se debe tanto a la prohibición de los radicales cuanto al fraude electoral más descarado, que los conservadores denominaron "fraude patriótico".

La democracia limitada y minoritaria entraña la inestabilidad de los gobernantes legales pero carentes de legitimidad popular.

En nombre del pueblo y de la justicia social para unos, de las libertades y de la democracia para otros, neopopulistas y ultraliberales agrupan todas las fuerzas disponibles para enfrentarse sin piedad y fuera de toda legalidad constitucional.

[Las fuerzas armadas que derrocan a Perón están lideradas por los sectores más activistas del antipopulismo (los llamados gorilas).]

En 1958 Arturo Frondizi es electo presidente con el apoyo masivo de los votos peronistas, y es derrocado en 1962 por la coalición de los radicales del pueblo y de los militares antiperonistas.

En 1963 el radical del pueblo Arturo Illia es elegido por una minoría de votantes, siendo el peronismo siempre proscrito. Ahora el sector militar dominante es más desarrollista que gorila. Frondizistas y militares antirradicales van a programar el golpe de Estado menos violento y mejor planeado de la historia argentina en 1966. Esta intervención militar anunciada se organizó con campañas de propaganda para desprestigiar el gobierno legal ante la opinión pública.

Los presidentes minoritarios acceden al poder bajo vigilancia de un ejército dividido en tendencias cuyas finalidades civiles saltan a la vista. Las fuerzas armadas intervienen a modo de "partido militar".

Perón simboliza la contestación total del sistema posperonista y demuestra que el país no se puede gobernar sin su participación.

La fragilidad del poder militar o una "victoriosa derrota"

"Revolución Argentina" y "Gran Acuerdo Nacional"

El gobierno militar que sucede al presidente Illia en 1966 no se considera como provisional. Pertenece a la categoría de las dictaduras constituyentes. La "Revolución Argentina" pretende realizar grandes transformaciones económicas y sociales que permitirán una redistribución de las fuerzas políticas. Esta modernización que favorece las grandes sociedades industriales nacionales, y sobre todo extranjeras, con proyectos neocorporativistas. Pero la sublevación de 1969 de varias capitales del interior ("cordobazo" de 1969) arruina estos sueños antipolíticos.

Lanusse va a intentar preparar en buenas condiciones la retirada de las fuerzas armadas. Se proponen subordinar la consulta electoral y el llamamiento a elecciones a la firma de un "Gran Acuerdo Nacional" de todos los grupos políticos auspiciado por las fuerzas armadas. Un consenso democrático de todos los argentinos, la coincidencia política negociada - o impuesta por el gobierno - sería como la aprobación civil del cumplimiento de su delicada misión. Algunos no descartan inclusive la perspectiva de ver electo a un militar que, en cuanto presidente de transición y de pacificación nacional, aseguraría en las mejores condiciones el proceso normalizador.

Sin embargo, el auge de la violencia revolucionaria alentada por Perón hace temer a los militares un "argentinazo" nacido de la convergencia del descontento popular y de la guerrilla. Y el propio Perón se ofrece entonces para ahorrar al país el terremoto social que lo amenaza. Los responsables de las fuerzas armadas se comprometen a organizar elecciones sin ninguna clase de proscripciones y de respetar su resultado.

Una oportuna cláusula de residencia impide que Perón presente su candidatura para la presidencia. Éste designa a su delegado personal como candidato del peronismo.

Las turbulentas juventudes peronistas amenazan con su movilización con seguir a los Montoneros en la lucha armada si las elecciones no se verifican.

A pesar de la campaña antiperonista realizada las semanas que precedieron a la consulta, el fracaso y la impopularidad de los militares propició la elección de Cámpora como presidente en 1973, bajo el slogan "Cámpora al gobierno, Perón al poder".

Una ola de terrorismo sacude el país durante el delicado interregno, cobrando las vidas de varios militares mientras el presidente electo se niega a condenar explícitamente a las organizaciones guerrilleras. El 25 de Mayo, día de la toma de poder y de la fiesta patria, los guerrilleros desfilan con sus banderas en las calles de la Capital Federal. Las "juventudes" imponen a las nuevas autoridades la medida más temida por los militares: una amnistía general, que permite la liberación de todos los prisioneros políticos.

Los partidarios de la "patria peronista" estaban desbordados por las inquietudes activistas de la "patria socialista", y la izquierda peronista se lanza en un movimiento de agitación.

En junio de 1973 retorna el líder a la Argentina, lo que provoca enfrentamientos sangrientos en Ezeiza entre grupos armados que se reclaman de Perón. Los peronistas ortodoxos exigen si ascenso inmediato al poder y la renuncia del débil Cámpora. Pero las fuerzas armadas deben aceptar que entre de nuevo en la Casa Rosada. Perón se reconcilia con las fuerzas armadas frente al peligro común, el comandante en jefe del ejército le devuelve su grado de teniente general.

Perón hace renunciar forzadamente las autoridades elegidas por el pueblo. El afianzamiento de las instituciones democráticas restauradas se valió de un golpe de fuerza al que no fueron del todo ajenos los militares.

Los gobiernos peronistas y la legalidad militar (1973-1976)

Los militares van a encontrarse directamente envueltos en las luchas intestinas de la agitada nebulosa peronista. Oficiales y jefes participan junto con las juventudes peronistas en operaciones de emergencia y de acción cívica frente a catástrofes naturales o los Montoneros asisten al lado del estado mayor militar a conmemoraciones político-patrióticas. Esta colaboración espectacular no es del agrado del sector sindical del peronismo, poderoso adversario de las juventudes revolucionarias.

Perón hace renunciar al gral. Carcagno, comandante del ejército nombrado por Cámpora y nombra al gral. Anaya. El estado mayor adopta una actitud de preservación del ejército de las luchas despiadadas que enfrentan a los peronistas entre sí. Asigna como comandante de la Marina (que era un sector antiperonista) al alte. Massera porque lo iba a favorecer.

El gral. Perón muere en Julio de 1974, y el país va a hundirse rápidamente en una crisis precedente. La señora Perón, vicepresidenta sin experiencia ni capacidad política, asume constitucionalmente la presidencia, y las fuerzas armadas acentúan su actitud de absoluta y visible prescindencia. Algunos personajes poco recomendables comienzan a frecuentar el círculo que rodea al rasputiniano secretario y ministro López Rega.

La señora Martínez de Perón sus consejeros parecen preocupados de obtener el compromiso militar en el apoyo al régimen. El gral. Anaya tiene que abandonar sus funciones en 1975 por haberse negado a poner el ejército al servicio del poder para contener la agitación social. La búsqueda de la participación y de la legitimidad militar desencadena así una crisis militar aguda, preludio a la caída del poder civil.

Los sindicatos peronistas aplauden ruidosamente este nuevo encuentro entre el pueblo y los militares. Todas las guarniciones del ejército están en estado de alerta. Los sublevados ganaron fácilmente: el gral. Videla, defensor intransigente de la no participación al poder político, asume el puesto de comandante en jefe.

Los militares llegaron a hacer olvidar su impopularidad de siete años de gobierno de las fuerza armadas y su responsabilidad institucional en la aparición de la violencia política. Las fuerzas armadas aparecieron así ante la opinión pública como sumamente deseosas, permitiendo así que los partidos

encuentren una solución legal al proceso de degradación del régimen o demuestren su absoluta falencia.

La negativa de los partidos a destituir constitucionalmente a la presidenta que, frente a la crisis económica, al terrorismo tanto oficial como izquierdista y a las divisiones de su propio partido, ha demostrado su patética incapacidad.

Los planes golpistas que preveían una fuerte resistencia de las masas peronistas, tenían elaborado un dispositivo represivo de inusitada violencia. Los sindicatos peronistas se muestran incapaces de movilizar sus tropas para defender "el gobierno" de los trabajadores.

Algunas constantes del poder militar en la Argentina

Las fuerzas armadas constituyen no sólo un factor de poder sino un protagonista permanente y decisivo de las contiendas políticas. No se presentan como un grupo de presión o de interés corporativo sino como el eje de la vida nacional.

Se podría pensar que la politización permanente de las fuerzas armadas en Argentina procede simplemente de la poca consistencia institucional de las mismas, que el aparato militar está fuertemente penetrado por la sociedad global y que la distinción entre civiles y militares cuenta poco.

El ejército modernizado y "profesionalizado" a principios de siglo pertenece más al Estado que a la sociedad. Las fuerzas armadas gozan de una fuerte capacidad de autonomía. Los oficiales argentinos se muestran hostiles para con los partidos políticos a los que muy pocos pertenecen. Una vez en el poder, los militares argentinos se han negado siempre a crear un "partido de militares". La sociedad militar argentina constituye una comunidad institucional relativamente cerrada y aislada, aún cuando está mezclada a todas las vicisitudes políticas desde 1930 y cumple funciones económicas importantes, como en los casos de la siderurgia y la química pesada (Dirección General de Fabricaciones Militares).

Reglas del juego que corresponden al desarrollo de los valores pretorianos que plasman a la vida nacional pueden sintetizarse en:

las fuerzas armadas constituyen un actor legítimo del sistema. Las violaciones por el ejército de la subordinación constitucional no provocan nunca la unión sagrada de las fuerzas civiles para la defensa de las instituciones. La amenaza militar agudiza los conflictos. La oposición generalmente se brinda a apoyar a los militares facciosos contra los transitorios ocupantes del gobierno. Los vencidos del sufragio universal se aprestan a tomar revancha gracias a las fuerzas castrenses.

Todos los partidos buscan el oído de los militares para sus propios fines políticos. Nunca el ejército es rechazado como una amenaza para el libre juego de la vida política o como un simple instrumento de las clases dominantes. Nada se hace contra ellos o sin ellos. Las fuerzas armadas, a pesar de sus evidentes tendencias conservadoras, no están consideradas como vinculadas por definición o naturaleza a ningún sector social definido y limitado. Todas las formaciones políticas esperan que el ejército responda a sus aspiraciones. El PC argentino da cierto tipo de apoyo crítico al gobierno del gral. Videla por miedo a un golpe "fascista-pinochetista" y favorece una convergencia cívico-militar, capaz de restablecer los valores democráticos.

El militarismo es universal. "El sueño del coronel propio" (por la gestión del coronel Nasser en Egipto que tomó el poder en un golpe de Estado y luego tuvo una política similar a la de Perón). Civiles y militares no se enfrentan, son complementarios, y componen alianzas de recursos. Los militares no son de ninguna forma los obstáculos al libre desarrollo de las instituciones democráticas. No sólo los civiles rondan los cuarteles en busca de aliados uniformados sino que las cabezas políticas de las fuerzas armadas están siempre al acecho de apoyos partidarios.

Con esta interdependencia entre civiles y militares, la estabilidad y regularidad institucional están fuera de alcance. Esta tendencia se ha descrito como una variante de "Estado pretoriano moderno".

Las raíces sociales de la inversión pretoriana

Todos los grupos de interés defienden sus derechos o privilegios sin miramientos ni consideración por el juego institucional. Todo ocurre como si la victoria del grupo fuese vital para su supervivencia, o mereciera que se le sacrificara el edificio institucional que consagra la coexistencia social.

Se podría pensar que la mediocridad del dinamismo económico que corre pareja con una inflación tiene algo que ver con las discontinuidades políticas. Un crecimiento bastante bajo y una inflación altísima tienen efectos desestabilizadores. Si las luchas intersectoriales para el reparto de un producto estancado fueran responsables de las recurrentes intervenciones militares, se explicaría que los diferentes actores acudieran a la fuerza y llamen a la puerta de los cuarteles.

Existe una posible coincidencia entre los períodos de menor expansión y por ende de más aguda pugna distributiva y las rupturas del orden constitucional. No se ve sin embargo confirmada la hipótesis de una incidencia directa de las depresiones económicas sobre los golpes y el derrocamiento de los gobiernos. Corresponde más bien a la hipótesis contraria. Los años inmediatos a los golpes de 1955 y 1962 son años de apreciable crecimiento. La interpretación de la inestabilidad política por el estancamiento inflacionista desemboca en el Estado pretoriano no corresponde a la realidad.

Tampoco tiene valor explicativo la interpretación del caso argentino como "crisis de participación". La participación masiva y temprana de los argentinos en la vida política sería la mayor causa de inestabilidad. Dado que las intervenciones militares tienen por consecuencia anular los resultados del sufragio universal se podría inferir que las intervenciones desempeñan el papel de mecanismos de desmovilización frente a una movilización política y social demasiado intensa para el equilibrio del sistema. La integración de nuevos grupos sociales al sistema político tradicional destinada a reducir las tensiones provocaría al contrario la crisis total del sistema representativo.

Muchas experiencias han demostrado que a menudo la extensión del sufragio ha podido tener un efecto socialmente conservador. El recurso a mecanismos violentos de desmovilización para oponerse a las funciones normales de un sistema pluralista legítimo y estable sale del marco político. Sólo móviles sociales referentes a la composición y a las modalidades de dominación de las capas superiores pueden motivar semejante fenómeno.

[Se ha podido señalar la ausencia de un gran partido nacional que tuviera la confianza de los grupos económicos y de las capas sociales dominantes pero que fuera capaz de obtener un amplio apoyo popular.]

De ahí se puede pensar que los intereses vinculados al statu quo, impotentes para asegurarse una influencia política en consonancia con su importancia efectiva, prefieren actuar fuera del sistema representativo y en contra de él (fraude electoral y proscripciones políticas). Primero, las intervenciones militares no resultan siempre de una presión o de un llamado de los grandes intereses. Por otra parte, la ausencia de un partido conservador no significa que la derecha en la Argentina fuera débil y la izquierda fuerte, sino que tampoco existían movimientos de izquierda poderosos y con raíces profundas.

Existe en la Argentina un bajo nivel de polarización real y de alternativas sociales presentadas por los partidos argentinos (a principios de siglo, entre conservadores y radicales las diferencias son escasas y no representan a sectores productivos inconciliables).

Enfrentamientos sectoriales y dominación social

La intervención del poder militar pone en marcha los mecanismos de redistribución sectorial. Los golpes de Estado de 1955 y 1962, lo mismo que la revolución de palacio de 1970 que derroca a Onganía, están seguidos por devaluaciones decisivas del peso que favorecen las exportaciones agropecuarias. Y también en 1959, cuando las presiones de militares gorilas orientan la política económica frondizista en un sentido de ortodoxia liberal. En 1976, las primeras medidas de la política económica consisten en mejorar los valores relativos de la producción agropastoral. Después de tres años de fuerte depresión agrícola, los incentivos de tipo fiscal del nuevo régimen crean una bonanza agrícola notable, mientras la industria entra en una crisis sin precedentes y baja el salario real obrero.

Las transferencias sectoriales afectan la repartición de ingresos entre asalariados y no asalariados. Debido al peso menor de los salarios en la reducción agropastoral que emplea poca mano de obra, todo crecimiento de la participación relativa del sector rural provoca una caída de la participación de los salarios en la distribución del ingreso. Las discontinuidades políticas, cuando provocan crisis económicas globales, golpean particularmente los ingresos salariales. El mejoramiento de la posición del sector agrícola frena la expansión industrial tanto como provoca la retracción del consumo popular.

En 1955 empieza un período largo de redistribución regresiva del ingreso a favor de los empresarios. Los golpes de 1955, 1962, 1966 y 1976 se sitúan en fases de altas coyunturas salariales o de rectificación de una situación desfavorable para el sector trabajo. En 1843, la remuneración del trabajo estaba bajando cuando es derrocado el presidente conservador y los salarios suben durante el gobierno militar.

Los casos de 1943 y 1966 prueban que no se trata de ninguna relación mecánica sino más bien de tendencias, y que la política determina la economía y no lo contrario.

Existe un grupo dominante nacional relativamente homogéneo que detenta el prestigio y domina el sector motor de la máquina económica. La Argentina moderna conoce una élite única y "natural" que se reclama del grupo dominante que llevó al país a la prosperidad y lo reveló al mundo. Este grupo se remonta a los constructores de la economía agroexportadora que administraron el proyecto "civilizador" de la segunda Argentina, integrada al mercado mundial como proveedor de trigo y carne.

Pero esta integración se hizo en condiciones excepcionales que explican la opulencia repentina. La fertilidad y la disponibilidad de tierras unidas a la ausencia de obstáculos de clima o de población permiten al país gozar de notables ventajas comparativas. El territorio semidesértico se abre a la inmigración masiva. Una minoría que concentra la riqueza se esfuerza por modernizar al país. Las ciudades se europeízan rápidamente. La prosperidad agroexportadora necesita una mano de obra numerosa pero sobre todo las infraestructuras urbanas. La concentración urbana y el desarrollo de las clases medias y obreras son dos fenómenos interconectados.

Este país agropecuario no tiene campesinos y su desarrollo industrial ya es notable a principios de siglo: pero las cifras están abultadas por un gran número de pequeños talleres. El terciario resulta aquí por la proliferación del comercio minorista, de los intermediarios, de los servicios colectivos y personales exigidos por la opulencia de las ciudades y el lujo de los particulares.

La élite dirigente, liberal y cosmopolita, ejerce una dominación ilustrada: defiende sus privilegios a través de su rol histórico. Nadie amenaza su poder. Los industriales saben que la actividad agroexportadora es la condición de su prosperidad. Clases medias y populares son sectores consumidores que se oponen a cualquier política arancelaria que fomente las industrias a costa del encarecimiento de los bienes de consumo. En el campo, los grupos dominantes ignoran los conflictos sociales.

Hasta 1930 esta "fórmula de justificación" permite una indiscutible estabilidad política. La eficacia del sistema es la fuente principal de legitimidad. Los excluidos del sistema sólo exigen participar. Aspiran a

integrarse a la prosperidad nacional sin discutir ni su dirección ni sus beneficiarios ni su vulnerabilidad. Piden el perfeccionamiento del proyecto agroexportador, no su sustitución. Nada de lo que hizo la riqueza del país es puesto en cuestión.

El radicalismo no tiene un programa económico. Las nuevas capas sociales, pequeños empresarios, ganaderos medianos, chacareros y profesionales, empleados públicos y comerciantes que apoyan al Partido Radical, están plenamente integradas al esquema agroexportador. Las clases medias no tienen ninguna autonomía.

La dinámica industrialista del régimen justicialista no se acompaña de ninguna transformación estructural. Las transferencias de ingreso agudizan las tensiones, pero la concentración de la propiedad no se toca.

Dominación sin hegemonía: una hipótesis

En la Argentina todo parece girar en torno a un grupo dominante estrecho. Los partidos populares suelen denunciar a este grupo "plutocrático" de supuestos oligarcas como una "sinarquía" peligrosa para los intereses mayoritarios.

Lo que permite la existencia de esta oligarquía es una pauta de acumulación, un comportamiento permanente que tiende a la polivalencia sectorial merced a una gran ductilidad en el uso de las inversiones, que hace posible un acceso exclusivo al Estado. Antes de 1930 la poca diversificación económica, las inmensas posibilidades de expansión horizontal y las ventajas comparativas daban a esta estrategia y a los que la aplicaban un papel funcional para el conjunto del sistema que legitimaban. Después del treinta los cambios estructurales hacen que las mismas pautas produzcan estancamientos cíclicos y el afianzamiento de la inestabilidad política. La crisis permanente se da así porque existe este grupo socioeconómico con su comportamiento caracterizado por una gran flexibilidad financiera unida al apoyo estatal, y al mismo tiempo que este grupo refuerza con esta crisis permanente.

Los integrantes del grupo social que se apoderan de la mejor tajada de la "renta diferencial" no se limitan a administrar sus estancias de la provincia de Buenos Aires y a ser los "dueños de la tierra". Su dominio de la economía es más complejo y completo. Sus miembros son más comerciantes y financieros que ganaderos o agricultores, también porque no siempre son de origen terrateniente. Los hacendados puros no tenían el capital necesario para formar el sector dominante, mientras los comerciantes sí pudieron, por su situación y sus capacidades financieras. La base de este grupo era sobre todo fundiaria y ganadera.

La continuidad de la propiedad territorial no implica la inmovilidad productiva. La flexibilidad en el manejo de las inversiones, la capacidad de movilizar rápidamente sus recursos financieros y de diversificar sus fuentes de ganancias son características de este grupo clave. Vinculados a las industrias exportadoras ligadas al agro, en 1939 la gran burguesía agroexportadora favoreció el proceso de sustitución de importaciones "funcional" para sus intereses diversificados. Se trataba en realidad de una burguesía "multisectorial" de hombres de negocios.

No puede haber un enfrentamiento de sectores, ya que la fracción superior pertenece a ambos. Los demás sectores agrarios e industriales presentan un grado muy alto de heterogeneidad, lo que en el caso de la industria impide una "expresión industrial permanente". En el sector agrario, los grupos no diversificados se oponen a la gran burguesía agraria dominante. Las contradicciones coyunturales se dan entre estratos de un mismo sector más que entre sectores. En el campo industrial, la solidaridad entre estratos es aún menor.

La diversificación económica de la fracción superior de la gran burguesía tiene también su prolongación en el campo político. Su movilidad sectorial se reproduce en el terreno de las alianzas que permiten su permanente dominación, pero siempre estas alianzas son precarias y transitorias. El objetivo del dominante es tener las manos libres de compromisos y tener acceso a las decisiones del Estado. Por su posición económica crucial este grupo tiene poder de veto económico, lo que se transforma rápidamente en poder de deslegitimación política.

No todos los nuevos grupos económicos emergentes están aceptados por la "comunidad de negocios tradicional", ya que no en todos los casos representan el mismo tipo de intereses, sensibilidad social e incluso tradición política que los más antiguos.

La guerra de todos contra todos es el destino de esta flexible y omnipresente "oligarquía" porque tiene contradicciones estructurales con todos los grupos económicos y sociales. A su preeminencia se deben los rasgos actuales de la economía nacional, en la que ni la industria ni el agro pueden garantizar el crecimiento.

El grupo agroexportador dominante se enfrenta también con los asalariados fuera del campo productivo en cuanto consumidores: no sólo porque éstos aspiran a un precio bajo de los bienes alimentitos sino porque cada aumento de consumo reduce los excedentes exportables.

En 1930 la gran depresión que desarticula los flujos del comercio mundial coincide con el fin de la expansión horizontal del país que aseguraba la estabilidad del conjunto y el funcionamiento democrático de las instituciones. Ya no hay más disponibilidad de tierras y el control a distancia del Estado no basta en la tormenta. El recurso a la fuerza no es dictado por imaginadas amenazas al orden o al statu quo sino por la necesidad de tener las manos libres en la utilización de los recursos y de echar mano a la maquinaria estatal.

Se utiliza a menudo el concepto de crisis de hegemonía para significar que el grupo o la fracción dominante no tiene ya más el poder para orientar a la sociedad. Este grupo no tiene sobre las clases medias el influjo que tuvo antes y su monopolio se ve atacado. La concentración del poder económico y el exclusivismo social no permiten al grupo dominante "organizar el consentimiento" sobre la base se alianzas estables y permanentes, es decir, de compromisos claros con otros sectores sociales. Este grupo de corriente minoritario alterna en confrontación con casi todos los estratos sociales internos. Argentina conoce así una dominación sin hegemonía, porque el grupo minoritario no permite la formación de un partido multiclasista o polisectorial que responda a sus intereses. Ese tipo de dominación y la inestabilidad económica de este grupo impidieron la formación de un partido conservador.

No es la ausencia de un partido conservador lo que explica la inestabilidad política sino que las causas de esta ausencia aclaran las rupturas. Rechazando cualquier elemento de rigidez económico-financiera, la fracción dominante tenía que pagar el precio de negarse a anudar alianzas con un mínimo de reciprocidad: el recurso permanente a la fuerza a través de la rama más autónoma del Estado, el ejército. El grupo antiestatista por naturaleza va a fomentar en contra de su voluntad la expansión del aparato estatal.

Hegemonía sustitutiva e inestabilidad funcional

El esquema de funcionamiento de la dominación no hegemónica del grupo dominante nacional puede hacer pensar que las discontinuidades políticas resultan funcionales para su predominio. Esto no significa que siempre las rupturas políticas correspondan a los intereses de este grupo, y aun menos que las fuerzas armadas sean instrumento suyo sino sencillamente que su estabilidad y su estrategia económica se compaginan perfectamente con la inestabilidad del sistema. En la medida en que no puede gobernar dentro del marco constitucional, es conveniente que no deje gobernar a nadie y que

subraye la incapacidad de los gobernantes y la ineficacia del sistema que su grupo logró llevar a un grado de prosperidad nunca más recuperado.

Las fuerzas armadas imponen al sistema vigente, y para mejor defenderlo, las adaptaciones que les parecen necesarias en el campo económico, social y político. A veces toman la defensa del statu quo oponiéndose a sus propios beneficiarios.

Pero también las fuerzas armadas constituyen un terreno y un objetivo de la lucha entre sectores sociales y fracciones de las capas propietarias. Los militares se sienten frente a las corporaciones, los grupos de interés o los partidos como "clase universal" sólo apta para resolver los conflictos internos cuando parecen amenazar la existencia del sistema global. Así es como los militares desempeñan en los períodos de crisis, es decir de presiones antagonistas fuertes de diversos sectores sociales, una hegemonía burocrática de sustitución. Es decir, tratan de organizar en cuanto Estado e institución coercitiva legítima el consentimiento de las capas subordinadas alrededor de algún tipo de proyecto nacional. Estos períodos de hegemonía sustitutiva tuvieron siempre como objetivo armonizar por la fuerza, imponiendo una única solución, la legitimidad económica y la legitimidad política.

Entre las experiencias límites de esta hegemonía militar no restauradora podemos destacar los gobiernos post 1943 y la "revolución argentina" de 1966. En el primer caso los militares intentaron superar la contradicción entre el grupo minoritario dominante y el partido mayoritario por una dictadura nacionalista de integración económica y social. En 1966 el ejército abre un proceso de modernización económica para superar la exclusión política de los sectores sociales mayoritarios que frenaban la expansión del gran capital industrial.

De modo más general, las intervenciones invierten el sentido de las transferencias sectoriales, ponen término a los desequilibrios intersectoriales, restableciendo así el equilibrio. Los golpes son procesos de redistribución política, favoreciendo alternativamente a cada sector social, y hasta los consumidores y asalariados como en 1943, imponiendo un empate social que impide superar la crisis hegemónica y permite a la minoría dominante seguir cabalgando.

El poder militar se opone a la dominación de algunos sectores sobre los demás que llevaría necesariamente a transformaciones sociales de fondo. Pero estas intervenciones socialmente estabilizadoras prolongan la crisis global de la sociedad argentina y reproducen la inestabilidad política.

Militarismo de mercado y solución final

Los gobiernos peronistas después de 1973 en líneas generales favorecieron una importante transferencia sectorial desde el agro a los sectores consumidores y asalariados mediante el Estado. Pero también el peronismo se enfrentó a todo el sector empresarial argentino, siendo los grandes propietarios rurales la punta de lanza de la coalición. Sin embargo, la violencia guerrillera constituyó un enemigo común contra el cual se unieron la burguesía y las clases medias, golpeadas brutalmente por la inflación. La disgregación del Estado populista y la guerra civil parecían ofrecer las condiciones adecuadas para una vuelta al orden "natural" del liberalismo reclamado por la mayoría agroexportadora. Todo apuntaba a una restauración del modelo tradicional de la Argentina de principios de siglo.

El pretexto de la lucha contra la guerrilla y la situación de desmoralización en que se hallaba la clase obrera, lo mismo que la anestesia del sector industrial no diversificado, y el fracaso populista daban una oportunidad sin precedente para reestructurar el mercado interno y transformar una economía compleja y diversificada en una zona productora gozando de amplias ventajas comparativas. El retorno hacia el pasado deseado por los sectores agrarios "puros" y algunos altos funcionarios militares no prosperó totalmente. La necesidad de reducir la inflación y de recomponer las reservas que resultaron

en la sobrevaloración del peso y los altos intereses del crédito financiero han limitado mucho los incentivos y las ganancias obtenidas por el sector rural.

Más que un intento de restauración, se trata de un proyecto de reacomodamiento de la economía adaptándola a la nueva situación del capitalismo mundial. El capital transnacional no se había beneficiado por la política de elevado costo social llevada a cabo. Las grandes empresas extranjeras desinvierten o conocen ingentes pérdidas. El proyecto de apoya sobre la reducción de costos de la mano de obra, pero no a expensas del sector agrario, y la eliminación de las empresas industriales que producían a altos precios para un mercado sobreprotegido. Consiste en recuperar con los medios industriales el provecho de las ventajas comparativas perdidas por la minoría dominante.

Esta liberalización debe permitir un reordenamiento del aparato productivo que corresponda una vez más a los designios de los grupos agrarios diversificados más fuertes. La agroindustria y las "industrias verdes" en general o las que permiten la desvalorización de la tierra y de sus posibilidades son las más favorecidas.

Esta política sólo estimula la sustitución de importaciones en los rubros en los que el país tiene condiciones eminentemente favorables y desindustrializa sin piedad a los demás sectores. El estrecho grupo dominante multisectorial busca industrias con alto valor agregado y que no requieren un monto de inversión elevado.

Desde el punto de vista político, este proyecto tendría como resultado si no terminar de una vez con los enfrentamientos intersectoriales o intrasectoriales entre campo e industria, por lo menos limitar su impacto. La nueva industrialización contribuiría a atenuar las divergencias intersectoriales en la medida en que toda la industria sobreviviente estaría vinculada al campo o por lo menos produciendo sin necesitar enormes transferencias sectoriales.

Lo cierto es que por lo menos aseguraría de nuevo la hegemonía sin rival de la gran importadora-exportadora, pero no permitiría la restauración de una democracia ampliada. Los beneficiarios casi permanentes de la inestabilidad difícilmente podrán imponer una "democracia fuerte y estable" prescindiendo de la sociedad avanzada y conflictiva en la que se establece.

COLLIER – EL MODELO BUROCRÁTICO-AUTORITARIO

1. Visión general del modelo burocrático autoritario

Se considera que las tensiones sociales, económicas y políticas que en décadas recientes han generado el tipo concreto de modernización dependiente y capitalista que ha experimentado América Latina, han conducido a un colapso del antiguo esquema de política "populista". Pero a este sistema le ha seguido un período de política "postpopulista" caracterizado por la aparición de gobiernos represivos autoritarios que tratan de resolver aquellas tensiones eliminando la participación del sector popular en la arena política nacional y forzando un movimiento represivo de las rentas en ese sector.

Los niveles más avanzados de industrialización se consideran vinculados con un alejamiento de la política democrática y competitiva y con un incremento de la desigualdad.

[Se toma a partir de acá el análisis de Guillermo O’Donnell, sobre esta argumentación populista/postpopulista, haciendo una resumen de sus ideas]

Tipos de sistemas políticos

Se toman tres dimensiones distintas en la descripción de los distintos tipos de sistemas políticos: la estructura del régimen político nacional, la composición de clase y sectorial de la coalición política

dominante, y determinadas políticas públicas cruciales. La distinción central derivada de estas tres dimensiones es si el sistema es:

Incorporador: Busca a propósito la activación del sector popular, permitiéndole alguna voz en la política nacional;

Excluyente: Excluye deliberadamente a un sector popular anteriormente activo de la arena política nacional.

Para O’Donnell existen tres tipos de sistemas políticos:

Oligárquico. La élite del sector exportador de productos primarios domina el Estado y orienta la política pública alrededor de sus necesidades. Estos sistemas no son incorporadotes ni excluyentes, porque el sector popular aún no ha estado políticamente activado. (Etapa de hegemonía oligárquica anterior a la participación política popular en las elecciones de 1916)

Populista. Son claramente "incorporadores". Están basados en una coalición multiclasista de intereses urbanos e industriales que incluye a la élite industrial y al sector popular urbano. El nacionalismo económico es un rasco común de estos sistemas. El Estado promueve la industrialización orientándola hacia los bienes de consumo, directamente por medio del apoyo a la industria nacional e indirectamente al estimular la expansión del mercado nacional de bienes de consumo aumentando los ingresos del sector popular. (Gobierno de Perón 1946-1955)

Burocrático autoritario. Son sistemas "excluyentes" con énfasis no democrático. Los actores principales son los tecnócratas de alto nivel, en estrecha asociación con el capital extranjero. Esta nueva élite elimina la competencia electoral y controla la participación política del sector popular. La política pública se centra en la promoción de la industrialización avanzada. (Período 1976-1983)

Cambio económico social

Las transiciones de un sistema al otro derivan de las tensiones políticas y sociales producidas por la industrialización y por los cambios en la estructura social a nivel tanto de élite como de masa.

Hay tres aspectos cruciales en la modernización socioeconómica.

1. Industrialización.

Las diferentes fases de industrialización están vinculadas con el cambio político porque alteran las coyunturas críticas económicas de los diferentes grupos de clase. La transición de la fase inicial de industrialización ("sustitución fácil de importaciones" – producción de bienes de consumo) está asociada con la transición de un sistema oligárquico a uno populista. La protección arancelaria y los subsidios estatales reducen la presión para que la producción sea competitiva internacionalmente, y la expansión de los ingresos de la clase trabajadora amplían el mercado nacional de bienes de consumo. Todo esto permite una coalición populista "incorporadora", en la que los trabajadores reciben importantes beneficios y se apoya a los sindicatos a cambio de su apoyo político, reforzando la posición de los industriales en relación con la élite exportadora previamente dominante.

Según O’Donnell, el autoritarismo burocrático deriva de una compleja serie de reacciones a los problemas que surgen cuando se ha completado ya la fase de sustitución de importaciones de bienes de consumo. Cuando el mercado nacional de productos manufacturados simples está satisfecho, las oportunidades para la expansión industrial se limitan considerablemente. Es muy alto el costo de la importación de bienes intermedios y equipo de capital necesarios para la producción de bienes de consumo, con lo que se producen o incrementan los déficit en la balanza de pagos, las deudas externas y la inflación. Las élites tratan de pasar a una política de desarrollo "ortodoxa" más austera, que quite

énfasis a la distribución al sector popular. La solución es la "integración vertical" o "profundización" de la industrialización por medio de la fabricación de bienes intermedios y de capital. Sin embargo, los niveles de tecnología, experiencia empresarial y de capital necesario requieren empresas grandes, que con frecuencia están afiliadas a las empresas multinacionales. La preocupación por atraer a este tipo de inversión extranjera estimula la adopción de políticas económicas ortodoxas, con el fin de crear condiciones de estabilidad económica a largo plazo que permitan satisfacer los requerimientos impuestos por las empresas multinacionales y las agencias internacionales de créditos.

2. Activación del sector popular.

Con el final de la primera fase de la industrialización y el paso a políticas económicas ortodoxas, es de esperar que el creciente poderío del sector popular desafíe a la nueva política. En algunos casos el sector popular es lo bastante fuerte para producir un retorno temporal a la política del primer período populista, con lo que las políticas de desarrollo populista y ortodoxo se siguen unas a otras en rápida sucesión mientras continúa la crisis económica.

3. Roles tecnocráticos.

Los altos niveles de diferenciación social que acompañan a la industrialización condujeron también a una ampliación del papel de los tecnócratas en la sociedad. Los tecnócratas tienen un bajo nivel de tolerancia hacia las continuas crisis políticas y económicas, y los altos niveles de politización del sector popular los perciben como un obstáculo al crecimiento económico. Entre los militares, esta orientación se refleja en el "nuevo profesionalismo", dirigido a la intervención militar activa en la vida política, económica y social. La comunicación entre los tecnócratas militares y civiles, y la creciente frustración de ambos ante las condiciones políticas y económicas, estimula el surgimiento de una "coalición golpista" que, en última instancia, establece un sistema "burocrático-autoritario" represivo con el objetivo de poner fin a la crisis política y económica.

Surgimiento y evolución del autoritarismo burocrático

Estas crisis han jugado un papel central en el surgimiento del autoritarismo burocrático (1966). El autoritarismo burocrático varía con el tiempo y los países. Los grupos que inicialmente apoyaron el golpe, que incluyen a los empresarios nacionales y a elementos de las cases medias, sufren las consecuencias de la política económica ortodoxa y de la preocupación por orientar la expansión industrial alrededor y estatales. Esa preocupación conduce a una "desnacionalización" de la coalición que apoya el Estado, pues la principal "clase" económica que sostiene al Estado es el capital extranjero. Por la potente presión interna, surge finalmente una transformación del "dúo" coalicional, el estado y el capital extranjero, en un "trío", en el que los empresarios nacionales vuelven a jugar un papel más amplio.

El modo en que se produce esa transición es crucial para el éxito de estos sistemas en sus propios términos.

En la Argentina de los años 60 la crisis previa al golpe menos grave que en Brasil, y por ello más limitada la percepción de la amenaza. La cohesión de la élite después del golpe no fue suficiente para resistir la presión del sector popular y de otros grupos sociales. El resultado fue un colapso del autoritarismo burocrático, un resurgimiento de una coalición tipo populista de grupos desafectos, una renovada crisis económica y política y el fracaso en atraer la inversión extranjera a largo plazo y en mantener el crecimiento.