Mendoza, 18 de noviembre de 2013.-

Al Señor Fiscal de EstadoFISCALIA DE ESTADOPROVINCIA DE MENDOZA

De mi mayor consideración:

En mi carácter de Coordinador General de Voluntarios en Red Mendoza, Organización Social simple, tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a los efectos de informales sobre la siguiente situación, la cual entendemos podría estar afectando los intereses públicos.

Introducción:

Desde nuestra Red uno de nuestros principales programas es el de “Padres y Familias Preventoras” cuyo objetivo es generar concientización para la prevención de accidentes viales en nuestra provincia. Para tal fin llevamos estadísticas de fallecidos y heridos.

Desde ese lugar hemos observado que por “omisión” el gobierno provincial a través del Ministerio de Salud y/o Hospitales Públicos, según corresponda, no se estaría realizando el recupero ante las compañías de seguros, de los gastos originados en la atención pública de las víctimas de accidentes viales en Mendoza.

Planteamiento del problema:

Desde el punto de vista sanitario, el Hospital público es por excelencia el lugar donde se dan por lo menos, los primeros auxilios a las víctimas de accidentes de tránsito. Los accidentados suelen llegar al Hospital por los sistemas públicos o contratados de ambulancias y solo se trasladan al sector privado o de la seguridad social aquellos que tienen alguna cobertura.

Sin embargo, muchos accidentados por carecer de cobertura o no desear ser trasladados, permanecen en los hospitales públicos hasta su recuperación total.

La accidentología en nuestra provincia, por su magnitud y complejidad, tiene costos humanos, sociales y económicos difícilmente cuantificables.

Frente a un problema integral de tan difícil solución y especialmente cuando fracasa la prevención, la sala de emergencias y el Hospital público se convierten en la única solución para un problema que debió ser evitado o por lo menos disminuido.

Por obvio que resulte, este fracaso de la prevención, termina poniendo el eje en la asistencia y rehabilitación de las víctimas, demandando mayor cantidad de recursos humanos, tecnológicos y económicos para su asistencia oportuna.

El problema es entonces, cual es la legitimidad y posibilidades concretas del Hospital público para facturar y cobrar a los terceros responsables, las prestaciones realizadas por la atención de víctimas de accidentes de tránsito, evitando de esta manera un subsidio encubierto del estado al mercado asegurador.

Y definiremos como subsidio encubierto del estado a favor de terceros pagadores, a todas las prestaciones que por las normas vigentes, el Hospital público esta facultado y obligado a cobrar (sin alterar la gratuidad en el punto de consumo), y por vacíos normativos o debilidades de gestión no alcanza a cumplir con dicho objetivo, en detrimento de los fondos públicos y de los recursos siempre limitados para la atención de las personas que carecen de otra cobertura, aceptando por omisión el enriquecimiento sin causa de las organizaciones o empresas obligadas a hacerlo.

Esta controversia sin solución normativa apropiada y específica termina significando que el Estado, a través del presupuesto público del sector salud, subsidia a quienes están obligados a cubrir los gastos de la atención médica. Y esta obligación surge de la esencia misma del seguro de responsabilidad civil, que en una relación de mercado, pactaron asegurados y aseguradoras, para cubrir justamente el daño que el asegurado pudiera ocasionarle a un tercero.

Por cada subsidio encubierto (por omisión) otorgado al mercado asegurador, el Estado resta recursos para la atención de todo aquel que no tiene otra cobertura más que la cobertura pública.

Hoy más que nunca frente a la crisis que afronta la provincia, resulta necesario redoblar los esfuerzos para seguir trabajando en pos de una salud pública de inclusión, que garantice la accesibilidad de toda la población al sistema, profundizando el debate por la equidad, y sin apelar a las soluciones pragmáticas y peligrosas que aparecen ante las crisis cuando se acaban los recursos.

El arancelamiento encubierto, las presiones de las cooperadoras, la compra de insumos hospitalarios a cargo del paciente, o la suspensión de la atención programada, entre tantas otras salidas “rápidas” ante las crisis, una vez más evidencian ajustar contra el ciudadano, contra el destinatario mismo de los servicios ofrecidos, o exigir al paciente un nuevo pago de lo que la sociedad ya ha pagado.

Las cifras son alarmantes: En lo que va de los primeros 10 meses de este año han fallecido 197 personas y se estima que otras 15.000 han sufrido heridas de distinta consideración. Estos datos son aportados por el Servicio Coordinado de Emergencia, quienes son los responsables de asistir en el lugar del hecho y trasladar a las víctimas.

Los hospitales públicos, en su gran mayoría, realizan la atención primaria y tratamientos de los heridos, desde leves a alta complejidad. Se estima que un 5 % de los heridos son de gravedad y requieren tratamientos especiales, operaciones, implantes y rehabilitación que en algunos casos demoran más de un año.

Considerar además que la cantidad de discapacidades que surgen producto de los accidentes de transito, dejan un saldo negativo desde el punto de vista de los ingresos, no solo del grupo familiar sino de toda una provincia, no solo se baja la generación de recursos directamente, sino que a través de la asistencia al accidentado y las discapacidades por ellos generados, se erogan altas sumas de dinero que podrían ser usadas en cuestiones como salud, prevención, educación, etc.

En su generalidad las compañías de seguros llegan a arreglos extra-judiciales con las víctimas, donde el estado, a través de los hospitales públicos, queda ausente, no por que las aseguradoras no tengan la obligación de hacerse cargo, sino porque el estado por falta de gestión “omite el recupero de las mismas”.

Estimaciones en números: Se estima que solo en el periodo 2013 el Estado Provincial y/o hospitales podrían llegar a recuperar una cifra varias veces millonaria.-

Sin otro particular, me despido de Usted, quedando desde ya a su entera disposición. Saludo Atentamente.

Hugo FiorensCoordinador General

Voluntarios en Red Mendoza