Mujer Alia

30 Edición 284 - Julio / 2008

Edi

toria

lPobreza, petróleo y esperanza

EditoraKarla A. Alvarado

Guerra

DiseñoJaime A. Arellano

Méndez

Sección elaborada

en colaboración con los

servicios informativosde CIMAC

[email protected]

Por Sara Lovera*

Este domingo tuve un develamiento. Descubrí cuatro personajes que han viajado conmigo a lo largo de cuatro décadas. Todos con espejuelos, ojos hundidos. En la plenitud de la tercera edad.

Todos hombres, de cabellos semiblancos. Necios e intensivos. Defensores de sus ideas, activos, militantes. Si, definitivamente, necios.

Los captó el ojo clínico de la cámara de María Luisa Severiano, en un diario capitalino, en un lugar de baile y fiesta, diciendo sandeces, esas que tanto molestan a las elites de este país.

Figúrese usted. Advirtieron que imponer la reforma en Pemex, sería un desastre. Eran Carlos Monsivaís, Arnoldo Córdova, Rolando Cordera y Antonio Gershenson. Viejos militan-tes del nacionalismo histórico mexicano. Necios, decía, impertinentes.

Mi revelación aumentó, cuando al terminar de leer el diario se llenó el zócalo de la Ciudad

de México, para reclamar que Pemex se privatice y seguir organizándose.

Un minuto de silencio guardó la muchedumbre en señal de luto por los 12 caídos en la discoteca New’s Divine, de la Nueva Atzacoalco, en la delegación Gustavo A. Madero, con la esperanza de que esta vez la brutalidad policíaca no permita la impunidad.

La revelación me aumentó cuando leí las declaraciones de Emilio Álvarez Icaza, acerca de las 34 jovencitas que recibieron maltratos y fueron desnudadas tras el operativo de New’s Divine el día 20 de junio. Que como en Atenco --mayo de 2006-- tardaron 5 horas en llegar a la agencia 50 del ministerio público, que fueron manoseadas y vejadas.

Un operativo policíaco, definido por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Álvarez Icaza, como de franca violencia institucional, de género y contra

los y las jóvenes. ¡¡¡¡¡¡¡Horrible¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ciertamente.

Mi sangre corrió más rápido por la indignación, cuando ese personaje promotor de los derechos humanos afirmó que los operativos han sido diseñados para crimi-nalizar a las y los jóvenes de esta ciudad, esos que no tienen ni la mínima esperan-za en un país violento, de muy pocos ricos, sin futuro, sin buenas universidades, sin

empleo,sin perspectiva de vida en el futuro.

El diario, que ya es de sobresalto cotidiano habla de 11 asesinatos sólo el vier-nes y sábado de la semana que acaba de terminar. Esto por la guerra del señor Fe-lipe Calderón, contra lo que se conoce como narcotráfico. Pero la nota del domingo, donde hay dos menores asesinados y una mujer en Ciudad Juárez, la número 36 de este año, señala que no se sabe si los caídos tenían relación con el crimen que se persigue.

Me temo que eran civiles.Y todo ello que tiene que ver con mi revelación inicial. Pues que a pesar de todo,

una se anima con las personas que no pierden sus principios, a pesar del tiempo y los embates, a pesar de la corrupción y la aparente desesperanza.

Que invitan a no cejar, a no arrendarse. Y es que las cosas han empeorado tanto que una se queda sin tema de la sema-

na, porque son tantas y tantas las desgracias, los anuncios, las confirmaciones a unos días del segundo aniversario de las elecciones de 2006, en que la desgracia calló como torrente en mi país.

* Periodista mexicana, este año cumplirá 40 de vida profesional, integrante del Consejo Directivo de CIMAC; corresponsal en México, del Servicio de Noticias de la Mujer Latinoa-mericana y del Caribe (Semlac); comentarista en Antena Radio; forma parte de la mesa de periodistas de Canal 21, el canal de TV de la Ciudad de México.

Edición 284 - Julio / 2008 31

Son tantas las preguntas, las reflexiones, las aflicciones que la cabeza da vuel-

tas y el coraje sube hasta la garganta. Y no, me dije, no tengo que llorar, tengo que agarrar mi esquina, mi lugar, mi espacio para no callarme.

Luego fui al súper. Es decir a probar con mi exiguo salario, lo que todo mundo

sabe. Inflación en productos básicos de 30 por ciento. Un queso de 400 gramos, de esos que no tienen grasa, pasó de 32 a 42 pesos, de un minuto a otro.

La lista de aumentos que refirió en el Zócalo capitalino lleno de ayer, el hombre más temido de la historia reciente, Andrés Manuel López Obrador es así:

“Hay regiones en el país donde los campesinos han dejado de sembrar porque el precio del fertilizante subió 200 por ciento; y casi todo el pueblo está padecien-do porque el precio de la tortilla aumentó en 60 por ciento, el pan en 65 por cien-to, el fríjol en 90 por ciento, el arroz en 140 por ciento, la leche en 40 por ciento, el huevo en 85 por ciento, el pollo en 50 por ciento, la carne de res en 60 por ciento y el aceite en 124 por ciento. En suma, en 18 meses, la capacidad de compra de la inmensa mayoría de mexicanos se ha reducido en 30 por ciento”.

Mis asombros no cesan. Incluido el hecho de que el Zócalo volvió a llenarse a pesar de los pesares y no obstante el cerco informativo.

Asombroso es que en la radio, el sábado, pudiera López Obrador, en vivo, in-

vitar y explicar la gente que se reorganizan las brigadas de defensa del petróleo, donde están las mujeres autodenominadas Adelitas que han informado todos es-tos días casa por casa.

Testimonio, éste, de que no se puede ocultar lo que sí está pasando. López

Obrador cuenta con esa información a ras de tierra, cosas que no saben ni tiene

las élites.

Desde la última asamblea del 27 de abril a la fecha, AMLO visitó todas las ca-pitales de los estados de la República y 97 cabeceras municipales; y en diversas regiones del país se hicieron asambleas; ya existen 200 mil brigadistas en defensa del petróleo.

Para mí, la síntesis de mis delirios de las últimas semanas se resumen lastimo-

samente, así, como AMLO, dice y no como se insiste en querer desinformar en los spots publicitarios:

“La delincuencia y la convulsión social son producto de la pobreza y de una

estructura de clases corrupta que ignora o menosprecia a los pobres. Mientras en una sociedad hay oportunidades para todos también hay tranquilidad social. Cuando hay mucha gente desempleada, económicamente desposeída y sin es-peranzas, es mayor la tentación de escapar, de la amarga realidad, mediante las drogas y la violencia.

“De la misma manera, ahora cuando se ha desbordado la inseguridad y la violencia en el país, lo único que se le ocurre al presidente espurio es amenazar con el discurso propagandístico de la “mano dura” y de ahí se desprende el querer resolver el problema con más policías, más soldados, más cárceles, leyes más severas, condenas más largas, todo lo cual no basta para enfrentar un asunto que se ha originado por 26 años de estancamiento económico, por mayor desigualdad, por la falta de empleo y educación para los jóvenes, por la corrupción y por el modelo de vida que han venido fomentando las elites …”

Para qué decir más.

Por Sandra Torres y Carolina Velázquez


Aún con la llamada “ley de cuotas”,

aprobada en el Código Federal

de Instituciones y Procedimientos

Electorales (Cofipe) en 1996

y reformado en 2002,

actualmente las mujeres en México

apenas alcanzan el 22 por ciento

de la representación en el Congreso

y sólo hay 3.4 por ciento

de presidentas municipales.

Ningún espacio ganado es concesión, sino luchaLa clase política menosprecia aún

capacidad de las mujeresEn el Poder Legislativo la participación femeni-

na ha ido creciendo con lentitud, característica común en los tres principales partidos políti-

cos, pues la mayoría de legisladoras ha llegado por vía de la representación proporcional, es decir, el sistema de cuota de género.

Los obstáculos que enfrentan en su vida partida-ria y en el ejercicio de su cargo se analizan en “Lí-mites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Re-volución Democrática (PRD)”.

El trabajo, de Ma. Luisa González Marín, publica-do en abril de este año, retoma los datos de la par-ticipación de las mujeres en las Cámaras y Consejos Nacionales de estos tres partidos, de 1977 a 2006, y revela la escasa participación femenina: la legis-latura mejor situada fue la LIX y sólo alcanzaron el 22.8 por ciento de representación.

El estudio, auspiciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Instituto Nacio-nal de las Mujeres (Inmujeres), arroja datos de una encuesta realizada entre 112 de 300 legisladoras, para detectar los elementos fundamentales de la discriminación, incluso los obstáculos más sentidos por ellas.

La encuesta toca 16 aspectos, los más relevan-tes: antecedentes de participación política, dificul-tades que enfrentan, papel de la ideología política en la familia y las relaciones de pareja, factores que determinaron la postulación, incidencia del partido en las dificultades para ascender al cargo, factores que inciden en la formación de las líderes, partici-pación en las comisiones parlamentarias, discrimi-

nación de género durante su carrera política, exis-tencia de acoso sexual y expectativas de su carrera política.

Las legisladoras señalan que sufren discrimina-ción y que los obstáculos más fuertes se dan dentro de su partido y las cámaras: 64 por ciento aceptó ser discriminada en su partido y 70 por ciento a ni-vel Parlamentario.

Según el trabajo de González Marín, la mayoría de las mujeres llegaron al poder no por sus cualidades, sino por pertenecer a una corriente de su partido, lazos familiares o porque no había otra mujer que quisiera ocupar el cargo. Las legisladoras completa-mente ligadas a la ideología familiar fueron: PRI 46 por ciento, PAN 58 por ciento y PRD 41 por ciento.

Además, agrega, una cosa es ser candidata y otra alcanzar el escaño parlamentario.

Sobre las dificultades durante y después de su postulación a nivel Parlamentario, 37 por ciento dijo que falta apoyo de sectores de su partido, 28 por ciento manifestó que los candidatos hombres se manifiestan en su contra, 23 por ciento minimiza su figura y 13 por ciento señalaron inequidad de candi-datos en la campaña.

Los obstáculos más mencionados por las legis-ladoras son: escasa valoración a su experiencia, preparación y capacidad; menosprecio a su trabajo político; descalificaciones y comentarios despectivos de los legisladores; postulación sólo para cumplir con las cuotas que marca Cofipe.

Existe también la exclusión en la toma de decisio-nes de las comisiones más importantes de las cáma-ras, hay una mentalidad machista de los legislado-res, inequidad de género entre los militantes de su partido y no se toman en cuenta sus propuestas.

Otros resultados de la encuesta son: a la familia le perciben como un ámbito de apoyo básico, en el aspecto ideológico y en el ejercicio del cargo.

La mayoría se consideran mujeres seguras de sí mismas, bien preparadas y capaces de ejercer el puesto. Y las principales razones de su participación política tienen que ver con la necesidad de solucio-nar los problemas del país, mejorar el sistema y por ímpetu personal, sólo un pequeño porcentaje opinó que para mejorar la situación de las mujeres.

INICIATIVA Actualmente, la Cámara de Diputados del Con-

greso de la Unión, en su Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, carece de cualquier medida que garantice una mínima repre-sentación con base en la proporcionalidad de géne-ro, en la integración de las comisiones ordinarias y especiales, señala González Marín.

Ante esto, la diputada federal Elsa Conde, del Partido Alternativa Socialdemócrata, sometió a con-sideración del pleno de la Cámara, en noviembre de 2006, la iniciativa para reformar el Artículo 43 de la

Ley Orgánica del Congreso, con el fin de alcanzar la igualdad de oportunidades, que desde hace déca-das vienen realizando las mujeres, y sus incipientes avances.

LAS CUOTAS Las llamadas “leyes de cuotas” son acciones

afirmativas de carácter temporal que permiten de manera gradual eliminar obstáculos y garantizar la igualdad de oportunidades a sectores que histórica-mente han sido discriminados.

En Latinoamérica y África estas cuotas han per-mitido que haya, en promedio, 5 por ciento más mu-jeres en parlamentos en los últimos 10 años.

En Suecia, la representación parlamentaria feme-nina aumentó significativamente: 43 por ciento del parlamento son mujeres. En Dinamarca hay 38 por ciento de legisladoras, en Finlandia 37.5 por ciento y en Países Bajos 36 por ciento.

Rwanda es el mejor ejemplo de la aplicación de las acciones afirmativas. En 10 años, de contar con 4 por ciento de mujeres en la Cámara baja, tiene ya 49 por ciento, según el Informe de la Comisión del Estado de las Mujeres elaborado por la ONU en marzo de 2006.

Pero ninguno de los espacios de representación popular ocupados por mujeres tanto en la política en general, como en la Cámara de Diputados son gra-ciosa concesión, señala la diputada Elsa Conde, en su estudio “Acciones afirmativas y paridad, para el avance de las mujeres”. Estos espacios se han forja-do a través de muchos años de lucha, enfatiza.

Ningún espacio ganado es concesión, sino luchaLa clase política menosprecia aún

capacidad de las mujeres


Las legisladoras señalan que sufren discriminación

y que los obstáculos más fuertes se

dan dentro de su partido y las cámaras:

64 por ciento aceptó ser discriminada

en su partido y 70 por ciento

a nivel Parlamentario.


Igualdad debe ser práctica concreta y no abstracción legal

Por Adriana Rodríguez González

En educación, en México las tasas de analfabetismo son de 11.1 por ciento para mujeres y 7.3 para hombres. Si el dato se cruza con la variable de edad, resulta que 62.8 por ciento de las mujeres mayores

de sesenta años no saben leer ni escribir, en tanto que sólo 37.2 por ciento de los hombres están en la misma situación.

La intersección con la etnia muestra que 43.1 por ciento de las mujeres indígenas son analfabetas, frente a sólo 23.2 por ciento de hombres.

En materia económica, la discriminación exhibe varias aristas. Una de ellas, bastante clara, es la brecha salarial.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el 26.9 por ciento de las mujeres que realiza algún trabajo remunerado recibe entre uno y dos salarios mínimos mensuales como pago, en tanto que sólo el 22.2 por ciento de los hombres están en dicha situación.

En el punto más alto de la pirámide, 11.36 por ciento de hombres per-ciben más de cinco salarios mínimos mensuales, en tanto que sólo el 7.45 por ciento de las mujeres tienen el mismo ingreso.

Por otra parte, en los espacios laborales las mujeres enfrentan otras dos variantes de discriminación de género: los techos de cristal y el hostiga-miento sexual.

La especialista Marta Torres Falcón sostiene que en cualquier tipo de empresa, el número de mujeres es mayor en las bases --por ejemplo, per-sonal de limpieza, recepcionistas, secretarias, auxiliares administrativas, etcétera-- y disminuye gradualmente a medida que se avanza en la escala de responsabilidades, ingresos y toma de decisiones.

Además, por lo general, el tope al que puede llegar una mujer no se hace explícito y se invocan diferentes razones para mantenerlo, pero difí-cilmente se reconoce que detrás de la negativa de una promoción hay un prejuicio sexista.

CAUSAS DE LA DISCRIMINACIÓN La lucha de las mujeres organizadas por el reconocimiento y

garantía de sus derechos ha tenido que cuestionar la definición misma de los derechos humanos e insistir en el peso específico de la voluntad.

En pocas palabras, ha requerido demostrar --de manera continúa y fehaciente-- que las mujeres son seres humanos y, como tales, dotados de racionalidad y voluntad propia, según señala Marta Torres Falcón en un artículo de la revista El Coti-


diano, editada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Los derechos civiles y polí-ticos buscan la igualdad jurídi-ca de todos los individuos, más que la equidad, que implicaría reconocer diferencias y diseñar políticas públicas específicas para garantizar el ejercicio real de los mismos derechos a todas las personas, es decir, para que la igualdad fuera una práctica concreta y no una abstracción legal”, agrega.

Además de la necesidad de atender la situación de derechos humanos con base en el género, se discute si los derechos sólo son oponibles al Estado y sus agentes, o si tendrían vigencia en las relaciones entre particu-lares.

Es por ello que, según indica la especialista, algunos países, con el ánimo de superar esa visión restringida de las prerrogativas fundamentales, han incorporado en sus textos constitucionales la obligación del Estado de garan-tizar, a todos los individuos, una vida libre de violencia.

Esto significa que debe poner al alcance de toda persona los recursos y apoyos necesarios para denunciar cualquier trans-gresión a sus derechos huma-nos, aunque ocurra en la esfera de lo privado.

Para la investigadora, la ex-clusión de las mujeres opera por dos vías. Por una parte, sus in-tereses y necesidades se iden-tifican con el espacio privado y, por otro lado, este espacio es excluido de la regulación esta-tal.

“Si existe algún reconoci-miento –en la legislación, las políticas públicas, los programas de bienestar social-- éste se di-rige al núcleo familiar como gru-po, pero los derechos individua-les de sus integrantes quedan subsumidos en las necesidades de la familia o bien se ignoran totalmente”, indica Torres en la revista.

Sin embargo, asegura que la dicotomía público-privado es

engañosa, porque si bien la esfera doméstica se considera femenina, la posición que los hombres ocupan ahí, tal vez más que en cualquier otro espacio, es la de amos indiscutibles.

Y es que la esfera privada, en donde el varón puede mandar y hacer-se obedecer, es esencialmente igual para todos los hombres.

Se trata, según el análisis de la investigadora, de un sitio privilegiado de dominio masculino, un espacio de control y poder socialmente legi-timado y reconocido como indiscutible.

IGUALDAD

Por lo que respecta a la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (también conocida como Con-vención de la Mujer o CEDAW, por sus siglas en inglés), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por casi 90 gobiernos, Torres indica que ésta tiene más reservas que cualquier otro instrumento internacional.

Además, asegura que ninguno de los países signatarios ha logrado el objetivo de eliminar la discriminación contra las mujeres.

En el sistema jurídico mexicano, el Artículo primero de la Constitu-ción señala la igualdad de todos los individuos y su derecho irrestricto a disfrutar las garantías que otorga la Carta magna; el Artículo cuarto refuerza la igualdad jurídica entre hombres y mujeres pero enfatiza la protección de la ley a la familia.

“Éste es el único precepto que se refiere a las mujeres y les confiere una posición de igualdad con los hombres ante la ley. Esto significa que las posiciones discriminatorias contenidas en todas las demás leyes, por ese sólo hecho serían inconstitucionales y podrían impugnarse median-te diversos procedimientos”, manifiesta la investigadora en su artículo.


Datos del Instituto Nacional de las Mujeres (In-mujeres) lo confirman: en la Administración Pública Federal, ellas representan apenas

27.4 por ciento en los puestos de mando medio y superior, y su participación en la vida sindical no supera el 13 por ciento.

En cargos de elección popular, la representación de las mujeres es también escasa: 17 por ciento en la Cámara de Senadores y 23 por ciento en la de Diputados. Situación similar se da en los Congresos locales, con 21 por ciento en promedio, pues hay entidades con 8 por ciento y un máximo de 33 por ciento de representación.

De acuerdo con el Instituto Nacional para el Fede-ralismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), el acceso de las mujeres a gubernaturas ha sido casi nulo. Como presidentas municipales, en los últimos 20 años su representación no ha pasado el 4 por cien-to, las regidoras representan 27.6 por ciento y las síndicas 13.1 por ciento. El porcentaje de mujeres mayores de 18 años que participan en organizacio-nes civiles es de 41.3 por ciento.

Contra esta inequidad, que persistente por siglos, se creó la Ley General para la Igualdad entre Mu-jeres y Hombres, cuyo instrumento principal es el Programa nacional para la igualdad entre mujeres y

Ley de Igualdad es nada,

si no incide en lo cotidiano

Por Sandra Torres Pastrana y Carolina Velázquez

Preocupa visión patriarcal de muchos funcionarios

hombres (Proigualdad). La Ley, iniciativa de la senadora Lucero Saldaña,

se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006, pero fue hasta el 8 de marzo de 2007, en la celebración del Día Internacional de la Mujer, cuando Felipe Calderón firmó el Acuerdo Nacional para la Igualdad entre mujeres y hom-bres, durante una paradójica ceremonia donde es-tuvo presente Eufrosina Cruz, a quien con base en la Ley electoral de usos y costumbres de Oaxaca, se le negó ser presidenta municipal de Santa María Quiegolani.

Y durante la presentación de Proigualdad, el pa-sado 15 de mayo, el Instituto Nacional de las Mu-jeres (Inmujeres) aceptó que en nuestro país falta aún un largo camino para lograr la armonización de esta legislación con los principales convenios y tra-tados ratificados por México, como la CEDAW.

LA POLÍTICA DE SIEMPRE

Para la presentación de Proigualdad, Inmujeres convocó el pasado 20 de mayo a organizaciones de la sociedad civil al primer Foro de interlocución con movimientos y organizaciones de mujeres. Aunque la reunión fue definida por la institución como un

En 2007, México ocupaba

la posición 93 en desigualdad

entre mujeres y hombres,

en una la lista de 128 países,

ubicado por debajo de España,

Ecuador, Venezuela, Ghana,

Brasil y Nicaragua,

según el Foro Económico

Mundial 2007.

espacio “de diálogo”, varias representantes de or-ganizaciones de mujeres denunciaron que aquello no fue un foro de interlocución, pues nunca fueron escuchadas y en los paneles de análisis no había representantes de ninguna ONG.

Guillermina Guevara García, representante de Desarrollo Humano y Social (Copilli) irrumpió el foro señalando que un “formato de café” no permite pro-fundizar en temas estratégicos y estructurales de las mujeres.

Su molestia, dijo en entrevista a Cimacnoticias, era que “se reconoce a las organizaciones civiles de mujeres, se les pide coinversión, por un lado, y por otro está la política de siempre, donde te dan una capacitación, pero a la hora de la hora no te dan el recurso para operar”.

OBSTÁCULOS PATRIARCALES

El objetivo 7 de Proigualdad es impulsar el em-poderamiento de las mujeres, su participación y re-presentación en espacios de toma de decisión en el Estado. Sin embargo, para la diputada Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, el Programa tiene un gran reto: la trasfor-mación de la mentalidad, es decir, la ideología pa-triarcal de nuestra sociedad.

“Si la gente que participa de las políticas públicas no logra entender la importancia de la igualdad en-tre mujeres y hombres, de empujar acciones positi-vas, acciones afirmativas para empezar a disminuir la brecha de inequidad, va ser muy difícil implemen-tarlo”, considera.

Lo preocupante es la visión conservadora de mu-chos de los funcionarios de la administración públi-ca, advierte, “hay mucha gente que hace política y esta muy vinculada a posiciones y visiones tradicio-nales, roles tradicionales, de las mujeres”.

Lucero Saldaña ve, sin embargo, una bondad en Proigualdad: cambia la perspectiva del anterior

(Proequidad), ya que la equidad entre mujeres y hombres no es la meta sino el instrumento para pro-mover la igualdad y para que “las condiciones, las brechas existentes, vayan disminuyendo en todas las áreas”.

¿HACIA LA DEMOCRACIA PARITARIA?

Hablar de paridad no es nuevo. En 2003, durante la inauguración del Seminario Internacional los De-rechos Políticos de las Mujeres en América, presidi-do por la entonces senadora priista Lucero Saldaña, las legisladoras se reunieron para debatir acerca de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en materia política.

Ahí, Patricia Mercado, fundadora del Partido Al-ternativa Socialdemócrata, habló de hacer un pacto por la paridad democrática y alertó a las participan-tes: “todas las mujeres que hemos querido tener participación activa en la política hemos encontrado toda clase de obstáculos, hemos enfrentado la in-credulidad de muchos hombres”.

Más recientemente, con motivo de la renovación del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), legisladoras de todos los partidos, a través de la diputada Maricela Contreras, exigieron respeto a los lugares de toma de decisión ocupados por mu-jeres y al derecho a participar en la vida política y democrática de México.

De cumplirse en el IFE el principio de la demo-cracia paritaria, el próximo 19 de junio el Congreso definirá que tres mujeres se integren al Consejo Ge-neral del órgano encargado de validar los procesos de elección popular en nuestro país.

En opinión de Lucero Saldaña lo más importante de la Ley de Igualdad no es tan sólo que exista sino que se aplique, es decir “los impactos reales” que tenga en la vida cotidiana e institucional de las y los mexicanos.


Por Adriana Rodríguez González

TERMINATOR


Alrededor del mundo las y los agricultores mantienen una lucha contra las grandes

empresas semilleras como Mon-santo que, según un informe de la fundación argentina Vía Libre y la alemana Heinrich Böll, pretende “patentar, contaminar y apropiar-se del suministro de semillas que los propios agricultores desarro-llaron durante generaciones”.

El informe da a conocer que ac-tualmente está vigente una mora-toria sobre las tecnologías, la cual está siendo atacada por las semi-lleras que quieren que se levante para poder comercializar granos modificados genéticamente.

Lo anterior, señala la organi-zación cordobés Vía Libre, traería como consecuencia que las y los agricultores se vuelvan depen-dientes de la compra permanente de corporaciones.

Es por ello que se han reali-zado una serie de movimientos sociales: mujeres, niñas, niños y hombres manifestaron su posición en contra de los monocultivos de árboles y transgénicos al irrumpir en la escena de las conferencias de Naciones Unidas que se reali-zaron en Porto Alegre y Curitiba en 2006.

Las mujeres pertenecientes al movimiento Vía Campesina ocu-paron en Brasil un laboratorio y vivero de eucaliptos clonados de la empresa Aracruz para poste-riormente marchar y cerrar por

cuatro horas el acceso a la confe-rencia de Reforma Agraria.

Dos días después consiguieron que la declaración del foro para-lelo “Tierra, territorio y dignidad” fuera incluida como documento de la conferencia oficial de Refor-ma Agraria y Desarrollo Rural.

Otro movimiento realizado por las mujeres en el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas fue el despliegue de car-teles en varios idiomas que rea-lizaron ante los delegados oficia-les demandando la prohibición de Terminator, una tecnología desa-rrollada por la industria multina-cional de semillas y agroquími-cos.

De aprobarse esta tecnología, según la campaña “Terminar Ter-minator”, evitaría que los agricul-tores vuelvan a plantar la semilla de su cosecha y así maximizar las ganancias.

La campaña “Terminar Termi-nator” dice que “más de mil 400 millones de personas, principal-mente familias campesinas y de agricultores de pequeña escala en el mundo en desarrollo dependen del grano obtenido de la cosecha para usarlo el próximo ciclo como fuente principal de semilla”.

“Las semillas ‘terminator’ obli-garán a los agricultores a depen-der de las empresas para obtener semillas, trastocarán el intercam-bio de semillas de pueblos y co-munidades indígenas, así como la

práctica ancestral de seleccionar y mejorar las especies, que es lo que ha asegurado a lo largo de milenios la existencia y diversidad local de semillas”, agrega.

Por su parte, Rafael Alegría, de Vía Campesina, señala en su aportación al informe que las Tec-nologías de Restricción en Uso Genético (TRUG) permiten a su productor ejercer un control ex-terno sobre las semillas, es decir, decidir qué ocurrirá con ellas, in-dependientemente de la voluntad de los agricultores, los campesi-nos o los países donde la semilla esté plantada.

Clamor campesino por el mundo

a la tecnología¡¡ NO !!


Por Cecilia Lavalle*

¿De qué se mueren las mujeres

de este país?

En mi país las cau-sas de muerte de una mujer pueden

ser altamente discutibles, opinables y modificables. Que-dan envueltas en el terreno donde todo es confuso, difuso y profuso. Se mueren de una cosa, pero pa-rece que se mueren de otra.

Olvídese de la utilización de la ciencia. Porque suponiendo que se cuente con lo elementos técnicos y humanos, falta ver de qué lado está quien aplica la ciencia. Y es que, ya ve usted, la confianza en las instituciones es un concepto que nos es ajeno. Y no sin razón.

Ahí tiene usted el caso de doña Ernestina Ascencio, la indígena de 74 años de la sierra Zongolica, en Veracruz, que falleció, según fa-miliares, organizaciones sociales y tres médicos legistas, a causa de las lesiones que le provocó una violación tumultuaria.

Pero, según Felipe Calderón, el Presidente de la Comisión Na-cional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de Justi-cia de Veracruz, murió de anemia aguda causada por sangrado del tubo digestivo. Esa fue la verdad oficial, “la verdad histórica”, le lla-maron.

Pues parece que estamos nue-vamente ante la posibilidad de otra verdad histórica.

El 25 de mayo, la indígena Su-sana Xocua de 64 años, murió a causa de un “cistocele estrangu-lado” (en lenguaje común, rota-ción externa de vejiga caída). Esa es la versión de la Procuraduría de Justicia de Veracruz.

La versión de su esposo, fami-liares y organizaciones sociales es que murió tras ser violada y tor-turada.

¿Cómo llegan a esa conclu-sión? Porque la señora Susana despareció 24 horas, su cuerpo fue encontrado tirado en un mai-zal, semidesnudo y con huellas de violación.

¿Qué le parece? Misma sierra, mismo estado de la República; mujeres ambas, indígenas am-bas, pobres ambas, ancianas am-bas; ambas con versiones oficia-

les de enfermedades y versiones sociales de violaciones sexuales; ambas con dictámenes oficiales de muerte natural y dictámenes sociales de que se trato de femi-nicidios.

Algo está mal, porque mire que morirse de una cosa y pa-recer que se muere de otra es difícil.

Sin embargo, para la Procu-raduría de Veracruz es fácil. Nin-guna señal de moretones les va a confundir. ¡No, señor! Ninguna desaparición de 24 horas es sufi-ciente para engañarles. Ninguna aparición de cuerpos semides-nudos les va a despistar. Nin-guna sospecha de violación les va a aturdir. Esas dos mujeres se murieron solitas y se murie-ron de causas naturales. ¡Claro que sí! Una de anemia y la otra por un problema de vejiga caída. Punto.

¿Que los padecimientos seña-lados no excluyen la violación? Eso es lo de menos. ¿Que las enfermedades citadas bien se pudieron agravar a causa de una violación? Es un detalle sin im-portancia.

En esta ocasión, Susana mu-rió, dice el subprocurador de Asuntos Indígenas de la Procu-raduría General de Justicia de Veracruz, de un cistocele estran-gulado, pues a pesar de su en-fermedad y la atención médica

recibida optó por la ingesta de di-versas hierbas, lo que implicó su muerte natural.

Pero (pequeño detalle) en el expediente médico del Programa Oportunidades, al cual Susana es-taba inscrita, no se señala ni ésa ni otra enfermedad.

Claro que eso puede deberse a que la parte médica del Programa Oportunidades no detecte ese tipo de padecimientos y, sin contar con


los elementos necesarios, dejaron sentado que la señora Susana go-zaba de cabal salud. Claro que es posible que la señora Susana haya acudido por ese padecimiento a otras instancias de salud, y claro que es posible que haya decidido utilizar herbolaria para aliviar sus padecimientos.

Lo que no es posible, según algunos especialistas, es que “las hierbas”, como les llama el subprocurador, hayan provocado el cistocele estrangulado. Y, en cambio, sí es posible que el cisto-cele estrangulado haya sido pro-vocado por una violación sexual.

Los familiares no creen ni en la versión de la Procuraduría ni en la Procuraduría misma.

El pasado martes, cuando los peritos les solicitaron la exhuma-ción del cadáver para practicar una necropsia y “comprobar” que

no murió por tortura y violación como manejan las organizaciones sociales sino, insisten, de vejiga caída, los familiares de Susana se acordaron de cómo se desarrolló el caso de Ernestina Ascencio y se negaron, a menos que los estu-dios los realice la Universidad Na-cional Autónoma de México.

Esta historia no ha terminado

de escribirse. ¿Cómo terminará?

¡Vaya usted a saber!, Ya ve,

aquí a las mujeres nos da por morirnos

de una cosa que parece otra.

De los tres géneros gramaticales existentes: masculino, femenino y neutro, hemos pasado a tener dos. “El masculino que pretende cum-

plir con las funciones de marcador sexual masculino y de genérico y el femenino que se usa sólo como marcador sexual femenino”, aseguran.

Los genéricos masculinos ocultan la presencia de la población femenina. “El lenguaje no es neutro, no sólo por la presencia subjetiva de quien habla, sino porque la lengua inscribe y simboliza en el interior de su propia estructura de la diferencia sexual de forma jerarquizada y orientada”, subrayan.

De igual forma, aseveran que “el lenguaje es la forma de comunicación entre las personas y al mis-mo tiempo es el dispositivo utilizado para represen-tar la realidad”.

La lengua es el resultado de la cultura y a la vez

En el manejo de la información “el uso genérico masculino indiscriminado produ-ce un efecto ocultador, invisibilizador de las mujeres, sobre todo cuando hay otras opciones para elegir que realmente in-cluyen a la población femenina”, afirman Marta Bahc Arús, Elvira Altés Rufias, Joana Gallego Ayala, Marta Pujá Calderón y Mon-serrat Puig Mollet, en su texto El sexo de la noticia Reflexiones sobre el género en la información y recomendaciones de estilo.

Lenguaje refleja la cultura patriarcal

que invisibiliza a las mujeres Por Guadalupe Cruz Jaimes


es condicionante de la conducta y del pensamiento. Así, la expresión del lenguaje está determinada por la cultura que hemos heredado generación tras generación.

Nuestra cultura es de tradición patriarcal y ello se refleja en el uso de la lengua, con la transmi-sión de conceptos y expresiones que nos han legado.

Este proceso no es irreversible, hay una forma de interrumpir este círculo vicioso: “forzar el lenguaje y encuadrarlo en una nueva reali-dad” que nombre a las mujeres.

Esta responsabilidad también recae en los hombros de los me-dios de comunicación quienes, dice el libro, “actúan como un modelo de construcción de la so-ciedad”.

Las diferencias entre mujeres y hombres no representan su-perioridad de unos e inferioridad de otras; “la diferencia no impli-ca falta de paridad”, refieren. Por ello, hace falta “un esfuerzo para eliminar las diferencias jerarqui-

zantes del uso del len-guaje que son las que fijan estereotipos”.

Los medios de comu-nicación no nombran a las mujeres bajo los ar-gumentos de que “dan por sabida una parte de la sociedad, por econo-mía de palabras y la uti-lización de los genéricos masculinos que preten-didamente incluyen a mujeres y hombres”.

Las autoras conside-ran importante el uso del lenguaje en los me-dios porque configuran el nuevo foro de discusión públi-ca y un espacio privilegiado don-de se dilucidan los temas de una manera u otra a la ciudadanía en general. Por ello es “preocupante” la forma en la que los medios pre-sentan y hablan de las mujeres.

Asimismo, consideran que las y los periodistas y comunicadores suelen pensar que su función se

remite a ser la o el intermediario entre los hechos y la audiencia, sin embargo, están colaborando en la construcción de la realidad.

Sin embargo, mencionan que ellas y ellos son responsables de las imágenes que transmiten, de los contenidos que elaboran y de las diversas lecturas que pueden hacer del entorno.

El pluralismo moral es un he-cho sociológico y un principio democrático. Como hecho

sociológico, describe la diversidad de creencias y valores sobre el concepto de vivir bien.

Como principio democrático, garantiza que diferentes comu-nidades coexistan en una misma sociedad, ya que las personas de-ben ser libres para conducir sus vidas de acuerdo con sus creen-cias, en tanto éstas respeten los principios democráticos.

Sin embargo, no se garantiza toda creencia moral únicamente por el principio del pluralismo: sólo las consideradas razonables, es decir, aquellas creencias que respeten los valores fundamenta-les de la democracia. El pluralismo como hecho sociológico es lo que lo fundamenta como un principio ético, pero los dos no se confun-den en una democracia.

Entre el pluralismo como hecho sociológico y el pluralismo como principio democrático se encuen-tra la exigencia de que las comu-

Por Debora Dinitz*

Derecho al aborto* Doctora en Antropología. Profesora de la Universidad de Brasilia. Este texto, titula-

do originalmente ‘’Ética, aborto y democracia’’, difundido por la agencia Artemisa, habla acerca del debate sobre el derecho al aborto que se ha extendido en las sociedades latinoamericanas y analiza algunas de las argumentaciones esgrimidas sobre el tema. Fue apoyado por la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), el Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) y el International Planned Parenthood Federation (IPPF).

nidades morales respeten y promuevan valores fundamentales de la democracia. No todas las creencias alcanzan el nivel de demandas legítimas con derecho a la expresión de sus valores y pensamientos en una sociedad.

La esclavitud, por ejemplo, viola un principio básico de los derechos humanos --o de la dignidad de la persona humana-- y, por eso se la considera inaceptable para la vida pública en una democracia. Nadie es libre para ser esclavizado, de la misma forma que nadie puede esclavizar a otra persona. Esto significa que el pluralismo como principio ético no es equivalente a la expresión nihilista del vale todo.

El relativismo es un instrumento del pensamiento político que ha favorecido la emergencia del pluralismo sociológico. La democracia se enriquece con el relativis-mo, pero no se agota en él. El relativismo debe ser entendido como una perspectiva metodológica para el pluralismo socioló-gico, pues es por medio del razonamiento relativista que se reconoce la diversidad moral de las sociedades.

No obstante, esto no significa postular un relativismo nihilista de que todas las creencias son igualmente válidas ni la im-posibilidad de juzgarlas. Los principios de la cultura de los derechos humanos son uno de los mecanismos de juicio del rela-tivismo. Para que una creencia compon-ga un arsenal de valores de una sociedad

democrática es ne-cesario que ella esté de acuerdo con los principios que fun-damentan el orde-namiento político.

Es el carácter de razonabilidad de una creencia lo que garantizará su existencia en un ordenamiento de-mocrático. El juicio de la razonabilidad de una creencia se hace por medio de los principios consti-tucionalmente acor-dados, entre ellos los derechos a la vida, a la libertad o a la salud.

Es la ética públi-ca de los principios democráticos la que

confiere legitimidad a las creencias priva-das de las comunidades morales. Algunos temas son objeto de intensa disputa de-mocrática para el juicio de su razonabi-lidad, o mejor dicho, para el pasaje del pluralismo como hecho sociológico al plu-ralismo como principio ético. El aborto es uno de esos temas.

EQUÍVOCO ARGUMENTATIVO

Para algunas comunidades morales, el aborto es un atentado a la vida en poten-cia del feto y, por esto, esta práctica sería una violación del principio constitucional del derecho a la vida. Para otras comu-nidades, el aborto es la expresión de un derecho reproductivo, por lo tanto, fun-damentado en el derecho a la salud y en la autonomía de la voluntad.

Para los que defienden la tesis del aborto como un asesinato, el derecho al aborto sería un ejemplo de creencia no razonable, o sea, algo intolerable en una democracia. Por esto, en vez de ofrecer condiciones seguras para la realización del aborto, el Estado debería prohibirlo a través del uso de la fuerza punitiva.

El resultado de la argumentación del aborto como un crimen contra la vida se delineó como un falso conflicto entre dos principios constitucionales: el de la liber-tad de pensamiento y el del derecho a la vida.



Para los que defienden la tesis del aborto como un homicidio, el falso conflicto sería solucionado por una invocación a la jerarquía entre los principios --el principio del derecho a la vida sería inviola-ble y anterior a todos los otros. La criminalización del aborto sería, entonces, un mecanismo legítimo del Estado para impedir la viola-ción de un principio constitucio-nal.

A pesar de ser éste un razona-miento lógico, hay un equívoco ar-gumentativo de fondo que lo torna inválido para una democracia lai-ca. El equívoco es que el debate sobre el aborto fue desplazado del campo de las libertades básicas hacia una disputa simbólica sobre el inicio de la vida.

Este fue un movimiento políti-co estratégico que pautó el debate público en América latina en la úl-tima década. Casi todos los esce-narios oficiales de argumentación respecto de la moralidad del abor-to son espacios de negociación sobre las señales biológicas de la santidad de la vida humana en un óvulo fecundado.

Cada avance de la embriología o de la genética se incorpora rápi-damente al arsenal de evidencias de que ‘’hay vida humana en un embrión’’. Un ejemplo reciente de ese movimiento de aproximación entre ciencia y religión fue el de-bate sobre las investigaciones con células madre embrionarias en Brasil.

Por ser la ciencia médica un dis-curso moral sobre la naturaleza, la salud y la enfermedad, la narrativa científica tropieza con las narrati-vas religiosas, y éstas a su vez, se valen de hechos científicos para fundamentar sus creencias.

La génesis involucrada en la reproducción biológica potenciali-za esa superposición entre las dos narrativas: la fecundación puede entenderse como una simple fu-sión de células o como una señal divina del origen de la vida.

Buscar evidencias para los pre-supuestos religiosos en la ciencia es solamente una estrategia ar-gumentativa, pues se reconoce

el poder simbólico de la ciencia en nuestros ordenamientos so-ciales. El discurso sobre lo natu-ral está entre los más seductores para permitir la superposición de creencias religiosas a la estructura básica del Estado.

Es posible rechazar la tesis del inicio de la vida humana en la fe-cundación, también por la biología. No hay consenso sobre el origen de la vida humana. Para muchos especialistas, la vida humana es un acto de reproducción continua: hay vida en óvulos, en esperma-tozoides, en un huevo, en un feto, en un niño, en un adulto y en un cadáver.

Describir el inicio de la vida hu-mana en la fecundación es una narrativa simbólica sobre el sen-tido de la existencia, pero no es un hecho biológico irrefutable. Sin embargo, no es necesario respon-der a la pregunta sobre cuándo la vida humana tiene inicio para re-conocer el derecho al aborto como una expresión legítima del plura-lismo sociológico y ético de nues-tras sociedades. Confiar en que una respuesta a la pregunta so-bre “¿cuándo se inicia la vida hu-mana?’” solucionará el dilema del aborto es creer que ésos deben ser los términos argumentativos del debate.

Cobra fuerza el parto humanizado, en Chiapas

Luna maya, parir y nacer en amorPor Valeria Valencia Salinas / Corresponsal

San Cristóbal, Chiapas.- “Nuestra forma de nacer afecta nuestra ca-pacidad de amar”, afirma la partera profesional Cristina Alonso, di-rectora de Casa de Partos Luna Maya, en San Cristóbal de las Casas,

Chiapas, al sur del país. En la entidad, los partos son atendidos principalmente por ginecólogas,

parteras tradicionales y, en los últimos años, por parteras profesionales, modelo europeo guiado por un sentido humanista y de respeto a los dere-

chos reproductivos de la mujer. Alina Flores, comunicóloga de 30 años, deseaba pa-

rir acompañada de sus seres queridos, ser comprendida, consolada con palabras cariñosas y animosas, que se le permitiera llevar el control de su parto porque era suyo y de nadie más. Pero a los cuatro meses de embarazo ingre-só de urgencia por un sangrado a un hospital del Seguro Social (IMSS) en Tuxtla Gutiérrez.

En cuatro días que permaneció internada, le impactó el trato impersonal y frío del cuerpo médico, pero más la sala de labor, donde médicos y enfermeras trataban a gritos a las parturientas, el ambiente hostil, ruidoso, con música a todo volumen en la madrugada, la soledad de las embarazadas, sus dolores consolados con burlas, la insensibilidad. Por eso decidió no dar a luz en un hospital y acudió a Casa de partos Luna Maya.

Chiapas ocupa los primeros lugares de mortalidad ma-terna. La región Altos tiene una de las tasas más altas del estado. En San Cristóbal, hay 3 hospitales públicos y 4 privados, insuficientes para una población de 58 mil 766 mujeres en edad reproductiva. Más de 21 mil hablan lengua indígena.

No había dónde se atendieran partos de manera se-gura y humanizada. Los hospitales públicos no son sufi-cientes y las parteras tradicionales no están capacitadas para atender urgencias paramédicas, a diferencia de las parteras profesionales. Así nació, en 2004, Casa de Partos Luna Maya en Los Altos que junto a su filial Casa de partos Familia Nueva, recién inaugurada en Comitán, son únicas en el país, explica Alonso.

Atienden a una gran población que pare en casa: indí-genas migrantes que no van al hospital por razones cul-turales y por miedo; la comunidad extranjera, en cuyos países es normal parir en casa; y un grupo en aumento de mujeres informadas sobre sus derechos sexuales y re-productivos que no desean la episiotomía, la inducción al parto, la epidural, y demás prácticas de hospitales y clínicas privadas.

PARTO HUMANIZADO Lorenza Hernández, trabajadora del hogar tzotzil, de

37 años, parió a su primer hijo en su comunidad con una partera. En el segundo embarazo, una casa hogar la remi-tió a Casa de Partos.

“Mi hijo venía sentado. Ya me habían dicho que me iban a hacer cesárea, pero yo no quería. En Luna Maya me dieron valor. Mi parto fue con mucho dolor, pero pude te-ner a mi hijo de manera natural. Las parteras me hicieron confiar en mí y así tuve el valor de parir”, cuenta.

No es igual que en el hospital y en las clínicas, allá no atienden bien, no es igual que tener a tu hijo en la casa. En los hospitales no entra la familia. Ahora estoy embarazada y volveré a tener a mi hijo acá con partera. Es mejor así, normal, porque con la cesárea ya no queda una bien”.

La Directora de Luna Maya asegura que la tasa de ce-sáreas es extraordinaria e injustificada. La tasa hospitala-ria en San Cristóbal está arriba del 60 por ciento, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no practicarla arriba del 15 por ciento.

“Una cesárea es una operación mayor, el sangrado es el doble al de un parto natural, los bebés presentan más complicaciones, es más dolorosa y peligrosa y aumenta 3 veces la tasa de muerte de la madre”, dice Alonso.


Sólo se debería realizar para salvar la vida de la madre o cuando el parto se complica. Se practica cotidianamente porque es cómodo programar un parto entre semana y por la mañana. Es una comodidad falsa: una cesárea se puede complicar y acabar en tragedia.

La deshumanización del parto, explica Alonso, se ha dado a través de varios eventos en la historia de la obs-tetricia, intervenciones en su mayoría innecesarias y da-ñinas: anestesia total, aplicación de oxitocina, uso de fór-ceps, episiotomía, cesárea, inyección epidural y aparato de monitoreo fetal que inmoviliza a la mujer.

Luna Maya atiende en promedio 8 partos al mes, con una tasa de cesáreas remitidas no mayor al 5 por ciento. En lo que va del año llevamos 21 partos y una cesárea, apunta Alonso.

Ana Sánchez, educadora española de 29 años, dice que su parto en Luna Maya significó encontrar la fuerza instintiva que toda mujer posee. Recuerda con emoción cuando abrazó a su recién nacida aún con la placenta, que sembró bajo un árbol.

“Deseaba sentir la plenitud de un parto. El acompaña-miento que significó Luna Maya fue muy importante. Asis-tí a yoga prenatal y por eso siento que fueron embarazos sanos. La partera fue muy respetuosa. Estuvo mi pareja y eso es algo muy bonito porque en Casa de partos involu-cran mucho a la pareja en todo el proceso”.

Luna Maya trabaja bajo el principio de parto humaniza-do basado en el respeto al embarazo y el parto, por tratar-se de un rito de Vida. Se prepara física y emocionalmente a la mujer a través de pláticas prenatales, talleres, yoga prenatal, bibliografía, videos, talleres sobre lactancia.

El parto humanizado nos remite a nuestro instinto ani-mal: “Somos mamíferas, es importante que podamos pa-rir como mamíferas, de manera instintiva e intuitiva”, dice Alonso. Luna Maya da opción de parir en tierra o en agua, en la posición que deseen. No hay chequeo de dilatación. Al nacer los bebés son colocados sobre sus mamás para iniciar apego y lactancia.

No realizan pruebas rutinarias sobre los bebés y moti-van el Parto de Loto: no se corta el cordón umbilical inme-diatamente, porque es un acto de violencia, se trata con respeto la placenta y el cordón, que son del bebé. Nuestra práctica se basa en lo último de la investigación científica y se corrobora a través de la experiencia que tenemos con partos tranquilos, lindos y exitosos”.

Mujer Alia

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