Modernizacion del estado presentar nuevo

Modernización del estado peruano.

PRESENTACIÓN

El crecimiento económico del Perú en los últimos años ha contribuido a reducir de

manera importante los niveles de pobreza en el país. Sin embargo, para que este

crecimiento logre beneficiar a toda la población y haga posible que el Perú ingrese a la

categoría de país desarrollado, es indispensable que el Estado peruano se convierta en

un agente promotor del cambio y fortalezca su competitividad.

A medida que la economía crece y se incrementan los recursos fiscales, se hace más

evidente la necesidad de mejorar la gestión del Estado. Los problemas de mala

asignación de recursos, falta de capacidad para ejecutar inversiones, prestación de

servicios deficientes, etc., se manifiestan de manera cotidiana y han sido ampliamente

documentados.

La modernización implica realizar una serie de reformas a la gestión pública, en la cual se

delegan responsabilidades y se busca ejercer un mayor control, para mejorar el

rendimiento de las cuentas fiscales y cumplir con las funciones del Estado, que son las

siguientes: La función de asignación, que se relaciona con la eficiente asignación de

recursos en toda la economía, es decir, actuar donde la iniciativa privada no interviene,

en la provisión de bienes y servicios; la función de distribución, que se refiere a la

adecuada distribución de la renta entre los diversos grupos de la economía, es decir, el

Estado se encarga de la distribución equitativa de la renta y de la riqueza; la función de

estabilización, que se interesa en mantener el balance macroeconómico a fin de prevenir

tanto grandes inclinaciones en el empleo y la actividad económica y severos ataques de

inflación, como asegurar una adecuada tasa de crecimiento económico; y, por último, la

función de coordinación de funciones presupuestarias, referida a que, cuando el Estado

aplique las funciones anteriores, estas no tengan efectos contraproducentes.

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I. ANTECEDENTES.

El proceso de modernización del estado peruano, tiene su antecedente más

reciente en el Decreto Legislativo N°834 originado en la Octava disposición

transitoria y el final de la ley N° 26553, ley de presupuesto para el sector publico

1996.la que delego en el poder ejecutivo la facultad de realizar un proceso de

modernización integral en la organización delas entidades que lo conforman; sin

embargo. Debido a diversos intereses políticos y a la corrupción de aquel

entonces, este se truncó.

Mediante la ley N° 27658, en enero 2002 se declara al Estado peruano en

proceso de modernización, con la finalidad de mejorar la gestión pública y

construir un estado democrático descentralizado y al servicio del ciudadano.

Una de las tareas centrales para responder creativamente a los desafíos del

desarrollo en los inicios del siglo XXI consiste en definir adecuadamente el papel

que debe jugar el Estado, particularmente en el contexto del nuevo orden global

fracturado que está afianzándose en la actualidad.

Durante las últimas décadas, los estados han venido perdiendo la capacidad de

controlar cualquiera de los fenómenos políticos, económicos, sociales,

ambientales, culturales o tecnológicos que se presentan ahora en el mundo. La

preeminencia de los estados está siendo erosionada en muchos aspectos de la

política exterior, tal como lo demuestran la renovada importancia de las

organizaciones regionales e internacionales en asuntos tales como la

prevención y solución de conflictos

II. EL CONGRESO Y EL PROCESO DE MODERNIZACION.El congreso de la república al instalarse, en julio del 2001, considero como un

paso importante la creación e instalación de una comisión que tratara directa y

especialmente el tema de modernización de la gestión del estado, la que viene

trabajando arduamente con la participación conjunta de especialistas, el poder

ejecutivo y congresistas de diferentes bancadas, respondiendo al gran interés

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del pueblo peruano y sus representantes en llevar adelante el anhelado cambio

que significa instalar un proceso de modernización real en la administración

publica, sin embargo, consideremos que luego de un inicio muy auspicioso este

se ha detenido un poco.

Dentro de este política, en base al dictamen elaborado por la comisión de

modernización de la gestión del estado en enero del 2002, se dio la ley N°

27658, ley marco de la modernización del estado Ley que ha tenido una gran

aplicación práctica que ha permitido realizar acciones en búsqueda de un estado

más eficiente aplicando las herramientas que la ley otorgo al poder Ejecutivo

como es el caos de la funciones.

Así tenemos los casos de PROINVERSION (DS027-2002-PCM), fusión de:

FOPRI, COPRI y PROMPERU 25 de abril de 2002, programas nutricionales

para la infancia (DS 034-2002—PCM), fusión de: PROMARIN, PANFAR,

PACFO, Programa de Desayuno Familiares, PANTBC, 14 de mayo de 2002,

función en el ministerio de Agricultura de componentes de carácter agrícola,

pecuario y forestal de los proyectos especiales del INADE (DS N° 067-2002-

PCM) 25 de mayo de 2002, el Consejo de competitividad (DS 024-2002-PCM)

23 de abril de 2002, incorporación al FONCODES por fusión de

PRONAMACHS-JBICPE-P17, JBICPE-P27 (programas sociales de alivio a la

pobreza a cargo del poder Ejecutivo) (DS 036-2002-PCM) 23 de mayo de

2002.todas estas acciones demuestran una aplicación inmediata de las

herramientas y principios establecidos en la ley marco de modernización de la

gestión del estado, iniciando el camino para lograr un estado más eficiente.

III. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

La modernización implica realizar una serie de reformas a la gestión pública, en

la cual se delegan responsabilidades y se busca ejercer un mayor control, para

mejorar el rendimiento de las cuentas fiscales y cumplir con las funciones del

Estado, que son las siguientes: La función de asignación, que se relaciona con

la eficiente asignación de recursos en toda la economía, es decir, actuar donde

la iniciativa privada no interviene, en la provisión de bienes y servicios; la función

de distribución, que se refiere a la adecuada distribución de la renta entre los

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diversos grupos de la economía, es decir, el Estado se encarga de la

distribución equitativa de la renta y de la riqueza; la función de estabilización,

que se interesa en mantener el balance macroeconómico a fin de prevenir tanto

grandes inclinaciones en el empleo y la actividad económica y severos ataques

de inflación, como asegurar una adecuada tasa de crecimiento económico; y,

por último, la función de coordinación de funciones presupuestarias, referida a

que, cuando el Estado aplique las funciones anteriores, estas no tengan efectos

contraproducentes.

El Estado, al cumplir con sus funciones, busca satisfacer las necesidades de los

ciudadanos, brindándoles mejores servicios públicos (sectores de salud,

educación, seguridad nacional, transportes y comunicaciones, agrícola y

administración de justicia, entre otros).

Para ello, el Estado debe definir claramente sus objetivos, realizando una

evaluación sobre su conformación y la sociedad, en que se planteen las

estrategias a seguir y se designe a los responsables. Se deben realizar una

serie de reformas políticas, económicas, legales, etc., con las cuales se busca

tener una nueva concepción de la relación Estado–ciudadano, donde el Estado

es el gerente y el cliente.

El papel que le corresponde jugar al Estado en el logro del bienestar y la

prosperidad ha sido uno de los temas centrales de debate durante el siglo XX. La

gran variedad de maneras de organizar el funcionamiento de las economías y

las sociedades en diversas partes del mundo hace que este siglo pueda ser

visto, desde la perspectiva del papel del Estado, como escenario de un amplio y

vasto conjunto de experimentos institucionales para promover el progreso

humano. Simplificando considerablemente, a lo largo de todo este período es

posible apreciar dos modelos de organización económica y política que

constituyen polos opuestos: por lado, las economías de mercado y la

democracia liberal y, por el otro la economía centralmente planificada y el

sistema político de partido único. Cada uno de estos modelos buscó promover el

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bienestar material de los pueblos en que se aplicaron, y se ofreció como la vía

más rápida y efectiva para lograr el progreso económico y social.

Un aparato estatal que no acompaña y facilita el crecimiento y que no sirve

adecuadamente a los ciudadanos constituye un impedimento para la solución de

la pobreza y las desigualdades económicas y sociales, lo que pone en

cuestionamiento y hace vulnerable el sistema democrático.

A continuación, se presentan algunos de los problemas y los lineamientos para

su solución.

IV. PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA UN ESTADO MODERNO.Poca transparencia e insuficiente rendición de cuentas.

Los mecanismos de control sobre la administración pública con que se cuenta

actualmente se basan en procedimientos y formalidades que limitan la

capacidad gerencial sin que impidan la corrupción. La complejidad normativa

que enfrentan las entidades públicas en cuanto a funciones y procesos

(desorden, desactualización, vacíos y contradicciones) crea una mayor

inseguridad para los funcionarios honestos y facilita la corrupción.

Mientras se enfatiza el control de formalidades, se ha descuidado por completo

el control sobre los resultados de la gestión. No existen todavía mecanismos

generalizados que permitan evaluar los resultados de los programas y proyectos

que realizan las distintas entidades públicas. La iniciativa de presupuesto por

resultados que impulsa el Ministerio de Economía y Finanzas es positiva, pero

está todavía en una etapa bastante inicial y requiere fortalecerse y tener el

soporte suficiente para generar un cambio de cultura en los funcionarios

públicos. Por otro lado, la ciudadanía no conoce la definición de objetivos,

metas, indicadores de desempeño y mucho menos el costo de producción de

servicios públicos. Si bien se ha avanzado hacia una mayor transparencia del

Estado por medio de la obligatoriedad de los portales de internet, estos muchas

veces presentan información incompleta y desactualizada.

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V. RELACIÓN BUROCRÁTICA CON EL CIUDADANO

Los ciudadanos y las empresas requieren realizar un conjunto de trámites frente

al Estado: procedimientos que buscan autorizaciones, registros y otros

pronunciamientos de distintas entidades públicas. Muchas veces, sin embargo,

los trámites se hacen complejos y onerosos, lo que ocasiona costos

injustificados a la producción de bienes y servicios y, en algunos casos, pueden

convertirse hasta en obstáculos insalvables. Ello ocurre por diversas deficiencias

de la burocracia y autoridades en los distintos niveles de gobierno:

La falta de recursos o la mala formulación de los presupuestos motiva a las

autoridades a buscar recursos propios a través de nuevos trámites.

La insuficiente capacidad técnica de los funcionarios los hace temerosos y

excesivamente formalistas, lo que está vinculado también al temor a

acciones de la Contraloría.

La falta de motivación y vocación de servicio insensibiliza a los funcionarios

frente a las necesidades de los ciudadanos, a quienes no ven como clientes

que deben servir y ayudar.

La desconfianza de las autoridades y funcionarios frente al sector privado los

hace recelosos y exigentes.

En muchos casos, los requerimientos y obstáculos burocráticos sirven de

pretexto a la corrupción.

El Programa de Modernización y Descentralización del Estado, a cargo de la

Presidencia del Consejo de Ministros, ha realizado una serie de acciones que

buscan revertir este problema. Por ejemplo, en el campo del gobierno

electrónico, se ha desarrollado las etapas iniciales del Proyecto Piloto de

Gobierno Electrónico, que permitiría realizaren línea los seis trámites más

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demandados, incluyendo la constitución de empresas. Asimismo, a nivel local,

algunas municipalidades vienen desarrollando esquemas que permiten realizar

los trámites de licencia de construcción y de funcionamiento por esta misma vía.

Otra iniciativa considerada en el Programa de Modernización y

Descentralización del Estado es que cada sector haga una reingeniería de los

diez trámites más comunes en su institución. No existe, por el momento,

información fácilmente accesible respecto de qué sectores ya han cumplido con

este proceso y cuáles no. Los mismos comentarios que se han realizado

respecto de la política de gobierno electrónico son pertinentes en este caso, más

aún cuando en estos casos se puede superponer también la tensión que existe

entre el gobierno central y los gobiernos regionales.

VI. LINEAMIENTOS Y PROPUESTAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.Mayor transparencia y rendición de cuentas

Considerando que los funcionarios del Estado y los políticos son únicamente

gestores o administradores de los intereses de los electores, la rendición de

cuentas por su actuación es una parte imprescindible en la relación gobierno

ciudadanía. La rendición de cuentas es importante siempre, pero fundamental

en dos situaciones: las decisiones de política que son controversiales y aquellas

que implican el uso de recursos del Estado.

Se requiere que el Estado garantice mecanismos de transparencia y de

fiscalización, tanto de decisiones de políticas como de asignaciones de gasto,

pero que dichos mecanismos no impliquen un exceso de procedimientos

complejos, porque estos procedimientos también funcionan como trampas para

los funcionarios honestos que quieren brindar servicios eficientemente. En ese

sentido, las garantías al ciudadano deben estar basadas en información objetiva

sobre la gestión, puesta fácilmente al alcance de la ciudadanía, más que en

procesos formales. En tal sentido, se debe:

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Mejorar los sistemas de priorización de necesidades y de asignación de

recursos públicos. Es necesario afianzar el manejo responsable del gasto

y mejorar la eficiencia y la calidad del gasto en inversión pública. Son

positivos los esfuerzos del Ministerio de Economía y Finanzas por

desarrollar un sistema de presupuesto por resultados, lo que permitirá dar

seguimiento y evaluación al gasto público. Sin embargo, su aplicación

efectiva no será posible si es que no se potencian las oficinas

responsables de Planeamiento y Presupuesto en cada sector,

liberándolas de las restricciones salariales, para atraer a profesionales

competentes y con experiencia en el sector público. Mecanismos

similares deben estar previstos para los gobiernos regionales.

Establecer la “prueba de mercado”, consistente en determinar cuánto

cobraría un prestador privado del servicio, como mecanismo para medir la

eficiencia del sector público (benchmark y herramienta de gestión).

Tercerizar algunos servicios como referencia.

Modernizar integralmente la Contraloría General de la República, como

se hizo con la Dirección General de Contribuciones cuando fue

transformada en la Superintendencia Nacional de administración

Tributaria (Sunat).

Revisar la decisión de exonerar a empresas estatales de los controles del

Sistema Nacional de Inversión Pública, por los riesgos que implica para el

uso de dinero de los contribuyentes.

Revisar las funciones, estructura y actividades de la Oficina Nacional

Anticorrupción, para evaluar cómo aumentar su efectividad y su relación

con otras entidades del Estado en temas afines.

Desarrollar mecanismos de rendición de cuentas más sencillos y

participativos para gobiernos locales de poblaciones pequeñas, y

liberarlos de las obligaciones formales de los sistemas nacionales que no

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son aplicables a estas poblaciones. Por ejemplo, podría normarse que los

gobiernos locales más pequeños tengan necesidad de desarrollar

cabildos abiertos con determinada periodicidad y que el íntegro de sus

ingresos y gastos, incluidas las contrataciones de personal y el detalle de

gastos en obras esté publicada en el local de la municipalidad, y eximirlos

del resto de formalidades.

Desarrollar mecanismos periódicos de rendición de cuentas sobre

decisiones de política controversiales, bajo responsabilidad de los

funcionarios y autoridades respectivas, para todas las entidades públicas

(audiencias públicas obligatorias, publicidad en internet, informes

disponibles al público), así como las campañas de difusión sobre la

disponibilidad de estos mecanismos.

VII. SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

Son positivos muchos esfuerzos del Ejecutivo y del Congreso por la

simplificación administrativa. Entre ellas, la Ley de Licencia de

Funcionamiento y la Ley de Silencio Administrativo, y el programa

Tramifácil, de la Mesa Nacional de Simplificación de Trámites Municipales

para Empresas (Intermesa), que ya ha dado resultados. Lo mismo ocurre

con el programa piloto de gobierno electrónico para permitir que se

gestionen por internet los seis trámites más demandados (que, según su

plan inicial, debería estar operativo antes de terminar el 2008) y las

iniciativas de simplificación de trámites sectoriales (se debería informar

qué sectores las han desarrollado y en cuáles están pendientes).

Es también destacable la iniciativa de la ventanilla única de comercio

exterior (VUCE), más aún en el marco de la integración comercial del

Perú al mundo, único camino para generar montos de inversión suficiente

para la generación de empleo.

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Además de las muy positivas iniciativas citadas, se debería poner más

atención a las causas que están en la raíz de la generación de trabas

burocráticas. Se necesita más trabajo en el campo de la capacitación de

funcionarios, luchan contra funcionarios corruptos o incompetentes, y

vigilancia ciudadana sobre los excesos burocráticos.

VIII. MEJORAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO.

Fomentar el planeamiento estratégico en la gestión de las entidades

públicas, incluyendo el fortalecimiento de sus unidades de Planeamiento,

Inversión y Presupuesto.

Reformar los sistemas administrativos transversales del Estado (las

normas sobre contratación, control, presupuesto, etc.), para evitar que

estos promuevan la realización de procesos sin valor o constituyan

mecanismos de burocratización dentro del Estado.

Identificar para cada entidad los cuellos de botella en el ciclo del gasto

público aprobación por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP),

presupuesto, tesorería, adquisiciones, control, etc. y adoptar las medidas

de capacitación y simplificación que se requieran.

Incorporar la aplicación de estándares internacionales en ciertos procesos

(PMI para gestión de proyectos, COSO para sistemas de control).

En la reforma de los sistemas administrativos, se debe tomar en cuenta la

heterogeneidad del sector público, conformado por entidades muy

diversas en cuanto a la variedad y complejidad de procesos y su acceso a

mercados.

IX. PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

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Establecer un nuevo régimen de empleo en el sector público, distinto al

Proyecto de Ley del Empleo Público, actualmente en discusión. El nuevo

régimen debería estar orientado primordialmente al mérito y a incentivar

el desempeño por resultados:

o Debe diseñarse un sistema de evaluación objetivo e imparcial, de

aplicación gradual.

o Las remuneraciones deben estar relacionadas a la complejidad del

cargo, el mérito, la capacidad profesional y desempeño. Debe ser

eliminado todo sistema basado únicamente en la antigüedad. Las

remuneraciones del personal de la administración pública no

deben estar atadas ni tener ningún índice de relación con las

remuneraciones de los políticos. Debe eliminarse todo tipo de

homologación o indexación de remuneraciones.

o Debe considerarse dentro de las causales de cese no solo las de

carácter disciplinario, sino también la falta de aptitud mínima para

el desempeño de la función según evaluaciones de desempeño.

o Los recursos humanos deben adecuarse a las necesidades del

servicio. Dado que las estructuras y funciones son cambiantes, las

normas deben dar solución a la excedencia de personal.

o Debe aplicarse a todas las instancias de gobierno, pero desarrollar

reglas especiales para los municipios pequeños (especialmente las

referidas a selección, capacitación y evaluación), que estén

basadas en los mismos principios, pero sean factibles de aplicar

con facilidad a la realidad concreta que enfrentan estas

localidades.

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o Se debe debatir responsablemente sobre la negociación colectiva

en el sector público, si se incorpora debe incluirse también como

aspecto obligatorio que se adopten acuerdos sobre la mejora de la

calidad y eficiencia del servicio público. De lo contrario, la norma

sería inconsistente con el enfoque de gestión por resultados.

o Debe señalarse expresamente que cualquier proceso de selección

irregular es nulo y puede ser materia de impugnación durante un

tiempo prudencial. Asimismo, la ley debe explícitamente establecer

la responsabilidad y penalidades que asume una autoridad elegida

o un funcionario por vulnerar la ley en este aspecto. Otorgar o

aceptar recomendaciones de cualquier funcionario o autoridad

debe estar expresamente prohibido, así como acarrear

responsabilidades.

o Poner en funcionamiento la autoridad nacional del empleo público

y el tribunal del empleo público. Esta entidad debe tener una

concepción moderna respecto de la gestión de recursos humanos

y estar integrada por profesionales independientes de primer nivel.

o Establecer garantías para funcionarios frente a procesos judiciales

maliciosos dirigidos a paralizarlos en el ejercicio de sus funciones.

X. DESCENTRALIZACIÓN ADECUADA DEL ESTADO.

El modelo adoptado por la legislación consiste en una división de roles entre los

niveles de gobierno.

El gobierno central debe concentrarse en la definición de políticas nacionales,

mientras que las instancias subnacionales deben enfocarse en la ejecución y

prestación de servicios, respetando las políticas nacionales. El gobierno

nacional debe progresivamente abandonar las tareas de ejecución y, en cambio,

fortalecer sus capacidades de planificación y formulación de políticas,

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evaluación y dirección. Su estructura debe responder a ese nuevo rol. Los

gobiernos locales y regionales deben fortalecer sus capacidades de ejecución y

desempeñar sus funciones con autonomía y eficiencia, adecuando las políticas

nacionales a su realidad específica, pero sin desnaturalizarlas.

Desarrollar las acciones legales necesarias para garantizar que en el

futuro no se incumplan por ningún motivo las políticas nacionales; y

fortalecer la instancia de coordinación del Poder Ejecutivo con los

gobiernos regionales para la discusión de algunas políticas

fundamentales.

Fortalecer la capacidad del gobierno nacional para el planeamiento y

formulación de políticas nacionales y articular la gestión de los distintos

niveles de gobierno a través de políticas nacionales claras. La aprobación

de la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) constituye un

avance en este aspecto. Sin embargo, las leyes de cada uno de los

ministerios que deben ser aprobadas a partir de esta LOPE, deben

reflejar los nuevos roles para los distintos niveles de gobierno, y es

probable que se tenga que revisar otras leyes también que fueron

otorgando funciones a distintas entidades públicas.

Establecer un sistema de seguimiento y monitoreo de los servicios

descentralizados que defina una línea de base y determine indicadores

de satisfacción del ciudadano.

XI. CONCLUSIONES.

La reforma del Estado es políticamente distinta a la modernización de la

administración pública, puesto que la modernización busca mejorar la capacidad

de infraestructura para atender las demandas de los ciudadanos y agilizar los

procedimientos para que la respuesta a la sociedad sea más pronta, además de

mejorar la estructura y gestión pública incrementando de esa manera las

condiciones de gobernabilidad.

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La reforma del Estado significa realizar modificaciones políticas, económicas y

sociales en la estructura del Estado, a fin de mejorar dichas estructuras y

fortalecer el sistema institucional. Si los objetivos de la reforma realizada se

cumplen, la modernización del Estado será un éxito. Para ello, en nuestro país

se han dictado reformas en todos los sectores.

Para realizar una correcta reforma es prioritario identificar los factores que

dificultan la gestión pública, lo cual significa examinar el marco normativo de

cada institución, para evaluar los aspectos que están cojeando y los que

necesitan reformarse, puesto que los problemas de organización son diferentes.

Otro aspecto que retrasa la modernización es la corrupción y la burocracia, que

genera lentitud en los procedimientos.

Lo más importante del proceso de modernización es que los servidores de la

gestión pública adopten el principio del ciudadano, cliente o usuario y se le

respete más, y el Gobierno tome el perfil de administrador, ejecutivo o gerente

público, guiado por la búsqueda de resultados y evaluando en base a la

rendición de cuentas y a la competencia. Porque si bien es cierto que en la

mayoría de instituciones se han simplificado los procedimientos administrativos,

en otras sucede lo contrario, puesto que para realizar una gestión se necesita

una serie de documentos. El ex Presidente Alán García entró al gobierno con un

plan de acción inmediata que le faltó completar en los primeros 180 días de su

mandato, postergando la reforma de todo el aparato estatal.

Otra medida adoptada fue reducir a la mitad el sueldo de los parlamentarios,

ministros, autoridades regionales y alcaldes, ocasionado de esa forma la

migración de capital humano a la actividad privada, dejando desprovista a la

administración pública de profesionales idóneos.

En medio de esta política demagógica, nadie advirtió que la reducción de

sueldos era solo uno de los puntos de su plan inmediato de reforma del Estado

que planteó en su campaña.

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Pasó desapercibida la reforma constitucional ofrecida por García en el sentido

de incluir en la agenda política del país la discusión del retorno a la

Constitución de 1979 y la conveniencia de reinstalar el sistema bicameral en el

parlamento.

Las propuestas de mejorar la administración de justicia avanzaron a paso muy

lento, pues el SERIAJUS no brindó los frutos esperados al culminar la gestión

presidencial.

Treinta fueron las promesas incluidas en el plan de acción inmediata del Apra.

Trece fueron los sectores incluidos en este plan, entre ellos, la reforma y

modernización del Estado. No se cumplieron las metas, muchas veces

distraídas éstas por los escándalos de corrupción a gran escala dentro del

sector público, que, a la larga, postergó la reforma tan esperada del Estado.

En la actualidad, la gestión del presidente Ollanta Humala se torna discordante

con el discurso inicial que fue, en la campaña, un discurso antisistema,

preconizando el mejoramiento del aparato estatal con una política de inclusión

social. El balance a los cien primeros días de su mandato es de una sensación

de continuidad en el crecimiento sostenido de la economía, a pesar de que los

factores externos (crisis europea) podrían estar afectando la región. Es ahora

que el Presidente replantea su posición de centro-izquierda para situarse en un

centro-derecha coqueteando con los capitales privados, pues, se ha dado

cuenta de que cundo hay una mayor estabilidad política, los inversionistas no se

llevan el dinero afuera.

La reforma del Estado no se debe detener y, por el contrario, ha de marchar de

forma paralela a las políticas inclusivas, concientizando a la población de que

somos un país con prospección a futuro y que la minería conlleva el progreso,

pero con la debida intervención del Estado para que los grandes inversionistas

no generen abuso en la extracción de nuestros recursos y que capitalicemos el

canon en desarrollo para las zonas menos favorecidas.

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Por último, debemos reflexionar sobre la necesidad de que la reforma y la

modernización del Estado deben pasar necesariamente por la reforma integral

del Poder Judicial y del Ministerio Público, es decir, por la reforma del sistema

de justicia en el país, pues el Poder Judicial es fundamental para la Democracia

y para la consecución de la paz en justicia e inclusión social.

XII. BIBLIOGRAFIA.

1. CLAD. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. II

Congreso Interamericano del CLAD sobre la Reforma del Estado y la

Administración Pública. Isla Margarita Venezuela 15-18 de Octubre de

1997.

2. Constitución Política del Perú. Editorial Escuela Nueva S.A. Lima. 1993.

3. El Pacto Fiscal. Cepal. Santiago de Chile. Naciones Unidas 1998.

4. GALARZA, Elsa. Informe Anual de la Economía Peruana 1996.Perú.Centro

de Investigación de la Universidad del Pacífico 1997.

5. HARVER GALPER. El papel de la política tributaria y de la Administración

Tributaria en el Desarrollo Económico. España Conferencia Técnica Centro

Interamericano de Administradores Tributarios (C.I.A.T.) 1991.

6. Memorándum de Políticas Económicas y Financieras del Gobierno del

Perú para el periodo 01 Abril 1999 al 31 de Marzo 2,002. Lima – Perú.

Mayo 1999.

7. MUAGRAVE Richard, PEGGU A, MUSCAVE B.. Hacienda Pública Teórica

y Aplicada. México Mc. Graw Hill. 1994.

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8. Reforma del Estado Debate y Alternativas. Lima. Grupo Propuesta

Ciudadana.1996. 40 p.

9. TÁVARA, José. El Mercado y el Estado en el Proceso de Desarrollo en el

Perú. Actualidad Económica.1998.

10. GUERRA-GARCÍA, Gustavo. La Reforma del Estado en el Perú, Pautas

para reestructurar el Poder Ejecutivo. 1999. Agenda Perú.

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