Desde ugcandalucía difundimos la información disponible relativa al Plan

Económico y Financiero de la Junta de Andalucía que afecta a la

administración sanitaria andaluza, en respuesta al compromiso del Gobierno

andaluz de cumplir el objetivo de déficit marcado para 2012 por el Gobierno

central (1,5% del PIB para las comunidades autónomas).

UNA APROXIMACIÓN AL ESCENARIO

Antes de entrar en detalle sobre el alcance e impacto de este plan de ajuste,

es necesario realizar una primera aproximación somera al escenario que puede

sintetizarse en los siguientes puntos:

1. Las medidas del plan de ajuste son inspiradas por el Gobierno de

España que ha establecido un objetivo de estabilidad no compartido

por Andalucía. El Gobierno andaluz considera totalmente injusto el

esfuerzo que el Gobierno central exige a las comunidades autónomas y

que es más estricto que el que se impone el propio Gobierno central. A

las comunidades autónomas se les exige una reducción del déficit del

50% y al Estado del 6,5% y ello pese a que las comunidades autónomas

asumen el gasto derivado de prestar servicios como sanidad, educación

y prestaciones sociales.

2. Andalucía sostiene que el déficit de las CCAA es menos de la mitad

que el de la Administración General del Estado (32.000 millones de

las CCAA frente a 54.000 millones de la Admón. Gral. del Estado), y,

además, éste se debe a una histórica previsión de ingresos

inadecuada en su financiación.

3. Todos los ingresos adicionales previstos por el Gobierno central

son para la Administración General del Estado (incluido la subida del

IVA y la amnistía fiscal) y, sin embargo, los objetivos de déficit se cargan

sobre las CCAA.

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4. El esfuerzo del DÉFICIT se ha centrado de forma espectacular en

las CCAA (que sólo disponen de un déficit máximo de 1,5% sobre el

PIB, no sobre la base poblacional frente al 3,8% que se ha reservado el

gobierno central).

5. Andalucía ha pedido reiteradamente una conferencia de Presidentes de

las CCAA para fortalecer el valor “España” y consensuar sobre qué

políticas comunes y servicios públicos aplicar los objetivos del

déficit en lugar de que cada administración aplique sus propios criterios.

6. Andalucía se ve obligada a hacer un plan de reequilibrio

presupuestario para poder cumplir su objetivo de déficit y para

conseguir autorización del gobierno de España y obtener

financiación de los mercados (emitiendo deuda) para resolver los

problemas de TESORERÍA (liquidez).

7. De no conseguir esta autorización, se pone en riesgo la posibilidad de

hacer frente a los pagos de nóminas en el futuro en Andalucía.

8. Este plan de reequilibrio presupuestario es un IMPERATIVO LEGAL. El

Gobierno Andaluz, aunque no comparte los criterios del Gobierno de

España, no hace insumisión y cumple con su obligación.

ANTE ESTA SITUACIÓN, ¿CUÁL ES EL PLANTEAMIENTO ANDALUZ?

La aplicación en el Sistema Sanitario Público de Andalucía de las 37,5 horas

semanales exigida por el Gobierno central supondría prescindir de 10.000

trabajadores. Para evitar estos despidos y, dado que el empleo es una

prioridad para el Gobierno andaluz, se ha optado por hacer un esfuerzo

solidario y que se repercute en los salarios de los profesionales.

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Las medidas planteadas son de carácter temporal, provisionales y

reversibles y los empleados públicos recuperarán sus condiciones laborales

cuando se recuperen los ingresos, una vez que pase la crisis.

El Gobierno andaluz defiende una forma distinta de actuar y sus

propuestas, que han sido trasladadas a los representantes sindicales y

colectivos profesionales, se centran en:

a. MINIMIZAR LA PÉRDIDA DE EMPLEO, que los propios

sindicatos han cifrado en 27-30.000 personas despedidas en el

conjunto del sector público, de las que 10.000 corresponden al

sector sanitario.

b. MANTENIMIENTO DEL MODELO SOCIAL que representa el

estado del bienestar.

c. NO PRIVATIZAR el sector público

Sintéticamente, por tanto, la cuestión implica responder a la siguiente pregunta:

¿Se despiden en Andalucía a 10.000 trabajadores sanitarios o aplicamos

medidas que consigan el mismo impacto económico MINIMIZANDO la

pérdida de empleo?

DOS CAMINOS POSIBLES:

Desde nuestro punto de vista, habría dos caminos posibles:

a. El primero de ellos se centra en el despido (que algunas CCAA

han adoptado). Este camino profundiza y agrava la crisis, pero,

sobre todo:

i. Produciría el deterioro irreversible del SSPA

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ii. Conllevaría el cierre de Servicios (el equivalente a

suspender 60.000 operaciones quirúrgicas o un millón de

consultas de especialistas, o cerrar la mitad de los centros

de atención primaria de Andalucía)

iii. Implicaría la privatización de los Servicios previamente

cerrados en el sector público, concertándolos con el sector

privado. Así están actuando las CCAA que optan por esta

vía del despido.

iv. Acabaría repercutiendo (por segunda vez) en los

trabajadores del SSPA porque la privatización debilitaría

sus condiciones laborales

v. Se generaría un importante despido de trabajadores en los

empleos indirectos que genera el sector público.

b. El MODELO defendido por el gobierno Andaluz, al minimizar

el despido, no sólo es solidario sino que preserva el modelo

de SSPA

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MODELO

PROPUESTO POR ANDALUCÍA?:

a. Básicamente, se pretende resolver la imposición de las 37,5

horas semanales sin el despido automático de 10.000

trabajadores.

b. Transforma el despido de 10.000 trabajadores por la imposición

de las 37,5 horas en un esfuerzo conjunto que articula la

solidaridad de los propietarios de sus puestos de trabajo que

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asumen una bajada salarial y un especial ajuste de los

empleados con carácter temporal que, además, reducen en

un 15% su jornada para que puedan preservar su puesto de

trabajo.

c. Preserva la calidad y el funcionamiento de los servicios

públicos, manteniendo el modelo social andaluz.

d. Es progresista, el menos dañino, y progresivo buscando no abrir

nuevas brechas salariales.

e. Técnicamente es viable

f. Está abierto al dialogo y no a la imposición. Se ha abierto una

negociación con los Sindicatos a nivel autonómico para

buscar otras formas de alcanzar el impacto presupuestario

obligado de otra manera. Estamos dispuestos a estudiar otras

propuestas que puedan repercutir menos en los

trabajadores.

g. Es independiente de las medidas de gestión propias de cada

centro que, lógicamente, están separadas de este Plan.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA

PROPUESTA ANDALUZA?:

- Reducción de la estructura de Altos Cargos y de delegados

provinciales.

- Fin de la equiparación salarial de los miembros del Gobierno

andaluz con el Gobierno de la Nación. Se reduce, por tanto, la retribución del

presidente, los consejeros/as, viceconsejeros/as y otro personal en un 5%, que

será adicional al 15% ya adoptado.

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- Aplicación del incremento de la jornada laboral de los empleados

públicos a 37,5 horas semanales.

- Suspensión de los permisos de jubilación, las licencias previas por

jubilación anticipada y los contratos relevo.

- Suspensión de la acción social y los premios de jubilación

- Reducción de los días de permiso por asuntos particulares y de

días adicionales de vacaciones. Se suprimen los días de libre disposición

adicionales a los establecidos en el EBEP.

- Se homologan las condiciones de trabajo de los empleados del

sector público empresarial con los de Administración general en aspectos

como la retribución en concepto de antigüedad, indemnización por servicio,

suspensión de las ayudas de acción social y aportaciones a planes de

pensiones, días de permisos

- Disminución de las horas extraordinarias

- Eliminación de los complementos adicionales de las pagas

extraordinarias de junio y septiembre

- Reducción de un 10% en las retribuciones de carácter variable

- Reducción de un 15% de la jornada laboral y de la retribución de

funcionarios interinos y personal laboral temporal

- Reclasificación de los directivos de las entidades del sector

público empresarial

- Limitación de las ayudas a los sindicatos y de las horas sindicales

- Reducción del gasto corriente: un 50% menos de coches públicos,

menor gasto en protocolo, un 50% menos para información y publicidad, un

15% menos para dietas de locomoción y desplazamientos, descenso de un

50% para reuniones, conferencias y cursos, reducción de un 15% en

arrendamientos.

- Ahorro de 50 millones de euros con la implantación de plataformas

centralizadas de compras en el ámbito sanitario.

- Ahorro de 83 millones de euros por el incremento del porcentaje de

pago de los usuarios sobre medicamentos y de la cartera suplementaria.

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RESPECTO A LA DISMINUCIÓN SALARIAL DEL PERSONAL

PROPIETARIO:

a. Se trata de un 6,11 % (del 4,13 al 8,28) del total del Capítulo I en

cómputo anual, homologable en todas las categorías con el impacto

en la Función Pública.

b. Afecta a diversas partidas de la totalidad de la retribución variable que

el Decreto-Ley establecerá. (Para el personal sanitario incluye

continuidad asistencial, jornada complementaria, otros complementos,

carrera profesional, CRP, etc.)

c. En todo caso, el dato de 6,11% de media es en términos de

cómputo anual, ya que si no se hace así el dato es artificioso, porque:

1. Las estructuras salariales son completamente

distintas.

2. La gama de sueldos altos de los profesionales de la

Salud pesan mucho más que los de la Función

Pública.

3. La Función Pública resulta afectada en una cantidad

superior en las dos pagas extras mientras que el

personal estatutario no alcanzaría este ajuste sin

disminución de los abonos mensuales, seis de los

cuales, de este año, ya no se podrán afectar.

4. El CRP representa una singularidad en riesgo

permanente, por los picos de tesorería que exige,

por lo que procede un estudio detenido de su forma

de abono. Este año, se ha previsto su abono de

Julio a Diciembre.

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RESPECTO AL PERSONAL INTERINO Y EVENTUAL:

A los empleados contratados (interinos y eventuales) se les exige un

esfuerzo adicional en términos de reducción de jornada (con la disminución

correspondiente de los costes empresariales), ya que serían los directamente

afectados por la pérdida de empleo:

i. La reducción de la jornada se intentará hacer en las

condiciones más favorables para el trabajador, para lo

que se darán instrucciones de flexibilidad en su

aplicación.

ii. Hay que considerar también que esta reducción de la

jornada laboral como recurso para mantener el empleo, no

supone una reducción de recursos para el SSPA, ya

que se produce un aumento aproximado de 8 millones de

horas disponibles por el incremento de jornada a 37,5

horas frente a una reducción de 4 millones de horas

derivada de la reducción del 15% de la jornada de los

empleados temporales.

EN EL APARTADO DE MEJORA DE INGRESOS:

Además de las medidas encaminadas a la reducción de gastos, el Plan

Económico y Financiero de la Junta de Andalucía incorpora medidas que

afectan a toda la ciudadanía y que buscan el incremento de los ingresos en el

ámbito de impuestos como el IRPF, el Impuesto del Patrimonio, el Impuesto

sobre Hidrocarburos, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y la Tasa

Fiscal del Juego.

Entre dichas medidas figuran:

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- Modificación en los últimos tramos de la tarifa autonómica del IRPF. Entre

60.000 y 120.000 euros al 23,5% y de 120.000 euros en adelante, al 25,5%.

- Se multiplica la tarifa actual del Impuesto de Patrimonio por 1,10

- Se duplica el tipo de gravamen autonómico actual del Impuesto sobre las

Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos hasta agotar la banda

máxima permitida, exceptuando al gasóleo de uso agrícola.

- Se prevé incrementar el tipo de gravamen general de Actos Jurídicos

Documentados del 1,2% al 1,5%.

- Respecto de la Tasa fiscal sobre el Juego se prevé incrementar la tarifa para

máquinas: Tipo B: 3.700 euros anuales (1.850 semestral); Tipo C: 5.300 euros

anuales ( 2.650 semestral).

Otras medidas no tributarias que se adoptan para mejorar los ingresos son:

- Mejorar la certificación de Fondos Europeos para recuperar con mayor

agilidad el adelanto de los fondos

- Insistir en la fórmula del sale&leaseback (venta y alquiler de los inmuebles

que son propiedad de la Junta) para 94 inmuebles.

- Trabajar con la Administración del Estado para conseguir ingresos

adicionales mediante el convenio firmado.

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