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Abstract

Frequently the authorities of govern-ment and police indicate that the waves of juvenile homicides in urban contexts are mainly associated to fights and ad-justments of accounts between juvenile gangs and delinquent bands. Interested in the contradictory reflected situation; from one side the moderate rate of juvenile ho-micides in the municipality of Soacha (at least in comparison with the situation in other urban centers near Bogota) and in the other one, the preoccupation shown by Bogotá’s authorities responsible for the security and coexistence as well as by the NGOs and mass media; during the months of April to December of 2004 took place a study with the purpose of knowing in depth the origin of the contradictions and denounces, as well as the signaling that the authorities make .

The present article shows some findings from their results2 and analyses theories empirically and some of the answers that local authorities have generated, together with the conducted battles to control the phenomenon of the juvenile homicides in the municipality of Soacha. The present data refers to the facts related to the per-son, time, place and circumstance, from information available in the administra-tive registers raised and guarded by the

Resumen

Con frecuencia las autoridades de gobierno y policía señalan que las olas de homicidios juveniles en contextos urbanos se asocian principalmente a riñas y ajustes de cuentas entre pandillas juveniles y bandas delincuenciales. Interesados por la contradictoria situación reflejada, de un lado por la “moderada” tasa de homicidios juveniles en el municipio de Soacha (al menos en comparación con la situación en otros centros comarcales cercanos a Bogotá) y de otro, por la preocupación manifiesta tanto por las autoridades bogotanas responsables de la seguridad y convivencia así como por las ONGs y medios masivos de comunicación, durante los meses de abril a diciembre de 2004 se llevó a cavo un estudio con la finalidad de conocer mas a fondo el origen de las contradicciones y denuncias, así como los señalamientos que hacen las autoridades. En el presente artículo se presentan algunos hallazgos de sus resultados2 y se analizan teórica y empíricamente algunas de las respuestas que han generado las autoridades locales junto con las acciones realizadas

1. Los autores quieren expresar su reconocimiento a Rafael Barrera, Felipe Camacho, Pilar de La Torre, Francisco Díaz, Carolina López, Ana Isabel Martínez, Diana Roa, César Velásquez de la facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia por el trabajo de levantamiento y procesamiento de la base de datos a partir de la cual se elaboró el pre-sente trabajo. El contenido de este trabajo no compromete a las entidades a las cuales pertenecen los responsables del mismo.

2. En la actualidad se preparan los textos para una publicación completa de toda la investi-gación.

1.The authors want to express their recog-nition to Rafael Barrera, Felipe Camacho, Pillar de la Torre, Francisco Diaz, Carolina Lopez, Ana Isabel Martinez, Diana Roa, Ce-sar Velasquez from the faculty of Economy of the Externado University of Colombia for the work of rising and processing the data base from which the present work was elaborated. The content of this work does not compromises the organizations to which the people in charge of the same one belong. 2 . At the present time the texts for a com-plete publication of all the investigation are been prepared.

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para controlar el fenómeno de los homicidios juveniles en el municipio de Soacha. Los datos utilizados refieren atributos relacionados con la persona, tiempo, lugar y circunstancia, a partir de información disponible contenida en los protocolos de necropsia levantados y custodiados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Adicionalmente, se describen las fuentes utilizadas para la organización de la base de datos creada con la finalidad de caracterizar las víctimas y las circunstancias en que ocurrieron los homicidios de jóvenes entre 10 y 24 años en el municipio de Soacha, Cundinamarca, durante el período 1999 – 2003. Algunos ejercicios preliminares realizados con la base de datos, sugieren que las autoridades públicas podrían utilizar más intensamente los recursos de información a su disposición para comprender mejor fenómenos como el de los homicidios juveniles en contextos urbanos, y afinar instrumentos y acciones para prevenir y reducir su incidencia sobre la población juvenil.

National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ,INML and CF). Additionally, it shows the source of the data created, with the purpose of characterizing the victims and the cir-cumstances in the homicides of young people between 10 and 24 years in the municipality of Soacha, Cundinamarca, during the period 1999 – 2003.

Some preliminary exercises with the data base, suggest that the public authorities could use more intensely the resources of information on their reach to better un-derstand phenomena like the juvenile ho-micides in urban contexts, and to sharpen instruments and actions to come up and to reduce their incidence on the juvenile population3.

3. Thanks to Group of U. Externado by da-tabase and field work.

Descriptores: Soachaservicios de gobierno local homicidios juveniles estigmatización exclusión y segregación socioespacial prevención de delincuencia juvenil autoridades rendición de cuentas.

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BERNARDO PÉREZ SALAZARInvestigador Social. bperezsalazar@yahoo.com

GERMÁN A. DE LA HOZ BOHÓRQUEZSociólogo CRNV. Universidad Nacional de Colombia

Hacia una base de datos a partir de información forense

Universo inicial

Se revisó la totalidad de los 923 registros encontrados tanto en el punto de atención del INMLCF ubicado en la cabecera municipal de Soacha como en el Centro de Referencia Nacional de la Violencia –CRNV– en la ciudad de Bogotá: 826 fueron revisados en el punto de atención en Soacha, y los 97 registros restantes se obtuvieron del CRNV en Bogotá. Estos últimos registros corresponden a aquellas víctimas cuyo lugar de defunción fue Bogotá, como consecuencia de hechos violentos ocurridos en el municipio de Soacha .

Se descartaron 604 registros correspondientes a aquellas víctimas que al momento de su muerte no pertenecían al grupo de edad biológica de 10 a 24 años, aquellas cuya posible manera de muerte no fuese el homicidio común (por ejemplo, casos de suicidio o accidentes de tránsito, entre otros), así como aquellos registros donde el lugar de los hechos homicidas está por fuera de los límites político-administrativos de la entidad territorial en mención.

Población estudiada

Con base en los registros restantes se organizó una base datos digital con 319 registros correspondientes a la población de víctimas de ho-micidio común entre 10 y 24 años que falleció en el período compren-dido entre 1999 y 2003 como consecuencia de lesiones causadas por otro con intención de matar en hechos ocurridos dentro de los límites territoriales del municipio de Soacha, Cundinamarca, o cuyo cadáver fue hallado en el mismo municipio. La definición del período para el estudio se hizo teniendo en cuenta que los registros encontrados con anterioridad a 1999 no contienen un número importante de variables que el SIVELCE comenzó a contemplar a partir de ese año.

En cuanto al grupo de edad seleccionado para el estudio, el criterio principal que condujo su definición tiene que ver con el propósito de

La desprotección juvenil frente al homicidio en Soacha, Cundinamarca 1999 – 2003:

Estudio de caso a partir de datos forenses

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proteger la población juvenil expuesta a la amenaza de homicidios en Soacha. Se consideró que las medidas preventivas que eventualmente lleguen a identificarse tendrán mayor probabilidad de éxito si se aplican a las víctimas potenciales en edades tempranas.

De los 319 registros incluidos en la población del estudio, 271 correspon-den a víctimas que fallecieron o cuyos cadáveres fueron encontrados dentro del perímetro de la cabecera municipal de Soacha, 13 fallecieron en la ciudad de Bogotá a donde alcanzaron a ser remitidos para recibir atención médica, y 20 cadáveres fueron encontradas en áreas rurales con población dispersa. Adicionalmente los registros de 10 víctimas señalan como “por establecer” el lugar donde ocurrieron los hechos o fue encontrado el cadáver y hay 5 registros sin información acerca del sitio preciso de fallecimiento dentro del municipio.

En la población de estudio, apenas dos registros fueron clasificados como “NN”, pues no fue posible establecer la identidad de los cadáve-res que nadie reclamó. Para la población referida se levantó el estado observado para 65 atributos de interés.

En el caso de los 306 registros revisados en el punto de atención de Soacha, los datos fueron levantados a partir de los documentos en-contrados en los expedientes de protocolo que reposan en esa de-pendencia. En la figura 1 se presenta un cuadro sinóptico en el cual se describen los documentos fuente de donde se extrajeron los datos, entre ellos, el acta de inspección del cadáver diligenciada por un fiscal, el dictamen de necroscopia diligenciado por un médico forense, el certificado de defunción diligenciado por el médico forense y el acta de reconocimiento y entrega del cadáver, diligenciado por un auxiliar forense. Para el caso de los 13 registros de víctimas fallecidas en Bogotá, los datos levantados se tomaron de hojas electrónicas suministradas por el CRNV con un número más limitado de atributos.

Figura 1: Fuentes de las variables estudiadas

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La clasificación de los registros por lugar de residencia de las víctimas y sitio donde ocurrieron los hechos, se hizo utilizando dos fuentes com-plementarias de información: para ubicar los lugares referidos por me-dio de la nomenclatura urbana de la cabecera municipal de Soacha se utilizó el plano de la cabecera municipal elaborado a escala 1:5.000 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 1999. Para ubicar los lugares referidos por medio de barrios o sitios localizados en la zona rural de población dispersa perteneciente al municipio de Soacha, se utilizó la información contenida en el informe final del Censo Experimental de Población y Vivienda del Municipio de Soacha, la cual además permitió clasificar el lugar de los hechos por «Comuna» para aquellos homicidios registrados dentro del perímetro urbano de la cabecera municipal de Soacha, y por “Área rural” para aquellos ocurridos fuera de la misma.

Para algunos registros que no se pudieron ubicar utilizando estas dos fuentes, se recurrió a la experiencia propia de residentes conocedores del municipio. Aún después de este procedimiento, hay 31 registros para los cuales no fue posible establecer la ubicación del lugar de los hechos con base en los datos encontrados. Algunos de ellos por in-formación imprecisa en el registro del lugar de los hechos en el acta de levantamiento del cadáver y otros por carencia del registro corres-pondiente.

Apenas un poco más de la mitad de los atributos observados cuentan con un número significativo de registros para permitir la aplicación de pruebas de análisis estadístico. Una limitante adicional para la realización de este tipo de análisis es el hecho de disponer apenas de un único valor observado para cada atributo, lo cual imposibilita probar la ausencia de interacción entre las categorías de clasificación encontradas en la organización de los datos levantados por el SIVELCE. En lo que sigue, presentamos algunos de los principales hallazgos del estudio.

Algo está sucediendo

En torno al comportamiento de los homicidios en el ámbito urbano colombiano, el caso de la ciudad de Bogotá ha sido discutido con in-terés particular en años recientes, debido a una visible reducción en el número de homicidios registrados. Así, mientras en 1993 Bogotá registró 4.352 homicidios, equivalente a una tasa de 80 víctimas por cada 100.000 habitantes, en 2003 registró 1.744 homicidios, lo que en términos rela-tivos representa una tasa de 25 víctimas por cada 100.000 habitantes. Se destacan las acciones adelantadas por las tres administraciones de la ciudad anteriores a 2004, entre otras, el desarrollo de estudios y diagnósticos de violencia e inseguridad en la ciudad, la concreción de planes de seguridad y convivencia de acuerdo con los resultados de los diagnósticos, la destinación de montos significativos de recursos para el desarrollo de los programas de seguridad preventivos y coer-

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citivos a través del Fondo de Vigilancia y Seguridad, la creación de una Subsecretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana encargada del seguimiento a la política de seguridad y convivencia, la difusión de los planes de seguridad en toda la ciudad y la integración de autoridades y ciudadanía en la solución activa de diferentes problemas y la forma-lización de escenarios de análisis y toma de decisiones coordinadas en materia de seguridad y convivencia, como el Comité de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones de Causa Externa y el Consejo Distrital de Seguridad.4

Aparte de la reducción en el número de homicidios en Bogotá durante los últimos 10 años, la ciudad ha mostrado resultados importantes en la disminución de delitos contra el patrimonio económico en lugares como el centro de la ciudad a través de acciones de recuperación de espacio público invadido por casetas, carros y ventas ambulantes y la generación de “espacios de orden”. Pero simultáneamente con estas transformaciones han comenzado a hacerse más visibles focos de crimi-nalidad en áreas periféricas de la ciudad y particularmente en aquellos barrios del sur de la ciudad que están físicamente conectadas con el casco urbano del municipio de Soacha. El municipio de Soacha (187 km2) pertenece al departamento de Cun-dinamarca. De este se segregó el hoy municipio de Sibaté (120 km2) en 1967, y en 1995 el municipio de Granada (60 km2). La conurbación de Soacha y Bogotá ha sido un fenómeno que ocurrió de manera acelerada en los últimos 25 años, y coincidió con la llegada de gran-des contingentes de migrantes y desplazados al centro del país. Estas dinámicas urbanísticas y poblacionales le han significado al municipio una estigmatización múltiple: ora como “ciudad dormitorio”, ora como “administración municipal clientelista”, ora como “nido de organizaciones criminales y grupos armados ilegales”. Por esta razón, en el “imaginario” de las autoridades encargadas de la convivencia y seguridad de Bogotá, Soacha significa uno de sus principales problemas de seguridad.

No obstante, el comportamiento de los homicidios en el municipio de Soacha visto en el concierto regional no muestra tasas que puedan con-siderarse alarmantes. En 2003 Soacha registró 48 homicidios por cada 100.000 habitantes, inferior a la tasa de otros centros comarcales dentro del área de influencia de Bogotá como Fusagasugá (158 por 100.000) y Facatativá (91 por 100.000). Sin embargo, en 2004, la tasa de homicidios para Soacha fue de 55 casos por cada 100 mil habitantes, incremento considerable (7 puntos) que, como veremos más adelante, hace pensar que en el municipio, efectivamente, “algo raro está sucediendo”.

En contraste, las denuncias realizadas desde el año 2002 por organiza-ciones sociales y medios de comunicación alertaron a las autoridades

4. Ver Acero, H. 2003. Violencia y delincuencia en contextos urbanos. La experiencia de Bogotá en la reducción de la criminalidad 1994 -2002. Bogotá: SUIVD.

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que algo anormal estaba sucediendo en Soacha en relación con los homicidios juveniles. Organizaciones como la Fundación para la Edu-cación y el Desarrollo FEDES, Infancia y Desarrollo, SHIMANA, Fundación APOYAR, Fundación DOS MUNDOS, VISIÓN MUNDIAL, ILSA, Fundación MENCOLDES, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Hu-manos, Corporación AVRE, RED DOLMEN, ASODA, Aldeas Infantiles SOS Colombia, Asociación Defensa de Niñas y Niños Internacional, y DNI – Colombia, entre otras, denunciaron ante la Defensoría del Pueblo Regional de Cundinamarca una ola de homicidios de jóvenes en las comunas orientales de la cabecera urbana de Soacha, que limita con áreas urbanas periféricas de Bogotá.

En su gran mayoría los barrios pertenecientes a la Comuna 45 están ubicados en laderas inestables, altamente vulnerables a la actividad sísmica asociada con los ramales pertenecientes al sistema de la falla de Guaicáramo en el Piedemonte Llanero. Esta es la falla tectónica que originó los tres sismos que destruyeron parcialmente a Bogotá en el período comprendido entre 1785 y el presente. Además, las canteras que fueron explotadas hasta hace poco en el área de Altos de Cazuca, así como la disposición superficial de las aguas servidas de las vivien-das ubicadas allí, son un detonante potencial de grandes procesos de remoción en masa.

Las denuncias hechas por organizaciones sociales y medios de co-municación alertaron a las autoridades sobre la situación de Soacha en relación con los homicidios juveniles y motivaron la expedición en agosto de 2002 de una Resolución Defensorial Regional que se ocupó de documentar la difícil situación afrontada por familias en situación de desplazamiento asentadas en la Comuna 4 de Soacha, particular-mente en el conjunto de barrios conocidos como Altos de Cazuca y Ciudadela Sucre.

Entre otras circunstancias, el documento suscrito por el entonces De-fensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz, menciona:

5. Vale la pena destacar aquí que el censo experimental de Soacha realizado por el DANE en mayo de 2003, estableció la existencia de 17.531 personas inmigradas al municipio por desplazamiento, de los cuales 7.718, ó el 43%, estaban asentadas en la Comuna 4. Precisamente a raíz de la presencia de la pregunta acerca de la situación de desplazamiento forzado en el formulario del censo (Casilla 49: ¿Alguna vez…. tuvo que abandonar el lugar donde vivía por causa del Conflicto Armado Interno? ¿Cuándo? ¿De dónde salió?), algunos líderes comunitarios de la Comuna 4 manifiestan que hubo un subregistro de personas en esa situación, por temor a que esta información diera lugar a persecuciones en su contra, como las que efectivamente tuvieron lugar a partir de Octubre de 2003 según informes de organizaciones sociales y organismos oficiales. Médicos Sin Fronteras, organización que ejecuta programas de salud en el sector de Altos de Cazuca desde antes del censo del DANE, señala que en 2002 los 30 barrios de este sector albergaban 53.826 habitantes. Ver Pérez, E. 2004. Territorio y desplazamiento. El caso de Altos de Cazucá, Municipio de Soacha, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, p. 47. De otra parte, líderes comunitarios afirman que en el sector de Ciudadela Sucre, que integra otro conjunto de barrios localizados en el extremo sur de la Comuna 4, hay una población de 45.000 habitantes, según ellos, de acuerdo con el censo realizado recientemente por la empresa de acueducto en ese sector. De ser así, la población de la Comuna 4 sería del orden de 100.000 habitantes.

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• La muerte violenta de varios líderes de desplazados, líderes comu-nales y jóvenes residentes en el sector de Altos de Cazuca, produ-cidas entre enero de 2000 y febrero de 2001, período en el que se presentaron 59 asesinatos de jóvenes.

• Las familias desplazadas han sido víctimas de un segundo despla-zamiento generado por actores armados al margen de la ley.

• En algunos casos, las milicias urbanas de las FARC, en otros, miem-bros del grupo Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia, obligan a los pobladores de estos barrios a abandonar su lugar de asentamiento.

• Los jóvenes han denunciado la presencia de grupos de encapu-chados en la zona que realizan limpieza social y distribuyen “listas negras” entre la población.6

Los hechos relacionados en la Resolución Defensorial coinciden con aquellos documentados por el Ob-servatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH con relación a la intensificación de homicidios en centros urbanos, atribuidos a grupos paramilitares a partir de la segunda mitad de 2000. Fue entonces cuando las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, iniciaron campañas para controlar varias cabeceras urbanas, entre ellas Barrancaberme-ja, Cúcuta, Fusagasugá, Chía, Soacha y Bogotá por medio del exterminio de milicianos vinculados a las FARC y el ELN, al igual que mediante la subordinación de bandas criminales locales en esas ciudades7.

La parte resolutiva del documento expedido por la Defensoría del Pueblo hizo numerosas recomenda-ciones, a igual número de entidades públicas para activar los mecanismos previstos y garantizar la aten-ción de emergencia humanitaria de la población en situación de desplazamiento. Pero curiosamente no hizo solicitud alguna con relación a la protección de la población local frente a la ola de homicidios.

En vista de la contradictoria situación reflejada, de un lado, por la “mo-derada” tasa de homicidios juveniles en el municipio (por lo menos, en comparación con la situación en otros centros comarcales cercanos a Bogotá), y de otro lado, por la preocupación manifestada tanto por las autoridades bogotanas responsables de la seguridad y convivencia así como por las ONGs y medios masivos de comunicación, en este artículo se exploran las respuestas que han dado las autoridades locales junto

6. Ver en: “Resolución Defensorial Regional 003 de Agosto 14, 2002”, Bogotá: Defensoría del Pueblo, en http//www.disaster-info.net/desplazados

7. Ver Pinzón de Lewin, P. (Ed.). 2002. Colombia, conflicto armado, regiones, derechos humanos y DIH 1998 – 2002. Bogotá: Vicepresidencia de la República – Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, pp. 52 - 53.

Los hechos relacionados en la Resolución Defensorial coinciden con aquellos documentados por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH con relación a la intensificación de homicidios en centros urbanos, atribuidos a grupos paramilitares a partir de la segunda mitad de 2000. Fue entonces cuando las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, iniciaron campañas para controlar varias cabeceras urbanas, entre ellas Barrancabermeja, Cúcuta, Fusagasugá, Chía, Soacha y Bogotá por medio del exterminio de milicianos vinculados a las FARC y el ELN, al igual que mediante la subordinación de bandas criminales locales en esas ciudades.

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con las acciones realizadas para controlar el fenómeno de los homicidios juveniles en el municipio de Soacha. Los datos utilizados para hacerlo provienen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se refieren a atributos relacionados con la persona, tiempo, lugar y circunstancia registrada para los homicidios que involucraron víctimas de homicidio entre 10 y 24 años que murieron como consecuencia de hechos que presumiblemente tuvieron lugar dentro del los límites político administrativos del municipio de Soacha durante el período comprendido entre enero de 1999 y diciembre de 2003.

Un marco conceptual para explicar lo que está sucediendo

La anterior relación de hechos se puede interpretar a la luz de algunas teorías sobre criminalidad y delincuencia juvenil que prevén este tipo de sucesos. Numerosos estudios de caso sobre áreas con altas tasas de criminalidad, coinciden en que la actividad criminal tiende a mostrar un comportamiento inercial: una vez la tasa de crimen aumenta, resulta mucho más complejo reducirla a su nivel inicial con eliminar apenas los factores que contribuyeron a su incremento. En este tipo de contextos es frecuente el surgimiento de actividades ilegales como las drogas, la ex-torsión y los mercados de violencia, que a su vez, están asociadas muy de cerca con una mayor disponibilidad de armas de fuego ilegales y facilidad de adquisición de destrezas para su manejo, así como para la operación permanente de pandillas y bandas delictivas estructuradas.8

Particularmente en ámbitos con altas tasas de criminalidad donde hay marcada desigualdad de ingresos, de oportunidades económicas y de protección policial, el riesgo relativo de victimización tiende a ser mayor. El riesgo absoluto se refiere a las probabilidades de ser víctima de accio-nes criminales, atribuibles a las tendencias inherentes al estilo de vida urbano contemporáneo (la profundización de las interacciones sociales que exponen al individuo a situaciones de ámbito público y privado de proximidad y vulnerabilidad a agresores potenciales). Por su parte, el riesgo relativo de victimización, se refiere a las probabilidades de sufrir daños que exceden el nivel medio de la sociedad en cuestión y que afecta de manera diferente a determinados grupos sociales.

Por consiguiente, los estudios han encontrado un riesgo significativa-mente mayor de victimización para jóvenes empleados en comuni-dades con bajas oportunidades de actividad económica. De la misma manera, las personas que presentan conductas agresivas y criminales aumentan acentuadamente sus posibilidades de ser victimadas, particu-larmente en contextos en donde la familia ofrece precarias condiciones de protección de los individuos (alta violencia intrafamiliar) y hay baja

8. Ver Fajnzylber, P., D. Lederman y N. Loayza (Ed.) 2001 Crimen y violencia en América Latina, Bogotá: Banco Mundial - Alfaomega.

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capacidad de protección policial en espacios públicos. Los riesgos de victimización se incrementan también por factores que crean polari-dades artificiales entre víctimas y agresores, entre ellos, la participación activa en política, el esparcimiento en sitios de recreación y la diversidad de orígenes étnicos, culturales y sociales. El consumo de alcohol tiende también a reducir la capacidad de resistir de la víctima y hacerla más atractiva para el agresor.9

Con base en estos argumentos, con frecuencia operadores de justicia y algunos académicos sostienen que la violencia homicida es un fe-nómeno relativamente inmune a los esfuerzos de la policía para evitar su ocurrencia. De acuerdo con esta línea de razonamiento, las tasas de homicidio son manifestaciones de procesos e interacciones sociales –como la distribución desigual del ingreso, el desempleo, el consu-mismo y familias disfuncionales, entre muchos otros– sobre los cuales la policía tiene poco o ningún control10. Y ante fenómenos reiterados como la delincuencia juvenil –hay que recordar que las autoridades identifican al grupo de edad comprendido entre los 15 y los 29 años como el responsable de una porción importante de los delitos que se cometen– es frecuente que lamenten la “limpieza social” pero la justifiquen como la única manera de librar a la sociedad de elementos “descompuestos”.

En muchas oportunidades los medios de comunicación registran “limpiezas sociales” haciendo aparecer a los sectores marginales –y en particular a los jóvenes– como responsables directos de la inseguridad de las ciudades: las víctimas de la “limpieza social” se presentan al pú-blico como chivos expiatorios con los cuales se pretende “restaurar en la sociedad la sensación que el mal se está extirpando” y por ello son necesarios el hostigamiento y la represión. Por esta vía, la rebeldía propia de la juventud cuando intenta irrumpir en el mundo de los adultos y de lo público, se transforma en “peligrosidad” en el imaginario social. Ante esta “amenaza”, la respuesta de las autoridades es hacer caso omiso de los matices y las diferencias entre los jóvenes y sus grupos. Con frecuen-cia las autoridades estigmatizan en público a la mayoría de los jóvenes refiriéndose a ellos indiscriminadamente como “sicarios” o “pandilleros”, con lo cual alimentan el miedo generalizado a una generación que parece crecer sin temor a la muerte.11

9. Ibid10. Ver por ejemplo Mercy, J. and W. R. Hammond. 1999. “Preventing Homicide: A Public Health Perspective”

en Smith, M. and M. Zahn (Eds) Studying and Preventing Homicide: issues and challenges. Thousand Oaks, CA: Sage. Pp. 297 – 310.

11. Ver Quintero, F. 2003. “Cuerpo – sujeto joven y estrategias de vida. Una mirada biopolítica de los cuerpos juveniles” en E. Salazar (Coord.) Jóvenes qué dicen... Bogotá: Alcaldía Municipal de Soacha – ESAP. pp. 39 – 62. Ver también, Reguillo, R. 2000. Emergencia de Culturas Juveniles: estrategias del desencanto. Bogotá: Norma

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La dinámica perversa que genera la estigmatización de los jóvenes por parte de autoridades y medios de comunicación cuando refieren sucesos de “limpieza social”, es descrita con mucha claridad en la inves-tigación sobre imaginarios, presencias y conflictos entre jóvenes de Bogotá, coordinada en 1997 por Alonso Salazar:

“…Como la sensación de inseguridad se incrementa por la in-eficacia policial y la calle se proscribe como un sitio peligroso, el ciudadano común y corriente canaliza su desconfianza hacia las manifestaciones irregulares… La diversidad estética y las actitudes irreverentes y rebeldes de los jóvenes se leen como trasgresión. Los mecanismos de control y sanción social convier-ten en sospechoso a cualquier joven parchado en una esquina o apropiado de un territorio. La ritualización del consumo de drogas y el frecuente recurso a la violencia para garantizar su adquisición, son razones suficientes para colocar al grupo juvenil en la mira de justicieros privados o de la acción policial.” 12

Procesos de esta naturaleza, que eventualmente pueden derivar en la criminalización de las manifestaciones de autonomía de la juventud, contribuyen a la radicalización de los grupos agredidos y la adaptación de respuestas a la “limpieza social” mediante comportamientos arma-mentistas, la adopción de tácticas de encubrimiento y la profesionali-zación y militarización de sus prácticas delictivas13. Por consiguiente, en contextos donde las actividades como la extorsión y los mercados de violencia favorecen la proliferación de pandillas y bandas delincuencia-les, la “limpieza social” sólo podrá generar escaladas de violencia.

La respuesta de las autoridades: Desmantelamiento periódico de bandas delincuenciales

Las denuncias de las ONG y medios masivos de comunicación referidas anteriormente con relación a la Comuna 4 de Soacha, dieron lugar a una investigación por parte de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía: entre diciembre de 2002 y enero de 2003, Policía y Fiscalía de-tuvieron a 19 personas, vinculadas como responsables de decenas de homicidios. Las autoridades relacionaron los detenidos con grupos de limpieza social, presuntamente financiados por comerciantes locales, vinculados con paramilitares y bandas criminales. Luego de las capturas realizadas, cedieron los asesinatos selectivos, las masacres y las amenazas, registrándose un período de relativa calma durante el primer semestre de 2003. El apaciguamiento coincidió con el período de preparación y ejecución del operativo del censo experimental de Soacha realizado por el DANE en mayo de 2003.

12. Ver Salazar, A. (Coord), 1998. Imaginarios, presencias y conflictos entre los jóvenes de Bogotá. Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo – Observatorio de Cultura Urbana – CEUCA.

13. Ibid.

Con base en estos argumentos, con frecuencia operadores de justicia y algunos académicos sostienen que la violencia homicida es un fenómeno relativamente inmune a los esfuerzos de la policía para evitar su ocurrencia. De acuerdo con esta línea de razonamiento, las tasas de homicidio son manifestaciones de procesos e interacciones sociales–como la distribución desigual del ingreso, el desempleo, el consumismo y familias disfuncionales, entre muchos otros– sobre los cuales la policía tiene poco o ningún control.

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Sin embargo, a partir del mes de junio de 2003 la Defensoría Regional de Cundinamarca registró una nueva erupción de homicidios juveniles que tuvo lugar en barrios de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá y de la Comuna 4 de Soacha. En agosto los dueños de negocios fue-ron víctimas de extorsión supuestamente para financiar un “grupo de seguridad” en la Comuna 4, y el día 20 de ese mes ocurrió una masacre contra 5 jóvenes que se encontraban en un establecimiento comercial en el barrio Villa Mercedes de esa Comuna. En adelante, el sector de Altos de Cazuca presenció una nueva escalada de asesinatos selectivos y amenazas contra jóvenes y familias en situación de desplazamiento. (ver figura 2)

Figura N°2: Comportamiento de homicidios juveniles luego del desman-telamiento de bandas organizadas en el municipio de Soacha.

Enero – Diciembre 2003.

Fuente: INMLCF y cálculos propios

Nuevamente en octubre de 2003, la Policía de Cundinamarca anunció el desmantelamiento de una banda delincuencial conocida como Los Paracos, presuntamente vinculada con el Bloque Capital de Miguel Arroyave, que se dedicaba desde hacía un año al asesinato de jóvenes que habitaban en el sector de Altos de Cazuca (Comuna 4), así como en los barrios León XIII y La María (Comuna 3) y San Mateo (Comuna 5). Más de 70 asesinatos se le atribuyeron a la banda que actuaba bajo las órdenes de José Oliver Rodríguez Díaz, alias “José Muelas”, cuyos inte-grantes fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Según el Semanario Cundinamarca del diario El Tiempo (5 - 11 de octubre de 2003), los asesinatos hacían parte de una “limpieza social” y

“…Cabe anotar que las víctimas habían sido ultimadas en con-diciones similares y tenían antecedentes delincuenciales y de consumo de estupefacientes.”

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Pero a pesar de estas capturas, a partir de octubre de 2003, mes que coincide con el inicio de los sangrientos enfrentamientos en los De-partamentos de Meta y Casanare entre el Bloque Centauros de Miguel Arroyave y las Autodefensas Campesinas del Casanare de Martín Llanos, se arreciaron las amenazas de muerte, las listas y graffiti declarando objetivo militar a cientos de jóvenes residentes en Altos de Cazuca por marihuaneros, sapos y guerrilleros, los asesinatos durante el día, la persecución y asesinato de afiliados a una organización de desplazados y el segundo desplazamiento forzado de sus familias, las extorsiones y ejecuciones macabras con la exhibición de cadáveres descuartizados en sitios de tránsito intenso por parte de pobladores locales.14

El comportamiento territorial del homicidio juvenil en Soacha

La secuencia de eventos descrita al final de la sección anterior contrasta con los resultados obtenidos por las autoridades con el desmantela-miento de la pandilla "los Pancoquis" en la Comuna 1 de Soacha. Según los registros de homicidios juveniles para el período 1999 – 2003, la Comuna 1 –dónde se encuentran proyectos masivos de vivienda de interés social, como la urbanización Compartir que expandió el perí-metro urbano de Soacha hacia terrenos aledaños al río Bogotá– es el otro lugar donde el fenómeno de los homicidios juveniles mostró una actividad intensa durante el período de estudio. El número total de homicidios juveniles en las Comunas 1 y 4 se encuentran por encima del intervalo de confianza con 95% de confiabilidad alrededor de la media de víctimas por lugar15 (ver figura 3).

14. Posteriormente, en febrero de 2004, la Policía de Cundinamarca volvió a capturar a siete personas acusadas de pertenecer a la banda “Los Paracos”, sindicada del asesinato de 25 jóvenes habitantes de diferentes barrios del municipio de Soacha y el sur de Bogotá. No obstante, las capturas no redujeron las amenazas, los homicidios, la persecución a desplazados ni las masacres: la noche del 19 de agosto de 2004, el día en que se celebró en el Salón Elíptico del Congreso de la República en Bogotá una audiencia pública de seguimiento a los requerimientos, solicitudes y recomendaciones de la Resolución Defensorial de agosto de 2002, hubo una nueva masacre de jóvenes en el sector de Altos de Cazuca.

15. El número total de homicidios durante el período 1999 - 2003 se sitúa alrededor de los 40 eventos por lugar, fluctuando con un 95% de probabilidad entre los 33 y los 46 episodios. Para el análisis del comportamiento territorial de los homicidios juveniles en Soacha durante el período en referencia la categoría «Lugar» se definió en términos operacionales utilizando la «Comuna» y el «Área rural» como unidades de agregación estadística, diferenciando seis “Comunas” dentro el perímetro urbano de la cabecera municipal, y, un “Área rural” bajo la cual se agregaron catorce veredas comprendidas en dos corregimientos. Uno de estos corregimientos correspondiente al área de la Sabana (seis veredas) y otro a la de la vertiente de montaña (ocho veredas). Hubo necesidad de incluir una categoría adicional denominada «sin ubicar» para dar cuenta de aquellas víctimas cuyos registros no permiten especificar el sitio donde ocurrieron los hechos o no pudo localizarse el sitio específico donde se encontró el cadáver, más allá de que fue en el municipio de Soacha. Cerca del 10% de las muertes registradas en la base de datos corresponde a esta categoría.

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Figura 3: Distribución de víctimas de homicidio entre 10 y 24 años por lugar donde ocurrieron los hechos ó donde se encontró el cadáver

1999 – 2003

Fuente: INMLCF y cálculos propios.

Sin embargo, la acción de desmantelamiento de la mencionada pandilla en la Comuna 1 redujo la participación de los homicidios juveniles en esa Comuna del 34% del total del municipio en 1999, al 17% en 2003. En contraste, las numerosas acciones de desmantelamiento de bandas rea-lizadas por las autoridades en la Comuna 4 arrojó resultados diferentes: la participación de los homicidios juveniles ocurridos en esta Comuna pasó de 12% del total municipal en 1999 a 31% en 2003.

En el anexo A1 se presenta el mapograma de la cabecera municipal de Soacha, en el cual se puede apreciar como las dos comunas más afec-tadas por el homicidio se encuentran localizadas en extremos opuestos de la cabecera municipal de Soacha. Además, se puede apreciar los rangos de densidad de población por km² encontradas en el Censo Experimental de mayo de 2003. Sobre ese plano está superpuesta la ubicación y frecuencia de víctimas de homicidio entre 10 y 24 años observadas por barrio y por Comuna durante 1999 - 200316. Hay dos aspectos que vale la pena destacar con base en esta figura. La primera,

16. En forma complementaria, los barrios clasificados de acuerdo con la frecuencia absoluta de homicidios juveniles y cadáveres cuyo hallazgo fue registrado en ellos durante el período mencionado. Llama la atención que los barrios que registran un número mayor a 10 víctimas juveniles de homicidio durante el período de estudio, entre ellos, Compartir (30 víctimas); Ciudadela Sucre (16 víctimas), San Mateo (16 víctimas), Altos de Cazuca (14 víctimas), Julio Rincón (11 victimas), Los Olivos (11 víctimas), Casaloma (10 víctimas), León XIII (10 víctimas) y Villa Mercedes (10 víctimas) no son estrictamente comparables en términos de densidad de población por km², debido a que tienen estructuras físicas completamente diferentes. Quizás el elemento en común que presentan estos barrios es el hecho de ser utilizados en los registros como referentes genéricos para designar ciertas áreas de la cabecera municipal de Soacha. De ese modo, esas denominaciones abarcan hechos que probablemente tuvieron lugar no solamente allí sino también en los barrios aledaños.

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el hecho que la distribución territorial de los homicidios juveniles no necesariamente corresponde a la distribución de la densidad pobla-cional en la cabecera municipal. La segunda, que el fenómeno de los homicidios juveniles en la la cabecera municipal de Soacha durante el período presentó un comportamiento territorial segregado.

Algunos elementos para repensar la seguridad juvenil en Soacha

Las autoridades públicas encargadas de proteger la vida y la integridad de los jóvenes en Soacha, tienen en el presente un doble desafío. El primero es evitar que continúe creciendo el número de adolescentes víctimas de homicidio en el municipio. Y el segundo, crear un dispositivo institucionalizado en el cual se involucre a los pobladores del munici-pio, en particular a los jóvenes, para repensar de manera permanente y conjunta el modo como se conciben las amenazas y la seguridad en Soacha, y las alternativas que hay para responder frente a ellas.

Los hallazgos presentados en la sección anterior permiten destacar un fenómeno que a veces se pasa por alto. La dinámica de la violencia tie-ne particularidades muy localizadas por lo cual las medidas de control que dan resultado en un lugar, pueden surtir efectos completamente opuestos en un vecindario cercano. A continuación ofrecemos algunos elementos para pensar el problema de la situación de desprotección juvenil ante el homicidio en los barrios pertenecientes a la Comuna 4 de Soacha.

Conviene en primera instancia considerar la noción de la dinámica de violencia que afecta a los jóvenes en esta Comuna como una «amena-za». Una amenaza puede concebirse como la magnitud probable de un fenómeno que por su potencial destructivo es peligroso para una población, sus actividades, sus activos y su entorno de vida17.

En forma simplificada, la amenaza (A) se puede expresar como el pro-ducto de la energía potencial de la masa que podría verse involucrada al desencadenarse el fenómeno (PM), multiplicado por la susceptibilidad de esa masa de desencadenar el fenómeno (SM) y por la magnitud de un evento detonante tal que sea capaz de desencadenar el fenómeno peligroso (D):

A= PM x SM x D

17. Ver Cárdenas, C. y A. González 1996. “Las obras de ingeniería y sus riesgos”. Bogotá: Cooprever, mimeo, p. 4, citado en Pérez, F (Coord.). 2002. Familias colombianas: estrategias frente al riesgo, Bogotá: DNP – PNUD – ICBF – Misión Social. p.151).

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Para el efecto de analizar la amenaza representada por los homicidios juveniles en Soacha, la energía potencial que debe estimarse es aquella representada por las bandas de “justicieros privados” dispuestos a eje-cutar homicidios selectivos de jóvenes estigmatizados por las autorida-des y los pobladores locales como los responsables de la “inseguridad de las calles”. Estas “bandas en ciernes” estarían siempre interesadas en ocupar la posición privilegiada de regular localmente la violencia. Para-dójicamente, estas bandas que comúnmente operan en los mercados

locales de “protección privada” y la eliminación de los “factores de inseguridad”, serían las que ofrecen oportunidades a los jóvenes en búsqueda de fuentes de ingreso, al vincularlos en acciones “depredadoras” contra otros jóvenes.

La susceptibilidad de que se desencadene la energía potencial representada por estas “bandas en ciernes”, depende de que localmente opere el mecanismo de la “estigmatización” de los jóvenes como una amena-za a la seguridad de las calles y que, además, la Fuerza Pública sólo haga presencia esporádica y puntual. Estas dos condiciones posibilitan que las “bandas en ciernes” que buscan ganar la reputación de ser las reguladoras locales de la violencia estén en disposi-ción a depredar a los jóvenes asesinándolos en las calles con el pretexto de “restablecer la seguridad”. La irrestricta disponibilidad de armas de fuego ilegales así como las facilidades de adquisición de destrezas para su manejo son condiciones adicionales que fa-vorecen la susceptibilidad de que se desencadenen los homicidios juveniles.

Y el evento detonante que efectivamente desencadena las olas de homicidios juveniles es aquel que logre desestabilizar la banda que jerárquicamente regula la violencia localmente, dando lugar a que se inicien las disputas por ocupar su lugar18 entre las bandas en ciernes. Un evento de esta naturaleza puede ser el resultado tanto de la acción policial como por la llegada de otra organización ilegal de mayor jerar-quía que las locales.

El anterior modelo de la amenaza de homicidios juveniles, sugiere que tanto las autoridades como los pobladores deberían centrar sus esfuer-zos en evitar que se creen “vacíos” en la regulación local de la violencia en aquellos lugares donde con mayor frecuencia se presentan las olas de homicidios juveniles y, a la vez, proteger a los jóvenes de los perjui-cios de la estigmatización. Para este segundo propósito puede ser de utilidad considerar la vulnerabilidad también como una magnitud.

18. Básicamente el resultado de estas acciones de recomposición de espacios (territorios) es lo que se conoce como desterritorialización.

El análisis de la pirámide demográfica por grupos etáreos en Soacha, revela una población fecunda y en proceso de expansión. Ello significa que hacia el futuro se puede esperar que la cohorte de adolescentes expuestos a la amenaza de la estigmatización y el homicidio juvenil, mantendrá sus dimensiones actuales y podría incluso incrementarse. El aumento de la tasa de homicidios en Soacha entre 2003 y 2004 es una alerta para las autoridades. Otro tanto sucede con Cuidad Bolívar donde, según la Policía Nacional, después de un periodo de descenso en la criminalidad, nuevamente se están reactivando estas tendencias.

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La vulnerabilidad es la susceptibilidad de una población o conjunto de elementos a sufrir daños ante la eventualidad de la ocurrencia de un fenómeno amenazante que por su magnitud es potencialmente destructivo o desestabilizador. La vulnerabilidad (V) se descompone en exposición (E) y resistencia (S) de la población o el conjunto de ele-mentos, ante la eventual ocurrencia del fenómeno amenazante. Cuanta mayor exposición y menor resistencia19 de una población o conjunto de elementos, mayor la vulnerabilidad.

V= E/S

Con relación al fenómeno de los homicidios juveniles en Soacha, la exposición estaría dada por el tamaño de la cohorte de jóvenes y la cantidad de tiempo durante el cual se exponen en espacios públicos. Por su parte, la resistencia estaría dada por el repertorio de comporta-mientos y espacios protectores que tengan los jóvenes a su disposición para protegerse de la amenaza representada por bandas de “justicieros privados” comprometidos con acciones de “limpieza social”.

El análisis de la pirámide demográfica por grupos etáreos en Soacha, revela una población fecunda y en proceso de expansión. Ello significa que hacia el futuro se puede esperar que la cohorte de adolescentes expuestos a la amenaza de la estigmatización y el homicidio juvenil, mantendrá sus dimensiones actuales y podría incluso incrementarse. El aumento de la tasa de homicidios en Soacha entre 2003 y 2004 es una alerta para las autoridades. Otro tanto sucede con Cuidad Bolívar donde, según la Policía Nacional, después de un periodo de descenso en la criminalidad, nuevamente se están reactivando estas tendencias.

De otra parte, las autoridades públicas no hacen todo lo que está a su alcance para combatir la estigmatización de los jóvenes. La información de registros administrativos disponible en fuentes policiales, forenses y judiciales acerca de las características que comparten el común de los adolescentes que mueren víctimas de homicidio, es un recurso que tienen a su disposición y podrían utilizar más intensamente para comprender la situación en la cual se encuentran estos adolescentes y protegerlos mejor20.

19. Entonces, fortalecer la resistencia de la población o el conjunto de elementos a través de mecanismos socioinstitucionales (comunidad – autoridades), reduce directamente la vulnerabilidad, a la vez que la amenaza potencial.

20. Algunas consideraciones adicionales que se desprenden de los hallazgos del análisis estadístico acerca del comportamiento de los homicidios por grupos de edad pueden arrojar más luces sobre la situación de los adolescentes en Soacha. En primer lugar, los puntos de quiebre que el análisis estadístico marca entre los “adolescentes tempranos” y los “adolescentes en tránsito”, corresponden a momentos claves de transición en los ciclos de vida juveniles. Entre otros, un aspecto importante a destacar es que el paso del adolescente “temprano” a la siguiente etapa de adolescencia coincide con la edad en que se generaliza el descenso en la asistencia escolar debido a la deserción definitiva del sistema educativo.

Tanto el abandono del sistema escolar por deserción entre los 14 y los 17 años como la presión de generar ingresos para ayudar a cubrir los gastos familiares a partir de ese momento, tienden a ser mucho más marcados entre las familias de ingresos más bajos. En estas familias, ante eventos críticos como la pérdida de la fuente de ingresos del jefe del hogar o la necesidad de cubrir algún gasto inaplazable –como puede ser aquel ocasionado por problemas graves de salud o la muerte de un integrante de

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Por ello es conveniente destacar aquí los rasgos comunes que con mayor frecuencia se encuentran entre los adolescentes que fueron víctimas de homicidio registradas por el INML y CF en Soacha durante el período 1999 - 200321. Eran jóvenes nacidos en Bogotá o Soacha en-tre 1980 y 1987, debidamente documentados con tarjeta de identidad, desempleados o estudiantes con último año de escolaridad en el nivel secundaria, solteros que fueron víctimas de homicidio en o cerca de sus barrios de residencia (con mayor frecuencia en Altos de Cazuca en la Comuna 4 ó Compartir en la Comuna 1), un viernes, sábado ó domingo en la vía pública a una hora que las autoridades no pueden especificar, con arma de fuego. En presencia de pruebas de posesión de sustancias tóxicas para alcohol, marihuana, hachísh y cocaináceos (bazuco, cocaína), pero en la gran mayoría de los casos estas pruebas toxicológicas arro-jan resultados negativos; el posible móvil del homicidio fue una riña, y la autoridades no registran información acerca del móvil ni acerca de presuntos sindicados. La persona que con mayor frecuencia acudió a reclamar el cadáver de víctimas pertenecientes a este grupo de edad fue la madre, el padre ó un hermano, en ese orden.

Sin desconocer que dentro de los casos revisados de adolescentes víctimas de homicidio pertenecientes al grupo en transito a vida econó-micamente activa hay un subconjunto para el cual se registran indicios del consumo abusivo y habitual de drogas así como de su reconocida actividad delictiva, los rasgos más comunes encontrados entre la ma-yoría de las víctimas pertenecientes a este grupo de adolescentes no permite caracterizarlos como personas peligrosas “con antecedentes delincuenciales y de consumo de estupefacientes”.

la familia–, respuestas como el trabajo del hijo mayor de 12 años, con el consecuente abandono del sistema escolar, resultan ser frecuentes.

Los datos suministrados por el Censo Experimental de Población realizado por el DANE en 2003 en Soacha señalan que las cifras agregadas para el municipio en relación con la asistencia escolar por edades simples muestra que la tasa entre los jóvenes de 14 años en 2003 era de 81%, y desciende al 51% a los 17 años. Los datos desagregados para la Comuna 4 –la más deprimida en el municipio en términos de ingresos– arrojaron una tasa de asistencia escolar del 72% entre los jóvenes de 14 años y de 41% entre los de 17 años. Ver DANE. 2003. Op. cit...

A su vez, el paso de la adolescencia a la condición de “adulto joven” coincide con el momento de abandono del status de dependiente, para formar un hogar independiente. La situación descrita por los datos del DANE acerca de la actividad económica por grupos de edad, que desafortunadamente no se presentan desagregados por comuna, es consistente con lo anterior. Mientras la tasa de población económicamente activa en el grupo de 12 a 14 años era de 5%, en el grupo de 15 a 19 años pasó a ser 28%. Los datos sobre la relación de parentesco con el jefe de hogar de la población distribuida por grupo de edad también muestra una tendencia interesante: mientras el 84% de la población entre 14 y 19 años eran hijos o hijastros del jefe del hogar en que vivían, en el grupo de 20 a 24 años la partici-pación de la población en esa condición bajó al 59%. De modo congruente, mientras en el grupo de 14 a 19 años el 5% de la población se encontraba desempeñando el papel de jefe de hogar o esposo(a) / compañero(a), en el grupo de 20 a 24 años la población que se encontraba en alguna de esas dos condiciones era del 28%. Ver DANE. 2003. Op. cit.

21. La caracterización descrita se hizo con base en la revisión de 4 casos de víctimas de homicidio feme-ninas entre 16 y 18 años de edad y 67 casos de víctimas masculinas pertenecientes al mismo grupo de edad al momento de su muerte. Los atributos descritos corresponden a aquellos observados con mayor frecuencia absoluta en esta población.

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Conclusiones: ¿Prevenir homicidios juveniles, un imposible o una responsabilidad crítica de policía?

Los hallazgos presentados y discusiones propuestas hasta aquí, son apenas ejemplos de lecturas posibles a partir de los datos organizados en el estudio realizado para caracterizar los homicidios juveniles en el municipio de Soacha durante el período 1999 – 2003. De este modo, queda una invitación abierta a otros investigadores al igual que a las mismas autoridades públicas para que hagan uso de la base de datos construida para tal propósito y exploren otras lecturas posibles que aporten conocimientos para el diseño de medidas que contribuyan a prevenir y proteger a la población juvenil de Soacha frente a la grave amenaza representada por los homicidios22.

Es claro que la situación general de seguridad de los pobladores en Soacha, no depende exclusivamente de lo que hagan o dejen de hacer las autoridades locales con funciones de policía. Sin embargo, en tanto las autoridades locales reconozcan que la prevención de homicidios es una responsabilidad crítica de policía, hay elementos que pueden contribuir a mejorar el diseño de las medidas para proteger y garantizar seguridad a sitios o grupos sensibles a los homicidios. La identificación y análisis de las trayectorias que frecuentemente conducen a este delito en cada lugar, por ejemplo, es uno de esos elementos23. Las medidas protectoras eficaces serán aquellas que sirvan para detener estas tra-yectorias mediante intervenciones tempranas.

La viabilidad del enfoque preventivo dependerá, primero, de que el proceso de identificación y análisis de las trayectorias a controlar sea realizado conjuntamente entre autoridades, sector privado y habitantes del lugar, y segundo, del compromiso que demuestren autoridades y comunidad local en su aplicación práctica. Hay tres niveles de preven-ción para los cuales deben contemplarse acciones y medidas:

• En el nivel primario de prevención, se actúa sobre los contextos so-ciales y situacionales para modificar las condiciones propicias para la delincuencia y consolidar aquellas que favorecen comportamientos protectores por parte de los grupos más vulnerables. Para el caso de Soacha, por ejemplo, si los homicidios perpetrados por grupos de “limpieza social” son cometidos en su mayoría en la vía pública, con arma de fuego, en horas de la tarde y antes de medianoche en ciertos barrios claramente identificados, y sus víctimas son jóvenes que exhiben cierto grado de territorialidad sin ser viciosos, delin-

22. La base de datos digital está disponible en formato .xls y puede solicitarse por correo electrónico a las siguientes direcciónes: caqueta_78@yahoo.com.mx ó bperezsalazar@yahoo.com

23. Con esto también queremos referirnos al tipo de análisis espaciales que van más allá de la elaboración de mapas de localización de actividades criminales. En estos análisis, para llegar al origen del problema (que puede estar detrás de las causas o etiología), los mapas conceptuales pensados a partir del cono-cimiento crítico de un fenómeno, son un avance en la comprensión y manejo del mismo.

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cuentes o guerrilleros, la pregunta que debe resolverse con relación al nivel primario de prevención será: ¿qué medidas de policía, qué acciones de control social y qué modificaciones físicas del entorno pueden disuadir a los sicarios y proteger a los grupos de jóvenes más expuestos a ser victimizados?

• En un nivel de prevención secundaria, se realizan acciones dirigi-das a evitar que se cometan las infracciones o delitos específicos. Nuevamente, para el caso de Soacha, si la experiencia señala que las capturas y desmantelamientos de bandas responsables de asesinatos selectivos de jóvenes y desplazados son seguidas de inmediato por erupciones de amenazas, extorsiones, homicidios y terror general a cargo de las bandas que entran a ocupar el espacio dejado por la que fue desmantelada, la pegunta que debe resolverse con relación al nivel secundario de prevención será: ¿qué medidas de policía pueden tomarse para que estos episodios no vuelvan a repetirse en la eventualidad de un nuevo operativo de captura y desmantelamiento de bandas de delincuentes?

• En un tercer nivel de prevención, las acciones se dirigen a evitar la reincidencia por parte de los autores de acciones delictivas. Una vez más, para el caso de Soacha, si se disponen de los perfiles, tiempos y movimientos de los criminales que cometen homicidios selectivos, así como los de sus potenciales víctimas más vulnerables, la pregun-ta que debe resolverse en el tercer nivel de prevención será: ¿qué operaciones generales y específicas de policía pueden ejecutarse para disminuir la frecuencia de estos delitos y mejorar la situación de protección de las potenciales víctimas?24

Sin embargo planteamientos teóricos como los anteriores son más fácilmente enunciados que puestos en práctica, particularmente en comunidades desintegradas en contextos de alta movilidad, desarraigo y temor como los que se viven en la Comuna 4 de Soacha. Es frecuen-te escuchar en foros públicos reiteradas expresiones de desconfianza entre los pobladores de áreas en las que los jóvenes son azotados por la violencia homicida, ante la indiferencia de las autoridades frente a las “listas negras” que hacen circular las bandas de “limpieza social”. Así mismo rechazan la complicidad de algunos agentes de la Policía Na-cional en el mantenimiento del clima permanente de terror; específi-camente en Altos de Cazuca se refieren casos de anexión de pruebas y acusaciones falsas, y de expresiones amenazantes por agentes de la Fuerza Pública tales como:

“¿Qué hacen en la calle? ¿Acaso ya tienen comprado el ataúd?”.

24. Ver por ejemplo, Baratta, A. 1997 “Política criminal: entre la política de seguridad y la política social” en E. Carranza (Coord.) Delito y seguridad de los habitantes. México: Siglo XXI Editores – Programa Sistema Penal y Derechos Humanos ILANUD / Comisión Europea, pp. 80 – 95.

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Abusos de autoridad como estos, unidos a la sensible inseguridad que viven los habitantes en numerosos barrios de Soacha, son condiciones que permanentemente alimentan la desconfianza de la comunidad hacia las autoridades públicas y contribuyen a reproducir la situación de terror en que viven los pobladores de estos barrios por la despro-tección ante la violencia homicida.

Sin embargo hay experiencias documentadas acerca de casos en los cuales prácticas preventivas de policía han contribuido a reducir significativamente la prevalencia de homicidios, aún en comunidades azotadas por escaladas de violencia homicida. Se trata de experiencias basadas en una filosofía orientada a atacar problemas específicos de policía con base en el conocimiento de la realidad y el contexto de los conflictos, al igual que con base en la participación de la comunidad en la definición de las políticas de seguridad local.

Esta particular doctrina de policía reconoce la seguridad como una situación en donde hay dispositivos institucionalizados para proteger localmente a las personas al igual que su libertad, integridad, patrimonio y activos frente a amenazas como enfermedades, crisis económicas, inestabilidad política, desastres naturales y actos violentos por medio de la promoción de respuestas organizadas que fortalezcan la capacidad local de resistir activamente a estos eventos ante la posibilidad de su ocurrencia. Por consiguiente, la seguridad es un servicio público que se produce y se consume localmente a través de coaliciones locales entre los habitantes de un lugar, las autoridades públicas y el sector privado. Ante las fallas del servicio público de seguridad, la cohesión y autonomía local dependen de la capacidad de este tipo de coaliciones para proveer a las víctimas de asistencia (atención médica y terapéuti-ca), protección (detener el proceso de victimización) y compensación económica por el daño padecido.

En la medida en que para garantizar un servicio de seguridad local efectivo se requiere un dinamismo social intenso, una condición ne-cesaria para la operación del mismo es que la comunidad local sienta que tienen pleno control de su territorio. También es necesaria la conciencia colectiva de que la permanencia de la comunidad como tal depende de la autonomía y responsabilidad con que sea capaz de articular respuestas institucionalizadas alrededor de objetivos y metas de seguridad, tanto en relación con sitios de inseguridad sensible, como con poblaciones o grupos que resultan víctimas frecuentes y el control de presuntas las amenazas que afectan a estas víctimas, en el marco de unas relaciones constructivas con la sociedad más amplia del país.

Lo anterior significa que en la práctica debe haber confianza entre los habitantes y las autoridades locales. Sobre esa confianza es como se consolida el compromiso mutuo acerca de los objetivos y metas de seguridad que se pretenden alcanzar de manera coordinada. La

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disposición y posibilidad de analizar conjuntamente información siste-máticamente organizada proveniente de diversas fuentes sobre sitios sensibles a la inseguridad, poblaciones o grupos que resultan víctimas frecuentes y autores reincidentes de actos delictivos, puede ser de gran utilidad para propiciar el acercamiento entre las partes que se proponen integrar la coalición. El uso de una única fuente de información –la de las autoridades de policía– para evaluar o dar cuenta de la situación de seguridad de un sitio o un grupo, genera asimetrías en la apreciación y relaciones verticales que no favorecen la confianza, la colaboración ni la cooperación.

Un cambio por parte de las autoridades de actitudes y comportamien-tos frente al problema de los homicidios juveniles, así como un mayor interés y compromiso de las mismas en relación con la protección de los jóvenes, podría ser el punto de partida para iniciar la construcción de coaliciones locales que articulen objetivos y metas comunes de seguridad local en Soacha. Una oportunidad concreta para demostrar a la comunidad la voluntad de cambio de las autoridades sería la con-vocatoria tanto a líderes de organizaciones comunitarias como ONGs y empresarios reconocidos por los habitantes locales de barrios donde los jóvenes han sufrido más intensamente amenazas, persecuciones, hostigamientos y homicidios, con el propósito de revisar, complementar y analizar información organizada sobre sitios de inseguridad sensible, grupos de jóvenes potencialmente víctimas de homicidios y el control de presuntos autores de responsables de los mismos.

Naturalmente, el fortalecimiento de la confianza y los intercambios estables y productivos entre pobladores y autoridades enfrentan mayores difi-cultades en comunidades socialmente fragmen-tadas y donde hay una alta movilidad residencial. La suspicacia y la desconfianza mutua entre los pobladores en este tipo de contextos, no permiten que las redes de apoyo entre vecinos y amigos locales se extiendan a todo el barrio. Sin embargo, hay numerosas alternativas para tratar de superar los efectos de la segregación socioespacial, la frag-mentación social y alta movilidad, entre ellos, la creación de “acuerdos locales de desescalamiento de la violencia”, la adecuación de “espacios públicos defendibles” por la comunidad local, el mejora-miento de la seguridad de las viviendas, programas de limpieza y mantenimiento de zonas comunes y, en general, la promoción de escenarios en los cuales los habitantes tengan la oportunidad de percibir que tienen influencia personal sobre los acontecimientos del barrio en que viven.

La seguridad es un servicio público que se produce y se consume localmente a través de coaliciones locales entre los habitantes de un lugar, las autoridades públicas y el sec-tor privado. Ante las fallas del servicio público de seguridad, la cohesión y autonomía local dependen de la capacidad de este tipo de coaliciones para proveer a las víctimas de asis-tencia (atención médica y tera-péutica), protección (detener el proceso de victimización) y compensación económica por el daño padecido.

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Epílogo: ¿Un cuerpo de policía especializado en protección juvenil?

Los jóvenes expresan su identidad grupal en forma territorial. El territorio, más que un espacio físico, delimitado política y administrativamente, es un lugar donde se crean vínculos: el parche, la gallada, la tribu. Pero así como hay tribus “buenas”, dedicadas a construir espacios de inclusión a partir del trabajo, el deporte y la cultura, también las hay “malas” (pandillas y bandas) que fundamentan su acción en la construcción de vínculos, conexiones y resortes con la delincuencia, la criminalidad y grupos armados ilegales. Estas últimas son las que se asocian al consumo de drogas ilegales y a redes delincuenciales.

El problema para las autoridades es que, circunstancialmente, no dis-ponen de mecanismos efectivos para identificar - discriminar positi-vamente estas tribus y encaminar acciones para proteger la vida y los espacios de identidad grupal. La desterritorialización deviene de accio-nes, generalmente violentas, que desestructuran social y culturalmente los espacios en donde se construyen procesos de identidad. Como es de esperarse y se ha visto a lo largo de este artículo, los fenómenos violentos también manifiestan una actividad territorial, que encubre la lucha por el control social.

En razón a complejidad de fenómeno, el campo de la seguridad juvenil parece ser uno en el cual se podría obtener beneficios a partir del uso más intensivo de los recursos de información disponibles para com-prender mejor el fenómeno de los homicidios juveniles en contextos urbanos, y afinar tácticas y estrategias para prevenir y reducir su inciden-cia sobre la población juvenil. ¿La protección juvenil frente al homicidio justificaría pensar en la posibilidad de crear un cuerpo especializado de policía con capacidad de manejo y análisis intensivo de información para entender esta responsabilidad de policía?

Referencias Bibliográficas

Acero, H. 2003. Violencia y delincuencia en contextos urbanos. La experiencia de Bogotá en la reducción de la criminalidad 1994 -2002. Bogotá: SUIVD

Baratta, A. 1997 “Política criminal: entre la política de seguridad y la política social” en E. Carranza (Coord.) Delito y seguridad de los habitantes. México: Siglo XXI Editores – Programa Sistema Penal y Derechos Humanos ILANUD / Comisión Europea, pp. 80 – 95.

Cárdenas, C. y A. González 1996. “Las obras de ingeniería y sus riesgos”. Bogotá: Coopre-ver, mimeo, p. 4, citado en Pérez, F (Coord.). 2002. Familias colombianas: estrategias frente al riesgo, Bogotá: DNP – PNUD – ICBF – Misión Social. p.151).

Castro, H. y Y. Burbano. 2003. Una mirada a Altos de Cazucá desde la perspectiva de los Derechos Humanos, Bogotá: FEDES.

CRNV. 2003. “Forensis. Datos para la vida 2002, Bogotá: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Centro de Referencia Nacional sobre Violencia.

CRNV. 2004. Forensis. Datos para la vida 2003, Bogotá: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Centro de Referencia Nacional sobre Violencia.

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DANE. 2002. División político administrativa de Colombia, Bogotá: DANEDANE. 2003. Informe Final y Anexos. Censo experimental de población y vivienda del

municipio de Soacha. Bogotá: DANEFajnzylber, P., D. Lederman y N. Loayza (Ed.) 2001 Crimen y violencia en América Latina,

Bogotá: Banco Mundial - AlfaomegaLibreros, J. 2004. «Descentralización y orden público: ¿Divide y vencerás?, en Becker, A.,

S. Castro, M. Cárdenas (Comp.) Desarrollo de las regiones y autonomía territorial. Bogotá: GTZ – FESCOL.

INGEOMINAS / Universidad de Los Andes. 1997. Microzonificación sísmica de Santa Fe de Bogotá. Bogotá: INGEOMINAS – UPES – Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

Marcus, M. 1997. «El delito y los modos de regulación de conflictos urbanos», en E. Carranza (Coord.) Delito y seguridad de los habitantes. México: Siglo XXI Editores – Programa Sistema Penal y Derechos Humanos ILANUD / Comisión Europea, pp. 99 -117.

Mercy, J. and W. R. Hammond. 1999. «Preventing Homicide: A Public Health Perspective» en Smith, M. and M. Zahn (Eds.) Studying and Preventing Homicide: issues and challenges. Thousand Oaks, CA: Sage. Pp. 297 – 310.

Pérez, F. (Coord.). 2002. Familias colombianas: estrategias frente al riesgo, Bogotá: DNP – PNUD – ICBF – Misión Social. p.151).

Pérez, M. E. 2004. Territorio y desplazamiento. El caso de Altos de Cazucá, Municipio de Soacha, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana – Facultad de Estudios Ambientales y Rurales.

Pinzón de Lewin, P. (Ed.). 2002. Colombia, conflicto armado, regiones, derechos humanos y DIH 1998 – 2002. Bogotá: Vicepresidencia de la República – Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, pp. 52 - 53.

Quintero, F. 2003. “Cuerpo – sujeto joven y estrategias de vida. Una mirada biopolítica de los cuerpos juveniles” en E. Salazar (Coord.) Jóvenes qué dicen... Bogotá: Alcaldía Municipal de Soacha – ESAP. pp. 39 – 62.

Reguillo, R. 2000. Emergencia de Culturas Juveniles: estrategias del desencanto. Bogotá: Norma

Salazar, A. (coord.), 1998. Imaginarios, presencias y conflictos entre los jóvenes de Bogotá. Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo – Observatorio de Cultura Urbana – CEUCA.

Simon, A. 2004. Eventos Pertinentes para una Gestión Comprehensiva de la Feno-menología Ambiental de una Región - El tercer escollo: ¿Dónde estamos? – o, el “misterio” de la georeferenciación. Bogotá, ARTHUR SIMON & CÍA. LTDA.

White, M., J. Fyfe, S. Campbell and J. Goldkamp. 2003. “The Police Role in Preventing Homicide: Considering the Impact of Problem - Oriented Policing on the Pre-valence of Murder”, Journal of Research in Crime and Delinquency, Vol. 40, No. 2, May 2003, pp. 194 -225.

Documentos y artículos de prensa “Municipio de Soacha: Rastros de la violencia en el año 2003”

“Resolución Defensorial Regional 003 de Agosto 14, 2002”, Bogotá: Defensoría del Pueblo, en: http//www.disaster-info.net/desplazados

“«Yo no maté a 37 personas, maté a 137»”, El Tiempo, Noviembre 7, 2004, p. 1- 4.

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Anexo A1 (mapograma) Soacha, Frecuencia de homicidios de víctimas de 10 a 24 años por barrio o vereda 1999-2003. Fuente: DANE, INMLCF y cálculos propios

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Análisis de datos de Homicidios

Resumen

Dado que el fenómeno de homicidios en Colombia tiene una dinámica tan compleja y ligada a factores de naturaleza local, resulta difícil hacer apreciaciones más allá de las que se presentan a continuación para caracterizar datos forenses acopiados y organizados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses durante el año 2004.

En relación con los demás atributos contemplados en las distribucio-nes estadísticamente construidas con los registros forenses referidos al homicidio, hay continuidades con el comportamiento reflejado por las series de años anteriores: la incidencia del homicidio tiene una dis-tribución entre áreas urbanas y rurales similar a la de la población para el conjunto del país, el mecanismo utilizado para infligir la lesión que causó la muerte fue un arma de fuego en más del 80% de los casos, el lugar dónde ocurrieron los hechos fue la vía pública en más de la mitad de los casos al igual que lo son los homicidios en los cuales las circunstancias en que sucedieron son desconocidas, y la ocupación más expuesta al riesgo de ser víctimas de homicidios es la del comerciante, aun cuando resulta sorprendente la frecuencia con que las víctimas de homicidios son miembros retirados de la Fuerza Pública. Además de manera similar a lo registrado en años anteriores, los campesinos son el grupo vulnerable más afectado por la violencia homicida, por encima de los presuntos integrantes de grupos armados ilegales, de los indigentes / recicladores y de los drogadictos.

El intento de ofrecer un marco interpretativo de cualquiera de estas distribuciones generales de la violencia homicida en Colombia requiere de estudios focalizados en factores como el tiempo, lugar y edad bio-lógica para ofrecer elementos que aporten a la comprensión efectiva del fenómeno en cada contexto.

Tasa nacional de homicidios

La tasa nacional de homicidios en Colombia para el 2004 se ubicó en 42 casos por cada 100 mil habitantes. Esto significa una reducción de 8 puntos frente a los 50 casos por cada 100 mil habitantes registrada en 2003 y la más baja en los últimos 10 años como se aprecia en la figura 1.

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Figura 1. Tasa de homicidio

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En la figura 2 presentamos la tendencia del comportamiento de los homicidios en un período de tiempo más amplio y contrastada con datos de la Policía Nacional, DIJIN.

Figura 2. Homicidios en Colombia

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Lo anterior puede interpretarse de varias maneras y con algunas re-servas. En primer lugar como el resultado de la continuación de la política de seguridad democrática implementada por el gobierno del presidente Uribe. Bajo este escenario se puede atribuir al Estado y a sus organismos de control y vigilancia el acorralamiento de los grupos armados ilegales y de la delincuencia.

En segundo lugar se puede explicar la reducción de la tasa de homi-cidios como consecuencia de la lucha por el control social y territorial desplegada por parte de los grupos armados. En este escenario se puede pensar que los homicidios no se cometen de manera indiscri-minada sino selectivamente para presionar sobre poblaciones y territo-rios específicos con la finalidad única de obtener ventajas estratégicas. Estas pueden ser económicas o políticas. Al localizarse las acciones es posible que se incrementen las ejecuciones colectivas (masacres) pero se reduzcan los homicidios que deja la confrontación violenta.

Un tercer escenario se plantea desde la acción comunitaria que ante la confrontación armada y la delincuencia ha desarrollado mecanismos de defensa. Un ejemplo de esto son los “territorios de paz” en las zonas rura-les, promovidos por grupos indígenas y con el apoyo de organizaciones del sector social y organismos internaciones de Derechos Humanos. En los centros urbanos puede ser el resultado de la difusión y ejecución de planes de seguridad y convivencia que integran a la ciudadanía con las autoridades en la solución activa de los diferentes problemas.

Adicionalmente es necesario reconocer que en Colombia la violencia es un fenómeno complejo, que difícilmente se pueda comprender exclu-sivamente como resultado de factores generales ó sobrecogedores. La mera constatación de que la reducción de los homicidios registrada no se ha dado de modo homogéneo sobre todo el territorio, sino que se ha concentrado en ciertos puntos discretos, sugiere que el homicidio en Colombia responde a dinámicas locales discretas.

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Distribución departamental de los homicidios

Como es de esperarse, la tasa de homicidios a nivel departamental se redujo. Pero básicamente la tendencia de los departamentos donde más homicidios ocurren se mantiene en relación con años anteriores. En la tabla siguiente se presentan las cifras obtenidas durante el año 2004.

Cuadro 1. Homicidios por departamento

Colombia 2004

No obstante, al revisar las cifras de años anteriores llama la atención como en apenas dos años algunos departamentos rompen la tendencia al decremento de las tasas de homicidios. Es el caso del departamento del Casanare que en apenas dos años a duplicado prácticamente su tasa de homicidios (de 63 en 2002 paso a 111 en 2004). Aunque menos drásticamente, también aumentaron sus tasas los departamentos de la Guajira, Huila, San Andrés, y Amazonas.

En el caso contrario, los departamentos que han logrado mayor éxito en la reducción de sus tasas de homicidio son, Arauca, Antioquía, Caqueta, Caldas y Norte de Santander. Un mayor número de departamentos (21) se encuentran por debajo de la tasa nacional; 11 departamentos la superan, pero de estos la mayoría han logrado exitosamente reducir sus tasas. Algunos de los departamentos que años atrás contaban con fuerte presencia de grupos armados ilegales como Arauca y Caquetá hoy día se benefician de tasas de homicidios más bajas.

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Otro aspecto que llama la atención al considerar los registros de las tasas de homicidio agregadas por departamento para 2004, es el compor-tamiento cercano a la tasa nacional de homicidios del departamento de Antioquia, particularmente por que en el pasado reciente las tasas correspondientes registraban valores muy superiores al promedio na-cional. También se destacan las tasas sorpresivamente bajas registradas en relación con la tasa promedio nacional en el caso de Departamen-tos como Chocó, Putumayo y Guanía, entre otros, que también fueron teatros de guerra principales durante el año 2004 entre las Fuerzas Mi-litares, la guerrilla y los grupos paramilitares. Frente al comportamiento inesperado de los homicidios en estos territorios, no puede descartarse la posibilidad de que una parte de la reducción de los homicidios en relación con años anteriores se deba al sub-registro en estas regiones apartadas y de difícil acceso.

Distribución municipal del homicidio

La comparación de la distribución de homicidios entre 2003 y 2004 con base en los registros de INMLCF no puede hacerse de manera sistemática, debido a que hasta 2003 los datos se organizaban de conformidad como eran producidos en 126 puntos de atención que tiene el Instituto distribuidos en el país. A partir de 2004, los datos se presentan organizados de acuerdo con el municipio donde tuvieron lugar los hechos que condujeron a la muerte des la víctimas de homi-cidio. Por lo tanto para este año, los registros están distribuidos en 645 municipios donde ocurrieron 17.556 homicidios para los cuales el lugar de los hechos pudo establecerse directamente. La diferencia con el total de 18.888, es decir 1.332 homicidios, no aparece relacionadas por municipio debido a que por diversas razones no logró establecerse el municipio donde ocurrieron los hechos. Por consiguiente, en adelante la discusión de los datos de homicidios se hará en relación con el total de 17.566 homicidios.

A pesar de la dificultad anterior, es posible hacer algunas observaciones acerca de la distribución de los homicidios por lugar de los hechos en 2004. En primer lugar hay que destacar que prácticamente dos terceras partes de la reducción en homicidios registrados en 2004 frente a 2003, tuvo lugar en las grandes ciudades. Son notables los decrementos en Medellín, Cúcuta y Barranquilla.

El comportamiento de los homicidios en las principales ciudades se presenta en el cuadro siguiente1.

1. La distribución completa de homicidios por muni-cipio se presenta anexa al final del presente análisis

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Cuadro 2. Homicidio en algunas capitales de departamento

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Distribución del homicidio por grupos de edad y sexo

Al considerar comparativamente el comportamiento de los homici-dios por grupos de edad entre 2003 y 2004, se puede observar que las tasas de homicidio muestran un patrón similar como se observa en la figura 3. Debido al menor número de registros para el 2004, las tasas de homicidio resultan de menor magnitud, aun cuando guardan las proporciones correspondientes a cada grupo de edad. La mayor dife-rencia entre las tasas es del orden del 50% y se presenta en el grupo de 15 a 17 años. De acuerdo con esta lectura, sería en este grupo de edad donde tuvo lugar el mayor decremento en el impacto causado por los homicidios. Alternativamente, también podría ser posible sugerir que en el caso de que haya habido sub-registros, sería este el grupo de edad más sub-representado.

Figura 3. Comparativo de tasas de homicidio por grupo de edad

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Por edad y género la tendencia se mantiene. Pero mientras que en los hombres la edad crítica de victimización comienza en el grupo de los 15 a 17 años,y termina en el grupo de 45 a 59, en las mujeres la victimi-zación comienza a una edad más temprana, entre los 10 y 14. La gráficas siguiente y su correspondiente tabla, ilustran la tendencia. El promedio de edad de los hombres asesinados es de 39 años, mientras que el de las mujeres es de 40.

Figura 4. Homicidio según edad y sexo

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Figura 5. Tasa de homicidio por edad y sexo

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Cuadro 3. Homicidios por edad y sexo

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Otro aspecto que podemos destacar es el número de años de vida po-tencialmente perdidos (AVPP). Según se aprecia en la tabla, el grupo de edad entre 18 y 34 años representa el 59.5% de los casos de homicidios de hombres y mujeres. Por esta manera de muerte en este grupo se pierden 460.189 años. La relación, años de vida perdida por homicidios y población económicamente activa puede ser desastrosa en términos del país que a futuro queremos construir y de los costos sociales que esto implica si son nuestros jóvenes los que siguen asesinando.

Cuadro 4. Homicidios según tipo de arma o mecanismo

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Como se puede observar en la tabla, el uso de armas de fuego sigue ocupando el primer lugar de preferencia por parte de los homicidas. Con respecto al año anterior, el porcentaje de uso de este mecanismo disminuyó muy poco: de 83.5% pasó a 82.85%, pero el uso de armas cortopunzantes ascendió respecto al año anterior: De 9.4% en 2003, pasó a 10.59% en 2004. De las cifras anteriores surge una pregunta que valdría la pena indagar: ¿qué factores culturales (psicosociales), naturales (biólogicos, genéticos) hacen que la violencia homicida o interperso-nal, sea un fenómeno que en su gran mayoría termina afectando a los

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hombres y excluye a las mujeres? De la identificación de estos factores podríamos aprender mucho para neutralizar tanto las causas como los efectos de la violencia. En la gráfica siguiente se visualiza mejor este fenómeno.

Figura 6. Homicidio según arma o mecanismo

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Distribución del homicidio según nivel de escolaridad de las víctimas

La tabla que acompaña la gráfica revela información que bien vista es muy preocupante: en primer lugar el alto porcentaje de personas asesinadas con algún nivel de educación básica primaria y secundaria (43%). El segundo, y esto se puede evidenciar en los hallazgos de la investigación que acompaña el presente análisis de datos, es que ni el sistema forense, ni el sistema judicial pueden capturar satisfactoriamente la información de las víctimas de hechos violentos. Para esta distribución según manera de muerte, el porcentaje de víctimas sin información es 46.7%. En otras distribuciones, aunque en menor grado, la falta de infor-mación sobre las víctimas dificulta tanto la investigación judicial, como la investigación social a partir de datos forenses. No obstante, es mucho lo que hemos avanzado al respecto. ¿Qué factores impiden un mayor nivel de recolección de datos forenses y judiciales sobre las víctimas?

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Cuadro 5. Homicidios por escolaridad

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Figura 7. Homicidio según escolaridad

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VDe momento, dejamos a disposición del lector la tabla que acompaña la gráfica para que haga su propia opinión.

Cuadro 6. Homicidios según agresor

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Distribución del homicidio según agresor

La información estadística que da origen a la gráfica anterior, que por si misma habla, puede resultar muy polémica para un análisis sin más fuentes de información y sin series de tiempo más extensas.

Figura 8. Homicidio según agresor

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Distribución de los homicidios según ubicación topográfica de la lesión

Del total de homicidios 13.783, es decir, el 78.4% de las víctimas mueren por lesiones en varias partes del cuerpo: politrauma, 32.1%, lesiones causadas en el cráneo 31.9% y torax 14.4%, lo cual indica un alto nivel de especialización en la acción de matar.

Cuadro 7. Homicidios según diagnóstico topográfico

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Si esta información se cruza con el tipo de arma o mecanismo causal utilizado para asesinar, podríamos conocer más acerca de la intención y motivación de los homicidas. Pero aun más. Si a lo anterior le agregamos la distribución geográfica y el agresor, podríamos obtener mayor cono-cimiento del fenómeno. Este tipo de correlaciones a partir de bases de datos contrastadas con otras fuentes de información estadística como la de la SIJIN, darían como resultado no solamente un mejor nivel de conceptualización y conocimiento de las acciones violentas, sino que estarían en la base de acciones y estrategias de las autoridades para reducir el delito y la criminalidad.

Distribución del homicidio según circunstancias o motivo del hecho

Cuadro 8. Homicidios según circunstancia o motivo del hecho

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Las circunstancias sociales motivaron el 29.1% de los homicidios, que en términos absolutos representa un decremento de 1.574 homicidios con respecto al año anterior. El conflicto armado disminuyo su parti-cipación absoluta y porcentual: de 28.2% (3.724 casos) en 2003, pasó a 15.1% (2.649 casos), para una reducción de 1075 casos. Lo anterior, una vez más, debe interpretarse con mucha reserva por cuanto el número de casos sin información durante 2004 (sin dato en la tabla) tiene un peso que arrastra y sesga todo análisis posible.

Figura 9. Homicidio según circunstancia del hecho

Colombia 2004

Distribución de los homicidios según zona y escenario del hecho

En cuanto a la tendencia de esta distribución se presentó un leve, pero significativo incremento en la frecuencia: las zonas urbanas reportan el mayor número de casos por homicidio con un 68.7% para un total de 12.068 eventos frente al 29.4% de las zonas rurales con 5.167 casos. Du-rante el año 2003 el 67.1% correspondió a las zonas urbanas y el 32.9% a las rurales. Si la población rural desciende, como de hecho sucede, es claro que las tasas en términos relativos aumentan. Pero esto no explica el comportamiento de las zonas urbanas donde la población aumenta y las tasas bajan aun cuando el número de eventos, como es de esperarse, aumenten. Además, como se dijo al inicio de este capítulo, la concentración espacial de la violencia en regiones y centros urba-nos específicos sobre los cuales la información es deficiente, dificulta el análisis objetivo de este fenómeno. En la gráfica siguiente se muestra su comportamiento.

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Figura 10. Homicidio según escenario del hecho

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Distribución de los homicidios según actividad

Figura 11. Homicidio según actividad

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Cuadro 9. Homicidios según actividad durante el hecho

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Una vez más el 47.23% de los casos de homicidio no registran infor-

mación sobre la actividad que realizaba la persona al momento de ser asesinado. El 17.79% reporta otras actividades. El 14.7% se encontraba en actividades de recreación. Las actividades remuneradas y no remunera-das significan el 15.32%; el restante 5.9% se encontraba en actividades de descanso o deportivas. Los datos anteriores, como lo muestran la tabla y gráfica adjunta, llaman a una pregunta: ¿qué tipo de trabajos (en términos de trabajo digno) y actividades (en términos de activida-des sanas) realizan los colombianos para que sean asesinados de esta manera? Seguramente el 47.23% sin datos cambiaría esta distribución y nos aproximaría a una respuesta igualmente alarmante.

Distribución de los homicidios por grupos vulnerables

La existencia en Colombia de grupos vulnerables implica de facto que nuestra sociedad presenta formas de segregación social, espacial y ét-nica injustificables. Pero que sean nuestros campesinos quienes entre-guen el mayor número de víctimas (36.3%), evidencia la resonancia en zonas rurales de un conflicto que, como quieran llamarlo, los envuelve y amenaza con aumentar la población de desplazados hacia centros urbanos donde el riesgo de victimización es mayor.

Cuadro 10. Homicidios según pertenencia a grupos vulnerables

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Distribución temporal de homicidio

En la gráfica siguiente el lector encontrará las gráficas que describen el comportamiento mensual y horas mas frecuentes en que ocurren los homicidios.

Figura 13. Homicidio según mes del hecho

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Como se puede ver claramente, el mes del año en que ocurren mayor número de homicidios es mayo (al igual que años anteriores). ¿Tiene algo que ver esto con la celebración del día de la madre? Lo del incremento du-rante los meses de diciembre a enero se explica mediante una racionalidad económica que activa la violencia instrumental con fines económicos. La gráfica que muestra la hora del hecho no reviste problema de interpretación: la hora de mayor peligro sigue siendo entre las 6 P.M. y las 12 de la noche (28.2% de los homicidios)

Figura 12. Homicidio según hora del hecho

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Cuadro 11. Homicidios según distribución geográfica por departamentos y municipios

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Conclusiones

Todas las conclusiones y recomendaciones que hemos venido plan-teando durante los últimos años en nuestro Forensis hay que reiterarlas y persistir en ellas para que hagan eco en las conciencias de autoridades políticas, administrativas de policía y de justicia sobre todo si se tiene en cuenta que evitar una muerte es mucho más rentable social y eco-nómicamente para el país. Sea esta la mayor recomendación: “proteger la vida de nuestros conciudadanos”. Sin embargo, a las ya planteadas agregamos algunas que esperamos sean útiles para las autoridades señaladas y para todos los colombianos.

Hemos avanzado notoriamente en la recolección, consolidación y me-joramiento de nuestro sistema de información derivado de la práctica forense. No obstante, aun se presentan enormes vacíos en la recolección de datos por parte de las autoridades judiciales y forenses lo cual se evidencia en el gran número de eventos que aparecen “sin dato” en las diferentes distribuciones analizadas.

El intento de ofrecer un marco interpretativo de cualquiera de los rasgos generales de la violencia homicida en Colombia requiere de estudios focalizados en factores como el tiempo, lugar y edad biológica, relacio-nados con factores como actividad, escolaridad y distribución geográfi-ca, por ejemplo, para ofrecer elementos que aporten a la comprensión efectiva del fenómeno en cada contexto.

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En cuanto al fenómeno del homicidio como manera de muerte, hay continuidades en el comportamiento reflejado por las series de años anteriores que permiten identificar tendencias que puedan anticipar acciones preventivas mediante “políticas de Estado” en materia de re-ducción de homicidio y la criminalidad en general.

Los atributos “sin dato” sumados al uso de tasas calculadas con proyec-ciones de población sin factor de corrección por aumento o disminución de la población, pueden estar generando un sub registro que no deja apreciar la magnitud de los homicidios en su real dimensión.

Recomendaciones

Para mejorar los análisis sobre el homicidio, y la criminalidad en general, se requiere comenzar a contrastar la información forense disponible (que incluye protocolos, dictámenes y otros registros) con otras fuentes de información de policía judicial, como el CIC3 por ejemplo.

Promover en las autoridades judiciales y forenses la idea de mejorar la recolección de la información que los dos sistemas producen con be-neficio de inventario para la investigación social y judicial, en busca de nuevos horizontes paz y seguridad nacional.

3. Centro de Investigación Criminalistica de la Policía Nacional