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LIBRO BLANCO

PROGRAMA PROMOCIÓN DE CONVENIOS EN MATERIA DE JUSTICIA

(PPCMJ)

2001-2006

ÍNDICE

ÍNDICE PÁG.

ANTECEDENTES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CDI) 1

I. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PROMOCIÓN DE CONVENIOS EN MATERIA DE JUSTICIA (PPCMJ) 16

1.1 Objetivos 18

1.2 Período de vigencia que se documenta 18

1.3 Ubicación geográfica 19

1.4 Características técnicas 20

1.5 Unidades Administrativas Participantes 22

1.6 Cobertura 25

II. FUNDAMENTO LEGAL DEL LIBRO BLANCO 27

III. OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO 30

IV. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PPCMJ 32 V. MARCO NORMATIVO DEL PPCMJ 37

VI. VINCULACIÓN DEL PPCMJ 41

6.1 Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006 42

6.2 Programas Especiales 54 VII. SÍNTESIS EJECUTIVA 60

VIII. ACCIONES REALIZADAS 76

IX. SEGUIMIENTO Y CONTROL 96

9.1 Informes periódicos sobre avances y situación 97 9.2 Acciones realizadas de corrección y mejora 100 9.3 Intervenciones de control y auditorías practicadas 100

9.4 Atención de observaciones determinadas 102

X. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS 104

10.1 Resultados y beneficios alcanzados 105

10.2 Convenios suscritos por estado 111

10.3 Presupuesto ejercido por estado 113

XI. INFORME FINAL 114

XII. DOCUMENTACIÓN SOPORTE 121

a. Autorizaciones de los recursos

b. Convenios suscritos

Titular de la Entidad 123

GLOSARIO. 124

1

ANTECEDENTES DE LA COMISIÓN

NACIONAL PARA EL DESARROLLO

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(CDI)

2

ANTECEDENTES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA

EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CDI)

Creación

El 21 de mayo de 2003 se publicó en el

Diario Oficial de la Federación el Decreto

por el cual se expide la Ley de la Comisión

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas y con ello se abrogó la Ley de

Creación del Instituto Nacional Indigenista.

Este Decreto de creación entró en vigor a

partir del 5 de julio de 2003.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es

un organismo:

• Descentralizado de la Administración Pública Federal

• No sectorizado

• Con personalidad jurídica y patrimonio propio

• Con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa

• Con sede en la Ciudad de México

3

Misión

Orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y

evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas

para alcanzar el desarrollo integral y sustentable y el ejercicio pleno

de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas con base

en el artículo 2º. De la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Principios

• Preservación del carácter multiétnico y pluricultural en la nación.

• Promoción de acciones contra la discriminación o exclusión

social.

• Construcción de una sociedad incluyente, plural, tolerante y

respetuosa de la diferencia y el diálogo intercultural.

• Impulso de la integridad y transversalidad de políticas,

programas y acciones de la Administración Pública Federal para

el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

4

• Fomento del desarrollo sustentable para el uso racional de los

recursos naturales de las regiones indígenas.

• Inclusión del enfoque de género en políticas, programas y

acciones de la Administración Pública Federal.

• Consultar a los pueblos y comunidades indígenas cada vez que el

Ejecutivo Federal promueva reformas jurídicas y actos

administrativos, programas de desarrollo o proyectos que

impacten significativamente sus condiciones de vida y su

entorno.

Funciones

I. Ser instancia de consulta para la formulación, ejecución y

evaluación de los planes, programas y proyectos que las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

desarrollen en la materia;

II. Coadyuvar al ejercicio de la libre determinación y autonomía de

los pueblos y comunidades indígenas en el marco de las

disposiciones constitucionales;

III. Realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades

de la Administración Pública Federal, las cuales deberán consultar a

5

la Comisión en las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo

de los pueblos y comunidades indígenas; de coordinación con los

gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de

interlocución con los pueblos y comunidades indígenas y de

concertación con los sectores social y privado;

IV. Proponer y promover las medidas que se requieran para el

cumplimiento de lo dispuesto en el apartado B del artículo 2o. de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Evaluar las políticas públicas y la aplicación de los programas,

proyectos y acciones gubernamentales que conduzcan al desarrollo

integral de dichos pueblos y comunidades;

VI. Realizar investigaciones y estudios para promover el desarrollo

integral de los pueblos indígenas;

VII. Apoyar los procesos de reconstitución de los pueblos indígenas;

VIII. Coadyuvar y, en su caso, asistir a los indígenas que se lo

soliciten en asuntos y ante autoridades federales, estatales y

municipales;

6

IX. Diseñar y operar, en el marco del Consejo Consultivo de la

Comisión, un sistema de consulta y participación indígenas, en el

establecimiento de los procedimientos técnicos y metodológicos para

promover la participación de las autoridades, representantes y

comunidades de los pueblos indígenas en la formulación, ejecución y

evaluación de los planes y programas de desarrollo;

X. Asesorar y apoyar en la materia indígena a las instituciones

federales, así como a los estados, municipios y a las organizaciones

de los sectores social y privado que lo soliciten;

XI. Instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo

de los pueblos indígenas cuando no correspondan a las atribuciones

de otras dependencias o entidades de la Administración Pública

Federal o en colaboración, en su caso, con las dependencias y

entidades correspondientes;

XII. Participar y formar parte de organismos, foros e instrumentos

internacionales relacionados con el objeto de la Comisión;

XIII. Desarrollar programas de capacitación para las dependencias y

entidades de la Administración Pública Federal, así como para las

entidades federativas y municipios que lo soliciten, con el fin de

mejorar la atención de las necesidades de los pueblos indígenas;

7

XIV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los

gobiernos de las entidades federativas, con la participación que

corresponda a sus municipios, para llevar a cabo programas,

proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y

comunidades indígenas;

XV. Concertar acciones con los sectores social y privado, para que

coadyuven en la realización de acciones en beneficio de los

indígenas;

XVI. Establecer las bases para integrar y operar un sistema de

información y consulta indígena, que permita la más amplia

participación de los pueblos, comunidades, autoridades e

instituciones representativas de éstos, en la definición, formulación,

ejecución y evaluación de los programas, proyectos y acciones

gubernamentales;

XVII. Ser instancia de consulta para las dependencias y entidades de

la Administración Pública Federal con el fin de formular el proyecto

de presupuesto consolidado en materia de desarrollo de los pueblos

y comunidades indígenas a incluir en el Presupuesto de Egresos de la

Federación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la

Constitución Federal;

8

XVIII. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus

funciones y los avances e impacto de las acciones de las

dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública

Federal, estatal y municipal en materia de desarrollo de los pueblos

indígenas y

XIX. Las demás que establezcan las disposiciones legales

aplicables.

Estructura

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,

está regida por una Junta de Gobierno integrada por los Titulares de

las siguientes Secretarías de Estado:

• Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y

Alimentación.

• Comunicaciones y Transportes.

• Desarrollo Social.

• Economía.

• Educación Pública.

9

• Función Pública.

• Gobernación.

• Hacienda y Crédito Público.

• Medio Ambiente y Recursos Naturales

• Reforma Agraria.

• Salud.

• Trabajo y Previsión Social.

• Turismo

Funciona además un Consejo Consultivo integrado por:

NÚMERO DE CONSEJEROS

REPRESENTANTES:

123

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

6

DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN

12

DE ORGANIZACIONES SOCIALES

7

DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE LAS COMISIONES DE ASUNTOS INDÍGENAS DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y SENADORES

32

DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

10

El Consejo Consultivo es un órgano colegiado y plural, que tiene

como propósito analizar, opinar y hacer propuestas a la Junta de

Gobierno y al Director General de la CDI sobre las políticas,

programas y acciones públicas para el desarrollo de los pueblos

indígenas. El Consejo sesionará de manera trimestral y será

presidido por un representante indígena.

La CDI es administrada por:

Dirección General

Unidad de Planeación y Consulta

Unidad de Coordinación y Enlace

Coordinación General de Administración y Finanzas

Coordinación General de Programas y Proyectos Especiales

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Delegaciones

Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena

11

Programas

• Albergues Escolares Indígenas

• Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas

12

• Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas

• Fondos Regionales Indígenas

• Organización Productiva para Mujeres Indígenas

• “Promoción de Convenios en Materia de Justicia”

• Programa de Desarrollo de las Comunidades Mayas de la

Península de Yucatán.

• Ecoturismo en Zonas Indígenas.

• Apoyo a la Producción PROCAPI

Ecoturismo en Zonas Indígenas

Cobertura geográfica

La CDI funciona con un esquema desconcentrado, mediante la

operación de sus Delegaciones en 23 estados de la República

Mexicana.

Geográficamente abarca a más estados, dado que se atienden

acciones de diferentes programas y proyectos en entidades en las

que aun cuando no existe Delegación; las actividades son

coordinadas por la delegación más cercana.

También se cuenta con la atención de 110 Centros Coordinadores

del Desarrollo Indígena, un Centro de Investigación, Información y

13

Documentación de los Pueblos Indígenas de México, 28 Centros

Regionales (CRID) y 1,085 albergues escolares, todas estas

instancias integran un Sistema Nacional que conduce las

actividades de la CDI a nivel nacional.

Asimismo se tiene un Sistema de Radiodifusoras Culturales

Indigenistas (SRCI) que incluye:

• 20 emisoras en AM y 4 en FM

• Operación en 15 estados de la República Mexicana

• Cobertura de 26.5 millones de radioescuchas, de los cuales 5.5

millones son hablantes de lenguas indígenas (HLI) en 954

municipios

Importancia

Los pueblos indígenas de México.

La población mexicana presenta un panorama social altamente

diversificado, donde los pueblos indígenas son quienes más

contribuyen con su patrimonio cultural y la manifestación de usos y

costumbres a la riqueza de la Nación, a pesar de ser los más pobres

dentro del total de los mexicanos. Estos pueblos indígenas están

integrados por un poco más de 15 millones de personas, las cuales

están distribuidas en aproximadamente 12,500l localidades y

constituyen el 14.43% del total de la población mexicana (103,

14

951,000 habitantes) y para las cuales la Administración del

presidente Vicente Fox Quezada, no ha escatimado esfuerzos para

atenderlos.

Otras características de la población indígena son:

• En 12 entidades del país se concentran 5.4 millones de Hablantes

de Lengua Indígena (HLI), los restantes 678,000 están diseminados

en el resto de los 30 estados.

• Existen 871 municipios indígenas en México; se registran HLI en

2,330 de los 2,428 municipios del país.

• Nuestro país ocupa el octavo lugar en el mundo, entre los que

registran la mayor cantidad de pueblos indígenas.

• Nuestro país tiene una superficie de casi 2 millones de kilómetros

cuadrados. Los mexicanos indígenas poseen en las regiones en

las que viven, una superficie que abarca la quinta parte del

territorio nacional.

• El 70% de los recursos petroleros se extrae de yacimientos marinos

y terrestres del trópico mexicano. Los más importantes

corresponden a los estados de Campeche, Tabasco y Chiapas, en

municipios con una fuerte presencia indígena.

15

• Las principales presas hidroeléctricas del país como son La

Angostura, Malpaso, Chicoasén, Aguamilpa y Presidente Alemán, se

ubican en territorios indígenas.

• Los ejidos y comunidades agrarias en municipios indígenas tienen

en propiedad el 60% de la vegetación arbolada, principalmente de

bosques templados y selvas húmedas y subhúmedas.

• Las principales áreas naturales protegidas del país, se encuentran

en municipios indígenas. Muchas de ellas son territorios sagrados y

ceremoniales, con zonas arqueológicas que los pueblos indígenas

reclaman como suyas.

16

I. PRESENTACIÓN DEL PPCMJ

17

I. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PROMOCIÓN DE

CONVENIOS EN MATERIA DE JUSTICIA (PPCMJ)

INTRODUCCIÓN

El Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia ha

crecido en un entorno de apertura y disposición nacional e

internacional, para brindar atención integral a los pueblos

indígenas en el marco de sus derechos y libertades

fundamentales, tal como se asienta en el artículo 2° Constitucional

en el que se reconoce la composición pluricultural de la Nación,

sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son

aquellos que descienden de pobladores que habitaban en el

territorio actual del país al iniciarse la colonización y que

conservan sus propias instituciones sociales, económicas,

culturales y políticas o parte de ellas.

El estado se obliga a promover el desarrollo de sus lenguas,

culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de

organización social y garantizar a sus integrantes el efectivo

acceso a la jurisdicción del estado; así como lo establecido en el

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

18

1.1 Objetivos

1.2.1 Objetivo General.

Contribuir a generar las condiciones para que los

pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes

ejerzan los derechos individuales y colectivos

establecidos en la legislación nacional; y que el

estado propicie los mecanismos y procedimientos

para un efectivo acceso a la justicia basado en el

reconocimiento y respeto a la diversidad cultural.

1.2.2 Objetivo Específico.

Apoyar proyectos de promoción y defensa de los

derechos de los pueblos indígenas y el impulso de

actividades de procuración de justicia, mediante la

transferencia de recursos financieros a organizaciones

civiles y comunitarias con personalidad jurídica a

través de mecanismos de corresponsabilidad.

1.2 Período de vigencia que se documenta

Aun cuando las acciones de convenios en materia de

justicia tienen su antecedente desde hace 17 años, el

19

período que abarca este documento comprende los

ejercicios del 2001 a 2006. Desde el inicio de la presente

administración, los lineamientos generales del Programa

Promoción de Convenios en Materia de Justicia tuvieron

como finalidad, propiciar la transferencia de recursos a una

población objetivo como son: las comunidades indígenas,

los núcleos agrarios, las organizaciones indígenas, las

organizaciones de promotores y defensores de los derechos

humanos y las organizaciones civiles en general, a fin de

garantizar su desarrollo autónomo y de autogestión.

1.3 Ubicación Geográfica

El programa tiene cobertura con población indígena

originaria, así como aquellas con flujos de población

indígena migrante, incluyendo el Distrito Federal. Las

entidades federativas en las que se trabaja actualmente

son desde luego el DF y 24 estados:

20

1.4 Características técnicas

Durante el período que se reporta (2001-2006) la CDI, a

través del Programa Promoción de Convenios en Materia

de Justicia, canalizó recursos a comunidades, núcleos

agrarios y organizaciones sociales mediante la suscripción

de convenios de concertación. Estos convenios ofrecen,

además de los apoyos financieros establecidos en la

convocatoria, la asesoría y capacitación en aspectos

técnicos y contables; así mismo y sólo a petición de parte,

se establecen los apoyos correspondientes a la gestión y

pago de derechos del permiso de uso de nombre de figuras

asociativas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y el

Baja California Hidalgo Querétaro

Baja California Sur

Jalisco Quintana Roo

Campeche México San Luís Potosí

Chiapas Michoacán Sinaloa

Chihuahua Morelos Sonora

Durango Nayarit Tabasco

Distrito Federal Oaxaca Veracruz

21

apoyo económico para la constitución legal bajo la figura

jurídica que más les convenga a comunidades,

organizaciones indígenas, organizaciones de promotores y

defensores de los derechos humanos que lo soliciten.

Con estos apoyos se pretende fortalecer los procesos

organizativos de las propias comunidades, ejidos y

organizaciones indígenas en proceso de integración y

brindarles asesoría para que logren su reconocimiento

formal ante las instancias competentes y en la defensa de

sus derechos humanos e indígenas que contribuyan a su

bienestar social.

El financiamiento que se otorgó por medio de convenios

de concertación, contó con un presupuesto autorizado

inicial de 136.97 millones de pesos, importe que permitió

realizar un total de 1,734 proyectos, logrando beneficiar

directamente a 641,289 personas, de las cuales 346,211

son hombres y 295,078 mujeres.

22

1.5 Unidades Administrativas participantes

Coordinación General de Programas y Proyectos

Especiales, la cual realiza las siguientes funciones:

• Elaborar la normatividad de los programas y

proyectos especiales a cargo de la Comisión.

• Dirigir la operación de los programas y proyectos

especiales a cargo de la Comisión.

• Coordinar las acciones de supervisión operativa de

los programas y proyectos especiales a cargo de la

Comisión.

• Promover y desarrollar programas y acciones de

fortalecimiento de capacidades que contribuyan al

desarrollo integral de los pueblos y comunidades

indígenas.

• Programa Promoción de Convenios en Materia de

Justicia, cuya función es la siguiente:

23

• Administrar, supervisar y dar seguimiento a las

acciones relativas al programa a fin de cumplir con

los objetivos del mismo.

• Elaborar, revisar y evaluar el apego a las reglas de

operación y lineamientos para la operación del

programa.

• Generar información relativa al programa, su

operación, avance e impacto de los resultados.

• Normar los mecanismos y estrategias operativas del

programa en cada delegación.

• Apoyar a los responsables del programa en las

delegaciones estatales y CCDI´s para la realización

eficiente del trabajo con la población objetivo,

cuidando la aplicación de recursos y cumplimiento de

objetivos.

• Transferir recursos económicos, dar seguimiento y

evaluar a organizaciones de cobertura interestatal.

24

• Capacitar sobre la normatividad del Programa a

organizaciones aprobadas a nivel nacional.

Delegaciones Estatales, con las siguientes funciones:

• Difundir el programa, recepción, registro y envío de

proyectos concursantes a través del “Padrón Único de

Proyectos Recibidos”.

• Dictaminación de proyectos y suscripción de

convenios de concertación, así como la entrega de

recursos a las organizaciones aprobadas.

• Seguimiento y evaluación físico-financiera de las

organizaciones aprobadas.

Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena, que

llevan a cabo las siguientes funciones:

• Difundir el programa, recepción, registro y envío de

proyectos concursantes a través del “Padrón Único de

Proyectos Recibidos”.

25

• Dictamen de proyectos y suscripción de convenios de

concertación, así como la entrega de recursos a las


• Seguimiento y evaluación físico-financiera de las


Nivel Central: Coordinación General de

Administración y Finanzas, Dirección General de

Asuntos Jurídicos y Órgano Interno de Control.

Nivel Foráneo: Se refiere a las radiodifusoras,

adscritas a las Unidades Administrativas de nivel

foráneo, a través de las cuales se difunde el

programa.

1.6 Cobertura

Las Entidades Federativas de la República Mexicana con

población indígena originaria, donde la CDI ha tenido

presencia incluyendo el Distrito Federal, así como aquellas

entidades que cuenten con población indígena migrante.

Dentro del período que se reporta se atendieron con la

26

ejecución de los proyectos financiados en las entidades

federativas 3,343 municipios.

27

II. FUNDAMENTO LEGAL DEL

LIBRO BLANCO

28

II. FUNDAMENTO LEGAL DEL LIBRO BLANCO

DECRETO para realizar la entrega-recepción del informe de los

asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que

tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo

o comisión, expedido por el Titular del Ejecutivo Federal y

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de

septiembre de 2005.

ACUERDO para la Rendición de Cuentas de la Administración

Pública Federal 2000-2006, expedido por el Titular del Ejecutivo

Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14

de septiembre de 2005.

ACUERDO que establece las disposiciones que deberán

observar los servidores públicos al separarse de su empleo,

cargo o comisión, para realizar la Entrega Recepción del Informe

de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan

asignados, expedido por el Titular del Ejecutivo Federal y

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de octubre

de 2005.

29

LINEAMIENTOS para la formulación del Informe de Rendición

de Cuentas de la administración Pública federal 2000-2006, así

como para la elaboración e integración de Libros Blancos,

emitido por el Titular de la Secretaría de la Función Pública y

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de octubre

de 2005.

30

III. OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO

31

III. OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO

Destacar de manera cronológica y transparente las acciones

conceptuales, legales, administrativas, operativas y de

seguimiento realizadas por el Programa Promoción de Convenios

en Materia de Justicia, mediante el apoyo a proyectos de

promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y

el impulso de actividades de procuración de justicia, así como

los apoyos económicos para la gestión del permiso de uso de

nombre ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y

constitución legal de organizaciones, mediante su integración

documental sistematizada.

32

IV. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

DEL PPCMJ

33

IV. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PPCMJ

En el ejercicio fiscal del año 2000, la Dirección de Procuración

de Justicia a través de la Subdirección de Antropología

Jurídica, entre cuyas funciones se encontraba el impulso al

proyecto de Convenios de Concertación en Materia de

Promoción y Procuración de Justicia, se transferían recursos

financieros para gestión directa a organizaciones sociales

legalmente constituidas, que fueran parte o trabajaran para

las comunidades indígenas, mejorando sus condiciones de

acceso a la jurisdicción del Estado.

El proyecto se encontraba normado por su Manual de

Operación y las Reglas de Operación vigentes en ese

momento, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (15-

marzo-2000). El proyecto funcionaba por medio de

convocatoria pública anual en la que se establecían las bases y

requisitos para el concurso de proyectos presentados por

organizaciones indígenas, comunitarias, sociales y civiles

interesadas en la atención de la problemática indígena.

La selección de proyectos se realizaba por medio de

dictaminación múltiple y colegiada cuyo monto máximo de

apoyo era de hasta 400 mil pesos.

34

Hasta el mes de diciembre del año 2000, se habían firmado

242 Convenios de Concertación con las organizaciones

beneficiadas, en una cobertura de 24 entidades federativas

motivado por la convocatoria pública emitida en ese año. En la

cual se ejerció un presupuesto de 17.5 millones de pesos, que

fueron transferidos en 2 ministraciones, con lo cual se finiquito

la entrega de los recursos, destinados al apoyo a través de

dichos convenios en el mes de noviembre del mismo año.

En el mes de diciembre se llevaron a cabo acciones de

seguimiento, cumpliendo con los términos que establece la

normatividad de caso, revisando objetivos y metas, de

acuerdo a lo pactado en los convenios de concertación

suscritos.

El Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia

(PPCMJ) ofrece a los beneficiarios los siguientes servicios:

• Apoyo económico a proyectos para la promoción y

defensa de los derechos de los pueblos indígenas y el

impulso de actividades de procuración de justicia.

35

• Gestión y pago de derechos del permiso de uso de

nombre de figuras asociativas ante la Secretaría de

Relaciones Exteriores.

• Pago de hasta el 50% de gastos notariales para la

constitución legal bajo la figura jurídica más conveniente

para las comunidades, organizaciones indígenas,

organizaciones de promotores y defensores de los

derechos humanos que lo soliciten, cuyo objeto social

esté vinculado a la promoción y defensa de los derechos

de los pueblos indígenas.

El propósito principal de estas acciones, es el fortalecimiento

de los procesos organizativos de las propias comunidades,

ejidos y organizaciones indígenas en proceso de integración.

Así mismo brindarles asesoría para que logren su

reconocimiento formal ante las instancias competentes e

impulsar la defensa de sus derechos políticos, sociales y

culturales que contribuyan a su bienestar social.

La CDI es respetuosa de las posiciones ideológicas y

políticas de cada una de las organizaciones. Los proyectos son

respaldados en función del beneficio que proporcionan a las

36

comunidades y pueblos indígenas y no de los intereses

directos de la institución.

La política de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas (CDI), al transferir recursos económicos a

los núcleos agrarios, organizaciones indígenas, organizaciones

de promotores y defensores de los derechos humanos y

organizaciones civiles en general, consiste en unir esfuerzos

para potenciar sus actividades y brindar atención integral a los

pueblos indígenas mediante apoyos, que van desde la gestión

del permiso de uso de nombre, la protocolización del acta

constitutiva hasta la asesoría legal, para la realización de las

actividades que les permitan, mediante el financiamiento

otorgado proporcionar los servicios jurídicos en los diversos

ámbitos del derecho, así como la capacitación y promoción de

las garantías individuales, los derechos humanos y derechos

indígenas, que respondan a la problemática concreta de las

comunidades.

37

V. MARCO NORMATIVO DEL PPCMJ

38

V. MARCO NORMATIVO DEL PPCMJ

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Código Civil Federal publicado en el D.O.F. el 26 de mayo

de 1928.

• Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas, publicada en el D.O.F. el 21 de mayo

de 2003.

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,

publicada en el D.O.F. el 29 de diciembre de 1976.

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los

Servidores Públicos, publicada en el D.O.F. el 13 de marzo

del 2002.

• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores

Públicos, publicada en el D.O.F. el 31 de diciembre de

1982.

39

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicada en

el D.O.F. el 14 de mayo de 1986.

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental, publicada en el D.O.F. el 11 de

junio de 2002.

• Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por

Organizaciones de la Sociedad Civil, publicada en el

D.O.F. el 9 de febrero de 2004.

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaría, publicada en el D.O.F. el 30 de febrero de

2006.

• Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal

(abrogada) publicada en el D.O.F. el 30 de marzo de

2006.

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo publicada en

el D.O.F. el 4 de abril de 1994.

• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades

Paraestatales, publicada en el D.O.F. el 26 de enero de

1990.

40

• Estatuto orgánico de la CDI, publicado en el D.O.F. el 23

de abril de 2003.

• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para

el Ejercicio Fiscal correspondiente.

• Reglas de Operación del Programa Promoción de

Convenios en Materia de Justicia del ejercicio fiscal 2004

vigentes para 2005. D.O.F. del 28 de mayo de 2004.

• Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las

Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad

Civil, publicada en el D.O.F. del 7 de junio de 2005.

• Guía operativa del Programa Promoción de Convenios en

Materia de Justicia en el Ámbito Central y Delegacional y

Guía de Procedimientos de Promoción de Convenios y

Apoyo a Procesos Organizativos.

41

VI. VINCULACIÓN DEL PPCMJ

42

VI. VINCULACIÓN DEL PPCMJ

6.1 Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006

Los pueblos indígenas son los grupos con mayor índice de

pobreza y representan una alta proporción de la población

de las localidades más marginadas. Por ello, en el Plan

Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Gobierno Federal

definió una estrategia orientada a apoyar el proceso de

desarrollo integral indígena dentro del contexto nacional,

creando las condiciones para lograr una comunicación e

interacción efectiva con diversos sectores de la sociedad,

además de establecer programas gubernamentales de

gran trascendencia que combatan los problemas

estructurales que han obstaculizado o limitado el

desarrollo de estos grupos, con el propósito de integrarlos

al progreso nacional.

El Plan Nacional de Desarrollo en la introducción del área

Desarrollo Social y Humano, establece que la sociedad

mexicana requiere un Estado que planee sus acciones a

largo plazo y las encamine a lograr un país cada vez más

justo y humano, con capacidad de respuesta que inspire

confianza.

43

Por esta razón, se ha propuesto una visión de México

para el año 2025, cuando su población habrá alcanzado

por lo menos la cifra de 126 millones de habitantes, de

los cuales 18 millones serán jóvenes de entre 15 y 24

años y 13.5 millones serán personas mayores de 65 años.

Para entonces, la cobertura en educación deberá ser de

100%, el promedio de escolaridad de 12 años y el

analfabetismo prácticamente no existirá; el nivel de vida

de la población se habrá incrementado significativamente

y habrá desaparecido la pobreza extrema; los servicios de

salud darán cobertura universal, existirá respeto y

cuidado del medio ambiente y se habrán consolidado

formas de convivencia y de participación democrática que

fortalecerán la confianza de los individuos en sí mismos y

en un gobierno respetuoso de las instituciones, que

atenderá con eficacia y transparencia las demandas y

necesidades de la población.

Alcanzar las condiciones descritas implica que el

desarrollo social y humano sea concebido como un

proceso de cambio sustentado en la educación, tendiente

a construir oportunidades de superación para amplios

44

sectores de la población, con criterios de equidad en

todos los aspectos, orientado a reducir las desigualdades

extremas y las inequidades de género; a desarrollar las

capacidades educativa y de salud; a incrementar la

satisfacción de necesidades básicas y la calidad de vida

de los habitantes del país; a reforzar la cohesión social de

las colectividades y la armonía con el medio ambiente.

Además del acceso a más altos niveles de bienestar, este

proceso conduce a una mejor comprensión por parte de

los ciudadanos de sus derechos y obligaciones, lo que

propicia mejores condiciones para su inserción social y da

un fuerte impulso a la iniciativa individual, estableciendo

así las bases para una emancipación individual y

colectiva, producto de la seguridad que da la capacidad y

confianza en sí mismo.

El propio Plan Nacional de Desarrollo reconoce que, La

transición demográfica ha modificado el perfil poblacional

de México esto determina que en los próximos años las

demandas sociales, en sus aspectos cualitativo y

cuantitativo irán variando, al presentar condiciones

distintas a las del pasado.

45

Los retos en educación, salud, empleo, vivienda,

desarrollo regional y preservación del medio ambiente,

pero sobre todo los aspectos de la equidad entre grupos

sociales en estos asuntos, reflejarán la cambiante

demanda por grupos de edades, género y localización

geográfica.

Asimismo el plan pondera de manera destacada la

atención a los Grupos Sociales Marginados de la siguiente

manera:

La pobreza en México se encuentra muy extendida y no

sólo es causa de profundo sufrimiento para los millones

de personas que la padecen, sino que es motivo de

agravio para la sociedad en su conjunto, al poner en claro

la existencia de fallas en las formas de convivencia,

solidaridad y distribución de oportunidades entre los

individuos.

Algunos indicadores pertinentes a la extensión de la

pobreza en México en el año 2000 son los siguientes:

55% de la población recibe un ingreso inferior a dos

salarios mínimos mensuales; 47.5% vive en condiciones

de hacinamiento; 27.8% de la población mayor de 15

años de edad no ha terminado la primaria; casi 15%

46

tiene piso de tierra en sus viviendas y cerca de 12% no

cuenta con agua entubada ni con drenaje.

Los indígenas constituyen un grupo al que debe otorgarse

atención especial en el planteamiento de las políticas

sociales. Se trata de una población cercana a 10 millones

de personas, cuyos derechos han sido insuficientemente

reconocidos y que han vivido en condiciones de

marginación muy notables.

Como muestra, en 1995, 38.3% de la población de habla indígena

de 15 años y más, era analfabeta, lo que equivale a 3.6 veces el

promedio nacional (10.6%); en ese mismo año, la mortalidad

infantil por cada 1,000 indígenas era de 48.3 niños, mientras que

el promedio nacional era de 29 niños. Durante el ciclo escolar

1999-2000 la eficiencia terminal en las escuelas primarias

bilingües fue de 68.4%, mientras que el promedio nacional fue de

84.7 por ciento.

Las políticas y los programas sociales del Gobierno deben

perfeccionarse si es que realmente se desea propiciar una real y

verdadera justicia social; así lo reconoce el multicitado Plan

Nacional de Desarrollo.

47

La mayoría de las personas y las familias en México encuentran

todavía en diversas políticas sociales la esperanza de alcanzar un

desarrollo personal más pleno, un mejoramiento económico y una

posición social más alta. Sin embargo, también expresan su

insatisfacción con la calidad de los bienes o servicios que obtienen

mediante algunos programas gubernamentales relacionados con la

salud y la educación a todos los niveles y así mismo cuestionan la

inequidad en el acceso y en la calidad de la infraestructura y los

servicios asociados a estos programas en las distintas regiones del

país, algunas de ellas no tan distantes entre sí.

En la actualidad, la conciencia generalizada de que los recursos

para aplicar los programas provienen de las contribuciones de la

población conduce a exigencias crecientes ante las autoridades a

cargo de tales programas, para que los lleven a cabo con equidad

y de manera eficiente, honesta y en términos de calidad

satisfactoria para los usuarios.

Otros programas y políticas sociales no han logrado alcanzar

grados altos de aprobación y reconocimiento social, debido a que

su diseño da lugar a inequidades entre los beneficiarios, se

enfocan sobre poblaciones determinadas conforme a criterios

imperfectos, que dan como resultado situaciones injustas que, en

ocasiones, crean suspicacias sobre la ética con la que se aplican.

48

En un país con crecientes desigualdades sociales, el

fortalecimiento y la transformación de las políticas públicas, es una

necesidad inaplazable. La responsabilidad, transparencia y

rendición de cuentas en el uso de los recursos y en la ponderación

objetiva de sus efectos deberán ser prácticas generalizadas; serán

la clave para un desarrollo social efectivo. En materia social,

además de alcanzar metas cuantitativas cada vez más ambiciosas,

es necesario lograr incrementos de calidad y eficiencia que

redunden en mayor satisfacción de la población, en la atención de

grupos excluidos y marginados y en mayor productividad de los

recursos presupuestales destinados a su atención.

Para enfrentar estos problemas, el área de desarrollo social y

humano plantea objetivos rectores que dan sentido de unidad al

conjunto de acciones de las secretarías y entidades que la

integran. Estos objetivos rectores se refieren a:

1. Mejorar los niveles de educación y de bienestar de los

mexicanos.

2. Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades.

3. Impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades

personales y de iniciativa individual y colectiva.

49

4. Fortalecer la cohesión y el capital sociales.

5. Lograr un desarrollo social y humano en armonía con la

naturaleza.

6. Ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para

fomentar la confianza ciudadana en las instituciones.

El Plan Nacional de Desarrollo estableció claramente Objetivos y

Estrategias que al cumplirse reivindican a las clases mas

desprotegidas de la población y entre estas los grupos indígenas

son de los que más apoyo y atención demandan.

1.-“Diagnostico de los niveles de educación y bienestar” La

pobreza y la extrema pobreza afectan a millones de mexicanos,

sobre todo a los habitantes de las zonas rurales. La pobreza,

derivada de la constante marginación o como consecuencia de

cambios estructurales que han concentrado la riqueza en unos

cuantos, se manifiesta de múltiples maneras que dan por resultado

un alto grado de privación de necesidades básicas y una marcada

desigualdad en millones de mexicanos de todas las edades.

Entre sus manifestaciones más graves se observan: altas tasas de

mortalidad infantil y de mujeres gestantes; grados notables de

desnutrición; elevadas tasas de analfabetismo entre adultos;

50

deserción escolar desde los primeros niveles educativos; carencia

de habilidades para participar en actividades productivas bien

remuneradas; viviendas que carecen de los servicios elementales

para el bienestar de sus ocupantes, como agua potable, pisos de

cemento, sistemas de saneamiento y energía eléctrica, además de

transportes y comunicaciones insuficientes.

Asimismo, la pobreza, vinculada al analfabetismo y a bajos niveles

de escolaridad, se refleja en la dificultad de las personas para

ejercer derechos elementales y recibir un trato digno de parte de

TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL NACIONAL Y DE LA

POBLACIÓN INDÍGENA, 1990 Y 1995

(POR 100 NACIMIENTOS)

AÑO TOTAL

POBLACIÓN NACIONAL INDÍGENA

1990 36.2

60.9

1995 29.0

48.3

FUENTES: -Conapo, La situación demográfica de México, 1998, pp. 125 y 126.

51

autoridades e instituciones sociales, como es el caso en materia de

procuración de justicia.

En educación persisten profundas diferencias regionales,

interculturales y de género. El marco jurídico actual en materia

laboral resulta insuficiente y existen sectores de la sociedad que

han sido marginados o que no tienen un adecuado tratamiento en

la ley.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas, el Programa Proyecto de Convenios en Materia

de Justicia encuentra su vinculación dentro del apartado de

Derechos y Justicia que establece que el Proyecto debe:

• Generar condiciones que garanticen el efectivo acceso a la

jurisdicción del Estado a los pueblos, comunidades e

individuos indígenas con equidad y pleno respeto a la

diferencia cultural.

• Impulsar la actualización del marco jurídico sobre derechos

indígenas, en consulta con los pueblos indígenas.

• Promover la defensa de los derechos indígenas en las

diversas instancias de la relación bilateral y multilateral

internacional.

52

Para lograr todo ello, por medio de las siguientes estrategias:

• Impulsar la participación social en la toma de decisiones y

gestión hacia la vigilancia en la correcta aplicación de las

leyes.

• Impulsar la formación, organización y participación de los

individuos, comunidades y pueblos indígenas para que

realicen acciones de traducción, gestoría, defensoría,

conciliación agraria y difusión para la promoción de sus

derechos individuales y colectivos que fortalezcan su

capacidad de autodefensa jurídica.

Para la atención del renglón de Equidad e Igualdad, se

estableció el siguiente “Objetivo Rector” y diversas

“Estrategias”, directamente vinculadas a la búsqueda de la

justicia social.

Las formas de vida comunitaria constituyen una riqueza de las

sociedades. Muchos mexicanos no habrían podido enfrentar las

presiones derivadas de los cambios económicos y sociales

ocurridos en el país durante las últimas décadas sin el apoyo de

sus familias.

53

La discriminación, el maltrato y la explotación que sufrieron

amplios segmentos de la población los ha hecho altamente

vulnerables y los ha marginado del desarrollo social del país.

Además, existen sectores de la sociedad que sistemáticamente

han sido desatendidos por la promoción y la difusión cultural.

En el ámbito de la cultura, debido a la falta de un marco legal

apropiado, existen duplicidad de funciones, áreas desatendidas,

excesiva burocracia, descuido del equilibrio entre apoyo a los

creadores y formación de públicos, difusión y cobertura

limitadas, poca profesionalización de promotores culturales,

ausencia de infraestructura, falta de proyección internacional,

desinterés por las industrias culturales, falta de estímulos para

la participación ciudadana y escasa participación de voluntarios.

La integración de México a la globalización ha modificado los

referentes culturales y deteriorado las modalidades de

organización social.

Tampoco favorecen a la cohesión social las expresiones de

fanatismo e intolerancia.

El fortalecimiento de la cohesión y el capital social, se basa en

el desarrollo de formas de solidaridad que refuercen los vínculos

de identidad, den un sentido de pertenencia a partir de valores,

54

orientaciones comunes y relaciones de confianza. Esto debe

incluir la integración de individuos a sus comunidades, con base

en formas de organización que fortalezcan la cultura nacional.

6.2 Programas Especiales

Se entienden como programas especiales los realizados al

interior de la CDI, con apoyo y derivados del plan Nacional de

Desarrollo.

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece objetivos

rectores en las áreas de Desarrollo Social y Humano,

Crecimiento con Calidad, Orden y Respeto, mismos que han

sido punto de partida para la formulación de los objetivos,

estrategias y líneas de acción de este Programa.

En materia de Desarrollo Social y Humano el objetivo rector

2 es "Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades

que implica utilizar criterios que reconozcan las diferencias y

desigualdades sociales para diseñar estrategias de política

social dirigidas a ampliar y ofrecer igualdad de oportunidades

a todos los hombres y mujeres de la población mexicana".

55

Para este Programa es de especial importancia la estrategia

de "Propiciar la participación directa de los pueblos indígenas

en el desarrollo nacional y combatir los rezagos y las causas

estructurales de su marginación con pleno respeto a sus usos

y costumbres”.

Los planteamientos de procuración de justicia que se hacen

en este Programa se desprenden del objetivo rector 8 del

área de Orden y Respeto: "Garantizar una procuración de

justicia, pronta, expedita, apegada a derecho y de respeto a

los derechos humanos”.

En este contexto el Programa Nacional para el Desarrollo de

los Pueblos Indígenas 2001-2006 traduce y concreta estos

objetivos y estrategias a las circunstancias específicas del

desarrollo de los pueblos indígenas. El Programa se fija una

serie de objetivos y líneas estratégicas que no responden a

una sola entidad pública, sino que deberán permear al

conjunto de las dependencias del Ejecutivo Federal.

La situación de rezago y marginación que viven los pueblos

indígenas, en prácticamente todos los ámbitos de su vida

productiva y social, exige el compromiso que cada una de las

instituciones públicas deberán plasmar en programas

concretos, programas y acciones que estén dirigidos a

56

remontar esa realidad. Esta es una de las tareas

fundamentales de la presente administración.

Estos programas persiguen los siguientes:

Objetivos generales:

• Establecer los lineamientos que fundamenten la nueva

relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la

sociedad y que, con base en las demandas y la

participación de los pueblos, organizaciones y

comunidades indígenas, le otorguen un sentido integral

a los programas y acciones que realiza el gobierno en su

beneficio.

• Impulsar en forma decidida una mejora en la calidad de

vida de los pueblos indígenas, así como el desarrollo

sustentable en sus regiones.

• Garantizar el efectivo acceso de los pueblos,

comunidades, organizaciones e individuos indígenas a la

57

jurisdicción del Estado en el marco del reconocimiento

de su diversidad cultural.

El Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

2001-2006 impulsa bajo un sistema de cooperación, una lógica

de consenso y un diálogo en la diversidad, los cambios

institucionales y jurídicos que promuevan el trabajo conjunto y la

suma de capacidades, así como la construcción de espacios

formales que establezcan las bases de la nueva relación.

Objetivos específicos

• Promover el respeto a la diversidad cultural de los pueblos

indígenas.

• Impulsar la igualdad de oportunidades para el desarrollo con

la finalidad de abatir la marginación y la pobreza de los

pueblos indígenas.

• Promover la actualización del marco jurídico, el respeto y el

ejercicio de los derechos indígenas, así como el cumplimiento

de las obligaciones institucionales previstas en la Constitución.

• Establecer nuevas relaciones institucionales para sumar

capacidades y recursos y para ejercer una atención pública

58

transversal que involucre a cada una de las instancias y

órdenes de gobierno.

• Promover la participación indígena en la construcción de

planes y programas, en la toma de decisiones y en las

instancias de planeación del desarrollo.

• Promover los cambios normativos y administrativos para la

creación y transformación institucional que garanticen la

atención integral a los pueblos indígenas.

• Cohesionar, articular y dar consistencia al trabajo

gubernamental en materia indígena.

Cada uno de estos objetivos se relacionan entre sí y la gran

mayoría comparte líneas estratégicas y de acción.

Líneas estratégicas

Promover el diálogo intercultural para construir consensos que

aseguren la participación de los pueblos indígenas en las políticas

y programas gubernamentales nacionales, estatales y regionales.

- La participación indígena en la formulación y aplicación de las

políticas, los programas y acciones gubernamentales que

competen a los diferentes ámbitos de la vida nacional debe ser

una constante que permita el establecimiento de acuerdos.

59

Por ello, una estrategia fundamental del Programa Nacional de

Desarrollo de los Pueblos Indígenas es propiciar el diálogo

intercultural entre las diferentes entidades públicas y los propios

pueblos indígenas, que conduzcan a la definición, aplicación y

ejecución de programas de desarrollo regional o micro regional

acordes a la diversidad cultural que caracteriza el país. Dichos

programas serán el insumo para la instrumentación de un

Programa rector nacional de los propios pueblos indígenas de

largo aliento, bajo una perspectiva de planeación estratégica que

trascienda el corto plazo.

El intercambio respetuoso de ideas y opiniones y en

consecuencia, de cosmovisiones diferentes es indispensable para

lograr consensos que involucren y garanticen la participación

activa de los pueblos indígenas en los asuntos que conciernen a

su propio desarrollo y en aquellos que atañen al desarrollo

nacional.

Respetar la diversidad cultural y lograr la convivencia es, quizás,

uno de los mayores desafíos a enfrentar.

60

VII. SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PPCMJ

61

VII. SÍNTESIS EJECUTIVA

PERÍODO 2001-2006

El presente apartado persigue básicamente ofrecer al lector del

“Libro Blanco” un panorama general de las acciones realizadas

desde el principio del programa, los contratiempos superados y los

logros obtenidos. Significa desde luego, un resumen del contenido

del libro, que facilita la comprensión del trabajo terminado.

El surgimiento del Programa se genera en 1989, a través de la

Dirección de Procuración de Justicia del antes INI, hoy CDI, que

dentro de sus principales líneas estratégicas tiene el de apoyar a

los pueblos indígenas para la solución de su problemática

relacionada con la administración de justicia nacional, a través del

financiamiento a comunidades, núcleos agrarios y organizaciones

cuyo propósito sea la promoción y defensa de los derechos de los

pueblos indígenas.

A partir de entonces, a lo largo de 17 años el Programa ha hecho

necesaria la permanencia de acciones tendientes a responder a la

problemática que en materia de justicia padecen los pueblos

indígenas, pese a los evidentes avances que se han registrado,

62

aún predomina la discriminación social y la violación a sus

derechos.

En el ejercicio fiscal del año 2000, la Dirección de Procuración de

Justicia a través de la Subdirección de Antropología Jurídica tenía

entre sus funciones impulsar el proyecto de Convenios de

Concertación en Materia de Promoción y Procuración de Justicia, a

través del cual se transferían recursos financieros para gestión

directa a organizaciones sociales legalmente constituidas, que

fueran parte o trabajaran para las comunidades indígenas,

mejorando sus condiciones de acceso a la jurisdicción del Estado.

El proyecto se encontraba normado por su Manual de Operación y

las Reglas de Operación vigentes en ese momento, publicadas en

el Diario Oficial de la Federación (15-marzo-2000).

El proyecto funcionaba por medio de convocatoria pública anual en

la que se establecían las bases y requisitos para el concurso de

proyectos presentados por organizaciones indígenas, comunitarias,

sociales y civiles interesadas en la atención de la problemática

indígena.

63

La selección de proyectos se realizaba por medio de dictaminación

múltiple y colegiada cuyo monto máximo de apoyo era de hasta

400 mil pesos, como ya se había apuntado en apartado anterior.

Al mes de diciembre del 2000, se encontraban firmados 242

Convenios de Concertación con el mismo número de

organizaciones sociales aprobadas, en una cobertura de 24

entidades federativas. Lo anterior de acuerdo a los resultados de la

convocatoria pública emitida en ese año, para ejercer un

presupuesto total de 17.5 millones de pesos, los cuales fueron

transferidos en dos ministraciones, concluyéndose la entrega de

los mismos, en el mes de noviembre del mismo año. De igual

forma en el mes de diciembre, fueron realizadas acciones de

seguimiento a estos proyectos, en cumplimiento a los términos

marcados dentro de la normativa y de las metas y objetivos

establecidos en los convenios de concertación suscritos.

A partir del año 2001 se generó un cambio en la conceptualización

de las políticas públicas en materia indígena al integrarse

conceptos tales como transversalidad, concurrencia, integralidad e

interinstitucionalidad en la acción pública para el desarrollo de los

pueblos indígenas, con lo que se generaron programas y acciones

institucionales desde el sector público federal encaminadas a

contribuir en la promoción, procuración y defensa de los derechos

indígenas.

64

Aunado a lo anterior, este programa creció en un entorno de

apertura y disposición nacional e internacional para brindar

atención integral a los pueblos indígenas en el marco de sus

derechos y libertades fundamentales, tal como se asienta en el

artículo 2° del Convenio 169 de la Organización Internacional del

Trabajo. No obstante, cabe resaltar que no sólo es un apoyo

financiero el que se brinda a través del Programa, sino también un

proceso de diálogo con los pueblos indígenas.

En este sentido, la CDI dentro del Programa Promoción de

Convenios en Materia de Justicia, se ha comprometido a estimular

y promover el esfuerzo de los indígenas organizados para que, a

través de sus organizaciones civiles y comunitarias con

personalidad jurídica, participen en el desarrollo e implementación

de proyectos de procuración de justicia y defensa de sus derechos.

65

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS

2001-2006

AÑO

METAS

PROGRAMADAS

METAS

ALCANZADAS

2001 260 267

2002 213 205

2003 230 258

2004 260 253

2005 280 335

2006 280* 417*

TOTAL 1,523* 1,734*

FUENTE: Archivo y Bases de Datos del Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia.

* Cifra estimada

Para cumplir con las metas alcanzadas durante este período,

fueron ejercidos dentro del Programa en promedio el 97% del

total de recursos asignados, desglosados de manera anual como

lo establece el cuadro que se presenta a continuación.

66

PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO

2001– 2006

(En millones de pesos)

AÑO

PRESUPUESTO

AUTORIZADO

PRESUPUESTO

EJERCIDO

2001 17.9 17.6

2002 14.9 14.4

2003 14.8 13.4

2004 21.5 21.1

2005 34.7 32.6

2006 35.8 37.8*

TOTAL $ 139.60* $ 136.97*


* Cifra preliminar

** Cifra estimada al mes de septiembre

Con la transferencia de estos recursos la CDI busca apoyar el

esfuerzo de las organizaciones sociales indígenas y civiles dentro de

67

una estrategia integral de justicia, con pleno respeto a sus

propuestas y autonomía organizativa tendientes a consolidar una

nueva relación estado, pueblos indígenas y el conjunto de la

sociedad nacional.

Asimismo, existe un creciente reconocimiento, tanto en la sociedad

como en el gobierno, de la importancia que tienen los derechos y la

justicia indígena para el desarrollo nacional.

Este proceso de cambio de orden cultural y político, simplifica el

camino y disminuye los esfuerzos como los que viven los proyectos,

esfuerzos que hoy, lejos de verse desde una óptica paternalista, son

promovidos con una perspectiva de derechos sociales. Lo anterior,

ha propiciado que el número de organizaciones se incrementen cada

año.

68


PRESUPUESTO EJERCIDO POR AÑO2001-2006

NÚMERO DE ORGANIZACIONES FINANCIADAS 2001-2006

2000 2001

2002

2003

2004

2005 2006

2000 2001 2002 2003 2004 2006

267

205

258 253

335

416

2001 2002 2003 2004 2005 2006

2006

2005

2004

2003 2002

2001

AÑO PR ESU PU ESTO

2001 $17.6

2002 $14.4

2003 $13.4

2004 $21.1

2005 $32.6

2006 $37.8

69

Como se observa en la gráfica, en los últimos dos años ha existido

un incremento presupuestal, como consecuencia de la creación de

la CDI en 2003. En este sentido se impulsaron las acciones de

procuración de justicia y vigencia de derechos, para lo cual fueron

reestructuradas las estrategias y paradigmas institucionales. A

partir de este replanteamiento, en 2004 el Proyecto de Convenios

se convierte en el Programa especial de Promoción de Convenios

en Materia de Justicia formando parte de la Coordinación General

de Programas y Proyectos Especiales, lo anterior repercutiendo en

el presupuesto asignado al Programa por la Cámara de Diputados.

Por otra parte, otros apoyos que se otorgan dentro del programa

consisten en la gestión y pago de derechos de permisos de uso de

nombre ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y el apoyo

económico para la constitución legal. Dentro del período reportado

fueron apoyadas 147 organizaciones en los estados de Guerrero,

Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo, Morelos, Baja California,

Yucatán y Distrito Federal, de la siguiente manera:

70

CONSTITUCIÓN LEGAL

2001 – 2006

AÑO

NÚMERO DE

ORGANIZACIONES

APOYOS

MONTO OTORGADO

2001 0 $0.00

2002 1 $525.00

2003 7 $16,420.22

2004 13 $19,039.91

2005 97 $67,375.17

2006 28 $28,463.00

TOTAL 146 $131,823.30

FUENTE: Archivo del Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia.

Como se puede observar en el cuadro anterior, durante el ejercicio

fiscal 2001 aún no se proporcionaba este servicio dentro del

Programa; a partir de 2002 este servicio es incluido dentro del

Manual de Operación. Es importante notar que, estos apoyos se

han ido incrementando cada año, de tal forma que en 2005 el

aumento fue de siete veces más que 2004.

71

En cuanto al número de beneficiarios directos programados y

alcanzados por el Programa, dentro de este período se ha

incrementado anualmente como puede apreciarse en el cuadro

siguiente:

BENEFICIARIOS DIRECTOS

PROGRAMADOS Y ALCANZADOS

2001-2006

AÑO

TOTAL DE

BENEFICIARIOS

DIRECTOS

PROGRAMADOS

TOTAL DE

BENEFICIARIOS

DIRECTOS ALCANZADOS

2001 0 94,603

2002 8,000 60,331

2003 11,500 115,048

2004 115,654 91,613

2005 110,000 121,724

2006 100,000 157,970

TOTAL 345,154

641,289


72

El cuadro anterior permite apreciar que anualmente el número de

beneficiarios directos ha sido rebasado positivamente con relación

a lo programado, lo cual se debe al incremento tanto de las

organizaciones apoyadas como al presupuesto autorizado dentro

del Programa.

Cabe señalar que en cuanto a la clasificación por género, se ha

mantenido una constante en los últimos cuatro años, de 60%

hombres y 40% mujeres.

IMPACTO DEL PROGRAMA

Los indígenas mexicanos enfrentan una situación de desventaja

respecto del resto de la población nacional. Lo anterior se ve

reflejado en los bajos índices de desarrollo social y humano que

presentan. Adicionalmente, son víctimas de discriminación y

exclusión social y sus derechos colectivos son negados, por lo que

resulta evidente que la gran mayoría de los indígenas padecen las

restricciones propias de los pueblos que no ejercen sus derechos

colectivos.

No obstante lo anterior, los pueblos y comunidades indígenas se

han involucrado en un proceso de participación y diálogo con las

diferentes instancias públicas a través de la presentación de

73

propuestas de desarrollo para los ámbitos locales y regionales, del

fortalecimiento de sus propias formas de organización y del

establecimiento de alianzas y redes que representan a los

diferentes sectores de los pueblos indígenas.

En este período la sociedad civil ha adoptado una postura

propositiva y activa, al impulsar desde la dinámica de los pueblos

indios, acciones organizadas en defensa de sus derechos y la

configuración de instancias propias de participación, de tal manera

que la sociedad civil organizada ha logrado conquistar espacios

importantes en la vida pública del país.

A través de este Programa la cultura jurídica se ha visto fortalecida

al fomentar el valor de la legalidad. El conocimiento de los

instrumentos internacionales, de la Constitución y de las leyes

reglamentarias ha estimulado el nivel de interlocución de los

beneficiados para propiciar el reconocimiento de las garantías

individuales y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

En la actualidad, las organizaciones financiadas han brindado

servicios directos a la ciudadanía en la protección de sus derechos

y las comunidades tienen la oportunidad de ejecutar proyectos que

cumplan sus propias necesidades en materia de justicia. Durante

74

el período que se reporta, se dio un incremento tanto en la

participación de la sociedad civil en la ejecución de proyectos de

esta índole, como el número de organizaciones comunitarias

participantes.

El impacto de estas acciones realizadas por medio de los proyectos

apoyados, se centra fundamentalmente en la adquisición de

conocimientos por parte de la población beneficiada, en torno a los

derechos y los efectos que esto tiene, en las dinámicas familiar y

comunitaria. Asimismo, destacan otros beneficios directos tales

como el conocimiento de los derechos específicos de las mujeres y

la mejoría en la relación entre géneros. A consecuencia de ello, la

promoción y fomento a la organización comunitaria y el

incremento en la seguridad jurídica de las familias al apoyarlos en

la gestión de diversos trámites legales. Con lo anterior el Programa

ha logrado trascender el beneficio individual a los ámbitos

colectivos inmediatos (familia y comunidad), con lo que se logra

un beneficio comunitario que impacta positivamente en las

relaciones sociales de las localidades en las cuales operan los

proyectos apoyados.

Aunado a lo anterior, dentro del Programa se ha fortalecido y

fomentado la transparencia y la rendición de cuentas, de tal forma

que las organizaciones participantes se encuentran en mejores

75

condiciones para ejecutar y realizar un gasto óptimo de los

recursos otorgados por el gobierno federal, permitiéndoles una

profesionalización de ellas mismas y con ello el desarrollo acciones

de mejor calidad y capacidad de respuesta para las necesidades

que en materia de justicia atienden.

Otro avance fundamental del Programa ha consistido en promover

en las organizaciones indígenas su participación y vigilancia social

para lograr que quienes administran e imparten la justicia, se

ajusten al estado de derecho que emana de la Constitución y de

los demás ordenamientos federales, estatales y municipales. A la

par, la participación social puede y debe fortalecerse en

actividades relacionada con el estudio y la adecuación del marco

jurídico nacional en atención a la diversidad cultural del país, a fin

de lograr la incorporación de los indígenas a un plano de igualdad

jurídica con relación a otros sectores de la sociedad.

76

VIII. ACCIONES REALIZADAS

77

VII. ACCIONES REALIZADAS

En primer lugar se puede afirmar que las metas alcanzadas

fueron superiores a las programadas en los ejercicios 2001, 2003,

2004 y 2005; esto como resultado de una demanda creciente de

organizaciones sociales respecto del apoyo ofrecido por el

Programa y del impacto que tuvo la oportuna convocatoria

publicada. Desafortunadamente para el ejercicio fiscal 2002 los

resultados no fueron del todo satisfactorios, ya que no fue posible

alcanzar la meta programada, debido a la emisión tardía de la

convocatoria.

En el período 2001-2005 el cumplimiento de las metas rebasó lo

programado, como se puede observar en el cuadro y la gráfica

siguientes:

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS 2001-2005

AÑO METAS

PROGRAMADAS METAS

ALCANZADAS 2001 260 267 2002 213 205 2003 230 258 2004 260 253 2005 280 335 2006 280 416

TOTAL 1,523 1,734 Fuente: Archivo y base de datos del Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia

78

Para cumplir con las metas alcanzadas durante este período, fueron

ejercidos dentro del Programa en promedio el 97% del total de los

recursos asignados, desglosados de manera anual como lo establece

el cuadro que se presenta a continuación.

Presupuesto autorizado y ejercido

2001-2006

AÑO PRESUPUESTO AUTORIZADO EN

MILLONES DE PESOS

PRESUPUESTO EJERCIDO EN MILLONES DE

PESOS 2001 17.9 17.6 2002 14.9 14.4 2003 14.8 13.4 2004 21.5 21.1 2005 34.7 32.6 2006 35.8 37.8*

TOTAL 139.60 136.97 Fuente: Archivos y base de datos del Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia

* Cifra Estimada al mes de septiembre

En la siguiente gráfica se muestra el número de organizaciones que

recibieron financiamiento en el periodo 2001-2006.

79

Durante el período 2001-2006 en el que se comprende este

“ Libro Blanco” la CDI a través del Programa Promoción de

Convenios en Materia de Justicia canalizó recursos a

comunidades, núcleos agrarios y organizaciones sociales que

acreditaron la viabilidad de la aplicación económica; el

financiamiento se otorgó por medio de convenios de

concertación, contando con un presupuesto ejercido de

136.97 millones de pesos con lo que se aprobaron durante

este período a un total de 1,734 proyectos, logrando

beneficiar directamente a un total de 641,289 personas de

las cuales 346,211 son hombres y 295,078 mujeres, dentro

NÚMERO DE ORGANIZACIONES FINANCIADAS 2001-2006

416

335

253 258 205

267

2006 2005 2004 2003 2002 2001

80

de una cobertura de 24 entidades federativas y 3,343

municipios.

Como se observa en el cuadro presentado líneas atrás, en

los últimos dos años la CDI incrementó el presupuesto para

este programa de manera considerable, así, en 2004 se

aplicaron recursos 58% mayores que el año precedente y en

2005 del 140% respecto con los recursos ejercidos en el

2003. Se refleja aquí la acción concertadora de la CDI

creada en el año 2003.

En este sentido fueron impulsadas las acciones de

procuración de justicia y vigencia de derechos, para lo cual

fueron reestructuradas las estrategias y paradigmas

institucionales. A partir de este replanteamiento, en 2004 el

Proyecto de Convenios se convirtió en el Programa Especial

de Promoción de Convenios en Materia de Justicia, pasando

a ser responsabilidad de la Coordinación General de

Programas y Proyectos Especiales y recibiendo así un

especial impulso a través de la mayor asignación de recursos

por parte de la Cámara de Diputados, como se observa

enseguida.

81

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR AÑO 2001-2006

AÑO PRESUPUESTO AUTORIZADO EN MILLONES DE PESOS

2001 17.9 2002 14.9 2003 14.8 2004 21.5 2005 34.7 2006 35.8

TOTAL 139.60

Por otra parte, con relación a los servicios de gestión y pago

de derechos de permisos de uso de nombre ante la

Secretaría de Relaciones Exteriores y el apoyo económico

para la constitución legal de las organizaciones apoyadas,

dentro del período se aplicaron recursos a favor de 147

(dentro del periodo 2001-2006) organizaciones en los

estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, Chiapas, Jalisco,

Quintana Roo, Morelos, Baja California, Yucatán y Distrito

Federal, de la siguiente manera:

82

CONSTITUCIÓN LEGAL 2001-2006

AÑO NUMERO DE ORGANIZACIONES

APOYO

MONTO OTORGADO

2001 0 0 2002 1 $ 525.00 2003 7 $ 16,420.22 2004 13 $ 19,039.91 2005 97 $ 67,375.17 2006 29 $28,463.00

TOTAL

147

$ 131,823.30

Es destacable hacer notar que estos apoyos se han ido

incrementando año con año, de tal forma que en 2005 el

aumento fue de siete veces más con relación al ejercicio

fiscal 2004, avance alcanzado en la instrumentación de las

políticas específicas del sector consideradas como relevantes

para el cumplimiento de los objetivos o metas de La CDI.

En este contexto y dando cumplimiento a lo establecido en el

PEF, se realizaron diversas acciones entre las que destacan

el apoyo económico para la realización de 1,734 proyectos

de promoción y defensa de los derechos indígenas,

presentados por comunidades, núcleos agrarios y

organizaciones sociales en general, financiamientos

otorgados por medio de convenios de concertación, en una

cobertura total de 24 entidades federativas y 3,343

municipios, beneficiando de forma directa a 641,289

personas, lo que significa que se atendió al 6.3% de la

83

población indígena total (considerando como población

indígena la estimación INICONAPO 10´189,514 contenida en

Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de

México).

El número de beneficiarios directos programados y

alcanzados por el Programa en el período 2001-2006, se han

desarrollado anualmente como lo establece el cuadro

siguiente:

BENEFICIARIOS DIRECTOS

PROGRAMADOS Y ALCANZADOS

2001-2005

AÑO TOTAL DE BENEFICIARIOS

DIRECTOS PROGRAMADOS

TOTAL DE BENEFICIARIOS

DIRECTOS ALCANZADOS

VARIACIÓN %

2001 0 94,603 2002 8,000 51,080 538 2003 11,500 115,048 900 2004 11,5654 91,613 -21 2005 11,0000 123,724 12

TOTAL 24,5154 476,068 329

Lo que permite apreciar que anualmente el número de

beneficiarios directos ha sido rebasado positivamente con

relación a lo programado, lo cual atiende al incremento tanto

84

de las organizaciones apoyadas como al presupuesto

autorizado dentro del Programa.

Cabe señalar que en cuanto a la clasificación por genero, se

ha mantenido una constante en los últimos cuatro años, de

60% hombres y 40% mujeres, como aparece en las gráficas

siguientes que corresponden a los años 2001 y 2002 e

incluyen Beneficiarios directos, número de proyectos por

materia y número de proyectos por estado.

87

Durante los años 2001-2006 el Programa ha mantenido

como indicador de resultado el siguiente:

Número de proyectos concluidos x 100

Número de proyectos financiados

El resultado del indicador a lo largo del período, refleja el

cumplimiento en un 95.3% con relación a las metas

programadas, tal como se puede observar en el cuadro

siguiente:

INDICADOR DE RESULTADOS

2001-2006

Fuente: Archivo y Base de datos del Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia

AÑO INDICADOR RESULTADO % 2001 (267/260)* 100 102.6

2002 (205/213)*100 96.3

2003 (258/230)*100 112.2

2004 ((253/260)*100 97.3

2005 (335/280)* 100 119.6

2006 (416/280)* 100 148.9

TOTAL (1734/1523)*100 113.9

88

Hasta el año 2003, el Programa Promoción de Convenios en

Materia de Justicia era un proyecto inmerso en la Dirección

de Procuración de Justicia, por lo que el indicador se sumaba

a las acciones de esta Dirección.

A continuación se presentan las gráficas del año 2003.

90

En el 2004 con la creación de la CDI desaparece la Dirección

de Procuración de Justicia y el proyecto se convierte en

Programa emitiendo así sus propias Reglas de Operación en

las que además del indicador ya citado se incluye el de

perspectiva de género:

Proyectos financiados con perspectiva de género x 100 Total

de proyectos financiados.

En el indicador de perspectiva de género, se logra apreciar

que en éste se ha mantenido una constante del 28.2% del

total de proyectos financiados con relación a los proyectos

con perspectiva de género.

91

INDICADOR DE GÉNERO

2004-2006

AÑO INDICADOR RESULTADO % 2004 (72/253) *100 28.5 2005 (94/335) *100 28 2006

(135/416)*100 32.4

TOTAL (301/1004)*100

30.0

Fuente: Archivo y Base de datos del Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia

Otro avance importante en el año 2004 a través de la

Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) fueron

insertados los trámites que las comunidades, núcleos

agrarios y organizaciones sociales debieran cubrir a fin de

tener acceso a los servicios que presta el Programa,

simplificándose de manera sustantiva los mismos, sin dejar

de dar cumplimiento a los principios establecidos por el

Gobierno Federal como los son la transparencia, rendición de

cuentas y corresponsabilidad.

En las siguientes gráficas se aprecia el número de proyectos

por materia, beneficiarios directos por género y número de

proyectos por estado en el año 2004.

94

Por otra parte, durante el 2005, la CDI dio inicio a la

implantación del Sistema de Gestión de Calidad, para lo cual

el Programa realizó las acciones procedentes a fin de contar

con los manuales de calidad de cada uno de los proceso que

conforman el Programa, a la fecha se encuentran en proceso

de autorización por parte del comité de calidad.

Las gráficas siguientes presentan los beneficiarios directos,

el número de proyectos por materia y el número de

proyectos por estado durante el ejercicio fiscal 2005.

BENEFICIARIOS DIRECTOS 2005

95

NÚMERO DE PROYECTOS POR MATERIA

2005

96

IX. SEGUIMIENTO Y CONTROL

97

IX. SEGUIMIENTO Y CONTROL

9.1 Informes periódicos sobre avances y situación

Este programa ha crecido en un entorno de apertura y

disposición nacional e internacional para brindar atención

integral a los pueblos indígenas en el marco de sus

derechos y libertades fundamentales, tal como se asienta

en el artículo 2°, numerales 1 y 2, inciso b, del Convenio

169 de la Organización Internacional del Trabajo que a la

letra dice: “Los gobiernos deberán asumir la

responsabilidad de desarrollar, con la participación de los

pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática

con miras a proteger los derechos de esos pueblos y

garantizar el respeto a su integridad” y “Esta acción deberá

incluir medidas: b) que promuevan la plena efectividad de

los derechos sociales, económicos y culturales de esos

pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus

costumbres y tradiciones y sus instituciones”.

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006

sustenta la política del gobierno de la República dirigida a

establecer una nueva relación entre el Estado, los pueblos

indígenas y la sociedad en su conjunto y confirma la

98

necesidad de incorporar la participación social organizada

para la implementación de las políticas públicas y esto es

tanto más importante cuando se trata de atender a la

población indígena que sufre de los mayores grados de

marginación y de inseguridad jurídica. Por lo tanto,

debemos agregar que no es sólo un apoyo financiero el que

se brinda a través del Programa, es también un proceso de

diálogo con los pueblos indígenas.

Por otra parte, el Programa Nacional para el Desarrollo de

los Pueblos Indígenas establece que: “Los recursos públicos

y privados deberán fortalecer las capacidades ciudadanas

para potenciar los conocimientos y las habilidades de las

organizaciones y de las comunidades indígenas para

impulsar su propio desarrollo”. PNDPI.

En este sentido, la CDI dentro del Programa Promoción de

Convenios en Materia de Justicia, se ha comprometido a

estimular y promover el esfuerzo de los indígenas

organizados para que, a través de sus organizaciones

políticas, civiles y comunitarias con personalidad jurídica,

participen en el desarrollo e implementación de proyectos

de procuración de justicia y defensa de sus derechos, con la

firma de convenios de concertación a través de los cuales

se establecen los derechos y obligaciones entre las partes.

99

Así ha quedado referido en los informes de rendición de

cuentas que el Organismo ha realizado.

A través de los informes de gestión se observó en este

programa siempre existió congruencia del POA con los

objetivos, metas y lineamientos establecidos en el PND

El PPCMJ, dentro de sus principales objetivos considera

otorgar financiamiento a organizaciones dedicadas brindar

asesoría, defensoría, investigación y capacitación en

materia agraria, penal, civil y laboral, así como a ofrecer

otros servicios jurídicos en beneficio de las comunidades

indígenas del país.

El Programa estableció como unidad de medida (meta) el

de “convenio” suscrito. En el período 2001-2005 el

cumplimiento de las metas rebasó lo programado, como se

puede observar en el cuadro siguiente:

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS 2001-2005

AÑO METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS 2001 260 267 2002 213 205 2003 206 258 2004 260 253 2005 280 335 TOTALES 1,220 1,318 FUENTE: Archivo y Bases de Datos del Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia.

100

9.2 Acciones realizadas de corrección y mejora

Número de

revisión

Fecha de actualización Descripción del cambio

1 Noviembre de 2005

De nueva creación, elaborado con base en la “Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos” versión 2.1.

2 Marzo de 2006 Modificación de los anexos núm. 10.1 “Convenio de colaboración” y núm. 10.2 “Anexo de ejecución”, enviados por la DGAJ mediante oficio No. DGAJ/227/06 del 13 de febrero de 2006.

9.3 Intervenciones de control y auditorías practicadas

El Órgano Interno de Control, ha realizado diversas

auditorias durante todo los ejercicios, sin haberse

presentado durante toadas ellas “NINGUNA” observación

relevante, en éste programa.

Se presentan a continuación la relación de auditorías

realizadas al programa:

EJERCICIO 2001

Trimestre Concepto Unidad Admtva. Cuarto Eval. Prog. Of. Centrales

Eval. Prog. Del. Yucatán

Eval. Prog. Del. Durango

101

EJERCICIO 2002 Primero Eval. Prog. Del. Chiapas

Eval. Prog. Del. Guerrero Eval. Prog. CCDI San Cristóbal de las Casas, CISS.

Trimestre Concepto Unidad Admtva. EJERCICIO 2002

Segundo Eval. Prog. Del. Nayarit Eval. Prog. Del. Chihuahua Eval. Prog. Of. Centrales Eval. Prog. CCDI Zacapoaxtla Pue.

Tercero Eval. Prog. Del Querétaro Eval. Prog. Del Hidalgo Eval. Prog. Del San Luis Potosí Eval. Prog. Subdeleg. Sinaloa

Cuarto Eval. Prog. Deleg. Baja Calif. EJERCICIO 2003

Primero Eval. Prog. CCDI Teziutlan , Pue. Tercero Eval. Prog. Del. Michoacán

Eval. Prog. Del Morelos Eval. Prog. Del. Veracruz Eval. Prog. Del. Mérida Eval. Prog. CCDI Sotuta , Yuc. Eval. Prog. CCDI Peto, Yuc.

Cuarto Eval. Prog. Oficinas Centrales EJERCICIO 2004

TRIMESTRE CONCEPTO UNIDAD ADMINISTRATIVA Primero Actividades. E Del. Durango Segundo Actividades. E Del. Chiapas

Tercero Actividades. E Del. Hidalgo

Actividades. E CCDI Venustiano Carranza , Chis. Actividades. E CCDI Las Margaritas , Chis.

Cuarto Actividades. E CCDI Guachochic, Chih. Actividades. E Del. San Luis Potosí

EJERCICIO 2005

Primero Actividades. E CCDI. Mazapa de Madero, Chis Actividades. E CCDI. Tila , Chis Actividades. E CCDI. Tlapa, Gro

Segundo Actividades. E Del. Campeche EJERCICIO 2006

102

Primero Actividades. E Del. Chiapas Segundo Actividades. E CCDI. Tuxtepec , Oax Tercero Actividades. E CCDI. Chicontepec , Ver

Actividades. E Del. Durango

Es de ratificarse que como resultado de las auditorias

practicadas no se derivó ninguna observación relevante.

Solamente existió una observación “No relevante” por

“Incumplimiento de programas, metas, objetivos o

proyectos” fincada al CCDI Tuxtepec, Oax. Misma que se

solventó adecuadamente cumpliendo la fecha de

compromiso de solventación (30 sep de 2006)

9.4 Atención de observaciones determinadas

Es Relevante destacar que el Programa Promoción en

Materia de Justicia desde su creación (2004) a la fecha,

ha solventado las observaciones por parte de las instancias

fiscalizadoras, tanto internas como externas; no existiendo

a la fecha ninguna recomendación pendiente.

Dentro de las funciones de la Coordinación General de

Administración y Finanzas, previstas en el Estatuto

Orgánico de la CDI, está el realizar el seguimiento

oportuno y eficiente para la atención de las observaciones

103

determinadas por los órganos de control y vigilancia, para

resolverlas en tiempo y forma.

Cabe señalar que las áreas responsables constantemente

realizan análisis referentes a la recurrencia de las

observaciones y resultado de los diversos análisis

realizados, se desarrolló un Plan de Trabajo el cual incluye

acciones que impacten en una mejora administrativa de

las áreas o procesos con mayor número de casos de

deficiencias o irregularidades (las cuales constituyen las

áreas de oportunidad de esta Institución); a fin de lograr

la reducción de la recurrencia de observaciones al

intervenir las diversas instancias fiscalizadoras.

El Plan de Trabajo mencionado, parte de una consideración

a los esfuerzos realizados de manera conjunta, entre el

OIC y la CGAF, a fin de abatir las diversas problemáticas y

recurrencias reflejadas en las observaciones y

posteriormente proponer acciones que complementen el

esfuerzo realizado con el objeto de reducir el número de

las mismas.

104

X. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS

105

10.1 RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS

IMPACTO DEL PROGRAMA

Los indígenas mexicanos enfrentan una situación de

desventaja respecto del resto de la población nacional. Lo

anterior se ve reflejado en los bajos índices de desarrollo

social y humano que presentan. Adicionalmente, son

víctimas de discriminación y exclusión social y sus derechos

colectivos son negados, por lo que resulta evidente que la

gran mayoría de los indígenas padecen las restricciones

propias de los pueblos que no ejercen sus derechos

colectivos.

No obstante lo anterior, los pueblos y comunidades

indígenas se han involucrado en un proceso de participación

y diálogo con las diferentes instancias públicas a través de la

presentación de propuestas de desarrollo para los ámbitos

locales y regionales, del fortalecimiento de sus propias

formas de organización y del establecimiento de alianzas y

redes que representan a los diferentes sectores de los

pueblos indígenas.

106

En este período la sociedad civil ha adoptado una postura

propositiva y activa, impulsando desde la dinámica de los

pueblos indios, acciones organizadas en defensa de sus

derechos y la configuración de instancias propias de

participación; de tal manera que la sociedad civil organizada

ha logrado conquistar espacios importantes en la vida

pública del país.

A través de este Programa la cultura jurídica se ha visto

fortalecida al fomentar el valor de la legalidad.

El conocimiento de los instrumentos internacionales, de la

Constitución y de las leyes reglamentarias ha estimulado el

nivel de interlocución de los beneficiados para propiciar el

reconocimiento de las garantías individuales y los derechos

colectivos de los pueblos indígenas.

A la fecha, las organizaciones financiadas han brindado

servicios directos a la ciudadanía en la protección de sus

derechos y las comunidades tienen la oportunidad de

ejecutar proyectos que cumplan sus propias necesidades en

materia de justicia. Durante el período que se reporta, se dio

un incremento tanto en la participación de la sociedad civil

en la ejecución de proyectos de esta índole, como el número

de organizaciones comunitarias participantes.

107

El impacto de estas acciones realizadas por medio de los

proyectos apoyados se centra fundamentalmente en la

adquisición de conocimientos por parte de la población

beneficiada en torno a los derechos y los efectos que esto

tiene en las dinámicas familiar y comunitaria. Asimismo,

destacan otros beneficios directos tales como el

conocimiento de los derechos específicos de las mujeres y la

mejoría en la relación entre géneros a consecuencia de ello;

la promoción y fomento a la organización comunitaria y el

incremento en la seguridad jurídica de las familias al

apoyarles en la gestión de diversos trámites legales.

Con lo anterior el Programa ha logrado trascender el

beneficio individual a los ámbitos colectivos inmediatos

(familia y comunidad), por lo que se logra un beneficio

comunitario que impacta positivamente en las relaciones

sociales de las localidades en las cuales operan los proyectos

apoyados.

Aunado a lo anterior, dentro del Programa se ha fortalecido

y fomentado la transparencia y la rendición de cuentas, de

tal forma que las organizaciones participantes se encuentran

en mejores condiciones para ejecutar y realizar un gasto

óptimo de los recursos otorgados por el gobierno federal;

108

permitiéndoles una profesionalización de ellas mismas y con

ello desarrollar acciones de mejor calidad y capacidad de

respuesta para las necesidades que en materia de justicia

atienden.

Otro avance fundamental del Programa ha consistido en

promover en las organizaciones indígenas su participación y

vigilancia social para lograr que quienes administran e

imparten la justicia, se ajusten al estado de derecho que

emana de la Constitución y de los demás ordenamientos

federales, estatales y municipales. A la par, la participación

social puede y debe fortalecerse en actividades relacionada

con el estudio y la adecuación del marco jurídico nacional en

atención a la diversidad cultural del país, a fin de lograr la

incorporación de los indígenas a un plano de igualdad


109

A continuación se presentan las gráficas alusivas a los beneficios

alcanzados por entidad federativa 2001-2003

2001-2003 2001* 2002* 2003

Entidad federativa

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Nacional 269,982 146,667 123,315 94,603 56,761 37,842 60,331 34,175 26,156 115,048 55,731 59,317

Distrito Federal y proyectos interestatales

28,441 15,874 12,567 13,229 7,937 5,292 10,490 5,754 4,736 4,722 2,183 2,539

Baja California

3,174 1,984 1,190 1,405 843 562 1,604 1,052 552 165 89 76

Campeche 11,520 7,522 3,998 7,827 4,696 3,131 144 84 60 3,549 2,742 807

Chiapas 17,359 10,728 6,631 7,376 4,426 2,950 1,691 980 711 8,292 5,322 2,970

Chihuahua 541 316 225 250 150 100 46 26 20 245 140 105

Durango 2,554 1,784 770 0 200 125 75 2,354 1,659 695

Estado de México

2,263 1,330 933 250 150 100 1,403 920 483 610 260 350

Guanajuato 200 120 80 100 60 40 0 0 0 100 60 40

Guerrero 56,434 23,457 32,977 6,189 3,713 2,476 5,414 3,269 2,145 44,831 16,475 28,356

Hidalgo 17,797 10,449 7,348 16,450 9,870 6,580 50 30 20 1,297 549 748

Jalisco 3,739 2,633 1,106 589 353 236 100 40 60 3,050 2,240 810

Michoacán 5,908 3,160 2,748 3,683 2,210 1,473 130 80 50 2,095 870 1,225

Morelos 4,608 2,915 1,693 1,004 602 402 3,055 2,065 990 549 248 301

Nayarit 1,741 1,176 565 843 506 337 326 200 126 572 470 102

Oaxaca 53,483 30,066 23,417 24,524 14,714 9,810 6,754 3,930 2,824 22,205 11,422 10,783

Puebla 6,607 3,474 3,133 1,965 1,179 786 1,195 740 455 3,447 1,555 1,892

Querétaro 2,120 1,252 868 1,720 1,032 688 70 70 0 330 150 180

Quintana Roo 2,793 1,750 1,043 370 222 148 645 360 285 1,778 1,168 610

San Luís Potosí

3,239 2,020 1,219 2,572 1,543 1,029 137 90 47 530 387 143

Sinaloa 891 595 296 535 321 214 74 45 29 282 229 53

Sonora 2,108 1,234 874 1,388 833 555 600 360 240 120 41 79

Tabasco 7,570 4,059 3,511 1,254 752 502 520 402 118 5,796 2,905 2,891

Veracruz 34,183 18,470 15,713 800 480 320 25,538 13,498 12,040 7,845 4,492 3,353

Yucatán 709 298 411 280 168 112 145 55 90 284 75 209

*Instituto Nacional Indigenista

110

Convenios suscritos por estado 2004-2005 y preliminar 2006

2004-2006 2004 2005 2006p Entidad federativa

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Nacional 371,307 199,544 171,763 91,613 47,432 44,181 121,724 66,451 55,273 157,970 85,661 72,309


53,007 27,192 25,815 31,114 15,292 15,822 12,153 6,854 5,299 9,740 5,046 4,694

Baja California 7,153 3,610 3,543 3,060 1,940 1,120 570 289 281 3,523 1,381 2,142

Campeche 649 408 241 268 164 104 162 92 70 219 152 67

Chiapas 87,891 46,003 41,888 16,573 8,049 8,524 19,483 9,535 9,948 51,835 28,419 23,416

Chihuahua 2,153 1,006 1,147 170 110 60 1,032 272 760 951 624 327

Durango 6,652 3,199 3,453 1,430 553 877 1,748 989 759 3,474 1,657 1,817

Estado de México

10,972 5,629 5,343 2,105 1,093 1,012 2,050 1,380 670 6,817 3,156 3,661

Guanajuato 130 60 70 0 0 0 130 60 70 0 0 0

Guerrero 20,405 12,430 7,975 4,895 3,134 1,761 6,547 4,519 2,028 8,963 4,777 4,186

Hidalgo 12,558 8,775 3,783 4,403 2,987 1,416 3,173 2,271 902 4,982 3,517 1,465

Jalisco 12,023 9,840 2,183 770 405 365 3,295 2,821 474 7,958 6,614 1,344

Michoacán 16,732 10,405 6,327 2,150 950 1,200 10,057 7,365 2,692 4,525 2,090 2,435

Morelos 4,600 2,093 2,507 1,371 788 583 1,389 692 697 1,840 613 1,227

Nayarit 4,053 2,514 1,539 280 190 90 1,080 706 374 2,693 1,618 1,075

Oaxaca 44,855 22,756 22,099 4,810 3,128 1,682 29,550 13,606 15,944 10,495 6,022 4,473

Puebla 16,460 6,312 10,148 5,770 2,110 3,660 7,187 2,930 4,257 3,503 1,272 2,231

Querétaro 670 240 430 120 0 120 240 90 150 310 150 160

Quintana Roo 16,337 8,308 8,029 2,490 1,191 1,299 6,303 3,430 2,873 7,544 3,687 3,857

San Luís Potosí

8,664 6,013 2,651 708 500 208 3,602 2,276 1,326 4,354 3,237 1,117

Sinaloa 7,499 3,862 3,637 3,127 1,500 1,627 1,875 1,085 790 2,497 1,277 1,220

Sonora 2,178 1,004 1,174 200 128 72 305 75 230 1,673 801 872

Tabasco 3,896 1,863 2,033 2,030 930 1,100 736 368 368 1,130 565 565

Veracruz 27,121 13,968 13,153 3,534 2,170 1,364 6,632 3,611 3,021 16,955 8,187 8,768

Yucatán 4,649 2,054 2,595 235 120 115 2,425 1,135 1,290 1,989 799 1,190


P=Preliminar

111

10.2 Convenios suscritos por estado

Programa de Promoción de Convenios en Materia de Justicia Número de municipios atendidos por estado

2001–2006

Entidad federativa 2001-2006 2001* 2002* 2003 2004 2005 2006p

Nacional 3,354 896 825 409 385 440 399


201 32 22 31 32 19 65

Baja California 32 3 8 7 2 6 6

Campeche 34 4 4 6 6 7 7

Chiapas 323 37 56 60 56 57 57

Chihuahua 46 5 10 5 8 11 7

Durango 18 0 4 4 4 4 2

Estado de México 82 3 19 15 18 12 15

Guanajuato 9 1 0 1 0 7 0

Guerrero 167 40 26 35 24 20 22

Hidalgo 98 24 7 14 13 21 19

Jalisco 64 8 6 3 16 13 18

Michoacán 100 33 21 5 15 14 12

Morelos 94 11 16 10 15 24 18

Nayarit 38 7 5 7 5 7 7

Oaxaca 1,373 570 520 99 50 80 54

Puebla 181 30 19 18 41 57 16

Querétaro 17 8 2 2 2 1 2

Quintana Roo 32 6 5 4 5 6 6

San Luís Potosí 101 18 16 26 19 11 11

Sinaloa 38 6 2 2 4 17 7

Sonora 39 7 10 4 6 6 6

Tabasco 25 4 4 5 7 3 2

Veracruz 210 35 36 42 31 34 32

Yucatán 32 4 7 4 6 3 8


P= Preliminar

112

Programa de Promoción de Convenios en Materia de Justicia

Proyectos por entidad Federativa 2001–2006

Entidad federativa 2001-2006 2001* 2002* 2003 2004 2005 2006p Nacional 1,735 267 205 258 253 335 417 Distrito Federal y proyectos interestatales

142 29 17 23 19 24 30

Baja California 28 6 3 2 2 8 7

Campeche 41 6 5 10 8 5 7

Chiapas 538 36 49 56 89 134 174

Chihuahua 23 4 4 2 3 5 5

Durango 11 0 1 4 3 1 2

Estado de México 34 1 5 7 7 6 8

Guanajuato 4 1 0 1 0 2 0

Guerrero 89 26 12 14 9 11 17

Hidalgo 50 18 5 9 4 6 8

Jalisco 49 8 7 9 8 8 9

Michoacán 40 9 9 4 3 8 7

Morelos 44 4 7 5 7 9 12

Nayarit 16 2 1 2 1 4 6

Oaxaca 221 42 34 46 30 32 37

Puebla 61 9 8 11 13 11 9

Querétaro 11 3 2 3 1 1 1

Quintana Roo 58 7 5 6 12 13 15

San Luís Potosí 57 22 6 7 8 6 8

Sinaloa 30 6 2 3 3 7 9

Sonora 20 6 2 2 2 2 6

Tabasco 24 4 3 8 5 2 2

Veracruz 121 15 15 19 13 27 32

Yucatán 23 3 3 5 3 3 6

*Instituto Nacional Indigenista P= Preliminar

113

10.3 Presupuesto ejercido por estado


Presupuesto ejercido por entidad federativa 2001–2005

Entidad federativa 2001-2006

2001* 2002* 2003 2004 2005

Nacional 136,969,690.62 17,603,190.45 14,447,442.16 13,396,965.47 21,123,752.06 32,585,301.16


21,513,216.56 2,412,981.25 1,854,109.10 1,677,814.45 2,385,182.61 4,244,104.83

Baja California 2,156,617.00 383,060.00 372,370.00 160,362.00 164,825.00 579,000.00

Campeche 4,230,641.85 673,400.00 570,000.00 798,000.00 955,940.00 597,801.85

Chiapas 35,967,878.37 2,274,220.00 2,668,471.00 2,845,174.70 6,580,986.81 11,143,975.86

Chihuahua 1,772,054.50 242,950.00 286,000.00 67,992.00 218,112.50 526,000.00

Durango 876,238.12 0.00 75,169.95 146,175.00 291,413.93 260,914.24

Estado De México

2,282,186.38 57,288.00 313,980.00 416,949.88 539,118.20 374,450.30

Guanajuato 320,375.00 67,200.00 0.00 0.00 3,175.00 0.00

Guerrero 6,691,514.47 1,651,829.40 936,472.00 718,807.99 885,725.16 1,199,679.92

Hidalgo 3,300,420.97 1,199,140.00 342,055.14 390,661.00 405,814.83 534,750.00

Jalisco 3,522,620.00 501,400.00 451,500.00 411,120.00 490,600.00 872,500.00

Michoacán 2,484,070.77 399,413.60 483,764.93 165,091.03 206,979.50 638,221.71

Morelos 3,468,339.10 200,340.00 453,924.30 277,522.80 540,924.50 938,727.50

Nayarit 1,936,303.90 360,000.00 91,985.46 231,350.00 164,468.44 469,000.00

Oaxaca 16,237,762.30 2,951,682.00 2,393,818.00 2,186,260.90 2,362,186.90 3,168,564.50

Puebla 4,314,139.74 611,020.00 455,831.73 426,925.00 890,523.01 959,240.00

Querétaro 1,108,215.55 232,600.00 117,500.00 256,068.00 86,379.55 218,168.00

Quintana Roo 6,080,691.68 740,316.20 386,416.36 438,767.00 1,170,450.00 1,540,242.12

San Luís Potosí 2,586,162.86 801,076.00 200,800.30 169,301.56 451,695.00 590,290.00

Sinaloa 2,460,640.01 395,024.00 115,524.16 184,036.85 263,805.00 692,750.00

Sonora 1,126,510.64 198,500.00 161,000.02 37,851.00 112,159.62 162,500.00

Tabasco 1,837,834.42 199,500.00 232,499.71 329,832.31 495,736.50 242,765.90

Veracruz 8,867,342.43 866,650.00 1,186,000.00 852,838.00 1,101,050.00 2,350,154.43

Yucatán 1,827,914.00 183,600.00 298,250.00 208,064.00 356,500.00 281,500.00

*Instituto Nacional Indigenista P= Preliminar

114

XI. INFORME FINAL

115

XI. Informe final

El Programa ofrece a los beneficiarios los siguientes servicios: • Apoyo económico a proyectos para la promoción y defensa de los

derechos de los pueblos indígenas y el impulso de actividades de

procuración de justicia.

• Gestión y pago de derechos del permiso de uso de nombre de

figuras asociativas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

• Pago de hasta el 50% de gastos notariales para la constitución

legal bajo la figura jurídica que más convenga a las comunidades,

organizaciones indígenas, organizaciones de promotores y

defensores de los derechos humanos que lo soliciten, cuyo objeto

social este vinculado a la promoción y defensa de los derechos de

los pueblos indígenas.

El propósito principal de estas acciones, es el fortalecimiento de los

procesos organizativos de las propias comunidades, ejidos y

organizaciones indígenas en proceso de integración. Asimismo

brindarles asesoría para que logren su reconocimiento formal ante

las instancias competentes e impulsar la defensa de sus derechos

116

políticos, sociales y culturales que contribuyan a su bienestar

social.

El hoy Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia

tiene por lineamientos generales propiciar la transferencia de

recursos a las comunidades indígenas, núcleos agrarios y

organizaciones indígenas promotoras y defensoras de los derechos

humanos, a fin de garantizar su desarrollo autónomo y

autogestivo.

Si bien los lineamientos generales del Programa constituyeron una

estrategia que globalmente ajusta a las demandas de los pueblos

indígenas, en el caso de la justicia jurídica es pertinente hacer

algunas consideraciones.

La administración e impartición de justicia sigue siendo una

facultad exclusiva del Estado, no obstante la demanda expresada

por las organizaciones indígenas de tener participación en ella.

Durante la presente administración la participación y vigilancia en

la que se encuentran inmersas las organizaciones sociales ha dado

como respuesta que quienes administran e imparten la justicia, se

ajusten al estado de derecho que emana de la Constitución y de

los demás ordenamientos federales, estatales y municipales. A la

par, la participación social puede y debe fortalecerse en

117

actividades relacionadas con el estudio y la adecuación del marco

jurídico nacional en atención a la diversidad cultural del país, a fin

de lograr la incorporación de los indígenas a un plano de igualdad


El Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia busca

generar las condiciones para el acceso de los pueblos,

comunidades e individuos indígenas a la jurisdicción del Estado y

hacer efectivo el ejercicio de sus derechos.

Para lograr esto, se instrumentaron líneas estratégicas, mediante

las cuales se buscó contribuir al mejoramiento de la procuración de

justicia de los pueblos y comunidades indígenas que lo soliciten, a

través del financiamiento de proyectos que ejecuten las

organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas que

promuevan y difundan los derechos de los pueblos indígenas y el

impulso de actividades de procuración de justicia; lo anterior a

consecuencia de la necesidad de combatir la impunidad y la

violación de los derechos humanos en los pueblos y comunidades

indígenas.

Cabe mencionar que en los últimos dos años ha existido un

incremento presupuestal, en 2004 fue del 70% y en 2005 del 61%

respecto con los años inmediatos anteriores. Lo anterior como

118

consecuencia de la creación de la CDI en 2003. En este sentido

fueron impulsadas las acciones de procuración de justicia y

vigencia de derechos, para lo cual fueron reestructuradas las

estrategias y paradigmas institucionales.

A partir de este replanteamiento, en 2004 el Proyecto de

Convenios se convierte en el Programa especial de Promoción de

Convenios en Materia de Justicia formando parte de la

Coordinación General de Programas y Proyectos Especiales, lo

anterior repercutiendo en el presupuesto asignado al Programa por

la Cámara de Diputados.

En el Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia, se

modificaron los principios estratégicos de trabajo, definiendo los

criterios para la aprobación de los proyectos, diversificando los

apoyos en las distintas áreas de atención jurídica, que permitiera

la participación directa de la población indígena organizada para

atender sus propias demandas de justicia; lo anterior debido en

parte a la gran demanda de las organizaciones que año con año se

ve incrementada. Estas modificaciones se han ido plasmando en el

aspecto normativo, definiendo criterios, estrategias funciones y

obligaciones de cada una de las Unidades Operativas involucradas,

plasmadas en las Reglas de Operación y en el Manual Operativo

del Programa.

119

Es por ello que en el año 2004 a través de la Comisión Federal de

Mejora Regulatoria (COFEMER) fueron insertados los trámites que

las comunidades, núcleos agrarios y organizaciones sociales

debieran cubrir a fin de tener acceso a los servicios que presta el

Programa, simplificándose de manera sustantiva los mismos, sin

dejar de dar cumplimiento a los principios establecidos por el

Gobierno Federal como los son la transparencia, rendición de

cuentas y corresponsabilidad.

El Programa ha hecho necesaria la permanencia de acciones

tendientes a responder a la problemática que en materia de

justicia padecen los pueblos indígenas, pese a los evidentes

avances que se han registrado, aún predomina la discriminación

social y la violación a sus derechos.

El Programa operado por la Coordinación General de Programas y

Proyectos Especiales de la CDI, se enmarca en uno de los puntos

más preocupantes del gobierno federal, a fin de dar respuesta

mediante políticas públicas específicas a los reclamos de justicia de

los pueblos indígenas.

De tal manera que el Programa responde a una necesidad social

actual, así como a una creciente demanda por parte de la sociedad

120

civil, de apoyo financiero para llevar a cabo acciones

corresponsables en torno a la procuración y acceso a la justicia por

parte de los pueblos indígenas.

121

XII. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

122

XIII. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

a. - Autorizaciones de los recursos

b. - Convenios suscritos

123

Titular de la Entidad

XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ

DIRECTORA GENERAL

COMISIÓN NACIONAL PARA EL

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

________________________________________ Firma

124

GLOSARIO

CCDI

Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena.

CDI

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Comité Interno

Comisión integrada por el Responsable del POPMI o su

representante, el Delegado(a) Estatal correspondiente o su

representante y los invitados que en su caso se considere necesaria

su intervención; los cuales revisan, evalúan y dictaminan cada uno

de los proyectos presentados en la captación de la demanda.

Comprobantes

Documentos como notas de compra, notas de remisión o recibos de

compra, que describan los artículos adquiridos y que dichas

adquisiciones sean avaladas con el nombre, el cargo, la firma y/o el

sello de alguna autoridad local; lo anterior debido a las

particularidades en la ejecución del POPMI, por lo que no serán

exigibles para los grupos beneficiados la presentación de facturas

que reúnan los requisitos fiscales.

125

CONAPO

Consejo Nacional de Población

Delegaciones Estatales

Las representaciones de la CDI en las entidades federativas donde

se tiene cobertura.

Delegado estatal

Titular a cargo de la Delegación Estatal.

Evaluación

Verificación en campo de las actividades reportadas en los informes

físico-financieros presentados por los grupos solidarios; así como la

valoración sobre el impacto social del proyecto al concluir las

actividades de los mismos.

Evaluación externa

Valoración de los resultados del Programa que realiza una institución

académica y de investigación u organismo especializado de carácter

nacional o internacional, con reconocimiento y experiencia en la

materia, con base en los Términos de Referencia del Programa

elaborados por la Unidad Administrativa Responsable del Programa.

126

Expediente de grupos financiados

Carpeta que integra la Instancia Ejecutora, la cual consta de

Anexos, Plan de Trabajo General, Convenio de Colaboración, Anexos

de Ejecución, informes físico – financieros correspondientes, así

como toda la documentación generada en el acompañamiento.

Grupo solidario

Es la figura mediante la cual las mujeres indígenas se organizan

para el desarrollo del proyecto productivo. Los grupos solidarios se

caracterizarán por tener disposición para participar activamente en

las diferentes etapas del programa y de su proyecto.

INEGI

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática

Instancia normativa

Son las responsables de diseñar, instrumentar y establecer las

disposiciones y lineamientos normativos a nivel general y específico

para el desempeño de los programas y proyectos bajo su

responsabilidad. Así como dar seguimiento al adecuado

cumplimiento de éste. La CDI, a través de la Unidad Administrativa

Responsable del Programa, en coordinación con sus Delegaciones

127

Estatales, será la instancia normativa encargada de autorizar los

Proyectos de Organización Productiva y de Acompañamiento.

PND

Plan Nacional de Desarrollo

PNDPI

Programa Nacional para el Desarrollo para los Pueblos Indígenas

2001-2006

PPCMJ


SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social

Seguimiento

Monitoreo al trabajo desarrollado por los grupos solidarios con

relación a las actividades programadas y a la aplicación correcta de

los recursos otorgados.

SFP

Secretaría de la Función Pública

128

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

TESOFE

Tesorería de la Federación

Validación

Proceso de valoración definitiva de los proyectos presentados, con

base en la información de los expedientes respectivos, cuyo

resultado es la validación por parte del Delegado Estatal.

Vocal de Contraloría social

Persona de la comunidad donde se desarrolla el proyecto, encargada

de vigilar la adecuada aplicación de los recursos, con el respeto a

los acuerdos designados en la asamblea general y formular las

denuncias correspondientes para la regularización de las situaciones

que pongan en riesgo el logro de los objetivos y principios de la

organización y del Programa.

129

Unidad Administrativa Responsable del Programa

Área encargada de la operación del PPCMJ cuya estructura se

compone de: Responsable del Programa (Dirección), Subdirección,

cinco Jefaturas de Departamento, cuatro Enlaces y una Secretaria.

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