Las sentencias atípicas en la jurisdicción constitucional

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    LAS SENTENCIAS ATPICAS EN LA JURISDICCIN CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANA

    Csar LANDA*

    SUMARIO: I. Presentacin. II. Premisas jurdico-polticas del control constitucional. III. Las sentencias atpicas. IV. Valo-

    racin fi nal.

    I. PRESENTACIN

    Desde finales del siglo XX, la justicia constitucional en Amrica Latina se ha instalado en la forma de tribunales o cortes constitucionales (Chile, Ecuador, Per, Colombia, Bolivia y Repblica Dominicana), as tambin como una nueva competencia de las cortes supremas (Brasil, Mxico, Ar-gentina) o de una sala especializada de stas (Costa Rica, Venezuela). Ello pone en evidencia dos cosas: una jurdica, que el Estado de derecho lati-noamericano fundamenta su ordenamiento jurdico directamente en la su-premaca de la Constitucin y la defensa de los derechos fundamentales;1 y, otra poltica, que dada la experiencia autoritaria en la regin militar

    1 De Vega, Pedro, Estudios poltico constitucionales, Mxico, Universidad Nacional Autnoma de Mxico, 1987, pp. 283-309, asimismo, Leibholz, Gerhard, Problemas fun-damentales de la democracia moderna, Madrid, Instituto de Estudios Polticos, 1971, pp. 145-174.

    * Ex presidente y actual magistrado del Tribunal Constitucional del Per; profesor de Derecho Constitucional en la Pontifi cia Universidad Catlica del Per y en la Universi-dad Nacional Mayor de San Marcos.

    www.juridicas.unam.mx

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    o civil, no hay derecho sin democracia, como tampoco democracia sin derecho.2

    El afi anzamiento y desarrollo de este modelo de Estado constituye un desafo comn para la regin latinoamericana, que ha estado caracteri-zada por histricos problemas de inestabilidad jurdica y poltica, y por la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales que democraticen el poder y distribuyan equitativamente la riqueza entre todos los ciudada-nos.3 En este escenario, la justicia constitucional se encuentra inserta en el ncleo de las cuestiones del nuevo Estado constitucional, en la medida que su quehacer si bien es de naturaleza jurdica, dada la crisis de repre-sentatividad de las clsicas instituciones democrticas como el Congreso y el Poder Judicial, se ha convertido en una nueva instancia de canaliza-cin y resolucin jurdica de grandes cuestiones polticas.

    No obstante, en lneas generales se observan distintas realidades y de-safos de la justicia constitucional en la regin, en funcin de las debi-lidades y erosiones en materia democrtica (Venezuela, Bolivia y Ecua-dor); as como en funcin de la mayor estabilidad institucional, pero con problemas de falta de transparencia gubernamental y corrupcin (Brasil, Argentina, Chile) o menor institucionalidad y autonoma (Per y Colom-bia); todo lo cual est directamente vinculado a la implementacin de un modelo econmico neoliberal o uno alternativo, que impacta la Cons-titucin y pone a la justicia constitucional en cuestin, lo cual alcanza muchas veces a la estabilidad en el cargo de sus magistrados.

    No obstante, la justicia constitucional latinoamericana ha dado res-puestas a dichos desafos, en casos lmite para el poder; para lo cual se viene incorporando jurisprudencialmente la doctrina comparada acerca de la naturaleza, tipos, alcances y lmites de las sentencias constituciona-les.4 La sentencia constitucional como cualquier otra sentencia en prin-cipio est investida de la misma naturaleza de un fallo judicial ordinario; sin embargo, dada la fi nalidad material al cual est vinculado un proce-so constitucional, se ha trasladado mecnicamente una falsa dicotoma

    2 Bckenfrde, Ernst-Wolfgang, Estudios sobre el Estado de derecho y la democra-cia, Madrid, Editorial Trotta, 2000, pp. 118-131.

    3 Landa, Csar, La vigencia de la Constitucin en Amrica Latina. Landa, Csar y Fandez, Julio, Desafos constitucionales contemporneos, Lima, Pontifi cia Universidad Catlica del Per Fondo Editorial, 1996, pp. 13-23.

    4 Fix-Zamudio, Hctor y Ferrer-Mac-Gregor, Eduardo, Las sentencias de los tribu-nales constitucionales, Mxico, Porra, 2009, p. 7.

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    propia de una sentencia ordinaria, al declarar fundada o infundada una demanda y, en consecuencia, expulsar una norma o mantenerla en el sis-tema jurdico.

    Ello es as, debido a que el juez constitucional, al identifi car un vicio sobre la constitucionalidad de una norma legal, se le presenta un abani-co de opciones entre la declaracin de constitucionalidad e inconstitu-cionalidad de la norma impugnada, a partir de lo cual puede construir diferentes tipos de sentencias atpicas, con diversos alcances, lmites y efectos jurdicos en su fallo. Pero, precisamente esto ha dado lugar, por un lado, que se ponga en cuestin a las sentencias constitucionales atpi-cas en la medida que no slo declaran fundada o infundada una deman-da; y, por otro lado, que se acuse a los jueces constitucionales de operar como legisladores positivos. Lo cual, se ha sealado, pone en entredicho el clsico principio de divisin de poderes, la legitimidad democrtica del legislador y hasta la propia seguridad jurdica; ello es as por cuanto, como dira en su da FORSTHOFF una jurisdiccin independizada es una jurisdiccin en expansin.5

    Por ello, corresponde recuperar el viejo concepto de la jurispruden-cia juris prudentia, frente a la ciencia jurdica scientia juris. En tanto la primera consagra una racionalidad material, orientada a los principios constitucionales y a la ponderacin de valores, mientras la se-gunda encuentra en la racionalidad formal de la aplicacin de las reglas a travs de la subsuncin el nico camino para la comprensin de la Cons-titucin. Adems, mientras la scientia juris pretende llegar a un criterio, excluyente, de verdadero/falso, conforme a la lgica excluyente del aut-aut o dentro o fuera Entweder oder; la juris prudentia busca, ms bien, acercarse a la verdad constitucional progresivamente, de lo menos a lo ms. Esto ltimo es lo que los antiguos llamaban prudencia y que, contempornea mente, se denomina ponderacin o razonabilidad.6

    5 Forsthoff, Ernst. El Estado de la sociedad industrial. Madrid: Instituto de Estudios Polticos, 1975, p. 244. A modo de ejemplo revisar el Proyecto de Ley 14321/2205-CR que propuso que el Tribunal Constitucional del Per no sea el intrprete supremo de la Constitucin, ni pudiera dictar sentencias interpretativas, el cual fue rechazado en su ad-misin. Ver en Landa, Csar, (editor) Tribunal Constitucional y control de poderes: do-cumentos de debate. Lima, Tribunal Constitucional del PerKonrad Adenauer Stiftung, 2006, pp. 135.

    6 Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dctil, Madrid, Editorial Trotta, 1995, pp. 122-126.

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    No es el momento para abordar la complejidad de todos estos temas, sino centrar el anlisis en la temtica de las sentencias atpicas en Amri-ca Latina, a partir de las premisas jurdico polticas del control constitu-cional en una regin con una larga tradicin autoritaria. Por cuanto, slo en un Estado Constitucional basado en la justicia se presenta la compleja tarea jurdica y poltica del control constitucional, ante las insufi ciencias del actual proceso de democratizacin del sistema poltico, para lo cual el anlisis de la vinculacin de las distintas tcnicas de la elaboracin de las sentencias a la solucin de las cuestiones polticas, econmicas y sociales pendientes de solucin, nos permitir valorar las consecuencias y efi cacia de la justicia constitucional en el fortalecimiento de la democracia.

    II. PREMISAS JURDICO-POLTICAS DEL CONTROL CONSTITUCIONAL

    Desde fi nales del siglo XX, el presidencialismo en Amrica Latina se ha expresado en la despolitizacin y desparlamentarizacin de los asuntos de inters pblico y, simultneamen te, en la economizacin del inters general, y, la atribucin del rol gestor del Presidente, en la trans-ferencia de la economa pblica a los grupos privados y las cargas pbli-cas a los ciudadanos.7 Sin embargo, en algunos pases, ello ha generado inestabilidad social y econmica; motivo por el cual a comienzos del siglo XXI han surgido: por un lado, los nuevos gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador que cuestionan el clsico modelo econmico y poltico internacional, y; por otro lado, los gobiernos de Brasil, Argentina, Chi-le, Paraguay y Uruguay, que buscan conciliar sus programas nacionales con los estndares internacionales. Mientras que pases como Mxico, Colombia y Per se han allanado al nuevo modelo econmico, con las consecuencias polticas y sociales que ello trae consigo.

    Desde entonces se han producido reformas constitucionales en Brasil, Mxico, Argentina; as como, tambin, se han promulgado nuevas cons-tituciones mediante procesos constituyentes en Chile y Per o se han aprobado por referndum popular constituciones con un nuevo modelo

    7 Vega, Pedro de, Neoliberalismo y Estado, Pensamiento Constitucional, ao IV, nm. 4. Lima, Fondo Editorial - Pontifi cia Universidad Catlica del Per, 1997, pp. 31-36.

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    poltico y econmico en Venezuela, Ecuador y Bolivia.8 En todas estas constituciones presidencialistas se han incorporado o profundizado el rol de la justicia constitucional, mediante la creacin de tribunales o cortes constitucionales, salas constitucionales o, concentrando las competen-cias constitucionales en las cortes supremas.

    Como en un Estado Constitucional el principio democrtico se en-cuentra en la base no slo de la representacin poltica del Estado, sino tambin del quehacer judicial; en Amrica Latina se ha consagrado el principio segn el cual, la potestad de administrar justicia emana del pueblo con arreglo a la Constitucin y las leyes. Sin embargo, la justicia constitucional como entidad encargada del control judicial de las leyes ejerce un poder contra mayoritario de anular las normas legales incons-titucionales, tarea que no siempre es entendida por los poderes constitui-d