Beneficio privado a costa del empleado público

¿Sabías qué…? Comentario editorial Chispas de humor Opinión Cartas al Director Pasatiempos De todo un poco

La revista de información, participación y opinión

de la Seguridad Social

REVISTA TRIMESTRAL : INFORMACIÓN - ACTUALIDAD - NOTICIAS - ENTRETENIMIENTO

Nº 4 Año 2018

La revista de UGT de la Seguridad Social

La RPT de la Seguridad Social lleva 30 años muerta y obsoleta

Colapso por falta de personal en la DP de Madrid

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es la revista de información gene-ral sobre la Seguridad Social de la Sección

Sindical de UGT. Está acogida a la licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 La revista es plural y respeta en todo momento la libertad de expresión de sus colaboradores, cuya opinión no tiene que coincidir necesaria-mente con la de la revista. Esta publicación es gratuita, sin ánimo de lucro y se distribuye en todo el ámbito de la Seguridad Social.

Edita: FeSP - UGT Seguridad Social

Equipo editorial:

Director: Julio Martínez Juan, julio.martinez1@seg-social.es;

Redactor jefe y coordinador: Martín Lanzas, martin.lanzas@seg-social.es;

Diseño Gráfico: Anselmo García Bornay

Libro de estilo: Rafael Tormo Bartual

Correctora y evaluadora: Mª José Acevedo Vázquez

, número 4 - edición impresa

Madrid (España) marzo de 2018

Depósito Legal: M - 34186 - 2016 ISSN: 2530-2620

Números atrasados en: http://www.fspugt.es/sectores/age/segsocial

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SUMARIO

Artículos y reportajes 6 La RPT y la concentración eficiente UGT ha conseguido introducir el debate de la actualización de la RPT y la situación de los recursos humanos en la Mesa Delegada, para recuperar y reconocer derechos a las personas que desempeñan los puestos de trabajo de la Seguridad Social, y ordenar la situación de los puestos.

7 Ahorro y beneficio Ahorro público y beneficio privado se entremezclan, a cos-ta de la espalda de los trabajadores de la Seguridad So-cial, utilizando los gastos de desplazamiento.

8 Vigilantes low cost La Seguridad Social contrata con empresas de bajo coste que dan lugar a un escenario de abuso y merma de dere-chos laborales y económicos. Denunciamos esta práctica.

10 La Seguridad Social al borde del abismo Reparto de trabajo en la Subdirección de Incapacidad Per-manente del INSS por sobrecarga y falta de personal.

11 Cuando la formación se transforma en co-

acción La asistencia obligatoria a la formación y la indefinición actual de las tareas de cada puesto de trabajo, son dos conceptos muy íntimamente unidos y contrapuestos.

Secciones Fijas 3 Editorial Comentarios breves y línea editorial.

4 De todo un poco

12 El abogado en casa El servicio jurídico de UGT responde. Dudas consejos y novedades jurídicas

14 Noticias sindicales

16 Cartas al Director Los lectores nos escriben y opinan.

17 ¿Sabías que…? Curiosidades y anécdotas.

18 Opinión Nuestros comentaristas habituales opinan.

19 Pasatiempos Chispas de humor, el saldo del caballo, el laberinto maldito y tira cómica.

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Las RPT y la falta de personal

Uno de los problemas de la Seguridad Social sobre los que hay mayor grado de consenso, es el que representa la falta de reposición de sus efectivos.

El sentido común indica que con una carga de trabajo igual o mayor, todos los trabajadores que se van y no vuelven, fal-tan.

Pero ¿cuántos son los que realmente faltan? ¿Son todos los que se han ido, son más, son menos?

Las Administraciones Públicas disponen de un instrumento técnico para organizar sus recursos humanos de acuerdo con las necesidades de los servicios. Son las Relaciones de Puestos de Trabajo en las que se ha de especificar, puesto a puesto, los que son necesarios y sus características.

El BOE nº 45 de 22 de febrero del 1988 publicó la Resolu-ción de la Subsecretaría, por la que se hacía pública la rela-ción de puestos de trabajo de la Administración de la Seguri-dad Social. Desde entonces y hasta ahora, un parcheo sis-temático ha convertido esa RPT en algo que nada tiene que ver con lo que precisan las necesidades del servicio a fecha actual.

UGT ha conseguido que la Mesa Delegada de la Seguri-dad Social del pasado 13 de febrero, respondiendo a nues-tra petición, incluyera en su orden del día el ―Análisis del

estado de situación de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social en materia de Recursos Humanos‖.

La consecuencia, además de la información correspondiente de cada Entidad y Servicio Común en cuanto a su situación, ha sido el compromiso por parte del Ministerio de formula-ción de una propuesta de nueva Relación de Puestos de Trabajo que se presentará en la Mesa antes de que finalice este año.

La inmediata consecuencia de una RPT es la determinación del número de efectivos necesarios, su ubicación, pero tam-bién su clasificación por tipo y sistema de provisión, nivel de complemento de destino y específico.

Desde UGT, si bien es harto sabida la necesidad de una nueva relación de puestos, consideramos que el reconoci-miento formal por parte de la Mesa Delegada y en ella el del Ministerio, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes, que han contraído el compromiso, es un avance muy signifi-cativo en el proceloso camino por el que los sucesivos go-biernos están obligando a transitar a la Seguridad Social.

Nuestro objetivo es que, poniendo fin a los abusos actuales, cada trabajador sea clasificado según la realidad de sus funciones y se le retribuya como tal. A la fecha presente, respondiendo a la reivindicación de UGT, esta necesidad está reconocida y ese es el compromiso.

Editorial

Las RPT son el instru-mento técnico para organizar los recursos humanos.

A vista de pájaro

El INSS reparte trabajo de la Direc-ción Provincial de Madrid al resto de Direcciones Provinciales.

La Sección de Incapacidad Permanente de Madrid está colapsada por falta de personal. La solución lógica pasaría por la Oferta Públi-ca de Empleo e incorporar inmediatamente a los trabajadores necesarios, pero ante la pa-sividad de la Secretaría de Estado, se opta por distribuir el trabajo entre el resto de Pro-vincias ya de por sí saturadas. Es más que evidente el desplome inminente de los servi-cios públicos en la Seguridad Social si no se toman medidas.

UGT consigue que la situación crítica de los recursos humanos y la RPT en la Seguridad Social sea analizada en la Mesa Delegada.

La situación catastrófica de la falta de perso-nal y la RPT de la Seguridad Social desde hace muchos años por fin va a tratarse en la Mesa Delegada. UGT va a intentar recuperar y reconocer derechos a las personas que desempeñan los puestos de trabajo de la Se-guridad Social y ordenar la situación de los puestos.

La Directora Provincial del INSS en las Palmas en la picota. UGT pidió su cese el pasado mes de noviembre.

La falta de negociación y diálogo, la retirada de derechos laborales, la apertura de oficinas en horario de tarde, los cambios de horarios, los cambios en materia de licencias, permisos y vacaciones sin mediar comunicación, son entre otros los motivos para pedir su cese juntamente con CCOO y CSIF, ratificado por la asamblea de trabajadores.

Algunos compañeros que trabajan como guardias de seguridad en las oficinas de la Seguridad Social pasan dificultades para cobrar su nómina.

La empresa Marsegur, contratista de muchos de los servicios de vigilancia en la Seguridad Social, ha presentado un concurso de acree-dores. UGT exige claúsulas de responsabili-dad social en los contratos para evitar casos flagrantes de contratación con empresas ―piratas‖.

Arriba y abajo

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S egún los datos trasla-dados por el Gobierno en respuesta a la

pregunta escrita realizada por los diputados socialistas Miguel Ángel Heredia y Ma-ría Jesús Serrano sobre el número de empleados de la Administración General del Estado (AGE), entre enero de 2012 y enero de 2017, periodo en que ha presidido Mariano Rajoy, el número de empleados públicos dismi-nuyó en 59.449 efectivos, según los datos del Registro Central de Personal.

En concreto, el número de efectivos de la Adminis-tración del Estado ha pasado de los 581.861 empleados en enero de 2012, a contar con 522.412 trabajadores en enero de 2017, lo que supo-ne una reducción del 10,2%.

Dentro de la AGE, la plantilla de los ministerios, organismos autónomos y áreas de actividad contaba en enero de 2017 con 188.506 empleados, un 10,6% menos que en enero de 2012.

La Administración Electrónica naufraga frente a las perso-nas obligadas a utilizarla contra su voluntad.

S e tiende a pensar que las oficinas de la TGSS están al

servicio del ciudadano. Pero esto no es así en infinidad de ocasiones en las que las oficinas están al servicio del ―olvido‖ del ciudadano, al que se le ha obligado a sacarse las claves para utilizar la administración electrónica para realizar un trámite concreto, cuya contraseña es reseteada de los circuitos mentales y físicos del ciudadano al terminar el trámite en cuestión. En la siguiente gestión que tenga que hacer tres meses des-pués, acudirá a la oficina porque ―olvidó‖ la contra-seña facilitada, y así

trámite tras trámite.

Existen colectivos que utilizan las oficinas de la Seguridad Social en ge-neral, y de la TGSS en particular, que son espe-cialmente sensibles a la atención personalizada, como por ejemplo los autónomos. La nueva Ley de reformas urgen-tes del trabajo autóno-mo, aprobada el pasado octubre, ha producido cambios legislativos en materia de cotización, fiscalidad, derechos la-borales o contratación, y además ha incluido la obligación para los autó-nomos de relacionarse con la Administración utilizando los medios electrónicos.

Las Oficinas de la TGSS se ven avocadas, por mor de la obsesión de imbuir a todos los ciudadanos en las bon-dades de las oficinas virtuales, a una sobre-carga, innecesaria en nuestra opinión, de per-sonas a las que se les olvida, y con razón, la dichosa contraseña.

La Seguridad So-cial se empeña en obligar a utili-zar la administra-ción electrónica a personas que ni quieren, ni pueden utilizarla.

De todo un poco

La GISS está implicada en una presunta cesión ilegal de trabajadores externos.

S egún la noticia publicada por Diario 16, la Geren-cia de Informática de la Seguridad Social viene contratando reiteradamente, con las mismas em-

presas, la cesión de trabajadores que se intenta camu-flar o disimular, cambiando los dominios informáticos de los trabajadores afectados, su pase de entrada, etc., pero que en realidad prestan sus servicios a las órde-nes y bajo el poder de dirección del personal funcionario de la GISS.

Este ilícito laboral, constituye una Cesión Ilegal de Trabajadores que lleva años siendo reconocida por los Tribunales Superiores de Justicia, ilegalidad ésta de la

que ya han sido reiteradamente adver-tidas las Administraciones Públicas afectadas por el Tribunal de Cuentas o por las propias Cortes, sin que ello haya servido para que cese esta práctica ilegal, por un Organismo Público que se rige por un principio de sometimiento a la ley y al derecho, con interdicción expresa de arbitrariedad.

La Gerencia viene utilizando desde hace mucho tiempo una ingente cantidad de personal externo en lugar de contratar funcionarios. Por este motivo ha sido reiteradamente condenada en los tribunales.

A muchas personas que se les facilitan las contra-señas para la utilización de los servicios virtuales se les olvidan nada más salir por la puerta, por lo que cuando necesitan un nuevo trámite vuelven para solicitarlas otra vez.

Más información:

http://diario16.com/escandalo-la-gerencia-informatica-la-seguridad

http://www.alcala205.es/noticias.html

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De todo un poco

E s costumbre de algunos Directo-res Provinciales

en la Seguridad Social el tratar a su Dirección Provincial como un coto privado y cerrado en el que se permite someter a las personas que tra-bajan a él. Muchas ve-ces se olvidan de que las condiciones de tra-bajo han de pactarse y negociarse con los tra-bajadores.

La petición de cese de la Directora Provincial fue suscrita por la dele-gación de UGT junto con las de CCOO y CSIF, y avalada por la asamblea conjunta de trabajadores del INSS y la TGSS ce-lebrada el pasado día 14 de noviembre.

Todas esta cuestiones detalladas, junto con alguna presunta irregu-laridad en los fichajes por parte de la Directora, fueron expuestas por UGT a la Secretaría de Estado mediante escrito en el que le reclamamos su inmediata interven-ción, recordándole que es inevitable asociar

este tipo de conflictos con el incremento de cargas de trabajo conse-cuentes de la falta de reposición de los efecti-vos perdidos y la presión para el cumplimiento de unos objetivos, para los que no se cuenta ni con la necesaria organiza-ción, ni con los medios imprescindibles .

UGT hizo una petición de cese de la Directora Provincial del INSS de las Palmas de Gran Canaria.

La falta de negociación y diálogo, la retirada de derechos laborales, la aper-tura de oficinas en horario de tarde, los cambios de horarios, los cambios en materia de licencias, permisos y vacaciones sin mediar comunicación, son entre otros, los motivos que originaron la petición.

Imagen de la DP de Las Palmas

El pasado 28 de diciem-bre el Comité de Seguri-dad en los Sistemas de Información, dependiente de la Gerencia de Informá-tica emitió un mensaje de advertencia contra la circu-lación de un malicioso mensaje de email con un virus adjunto.

¿Insinúa acaso la Ge-rencia de Informática que hay personal de la Seguri-dad Social que se dedica a hacer virus para robar da-tos bancarios?, porque dado que casi nadie tiene acceso al correo exterior

en la Seguridad Social, los mensajes a los que hace referencia el correo de aviso solo pueden venir de dentro del sistema, puesto que la vía exterior está absolutamente impedida por parte de la Gerencia de Informática desde hace casi un año.

En la Seguridad Social no se nos permite el acce-so al correo electrónico exterior, ni desde el siste-ma corporativo de Outlook, ni desde sistemas perso-nales tipo Gmail, Hotmail o Yahoo, por ejemplo. Así

que difícilmente podemos recibir los mensajes sobre los que nos previenen.

Un sarcasmo más de los encargados de compatibili-zar seguridad y servicio, siendo que lo único que

saben hacer es suprimir el servicio, no entendemos bien a qué vienen este tipo de mensajes, si no fuera porque la Gerencia es tan sumamente generosa que vela por nuestros intereses en la vida privada.

La Gerencia nos avisa y previene sobre mensajes de correo electrónico que no podemos recibir en nues-tro puesto de trabajo, por restricciones impuestas.

L a Seguridad Social ha perdido 4.249 emplea-dos desde 2009. La

plantilla de la Tesorería Gene-ral (TGSS) se ha reducido en un 17,2% desde 2011. La del Instituto Nacional de la Segu-ridad Social (INSS), en un 16%. Bien por jubilaciones bien por traslado. De hecho, se trata de una de las planti-llas más envejecidas de toda la Administración. Sólo 10 de los 11.090 trabajadores de la TGSS tienen menos de 29 años. El 83% de ellos supera los 50. En el INSS el panora-ma es similar: según las pre-visiones del propio organis-mo, el número de sus funcio-narios se recortará en un 31,6% hasta 2020, cuando sólo tendrá 8.329 empleados públicos de carrera. De me-dia, en el INSS se jubilan 272 personas al año. En la Teso-rería, 426.

Los datos de falta de personal en la Seguridad Social son aterradores.

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UGT ha conseguido introducir el debate de la actualización de la RPT y la situación de los recursos humanos en la Me-sa Delegada, para recuperar y reconocer derechos a las personas que desempeñan los puestos de trabajo de la Se-guridad Social, y ordenar la situación de los puestos.

L as Relaciones de Puestos de Trabajo (en lo sucesivo RPTs), están contempladas en la Ley

30/84 y el texto refundido del EBEP, como instrumentos técnicos utiliza-dos en las Administraciones Públi-cas para la organización de sus recursos humanos de acuerdo con las necesidades de los servicios. Sobre la obligatoriedad de la forma-ción hay diversidad de opiniones.

Las RPTs habrán de indicar, en todo caso, la denominación, tipo y sistema de provisión de los puestos, los requisitos exigidos para su de-sempeño, el nivel de complemento de destino, y en su caso, el complemen-to específico que corresponda.

Pero, como tantas otras cosas en la Función Pública, esto es una so-lemne falsedad puesto que las nece-sidades de los servicios no tienen mucho que ver con la RPT.

Ya advierte Función Pública en sus informaciones, para maquillar esta triste realidad, que ―la informa-ción que contienen, puede quedar muy pronto obsoleta debido a las variaciones frecuentes que pueden sufrir las situaciones de los puestos de trabajo, especialmente en lo relati-vo a su ocupación‖.

El elemento que subordina la or-denación de los recursos humanos son “las necesidades de los servi-cios”. Afirmar que la RPT puede “quedar muy pronto obsoleta” es lo mismo que decir que las necesidades de los servicios quedan muy pronto desatendidas.

Pero aquí es donde aparecen los Sacerdotes de la Santa Iglesia del Remiendo.

Empuñando la espada flamígera de la capacidad discrecional, defien-den a su arbitrio los sacrosantos obje-

tivos de gestión. Todo está permitido, si es por el servicio, aún a costa del servicio. Parche sobre parche preten-den remendar los destrozos que el dragón de la jubilación va haciendo en la plantilla, chapoteando entre las consecuencias de los acuerdos in-cumplidos y la estela de una larguísi-ma sucesión de chapuzas.

Las modificaciones parciales que representaron la elevación de niveles mínimos y del NCD 17 a los Gestores Informadores, más la RPT de In-formática, produjeron un desequilibrio en la relación de puestos que solo hubiera tenido sentido, si como esta-ba previsto, hubiera desembocado en una modificación general de la misma que restableciera un mínimo de pro-porcionalidad y coherencia.

Largos años de Crisis/Estafa han servido para justificar la inmovilidad y el abandono de la ordenación de los recursos humanos, si bien, esto no ha impedido las aperturas y cierres de centros, la implementación de nuevas tecnologías, y la modificación de los métodos gestión.

Toda esta degradación en lo con-cerniente a los recursos humanos, ha llegado a concitar las opiniones de las Entidades Gestoras y las Organiza-ciones sindicales en una posición única, la de que es necesaria una nueva RPT. Una, que como dice la norma, sea adecuada a “las necesi-dades del servicio”.

La siguiente pregunta es: ¿por

qué no?. Una probable y sencilla res-puesta es la de que al Gobierno no le da la gana. El deterioro de un servicio es el terreno abonado para justificar la contratación de empresas externas como ya vienen haciendo las Entida-des Gestoras con Regularidad. Em-presas que siendo mucho más caras que los trabajadores propios, luego pueden subcontratar hasta el 50% del servicio que se les ha encomendado, pagando menos de lo que cobran. Pero hay más maquillajes, la cita pre-via, la consabida administración electrónica y la “Concentración Efi-ciente”.

Y ¿qué es la “Concentración Efi-ciente”?, pues ni más ni menos que el nombre metafórico del cierre de los centros de atención al público.

Tras el discurso de que la vida ha cambiado, que han cambiado los medios de transporte (ya no se viaja en burro), que la demanda de la ciu-dadanía es distinta etc., etc., se cierra un centro de atención al público, se lleva su plantilla a otro al que se le suma, y ya tenemos una “Concen-tración Eficiente”, algo que nos debe de llenar de júbilo porque, según ellos, es mejor para todos.

La cuestión es si mientras anun-ciamos la catástrofe que represente la pérdida de efectivos sin reposición, coincidimos en la necesidad de una nueva relación de puestos de trabajo que no se lleva a término, y los visio-narios de la Concentración Eficiente siguen creando espejismos, se va a hacer algo, porque hay oficinas con un solo trabajador, unidades desbor-dadas repartiendo su carga entre otras también sobrecargadas, y com-pañeros a punto de crujir en puertas

de la jubilación.

Diógenes

La RPT de la Seguridad Social lleva 30 años muerta y obsoleta.

Los largos años de Crisis o

Estafa han servido para justifi-car la inmovilidad y el abando-no de la ordenación de los re-cursos humanos.

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Las indemnizaciones por razón de servicio, es decir, los gastos en concepto de transporte, dietas y alojamiento, han sido adjudicadas en su gestión a una empresa privada en aras de un supuesto ahorro que se hace a costa del empleado para ir a parar a manos privadas.

Ahorro público y beneficio privado se en-tremezclan, a costa de la espalda de los trabajadores de la Seguridad Social, utili-zando los gastos de desplazamiento.

E n términos generales, entende-mos por ahorro ―un gasto me-nor de lo que es habitual‖, y por

beneficio ―el sacar provecho de algo‖.

Pero estos conceptos en la Admi-nistración Pública pueden adquirir otra significación cuando el ahorro es público y se entremezcla con el bene-ficio privado. Entonces el resultado puede ser ―engaño‖, ―dar a la mentira apariencia de verdad‖.

Por ejemplo, hay un Real Decreto que regula las indemnizaciones por razón del servicio, es decir, las canti-dades que han venido percibiendo regularmente los trabajadores de la Administración para resarcirles los gastos que han efectuado en concep-to de transporte, dietas y alojamiento.

Pero este Real Decreto faculta a los que mandan para que dispongan, de modo complementario, lo que con-sideren oportuno para su cumplimien-to. (En algunos casos, saltárselo a la torera).

Éstos que mandan, en uso de esa facultad, y con el pretexto de la auste-ridad y el ahorro, han tenido a bien determinar a través de una “instrucción” (que es inferior en la jerarquía normativa a un Real Decre-to), que los gastos de alojamiento y de viajes se tengan que concertar a través de un contrato con una agencia de viajes cuyo objetivo como empresa

privada es “el beneficio”.

Ya tenemos el lío. Mezclado el ahorro público con el beneficio priva-do resulta… lo que pudiera ser un engaño.

Cabe preguntarse ¿cómo es posi-ble que la Administración ahorre y que la empresa privada gane en este asunto?. Pues muy sencillo, porque hay alguien que pierde. ¿Y quién es?...pues el de siempre, el trabaja-dor.

Es sencillo, si tienes que viajar la agencia te sacará un billete cerrado que no puedes cambiar porque a la agencia le cuesta más barato. El tra-bajador tendrá que volver antes o después de lo que necesite porque su billete no se puede cambiar con inde-pendencia de la hora en la que termi-ne su trabajo, pero ese billete no le costará más barato a la Administra-ción que pagará por él su precio de mercado. Éste es el beneficio de la Agencia y el perjuicio del trabajador cuyo tiempo y trabajo no valen nada cuando se trata del supuesto “Ahorro”,

y el “Beneficio” de otros.

En el caso de un alojamiento, el trabajador puede acabar a 30 o 40 kilómetros de su destino porque es más barato para la agencia, pero la Administración no ahorrará porque pagará el alojamiento por un precio superior aunque no sobrepase el pre-cio de la dieta.

Si las reuniones se suspenden, los alojamientos no se podrán cancelar porque son reservas sin reembolso, la condición que tienen que cumplir para que sean más baratas; y la Adminis-tración pagará, a precio de mercado, un alojamiento que puede no ser ne-cesario o que no se usará. Pero claro, la agencia tiene que tener su benefi-cio, para que la Administración ahorre, …no sabemos qué.

Visto que la Administración no aho-rra pero la empresa privada gana, mientras que el trabajador pierde en calidad, nos encontramos ante lo que tiene toda la apariencia de un engaño, o lo que es lo mismo, una mentira a la que se pretende dar apariencia de verdad.

El espeso barniz del ahorro recubre el beneficio, pero no la voz de los trabajadores que aún pueden hablar. A la marcha que vamos, veremos por cuánto. No sea que dicten una “Instrucción”.

En el caso de un alojamiento,

el trabajador puede acabar a 30 o 40 kilómetros de su desti-no porque es más barato para la agencia.

A la UTE formada por IAG7 y Nautalia se le han adjudicado los lotes 1 y 5 del Contrato Centralizado de Servicio de Agencia de Viajes de la AGE, mientras que Halcón Viajes, anterior ganador de todos los lotes, ha recibido los lotes 2 y 3. Por su parte Viajes El Corte Inglés gestionará el lote 4, que corresponde precisamente al Ministerio de Em-pleo y Seguridad Social.

Mas información: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/02/22/companias/1519324621_869580.html

Nueva adjudicación de empresas concesionarias

Diógenes

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A l calor de la última reforma laboral que permite a las em-presas descolgarse de los

convenios colectivos y aplicar los suyos propios, las empresas de se-guridad y multiservicios nacen para burlar las obligaciones a las que están sometidas las empresas de trabajo temporal, que tienen la exi-gencia de respetar los convenios sectoriales en los que se desempe-ñen sus empleados, imposibilitando la rebaja de costes salariales y estan-do obligadas a pagar a los trabajado-res cedidos los mismos salarios.

Un estudio de UGT revela que los empleados de estas empresas multiservicios perciben de media un salario un 31% inferior al de un traba-jador acogido al convenio del sector correspondiente. La culpable de este atropello a los derechos de los traba-jadores, según UGT, es la reforma

laboral del Partido Popular que per-mite el descuelgue de los convenios sectoriales.

Según denunció Diego Giráldez, responsable federal de seguridad privada de UGT, “en los últimos tiem-pos venimos asistiendo a una prolife-ración de ciertas empresas que, ba-sadas en ´la búsqueda de la inmedia-tez y la falta de visión de largo reco-rrido, irrumpen en el sector con ofer-tas económicas que ni tan siquiera cubren los costes salariales que están recogidos en el convenio sec-torial, acaparando mercado de forma

desleal”. Al no poder hacer frente a los salariaros pactados en el conve-nio, muchas de estas compañías se declaran en pérdidas y se descuel-gan del convenio sectorial, mientras que otras sencillamente se rigen por el convenio de su empresa, con con-diciones laborales y salariales inferio-res a las recogidas en el convenio sectorial.

Como el sueldo neto suele ser alrededor de 1.000 euros, al bajar los salarios 200 o 300 euros, muchos vigilantes terminan cobrando 700 u 800 euros al mes.

UGT plantea que los contratos con las administraciones públicas incorporen cláusulas sociales de obli-gado cumplimiento para las empre-sas que se presenten a concurso, y que se vigile su aplicación durante la vigencia del contrato.

Estas empresas ofrecen reba-

jas espectaculares de los con-tratos con la Administración que incluso no llegan a cubrir sus costes salariales.

La irrupción de empresas “pirata” que compiten con ofertas a la baja, ha precarizado las condiciones labo-rales de los trabajadores de la segu-ridad privada.

Lo ocurrido este pasado verano en el aeropuerto barcelonés de El Prat, no es más que la punta del iceberg de un serio problema con los trabajadores de la seguridad priva-da. Este sector en España cuenta con una situación límite con salarios precarios, jorna-das maratonianas, competencia desleal, intrusismo y precios bajos de licitación.

El problema fundamental es la aparición de empresas “piratas” que se aprovechan de la posibilidad de descuelgue de los convenios colectivos introducida por el Gobierno del PP, y también de la reforma de la legislación de contratos públicos que impuso la contratación con la oferta económica más baja, pura y dura.

La Seguridad Social no es ajena a este escenario de abusos y, como hemos podido constatar, también contrata con este tipo de empresas.

Marsegur, Sinergias de Seguridad y Vigilancia SA, y Seguridad Integral Canaria, pertenecen al grupo RALONOS, y son empresas sobradamente conocidas en el sector de la seguridad privada por las preca-rias condiciones laborales que impone a sus trabajadores, con salarios de hasta un 40% por debajo de lo establecido en el convenio colectivo estatal.

Miguel Ángel Ramírez, conocido como el rey de la Seguridad ―low cost‖, es fundador de Seguridad Integral Canaria (SIC), y sus empresas encadenan 200 millones en adjudicaciones públicas gracias a sus ofertas de muy reducido precio. Es además presidente del club de fútbol UD Las Palmas.

¿Quién es quién?

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Según una información publicada por el diario El País el 17 de no-viembre, el empresario Miguel Ángel Ramírez, conocido como el rey de la Seguridad ―low cost‖, apa-rece en un informe de la Seguridad Social que detecta pagos en nómi-na camuflados como dietas exentas de tributación entre 2009 y 2012.

El informe de la Seguridad Social forma parte de la investigación que desarrolla desde 2014 el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, que indaga si Ramírez cometió entre 2009 y 2012 un fraude a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. El empresario está imputado por esta causa.

El empresario es conocido como el rey de la segu-ridad low cost por encadenar 200 millones en adjudica-ciones públicas, gracias a sus ofertas de muy reducido precio de hasta un 40% más bajas que el resto del sec-tor. Es fundador de Seguridad Integral Canaria (SIC).

Al cerco contra el presidente de la UD Las Palmas se sumó hace tres años la Agencia Tributaria. Y es que Hacienda presenta a este patrón en sus informes como un ventajista que ha ganado contrato exprimiendo cos-tes, sometiendo a los vigilantes a ―condiciones leoninas‖ y por ―vulnerar las garantías‖ del Estatuto de los Traba-jadores.

Según explica Ramírez ―Hemos llegado a un acuerdo con la Seguridad Social. Eso no lo menciona el informe. Está todo avalado (…) Desde 2010 no soy nadie en Seguridad Integral Canaria‖. Así mismo según afirma su abogado, el exmagistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, ―Las cifras de la Seguri-dad Social no corresponden a la realidad. Estamos aportando informes periciales para demostrarlo‖.

Seguridad Integran Canaria anunció el pasado septiembre su cese de actividad. La firma comunicó su intención de traspasar su plantilla a otras empresas vinculadas, como por ejemplo Sinergias de Vigilancia y Seguridad, con costes laborales más reducidos y sala-rios de 700 euros mensuales. Con respecto a esta em-presa Ramírez afirma que ―No registré la marca. Alguien lo hizo a mi nombre”.

Según detalla el artículo de El País, Sinergias de Vigilancia y Seguridad ha recibido en 2017 contratos por valor de 6,2 millones de la Administración y entre sus clientes figuran dos de los organismos presuntamente defraudados por Ramírez, la Seguridad Social y Hacien-da.

Distintas DP de la Seguridad Social han contrata-do con este tipo de empresas de Seguridad, sin ánimo de ser exhaustivos y tras un muestreo se han detectado las siguientes:

TGSS, Servicios Centrales y DP Valencia: Mar-segur. En el caso de Valencia hemos constado una bajada de sueldo de 1200 a 800 € y las horas extras de 10 a 7 €.

DP INSS-TGSS Ciudad Real: Marsegur.

ISM Las Palmas: Marsegur.

DP Toledo: Sinergias de Vigilancia y Seguridad

¿También en la Seguridad Social?

En la imagen inferior podemos ver a un vigilante desempeñando sus funciones en un centro de la Seguridad Social con el escudo de la empresa Sinergias de vigilancia y seguridad

En un escrito de 10 de noviembre, la Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social informa de la apro-bación en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de contratación de servicios de seguridad en los Servicios Centrales del Departamento, en los que se introducen un conjunto de cláu-sulas sociales que pretende dar respuesta a la problemática que se ha venido generando en la contratación de estos servicios.

En las nuevas cláusulas se establecen criterios para que el órgano de contratación pueda rechazar la oferta si comprueba que es anormalmente baja, porque no cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, introduc-ción de la obligación de presentación de declaración responsable sobre convenio aplicable y de las obligaciones salariales con la Seguridad Social, tributarias, el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de coordinación de actividades empresariales, por parte del contratista. También se introducen cláusulas para garantizar el pago regular a los trabajadores de los salarios pactados. El incumplimiento de estas cláusulas espe-ciales podrá motivar la imposición de penalidades al contratista, e incluso la resolución del contrato.

Ante la presión sindical y mediática, la Junta de Contratación del Ministe-rio introduce clausulas sociales.

Noticia de la huelga de hambre de un vigilante de seguridad de la empresa Seguridad Integral Canaria que presta servicio en el metro de Madrid por impago de salarios http://www.publico.es/sociedad/metro-madrid-vigilante-seguridad-metro-madrid-inicia-huelga-hambre-impagos-nominas-concesionaria.html

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E l escrito comienza relatando los pormenores de la grave situación que vive la Dirección

Provincial de Madrid por acumulación de expedientes de incapacidad per-manente que “tienen origen en un notable incremento de procedimien-tos de IP en Madrid durante los últi-mos cuatro años”, reconociendo sin ambages que la causa fundamental es la “pronunciada disminución de la plantilla efectiva”, disminución de personal que ya es crónica y que afecta al conjunto del sistema de la Seguridad Social.

A continuación el escrito anuncia que “esta situación, en buena lógica, preocupa seriamente a la Dirección General, pues su impacto a nivel nacional es ciertamente relevante”. Naturalmente todo lo que sucede en Madrid tiene una repercusión mayús-cula, pero no menos cierto es que el resto del INSS está sufriendo igual o más la escasez de efectivos. CAISS con una sola persona atendiendo al servicio, camuflaje de colas mediante la cita previa y expedientes que se acumulan, no solo en Madrid sino en

el resto del territorio son síntomas más que evidentes de situación al borde del colapso.

Desde UGT recomendamos a la Directora General que exponga la situación límite de la Entidad ante la Secretaría de Estado, como ya hizo UGT, para ver si entre todos somos capaces de desbloquear al Secreta-

rio de Estado en particular y al Go-bierno en general para que hagan algo de una vez por todas para evitar que la Seguridad Social colapse por falta de personal.

La preocupación por la escasez de funcionarios en el conjunto del INSS asoma por los cuatros costados en el escrito, y para evitar que el tra-bajo que se va a repartir altere de

manera sustancial el funcionamiento de las Direcciones Provinciales, a las que se castiga con más trabajo, en la misiva se indica que el reparto se hará “a través de su asignación uni-forme a todos y cada uno de los tra-mitadores de IP de cada una de la Direcciones Provinciales”, tratando de camuflar el marrón que se endosa a las personas que tramitan. Abun-dando más en el intento de esconder las tareas añadidas al trabajo regla-mentario al servicio de los ciudada-nos del resto de provincias, en el escrito se añade que “la forma de asignación del listado de expedientes será automática, de modo que se irá asignando un expediente por cada tramitador correlativamente, dando tantas vueltas como sea preciso. De este modo la carga de trabajo se distribuye de forma gradual y no tiene porqué colapsar ninguna provincia”.

Es necesario subrayar, por últi-mo, que todo este reparto de trabajo que se pretende hacer se va a reali-zar, en principio, de forma forzosa, sin negociación ni compensación alguna al personal afectado.

UGT hizo partícipe de la

situación de falta de personal a la Ministra mediante una carta, que no ha tenido respuesta alguna.

En un escrito dirigido a las Direcciones Provincia-les, el Subdirector General de Prestaciones recono-ce su impotencia ante la falta de personal y el tra-bajo acumulado.

Como ya ha denunciado repetidamente UGT, el colapso en la gestión por falta de perso-nal es inminente y ya está asomando las orejas. El pasado 1 de diciembre, en un correo dirigido a todos los Directores Provinciales, que obra en poder de la redacción de la re-vista, el Subdirector General de Prestaciones del INSS anunciaba el reparto de carga de trabajo desde la Dirección Provincial de Madrid, abrumada por la falta de personal, a las distintas DP del resto de España, no menos saturadas por el mismo motivo.

Carta abierta a la Ministra de Empleo y Seguridad Social. El pasado día 13 de marzo, UGT, se dirigió a la Ministra Fátima Báñez mediante una carta abierta en la que le exponíamos la situación de falta de personal en la Seguridad Social, y le reclamábamos acciones urgentes para el ingreso de más trabajadores al Sistema. En la carta le solicitábamos una respuesta que hoy por hoy no se ha producido, pero no por ello dejamos de instarle a que actúe inmediatamente para que las situaciones que venimos padeciendo en la Seguridad Social se corrijan y no vayan a más.

Acciones de denuncia de UGT

Reparto de carga de trabajo de Madrid al resto de Direcciones Provinciales

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Si te quieren imponer la asistencia a cursos de formación porque es “necesaria para el desempeño del puesto de trabajo”, exige que previamente te detallen las tareas del pues-to de trabajo que estás desempeñando.

La asistencia obligatoria a la forma-ción y la indefinición actual de las tareas de cada puesto de trabajo, son dos conceptos muy íntimamente unidos y contrapuestos.

S obre la obligatoriedad de la formación hay diversidad de opiniones.

Lo cierto es que la formación figu-ra entre los objetivos de gestión y esto repercute en las retribuciones. La posibilidad de ganar un poco más no es una obligación, aunque sí una coacción.

Coacción que, para cubrir estos objetivos, llega hasta el punto de que muchos trabajadores reciben comunicaciones en las que se les informa que han sido designados (no seleccionados) para cursos que no han solicitado, pero veamos qué dice la norma al respecto.

La Instrucción sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado, en su punto 10 establece: “La Administración podrá determinar la asistencia obligatoria a aquellas actividades formativas necesarias para el buen desempeño de las tareas propias del puesto de traba-

jo…”

Luego es posible establecer la obligación, pero, solo cuando se da la condición específica que la norma establece, ―para el buen desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo‖.

Qué duda cabe que un trabajador

debe adquirir los conocimientos y habilidades que corresponden a su puesto de trabajo. Es una obviedad, no podría seguir trabajando de otro modo.

El debate sobre si la formación es o no obligatoria, resulta absurdo cuando está referido a las tareas del puesto. Este tipo de formación, la que pudiera resultar ―obligatoria‖, no es sino parte del trabajo, y se asume cuando se asume el trabajo.

El verdadero debate es otro distin-to, mucho más delicado y difícil de resolver, el debate es: ¿cuáles son las tareas propias de cada pues-

to?.

La Administración se niega sis-temáticamente a debatir sobre la obligatoriedad de la formación, cuan-do esta formación, la susceptible de obligatoriedad, es la más esencial, es la que va a permitir “el buen desem-peño de las tareas”.

Y es que para decir que un curso es ―obligatorio‖ hay que determinar las tareas por puesto, y eso nos lle-

varía a conocer no solamente cuál es la formación que le corresponde, sino también que los trabajadores están realizando tareas que no se ajustan a su categoría profesional, situándonos en el dilema de, o ya bien clasificar correctamente los puestos, o que los trabajadores se ajustaran a las tareas que verdaderamente les correspon-den, pero que nunca nadie les ha dicho.

La Administración, que puede ―obligar‖, ha encontrado mucho más cómodo coaccionar y, de ese modo, evitar tener que hablar de tareas por puesto.

Mata así dos pájaros de un tiro, no especifica las tareas ni tampoco los cursos por puestos, luego no vincula la formación a la provisión. Un mismo puesto puede, en dos concursos dife-rentes, tener cursos distintos asigna-dos, porque curiosamente, lo que tengas que hacer, va a ser lo de me-nos.

Paradójicamente, desde UGT pe-dimos la obligatoriedad de cierto tipo de formación, mientras la Administra-ción rehúye una y otra vez esa obli-gatoriedad, que como define la pro-pia norma, es para “el buen desem-peño de las tareas propias del pues-to”.

Diógenes

La Administración, para obli-

gar a la formación, tiene prime-ro que definir las tareas de ca-da puesto de trabajo.

Instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la AGE y sus orga-nismos públicos (ver Código de la Función Pública www.boe.es) En el punto 10.1 segundo párrafo,

establece que “La Administración podrá determinar la asistencia obligatoria a aquellas actividades formativas nece-sarias para el buen desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo, en cuyo caso su duración se conside-rará como tiempo de trabajo a todos los efectos”.

Referencia legislativa

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La ley establece que por necesidades del servicio se puede imponer la limitación de derechos, como por ejemplo denegar permisos o vacaciones, o incluso hacernos desempeñar funciones que no son propias de nuestro puesto de trabajo, entre otras cuestiones. En este artículo veremos los límites que tiene la Administración a la hora de ejercer esta facultad discrecional.

E n ciertas ocasiones los traba-jadores de la Seguridad Social hemos tenido que padecer

imposiciones y limitaciones importan-tes en el ejercicio de nuestros dere-chos, especialmente a la hora de tomar las vacaciones o los días de asuntos propios. Estas restricciones se deberían hacer utilizando el con-senso y la negociación, pero dada la carencia crónica de personal en las Entidades Gestoras, la Administra-ción suele imponer su criterio alegan-do ―necesidades del servicio‖.

El concepto es multiusos y se aplica en numerosas acciones de la Seguridad Social sobre sus trabaja-dores sin que éstos, en algunas de las ocasiones, sean conscientes de ello. Por ejemplo, es costumbre muy arraigada que cuando una persona en la Seguridad Social solicita cursos que convoca el INAP, el jefe de la unidad de destino simplemente no firme el visto bueno, con lo que la solicitud es tramitada como ―no con-forme‖ al INAP. Esta circunstancia, según hemos podido comprobar, en muchas ocasiones ni siquiera se co-munica al interesado que se queda esperando a ver si le conceden el curso, y cuando sale el listado de admitidos piensa que no le han se-leccionado. Si alguien pregunta, la Administración contesta que no se ha tramitado la conformidad por ―necesidades del servicio‖, sin más justificación, y sin aplicar ninguna de las garantías que a continuación va-mos a detallar. En este tipo de casos el interesado ni siquiera se entera de

que le han restingido sus derechos.

Pero, ¿qué cotos tiene la Admi-nistración cuando nos limita nuestros derechos o intereses legítimos en estos casos?. Los tribunales y la doc-trina jurisprudencial han establecido los límites siguientes, cuando la Ad-ministración alega ―necesidades del servicio‖.

Principio de legalidad: Es el que inspira el resto de principios y límites. La competencia de determi-nar la "necesidad del servicio", debe estar establecida expresamente en la Ley. Su ejercicio se debe sujetar es-trictamente a lo establecido en la misma.

Límite Subjetivo: Debe ser ejer-cida por el Órgano concreto al que se le atribuya la competencia como pro-pia en la norma, sin ser posible la delegación cuando suponga restric-ción o limitación de derechos. A su vez sólo puede dirigirse "ad intra", esto es, solo afectará a medios mate-riales públicos, a otros Órganos Ad-ministrativos o personal dependiente de la Administración con relación estatutaria o semi-estatutaria. (Funcionarios civiles y militares o laborales ).

Límite Objetivo y teleológico: Sólo en la medida en que afecte al servicio y sólo cuestiones relaciona-das con el mismo, siempre presente una estricta necesidad pública que se pretende satisfacer, normalmente surgida de circunstancias imprevistas que deben justificarse y motivarse por escrito. En la medida que supon-ga restricción de derechos, su inter-pretación y aplicación debe ser tam-bién restrictiva y proporcionada, de-biéndose activar o recabar los me-dios materiales o humanos en el más breve plazo posible para restaurar la situación de normalidad.

Límite temporal: Dichas medi-das deben desaparecer en el mo-mento en que desaparezca la necesi-dad que se satisface, sin que puedan prolongarse en el tiempo.

Límite formal: Las decisiones restrictivas que se amparen en este Concepto Jurídico Indeterminado deben ser motivadas y por escrito.

El incumplimiento de uno o va-rios de estos límites determina que los tribunales condenen sistemática-mente a la Administración por ―desviación de poder‖.

Las medidas que se tomen

alegando “necesidades de ser-vicio” se deben aplicar de for-ma temporal sin que puedan prolongarse en el tiempo.

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Sentencias Audiencia Nacional de 11-1-2002 (rec. apelación nº 77/2001) y de 12-11-2008 (rec. 96/2008): El referido concepto de "necesidades del servicio", constituye un "concepto jurídico indeterminado que otorga a la Administración un margen de aprecia-ción, en orden a concretar las circunstancias que entiende que concurren en el caso para el ejercicio de esa facultad, debiendo aportar al expediente el material probatorio necesario para acreditar que su decisión viene apoyada en una realidad fáctica que garantiza la legalidad y oportunidad de la misma, así como su congruencia con los motivos y fines que la justifica".

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3) de 24-3-2011: Este mismo Tribunal ha dicho en otras ocasiones, que dicho concepto no puede ser utilizado como excusa o justificación de una denegación fundada en norma jurídica habilitante, cuando no se expresan qué razones o causas integran aquel concepto en una determinada relación jurídica administrativa. No basta con acudir a "las necesidades del servicio" para materializar el ejercicio de la potestad de orga-nización, sino que es necesario que el interesado sepa las razones organizativas y que en función del interés general le es denegada su solicitud, a efec-tos de que pueda reaccionar contra dicha denega-ción, primero en vía administrativa y luego jurisdic-cional, donde necesariamente se controlará la legali-

dad de la actividad administrativa.

No todo vale a la hora de restringir de-rechos invocando las “necesidades del servicio”. La jurisprudencia ha estable-cido limitaciones claras y estrictas.

Para hacer uso de la justificación de las "necesidades del servicio"

es preciso:

1º Invocar tales necesidades del servicio.

2º Justificarlas y probarlas documentalmente.

3º Justificar que para tales necesidades de servicio es adecuada su im-posición a un trabajador concreto con preferencia a otros. La propia Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común es-

tablece, en su art. 35.1.a, que:

"Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legíti-mos".

Si no se cumplen alguna de la condiciones anteriores, la Administración está cometiendo una ―desviación de poder‖, y los actos realizados serán recurribles con garantía de éxito ante los tribunales.

Condiciones que se deben exigir

La Gerencia Territorial de Servi-cios Sociales venía invocando ―las necesidades del servicio‖ para cambiar los calendarios y los turnos a los trabajadores de la residencia de la tercera edad ―Puente de Hie-rro‖ de Palencia, desoyendo las reiteradas advertencias de la Ins-pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia en el

sentido de que “Aquellas resolucio-nes que la Administración adopte en procedimiento incluidos en el presente convenio y se amparen en la existencia de necesidades del servicio, deberán ser justificadas detallando las concretas razones o motivos que fundamenten tales decisiones”, y además abunda en que “las necesidades del servicio

sean siempre ajustadas a la reali-dad y probada su necesidad, que deberá circunscribirse a necesida-des excepcionales e imprevisibles debiendo ser justificables y motiva-das adecuadamente y nunca debi-das a motivos previsibles”

La sentencia en su fallo indica que no caben dentro de las ―necesidades del servicio‖ la valo-ración como tales de bajas labora-les de larga duración, vacaciones programadas con antelación o puestos vacantes, debiendo recu-rrir, con respeto a las garantías legales, a la contratación del perso-nal necesario.

Sentencia 302/2017 del Juzgado de lo Social de Palencia que establece que las “necesidades del servicio” sean siempre ajustadas a la realidad y probada su necesidad.

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Restituir derechos: IT y jornada y conciliación:

Mediante la negociación, se podrá volver al 100% de las retribuciones cuando se está en situación de incapacidad temporal. Para lograrlo se podrá negociar en cada Administración un complemento retribu-tivo sobre la prestación de la Seguridad Social en materia de IT, hasta alcanzar el 100%.

Posible establecimiento de una jornada continua especial cuando se tienen a cargo a menores o disca-pacitados. Posibilidad de acordar la acumulación de un 5% de su jornada anual -con carácter recupera-ble- para tareas de conciliación .

Creación de empleo público: El acuerdo permitirá cubrir las bajas que se produzcan en todos los sectores, funciones y servicios, sean o no prioritarios. La tasa de reposición será del 100% en los sec-tores prioritarios y como mínimo de un 75%, pudiendo aumentar esta cifra bajo determinas condicio-nes.

Resumen del acuerdo y puntos más importantes para la Seguridad Social

Acuerdo salarial, de recuperación de derechos y mejora del empleo público

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Señor Director:

Se ve que nuestros políticos no saben cómo amargar el día y tienen unas salidas que parecen sacadas de los tebe-os. Vamos, que al margen de la ―volatilidad‖ de los planes de pensiones, ahora nos viene la iluminación de la Señora Mi-nistra Dolors Montserrat con el globo sonda de hacer pagar a aquellos que superen los 18.000€ anuales (o simplemente no subirles lo que les corresponde: en este caso sería interesan-te hacer las cuentas y que devolvieran, como las cláusulas suelo, lo pagado en exceso durante la vida laboral, incluyen-do los intereses de demora como tan ricamente hace Hacien-da o la Oficina Recaudadora cuando te descuidas en tus obligaciones tributarias), o la peregrina idea del derrotadísi-mo Pedro Sánchez de crear nuevos impuestos para financiar lo que ya se ha financiado con el aporte durante la vida labo-ral de los pensionistas.

Se ve que, en este país, a la hora de incumplir los pac-tos, nadie pierde su ocasión de oro para tener su minuto de gloria. Los pensionistas (otro gallo cantaría si estuviéramos unidos por nuestra situación de personas que ya no pro-ducimos –es un decir–, y sí consumieramos lo que holga-damente nos ganamos con nuestras cotizaciones, como ya sucede en otros países de Europa que logran, incluso, hacer cambiar los gobernantes cada vez que les tocan un céntimo: es lo último que por esos otros pagos se les ocurre a los políticos y nadie osa tocar el tema) han cotizado de acuerdo con unas bases y, que yo sepa, nadie ha cometido un delito por cotizar por la parte alta (simplemente ha detraído un ma-yor porcentaje de sus ingresos cuando estaba en activo para poder tener una, teóricamente, bien ganada pensión).

Ellos, los políticos, sí se saltan las leyes y cobran unas pensiones que no les corresponden ni a los cotizantes de más alto nivel. Eso es una gran estafa a la totalidad de la sociedad, y no hablemos de los emolumentos que se asig-nan desde el más modesto de los ayuntamientos a cualquier engendro de empresa/patronato/consorcio que montan con el claro objetivo de eludir la legislación de incompatibilidades y saquear de manera inmisericorde las arcas públicas: que son de todos, aunque ya ZP y sus ministros advirtieron que el dinero público no era de nadie y así nos fue (ahora nos sale el gran economista Sr. Solbes diciendo que se equivo-caron).

¿Por qué los que han cotizado por la parte baja se que-jan de lo que cobran los otros?. ¡Quizá porque estamos, constantemente, sembrando la discordia y dividiendo a la sociedad, haciendo creer que unos viven como señoritos y otros no tienen para continuar el camino. Definitivamente, si quieren modificar el ―contrato‖, que lo digan claramente y a partir del día X se comienza a detraer lo que convenga a los que están en activo, pero que se dejen de retrotraernos y modificarnos –siempre en contra- nuestras expectativas de bienestar cuando estábamos activos y veíamos los porcenta-jes de las nóminas que nos sacaban, por si algún día llegá-bamos a la edad del merecido descanso; dejen de vaciarnos los bolsillos y administren bien.

Los políticos, evidentemente, lo que deben de hacer es

reducir impuestos, reducir gastos superfluos reducir, incluso, sus emolumentos (de vergüenza ver las nóminas que cobran sus señorías y de ahí que haya tanto ―cuco‖ dispuesto a en-grosar esa gran familia de trileros que es lo que parecen quienes se dedican a la cosa pública). En definitiva, adminis-trar bien y no hipotecar más a los que aún no han venido a este mundo (al parecer en Cataluña nos lo estamos montan-do de primera y siempre me acuerdo del genial Josep Pla, ¿y todo esto quién lo paga?).

En cuanto a la Señora Dolors Montserrat, sería bueno que esa predisposición a meter mano en los bolsillos de los que llegaron al final de su vida laboral, la trasladase a su entorno más inmediato. Que las empresas familiares dieran ejemplo y entregaran todo lo que exceda de lo éticamente razonable en sus negocios… a la Hacienda Pública. A lo mejor tendría menos ideas de Perogrullo para castigarnos, de nuevo, a casi dos millones y medio de personas que en su vida laboral estuvieron cotizando por las bases más altas. Como siempre castigando al previsor, al ahorro en definitiva, y arruinando el cotidiano devenir de los que realizaron el camino. Se me ocurre que podría ser una de tantas estrate-gias para que los que leen esas ―gansadas‖ padecieran un infarto y así descansar eternamente, y me viene a la memo-ria la funeraria que me encontré en la cordillera chilena con un nombre tan ejemplar como FUNERARIA EL DESCANSO ETERNO. Una verdad de Perogrullo que aquel aciago día de invierno me hizo sonreír y olvidarme de los dos metros de nieve que acababa de pasar tras el cruce fronterizo con Ar-gentina.

Lo peor es ver cómo los futuros periodistas jubilados de los medios de comunicación tratan tan bien a los políticos y sus soflamas: ellos son aspirantes a ser damnificados, ¿o acaso no piensan que un día tendrán que jubilarse?.

En este sentido debo felicitar a Antonio Papell que la pasada semana escribió muy bien sobre el tema. Necesita-mos medios sanos y no subvencionados por el poder político (no importa que sea local, comarcal, provincial o nacional), capaces de hacer lo que deben: informar y no dejar pasar a los políticos ninguna de sus fechorías. Porque lo que está sucediendo en este país es pan para hoy y hambre para mañana.

Creo que, aquí y ahora, los medios de comunicación son excesivamente obedientes, excesivamente condescendien-tes con los políticos y de ahí que la gente crea menos en sus mensajes, aunque nos hagan ver por el EGM (Estudio Gene-ral de Medio), que todos (como en la política) mejoran sus posiciones en cada oleada de control donde, por cierto, se regalan los diarios para hacer crecer el número de lectores artificialmente. Pero vemos como están siendo acorralados, y algo debe de estar pasando cuando cabeceras como Interviú o Tiempo acaban de echar la persiana. Mirar para otro lado puede darnos de comer hoy, pero tiene muy poco futuro, por no decir escasa volada.

Atentamente, Juan Franco Crespo -Tarragona

Cartas al director Las cartas se enviarán por email, preferentemente desde el correo de la Seguridad Social, a la dirección: julio.martinez1@seg-social.es

Las cartas que los lectores envíen a esta Sección deberán ser originales y rogamos que por cuestiones de espacio, no excedan de 20 líneas o 1400 espacios. Será imprescindible que los textos vengan con el nombre,

apellidos y DNI del autor, sin perjuicio de que se pueda pedir publicación bajo seudónimo. + CLARIDAD se reserva el derecho de publicarlas, así como de resumirlas o extractarlas si por su tamaño, fuese nece-sario. Se garantiza la privacidad y no se facilitará información a nadie sobre las cartas o sus autores.

La ministra Dolors Montserrat y sus polémicas declaraciones.

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¿Sabías que…? Curiosidades y anécdotas

E s de general conocimien-to que Lenin fue un políti-co revolucionario, que se

convirtió en el líder del partido obrero social demócrata en Ru-sia.

Un líder comunista que llegó a convertirse en objeto de culto. Hasta tal punto, que su cuerpo fue embalsamado y expuesto en un mausoleo en la Plaza Roja de Moscú.

Es también de general cono-cimiento que Rolls-Royce tiene la fama de ser uno de los fa-bricantes británicos más ca-ros y exclusivos del mundo, con la opción de poder solicitar a la marca que te realice un

vehículo completamente único, que nadie más puede tener.

Lo que no es tan sabido, es que estas dos cosas, aparente-mente irreconciliables, concu-rrieron en el caso de Lenin, puesto que tenía, no un Rolls, sino varios.

Uno de los primeros actos de la Rusia soviética fue el decreto del 3 de mayo de 1918 que expropió unos 2.500 automóvi-les de los miembros burgueses de la sociedad. Estos vehículos luego fueron pasados a líderes de partidos prominentes para el servicio, así como para uso pri-vado, pero éste no es el caso de uno de los Rolls-Royce de Le-

nin, que fue comprado el 11 de julio de 1922 en Londres por un enviado suyo. Fue el lujoso mo-delo SilverGhost lo que le costó £ 1.850, adquirido con un des-cuento del 15%, como parte de un trato con motores de aviones de bombarderos secretos que el joven gobierno ruso tenía con esta compañía.

A fecha actual el RollsRoyce SilverGhost de Lenin se encuen-tra en la mansión de Gorki, que es un museo de las muchas posesiones de Lenin.

En el garaje de Lenin hay muchos automóviles extranje-ros, desde un Renault de 40 caballos de fuerza, hasta Dela-nayBillville 45 y Turket Mery 28. Sin embargo, solo dos Rolls-Royce fueron utilizados por Le-nin en los años 1922 a1924.

Noventa años después de su muerte, seguidores y detracto-res siguen debatiendo si Lenin era un santo para el obrero o un dictador. Lo cierto es que tanto una cosa como la otra se hace mucho mejor desde un Rolls-Royce.

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““Ese capitalismo de mierda”Ese capitalismo de mierda”

Leo en la prensa que el ayuntamiento de Valencia ha invertido más de dos millones de euros en desatascar un enorme tapón de toallitas que obstruía una de las principales cloacas de la ciudad. La mole medía un kilómetro y supe-raba la tonelada. Un tapón de simples, suaves, higiénicas toallitas de lavabo. Los ciuda-danos conseguimos ortos tan relucientes como para comer sobre ellos —a quien le vaya ese rollo, qué caray, hay gen-te para todo—, aunque mante-ner tan limpios bajos exija muy altos costes.

La masa de toallitas muestra en las fotos un as-pecto repulsivo. Liberar el de-sagüe precisa una máquina especial dotada de poleas y rastrillos. El combinado de química y materia fecal se retira después con ayuda de excavadoras. Donde vaya a parar la sustancia es asunto en que prefiero no pensar mientras consumo ciertos ali-mentos precocinados de bajo precio.

La mierda da para re-flexiones escatológicas en cualquiera de los sentidos de la palabra. Suciedad y eco-nomía son dos conceptos que la experiencia muestra estre-chamente unidos.

Busco en el supermercado un paquete de las toallitas de marras. El envoltorio, de ecológicos tonos verdes y azules, garantiza que contiene 100 servicios. Anuncia la sua-vidad con que la celulosa bio-degradable acariciará nues-tras cañerías personales, sin renunciar a la resistencia para que los dedos no sean hués-pedes en lugares donde no son bienvenidos. Asegura que el producto es desechable por el retrete. Recomienda, por último, no soltar más de dos

toallitas por descarga. De to-das las afirmaciones, solo una es totalmente cierta: nada que ver el tacto de la camomila con el papel elefante que mi trasero padeció en la niñez. Las restantes son, como man-dan las leyes de la economía, inverificables o directamente embusteras.

Aceptemos como cierto el número de 100 toallitas. Ahora bien, los elementos no son biodegradables. De hecho, la resistencia del tejido procede de elementos plásticos —no mencionados— que nada tie-nen de solubles. El retrete es el último lugar adecuado para estos elementos. Respecto a no arrojar más de dos por ca-da descarga de cisterna solo sugiere que el fabricante es aficionado a la ironía fácil.

El asunto tiene mucho de simbólico. El sistema que habitamos escoge la mentira como procedimiento legítimo de beneficio. El sistema en que vivimos traslada la sucie-dad particular a la invisible pero colectiva. La mierda que purgamos de lugares anatómi-camente delicados acaba en alcantarillas —obstrucción incluida—, ríos y mares, don-de se suma a la cadena trófica y acaba —¿es necesario se-ñalarlo?— en el organismo del pescado que luego ingeri-mos… para volver a limpiar con toallitas húmedas. Cerra-mos así la rueda de la estupi-dez.

La toallita limpiaculos co-mo metáfora. El consumo por encima de la supervivencia. Las porquerías ocultas en grandes masas son la ética capitalista. La mentira es el andamiaje de la postmoderni-dad. Pagamos las pensiones de hoy con la deuda de maña-na. Hipotecamos el futuro de nuestros hijos con trabajos indecentes que atascan las cloacas del precariado. Lim-piémonos el trasero mientras tanto y vivamos felices y sin pensar demasiado. Echemos después las consecuencias al retrete y que se las coman —literalmente— quienes nos sucedan.

Al pie del cañón

Rafa Tormo

“El acuerdo y la cadena perpetua”“El acuerdo y la cadena perpetua”

Ya tenemos acuerdo. UGT lo ha fir-mado con el Gobierno para la recupera-ción del empleo público, el aumento sala-rial y la devolución de alguno de los dere-chos arrebatados durante la última crisis/estafa.

Algunos compañeros nuestros en la Seguridad Social me han recriminado últimamente la firma del acuerdo por parte de UGT, porque el aumento salarial lo consideran insuficiente y no se recuperan todos los derechos perdidos.

Reflexionando detenidamente sobre los argumentos que me exponen, porque uno no está nunca en posesión de la ver-dad absoluta, se me viene a la mente la excelente película "cadena perpetua". En ella los protagonistas, interpretados por Timm Robbins (Andy) y Morgan Freeman (Red) están en una penitenciaría conde-nados a cadena perpetua.

Andy se da cuenta de que las condi-ciones de la cárcel son extremadamente duras, y que ni siquiera cuentan con una biblioteca. Para conseguir montar una, nuestro protagonista empieza a escribir una carta todos los días al Ayuntamiento solicitando que por favor les manden li-bros para los presos. Pasados unos lar-gos meses nuestro personaje recibe en la cárcel unas pocas cajas con unos cuantos libros y una carta que le dice "aquí tiene los libros que nos pidió, pero, por favor, no mande más cartas".

Red (Morgan Freeman) queda viva-mente impresionado y le dice a Andy "ya has conseguido lo que querías" a lo que este responde, "si enviando una carta al día me han mandado unos pocos libros, a partir de ahora mandaré dos cartas todos los días para conseguir más".

Pues bien, al igual que en esta mara-villosa, y muy recomendable película, por parte UGT tomamos lo conseguido con el acuerdo, y al mismo tiempo no renuncia-mos a nada de todo lo mucho que queda pendiente. Y si con estas movilizaciones, presión y negociación hemos obtenido esto, que es claramente insuficiente, aho-ra toca movilizarse el doble para conse-guir mucho más, hasta alcanzar todo lo que mis compañeros me están reclaman-do. Es tarea de todos y en ello estamos nosotros.

Op

inió

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a S

egu

rid

ad

Soci

al

La atalaya

Julio Martínez

Julio.martinez1@seg-social.es

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Pasatiempos en la Seguridad Social

La GISS encuentra un nuevo método infa-

lible de eliminación de virus consistente en

formatear el disco duro 15 veces y rematarlo

hasta hacerlo trizas con un mazo de hierro. En

un comunicado aseguran que ningún virus

sobrevivirá a semejante método revoluciona-

rio.

Nueva medida restrictiva en la Seguridad

Social. A partir de ahora no se puede conectar

ningún dispositivo USB al ordenador. Eso sí, a

quien le dé ansiedad por esta media, la Geren-

cia de Informática aconseja la conexión de las

memorias USB en cualquiera de los orificios de

los que los humanos disponen, recomendando

especialmente para este fin el que todos tene-

mos en la parte trasera.

El gobierno gana el premio especial al me-

jor truco de magia al hacer desaparecer los 67

mil millones de euros de la hucha de las pensio-

nes en tiempo récord. Durante la recogida del

premio el Ministro Montoro declara ―a ver quién

puede superar esto‖.

Los Consellers catalanes en prisión provi-

sional abandonarán la misma tras llegar a un

acuerdo con la jueza. Se comprometen a salir

en rueda pública ataviados con la camiseta

oficial de la selección española de futbol, bufan-

da nacional al cuello y saltar animosamente

cantando el ―yo soy español… español…‖ por-

tando un billete de lotería con el número 155

que deben mostrar claramente a las cámaras

de televisión allí presentes.

El Gobierno subasta la que fue la mayor

hucha de España, la de las pensiones, por

haberse quedado más vacía que el río Turia y

no tener expectativa de volver a llenarla.

El Secretario de Estado anuncia que, ante

la situación límite de falta de personal en la

Seguridad Social va a contratar interinos para

sustituir a los interinos que prometió y que no

aparecen por ningún lado.

Obtén la frase relacionada con el ISM, utilizando el salto de caballo del ajedrez desde la casilla verde hasta la roja.

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