LA RECONVENCIÓN Y LA SITUACIÓN JURÍDICO PROCESAL DE LOS TERCEROS - P. Mariezcurrena y B. Quintana

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LA RECONVENCIÓN Y LA SITUACIÓN JURÍDICO PROCESAL DE LOS TERCEROS EN ELANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL PROCESO LABORAL

Patricia MariezcurrenaBetiana Quintana

SUMARIO:I.- INTRODUCCIÓN.II.- LOS INSTITUTOS PROCESALES: RECONVENCIÓN, CITACIÓN EN GARANTÍA Y DENUNCIA DE TERCEROSIII.- LA CITACIÓN EN GARANTÍA Y LA DENUNCIA DE TERCEROS EN EL ANTEPROYECTO DE LEY. (ARTS. 4 Y 10)IV.- CONSECUENCIAS DE LA IMPROCEDENCIA DE LA RECONVENCIÓN Y LA CITACIÓN DE TERCEROS EN RELACIÓN ALA LEY Nº 18.251 (ART. 10)V.- REFLEXIONES FINALES.

I.- Introducción

La doctrina laboralista de nuestro país ha señalado desde muy larga data sus reservas a la concepción unitaria del proceso,reclamando para la materia laboral un procedimiento autónomo, especial y de corta duración en el tiempo en función de laparticularidad del conflicto que constituye su objeto.[1]

El anteproyecto de ley de reforma del proceso laboral regula dos procesos laborales autónomos, uno general sin límite decuantía denominado “proceso laboral ordinario” y otro de instancia única llamado “proceso de menor cuantía”.

[1] Hasta la aprobación del C.G.P el Decreto - Ley 14.188 (5/04/74) con sus ulteriores modificaciones (Decretos - Leyes Nº 14.358; 14.416; 14.491 y 14.861) regulabaun procedimiento extraordinario de tipo sumario y específico para la materia laboral con algunas disposiciones de carácter sustancial. Sobre el análisis del Decreto -Ley Nº 14.188 puede consultarse: Nuevo Proceso Laboral Uruguayo, AAVV, Colegio de Abogados del Uruguay, Montevideo, F.C.U, 1974.Desde la entrada en vigencia del C.G.P las contiendas laborales deben tramitarse por la estructura del proceso ordinario, no existiendo en dicho cuerpo normativo unaestructura procesal específica para sustanciar una pretensión laboral. En relación a las críticas de la doctrina laboral frente a la concepción unitaria del procesoconsagrada en la aprobación del C.G.P puede consultarse: BARBAGELATA, Héctor, ABELLA DE ARTECONA, Martha y otro, Primeras Reflexiones laborales sobre elCódigo General del Proceso (mesa Redonda), Montevideo, F.C.U/Asociación de Abogados Laboralistas, 1989; pp. 6-8; ABELLA DE ARTECONA, Martha “El CódigoGeneral del proceso desde la perspectiva de derecho Laboral” en R.D.L, Tomo XXXII, Nº 154, 1989, pp. 213 y ss; PLÁ RODRÍGUEZ, Américo, “Visión Crítica delderecho Procesal del trabajo” en RDL, Tomo XXXIV, Nº 163, 1992, pp.570 y ss; PÉREZ DEL CASTILLO, Santiago, “El Futuro del proceso Laboral en América latina”en RUDP 2/2000, pp.183 y ss; ROSENBAUM, Jorge, “Los Problemas Actuales de la Justicia del trabajo en América Latina” en R.D.L, Tomo XXXVI, Enero - Marzo1993, Nº 169, pp. 122 - 124; AAVV, Derecho Procesal del Trabajo, SERÉ, Jorge (2005) en Conciliación - Mediación - Proceso, Montevideo, F.C.U, pp 456.

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El proyecto de reforma del proceso laboral, inspirado en la rapidez y simplificación en la sustanciación, pondera elprincipio de celeridad y en función de éste suprime la reconvención y la intervención de terceros.

Nuestra colaboración tiene como finalidad estudiar las consecuencias jurídicas de la improcedencia de lareconvención y la situación procesal de los terceros en las reclamaciones fundadas en la responsabilidad solidaria osubsidiaria, de conformidad a las Leyes Nº 18.099 y 18.251.

II.- LOS INSTITUTOS PROCESALES: RECONVENCIÓN, CITACIÓN EN GARANTÍA Y DENUNCIA DE TERCEROS

En forma previa al análisis de la solución adoptada por el anteproyecto de reforma en relación a la improcedenciade la reconvención y la intervención de terceros (arts.10 y 22), repasaremos brevemente las nociones procesales de dichosinstitutos.

Reconvención.-En nuestro derecho positivo la reconvención aplicable a la estructura de los procesos ordinarios está regulada en

los arts. 132 y 136 del C.G.P, mientras que en los extraordinarios en el art. 346.2.Constituye una de las posibles actitudes del demandado que en el acto de contestar el libelo inicial no se limita a

oponerse al reclamo impetrado, sino que formula dentro del mismo proceso una nueva pretensión, en este caso, contra elactor.[2] Asistimos entonces a una acumulación sucesiva de pretensiones por inserción.[3]

De su formulación deviene una ampliación del objeto del proceso en virtud de la existencia de dos pretensiones ydos litigios diferentes debiendo resolverse ambos en un único proceso.

Son requisitos procesales para su procedencia: que ambas pretensiones, tanto la del actor como la deldemandado reconviniente, sean de igual o de análoga materia, o si son diversas que sean conexas entre sí, conforme a losarts. 136.1 y 120.1 num. 1 del CGP. Además, que ambas pretensiones puedan tramitarse por la misma estructura procesalconforme lo reglado en los arts. 136 y 120 num. 3 del CGP.

[2] COUTURE, Eduardo J., Vocabulario Jurídico; Bs. As., Depalma, 1997, pp. 174 y 505.[3] Véase: TARIGO, Enrique, Lecciones de Derecho Procesal Civil, Tomo I, Montevideo, F.C.U, 1998, pp. 409.

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Terceros.-En nuestra legislación la intervención de terceros está regulada dentro del Capítulo V del Libro I, en los arts. 48 a

55 del C.G.P.Con la intervención de los terceros en el proceso se produce una ampliación de las partes originarias y necesarias

de éste, a saber actor y demandado. De este modo, el tercero que llega al proceso será una parte eventual justificando suparticipación en un interés jurídico en el objeto del litigio o en una cuestión conexa con éste.[4]

Lo expresado implica que durante el desarrollo del proceso se incorporan sujetos distintos a los originales, ya seaen forma espontánea o provocada, con interés en la causa u en el objeto del litigio.

En aplicación del principio de economía procesal en un único proceso y con el dictado de una misma sentencia, seresuelve un conflicto que presenta más de una arista y tiene la presencia de otros sujetos, además del actor y deldemandado.

La intervención puede ser espontánea, cuando el tercero comparece al proceso por su propia y libre voluntad, oprovocada, cuando su intervención responde al llamado de algunas de las partes, de oficio por el Tribunal o del MinisterioPúblico.

A su vez, la espontánea, puede ser adhesiva o coadyuvante y principal o excluyente. En la adhesiva o coadyuvantepropiamente dicha el tercero participa en el proceso adhiriendo a una de las partes con la cual tiene una coincidencia deintereses. Este tercero, por sí no tiene legitimación en el proceso principal para ser parte.

En tal sentido Couture[5] definía a éste tercero interviniente como: “aquel que tiene interés jurídico propio en unconflicto ajeno; pero en condiciones tales que la defensa de un interés propio le conduce al litigio a defender el interés ajeno”.

Dentro de la intervención adhesiva o coadyuvante existe otra modalidad que es la litisconsorcial regulada en el art.48.2 del C.G.P. En ésta, el tercero hace valer un derecho propio en el proceso, adhiriendo ya sea a la calidad de actor o dedemandado al juicio principal. Este tercero, a diferencia del anterior, gozaba de legitimación desde el inicio del proceso paraser parte de él.

Otra modalidad de tercería es la principal o excluyente (art. 49 del CGP), aquí el tercero deduce una pretensiónincompatible con la planteada en el proceso.

Su intervención genera un nuevo proceso, que se acumula al inicial, en el que el tercero es actor y las demáspartes originarias en el proceso devienen demandadas, conformando así un litisconsorcio pasivo.

[4] VESCOVI, Enrique, “La intervención coactiva de terceros en el proceso y sus límites”, RUDP 1/1981, Montevideo, FCU, pp. 127 y ss.[5] COUTURE, Eduardo, Estudio de Derecho Procesal Civil, Bs. As, Depalma, 1955, T III, pp. 220.

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En síntesis los presupuestos procesales necesarios en caso de intervención espontánea son: la existencia de unproceso pendiente y de un interés directo, personal y legítimo del tercero.

Por otra parte, la intervención provocada o forzosa comprende: la citación en garantía, comunidad decontroversia y la hipótesis de extensión de los efectos de la sentencia a terceros, según el art. 51 del CGP. [6]

Enseña la doctrina que la citación en garantía:”Opera cuando el citado se encuentra en una relación de derechosustancial con el demandado originario que habilitaría a éste a iniciar una acción de regreso o reembolso contra aquélcualquiera sea su origen (legal o contractual)”.[7]

La citación en garantía genera una acumulación subordinada a los resultados del proceso principal.La sentencia resolverá en primer lugar sobre la pretensión principal, esto es, si condena o absuelve al

demandado en el juicio principal, únicamente si condena al demandado, deberá expedirse sobre la viabilidad o no de laacción de reembolso al citado, pudiendo ser ésta total o parcial.

En el caso de comunidad de controversia o terceros a quienes la sentencia puede alcanzar, los tercerosintervinientes pudieron ser demandados originariamente. La finalidad que cumple la citación es constreñir al tercero paraque comparezca a contestar la demanda principal, ya que en este caso la pretensión continúa siendo la del actor. De estemodo con su intervención se produce un ensanchamiento de la parte demandada, sumándose así un nuevo sujeto.

Otra forma de intervención de terceros, es la prevista en el art. 53 del C.G.P, en este caso se le noticia del pleitoal tercero, que está legitimado para ser parte en el proceso y tendría eventualmente alguna responsabilidad en la cuestiónque se está debatiendo. Con su citación no se pretende la acción de reembolso, a diferencia de la citación en garantía,sino que el fundamento radica en la relación que tiene el tercero con el objeto del proceso, pudiendo comparecer o no almismo.

Se trata de un caso donde el demandado “denuncia” que existen otros sujetos, los cuales deberá identificar, paraque se los noticie del proceso.

La doctrina procesal ha sostenido que: “(…) funciona como una fórmula residual de las hipótesis del art. 51, queregula el llamamiento de terceros, permitiendo incluir los casos allá no contemplados”.[8]

[6] Véase: LANDONI, Ángel (Director), Código General del Proceso, Vol. 1, B de f, Montevideo, Bs. As., 2002, pp 135 - 137.[7] BELLO, Graciela, “Situación procesal de los terceros en caso de intervención provocada o coactiva (art. 51 del C.G.P)” en R.U.D.P 1/1997 pp. 27. Véase: sobre elinstituto de la citación en garantía: KLETT, Selva, Van ROMPAEY, Leslie, “La intervención coactiva de terceros en el art. 51 del C.G.P” en Revista del Colegio deAbogados del Uruguay, Tomo XXVI, pp. 23 y ss; GELSI BIDART, Adolfo, “Admisibilidad de la citación en garantía en nuestro derecho” en L.J.U Tomo XXXII, pp 25 y ss;TEITELBAUM, Jaime “Régimen Procesal de la Citación en Garantía” en RUDP 3/1998, pp 275 y ss.[8] VESCOVI, Enrique (Director), De Hegedus, Margarita, Klett, Selva, Cardinal, Fernando, Simón Luis M., y Pereira Campos Santiago, Código General del Proceso,Bs. As, Ábaco, Tomo 2, pp 201.

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Por último la hipótesis prevista en el art. 54 del C.G.P contempla el llamamiento del tercero ya sea por el propio Tribunal,(de oficio), a pedido del Ministerio Público o de las partes, en caso de presunción de fraude o colusión en el proceso. [9]

El tercero posible perjudicado por la sentencia en el proceso ya trabado, en el que se presume fraude o colusión, podrá serllamado al juicio, en aras de evitar la cosa juzgada fraudulenta, ponderándose el principio de la buena fe procesal.[10]

III.- LA CITACIÓN EN GARANTÍA Y LA DENUNCIA DE TERCEROS EN EL ANTEPROYECTO DE LEY. (ARTS. 4 Y 10)

Antecedentes.-Conforme a las Leyes Nº 10.449 (12/11/ 43) (art. 3) y 18.099 (24 /01/07) el trabajador que prestó servicios

para un empleador principal y éste a su vez, se relacionó con otro empleador ya sea mediante la subcontratación, laintermediación o el suministro de mano de obra, tenía la posibilidad de demandar en la vía judicial a todos los codeudores oa uno sólo de ellos.

Por lo tanto, desde el punto de vista procesal nos enfrentábamos a dos alternativas distintas o bien el actoremplazaba a todos los deudores, o a uno sólo de ellos.

En la primera y por otra parte la más frecuente de la hipótesis, (emplazamiento conjunto) estábamos enpresencia de un litisconsorcio facultativo pasivo al tenor del art. 45 del C.G.P. [11]

En el caso que el actor sólo emplazara a uno sólo de los sujetos responsables, hipótesis por cierto menoscomún en la práctica, el demandado con fundamento de derecho en los arts. 51 y/o 53 del C.G.P, tenía la posibilidad detraer al proceso en trámite a otro obligado cualquiera fuera su vinculación o grado de responsabilidad.

La Ley Nº 18.251.-La reciente Ley Nº 18.251 explicitó en su art. 10 que en las hipótesis en que se fundamenten reclamaciones

por responsabilidad subsidiaria o solidaria, el actor deberá emplazar conjuntamente a todas las personas (físicas y/ojurídicas) contra quienes pretenda el cumplimiento de sus obligaciones, ya sean éstas, laborales, previsionales y las deprotección ante accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

[9] Véase: LANDONI, Ángel, ob. cit, pp.141.[10] SOSA AGUIRRE, Tabaré, “El llamamiento de oficio en caso de fraude o colusión” en Revista del Colegio de Abogados del Uruguay, Tomo XXIV, Mayo 1993, pp. 23.[11] Ver MORALES, Doris, “Aspectos Procesales vinculados a los procesos relacionados con la actividad forestal” en Revista Judicatura Nº 45, Montevideo, Agosto 2007y “Aspectos Procesales de la aplicación de la Ley 18.099” en XVIII Jornadas Uruguayas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Colonia del Sacramento,Montevideo, FCU - AUDTSS, 2007, pp. 49.

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En la actualidad el actor que inicia un proceso laboral en el que se ventilen reclamaciones por responsabilidadsubsidiaria o solidaria en hipótesis de relaciones de trabajo tercerizadas deberá realizar un emplazamiento conjunto talcomo lo prescribe el art. 10 de la Ley Nº 18.251.

Sin perjuicio del mandato legal que ordena necesariamente a integrar la parte demandada en forma conjunta contodos los posibles obligados, éstos pueden según corresponda en cada caso citar a terceros fundando su derecho en losarts. 51 y 53 del C.G.P. Entonces, él ó los demandados podrán hacer uso del instituto de la citación de terceros, ya seacitando en garantía o llamando a aquél respecto al cual la controversia es común o a quien la sentencia puede afectar,según prescribe el art. 51 del C.G.P.

También la parte demandada mantiene la posibilidad de denunciar a un tercero que considere responsable en lacuestión debatida, proporcionando al Tribunal a los efectos de poder individualizarlo nombre y domicilio, con la finalidad denoticiarlo del proceso en curso. (art. 53 del C.G.P).

Es dable señalar que a partir de la vigencia de la Ley Nº 18.251 el actor deberá demandar a todos los codeudores(solidarios y/ o subsidiarios), conformado así un litisconsorcio necesario pasivo, (art. 47 del CGP).

En el actual marco jurídico, si bien el demandado conserva la posibilidad de llamar a terceros (arts. 51 y 53 delC.G.P) tal actividad procesal, aunque formalmente vigente, carece de trascendencia práctica, en tanto el tercero debió seremplazado desde el inicio por el actor.

Anteproyecto de Reforma Laboral.-En las relaciones jurídicas trabadas a partir de algunas de las manifestaciones de descentralización empresarial

(subcontratación, intermediación y suministro de mano de obra) emergen múltiples responsables en el cumplimiento deobligaciones laborales.

Partiendo de este supuesto la Comisión encargada de la redacción del referido Anteproyecto y en concordanciacon las disposiciones procesales contenidas en las recientes leyes de Tercerización, optó por imponer en forma previa allitigio una carga para el citado (en la audiencia administrativa de conciliación ante el M.T.S.S) y por estimar improcedente lareconvención[1], la citación en garantía y la denuncia de terceros. (arts. 4 y 10)

[12] La doctrina procesal estudiando el Decreto - Ley Nº 14.188 concluyó que la reconvención no era procedente en virtud de la estructura conferida al proceso laboral ydel principio de brevedad que lo informaba. TARIGO, Enrique, Estructura y Desarrollo del Nuevo Proceso laboral en Nuevo Proceso Laboral Uruguayo, AAVV, 1974,Montevideo, CAU - FCU, pp 80; GREIF, Jaime, Los Procesos Sumarios, Montevideo, F.C.U, 1983, pp 158.

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Según el art. 4 del referido Anteproyecto quien concurre en calidad de citado a la audiencia de conciliaciónadministrativa en la órbita del M.T.S.S en caso de existir otro sujeto eventualmente responsable tiene la carga deindividualizarlo, dejándose constancia en el acta respectiva. La omisión en la observancia de dicha carga así como suincomparecencia a la audiencia administrativa constituyen presunciones simples contrarias a su interés en el futuroproceso.[13]

Los autores de la mentada reforma, si bien denominaron al proceso como ordinario y de menor cuantía,creemos que ambos son sumarios, ya que admiten una única audiencia y los plazos previstos son extremadamenteexiguos. [14]

En aras del principio de economía procesal y tras la optimización y abreviación del tiempo de duración de loslitigios laborales se intenta conformar una estructura procesal simple en la que no procede en ningún caso, lareconvención, ni la intervención participativa de los terceros, conforme a los arts. 10 y 22.

IV.- CONSECUENCIAS DE LA IMPROCEDENCIA DE LA RECONVENCIÓN Y LA CITACIÓN DE TERCEROS EN RELACIÓN A LA LEY Nº 18.251 (ART. 10)

En la actualidad la reconvención puede ser planteada por el demandado en un proceso laboral al amparo delart. 136 del C.G.P siempre que se verifiquen los presupuestos procesales exigidos por el art. 120.1 num. 1 y 3.[15]

De la lectura del repertorio jurisprudencial en materia laboral puede extraerse que las sentencias queresuelven la pretensión del demandado reconviniente (empleador) contra el actor (trabajador), versan fundamentalmentesobre: a) el cobro de créditos originados en préstamos o adelantos de salario por parte del empleador al trabajador y b)cobro de daños y perjuicios cuya responsabilidad le es atribuida al trabajador en virtud de su conducta ilícita.[16]

[13] Anotamos que si bien se impone al citado la carga de denunciar a otros eventuales responsables, su omisión carece de sanción concreta resolviéndose sutratamiento como una simple presunción en contra de su interés en un futuro proceso.[14] Los fundamentos de los autores del Anteproyecto están fincados en la celeridad y rapidez que debe guiar al proceso laboral, aún en desmedro del principio deeconomía procesal. Idéntico fundamento resaltó la doctrina al comentar la inadmisibilidad de la reconvención en el modelo adoptado por el proceso laboral del Decreto- Ley Nº 14.188. En tal sentido, enseñaba el Prof. Tarigo: “… la reconvención - repitámoslo, la acumulación a la pretensión formulada por el actor de unacontraprestación formulada por el demandado - está inspirada, como toda acumulación de pretensiones en el principio de economía procesal- que al posibilitar quedos o más pretensiones sean examinadas en un único juicio, hace innecesaria la instauración de un nuevo juicio- , pero ese principio de economía procesal, debeceder en los juicios sumarios, ante otro principio típico o caracterizante de este tipo de juicios, como lo es el de celeridad, rapidez o abreviación o simplificación de lasformas procesales.”[15] La reconvención es desestimada en las hipótesis que el reconviniente pretenda el cobro de un crédito de naturaleza civil en virtud de la incompetencia de la Sedelaboral. (A.J.L 2004, casos: 750, 751, pp. 343; A.J.L 2006, caso 356, pp. 210)[16] En relación a la admisión de la reconvención en caso de compensación de crédito puede consultarse: A.J.L 2004 casos: 748, 752, 753 pp 342 y 343. En cuanto ala pretensión de cobro de daños y perjuicios AJ.L casos: 749 y 751 pp 342.

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En la reforma proyectada no es admisible la reconvención en ninguna de las dos estructuras procesales previstaspara la sustanciación de un proceso laboral.[17] A nuestro modo de ver, la circunstancia de dotar de agilidad y rapidezal litigio en el cual se ventila un conflicto individual de trabajo no puede suprimir al demandado el derecho decontrademandar, es decir negarle la posibilidad de hacer valer su pretensión contra el actor.

Como uno de los objetivos la reforma propone lograr una rápida resolución de la contienda, pero ésta nopuede cercenar el derecho de una de las partes (demandado), obligándolo a realizar un nuevo proceso para impetrar sureclamo.

Exigirle al demandado acudir nuevamente ante la Sede judicial para impetrar su reclamo contra el trabajadores contradictorio con el principio de economía procesal, ya que ambas pretensiones encuentran su fundamento en la mismarelación laboral.

Respecto a la intervención de terceros, como ya fue señalado y partiendo de lo preceptuado por el art. 10 dela Ley Nº 18.251, el trabajador deberá emplazar conjuntamente a todas las personas de las cuales pretenda exigir elcumplimiento de las obligaciones emergentes de los arts. 6 y 7 del mismo cuerpo normativo.

Atento a la mentada disposición, la prohibición contenida en el art. 10 del Anteproyecto de reforma del procesolaboral, en referencia a la situación jurídica procesal de los terceros, no es relevante. [18]

A nuestro entender, si el actor observa lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 18.251 debe emplazar a todos losposibles responsables y por ende conformará un litisconsorcio necesario pasivo completo. De esto modo, no hay terceros acitar, ya que debieron ser emplazados por el actor inicialmente y tendrán la calidad de demandados.

Sin perjuicio de lo anotado, puede ocurrir que el actor emplace a uno sólo de los obligados, ya sea porque en laaudiencia de conciliación en vía administrativa no le fue proporcionada la información respectiva por el citado acerca de laexistencia de otros sujetos responsables, o bien porque habiéndola obtenido la omitió a sabiendas. [19]

[17] Para la estructura procesal denominada “proceso laboral ordinario” no está permitida la reconvención, según el art. 10 del Anteproyecto, en el denominado“proceso de menor cuantía” tampoco procede, de conformidad al art. 22 del mismo texto.[18] El art 22 del anteproyecto - a diferencia del art. 10 -, prohíbe la citación de terceros exclusivamente al demandado, en tal sentido pensamos que no lodeshabilita para que el Tribunal de oficio lo haga. (art. 54 del CGP)[19] Uno de los problemas que suscita la descentralización productiva es la determinación e identificación del sujeto empleador, ya que el haz de relacionesjurídicas es complejo en virtud de la interacción entre varias organizaciones empresariales a lo largo del ciclo económico en la producción de bienes y servicios.PLÁ RODRÍGUEZ, Américo, en “Descentralización Empresarial y el Derecho del Trabajo” en 42 Estudios sobre la Descentralización Empresarial y el Derecho delTrabajo, Montevideo, F.C.U, 2000, pp 11 y ss.

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En cualquiera de las dos situaciones y estando en presencia de un litisconsorcio necesario pasivo, el Tribunal encumplimiento del art. 47 del C.G.P debe requerir la integración total de la parte demandada, es decir ordenando elemplazamiento de todos los sujetos responsables frente al reclamo impetrado.

Cabe acotar que la facultad del Magistrado podrá ser ejercida en las siguientes oportunidades procesales: a) unavez presentada la demanda, si de ella se desprende liminarmente que el trabajador prestó tareas bajo algunas de lasmodalidades reguladas por las Leyes Nº 18.099 y 18.251; b) una vez contestada la demanda, si de ella emerge que hay otrosinvolucrados además del sujeto inicialmente demandado.

En otro orden el emplazamiento conjunto tiene suma importancia cuando los deudores solidarios hayan celebradopactos entre sí a los efectos de dividir la deuda de obligaciones laborales o estipular garantías, conforme al art. 2 de la Ley Nº18.251. En consecuencia habiéndose distribuido los montos a pagar entre los codeudores solidarios, si bien el acuerdo le esinoponible al trabajador, es conveniente que se resuelva dicha cuestión en el mismo proceso.

Lo expresado conlleva a afirmar que si uno de los sujetos demandados quisiera hacer valer en juicio el pacto conotro co - deudor solidario, el impedimento de citar en garantía o llamarlo como tercero está salvado pues debieron seremplazados inicialmente por el actor al tenor del art. 10 de la Ley Nº 18.251.

V.- REFLEXIONES FINALES

El anteproyecto de reforma consagra para la materia laboral un proceso especial y autónomo a través de dosestructuras procesales denominadas: “proceso laboral ordinario” y “de menor cuantía”.

Buscando celeridad, rapidez y simplificación en su tramitación los autores suprimieron los institutos de lareconvención y de la intervención de terceros, para ambos procedimientos.

Afirmamos que conferirle agilidad y rapidez al proceso en el cual se ventila un conflicto individual de trabajo, objetivoprimario del anteproyecto, no puede traducirse en la limitación del derecho de reconvenir al demandado.

La reconvención en tanto acumulación de pretensiones se edifica sobre el principio de economía procesal yadmite que dos pretensiones se acumulen en un mismo juicio siendo innecesario instaurar un nuevo proceso. Enconsecuencia exigirle al demandado acudir nuevamente ante la Sede judicial para impetrar su reclamo contra el trabajador escontradictorio con el mentado principio.

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La prohibición de emplazar o dar noticia a terceros en el proceso, en el que se ventilen responsabilidadesderivadas de alguna de las manifestaciones de descentralización empresarial, carece de relevancia. En tanto conforme alart. 10 de la Ley 18.251, el actor debe emplazar a todos los posibles responsables, conformándose de este modo unlitisconsorcio necesario pasivo al tenor del art. 47 del CGP.

A nuestro juicio la prohibición contenida en los arts. 10 y 22 no comprende la citación de terceros que puedeordenar el tribunal de oficio en caso de fraude o colusión. Debe acotarse que la Sede ante la presunción de fraude ocolusión en el proceso debe citar a los terceros que puedan ser perjudicados, para que éstos hagan valer sus derechos.

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