La Paz Verde. Escenarios de transformación de conflictos ...

LA PAZ VERDE

ESCENARIOS DE TRANSFORMACIÓN DE

CONFLICTOS EN EL OCCIDENTE DE BOYACÁ

Ángela Marcela Flórez Varela

Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Humanas

Especialización en Acción Sin Daño y Construcción de Paz Bogotá, Colombia

2019

II La Paz Verde: Escenarios de transformación de conflictos en el Occidente de Boyacá

LA PAZ VERDE

ESCENARIOS DE TRANSFORMACIÓN DE

CONFLICTOS EN EL OCCIDENTE DE BOYACÁ

Ángela Marcela Flórez Varela

Trabajo presentado como requisito para optar al título de: Especialista en Acción Sin Daño y Construcción de Paz

Tutoras: Patricia Sierra Pardo

Olga del Pilar Vásquez Cruz

Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Humanas

Especialización en Acción Sin Daño y Construcción de Paz Bogotá, Colombia

2019

“Cuando uno no ha vivido en guerra, no sabe que es la paz, entonces no la aprecian, nosotros sí sabemos que es la paz

y no queremos perderla”.

José Campos

4 La Paz Verde: Escenarios de transformación de conflictos en el Occidente de Boyacá

Agradecimientos

A mi familia y compañero por apoyarme incondicionalmente en este proyecto. A William Nandar, Katherin Garzón y José Campos por disponer de su tiempo para compartir con paciencia sus conocimientos y experiencias. A las y los profesores de la Especialización, quienes desde sus diferentes orientaciones nutrieron y complementaron este escrito, especialmente a la profesora Patricia Sierra, por guiarme durante este proceso de formación. Y finalmente a mis compañeras y compañeros de la Especialización, pues gracias a la consolidación de una amistad, logramos acompañarnos colectivamente durante la realización de este posgrado.

La Paz Verde: Escenarios de transformación de conflictos en el Occidente de Boyacá 5

Resumen

Este escrito documenta analíticamente un conflicto local presentado en la Provincia Occidental del departamento de Boyacá denominado “guerra verde”, y materializado en enfrentamientos entre sectores de la población por el control y el usufructo de las minas de esmeraldas de la región. Ante el recrudecimiento de la guerra, deciden iniciar un proceso de negociación, con el acompañamiento de la Iglesia Católica, el cual termina con la firma de lo que denominaron acuerdo de paz. El documento aborda las dinámicas particulares de la zona minera, analizadas a la luz de las teorías de conflicto y violencia. Para posteriormente, examinar las iniciativas de paz locales, centrando la atención en los actores involucrados en el proceso, los puntos acordados y la manera como estos se articulan a las teorías de paz y transformación de conflictos. Palabras clave: Paz, transformación de conflictos, esmeraldas, guerra verde, conflicto,

violencia, negociación, minería.

Abstract

This paper analytically documents a local conflict presented in the Western Province of the department of Boyacá called “The Green War”, materialized in confrontations between different sectors of the population for the control and usufruct of the emerald mines of the region. In the face of war's recrudescence, the people decided to start a negotiation process with the accompaniment of the Catholic Church, which ended with the signing of what is named the peace accords. This document addresses the particular dynamics of the mining area, analyzing them based on the theories of conflict and violence. Then, examines the local peace initiatives, focusing on the actors involved in the process, the agreed points and the way in which these elements are articulated to theories of peace and conflict transformation. Keywords: Peace, conflict transformation, emeralds, green war, conflict, violence,

negotiation, mining.


Contenido

Introducción ....................................................................................................................................... 8

1. DISPUTAS EN LA ZONA ESMERALDÍFERA .................................................................... 14

1.1 Los albores de la Guerra ................................................................................................... 14

1.2 La consolidación de un poder local: los actores de la guerra ........................................... 17

1.3 Primera guerra verde: El “Ganso Ariza” Vs “La Pesada” ............................................... 19

1.4 Segunda guerra verde: “Borbur” Vs. “Coscuez” ............................................................. 20

1.5 El camino hacia una noción de paz negativa .................................................................... 21

2. VIOLENCIA Y CONFLICTO EN EL OCCIDENTE DE BOYACÁ ..................................... 23

2.1 Tercera guerra verde: La renovación de los bandos en conflicto ..................................... 23

3. ACUERDO REGIONAL DE PAZ DEL OCCIDENTE DE BOYACÁ .................................. 32

3.1 Hacia la transformación de conflictos en el Occidente de Boyacá .................................. 32

3.2 ¿De qué paz hablamos? .................................................................................................... 38

3.3 La problemática de la impunidad en el acuerdo ............................................................... 40

3.4 Escenarios de pos-acuerdo ............................................................................................... 42

4. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 44

Anexos .............................................................................................................................................. 46

Referencias Bibliográficas ............................................................................................................... 51


Lista de figuras

Figura A-1. Mapa de los municipios que componen el Occidente de Boyacá Figura A-2. Mapa de georreferenciación de la Provincia Occidental de Boyacá Figura 1-3. Administración de la extracción de esmeraldas Figura 1-4. Bandos en confrontación en la segunda guerra verde Figura 2-5. Bandos en confrontación en la tercera guerra verde Figura 2-6. Triángulo de análisis de los conflictos alrededor de la explotación de esmeraldas en el Occidente de Boyacá Figura 2-7. Mapa bandos en confrontación en la tercera guerra verde Figura 2-8. Muertes violentas registradas en el Occidente de Boyacá (1985-2005) Figura 3-9. Condiciones para avanzar en el diálogo

Lista de tablas

Tabla A-1. Referentes conceptuales Tabla 2-2. Dirigentes militares en los municipios de Occidente Tabla 2-3. Tipos de violencias


Introducción

Los relatos sobre los impactos del conflicto armado interno, caracterizados por su énfasis en los daños, las víctimas afectadas, el dolor y el sufrimiento de un país con una larga historia de violencia, se presentan en la literatura de manera reiterada. Aun cuando Colombia se ha caracterizado por la emergencia de múltiples procesos organizativos y comunitarios, que, en medio de esta situación, le han apostado a construir escenarios de paz, a través de estrategias que permiten transformar los conflictos. Estos últimos son procesos de los que poco se ha hablado, y que merecen ser estudiados con mayor profundidad por las y los practicantes de paz. En este sentido, el presente escrito pretende analizar uno, de los muchos procesos de paz regionales que se han llevado a cabo en el país, situado geográficamente en la Provincia de Occidente del departamento de Boyacá (Ver Figura A-2), el cual fue precedido por uno de los conflictos más violentos que han azotado la región, denominado Guerra Verde o Guerra por las esmeraldas. La Provincia de Occidente se encuentra ubicada en la región andina de Colombia, más precisamente en el centro-este del país, comprendida por una extensión territorial de 3500 kilómetros cuadrados y conformada por 15 municipios, entre los cuales se encuentra: Muzo, La Victoria, Otanche, San Pablo de Borbur, Quípama, Pauna, Briceño, Maripí, Tununguá, Buenavista, Coper, Caldas, Saboyá, San Miguel de Sema y Chiquinquirá.

Figura A-1. Mapa de los municipios que componen el Occidente de Boyacá

Fuente. Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, 2018. (Versión editada por la autora).


La geografía de la Provincia ha hecho de esta, una zona con bajas tasas de migración y colonización de tierras, debido a la existencia de barreras naturales que por muchos años impidieron que la población nativa creciera y que los recursos mineros fueran explotados masivamente; sin embargo, con el descubrimientos de nuevos yacimientos esmeraldíferos, un número importante de migrantes atraídos por la posibilidad de hacerse a una fortuna, llegaron a la región, creando conjuntamente con los pobladores algunos accesos a la zona y la infraestructura necesaria para la extracción del mineral.

Así mismo, se ha posicionado como un corredor geoestratégico, al colindar con los departamentos de Cundinamarca, Santander y Caldas (ver figura A-2). Que con el auge del narcotráfico en el país, consolidarían a la industria esmeraldera, como una actividad atractiva para la legalización de capitales provenientes de economías ilegales; dada la imposibilidad de monitorear la producción de esta piedra preciosa y por ende los ingresos percibidos por las empresas dedicadas a la extracción de este recurso.

Figura A-2. Mapa de georreferenciación de la Provincia Occidental de Boyacá

Fuente. Gobernación de Boyacá, disponible en: https://www.boyaca.gov.co/mapas/

El potencial de la producción de esmeraldas para determinar la economía regional y la deficiente presencia estatal en la región, posibilitaron el fortalecimiento de un sector esmeraldero, representado


por un grupo minoritario de actores con un alto nivel de legitimidad en la región, quienes ejercían el papel de proveedores de infraestructura y servicio básicos a la población, poniendo en duda, la capacidad del Estado para resguardar y garantizar los derechos e intereses de sus ciudadanos, especialmente en los escenarios en donde interactuaban actividades mineras con acciones violentas.

Es así, como el poder local de estos actores en la Provincia y el descubrimiento de grandes yacimientos esmeraldíferos, consolidarían la “génesis” de la confrontación armada en la región, marcada por unas serie de disputas por el control del usufructo de las minas, que permitieron la emergencia de tres períodos de enfrentamientos violentos, que involucraría a la población minera de todo Occidente.

Estas “guerras” coincidieron con los momentos de mayor producción esmeraldífera en la región, dando inicio en el año de 1965, tras la muerte de Efraín González, uno de los jefes militares más poderosos del sector esmeraldero, reclutado por un grupo denominado “La Pesada”, quienes ejercían un fuerte control en el área cercana a la mina de Peñas Blancas. Un conflicto de intereses que sería originado por las diferencias frente a la distribución de los recursos, entre La Pesada y Humberto Ariza, sucesor de González; que finalizaría en 1971 con el cierre de las zonas mineras bajo el control y vigilancia del Ejército y de la Policía Local.

Y aunque la violencia directa disminuyó, las razones que llevaron al inicio de la guerra no fueron resueltas por el Estado. Dejando un enorme descontento de ciertos sectores, que con el tiempo, renovaron y reestructuraron sus fuerzas, desatando lo que se conocería como la segunda guerra verde en 1975. Una disputa que paulatinamente delimitaría dos bandos en contradicción (Bando de Borbur y Bando de Coscuez), a los cuales muchos de los habitantes de Occidente fueron sumándose, de acuerdo a los lazos de lealtad que poseían con ciertos liderazgos y que sólo cesaría con la licitación de las minas en disputa a través de concesiones mineras en 1977.

No obstante, esta estrategia continúo desconociendo los factores de fondo detrás de la guerra, por el contrario, fortaleció los liderazgos de poderes privados, aumentando su nivel de influencia en la región. Que, con el aumento de producción de la mina de Coscuez en 1985, intensificaron las rivalidades del pasado, a tal punto de generar un nuevo estallido de guerra, que dejó a su paso, un saldo de más de 3500 muertes y un panorama de polarización regional, que se tradujo en sentimientos de desconfianza, de apatía frente al sufrimiento del otro y de estigmatización de la población vinculada a esta industria.

Situación que llevó a que desde diferentes sectores de la población (esmeralderos, alcaldes, iglesia católica y rectores de las escuelas municipales) se pensará en explorar alternativas, que pusieran fin a la confrontación armada que azotaba a la región y que trajeran consigo garantías para el desarrollo pleno de los derechos de la ciudadanía. Es así como en 1990, con el acompañamiento de Álvaro Raúl Jarro Tobos, en ese entonces Obispo de la Diócesis de Chiquinquirá, se da inicio a una fase de negociación entre las dos facciones en conflicto, con el fin de consolidar un acuerdo que trajera paz a la Provincia.


Un acuerdo que se posiciona como una estrategia de transformación de conflictos, que permitió que actores en contradicción se sentaran a dialogar. El cual refleja los grandes derroteros a la hora de construir paz en el país y que hoy se mantienen en el anonimato, entre otras cosas, debido a la preponderancia de la literatura por relatar los hechos del conflicto armado interno, que si bien son indispensables, dejan de lado escenarios de paz que merecen ser evaluados, a la luz de las implicaciones de este frente a los hechos violentos y a las víctimas. En este contexto, el objetivo general del presente estudio de caso, es documentar los procesos de diálogo llevados a cabo en 1990 en el Occidente de Boyacá posterior a la Tercera Guerra Verde, que condujeron a la pacificación de la región. Para tal fin se plantean tres objetivos específicos. El primero de ellos, es analizar el conflicto desatado en el Occidente de Boyacá alrededor de la explotación de las esmeraldas, haciendo énfasis en su tercera fase. En segunda instancia se pretende desentrañar las estrategias y/o mecanismos de transformación de conflictos que se emplearon en el proceso de negociación. Por último, se señalará la noción de paz que se encuentra detrás de los denominados acuerdos de paz del Occidente. Este interés surgió de la escucha detenida de los relatos de algunos pobladores de la región, en el marco del acompañamiento a procesos de restitución de tierras realizados desde la Unidad de Restitución de Tierras, como parte de un proceso práctico desarrollado durante mi formación profesional como trabajadora social. En estos relatos la población de Occidente se auto reconocen como constructores de paz regional y hacen un llamado de atención a pensarse procesos de largo aliento, que requieren de la participación de la sociedad civil en su conjunto, pues con todo y sus dificultades, el Acuerdo desarrollado en 1990 trajo a la Provincia una sensación de tranquilidad y de esperanza, que paulatinamente se tradujo en la desnaturalización de la violencia acaecida por el conflicto minero y el restablecimiento de relaciones de confianza entre sus habitantes.

Sin embargo, el período de posacuerdo sentaría los precedentes de las grandes dificultades que atravesaba la región, pues sumado a la violencia, las ganancias derivadas de la explotación de este mineral no se tradujeron en beneficios para los municipios productores. Por el contrario, la pobreza y la desigualdad en la Provincia fueron cada vez más evidentes.

En este orden de ideas, el documento se encuentra estructurado en cuatro apartados. El primero de ellos, expone los acontecimientos que antecedieron a la guerra verde, señalando los actores involucrados en el conflicto y las dos primeras guerras que experimentó la Provincia. En un segundo momento, se pretende abordar la tercera etapa del conflicto minero, analizada a la luz de las teorías de violencia y conflicto. Posteriormente, se reseñara el proceso de paz llevado a cabo en 1990, apartado que contiene una descripción de los actores involucrados en el mismo, las fases de negociación que se llevaron a cabo, los puntos acordados por las partes y una breve alusión al período de posacuerdo. Finalmente, se expondrán las conclusiones del presente estudio, resaltando los aprendizajes del proceso y las posibles recomendaciones a las que haya lugar.

Para la consolidación de este escrito, se delimitaron tres momentos que guiaron el proceso de escritura. En primer lugar, se procedió a la recolección de información primaria y secundaria, fase desarrollada a través de la aplicación de tres entrevistas, las cuales fueron realizadas a actores claves


del proceso, quienes hacían parte de diferentes sectores sociales durante la ocurrencia de los hechos. Entrevistas que estuvieron apoyadas por una revisión bibliográfica previa de diversa índole compuesta por libros, tesis, artículos de revistas especializadas y prensa. Los cuales aportaron en la delimitación de los objetivos y preguntas orientadoras del caso, precisando con mayor claridad los intereses del trabajo.

Una segunda fase consistió en el procesamiento y triangulación de la información encontrada, clasificándose de acuerdo con su pertinencia en el caso a analizar y a los objetivos el estudio, con el fin de estructurar las conexiones categoriales y la presentación sintética y conceptualizada de los sucesos ocurridos en el Occidente de Boyacá. Finalmente, se procedió a realizar una lectura a profundidad de la información recolectada, con el objetivo de encontrar aquellos puntos de conexión y aquellas tensiones y/o contradicciones que emergen sobre el tema de estudio. Lectura que se desarrolló teniendo en cuenta los enfoque teóricos y conceptuales expuestos en la Tabla A-1, con el fin de resaltar los elementos aplicables para el caso de la región y cuáles son esos aspectos de la teoría, que a la hora del proceso de paz no fueron tan claros. Desarrollando consigo la capacidad de análisis y de síntesis de una experiencia de paz particular, interrelacionándola con los diferentes aprendizajes obtenidos durante la formación posgradual como especialista.

Tabla A-1. Referentes conceptuales Referentes

conceptuales

Autores

Bibliografía de referencia

Violencia

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Conflicto John Paul Lederach

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Fuente. Elaboración propia, 2019.


1. DISPUTAS EN LA ZONA ESMERALDÍFERA

1.1 Los albores de la Guerra

La extracción y producción de esmeraldas en Colombia, centralizada principalmente en el Occidente de Boyacá, han sido acompañadas históricamente por una serie de hechos bélicos entre grupos antagónicos, protagonizados por actores que han ido cambiando con el paso del tiempo y que han llevado a asociar a la sociedad esmeraldera con múltiples formas de violencia que se remontan incluso, al período colonial. De acuerdo con Uribe (1992), las esmeraldas boyacense han sido aprovechadas desde tiempos precolombinos por los indígenas “muzos”, quienes las utilizaban como adornos y medio de canje para comerciar con otras tribus. Sin embargo, con la llegada de los españoles a la región se introdujeron una serie de cambios que llevaron a la monopolización de la extracción, el tallado y la comercialización de esta piedra; acompañada de agresiones dirigidas a los muzos, que paulatinamente llevaron a la disgregación de la población, luego de mostrar una fuerte resistencia armada en contra de los encomenderos y los funcionarios de la Corona, a través de la conformación de bandas interétnicas de asaltantes indígenas desde el siglo XVII hasta principios del siglo XIX (Páramo, 2011). Es así, como la dinámica regional del siglo XVII se caracterizó por los ataques constantes de los indígenas hacia los pueblos recién fundados por los españoles. En respuesta a lo anterior, a mediados de dicho siglo las autoridades locales deciden conformar una compañía militar encargada de perseguir a los indígenas salteadores cercanos a las montañas, con el objetivo de lograr su sometimiento (Uribe, 1992).

En los dos siglos subsiguientes predominó una dinámica lenta de usurpación de las tierras de propiedad indígena a manos de algunos colonos, lo que paulatinamente llevó a la disgregación de la población y a procesos migratorios masivos a zonas más prósperas (Uribe, 1992). Lo que produjo que un número considerable de pueblos recién fundados desaparecieran, mientras que otros lograron mantenerse con diversas dificultades. Con la proclamación de independencia de España, la extracción de esmeraldas empezó a ser asignada por contrato a particulares y posterior a la segunda mitad del siglo XIX a compañías mixtas (británicas y colombianas) (Leiteritz & Riaño, 2013).

Durante el período del radicalismo1, se conformaron las primeras compañías particulares de explotación y comercialización de esmeraldas en la región, otorgadas por medio de contratos con escasa intervención del Estado, que consistían en la cesión de todos los derechos como administrador

1 “Entre 1863 y 1889, en Colombia tiene lugar una intensa lucha entre dos proyectos de nación antagónicos, encarnados por los movimientos del Radicalismo y la Regeneración, fruto de la cual se construyó el significado hegemónico de la nación” (Rodríguez, 2010, p. 69)


de este capital (Londoño, 2015, p. 66). Los interés por el usufructo de las esmeraldas, generaron enfrentamientos y luchas entre los partidos políticos tradicionales (liberal y conservador), que trasladaron la contienda del ámbito político al económico, pues al notar el poderío que generaba el negocio, se aliaron para fortalecer sus filas con votos y armas. En 1940 se da la creación del Ministerio de Minas y Petróleo, que en adelante asumió la vigilancia de la industria de las esmeraldas, quienes decidieron salvaguardar todo lo extraído al Banco de la República hasta 1946, fecha en la cual se estipuló que este último sería la única entidad encargada de su explotación y comercialización (Pineda 2008, p. 62). Así pues, tal como lo expone la gráfica 1-3, en 1947 el Banco da inicio a la explotación de las minas de Muzo y Coscuez, con un control parcial de la actividad clandestina (Uribe, 1992). Sin embargo, el régimen punitivo y restrictivo implementado por el Banco, sustentado a través de la Ley 145 de 1959, -estatuto regulador de todo lo relacionado a esta explotación minera-, fue una de la razones que impulsaron la contra-institucionalización empleada por los involucrados en el negocio, que al ver una restricción normativa apoyada por el Estado, elevó la percepción negativa frente a la institucionalización, y sentó un precedente en contra del control y orden que se venía gestando (Torres & Ordóñez, 1995). Es así, como en 1960 tras el descubrimiento de la mina de Peñas Blanca en el municipio de San Pablo de Borbur, se incrementaron los niveles de explotación clandestina e ilegal, liderada por cuadrillas compuestas por población de los municipios de Briceño (Boyacá), Puente Nacional (Santander) y Jesús María (Santander); con apoyo de algunos líderes de la región como Isauro Murcia, Parmenio Molina, Los Buches Castillo, Mario Moreras, Pablo Orjuela y Rafael Orjuela (Uribe, 1992, p. 95), apropiación que desafiaba al Estado y que atrajo una migración sistemática de buscadores de fortuna procedentes de diversos lugares del país (Páramo, 2011). Tarea que fue liderada por Efraín González, un bandolero conservador a quien apodaban “Don Juan”, quien fue reclutado por los patronos y se convertiría en una figura que marcaría el inicio de la conformación de grupos autodefensas en la región y el principal mediador de los diversos conflictos sociales entre guaqueros2 y esmeralderos3 (Coral, 2012; Páramo, 2011). Sin embargo, esta alianza entre los líderes concluyó rápidamente, debido a las discrepancias por el predominio de la minas que empezaron a surgir entre Pablo Orjuela alias “Don Pablo” y Mario Moreras (Claver, 2011) y aunque dicha disputa no logró escalar, marcó los precedentes de lo que sería la primera guerra verde. Sumado a lo anterior, en 1965 es asesinado Efraín González, a manos de agentes del Estado, ocasionando un enorme menoscabo al orden público y a la estabilidad en el sector. Los líderes esmeralderos aglomerados en lo que posteriormente se llamaría “La Pesada” supieron que

2 Persona dedicada ilegalmente a extraer esmeraldas que deja la producción formal de esta piedra preciosa en el río o en alguno de los túneles abandonados en las montañas. 3 Personas dedicadas a la explotación y/o comercialización legal de esmeraldas.


requerirían del apoyo de alguien que ejerciera las funciones de orden y control militar que desempeñaba González, quien posteriormente sería reemplazado por Humberto Ariza alias “El Ganso Ariza” (Pineda 2008).

Figura 1-3. Administración de la extracción de esmeraldas

Fuente. Elaboración propia a partir de Leiteritz & Riaño, 2013.

Por su parte, la administración de las minas por el Banco de la República demostró ser un desastre, agravado por los tropiezos en el comercio internacional, los altos niveles de corrupción de sus funcionarios y el aumento en la extracción ilegal y clandestina. Es así como en 1968, el gobierno decide revocar el contrato de operación del Banco y ceder nuevamente el control de la minas a los privados (Leiteritz & Riaño, 2013). A la par, en 1968 se creó la Empresa Colombiana de Minas (ECOMINAS), que gracias a la campaña de desprestigio del Banco de la República y como un reconocimiento al trabajo de los privados, los cuales se mencionan con mayor detalle en la gráfica 1-3, recibió la administración de las minas de Muzo, Coscuez y Peñas Blancas, junto con el derecho de adjudicar las concesiones de sus operaciones (Leiteritz & Riaño, 2013, p. 28). Así pues, el contexto previo a la consolidación de las guerras verdes se caracterizó por diversos enfrentamientos entre los diferentes sectores interesados en dominar el usufructo de las minas y definir un poder territorial. Agravado por el abandono estatal a la región, que permitió la consolidación de un poder local, capaz de acumular los medios y recursos políticos y militares, con el fin de controlar las actividades de explotación de las esmeraldas.

Extracción de esmeraldas

Pública (1947-1968)Banco de la República

Privada (1968-1992)ECOMINAS, ESMERACOL, TECNIMINAS y la Sociedad

Minera de Boyacense

Conjunta (1992-hoy)


1.2 La consolidación de un poder local: los actores de la guerra

Lo que se observa en la zona esmeraldífera es la consolidación de un régimen jerárquico gestado desde el poder privado, mediado por una estructura militar coercitiva que gozaba de cierta legitimidad en la población; la cual se encontraba sustentada por diversas razones, entre las que se destaca la estrategia de “redistribución de la riqueza”, materializada a través de la construcción de infraestructura vial, la dotación de algunos servicios públicos a la población y la generación de empleos en las empresas mineras (Uribe, 1992). Y aunque esta redistribución respondía a las necesidades particulares de los líderes frente al desarrollo de la cadena productiva del mineral, estos mecanismos de cohesión permitieron que su poder se publicitara a tal punto, que para muchos, entró a suplantar el orden económico, social y político del Estado, gozando consigo de un estatus social elevado, que les facilitaba ejercer un control en la población.

Un orden que requirió la delimitación de roles y funciones de los diferentes agentes sociales, con una dinámica flexible en la estructura de ascenso social, pues ésta dependía de la relación con los patronos, conformando entre sí una red de relaciones mediada por un valor absoluto de la palabra y un alto grado de lealtad hacia los líderes; valores que se convertirían posteriormente en el motor de la confrontación, en tanto que las necesidades e intereses de los jefes influían en términos de cambio sobre los de la población.

Tal como se venía resaltando, es precisamente la ausencia Estatal y la falta de liderazgos políticos en el territorio lo que permitió la aparición de unos líderes regionales, conocidos también como los “duros”, “patronos”, “mandamás”, “la pesada”, “los jefes” o “los propios”. Personajes de origen humilde, muchos de ellos, involucrados inicialmente en el negocio como guaqueros, que con el tiempo fueron acumulando enormes fortunas debido a su apropiación temprana de los yacimientos esmeraldíferos (Uribe, 1992). Circunstancias que les permitió consolidar un monopolio alrededor de la extracción de este recurso, protegido a través de la figura de cuadrillas armadas, bajo el liderazgo de jefes militares, las cuales mantenían un poder de intimidación en la población, que les posibilitaba tomar decisiones en materia de orden público y seguridad (Pineda, 2018). Su gran influencia en todos los sectores de la sociedad permitió su constitución como autoridades locales, encargadas de actuar como jueces ante rencillas entre pobladores o infractores de las normas; pero también como fieles servidores cuando se trataba de solucionar algunas de las necesidades inmediatas de la comunidad (Londoño, 2015). En un segundo nivel se encuentran los esmeralderos de nivel intermedio, es decir, personajes que lograron acumular un porcentaje del capital que les permitió escalar de posición, hasta lograr establecer relaciones de “compadrazgo” o “padrinaje” con los patronos; encargados especialmente en tareas de coordinación de las operaciones comerciales y la logística de seguridad del negocio en asocio con los jefes militares. Su posición les permitió moverse entre las acciones violentas y las


actividades económicas mineras y a su vez mantener una interacción poco conflictiva con los líderes regionales (Londoño, 2015). A estos les siguen los planteros, comerciantes locales con la capacidad de financiar a los guaqueros, con quienes establecen un contrato tácito de palabra, por medio del cual se comprometían a dotar de las herramientas de trabajo necesarias, -una pica, una pala, una pica-veta y una mochila para lavar la tierra, y de algunos elementos básicos para su alimentación; con el compromiso de ir “en socia” respecto a lo encontrado, lo que los obligaba a vender las piedras exclusivamente al plantero, al precio que este decidiera unilateralmente; de lo contrario, este podría ser castigado dependiendo del valor de la transacción (Uribe, 1992, p. 46). Su interacción originó un tipo de relación singular de trabajo, pues los planteros se convirtieron en los líderes más cercanos de las comunidades guaqueras, que, mediados por unos fuertes sentimientos de lealtad, eran capaces de defender hasta la muerte a su “patrón”. Quienes sirviéndose de ello, no tardaron en consolidar sus esquemas de seguridad con la protección de sus adscritos.

Por último se encuentran los guaqueros o rebuscadores, quienes se constituyen en la fuerza de trabajo informal de la industria de las esmeraldas. Individuos provenientes de diferentes regiones del país, con el interés de probar suerte, pues sus ingresos dependían exclusivamente del azar, es decir, de lograr encontrar una gema cerca al Rio Minero que haya quedado de la producción formal o en uno de los túneles abandonados en las montañas, que contara con un gran valor comercial (Leiteritz &

Riaño, 2013, p.15). De acuerdo con Torres y Ordóñez (1995) y Álvarez (2015) esta actividad, acelerada con el descubrimiento de la mina de Peñas Blanca, alteró el equilibrio relativo que había existido entre la productividad agropecuaria y la explotación minera, pues ante la falta de empleo y de posibilidades para acceder a estudios secundarios y vocacionales en la región, la minería se publicitó como la oportunidad de enriquecimiento rápido, atrayendo la atención de gran parte de los jóvenes, quienes se desplazaron hacia los centro urbanos, generando con ello una ruptura en la economía campesina de muchas familias de la región debido a la escasez de mano de obra. La posibilidad de escalar en los eslabones productivos jugó en dos vías para ellos, pues aunque algunos de los líderes regionales alcanzaron la cumbre del negocio iniciando en la guaquería, muchos guaqueros pasaron décadas trabajando en la industria, en condiciones bastante precarias, sin lograr elevar de manera sustancial sus condiciones de vida.

Fuente. Flórez, 2017. Boyacá: Muzo, Quebrada las animas


1.3 Primera guerra verde: El “Ganso Ariza” Vs “La Pesada”

Tras la retirada del Banco de la República y la muerte de Efraín González, el primer monopolio de esmeraldas del sector privado conocido como “La Pesada” y conformado por Virgilio Valentín, Alberto y Aldemar Ávila Forero, Francisco “Pacho” Vargas, Isauro y Olmedo Murcia y Pablo Emilio Orjuela; empezó a mostrarse preocupado por la idea de perder su fortín económico (Baquero, 2017), por lo cual, deciden reclutar a un nuevo jefe militar, Humberto Ariza alias el “Ganso Ariza”, quien era originario de Puente Nacional (Santander) y se encontraba recluido en una cárcel de Bogotá; no obstante, gracias a una acción organizada por parte de este grupo logra fugarse con el propósito de asumir el mando que ejercía González (Londoño, 2015 y Uribe, 1992).

Y aunque con el liderazgo del “Ganso Ariza” la autoridad de “La Pesada” se vio reforzada, este resultó enfrentado con sus patronos. Muchas son las explicaciones frente al detonante principal de la guerra, Claver (2011) hace alusión a una agresiva declaratoria de guerra que llegó a manos de Murcia, quien sin pensarlo dos veces, aceptó el reto propuesto por el “Ganso”; por su parte Baquero (2017) señala que una de las razones que desataron la guerra fue el asesinato de un trabajador al servicio de Olmedo Murcia. Al respecto, Pineda (2008) marca la ruptura debido al aumento del poder de los dos grupos, que traería posteriormente serias dificultades en la distribución de las riquezas entre los diferentes grupos y la proliferación de desconfianzas y acusaciones de robos y asesinatos de importantes líderes de la región. Sea cual sea la razón, esta disputa entre los dos grupos marcaría el inicio de la primera guerra verde. Es así como empieza una dinámica de reclutamiento de fuerzas militares con jóvenes para formar un grupo de base que se conocería como “los pájaros”, actividad que no sólo involucró a los dos bandos en contradicción, pues el Alcalde de Otanche, ante el escenario de violencia que afectó en mayor escala a su municipio, organizó su propia milicia para hacerle frente a la violencia desatada por Ariza (Álvarez, 2015).

Inicialmente prestaban el servicio de guardaespaldas de los nuevos líderes o patrones. Se les empezó a llamar lugartenientes de uno u otro personaje lo cual, a su vez, les daba cierto prestigio entre sus iguales. Se capacitaron en el uso de las armas de fuego, en el conocimiento de la región y fueron desarrollando una estructura de jerarquías y lealtades que permitía detectar su posición y rango dentro del grupo, según su cercanía a los patrones o en particular a uno de ellos (Polo et. al., 1996, p.54).

Con el paso del tiempo, la violencia, en vez de disminuir en la región, se extendió hasta llegar a Bogotá, ciudad en la que se refugiaron muchos de los integrantes de la “Pesada”, quienes iniciaron una alianza con la fuerza pública de la región, y una campaña de desprestigio hacia Ariza, culpandolo de innumerable crímenes cometidos en el Occidente. Por otro lado, el “Ganso” aprovechó su cercanía con la población y la baja aceptación que mantenía la “Pesada”, para sumar más familias a la confrontación (Londoño, 2015, p. 72).


Esta guerra dejó alrededor de mil doscientos muertos, con un número mayor de heridos y de desplazamientos. Situación que llevó a que el Ministro de Defensa de ese entonces decidiera militarizar las minas en 1971, a través de lo que se denominó “el plan esmeraldas”, el cual consistió en el cierre de las zonas mineras, con la vigilancia permanente del Ejército y de la Policía Local. Pese a ser una medida que permitió la disminución de los niveles de violencia directa que se venían gestando, en términos de seguridad esta medida dejó en un estado de desprotección a la población ubicada en las zonas urbanas, donde por lo general llegaban los mineros los fines de semana para realizar todo tipo de desmanes (Álvarez, 2015). Así mismo, esta estrategia permitió evidenciar las dificultades del Estado para mediar en los conflictos de la región. Es precisamente su carácter ausente y su incapacidad de controlar la situación, lo que permitió ir cediendo el uso de la fuerza a particulares que convertirían la guerra en el instrumento para definir el mando, doblegandose con ello a su voluntad (Uribe, 1992). Durante este período las intenciones por formular un pacto de paz fueron nulas, contrario a ello, lo que se presenció en la región fue la disminución de las acciones bélicas, debido a la imposibilidad de ambos bandos de seguirse haciendo daño, debido a que la guerra y el cierre de las minas puso en serias dificultades la acumulación de su capital. Y aunque algunos de los autores consultados para la documentación de esta guerra (Londoño, 2015; Polo, Restrepo, y Mayorga, 1996; Uribe, 1992), coinciden en fusionar la primera y la segunda como una única fase de confrontación, argumentando que la violencia entre 1971 a 1975 no cesó; es preciso señalar que este se consolidó en un período de transición de la guerra que es necesario subdividir, pues es durante esta franja temporal donde las fuerzas en conflicto se reestructuraron y reorganizaron estratégicamente.

1.4 Segunda guerra verde: “Borbur” Vs. “Coscuez”

La falta de un proceso de paz entre los grupos productores llevó a que la ausencia de la violencia directa en la región no se mantuviera por un largo tiempo, generando un nuevo estallido de guerra en 1975, liderado por los grupos sobrevivientes de la familia González y sus rivales, con el interés de mantener el control de la producción y comercialización de la mina de Coscuez (Leiteritz & Riaño, 2013). Una de las explicaciones que giraron en torno al surgimiento de esta guerra se encuentra en la muerte de dos hermanos de Francisco “Pacho” Vargas en Otanche a manos de integrantes del grupo de Borbur (Coral, 2012), otra de ellas se encuentra sustentada en una venganza ejecutada por Pablo Elías Delgadillo, en alianza con Parmenio Molina, Isauro Murcia, Gilberto Molina y Tortuaco López; contra Luis Murcia Chaparro apodado el “Pequinés”, líder del bando de Coscuez y personaje aliado con su hermano Gustavo Murcia alias “Garbanzo”, German Barrera García y Ruperto Córdoba Barreño alias “Colmillo”; apoyados por “Pacho” Vargas, quien era socio mayoritario de ESMERACOL (Polo, et al., 1996).


Figura 1-4. Bandos en confrontación en la segunda guerra verde

Fuente. Elaboración propia, a partir del texto de Coral, 2012.

Tal como lo resalta la figura 1-4, a cada uno de los bandos se fueron sumando sectores aliados de los diversos municipios del Occidente, por lo cual nunca fue explicada como un conflicto entre sociedades, sino como un conflicto entre los líderes esmeralderos y los pueblos que estos representaban (Páramo, 2011). Este segundo período de confrontación cesó sólo hasta que el gobierno concedió a los esmeralderos la formalización de sus fortunas a través de la licitación de las concesiones mineras en 1977 a las nuevas empresas creadas en la región:

ECOMINAS, la Sociedad Minera de Boyacense, ESMERALCOL y TECMINAS, estas dos últimas creadas por empresarios locales que históricamente estuvieron involucrados en la extracción clandestina de esmeraldas. Esta decisión del gobierno legalizó finalmente la extracción privada de la industria de las esmeraldas y habilitó a los esmeralderos más tradicionales de Boyacá para ser reconocidos como empresarios mineros legales (Leiteritz & Riaño, 2013, p. 35).

Así, los socios esmeralderos consiguieron lo que por tanto tiempo estuvieron buscando. Ser legitimados por el Estado, legalizar sus fortunas y consolidar grupos de seguridad privada legalmente constituidos, logrando así el control del negocio por la vía armada (Baquero, 2017).

1.5 El camino hacia una noción de paz negativa

Ante esta compleja realidad de violencia, que produjo la muerte de muchos de los líderes de la región, los bandos se vieron obligados a reorganizarse y replegarse para poder recuperar la capacidad ofensiva (Londoño, 2015). Uno de los intentos por acabar la guerra estuvo liderado por el entonces recién nombrado Obispo de Chiquinquirá Álvaro Jarro, apoyado por Isauro Murcia, a través de una

BANDO DE BORBUR

Liderado por Pablo ElíasDelgadillo. Conformado porcomerciantes con conexiones consectores estatales y contacto conel gobierno departamental y elejército.

BANDO DE COSCUEZ

Liderado por el "Pequinés" eintegrado por familias deguaqueros y comerciantes lealesa los líderes esmeralderos enconflicto.


serie de reuniones que contaron con la participación de varios de los patronos y alcaldes del Occidente de Boyacá; quienes se comprometieron a cesar las hostilidades, con el fin de promover la Paz en la región (Baquero, 2017, p. 65).

Este pacto de no agresión denominado “paz concertada” fue sellado de palabra en la ciudad de Tunja, atestiguado por el comandante de la Brigada del Ejército de ese entonces y el Obispo de esa ciudad (Uribe, 1992, p. 99). Sin embargo, este no duró mucho tiempo pues ambas partes empezaron a acusarse de incumplir los acuerdos y de haber asesinado a guaqueros de la región. A razón de lo anterior, Ruperto Córdoba, decide atacar abiertamente al bando contrario (Baquero, 2017, p. 65-66).

Y aunque el conflicto se renovó, dicho intento por construir un pacto regional que cesara la violencia en la región sentó el precedente de lo que se denominaría posteriormente como acuerdos de paz del Occidente, dejando una serie de lecciones aprendidas en cuanto a la funcionalidad de los procesos de negociación y de diálogo, que posibilitan la Paz, pero que se desarrollan sin cuestionar el poder de los patrones esmeralderos en la región (Londoño, 2015).


2. VIOLENCIA Y CONFLICTO EN EL

OCCIDENTE DE BOYACÁ

2.1 Tercera guerra verde: La renovación de los bandos en conflicto

Luego de casi seis años de cese de hostilidades entre los bandos en conflicto, las confrontaciones violentas se reactivaron en 1985, entre otras cosas, debido a los enfrentamientos de los líderes esmeralderos por los turnos de la mina de Coscuez, ubicada en el municipio de San Pablo de Borbur, la cual poseía la veta de esmeraldas más grande de la Provincia. Situación agravada por los homicidios subsiguientes generados en la región. Dentro de los más significativos, se encuentra el asesinato de dos representantes a la Cámara de Boyacá por Pauna y la muerte de Arsenio Severo, un guaquero muy estimado en Coscuez a manos de un concejal de Borbur (Uribe, 1992). La violencia directa fue alimentado el conflicto en el Occidente, acompañada con la participación de los antiguos líderes esmeralderos, que de la misma manera que en períodos anteriores, mantuvieron su interés por dominar la principal actividad económica de la región, pues esta representaba la mejor vía para mantener el control territorial. Patronos amparados por su autoridad e influencia local, demandaban de sus adeptos un apoyo incondicional ante la exigencia de sus necesidades e intereses, logrando vincular a una red de familias extensas, a tal punto, de contar con más de trescientos combatientes bien entrenados extendidos en los diferentes municipios aliados, dispuestos a defender a sus respectivos jefes. Dichos intereses en contradicción, llevaron al reforzamiento de los bandos estructurados en la segunda guerra (Ver figura 2-5). El grupo de Coscuez, fue inicialmente liderado por “Pacho” Vargas, quien es asesinado un mes después de iniciada la guerra, siendo precedido por Luis Murcia Chaparro, alias “El Pequinés”; grupo integrado por líderes como Horacio Triana, Daniel Cañón alias “La Gata”, Martín Rojas conocido como “Martín Capoteras”; grupo que, debido a su cercanía con la mina de Coscuez, mantuvo un contacto estratégico con las comunidades guaqueras. Sin embargo, con el inicio de la guerra, sus operaciones se desarrollaron de manera aislada, en los sectores de la Culebrera, El Chico y La Catorce, barrios bajos de Coscuez, desde donde se consolidó el centro de operaciones del Grupo Justiciero y Recuperador de las Esmeraldas de Boyacá (GRUJUSBOY), comandado por alias “Colmillo” y conformado por mineros clandestinos con un fuerte poder armado (Baquero, 2017). Del otro lado se encontraba la facción conocida como Borbur, liderada bajo el mandato de Gilberto Molina y su socio Víctor Carranza, apodado el zar de las esmeraldas (Ver figura 2-5), este grupo estaba integrado por esmeralderos como Benito Méndez, Julio Silva alias “El caballista”, que apoyados por los sectores estatales, del comercio y del ejército ejercían control y dominio de las minas de Muzo-Quípama y Peñas Blancas. Operando a través de la estructura de cuadrillas, con


personal entrenado que serían de ayuda para acechar al enemigo, tomarlo por sorpresa, y finalmente asesinarlo (Uribe, 1992).

Figura 2-5. Bandos en confrontación en la tercera guerra verde

Fuente. Elaboración propia a partir de los documentos citados en el documento, 2019.

Ambos bandos poseían grandes recursos económicos, sofisticados equipos de comunicación y armamento, vehículos terrestres y aéreos, y disponían de un pie de fuerza permanente de no menos de 300 hombres- arma cada uno, con entrenamiento y la posibilidad de reclutamiento inmediato de varios centenares más (Polo et. Al., 1996, p. 2).

Los cuales se encontraban re-organizados con la dirigencia de líderes militares subdivididos en los diferentes municipios de la Provincia, de la siguiente manera:

Tabla 2-2. Dirigentes militares en los municipios de Occidente

Municipios Líder

Otanche Luis Murcia Chaparro San Pablo de Borbur N. López Muzo Argemiro Páez y Mariano Rodríguez, alias “Rasputín” Quípama Pedro Najará Pauna Gustavo Acosta Maripí y Briceño Leónidas Niño y Alberto Sánchez Buenavista Orlando Murcia

Fuente. Elaboración propia, a partir de Molina, 1990.

De acuerdo con Lederach (1996), citado por la Fundación Cambio Democrático y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (2010), existen al menos tres elementos distintivos del conflicto que son aplicables a la situación del Occidente de Boyacá. Uno es la relación de interdependencia entre las partes, situación que se da cuando ninguna de las partes en conflicto cuenta con los suficientes medios para alcanzar sus objetivos unilateralmente, lo cual se ve reflejado en este caso, en la medida

Gilberto Molina Luis Murcia Chaparro

“Pequinés”

Vs.

• Muzo • Otanche • Quípama • La Victoria • San Pablo Borbur

• Maripí • Pauna • Briceño • Coper • Buenavista • Tununguá

BORBUR COSCUEZ


que ninguno de los líderes de la región mantuvo un control absoluto de los yacimientos mineros, debido a que, estos se distribuían bajo la figura de concesiones. Un segundo elemento, es la percepción de incompatibilidad o contradicción frente a los objetivos de los actores involucrados (ver figura 2-6). Por último, los conflictos se caracterizan por hacer manifiestas conductas y actitudes agresivas, cimentadas en la violencia directa y la violencia cultural respectivamente. Figura 2-6. Triángulo de análisis de los conflictos alrededor de la explotación de esmeraldas

en el Occidente de Boyacá

Fuente. Elaboración propia, 2019.

Sumado a lo anterior, los conflictos alrededor de la explotación de recursos naturales entremezclan múltiples factores, que se ven reflejados en el caso de estudio, que directa o indirectamente contribuyen a la emergencia o fortalecimiento de períodos violentos, pues estos son alimentados por dinámicas como el crecimiento poblacional producto de los períodos de bonanza esmeraldera; la distribución desigual de los ingresos que dejan esta actividad, que hace evidente la precaria reinversión de las utilidades de esta economía de enclave; el inequitativo acceso a la tierra; la presencia estatal desigual reflejada a través de la precariedad en las instituciones o políticas públicas que enfrentaran la situación, entre otras.

Triángulo de

conflictos

La práctica de la no denuncia por parte de

los pobladores ante la ocurrencia de crímenes de lesa

humanidad, la descalificación y violencia física a las comunidades del bando contrario, como parte de

venganzas del pasado.

Disputa de los líderes esmeralderos por la explo-

tación de las minas de Coscuez, ante una ausente regulación estatal.

La cultura del silencio, los odios

reciclados de las guerras anteriores, una lealtad

ciega hacia los líderes de la re- gión, estigmatización y/o descon-

fianza hacia las comunidades perte- necientes al bando contrario, represen-

tados bajo la figura del traidor y un sentimiento apático hacia el sufrimiento del otro

Tabla de convenciones

Conductas Actitudes Contradicción


Factores que inmersos en un contexto violento generaron afectaciones a todos los estamentos y estratos sociales, políticos y económicos de la Provincia, que se materializaron en condiciones socioeconómicas de la región, tales como el urbanismo, las dinámicas del mercado, las relaciones laborales, la productividad ganadera y agropecuaria, el tránsito y transporte al interior de la Provincia y las comunicaciones; y alteraron asuntos políticos, ante la desfiguración de las entidades estatales que ejercían un nivel de poder importante en el territorio, como el Ejército, la Policía y las alcaldías, que mantuvieron un grado de connivencia con los actores en conflicto (Polo, et al., 1996). Adicionalmente, la escalada en las vendettas llevó a que las condiciones sociales que afloraron el conflicto se volvieran cada vez más difusas, pues estas trascendieron de las confrontaciones violentas de algunos actores de la región, a formar parte de la cotidianidad de las comunidades, que a través de los odios reciclados, estructuraron una figura de enemigo, representada en todo aquel que habitará el sector opuesto de la línea o muro invisible, establecida en la quebrada La Mioca (Uribe, 1992) (ver figura 2-7). Línea imaginaria que de vez en cuando, podía ser cruzada por mujeres, exclusivamente para la compra de suministros, quienes podían ser acompañadas solo por niños menores de 7 años, pues de lo contrario también eran ejecutados (Baquero, 2017, p. 64). Es precisamente, la posibilidad de moverse sin ningún problema en el territorio, lo que generó que los actores de la guerra utilizaran a los niños para transmitir mensajes, debido a que no existía ningún otro método de comunicación (Guerrero, 1999).

Figura 2-7. Mapa bandos en confrontación en la tercera guerra verde

Fuente. División política extraída del Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, 2018.Versión editada a

partir de la información recolectada sobre la estructuración de “bandos” durante la tercera guerra verde.


Esta situación generó que las comunicaciones terrestres se vieran afectadas, en especial para el bando de Borbur, quienes debido a su cercanía con Puerto Boyacá, municipio en el que avanzaba la conformación de grupos autodefensas, siguieron beneficiándose de las escuelas de adiestramiento militar desarrolladas por extranjeros como Yair Klein y David Tonkis, con el propósito de hacerle frente a la entrada de grupos guerrilleros a la zona esmeraldífera (Guerrero, 2008). Lucha antisubversiva y anticomunistas a la que se suma la campaña “Viva Boyacá” que convirtió la guerra por las esmeraldas en un conflicto interregional que articuló los grupos autodefensas del Occidente con los del Magdalena Medio y los del municipio de Pacho en la Provincia de Rionegro en Cundinamarca (Uribe, 1992, p. 125). En este conflicto se entremezclan los diferentes tipos de violencia4, qué clasificadas de acuerdo al esquema propuesto por Galtung (1998), nos permiten comprender el amplio espectro de las manifestaciones violentas en el caso del Occidente de Boyacá, las cuales trascienden de las afectaciones meramente físicas (violencia directa); a los ámbitos culturales y estructurales, estos últimos presentes en las relaciones sociales, económicas y políticas.

Tabla 2-3. Tipos de violencias

Tipos de Violencias

Directa

Materializada a través del uso de las armas para el restablecimiento del orden y control del territorio; y el asesinatos, homicidios, desapariciones selectivas, torturas, amenazas e intimidación, con el objetivo de inmovilizar, herir o matar a aquellas comunidades del bando contrario.

Cultural

La emergencia de un argumento justificatorio frente a “hacer justicia por mano propia”; la muerte como la solución al conflicto; la militarización, es decir, el control de la vida de la población por la vía armada, que naturaliza la violencia como medida preferente para resolver las problemáticas y el poder afincado en el uso de las armas; y la glorificación de la guerra.

4 Entendida como una acción destinada a causar un daño o perjuicio a una persona, como también aquella que impide la satisfacción de las necesidades básicas y el pleno ejercicio de los derechos humanos (Zapata, 2009, p. 8).


Estructural5

Manifiesta principalmente por una ausencia estatal, reflejada en la incapacidad técnico-administrativa para garantizar un pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía en el territorio, establecer un monopolio legítimo del uso de la fuerza y canalizar los conflictos y tensiones sociales, accionar que no logró trascender de la intervención militar; debilitamiento del sistema de justicia, manteniendo unos índices elevados de impunidad frente a la judicialización de los responsables de hechos violentos durante la guerra; proliferación de las condiciones de pobreza, desigualdad social y necesidades básicas insatisfechas de la población, que pese a los acuerdos de paz persisten (ver anexo A); participación de agentes o representantes de las instituciones estatales en las dinámicas de la guerra, especialmente de la Policía, institución que en los períodos de confrontación se encontraba subordinada a la autoridad de los líderes regionales.

Fuente. Elaboración propia, 2019

Frente al último tipo de violencia, aun cuando el Estado es el encargado de estipular un marco regulatorio de la actividad minera y siendo este el responsable principal de la protección de los Derechos Humanos de la población; las autoridades oficiales decidieron limitar su actuación frente a esta situación, depositando la responsabilidad absoluta a los patronos para resolver la disputa por sus propios medios. De acuerdo con Torres & Ordoñez (1995) este fue un conflicto catalogando como de segunda categoría, debido a que era percibido como rencillas o casos de criminalidad aislados, que desde su perspectiva, no necesitaba de una intervención a nivel central. Percepción similar a la expuesta por Leiteritz & Riaño (2013), quienes afirman que, las autoridades oficiales decidieron mantenerse al margen del conflicto, siempre y cuando este se mantuviera controlado en un área territorial pequeña.

Contrario a lo esperado, lo que se observa durante la guerra es la dominación por parte de élites locales de las instituciones de poder gracias a sus alianzas con la Policía local y el Ejército. De acuerdo con un informe del Ministerio del Interior citado por Leiteritz & Riaño (2013) “durante la última guerra, miembros de la Policía y del Ejército alquilaban sus uniformes y participaban en acciones que exacerbaron aun más las rivalidades” (p. 38). Es así como algunos integrantes del Ejército y de la Policía en connivencia con los actores involucrados en la guerra, prestaban sus servicios para arrestar, aprisionar e incluso asesinar a integrantes del bando contrario, a cambio de beneficios económicos (Leiteritz & Riaño, 2013).

5 El análisis sobre la violencia estructural de la tercera guerra verde se desarrolló de manera general, debido a que el énfasis del escrito está centrado en explorar los procesos mediante los cuales se lograron superar algunas de estas manifestaciones. Para una mayor profundización, es necesario evaluar la manera como esta estuvo presente a nivel nacional, regional y local en los distintos períodos de confrontación.


Situación que permeó incluso las dinámicas políticas de la región, en la que un sector de las autoridades locales, servía de puente de comunicación entre los patronos y algunas instancias estatales de nivel departamental y central. Así lo expone uno de los testimonios recolectado por Uribe (1992), a un representante a la Cámara por la Provincia, quien afirma:

Nosotros somos los que hacemos la conexión entre el mundo de las esmeraldas y el Estado. Nosotros les hacemos las vueltas a los empresarios. El Occidente, incluyendo Chiquinquirá, está bajo el poder decisorio de los dueños de las minas de esmeraldas. Los políticos, si quieren hacer política, tienen que estar de acuerdo con los patronos (p. 105)

Es así como paulatinamente se produjo un sentimiento de desconfianza frente a las instituciones estatales y una fuerte resistencia a sus formas administrativas y gubernamentales, las cuales eran consideradas cómplices de la guerra a través de su indiferencia e incapacidad para resolver los conflictos, prefiriendo usualmente la mediación de la Iglesia, como se vería posteriormente en los acuerdos de paz (Páramo, 2011, p. 13).

La suma de dichos factores afectó la forma como las comunidades percibían el conflicto, cuya atención se centró en el aumento escalar de la violencia directa, siendo esta la más visibles en la guerra, la cual fue aglutinando a familiares y amigos de los afectados, con el propósito de llevar a cabo sus venganzas personales, posicionándose como una confrontación de disputas ajenas heredas, que los patronos no lograron controlar (Uribe, 1992). “Nosotros no iniciamos la guerra, la heredamos, (…), porque quienes empezaron este problema se fueron eliminando entre ellos” (entrevista realizada a Martín Rojas por el Tiempo, 2010)

Esta lógica de reacción “ojo por ojo” según Lederach (1992), crea un espiral en el que se pasa del enojo a la hostilidad abierta como una forma de reparar el daño causado por el otro, a tal punto de producir la legitimación social de la violencia, como única alternativa eficaz para resolver los conflictos, lo cual conduce a la pérdida de los valores y prácticas necesarias para la convivencia y el desarrollo de las comunidades.

Siguiendo a Lederach (2001) ante el escalamiento de la polarización social y la violencia, esta cadena de acciones y repuestas entre las partes llevan a que el conflicto se autogenere sin necesidad de una relación con la raíz del problema. A tal punto que se produce un cambio de las metas que dieron origen a dicho conflicto, es decir, que ya no se trata de resolver el problema original sino causarle daño a la otra parte (p. 28).

En esta línea de ideas, al ser este un conflicto asumido bajo la necesidad de defenderse del otro, las únicas posibilidades allí son ganar o perder. Siendo un conflicto que no se regula constructivamente, por el contrario, se asume desde una perspectiva personal, en el que los problemas concretos se diluyen y se mezclan con los sentimientos y emociones que evocan los hechos violentos (Lederach, 2001, p. 25).

Transcurridos dos años desde el inicio de la guerra, el 29 de octubre de 1987 el gobierno de Virgilio Barco decide expedir el Decreto 2045, con el fin de establecer la prohibición del porte de armas en


el Occidente de Boyacá, lo cual no trajo resultados contundentes en el desarrollo de la confrontación. Por el contrario, con el alza en la campaña anticomunista de grupos de autodefensa en todo el territorio nacional, el recrudecimiento de la guerra se mantuvo (Páramo, 2011). A lo anterior, se suma la entrada del narcotráfico al sector esmeraldífero, que para la década de los ochentas y noventas alcanzó el punto más alto registrado en la historia del país, capitales que ingresaron a través del Magdalena Medio, específicamente por el municipio de Puerto Boyacá, convirtiendo a la Provincia en un corredor que comunicaba a los departamentos de Cundinamarca con Antioquia (Londoño, 2015). Uno de los actores que marcó la intromisión de este fenómeno con mayor fuerza en Occidente fue Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “el Mexicano”, quien en el pasado se había desempeñado como guaquero de la región, labrando una relación de compadrazgo con Gilberto Molina, y siendo un aliado estratégico en la guerra hasta 1987, momento en el cual Molina y Carranza son investigados por presuntos vínculos con el negocio del narcotráfico, después de que las autoridades encontraran cultivos y laboratorios de coca en una de las fincas de Paime de Molina, quienes no dudaron en señalar la responsabilidad de Gacha al respecto (Baquero, 2017).

Esto condujo a la ruptura definitiva de la alianza entre Gacha y Molina en 1988, año en el cual el grupo de Borbur decide atacar a su adversario con el asesinato de Carlos Murcia alias “Garbanzo”, siendo este un duro golpe para El Pequinés, hermano y líder de facción que reaccionó aliándose con Gacha en una estrategia de venganza. Situación que llevó a un importante escalamiento de la violencia directa, tal como se observa en la figura 2-8, entre otras cosas, debido al aumento de los recursos económicos y militares, que a su vez aumentaron el poder de fuego y confrontación.

Con el asesinato de Gilberto Molina el 27 de febrero de 1989, en una celebración con motivo de su cumpleaños, en una finca ubicada en el municipio de Sasaima, las hostilidades entre los dos grupos se redujeron (ver figura 2-8). Que sumado a la muerte del Mexicano el 15 de diciembre de 1989, bajo un operativo militar dirigido por el Estado, fracturó la confrontación, desapareciendo del escenario las figuras más importantes en la perpetuación del conflicto violento.

Figura 2-8. Muertes violentas registradas en el Occidente de Boyacá (1985-2005)

Fuente. Elaboración propia a partir de la información del Departamento de Policía de Boyacá registrado por Torres & Ordoñez, 1995. (Para mayor información ver Anexo B y C).

050

100150200250300350400450500

1985 1986 1987 1988 1989 1990


Sin embargo, las disputas continuaban en el territorio, de acuerdo con Baquero (2017), el grupo liderado por el “Pequinés” estaba dispuesto a continuar la dinámica de guerra, pues contaba con un gran abastecimiento armamentístico. Mientras que, Carranza veía con la muerte del Mexicano, la posibilidad de salir victorioso de la situación (p. 82). Pese a ello, los cinco años de guerra había dejado a los dos bandos exhaustos, y con un número importante de asesinatos de los principales líderes, en total se calculan que la confrontación dejó un saldo de más de 3500 muertos distribuidos en los diferentes municipios de Occidente, por lo que la idea de explorar nuevas alternativas que pusieran fin a la confrontación armada empezaron a rondar en la cabeza de los líderes.


3. ACUERDO REGIONAL DE PAZ DEL

OCCIDENTE DE BOYACÁ

3.1 Hacia la transformación de conflictos en el Occidente de Boyacá

guerra. Dicho trabajo se consolidó en la fase exploratoria de los acuerdos, pues a través de los diferentes comunicados y reuniones, se evaluaron las condiciones existentes para iniciar un proceso de diálogo y negociación en la región, que involucrara a todos los actores en conflicto. 6

Simultáneamente, la idea de consolidar un pacto de paz fue impulsado por el entonces Zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, iniciativa que se empezó a extender por todo el Occidente de Boyacá, a través de un grupo de comisionados, compuesto por aquellas personas del sector esmeraldero que contaban con un fuerte nivel de confianza de parte suya, para distribuir cartas a los desertores de los municipios del bando contrario, invitándolos a buscar alternativas para acabar con el conflicto.

Adicionalmente, a principios de los noventa Carranza sostuvo una conversación con Horacio Triana, con el objetivo de ir abonando el terreno de lo que serían las negociaciones, buscando su apoyo para servir como mediador en una conversación que proyectaba realizar con “El pequinés” en su zona de dominio. Y así, sin previo aviso, ingresó al sector cercano a la mina de Coscuez, con el fin de exponer su idea de paz para la región (Baquero, 2017).

6 La fotografía fue realizada en la vía que conduce al municipio de Quípama, y hace alusión a la manera como la paz se constituyó para la Provincia en una nueva oportunidad, en un “renacer de las cenizas de la guerra”, que plantean otras formas posibles para asumir los conflictos, desde mecanismos no violentos.

Fuente. Flórez, 2017. Boyacá: Quípama6

De acuerdo con la información recolectada, no existe un consenso acerca de quién o quiénes fueron los promotores que dieron inicio al proceso de negociación de paz, pues este se consolidó como la suma de iniciativas de diferentes actores. Preocupados por la situación de violencia, en 1987 algunos sacerdotes de la región contactaron a diversos líderes de cada grupo para consolidar una iniciativa de paz, estableciendo encuentros clandestinos, los cuales representaba un gran peligro, teniendo en cuenta las condiciones de la guer

Fuente. Flórez, 2017. Boyacá: Quípama6


Esta iniciativa llegó a oídos de los alcaldes municipales, quienes buscaron refugió en la Iglesia Católica, a través de la vocería del Obispo de Chiquinquirá, Álvaro Raúl Jarro Tobos, para iniciar un acercamiento con los esmeralderos. Alcaldías representadas por personajes como William Nandar (Alcalde de Muzo), encargado de realizar las labores de facilitación en el área controlada por el Pequinés; Gabriel Parra (Alcalde de Otanche), acompañante del proceso desde el área controlada por Carranza; y Eccehomo Lara (Alcalde de Maripí), participante de los escenarios de diálogo con los esmeralderos (Flórez, 2015).

Aún con las intenciones de construir un pacto, que posibilitará el fin de la guerra, este traía de fondo los intereses económicos del sector esmeraldero sobre la región, pues la confrontación trajo consigo un detrimento de la explotación y comercialización de las esmeraldas, producto de la campaña de desprestigio y estigmatización hacia los comerciantes de esta piedra y de la disminución de mano de obra, pues los asesinatos se volvieron cada vez más recurrentes. Así mismo, las amenazas hacia ellos se incrementaron, extendiéndose incluso a miembros de sus familias, lo que les permitió reflexionar sobre los diferentes impactos a nivel personal que traía consigo la guerra. A lo anterior se sumó, la entrada de las FARC y el fortalecimiento en el territorio de los frentes XI, bajo el mando de alias “Richard” y XXIII, quienes operaban principalmente en los municipios de Pauna, Maripi, Briceño, Buenavista, Tununguá y La Victoria (Páramo, 2011). Situación, que cuestionaba el control y poder territorial de los esmeralderos en las zonas mineras. Razón por la cual, se justificaría la consolidación de grupos autodefensas en períodos subsiguientes al Acuerdo, dentro de los que se destaca el grupo conocido como “Las Cuerdas”, que además de ejercer la función de combatir a la guerrilla, ejercían labores de regulación de la actividad minera. Así pues, la confrontación que ya sumaba más de cinco años, paulatinamente trajo a la población un agotamiento exacerbado, producto de la degradación de la guerra, manifiesta en el aumento de la cantidad de muertes violentas y el asesinado de muchos de los patronos que durante años acompañaron fielmente (Torres & Ordoñez, 1995, p. 270). Lo que evidenció un equilibrio de las dos fuerzas involucradas en el conflicto, a tal punto, que hacía imposible definir un vencedor y un vencido. Partiendo de estas claridades, y del alto grado de legitimidad que mantenían en la población, los esmeralderos iniciaron sus primeros acercamientos a principios de 1990, y sin dejar de lado los intereses económicos que los motivaron a iniciar la guerra, se organizó un encuentro en la base del Ejército cerca a la quebrada Mioca, donde se demarcaba la línea imaginaria que dividía a los dos bandos. Dicha reunión contó con la participación de seis delegados de cada bando, el Ejército, la Policía y el Obispo de Chiquinquirá (González, 2014). Lo que se evidenció en el caso del Occidente es un interés de los actores involucrados por participar en espacios de diálogo, los cuales, aunque no se encontraban listos para negociar, tampoco querían continuar con el mantenimiento de las relaciones destructivas (Pruitt & Thomas, 2008). Así pues, la labor ejecutada por la Iglesia, en un primer momento, estaba encaminada al intercambio


conversacional de percepciones entre las partes involucradas, con el fin de delimitar las impresiones sobre las problemáticas presentes en el territorio y evidenciar los puntos de encuentro de estas.

Con el propósito de analizar las fortalezas y debilidades de los diálogos desarrollados para la consolidación del Acuerdo, se retomaron los avances teóricos adelantados por la Fundación Cambio Democrático y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (2010) y Pruitt & Thomas, (2008), tal como puede apreciarse en la figura 3-10.

Figura 3-10. Condiciones para avanzar en el diálogo

Fuente. Elaboración propia a partir de la información de Fundación, 2010 y Pruitt & Thomas, 2008.

La voluntad política se constituye en un elemento indispensable de los procesos de diálogo, esta debe ser legítima y sostenida en el tiempo por los actores involucrados, lo cual se refleja con claridad en el Occidente, pues de principio a fin, los actores se concentraron en consolidar un pacto regional que trascendiera en el tiempo. Sostenido a través de una convocatoria confiable para la población, debido a la gran legitimidad de los líderes de la zona, conversaciones apoyadas por un grupo de convocantes conformado por miembros de la comunidad eclesiástica, Policía, Ejército, rectores de los colegios municipales, entre los que se destaca Marco Antonio Triana Mejía y Edison Morales; colegios que en algún momento fueron sede de las reuniones (W. Nandar, entrevista, 9 de octubre de 2019).

Conversaciones en la que la Iglesia Católica ocupó un nivel intermedio fundamental para su continuidad, pues su alto grado de reconocimiento frente a la resolución de conflictos en la región,

Condiciones para avanzar en

el diálogo

Voluntad política

Convocantes confiables

Inclusividad

Equilibrio de poder

Apropiación compartida

Perspectiva de largo

plazo


por encima del Estado, le otorgó la facultad de mediar en diferentes instancias de diálogo para la superación de la violencia. Es por ello, que de manera consensuada, tanto alcaldes como los líderes decidieron ceder la interlocución de las negociaciones al Obispo de la Diócesis de Chiquinquirá, depositando su confianza frente a la facilitación que la Iglesia podía ofrecerles (Londoño, 2015).

En este sentido, el proceso de paz del Occidente se caracterizó por lo que Lederach (2001) denomina de nivel alto (modelo de arriba hacia abajo), es decir, iniciativas que proviene de un número reducido de personajes con poder de decisión, como lo son los líderes esmeralderos, mediadas a través de figura públicas de renombre, como es el caso de la Iglesia Católica representada en la Diócesis de Chiquinquirá, que llegados a un acuerdo, implican a los actores del nivel inferior de la pirámide acogerse a lo pactado (Zapata, 2001).

Así mismo, teniendo en cuenta las entrevistas realizadas y los documentos revisados para el presente trabajo, la percepción de las comunidades frente a lo que se realizaría en la Provincia, generaba una apropiación compartida de lo que estaba en juego, pues ante la propuesta de finalizar una guerra que trajo múltiples consecuencias para la región, los procesos de diálogo se posicionaron bajo un carácter legítimo, al estar anclados con la realización de sus propios intereses y necesidades. Lo cual, permitió un compromiso por aportar a la construcción de un proceso de largo plazo, que trajera por fin paz al territorio, pues el desgaste frente a la guerra era cada vez más evidente.

Aun cuando se perciben estos elementos, el diálogo sostenido en el Occidente de Boyacá se caracterizó por contar con serias dificultades frente al factor de inclusividad de la población, puesto que no es suficiente apropiarse de los problemas que los convocan, sino además abrir espacios de escucha a las propuestas que surjan desde las comunidades, que se vean reflejadas en las decisiones que sean tomadas.

En consonancia con lo anterior, la participación de la comunidad en las diferentes reuniones se caracterizó por mantener un carácter limitado, generando escenarios con un fuerte desequilibrio de poder, guiados por algunos individuos y organizaciones que en el pasado actuaron como agentes activos de la violencia (Ortiz, 2015). Así pues, la mesa de negociación termina siendo un espacio en el que las comunidades no tienen acceso, y aun cuando el resultado de esta los afecta, existe un desconocimiento de su voz y voto en los puntos sustanciales abordados.

Vale la pena resaltar que, dicho proceso se constituye en un caso excepcional a la luz de la teoría de transformación de conflictos, pues aunque algunos autores (Fundación Cambio Democrático y Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 2010), señalan el diálogo y la negociación como elementos que se contraponen, en la práctica el proceso llevado a cabo en el Occidente se nutrió de ambos para la consolidación de pactos entre las partes. Pues aunque el producto anhelado de estas fases de diálogo se concentraron en la consolidación de acuerdos conjuntos, que satisficiese los intereses y necesidades de los líderes, sobre elementos tangibles que podían ser divididos o compartidos, componentes propios de la negociación. A su vez, los encuentros entre las partes permitieron la transformación de las relaciones entre los bandos en


contradicción, y aunque no de manera homogénea e igualitaria, sentaron las primeras bases para que los actores involucrados consolidarán proyectos de colaboración mutua, especialmente en el apoyo conjunto realizado a los programas de desarrollo local posteriores a la firma (Pruitt & Thomas, 2008).

Negociaciones, que emplearon el mecanismo de facilitación, que tiene como objetivo acercar las posiciones iniciales de los actores en conflicto. Y aun cuando la Iglesia no poseía una hoja de ruta delimitada y estrategias de acompañamiento claras, a la luz de la teoría es posible catalogar allí su rol, pues su función no se basaba en delimitar quien tenía la razón, sino tratar de acompañar a los actores en la discusión e identificación de sus necesidades, preocupaciones, deseos, temores y aspiraciones frente al conflicto (Fundación Cambio democrático y Fundación Ambiente y recursos Naturales, 2010).

Así mismo, Álvaro Jarro fue el principal encargado de facilitar la comunicación entre las partes, delimitando las reglas de juego de los diálogos y apoyando a que cada parte comprendiera realmente lo que el otro decía. Lo cual, necesariamente implicaba poseer un nivel de confianza elevado por los agentes involucrados, con el fin de generar, lo que Lederach (1992) denomina una mayor “ventilación” de los problemas7

Así pues, bajo la orientación del Obispo, de acuerdo con Uribe (1992) y Polo et. al (1996), los delegados de los grupos delimitaron un pacto preliminar, el cual permitió evaluar el convencimiento de las partes sobre iniciar un proceso negociador y a su vez sirvió de guía para las discusiones y propuestas de las sesiones, compuesto por los siguientes puntos:

1. Cese inmediato del fuego, que comprometiera a las partes en conflicto en un proceso de desarme. 2. Desactivación y desmovilización de los grupos de autodefensa que actúan en la región, los cuales

operan en mayor medida en los municipios de Maripí, Coscuez y Betania. 3. Designación de algún ente del Estado para ejercer la función de veeduría. 4. Erradicación del narcotráfico en lo que se refiere al cultivo, procesamiento y comercialización.

Puesto que, la entrada de dineros productos de actividades de carácter ilícito en la región, hicieron más compleja la confrontación entre grupos esmeralderos. (Torres & Ordoñez, 1995).

5. Teniendo en cuenta los intereses en conflicto frente a la mina de Coscuez, los líderes decidieron discutir sobre la participación de la comunidad en la explotación de los recursos, proponiendo de manera preliminar la creación de fuentes de empleo en la empresa ESMERACOL, siendo este un elemento clave, en la medida que se reconoce las problemáticas sociales y económicas de la población, que de alguna manera alimentaron la guerra.

6. Libertad de tránsito, comercio y laboreo en la zona de conflicto 7. Creación de las condiciones y garantías necesarias para el retorno de quienes abandonaron sus

propiedades a causa de la guerra.

7 De acuerdo con Lederach (1992), el eje principal de la mediación de conflictos es la confianza, la cual, solo es posible si hay un ambiente de aceptación de las partes de un tercero, al cual sea posible “ventilarle” nuestros problemas con el fin de que nos ayude. “Mientras mayor sea la confianza más profunda será la ventilación” (p. 43).


Sin embargo, las discusiones grupales realizadas demostraron las grandes dificultades de las negociaciones cara a cara, puesto que estas suponen que los directamente involucrados estén dispuestos a encontrarse, situación que en el Occidente posibilitó el reencuentro de los responsables de los hechos violentos cometidos durante la guerra con las familias o personas afectadas. Un proceso de intercambio de perspectivas opuestas, que estuvieron cargados de emociones por los acontecimientos del pasado, que deben ser atendidos a través de estrategias que trasciendan de la lógica violenta (Lederach, 2008). Después de los múltiples encuentros de concertación de los puntos pre-pactados, el 12 de Julio de 1990 en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Quípama, los grupos en confrontación deciden firmar bajo la veeduría de Monseñor Jarro Tobos, el pacto de paz del Occidente de Boyacá. El evento estuvo precedido por 54 esmeralderos y 3 obispos. Por el grupo de Borbur asistieron Víctor Carranza, Pablo Elías Delgadillo, Sam Gaad, José Manuel Buitrago y Jaime Murcia. Y por el grupo de Coscuez participaron Luis Murcia Chaparro, Víctor Manuel Quintero, Darío Campos, Martín Rojas, Diosdé González y Horacio Triana (Baquero, 2017, p. 83). El acuerdo final se compuso de 11 puntos (ver anexo D), los cuales se sintetizan a continuación: 1. Cese inmediato al fuego. Frente a este punto, los actores involucrados decidieron involucrar al

Estado en un proceso de veeduría frente al cumplimiento de lo pactado, de lo contrario, serían las Fuerzas Militares las que se encargaría de reestablecer el control ante cualquier intento de intervención armada. (Torres & Ordoñez, 1995)

2. Garantizar el libre tránsito de los habitantes en la región. 3. Propender la apertura de las sucursales bancarias de la Caja Agraria 4. Generar condiciones para el retorno progresivo de la población que por diferentes motivos

tuvieron que abandonar sus propiedades. 5. Generar las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo regional, integrando los recursos

derivados de la explotación esmeraldífera. 6. Procurar revitalizar y reorganizar las asociaciones municipales de la Cuenca del Río Minero,

como instrumento regional de desarrollo local. 7. Invitación a participar del proceso de paz, a las autoridades estatales, civiles y militares, con

reconocimiento del Obispo de Chiquinquirá para formalizar el proceso, siendo esta una propuesta encaminada a fortalecer el aparato estatal de la región.

8. Apoyar todas las diligencias que pertenezcan a la Justicia Ordinaria y las labores propias de Instrucción Criminal, a fin de que se acabe la impunidad.

9. Procurar con el Gobierno Nacional, un proceso gradual de desarme en la región, con las excepciones que considere el Ministerio de Defensa Nacional para las empresas mineras.

10. Acompañamiento de la Iglesia Católica al proceso. Acuerdo, que en un comienzo el líder del bando de Coscuez no quería firmar, pues confiaba en que el poder de la palabra era suficiente para sellar el proceso. Sin embargo, Carranza en varias ocasiones afirmaba “No creo en su palabra, esto se firma con nuestro puño y letra” (Baquero, 2017). Idea


sustentada por Lederach (1992), quien señala que aquello que no se escribe y se delimita con claridad suele ser olvidado o malentendido con el tiempo. Al respecto Lederach (2008) señala que, este sencillo acto de antiguos enemigos de estampar en una hoja de papel su nombre al lado del que por muchos años fue considerado como su enemigo, más allá de representar la culminación de la negociación que pondrán fin a la violencia, marca el punto de partida de la construcción de paz, que requiere que aquellas soluciones a problemas específicos pactadas, sean cumplidas y sostenidas en el tiempo.

Ello supone que, para sostener los procesos de cambio generados por un acuerdo, las personas que están en los escenarios de violencia deben pasar del esfuerzo temporal de negociar un acuerdo que ponga fin a la expresión violenta del conflicto, a una plataforma basada en el contexto, permanente y dinámica, capaz de generar soluciones no violentas a los episodios en curso del conflicto que estas personas vivirán en el flujo y reflujo de sus vidas sociales, políticas y económicas (Lederach, 2008, p. 106).

El Occidente de Boyacá representa un logro importante, en la ruptura de la violencia histórica que azotaba la región y la apropiación de un acuerdo de paz, que marcó el fin de los asesinatos sistemáticos, los cuales no discriminaban entre aquellos que estaban o no involucrados en el conflicto. Hoy la población de la Provincia clama por transformar su pasado y dejar de lado todo aquello que los vinculó a la guerra, rompiendo consigo aquellas lealtades que conllevaron a enfrentamientos entre comunidades (Coral, 2012).

3.2 ¿De qué paz hablamos?

La construcción de paz es un proceso social complejo, por todo lo que involucra, puesto que no existe un modelo preestablecido a través del cual sea posible llegar a la Paz, no es un punto de llegada, sino por el contrario, un camino político de largo aliento, que requiere partir de las necesidades y los anhelos de la población, para enfrentar las causas estructurales o profundas de los conflictos violentos (Borja Paladini, 2011). Y aunque los pactos producto de estos procesos, no siempre ponen fin de manera definitiva a un conflicto, sí llegan a ser una oportunidad para trabajar, a través del diálogo y la negociación, sobre patrones y ciclos repetitivos de relaciones destructivas (Lederach, 2008, p. 107). Aún con todo esto, la paz no es un concepto único a través del cual se leen de manera homogénea las iniciativas locales. Para el caso puntual del Occidente se adecúa lo que Muñoz (2001), ha denominado como Paz imperfecta, en el que se entremezclan dos tipos de paz acuñados por Galtung, en la medida que los acuerdos buscaban en primer lugar dar fin a la violencia directa a través del silenciamiento de los fusiles (Paz negativa). Pero a su vez, buscaban dar respuesta a problemáticas de fondo, como el abandono de tierras, el narcotráfico, entre otras; que no necesariamente lo posicionan como una estrategia de paz positiva, en tanto que esta se muestra como un modelo ideal e inalcanzable, en el que prima la justicia y la satisfacción de las necesidades humanas, y que eliminan del escenario cualquier tipo de violencia manifiesta (Muñoz, 2001).


En ese sentido, la paz imperfecta plantea una ruptura frente a estas concepciones, permitiendo pensarnos una paz como un proceso inacabado, que requiere del compromiso de los agentes sociales que interactúan en el escenario conflictivo, que para el caso del Occidente de Boyacá, contó con la participación del gobernador, de alcaldes, miembros de la Policía local y del Ejército, docentes y rectores, empresarios mineros y aquellos estudiantes y población civil que debido al carácter ampliado de las conversaciones llevadas a cabo en las escuelas municipales hicieron parte de los escenarios de diálogo.

Este es un proceso que evidencia la potencialidad de las comunidades para construir en el día a día iniciativas de paz, materializadas en un conjunto de actitudes, medidas y pasos encaminados a transformar los conflictos violentos a estructuras más inclusivas y sostenibles a partir de prácticas cotidianas (Barbero, 2006, p.5), señalando la manera como poblaciones que han estado inmersas en prácticas violentas, son capaces de plantear una paz que aunque inacabada, incompleta y construida incluso en escenarios donde se mantienen las violencias, se traduce en estrategias locales que robustecen los pactos establecidos (Hernández, 149).

Desde esta mirada compleja y multidimensional la Paz del Occidente de Boyacá contó con un marco temporal de corto y mediano plazo, en tanto que se enfrentaron los problemas urgentes que traía consigo la guerra verde y se lograron las condiciones de orden y seguridad necesarias para el mantenimiento de lo pactado. Adicionalmente, los acuerdos posibilitaron el restablecimiento de la confianza entre los bandos en contradicción y puso en marcha procesos de recuperación socioeconómica, a través de programas de desarrollo local, estrategias de producción local alternativas a la extracción minera y mecanismos a través de los cuales fuese posible la reconstrucción del tejido social fracturado por la guerra.

Sin embargo, durante las negociaciones no se estableció una línea discursiva analítica que se encargará de cuestionar las relaciones de poder ejercidas por los líderes en la región y su influencia en la conformación de grupos autodefensas en los municipios o departamentos colindantes al Occidente. Por el contrario, las esmeraldas siguieron en mano de las mismas familias, protegidas a través de estructuras de seguridad privada que operaron con el amparo del Estado, las cuales seguían justificando el uso de la violencia a cambio de protección. Y aunque, en los años siguientes a la firma, los procesos de verificación estuvieron encaminados a proponer estrategias que promovieran relaciones de equidad, inclusión y vigencia de los Derechos Humanos, en lo concreto, estas iniciativas no fueron enunciadas con claridad.

Aún con todas las dificultades que presentó el Acuerdo, lo que se evidencia en el Occidente es un temor por repetir los hechos violentos, que dejaron a su paso oleadas de daños, algunos de ellos, muy difíciles de sanar (Baquero, 2017) Campos, afirma que “Cuando uno no ha vivido en guerra, no sabe que es la paz, entonces no la aprecian, nosotros sí sabemos que es la paz y no queremos perderla”. Siendo este un acuerdo que le concedió la oportunidad a las futuras generaciones de romper con la continuidad de una guerra heredada y de cesar las muertes violentas en el territorio “si en cinco años hubo 3500 muertos, en 30 ¿cuántos hubiera habido?” (J. Campos, entrevista, 18 de octubre de 2019).


3.3 La problemática de la impunidad en el acuerdo

Aunque las fases de diálogo y negociación mantuvieron un interés por buscar una solución a problemáticas como el narcotráfico y la ausencia estatal persistente en la región. El proceso se caracterizó por la absolución completa de los delitos cometidos en el marco de la guerra, sentando como principios rectores el perdón y olvido de los hechos ocurridos en el pasado. De acuerdo con José Campos (entrevista, 18 de octubre de 2019), el Acuerdo regional contó con tres ejes fundamentales: Paz, Perdón y Olvido. La Paz representada con la firma de los acuerdos, el perdón ante los vejámenes acaecidos en la guerra por los grupos en confrontación y el olvido reflejado en la indiferencia e indolencia del Estado ante las grandes problemáticas y necesidades de la región. Al respecto es posible evidenciar que:

A medida que se desciende en la escala social el perdón y el olvido decretado por los líderes pierde fuerza y lo único que desea hacer el que se encuentra en posiciones subordinadas es aniquilar al enemigo. Lo anterior genera, durante las épocas de tregua, contradicciones internas que se traducen en enfrentamientos protagonizados por aquellos que no logran redefinir a sus enemigos, pues los rencores del asesinato de sus parientes persisten (Uribe, 1992, p. 122)

Así pues, la impunidad, entendida como la infracción del Estado ante su obligación de investigar las violaciones y adoptar medidas, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, fue uno de los elementos preponderantes en el escenario de Occidente. (Comisión Colombiana de Juristas, 2007, p. 38). Siendo la justicia, la gran ausente del proceso de paz, pues los acontecimientos violentos mantuvieron un alto nivel impunidad, que nunca recayó al cuestionamiento de las acciones desarrolladas en manos de los esmeralderos (Flórez, 2015). Esta ausencia de justicia no permitió que la población renovará la confianza en las instituciones estatales encargadas de dicha tarea, por lo que la cultura de la complicidad, la no denuncia y la venganza personal mantuvieron su continuidad (Londoño, 2015). Al respecto el entonces representante a la Cámara por Boyacá Silvano Rodríguez concluía:

Ciertamente hay problemas con la justicia. La impunidad es un hecho y mientras impere la ley del silencio el delincuente seguirá actuando amparado en esa situación. Mientras no se presente pruebas el juez no podrá proferir ningún acto condenatorio. Mientras que haya gente que no ve, ni oye nada, el juez no podrá dictar ninguna sentencia condenatoria (Adolfo, Pedro, & Mayorga, 1996, p. 107).


Así lo expone William Nandar, ex alcalde del municipio de Muzo, quien reconoce que hubo crímenes que no fueron esclarecidos y criminales que nunca fueron castigados “Nos hace falta que los responsables de la guerra lo asuman”. Sólo aquellos actores que reincidieron en los hechos violentos posterior a la firma fueron llevados ante las autoridades locales (W. Nandar, entrevista, 09 de octubre de 2019), dejando de lado los crímenes cometidos previo a la firma, ante la urgencia de terminar la violencia.

De acuerdo con Jaime Zuluaga, en una entrevista realizada por el Tiempo, este no es el modelo de paz que se espera construir en el país, pues esta requiere necesariamente del fortalecimiento del Estado que garantice el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la resolución y transformación de conflictos entre los diferentes sectores de la Sociedad (Guerrero, 1999). Percepción que sostiene Nandar, pues considera que la paz requiere necesariamente de garantizar las necesidades básicas de la población.

Derechos fundamentales como la vida, la dignidad humana o la integridad personal no pueden ser derechos cuya salvaguarda quede en manos de particulares o sean negociados por ningún motivo, aunque este motivo pudiera eventualmente involucrar el cese al fuego. La necesidad de dar paso a la Paz a cualquier precio, de manera arbitraria y despreocupada de la verdad sobre lo sucedido conlleva situaciones de injusticia e impunidad que perpetúan los conflictos sociales (Coral, 2012, p. 14).

No obstante, este acuerdo permitió que pueblos que durante mucho tiempo se mantuvieron distanciados se reencontraran, a través de estrategias como lo que se denominó “intercambios humanos”, que consistía en que diez hombres del grupo contrario se debía trasladar a los terrenos de su adversario y permanecer allí sin recibir ningún tipo de agresión, medida que buscaba devolver el carácter humano del enemigo y evidenciar aquellos elementos, que pese a la guerra los unía (González, 2014).

Así pues, la paz se convirtió en una realidad, que empezó a ser reflejada incluso en la movilidad entre regiones, pues los caminos que conectaban las minas y los municipios empezaron a ser recorridos por miles de personas sin mayores inconvenientes, cuestión que era impensable poco tiempo antes (Baquero, 2017, p. 93). Panorama que motivó el retorno de la población que a causa de la guerra abandonaron sus tierras, retorno que no estuvo exento de dificultades, pues aquellos sectores de la población que sufrieron el impacto de la guerra los miraban con recelo, considerándolos personas oportunistas (Uribe, 1992, p. 120)

Del mismo modo, se experimentó en el Occidente, lo que Nandar señaló como una mejora en la convivencia, en el que las nuevas generaciones no tienen que hacer parte de una guerra heredada, pues “El Occidente de Boyacá es un pueblo que se aprendió a tolerar” en medio de la pobreza y de la insatisfacción de las necesidades (W. Nandar, entrevista, 9 de octubre de 2019). Así mismo lo señala Claver (2011), quien afirma que pocos meses después de la firma de los acuerdos volvió la tranquilidad a la zona, el comercio resurgió, las carreteras dejaron de ser peligrosas, situación que


posibilitó el resurgimiento de las fiestas y prácticas culturales, compartidas por las comunidades de ambos bandos.

Y aunque la paz permitió transformar el escenario de terror a un clima de camaradería en donde los viejos rivales se convirtieron en cercanos socios (Baquero, 2017). Esta situación no aplicaría para todos los casos, pues aunque el Acuerdo tuvo una rápida aceptación por parte de los líderes, para las comunidades de base involucradas en el conflicto, aun contando con órdenes estrictas de sus patronos, continuaron efectuando sus venganzas personales (Uribe, 1992), experimentando un alza en el número de homicidios a finales de 1992 y principios de 1993.

3.4 Escenarios de pos-acuerdo

En este territorio caracterizado por la preponderancia de una economía minera que dejó a su paso oleadas de violencia y mucho dineros en circulación, pero que con los años no se vieron traducidos en la mejora en las condiciones de vida de sus habitantes o en inversiones sociales de gran impacto para la región, sino en el enriquecimiento de unos particulares, demuestra los grandes retos que enfrentan los procesos de construcción de paz, sobre todo aquellos en los que no se cuestionan las estructuras de poder y los intereses económicos detrás del conflicto.

Aún con sus dificultades, acordar aspectos tan sensibles de la vida local relacionados con los fenómenos violentos cometidos durante la tercera guerra verde, supuso un empoderamiento de las comunidades, que cansadas de la guerra, se apropiaron de los asuntos pactados desde un ambiente de paz y reconciliación, a tal punto que se vieron reflejados en la reconstrucción del tejido social, que antes se distinguía por su carácter amenazante y que ahora sienta sus bases desde la tolerancia y la confianza en el otro, marcando una ruptura importante en la violencia histórica de la Provincia de Occidente (Londoño, 2015).

Un pacto que necesariamente requería de un tipo de seguimiento y monitoreo, acordado por las partes firmantes con un periodicidad anual. Es así como el 28 de mayo de 1991, bajo la invitación del Obispo de la Diócesis de Chiquinquirá se extiende la invitación a aquello que sería denominado posteriormente como “Comité de Normalización, Verificación y Desarrollo del Occidente de Boyacá”, reunidos en las instalaciones administrativas de la Mina de Coscuez. El evento contó con la participación de líderes representativos del sector esmeraldífero, algunos alcaldes y concejales de los municipios involucrados, diputados de la Asamblea Departamental, empresarios de Esmeracol periodistas y trabajadores (Torres & Ordoñez, 1995, p. 290).

Consolidándose por la vía jurídica el 12 de agosto de 1992, mediante resolución No. 197 de la gobernación de Boyacá con la presidencia y representación legal del Obispo de Chiquinquirá y un consejo directivo conformado, además de este, por el Gobernador de Boyacá, el Comandante de la Primera Brigada del Ejército, el Comandante del Departamento de Policía de Boyacá, el Delegado para este departamento del PNR8, dos representantes de

8 Plan Nacional de Rehabilitación


las empresas mineras (Tecminas, Coesminas y Esmeracol), y un cuerpo de delegados de la Provincia compuesto por dos de Coscuez, uno de Maripí, Buenavista y Coper, uno de Muzo, uno de Quípama y la Victoria, uno por San Martín, Santa Bárbara, corregimientos de Borbur, y Otanche y uno por Briceño y Tununguá (Polo, et al., 1996, p.74).

Este comité se convirtió en el Coordinador General de todo el proceso de implementación del acuerdo, que apoyados por la Gobernación de Boyacá ha cumplido la función de elaborar un plan de acción con compromisos de mediano y largo plazo, para ir trabajando en favor de la Paz, a través de estrategias de desarrollo local. Iniciativas que han centrado su atención en desplazar la dependencia regional sobre las minas, trabajando por otras formas de sobrevivencia, a través de programas y proyectos alternativos de producción agrícola y ganadera, propendiendo por el involucramiento de los órganos de gobierno a nivel nacional, regional y local, así como a los líderes regionales y la Iglesia Católica.

Siendo estos elementos indispensables para el éxito del proceso de paz del Occidente, pues la clave de los escenarios de transformación de conflictos y construcción de paz no se encuentra en la elaboración de pactos y acuerdos, sino en el cumplimiento de los mismos, acompañados por una evaluación y monitoreo permanente, en el que juega un papel muy importante los diferentes actores del conflicto (Acevedo y Rojas, 2016).


4. CONCLUSIONES

Una mirada al proceso de paz llevado a cabo en el Occidente de Boyacá deja entrever el carácter excepcional de su consolidación, que marca un precedente en la construcción de escenarios de paz locales, que trascienden de la lógica de no agresión, para hacerle frente a una historia de violencia de larga data, que dejó a su paso altos niveles de polarización, una fractura en el tejido social y la estigmatización de las comunidades esmeraldíferas.

Iniciativa local que aun en medio de la guerra, se construyó desde los actores locales de la región, que alzaron su voz para proponer otras vías para tramitar los conflictos, donde el respeto por la vida fuese un elemento esencial de la transformación, propendiendo por la búsqueda de alternativas a las problemáticas y necesidades de toda una población cansada de la violencia a la cual fueron expuestos en su cotidianidad. Y que contó con la capacidad de trabajar en aquello que Lederach ha denominado como la “red de relaciones”, pues incluyó a aquellos enemigos que durante años se mantuvieron en confrontación directa y que ahora, pese a las asimetrías y/o diferencias existentes, trabajan mancomunadamente en la consolidación de proyectos encaminados al desarrollo regional en clave de paz, que propenden por el bien común y el bienestar de la población. Bajo esta línea de ideas, lo que se evidencia en el Occidente de Boyacá es una transición de un círculo vicioso que trajo consigo el auge de las esmeraldas, anclado a las lógicas de consumo excesivo, despilfarro y violencia exacerbada; a un círculo virtuoso en el que se construyen procesos sociales encaminados a restablecer la confianza en el otro, reconstruir los lazos sociales fracturados por la violencia y reconocer los mecanismos no violentos para transformar los conflictos. Estrategias que necesariamente implican trabajar en la deconstrucción del enemigo, siendo este uno de los retos más importantes de este acuerdo, pues demanda la consolidación de espacios de elaboración del dolor y del duelo de las personas afectadas por el conflicto, un cambio en la mirada hacia el otro que permita humanizar nuevamente a los “contradictores” y promuevan estrategias de colaboración mutua. No obstante, temas como el papel del Estado, la participación de las comunidades y la justicia siguen siendo un tema de debate en el análisis de este tipo de pactos. Pues aún transcurridos los años desde la firma del acuerdo, la percepción negativa frente al accionar del Estado se ha mantenido, demandando de este una atención en sus obligaciones constitucionales frente a la región, un reconocimiento de su falta de intervención frente a la guerra y un interés por participar en los procesos de implementación del acuerdo. Pues es precisamente esa falta de atención, lo que llevó a que actores alrededor de la Iglesia Católica, los cuales no contaba con la orientación técnica frente a herramientas y/o estrategias para llevar a cabo este proceso, asumieran el rol de facilitación y veeduría, desconociendo elementos como los


derechos humanos, la justicia y los daños causados por la guerra, esenciales en los escenarios de transformación de conflictos y en donde el Estado con todas sus instituciones deben fortalecer su capacidad como garantes de los mismos. Así mismo, los escenarios de diálogo se caracterizaron por mantener una frágil participación de las comunidades en la formulación y/o discusión de lo propuesto, lo cual llama la atención, pues necesariamente los esfuerzos por construir paz implican una escucha permanente y detenidas a las personas que históricamente han sido silenciadas y afectadas por la violencia. Pues es desde esta posición que pueden proponer estrategias transformadoras de diferentes niveles, las cuales requieren de un fortalecimiento del sentido organizacional, que conviertan a la población civil en la gran protagonista de un proceso que construya una nueva historia alrededor de la Paz. Finalmente, es necesario evaluar las afectaciones que traen consigo la impunidad o la ausencia de mecanismos de justicia en este tipo de casos, pues la debilidad del Estado frente a la investigación y adopción de medidas en los escenarios de violación de derechos humanos en el Occidente de Boyacá, dan cabida a que el sufrimiento y el daño producto de la guerra, no logren ser tramitados. Y adicionalmente, pueden generar un mensaje equivocado a la población, en el que la criminalidad alrededor del negocio de las esmeraldas goza de un cierto nivel de aceptación.

En síntesis, este es un modelo de paz que trasciende del silenciamiento de los fusiles, que requiere una serie de cambios a largo plazo que permitan conjugar elementos como el diálogo y la concertación permanente, no solo con los actores en conflictos, sino también con las instituciones nacionales, departamentales y municipales; la creación y el fortalecimiento de una plataforma de justicia robusta, que combata la impunidad producto de la guerra; y la construcción de estrategias que permitan a la comunidades visibilizar su experiencia frente a la transformación de conflictos en los diferente espacios que le apuestan a la construcción de paz en el país.


Anexos

Anexo A. Necesidades Básicas Insatisfechas (1993 y 2005)

Fuente. Elaboración propia a partir de la información del Pineda, 2018, p. 67.

PORCENTAJE DE NECESIDADES BÁSICAS

INSATISFECHAS

MUNICIPIOS 1993 2005

Briceño 54% 35% Buenavista 58% 45% Caldas 44% 39% Chiquinquirá 28% 18% Coper 59% 47% La Victoria 71% 45% Maripi 76% 48% Muzo 49% 46% Otanche 61% 51% Pauna 59% 62% Quípama 58% 54% Saboya 61% 49% San Miguel de Sema 35% 31% San Pablo de Borbur 51% 47% Tununguá 59% 23%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

Briceño

Buenav

ista

Caldas

ChiquinquiráCoper

La V

ictoria

Mar

ipi

Muzo

Otanch

e

Pauna

Quipama

Saboya

San M

iguel d

e Sem

a

San Pab

lo de Borb

ur

Tunungu

a

1993 2005

Fuente. Pineda, 2018, p. 67.

Muertes violentas

registradas por año

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Briceño 6 9 2 8 16 9 7 10 0 1 3 3 0 4 0 0 0 Maripí 23 37 45 19 41 23 11 14 8 4 8 7 3 5 4 4 2

Otanche 24 31 32 25 13 17 32 34 12 10 11 9 19 7 5 5 3 Quípama 0 0 30 63 95 37 17 11 2 3 8 5 2 4 2 2 2

La victoria 11 4 3 8 4 11 8 1 3 0 1 0 2 1 0 0 0 Muzo 25 78 42 68 109 84 23 24 8 7 15 3 7 2 4 5 2 Coper 10 3 6 9 8 9 7 6 0 3 1 5 4 0 1 0 3

Buenavista 0 6 11 11 21 16 14 11 1 1 3 3 2 2 0 2 3 San Pablo

Borbur 32 54 82 41 46 22 27 64 31 25 35 37 15 27 12 9 6

Pauna 32 17 28 31 39 19 27 43 24 12 14 13 10 12 13 7 1 Caldas 3 4 4 6 10 8 2 8 2 1 5 5 3 2 5 0 2 Saboya 8 6 8 8 20 8 7 5 4 8 8 9 8 4 1 1 6

San Miguel de Sema

1 2 0 5 2 2 3 2 3 4 3 6 1 1 0 0 0

Tununguá 2 4 0 1 2 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Chiquinquirá 18 28 27 32 34 26 14 52 14 34 28 29 24 26 14 18 6

Total 195 283 320 335 460 294 204 288 114 113 143 134 100 97 61 53 36

Anexo B. Muertes violentas registradas por año según municipio

Fuente. Elaboración propia a partir de la información del Departamento de Policía de Boyacá registrado por Torres & Ordoñez, 1995.

Anexo C. Hechos violentos cometidos durante la tercera guerra verde

Muertes violentas

Lesiones personales

Homicidios Culposos

Lesiones Culposas

Delitos de otro género

1985 195 275 11 54 439 1986 283 316 7 52 323

1987 320 268 14 53 152

1988 335 205 19 39 104

1989 460 146 18 37 96

1990 294 120 15 47 57

1991 204 80 23 60 92

1992 288 123 29 51 98

1993 114 57 14 7 65

Total 2493 1590 150 400 1426

Fuente. Elaboración propia a partir de la información del Departamento de Policía de Boyacá

registrado por Torres & Ordoñez, 1995.

Anexo B. Muertes violentas registradas por año según el municipio


Anexo D. Acuerdo de Paz OBJETIVO GENERAL: Alcanzar para la región de Occidente de Boyacá, la pacificación, el respeto integral de las personas, en su vida, honra y bienes y obtener, en los municipios que componen la cuenca del Río Minero y los demás de Occidente, el desarrollo político, económico y social: Tununguá y municipios vecino, Briceño, Pauna, San Pablo de Borbur, Otanche, La Victoria, Quípama, Muzo, Maripí, Coper, Buenavista, Chiquinquirá, Caldas y Simijaca; inspecciones de Santa Bárbara, Nariño, San Martín y Peñas Blancas, y vereda de Coscuez la Mina. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Cese inmediato de toda agresión física o moral entre todos los habitantes de la región, en y fuera de ella. 2. Garantizar por parte de los habitantes de la comarca la libertad de tránsito de hombres, mujeres y niños, por todos los sectores de la región, con el compromiso, además, de concientizar sobre el tema de todos los habitantes en coordinación con las fuerzas armadas. 2.1. Garantizar la libre circulación de mercancías, actividades agropecuarias y mineras, para las labores en toda la región. 3. Propender por la apertura bancaria y de sucursales de la Caja Agraria en los municipios de Muzo y Quípama y en otros de Occidente, donde la actividad económica lo permita. Para este proyecto quedan comisionados los señores alcaldes. 4. Facilitar el regreso progresivo de las gentes que por diferentes motivos tuvieron que abandonar sus propiedades. 5. Procurar el desarrollo regional, integrando los recursos municipales, regalías mineras, fondos de las empresas concesionarias de la explotación de la esmeralda. Para esto se buscará la manera de crear una fundación encargada de la organización y distribución de las posibilidades y de las buenas relaciones entre las empresas y los habitantes de la región. 6. Respaldar la acción de los concejos municipales de rehabilitación, para la consecución de recursos por parte del Gobierno Nacional, empresas y administraciones privadas. 7. Procurar revitalizar y reorganizar a nivel municipal las asociaciones de municipalidades de la Cuenca del Río Minero, como instrumento regional de hermandad y desarrollo local. 8. Realizar las reuniones que se juzguen convenientes y útiles para formalizar este proceso de paz. 8.1. Para la reunión final solicitar respetuosamente la presencia del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Procuraduría General de la Nación, Gobernación del Departamento, Dirección Nacional de Instrucción Criminal y el Tribunal Especial de Orden Público. Informar debidamente a los medios de comunicación social. 9. Apoyar todas las diligencias que pertenezcan a la Justicia Ordinaria y las labores propias de Instrucción Criminal, a fin de que se acabe la impunidad.


10. Procurar con el Gobierno Nacional, un proceso gradual de desarme en la región, con las excepciones que considere el Ministerio de Defensa Nacional para las empresas mineras, que cuenta con la concesión estatal. 10.1. Solicitar respetuosamente la derogatoria del Decreto No. 3037 de 1986 al Gobierno Nacional. 11. Comprometernos en una plegaria por la paz así: 11.1. Misiones evangelizadoras por parte del Clero en la región. En las parroquias y sitios principales celebrar misas por la paz. 11.2. Promover el Himno “El sueño del Guaquero”. 11.3. Promover el Himno del departamento de Boyacá. 11.4. Promover el Himno Nacional de Colombia Los líderes y representantes de los diferentes municipios y comunidades, suscribimos el presente documento que formaliza todo lo anterior. Quípama, doce (12) de Julio de mil novecientos noventa (1990).

Fuente. Transcripción al literal del documento en su versión original.


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