LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL · SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA 1 ......
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1 LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL Y SU EVOLUCIÓN EN LAS SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA 1 Daisy Yolima Espitia Rincón 2 RESUMEN La interpretación constitucional permite darle alcance y sentido a lo dispuesto en la norma suprema, con ella es posible determinar la constitucionalidad de un precepto o la vulneración de derechos fundamentales, en muchas oportunidades la norma en estudio no genera mayor dificultad al momento de dar solución a un caso concreto, por lo que solo basta con la aplicación de los métodos tradicionales de interpretación constitucional, pero en otras oportunidades es necesario realizar análisis profundos que requieren de técnicas adicionales para establecer con mayor fundamento la decisión tomada. A través de este estudio se analizará el concepto de interpretación constitucional, sus principios, métodos y técnicas utilizadas en las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana, en desarrollo de la facultad otorgada por la Carta Magna para interpretarla, con el objetivo de evidenciar su amplia evolución, que indiscutiblemente ha dotado de certeza y validez los innumerables casos resueltos por esta corporación en el ejercicio de garantizar los derechos de los ciudadanos y en desarrollo de los principios constitucionales. PALABRAS CLAVES Constitución Política, interpretación Constitucional, precedente Constitucional, Seguridad Jurídica, sentencias. 1 Este Trabajo de Grado está dirigido por la Doctora Nathalia Chacón Triana, Docente Investigadora. Contacto: [email protected]. 2 Estudiante de la Universidad Católica de Colombia que ha cumplido con la totalidad del pensum académico y que opta por el título de abogada.
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LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL Y SU EVOLUCIÓN EN LAS
SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA 1
Daisy Yolima Espitia Rincón 2
RESUMEN
La interpretación constitucional permite darle alcance y sentido a lo dispuesto en la
norma suprema, con ella es posible determinar la constitucionalidad de un precepto o la
vulneración de derechos fundamentales, en muchas oportunidades la norma en estudio
no genera mayor dificultad al momento de dar solución a un caso concreto, por lo que
solo basta con la aplicación de los métodos tradicionales de interpretación
constitucional, pero en otras oportunidades es necesario realizar análisis profundos que
requieren de técnicas adicionales para establecer con mayor fundamento la decisión
tomada.
A través de este estudio se analizará el concepto de interpretación constitucional, sus
principios, métodos y técnicas utilizadas en las sentencias de la Corte Constitucional
Colombiana, en desarrollo de la facultad otorgada por la Carta Magna para
interpretarla, con el objetivo de evidenciar su amplia evolución, que indiscutiblemente
ha dotado de certeza y validez los innumerables casos resueltos por esta corporación
en el ejercicio de garantizar los derechos de los ciudadanos y en desarrollo de los
principios constitucionales.
PALABRAS CLAVES
Constitución Política, interpretación Constitucional, precedente Constitucional,
Seguridad Jurídica, sentencias.
1 Este Trabajo de Grado está dirigido por la Doctora Nathalia Chacón Triana, Docente Investigadora. Contacto: [email protected]. 2 Estudiante de la Universidad Católica de Colombia que ha cumplido con la totalidad del pensum académico y que
opta por el título de abogada.
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ABSTRACT
The constitutional interpretation allows to reach and meaning the provisions of the
supreme norm, with which it is possible to determine the constitutionality of a precept or
violation of fundamental rights, many times the rule under study does not generate
greater difficulty at the moment of giving Solution to a specific case, so that it is
sufficient to apply the traditional methods of constitutional interpretation, but on other
occasions it is necessary to carry out deep analyzes that require additional techniques
to establish with more foundation the decision made.
This study will analyze the concept of constitutional interpretation, its principles,
methods and techniques used in the judgments of the Colombian Constitutional Court,
in the development of the power granted by the Magna Carta to interpret it, with the aim
of showing its wide evolution, Which has undoubtedly endowed with certainty and
validity the innumerable cases resolved by this corporation in the exercise of
guaranteeing the rights of the citizens and in development of the constitutional
principles.
KEYWORDS
Constitution, Constitutional Interpretation, constitutional precedent, Judgments, Legal Security.
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SUMARIO
Introducción. 1. LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. 1.1. INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. 1.2. PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. 1.3. COMPETENCIA EN LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. 1.4. MÉTODOS TRADICIONALES DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. 1.5. TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. 2. EVOLUCIÓN DE LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL EN LAS SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. 2.1. PERIODO 1991 – 1995. 2.2. PERIODO 1996 – 2000. 2.3. PERIODO 2001 – 2009. 2.4. PERIODO 2010 – 2017. CONCLUSIONES. Referencias Bibliográficas.
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INTRODUCCIÓN
Con el establecimiento de la Constitución a partir de 1991 como norma suprema que no
puede ser contrariada por ninguna otra disposición, surge la constitucionalización del
derecho y con ella la facultad otorgada a la Corte Constitucional Colombiana como
guardiana de su integridad y supremacía, generando un avance notable en la
aplicación de los métodos de interpretación constitucional, evidenciado en la evolución
de los mismos a través de las sentencias de la Corte, que han logrado establecer el
alcance y sentido de las normas.
El ejercicio de interpretación constitucional otorga certeza a las decisiones, ya que
permite según García “determinar la vivencia real de la norma fundamental, vivencia
que explica la actualización de la misma al confrontar una cultura a la que los
interpretes nunca pueden ser ajenos por el mero hecho de que son criaturas de esa
sociedad” (1984, p. 3), lo que es de gran importancia para poder garantizar la
seguridad jurídica en su aplicación.
El objetivo general del presente trabajo es realizar un estudio sobre la interpretación
constitucional y su evolución en las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana,
con el fin de confirmar en las innumerables decisiones tomadas por éste órgano, la
finalidad última de la constitucionalización del derecho, consistente en elegir la solución
más adecuada para el caso sin apartarse de lo establecido en las norma suprema.
Esta investigación expone el concepto de interpretación constitucional en nuestro país,
sus principios y métodos, además de las diferentes técnicas interpretativas usadas por
la Corte Constitucional en el estudio de constitucionalidad de las normas y su evolución
a través de los diferentes fallos dados a partir de la Constitución de 1991, que han
logrado garantizar certeza y validez en la interpretación.
La interpretación constitucional debe ser acorde a unos principios y métodos
establecidos, con el fin de que no se pierda su carácter de norma fundamental ni se
contrarié lo previsto en ella por el constituyente. Podemos decir que los métodos de
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interpretación constitucional usados en nuestro país son el literal, el histórico, el
teleológico y el sistemático, pero como lo afirma López Medina “la insuficiencia de los
criterios hermenéuticos más tradicionales, texto e historia, han ocasionado que en
Colombia, cada vez con mayor fuerza, prevalezcan interpretaciones sistemáticas y
finalistas de la Constitución” (2006, p. 36).
De igual manera la carta fundamental establece quienes son las autoridades llamadas
a interpretar la Constitución, algunas en sentido político, con la finalidad de conformar
un cuerpo normativo, otras mediante el control difuso y abstracto de constitucionalidad,
para evaluar la adecuación de las leyes o normas al texto constitucional, otras de
manera subsidiaria en conocimiento de las acciones de nulidad por
inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno nacional y finalmente los
jueces en ejercicio de las funciones constitucionales, sin desconocer que la fuerza
vinculante que adquiere cada una de las interpretaciones de los diferentes órganos
despliega efectos de carácter erga omnes o inter partes dependiendo del caso
concreto.
Con el surgimiento de la actividad interpretativa de la Corte Constitucional se
empezaron a utilizar diferentes técnicas, unas tomadas de metodologías dadas por
otros países, para apoyar el análisis de los derechos contrapuestos o para mirar la
constitucionalidad de las normas en el proceso que conlleva la interpretación
constitucional. Los fallos emitidos por la Corte, también permitieron la implementación y
desarrollo de la doctrina del precedente constitucional basado en principios y derechos
constitucionales.
A lo largo del escrito se plantean diferentes conceptos dados por las Corte
Constitucional, que marcan la importancia del estudio de la interpretación
constitucional, imprescindible para dar solución a posibles casos que siguiendo el texto
constitucional de manera literal no se pueden resolver y para el entendimiento de los
fallos dados en nuestro país, de manera que es evidente la aplicación de las técnicas
de interpretación constitucional y la certeza y validez que se deriva de ellas,
confirmando una verdadera evolución en la interpretación constitucional.
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1. LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL
1.1. INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL
Para hablar de interpretación constitucional es necesario definir cada uno de los
términos que componen este título. Interpretar es darle sentido a un texto, a una acción
o a un concepto o en términos generales es atribuir un significado a un signo
lingüístico, se interpreta en la medida en que se posibilita la comprensión. Para
Gadamer “la interpretación no es un acto complementario a la comprensión, sino que
comprender es siempre interpretar y en consecuencia, la interpretación es la forma
explícita de la comprensión” (1984, p. 383).
Con respecto al término constitucional, lo es todo aquello plasmado en la Constitución
que rige nuestro ordenamiento, el texto constitucional es el límite principal para la
realización de las normas y toda interpretación realizada a las normas debe ser acorde
a la Carta Magna.
Ferrajoli & Ruiz Manero definen al respecto:
“El termino Constitución se emplea sobre todo para referirse al documento
normativo, situado en el vértice del sistema jurídico y dotado de un régimen jurídico
especial, que, por un lado, establece las competencias de los principales órganos del
Estado y, por otro, pone límites y proporciona guías positivas para el ejercicio de
esas competencias” (2014, p. 25).
Así, también lo expresa Bastidas de Ramírez “la Constitución es una norma suprema a
la que está sujeta la creación de ciertas normas por los órganos superiores del Estado;
el cumplimiento de sus preceptos es obligado y su infracción es antijurídica” (2009, p.
87).
En consecuencia, la interpretación constitucional es la manera de determinar el alcance
y sentido de las normas constitucionales para su aplicación. Esta interpretación
presenta un alto grado de complejidad debido a que la normas constitucionales no
tienen jerarquía, están en un mismo nivel, lo que implica tensiones al momento de su
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interpretación, además porque existen enunciados en el texto constitucional que no se
identifican con la noción tradicional de norma o regla, sino que son normas que
reconocen principios, valores y derechos fundamentales, que hacen necesario tener en
cuenta las estructuras sociales y circunstancias al momento de su interpretación y
posterior aplicación porque determinan el sentido en el que se debe interpretar las
demás normas del texto constitucional y de todo el ordenamiento jurídico en general.
Las reglas son mandatos definitivos, ordenan, prohíben o autorizan. Para Dworkin las
normas identificables como reglas vienen dadas en el texto normativo a manera de
disyuntiva. Dworkin expone “sí los hechos que estipula una norma están dados,
entonces o bien la norma es válida, en cuyo caso la respuesta que da debe ser
aceptada, o bien no lo es, y entonces no aporta nada a la decisión” (2009, p.75). Los
valores son entendidos como normas generales, abstractas y abiertas que orientan la
interpretación de las normas, lo que permite darle mayor sentido y finalidad al
ordenamiento jurídico, Monroy Cabra M. ha precisado que los valores “fijan criterios de
contenido para otras normas y por tanto prevalecen sobre los principios y sobre las
reglas” (2002, p. 29).
Por su parte los principios son más precisos, tienen un mayor grado de concreción, son
normas de aplicación inmediata que resuelven casos y problemas concretos, por lo que
su aplicabilidad denota mayor eficacia; frente a los principios Dworkin indica: “Los
principios tienen una dimensión que falta en las normas. La dimensión del peso o
importancia. Cuando los principios se interfieren, quien debe resolver el conflicto tiene
que tener en cuenta el peso relativo de cada uno” (2009, p. 77). Finalmente los
derechos fundamentales son garantías de naturaleza individual, inherentes a la
persona, que buscan garantizar su dignidad.
Estas categorías normativas que se presentan dentro del texto constitucional implican
que en el ejercicio de la interpretación que de él se haga se presenten conflictos y por
ende sea necesario usar diferentes criterios interpretativos. Para Vigo “la interpretación
no es únicamente una forma científica o técnica de conocer el significado de las
palabras empleadas por la ley, sino que es práctica dado que busca resolver un caso
buscando justicia” (1993, p. 14). El ejercicio de la interpretación está vinculado a la
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resolución de casos sin importar el grado de dificultad que haya en el contenido de la
norma, siempre que haya la necesidad de remitirnos al texto constitucional para dar
solución a ellos nos encontramos frente a la interpretación constitucional, como lo
declara Ferrer Mac-Gregor “interpretar la norma es analizar el signo que la contiene y
de ahí determinar con claridad sus supuestos y consecuencias a la vista de su
aplicabilidad a un caso concreto” (2005, p. 577).
1.2. PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL
Los principios son entendidos como los preceptos que dan fundamento a lo que
establece la Constitución, sin ellos la norma suprema carecería de la esencia misma
que la caracteriza como norma suprema base del ordenamiento jurídico. Según la
doctrina, se han definido los siguientes principios que permiten orientar la interpretación
constitucional:
Principio de la unidad de la Constitución.
Según este Principio, las normas constitucionales no se pueden interpretar en forma
aislada sino como un todo o una unidad.
En este sentido señala, Rubio Correa:
“Según este criterio de interpretación, el operador jurisdiccional debe considerar que
la Constitución no es una norma (en singular), sino, en realidad, un ordenamiento en
sí mismo, compuesto por una pluralidad de disposiciones que forman una unidad de
conjunto y de sentido” (2005, p.309).
Principio de la concordancia práctica.
Por este principio debe existir concordancia entre distintas normas constitucionales que
protejan diferentes bienes jurídicos, no debe haber lugar a contradicciones entre las
normas constitucionales.
El autor Hoyos manifiesta que:
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“Los bienes constitucionalmente protegidos deben ser coordinados y ponderados en
un momento dado, y frente a un caso concreto el juez constitucional tiene que
establecer prioridades, porque a veces entran en conflicto derechos fundamentales
previstos en normas de la Constitución” (1993, p. 18).
De esta manera los conflictos que se presenten entre diferentes preceptos
constitucionales al momento de resolver un caso no deben significar la solución del
mismo con la superioridad de uno y el sacrificio de otro, sino que se debe realizar una
ponderación entre ellos con el fin de desarrollar este principio.
Principio de la eficacia integradora de la Constitu ción.
La interpretación constitucional debe estar orientada a buscar la eficacia de las normas
constitucionales, persiguiendo que sus fines se realicen con la mayor eficacia posible.
Al respecto Lafuente Balle explica:
“Conforme a esta regla, supuestas varias interpretaciones posibles de una norma
subconstitucional, se optará por la que en mayor medida favorezca la eficacia de la
norma constitucional. Y aun especialmente en el caso de las normas dogmáticas, es
decir de las reguladoras de derechos y libertades” (2000, p. 113).
Principio de la corrección funcional
Mediante este principio se establece que la interpretación que se realice de la
Constitución no debe interferir en el ámbito de las funciones propias de cada órgano del
Estado definidas por la misma Constitución. Se debe respetar la distribución de
funciones consagradas por la Constitución para conservar el equilibrio entre los
poderes del Estado. Para Monroy Cabra “este principio debe respetar la denominada
“regla de corrección funcional” en virtud de la cual el intérprete deberá respetar el
marco de distribución de las funciones estatales establecido en la Constitución” (2002,
p. 89).
Principio de la fuerza normativa de la Constitución .
Este principio declara que todo el ordenamiento jurídico debe interpretarse conforme a
la Constitución.
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Casal H. indica:
“La aceptación de la fuerza normativa de la Constitución, hoy indiscutible, obliga a
proteger la norma suprema de toda acción u omisión de los poderes públicos
violatoria de sus disposiciones, sin que sea lícito reconocer al legislador un espacio
de inmunidad al control judicial cuando el desconocimiento de la Constitución se
origina en su inactividad” (2006, p. 189).
Principio in dubio pro libertate.
Según este principio además conocido como “favor libertatis”, en caso de duda, ésta se
resolverá a favor de la libertad del ser humano, como garantía de la efectiva vigencia
de los derechos fundamentales.
Sobre este principio León Bastos señala:
“Implica que no sólo en supuestos dudosos deberá optarse por la interpretación que
mejor proteja los derechos fundamentales, sino que también implica concebir el
proceso hermenéutico constitucional como labor tendente a maximizar y optimizar la
fuerza expansiva y la eficacia de los derechos fundamentales en su conjunto” (2010,
p.57).
1. 3. COMPETENCIA EN LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCION AL
Podríamos decir que cualquier ciudadano está llamado a interpretar la Constitución en
defensa de sus derechos, pues la remisión al texto se hace necesaria para entender las
situaciones a las que a veces nos vemos enfrentados cuando sentimos transgredidos
los derechos que nos asisten, pero esa interpretación solo permite entender a criterio
propio los fundamentos de nuestra defensa y no contribuye a la creación, modificación
o extinción de alguna norma, es por ello que la Constitución establece taxativamente
quienes tienen la competencia de interpretarla . En Colombia son varios órganos los
que están llamados por ley a interpretar la Constitución, el resultado de su ejercicio
tiene fuerza vinculante en unos casos con efectos erga omnes y en otros con efectos
inter partes.
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Este órgano legislativo en cumplimiento de sus funciones está llamado a interpretar la
Constitución con el fin de crear nuevas normas, de tal manera que éstas no sean
contrarias a la carta fundamental, así se enuncia en el inciso 1 del artículo 150 de la
Constitución Política de Colombia: “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por
medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 1. Interpretar, reformar y derogar las
leyes”.
En el libro de la X Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional en la
ponencia de la República de Colombia se expone:
“El primer poder llamado a realizar una interpretación de la Carta Fundamental, es el
legislativo, quien en cumplimiento de sus funciones hace una interpretación en
sentido político de la voluntad del constituyente primario con la finalidad de
conformar un cuerpo normativo” (2016, p. 204).
De igual manera la Corte Constitucional, al respecto ha indicado en la Sentencia C-531
de 1993:
“La interpretación que realiza el legislador de los textos constitucionales la hace en el
contexto del ejercicio de su función legislativa y sólo puede obedecer a ese
propósito. Las decisiones y precisiones que efectúa no trascienden lo que siempre
será norma legal y se funden en ésta”.
CORTE CONSTITUCIONAL
La Constitución Política de Colombia establece en el artículo 241: “A la Corte
Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”.
En desarrollo de este precepto, la Corte Constitucional tiene a su cargo la guarda de la
integridad y supremacía de la carta fundamental, de ello se desprende que en el
ejercicio de la interpretación debe ejercer control constitucional a las normas. En su
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función interpretativa se enuncia, en la ponencia de la República de Colombia de la X
Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional:
“Encontramos un tipo de interpretación desarrollada mediante el control difuso de
constitucionalidad, el cual se materializa mediante la acción pública de
constitucionalidad con el fin de evaluar la adecuación de una Ley, norma o
disposición a los valores, principios y normas establecidos en la Carta Política, y un
control abstracto de constitucionalidad, materializado a través de la acción de tutela
como herramienta que permite hacer efectivos los derechos fundamentales
contemplados en la Carta Política” (2016, pp. 204–205).
En la sentencia C-531 de 1993, se reitera:
“La Corte Constitucional como guardiana de la integridad de la Constitución tiene la
misión de confrontar las leyes con sus preceptos y excluir aquéllas que los
quebranten, lo que garantiza que la Carta siempre se mantenga como parámetro
objetivo de la validez de las restantes normas del ordenamiento y que en todo
momento pueda distinguirse lo que es obra del poder constituyente y lo que entra en
el campo de los poderes constituidos. De lo dicho se desprende la existencia de un
límite cierto a la función interpretativa de los poderes constituidos: sus actos no
pueden fungir como interpretación auténtica de la Constitución y elevarse al rango
de parámetro constitucional. La Corte en ejercicio de sus atribuciones de defensa
del orden constitucional no podría cumplirlas si da cabida a interpretaciones
auténticas distintas del fiel entendimiento y lectura que ella misma debe en cada
caso hacer de su texto”.
CONSEJO DE ESTADO
Nuestra carta fundamental confiere al Consejo de Estado la facultad ocasional de
interpretar la Constitución mediante el conocimiento de acciones de nulidad por
inconstitucionalidad. Específicamente la Constitución Política de Colombia, instituye en
el inciso 2 del artículo 237: “Son atribuciones del Consejo de Estado. 2. Conocer de las
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acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno
Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional”.
De esta manera cuando se infringe de manera directa la Constitución a través de los
decretos dictados por el gobierno, cuya revisión no corresponde a la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado dentro del propósito de velar por la supremacía de
la Constitución y haciendo uso del ejercicio de la interpretación constitucional se
pronuncia y decide, cabe señalar que el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, establece
que su pronunciamiento puede ir más allá de los cargos señalados en la demanda, con
lo que podrá fundar su decisión en la violación directa de cualquier norma
constitucional, lo que deja de manifiesto la facultad otorgada de interpretación del texto
constitucional.
JUECES DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA EN EJERCICIO DE FUNCIONES
CONSTITUCIONALES
Los jueces en ejercicio de sus funciones constitucionales realizan un sentido
interpretativo de los derechos consagrados en la Constitución, por lo que se encuentran
frente a la interpretación constitucional. Las decisiones que toman tienen fuerza
vinculante pero con efecto inter partes. La Corte Constitucional, al respecto ha
determinado en la Sentencia C-1154 de 2008:
“Con ese norte, el Constituyente de 1991 optó por un modelo de control
constitucional que la jurisprudencia ha llamado difuso funcional. En este esquema
concurren, por un lado, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, como
órganos encargados del control abstracto de constitucionalidad y, por el otro, todos
los jueces y corporaciones que deben decidir las acciones de tutela o resolver
acciones y recursos previstos para garantizar los derechos constitucionales o al
hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad en los casos concretos sometidos
a su consideración”.
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1.4. MÉTODOS TRADICIONALES DE INTERPRETACIÓN CONSTI TUCIONAL
Existen diferentes métodos que tradicionalmente son aplicados a la interpretación
jurídica, pero que debido a su generalidad se utilizan en el ejercicio de la interpretación
constitucional, aunque bien es sabido que en algunos casos no son suficientes, por lo
tanto se hace necesario complementarlos con otros criterios propiamente definidos
para la interpretación constitucional. La Corte Constitucional en la Sentencia C-574 de
2011 ha aceptado utilizar los criterios tradicionales de interpretación de las leyes como
el literal, el histórico, el teleológico y el sistemático.
MÉTODO LITERAL
Este método se basa en la interpretación gramatical del texto, en el sentido de las
palabras y es considerado de vital importancia en la interpretación en general porque
constituye su punto de partida. Existen casos en los que la interpretación literal es tan
clara y terminante que no se requiere recurrir a otros métodos, la simple literalidad del
texto arroja un resultado decisivo.
Para Pérez Escobar:
“El intérprete para descubrir el verdadero sentido de la norma constitucional o legal
debe acudir, en primer lugar, al sentido expresado por las propias palabras
empleadas en el texto, ya que las palabras son el vehículo de expresión de las
ideas” (2010, p. 98).
MÉTODO HISTÓRICO
También llamado originalista, este método tiene en cuenta los antecedentes históricos
en los que se desarrolló la norma, que para el caso de la interpretación constitucional
requiere investigar la historia del constituyente de 1991 para tener en cuenta los
precedentes constitucionales que dieron origen a la aprobación del texto constitucional.
Para Younes Moreno: “el método histórico consiste en recurrir, para el efecto de
desentrañar el sentido de una norma, a la intención o espíritu claramente manifestados
en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento” (2014, p. 102).
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MÉTODO TELEOLÓGICO
Es el método mediante el cual la aplicación de un texto legal requiere una previa
identificación del propósito que la norma busca proteger, que no corresponde a la
intención del legislador sino al valor protegido por el sistema jurídico, a la finalidad
derivada de la norma. En la interpretación constitucional es muy utilizado este método,
debido a que los valores y principios que conforman el texto constitucional suponen una
interpretación teleológica, máxime si se está frente al ejercicio de los derechos
fundamentales. Piccato Rodriguez declara: “Aquí lo que se pretende es hallar el
propósito perseguido con la creación de una norma para que su interpretación resulte
en una aplicación que logre o tienda a lograr esos objetivos” (2006, p. 213).
MÉTODO SISTEMÁTICO
Este método permite interrelacionar diferentes preceptos, considerando que todos
forman un sistema normativo. Para López Medina este método consiste, “en la
identificación de una o varias normas, fines, valores o principios constitucionales que
tienen mayor abstracción y en los que se plasma objetivos morales y políticos de signo
más universal y consensuado” (2006, p. 39).
En Colombia se han utilizado estos cuatro métodos tradicionales para interpretar la
Constitución en la resolución de casos, podríamos decir que dependiendo de la
dificultad del caso se aplica uno u otro, como bien llama la doctrina dependiendo de si
se está frente a un caso fácil o a un caso difícil. Cuando estamos frente a un caso que
con tan solo remitirnos al texto constitucional de manera literal hallamos solución,
podemos decir que nos encontramos frente a un caso fácil, pero cuando la simple
literalidad del texto no nos permite dar solución definitiva al caso es necesario
remitirnos a otros métodos y es cuando nos encontramos frente a los casos difíciles, no
quiere decir ello que la decisión tenga que ser apartada de la norma sino que se debe
hacer un razonamiento jurídico profundo, ya sea sobre el origen de la norma, el fin de
la norma o del sistema normativo en conjunto para poder establecer la mejor decisión.
En los casos difíciles, según Dworkin, los jueces dictan sus decisiones en términos de
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las normas preexistentes e intentan un razonamiento deductivo a partir de éstas; pero
el ejercicio de la interpretación constitucional ha dejado notar que tal vez los métodos
tradicionales de interpretación no son suficientes para dar solución a los casos difíciles,
por lo que ha sido necesario remitirse a técnicas de interpretación adicionales como la
ponderación de derechos para poder dar solución a estos casos.
1.5. TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL
Debido a las tensiones y conflictos encontrados al momento de interpretar las normas
constitucionales, como se ha enunciado anteriormente, se ha hecho necesario además
de usar los métodos tradicionales de interpretación, recurrir a técnicas de interpretación
que permiten ponderar los intereses contrapuestos con la finalidad de orientar a los
jueces en su labor de interpretación, permitiéndoles tomar las mejores decisiones en
pro de garantizar los derechos de los ciudadanos.
Es por ello que cuando nos encontramos frente a un conflicto entre derechos, fines o
valores, es necesario ponderar estos derechos, fines o valores para medir su peso
específico y determinar en el caso concreto la norma constitucional que presenta una
mayor dimensión, no entendido esto como darle más validez a una que a otra, sino
darle una dimensión de peso mayor a una que a la otra para ver cuál debe predominar,
lo que le permite al juez establecer el derecho que debe ser protegido. Montealegre
Lynett afirma que “la ponderación es un modo de argumentación constitucional, por
medio del cual el juez resuelve una colisión entre valores, objetivos, intereses o
principios constitucionalmente protegidos” (2008, p. 137).
La Corte Constitucional ha usado la ponderación en innumerables “casos difíciles” para
argumentar sus decisiones, la ponderación ha sido entendida tras su aplicación como
un tipo de razonamiento pertinente a la hora de resolver estos casos y le ha dado al
juez un papel completamente dinámico, pues le ha permitido crear derecho, claro está,
entre los límites determinados en el marco normativo. Existen varias formas de
ponderar por parte del juez, entre ellas encontramos el test de razonabilidad y el test de
igualdad.
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TEST DE RAZONABILIDAD
Existen varios métodos utilizados para ponderar, con el fin de establecer si un trato
diferencial es constitucionalmente válido. En Colombia inicialmente en el desarrollo de
la jurisprudencia constitucional se utilizó el test de razonabilidad, de origen
norteamericano, con respecto al cual ha afirmado Dueñas Ruiz:
“Frente a la libertad de configuración de la norma por parte del legislador, debe
existir, por parte de los tribunales constitucionales que efectúan exámenes de
constitucionalidad, una comprobación de las razones constitucionales que
fundamentan la razón de ser de la norma. Esto quiere decir que la libertad para
legislar tiene su límite y para ello se habla del test de razonabilidad” (2009, p. 92).
El test de razonabilidad es utilizado como una herramienta para evaluar si las
decisiones tomadas por el juez son violatorias o no de los derechos fundamentales,
para Montealegre Lynett el test de razonabilidad consta de tres pasos:
1. “Análisis del objetivo que justifica la disposición sujeta a control. Durante este
primer paso la Corte examina dos aspectos: I. La identificación de la meta o
metas que la disposición busca materializar, responde a la pregunta ¿Cuál es la
finalidad perseguida por el legislador?, y II. Su valor constitucional, que responde
a la pregunta ¿Es la finalidad buscada constitucionalmente legítima?
2. Análisis de los medios a través de los cuales la disposición busca lograr la meta,
básicamente para determinar si tales medios están o no prohibidos prima facie,
responde a la pregunta ¿El medio empleado por el legislador está prohibido por
la Constitución?
3. Análisis de la relación entre los medios empleados y la meta que se busca, para
efectos de determinar si los medios son aptos para el logro del objetivo que
persigue la norma bajo revisión, responde a la pregunta ¿Es el medio empleado
por el legislador idóneo para alcanzar el fin buscado?” (2008, p. 149).
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En el primer paso a través del análisis de los hechos se identifica el fin perseguido, que
obedece a un trato diferencial, en el segundo paso se debe establecer la validez de los
medios indicados para conseguir el fin a la luz del texto constitucional y, en el tercer
paso se examina la razonabilidad del trato diferenciado, teniendo en cuenta que se
busca hallar la proporcionalidad como la relación que existe entre los medios y el fin
perseguido.
La Corte introduce la incorporación de grados de intensidad al test de razonabilidad
conservando las teorías norteamericana (test de razonabilidad) y europea (test de
proporcionalidad) con el fin de que se complementen y al momento de su aplicación se
dé mayor claridad en las razones que fundamentan una decisión. Estos niveles de
intensidad fueron definidos como leve, intermedio y estricto e implican que se debe
realizar un juicio constitucional diferente en cada caso. En el escrutinio leve, la norma o
el acto jurídico es declarado constitucional si el fin perseguido es legítimo, es decir, no
está constitucionalmente prohibido, y además el medio para conseguirlo sea adecuado,
así lo explica Rodriguez: “Las únicas exigencias que hace la Corte al legislador en este
nivel es que busque un fin legítimo y que lo haga a través de medios adecuados”
(1998, p. 281). De igual forma Dueñas Ruiz expone que “la aplicación ordinaria de un
test leve en el análisis de razonabilidad tiene como finalidad exigir que el legislador no
adopte decisiones arbitrarias y caprichosas sino fundadas en un mínimo de
racionabilidad” (2009, p. 43), este test ha sido utilizado en casos en los que se examina
la constitucionalidad de las normas en materia económica o tributaria.
En el escrutinio esctricto debe realizarse un examen riguroso frente al trato
diferenciado, ya que esta diferenciación esta basada en criterios sospechosos,
considerados potencialmente discriminatorios, la Corte ha señalado que ejemplos de
criterios sospechosos son el sexo, la raza y la religión, o los dados en situaciones en
las que la medida recae en personas en condiciones de debilidad manifiesta o grupos
marginados, para Rodriguez “cuando la diferenciación hecha por el legislador sea
sospechosa la Corte ejerce un control severo, según el cual la norma acusada es
constitucional solo si es indispensable para satisfacer un interes publico imperioso”
(1998, p. 282). Dueñas Ruiz afirma: “El fin de la medida debe ser legítimo e importante,
20
pero además imperioso. El medio escogido no debe ser sólo adecuado y efectivamente
conducente, sino además necesario; osea, que no pueda ser reemplazado por un
medio alternativo menos lesivo” (2009, p. 44).
El escrutinio intermedio se ha sido utilizado cuando se afectan derechos
constitucionales pero no fundamentales y cuando se presentan arbitrariedades que
afectan de manera grave la libre competencia, como lo indica Rodriguez se presenta
“en los casos en los que la diferenciación establecida por el legislador está basada en
criterios “sensibles” – aunque no “sospechosos” –” (1998, p. 282). Frente a los criterios
que debe cumplir Dueñas Ruiz considera: “Requiere no solo que el fín sea legítimo sino
constitucionalmente importante(…), y que el medio no solo sea adecuado, sino
efectivamente conducente a alcanzar el fin buscado por la norma sometida a control
judicial” (2009, p. 44).
De esta manera la Corte aplica de acuerdo al caso concreto el test en el nivel de
intensidad adecuado para poder establecer unos argumentos con contenido más
profundo y con mayor sentido.
TEST DE IGUALDAD
A partir del desarrollo presentado por la Corte Constitucional sobre la aplicación del test
de razonabilidad y teniendo en cuenta que en la Constitución de 1991 el derecho a la
igualdad es objeto de protección constitucional, se hizo necesario adoptar criterios que
permitieran evaluar las diferencias de trato o la violación a este derecho, criterios
desarrollados a partir de numerosos casos estudiados por la Corte, y que se conoce
como test de igualdad, lo que se puede evidenciar en desarrollos jurisprudenciales
posteriores que denominaron al principio de proporcionalidad test de igualdad, aplicable
a los casos en los que existe afectación al derecho a la igualdad, mientras que el test
de razonabilidad es aplicado en todos los casos en los que existe afectación de
derechos fundamentales en general. Al respecto se expone en la aclaración de voto a
la Sentencia C-408 de 2001, al referirse a los efectos jurídicos de una disposición legal:
21
“Para determinar cuándo estos efectos son compatibles con la Constitución y
cuándo son contrarios a ella es preciso acudir a criterios objetivos para evaluar
su razonabilidad desde la perspectiva constitucional. Tales criterios han sido
estructurados por la Corte Constitucional en un test de igualdad o, cuando están
en juego otros derechos, en un test de razonabilidad”.
La Corte Constitucional ha definido el test de igualdad en los siguientes términos en la
Sentencia C-015 de 2014:
“El test de igualdad, que se aplica en el juicio integrado de igualdad, en su
metodología busca analizar tres objetos: (i) el fin buscado por la medida, (ii) el
medio empleado y (iii) la relación entre el medio y el fin. Según su grado de
intensidad, este test puede tener tres grados: estricto, intermedio y leve”.
Por lo anterior es evidente que la metodología definida constituye la evolución del test
de razonabilidad, pues de igual manera se categoriza en grados de intensidad. La
Corte en esta misma sentencia fijó reglas y criterios para orientar el proceso de
identificación del test a aplicar en un caso concreto, criterios que corresponden con los
ya definidos para la identificación de los grados de intensidad del test de razonabilidad.
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
A partir de los desarrollos jurisprudenciales se ha establecido que el precedente
constitucional ha sido base de innumerables decisiones constitucionales, dando valor a
la labor de interpretación que se realiza al decidir los casos en controversia. Así lo
explica López Medina: “Un precedente ya adoptado tiene peso jurídico específico, esto
es, cuenta como argumento (aunque no decisivo) para decidir en el mismo sentido y
con los mismos argumentos el nuevo caso análogo que se le presenta al juez” (2015, p.
84).
En Colombia la Corte Constitucional ha establecido dos clases de precedentes teniendo
en cuenta la autoridad que profiere la decisión, el precedente horizontal que corresponde a
22
las sentencias emitidas por autoridades de la misma jerarquía y el precedente vertical que
corresponde a las sentencias emitidas por autoridades de superior jerarquía u órganos de
cierre. En este sentido, los jueces al resolver los casos deben tener en cuenta las
decisiones emitidas por los diferentes órganos judiciales. Para identificar que parte de las
sentencias constituyen precedente en la toma de decisiones judiciales, es decir, cuál es el
límite de los efectos vinculantes en una sentencia, la Corte ha utilizado los conceptos de
decisum, ratio decidendi, y obiter dicta, frente al decisum ha indicado que constituye la
resolución del caso, la respuesta al problema jurídico planteado, mientras que la obiter
dicta corresponde a las consideraciones generales y otras descripciones de la Corte o
llamados ‘dichos de paso’, que no tienen fuerza vinculante, la ratio decidendi en cambio
corresponde al estudio de las razones que argumentan la decisión y tienen poder
vinculante, ya que corresponden al fundamento normativo de la decisión. Respecto al
tema ha señalado Hoyos Duque:
“En los precedentes solo la ratio decidendi, no los obiter dicta o dichos al pasar,
resultan vinculantes para los jueces, quienes deben aplicarlos para solucionar los
casos futuros, a menos que puedan aducir suficientes razones para apartarse de
ellos y darle una solución diferente a la controversia planteada” (2013, p. 459).
2. EVOLUCIÓN DE LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL EN LAS SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA
2.1. PERIODO 1991 - 1995
A partir de la expedición de la Constitución Política en el año 1991 en las sentencias de
la Corte Constitucional se podía observar la aplicación de los métodos tradicionales de
interpretación, predominando los métodos literal e histórico.
En la Sentencia C-592 de 1993 se puede apreciar la aplicación del método literal frente
al estudio del caso, en la sentencia se solicitaba declarar una parte del artículo 374 del
Decreto-ley 2550 de 1988 inexequible, toda vez que era violatorio de los artículos 13 y
23
29 de la Constitución Política de Colombia, que establecen los derechos a la igualdad y
al debido proceso respectivamente:
“Artículo 374. Quién puede ser defensor. En los procesos penales militares el cargo
de defensor puede ser desempeñado por un abogado en ejercicio o por un oficial de
las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional en servicio activo”.
Al analizar la Corte la violación a los derechos citados en la parte subrayada del
artículo en primera instancia, teniendo en cuenta que la norma acusada pertenece a
una ley anterior a la nueva Constitución, se examinó la vigencia de la misma y su
adecuación a la luz de la Carta Constitucional de 1991. Paso seguido se realizó una
interpretación literal en relación al artículo 29 de la carta fundamental señalando:
“(…) En este sentido encuentra la Corte que el inciso tercero del artículo 29 de la
Constitución Nacional en forma precisa establece que "Quien sea sindicado tiene
derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento..."; al respecto, se considera que es
voluntad expresa del Constituyente de 1991, la de asegurar a todas las personas, en
el específico ámbito de los elementos que configuran el concepto de debido proceso
penal y de derecho de defensa también en el ámbito penal, el respeto pleno al
derecho constitucional fundamental a la defensa técnica y dicha voluntad
compromete, con carácter imperativo y general, al legislador, a la ley y a los jueces.
Esto significa, que dichas funciones de defensa del sindicado en las etapas de
investigación y juzgamiento no pueden ser adelantadas por una persona que no se
encuentre científica y técnicamente habilitada como profesional del derecho, so pena
de la configuración de una situación de anulabilidad de lo actuado en el estrado
judicial por razones constitucionales, o de inconstitucionalidad de la disposición legal
o reglamentaria que lo permita. Además, dicha defensa técnica comprende la
absoluta confianza del defendido o la presunción legal de la misma confianza en el
caso del reo ausente; en este sentido es claro que el legislador debe asegurar que
las labores del defensor sean técnicamente independientes y absolutamente
basadas en la idoneidad profesional y personal del defensor. (…)”
24
Concluyendo que no es posible habilitar para el ejercicio de la defensa a cualquier
persona diferente a un profesional del derecho para ejercer dicha labor, pues lo
dispuesto en la norma suprema instituye la garantía constitucional del derecho a la
defensa sin importar la jurisdicción, que bien es sabido en lo que atiende al caso se
estableció como jurisdicción penal militar según el artículo 221 de la Constitución,
consecuentemente al ejercer este derecho un oficial de las Fuerzas Militares o de la
Policía Nacional en servicio activo iría en desacuerdo con la noción de defensa técnica
instituida por el artículo 29 de la Carta y por ende sería violatorio de lo dispuesto
constitucionalmente, tal como lo explica la Corte:
“(…) el funcionario de las Fuerzas Militares se debe a una permanente relación
jerárquica, propia de las estructuras orgánicas de aquella naturaleza, y debe cumplir
como militar con la orden del superior; ésta lo exime de responsabilidad y, por tanto,
con la investidura que confiere el servicio activo puede reducir la autonomía, la
independencia y la capacidad de deliberación que reclama el carácter técnico de la
defensa que garantiza la Constitución. Así las cosas, es preciso asegurar la absoluta
independencia científica y técnica de la actividad del defensor, impidiendo la
confusión de cargos y funciones en esta materia”.
De lo que resuelve la Corte declarar inexequible la norma acusada, confirmando que la
defensa en los procesos penales debe ser adelantada por un profesional del derecho
de manera exclusiva.
2.2. PERIODO 1996 - 2000
En este periodo los métodos tradicionales de interpretación constitucional siguen
orientando las decisiones de la Corte con un enfoque más finalista y sistemático.
En la Sentencia C-569 de 2000 se realiza una interpretación sistemática de la norma,
en la sentencia se demanda el artículo 153 de la Ley 488 de 1998 por la cual se
expiden normas en materia Tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las
Entidades Territoriales, que indica:
25
“Artículo 153. Todo aumento de capital suscrito de las sociedades por acciones,
inscritas en el Registro Mercantil, está sometido al pago de impuestos de registro
que establece el artículo 226 de la Ley 223 de 1995"
El demandante indica que este artículo crea un nuevo tributo ampliando indebidamente
lo definido por la Ley 223 de 1995 para el impuesto de registro que indica "se predica
exclusivamente de la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos documentales
en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que, de conformidad con las
disposiciones legales, deban registrarse en las oficinas de registro de instrumentos
públicos o en las Cámaras de Comercio", por lo que vulnera el artículo 338 de la
Constitución Política que señala “La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar,
directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las
tarifas de los impuestos”, pues este nuevo gravamen es creado sin el cumplimiento de
los requisitos establecidos por la Norma Suprema.
La Corte Constitucional realiza una interpretación sistemática, pues considera que es
necesario integrar las diferentes normas que regulan el tema para dar solución al caso,
al respecto indica:
“Como se verá, la norma acusada, establece una consecuencia concreta en materia
tributaria, i.e. el pago de un impuesto, respecto de ciertos actos de las sociedades
anónimas. Para el efecto, hace remisión expresa a una ley preexistente que se
encarga de determinar todos los elementos de la carga impositiva, configurando, de
este modo, una situación en la que es necesaria la integración normativa”.
Del estudio la Corte concluye que la norma demandada no crea un nuevo impuesto,
sino que instituye un nuevo hecho generador del mismo, pues al revisar en conjunto
con la Ley 488 de 1998 que expide normas en materia tributaria, es consecuente que el
acto que decreta el aumento del capital suscrito de las sociedades por acciones deriva
una indiscutible consecuencia en materia tributaria, por lo que declara la exequibilidad
de la norma indicando:
“No es posible afirmar, entonces, que la norma acusada sea contraria a la
Constitución en los términos señalados por el actor, pues con ella no se crea un
26
nuevo impuesto; simplemente se subsume bajo la órbita de las normas que regulan
la aplicación de un gravamen ya existente –el registro-, un nuevo hecho gravable
constituido por el aumento del capital suscrito de las sociedades por acciones”.
Lo anterior no sin desconocer que se realizaban ya estudios sobre las técnicas de
interpretación constitucional frente a los conflictos encontrados al momento de
interpretar las normas. Por ejemplo en la Sentencia C-022 de 1996 se solicitaba
declarar la inexequibilidad del artículo 40, literal b, a excepción del parágrafo, de la Ley
48 de 1993 por considerar el demandante que esta norma viola los artículos 13, 43, 47
y 70 de la Constitución Política:
“Artículo 40-. Al término de la prestación del servicio militar. Todo colombiano que
haya prestado el servicio militar obligatorio, tendrá los siguientes derechos:
...
b. A los bachilleres que presten el servicio militar y aspiren a continuar estudios en
Centros de Educación Superior, el puntaje obtenido en las pruebas de Estado o su
asimilado realizado por el ICFES o entidad similar, se le sumará un número de
puntos equivalente al 10% de los que obtuvo en las mencionadas pruebas. El ICFES
expedirá la respectiva certificación”.
La Corte en su estudio considera el test de razonabilidad para evaluar el trato desigual
planteado por el demandante. En esa ocasión la Corte aplicó por primera vez con
mayor claridad el principio de proporcionalidad, de influencia alemana, en desarrollo
del test de razonabilidad, al respecto la Corte Constitucional, indicó:
“El concepto de proporcionalidad comprende tres conceptos parciales: la adecuación
de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la necesidad de la
utilización de esos medios para el logro del fin (esto es, que no exista otro medio que
pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los principios
constitucionales afectados por el uso de esos medios), y la proporcionalidad en
sentido estricto entre medios y fin, es decir, que el principio satisfecho por el logro de
este fin no sacrifique principios constitucionalmente más importantes”.
27
La Corte en su estudio considera que el trato desigual en sus palabras:
“(…) no satisface los requerimientos del concepto de proporcionalidad. En efecto, si
bien el privilegio otorgado en materia del puntaje en las pruebas del ICFES a los
bachilleres que prestan el servicio militar, es adecuado para estimular la prestación
de ese servicio y puede constituir una considerable compensación para quienes se
han incorporado a las Fuerzas Armadas, no es ni necesario para el logro de ese fin
ni proporcionado frente al sacrificio de los derechos y méritos académicos de los
demás candidatos a ingresar a un centro de educación superior”.
Este privilegio concedido no es necesario para el logro del fin perseguido porque
pueden utilizarse otro tipo de incentivos para estimular la prestación del servicio militar,
ya que las pruebas del ICFES tiene como fin medir la preparación académica del
estudiante que quiera continuar con su formación y la prestación del servicio militar no
tiene finalidades académicas. Igualmente, es evidente la desproporcionalidad
presentada si se sopesa el fin perseguido con los principios constitucionales
sacrificados por el trato desigual, siendo a la luz irrazonable este trato diferenciado para
el acceso a la educación superior, pues las personas que no presten el servicio militar y
que no están obligadas a ello se pueden ver desplazados por las que obtienen esta
prerrogativa, razones por las cuales la Corte declaro la inexequibilidad de la parte
demandada de la norma.
2.3. PERIODO 2001 - 2009
Durante este periodo se empezaron a consolidar interpretaciones basadas en las
técnicas de ponderación, aunque existían casos en los que la sola aplicación de los
métodos tradicionales bastaba para la solución del caso. Un ejemplo de ello lo
encontramos en la Sentencia C-415 de 2002 en donde la Corte Constitucional los
utilizó para dar solución al caso concreto. Específicamente en la sentencia haciendo
uso del ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad se demandó la expresión
“ante las mismas” del artículo 148 de la Ley 446 de 1998:
28
“(…) Los actos que dicten las superintendencias en uso de sus facultades
jurisdiccionales no tendrán acción o recurso alguno ante las autoridades judiciales.
Sin embargo, la decisión por la cual las entidades se declaren incompetentes y la del
fallo definitivo, serán apelables ante las mismas. (…)”
Siendo para el demandante inconstitucional que la misma superintendencia sea quien
debe resolver el recurso cuando la apelación tiene por objeto permitir que una persona,
jerárquicamente superior y distinta a la que tomó la decisión en primera instancia,
estudie ese dictamen.
En una primera aproximación para resolver el caso en estudio se aplicó la
interpretación literal sobre la expresión demandada, en términos de la Corte se
concluía que “la expresión "ante las mismas" reemplaza al sujeto ‘superintendencias’” y
no al sujeto “autoridades judiciales”, pero que al analizar todo el conjunto de la
disposición, se podía apreciar que la expresión "sin embargo", dispuesta por el
legislador antes del aparte analizado, cambia radicalmente el significado de la regla,
denotando una oposición parcial a lo que ha sido expresado, una excepción. La Corte
deduce que este tipo de interpretación conducía a dos respuestas posibles y
razonables, con lo cual este criterio de interpretación no permitía determinar claramente
a qué se refería el aparte acusado, por lo tanto se hizo necesario utilizar otros métodos
de interpretación, para lograr una apertura de sentido clara y coherente de la
disposición demandada.
La interpretación teleológica aplicada posteriormente implica que la apelación debe
surtirse ante las superintendencias, debido a los fines de descongestión que emanan
de la ley 446 de 1998, pero como no es posible realizar esta interpretación sin
apartarse de los objetivos dispuestos en la Constitución que garantizan el acceso a la
administración de justicia a través de la rama judicial , la Corte indica del análisis que “a
menos que explícita y claramente el legislador no lo exprese, las facultades
jurisdiccionales deben ser ejercidas por la rama judicial”, por lo que nuevamente el
resultado de la interpretación no da claridad para resolver el caso concreto.
En cuanto a la interpretación sistemática teniendo en cuenta que se realiza como parte
de un todo, cuyo alcance debe fijarse en función del sistema jurídico al que pertenece
29
la norma, se denota claramente en palabras de la Corte que “consiste en entender que
la apelación de ciertos actos jurisdiccionales de las superintendencias, de los cuales
habla la norma acusada, deben hacerse ante las autoridades judiciales”, siendo acorde
con lo señalado en la Carta Magna y asegurando el cumplimiento del principio de la
doble instancia. A partir de esta interpretación la Corte realiza un análisis de
constitucionalidad para garantizar los derechos a la igualdad y al debido proceso,
señalados como vulnerados en la demanda, concluyendo la exequibilidad del artículo
parcialmente acusado, bajo el entendido que “el recurso de apelación contra la decisión
en la cual se declara incompetente, o el fallo definitivo que dicten las superintendencias
en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, debe surtirse ante las autoridades
judiciales”, comprendidas estas como aquellas a las que pertenece el superior
jerárquico de la autoridad judicial que tuvo originalmente la competencia para tramitar
el asunto objeto de debate.
En este caso concreto con la aplicación de los métodos tradicionales de interpretación
fue posible hallar la solución más adecuada pero no siempre es así, existen fallos en
los que es necesario acudir a criterios interpretativos adicionales para garantizar
decisiones más justas.
Paralelamente con la base establecida sobre el test de razonabilidad en el periodo
anterior, en Colombia siguiendo por la línea de la integración de las corrientes
norteamericana y europea, la Corte Constitucional introdujo el juicio integrado de
igualdad en la Sentencia C-093 de 2001. En esta ocasión se demandó un aparte del
artículo 89 del Decreto 2737 de 1989, por el cual se expide el Código del Menor por
considerar que era violatorio del artículo 13 de la Constitución, ya que impedía a las
personas que a los 18 años podían contraer matrimonio adoptar siendo entendida la
procreación como uno de los fines del matrimonio:
“Artículo 89. -Podrá adoptar quien, siendo capaz, haya cumplido 25 años de
edad, tenga al menos 15 años más que el adoptable y garantice idoneidad física,
mental, moral y social suficiente para suministrar ho[CC1]gar adecuado y estable
a un menor. Estas mismas calidades se exigirán a quienes adopten
conjuntamente”.
30
Inicialmente analizó el test de proporcionalidad, desarrollado por los tribunales
constitucionales de España y Alemania, y ya aplicado en diferentes casos en nuestra
legislación indicando, al respecto:
“Así, el juez estudia (i) si la medida es o no “adecuada”, esto es, si ella
constituye un medio idóneo para alcanzar un fin constitucionalmente válido;
luego (ii) examina si el trato diferente es o no “necesario” o “indispensable”, para
lo cual debe el funcionario analizar si existe o no otra medida que sea menos
onerosa, en términos del sacrificio de un derecho o un valor constitucional, y que
tenga la virtud de alcanzar con la misma eficacia el fin propuesto. Y, (iii)
finalmente el juez realiza un análisis de “proporcionalidad en estricto sentido”
para determinar si el trato desigual no sacrifica valores y principios
constitucionales que tengan mayor relevancia que los alcanzados con la medida
diferencial”.
De este análisis se evidencia que la edad señalada para la adopción podría ser
adecuada si se tiene en cuanta la estabilidad emocional y económica que se puede
tener a esa edad y que beneficiaría al menor en comparación con las personas que a
los 18 años quisieran tomar en adopción un menor, por lo que procede la Corte a
analizar los distintos niveles de intensidad aplicados por la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Estados Unidos al test de igualdad exponiendo:
“Así, cuando el test es estricto, el trato diferente debe constituir una medida
necesaria para alcanzar un objetivo constitucionalmente imperioso, mientras
que si el test es flexible o de mera razonabilidad, basta con que la medida sea
potencialmente adecuada para alcanzar un propósito que no esté prohibido por
el ordenamiento”.
Del análisis concluyó que los dos enfoques utilizados por las Cortes Europeas y
norteamericanas eran complementarios, porque su fin último consistía en establecer si
un trato diferenciado tenía un fundamento razonable, lo cual se evidenciaba en
diferentes sentencias dictadas por la Corte, que en ocasiones usaban el juicio de
proporcionalidad y en otras la metodología de los niveles de intensidad para estudiar y
31
resolver los problemas que afectaban el derecho a la igualdad. La Corte en aquella
ocasión señaló:
“La complementariedad entre el juicio de proporcionalidad y los tests de
igualdad, así como sus fortalezas y debilidades relativas, han llevado a la
doctrina, con criterios que esta Corte prohija, a señalar la conveniencia de
adoptar un “juicio integrado” de igualdad, que aproveche lo mejor de las dos
metodologías. Así, este juicio o test integrado intentaría utilizar las ventajas
analíticas de la prueba de proporcionalidad, por lo cual llevaría a cabo los
distintos pasos propuestos por ese tipo de examen: adecuación,
indispensabilidad y proporcionalidad stricto senso. Sin embargo, y a diferencia
del análisis de proporcionalidad europeo, la práctica constitucional indica que no
es apropiado que el escrutinio judicial sea adelantado con el mismo rigor en
todos los casos, por lo cual, según la naturaleza de la regulación estudiada,
conviene que la Corte proceda a graduar en intensidad cada uno de los distintos
pasos del juicio de proporcionalidad, retomando así las ventajas de los tests
estadounidenses”.
Posterior a este análisis la Corte adelantó un juicio flexible de igualdad señalando que
el fin perseguido era legítimo toda vez que con el establecimiento de la edad mínima
para adoptar se garantizaba al menor las mejores condiciones para su formación
integral, en cuanto a la idoneidad de la medida analizó conceptos dados en el tema por
expertos concluyendo:
“(i) La edad de una persona constituye un factor relevante para garantizar la
adecuada relación paterno filial; (ii) no es aconsejable que una persona muy
joven adopte a un menor por cuanto las posibilidades de realización, tanto del
hijo adoptivo como de la pareja, resultan disminuidas; (iii) fijar una edad mínima
de 25 años para adoptar, asegura mejores condiciones y una mayor madurez
para la paternidad y a su vez minimiza los riesgos de inestabilidad para la nueva
familia”.
Por lo que consideró la medida idónea para alcanzar el fin propuesto, de igual forma al
estudiar la proporcionalidad en estricto sentido que las ventajas que se generaban a
32
raíz del trato diferenciado eran mayores que los perjuicios eventuales pues la
posibilidad de adoptar no se niega de manera definitiva sino que se limita de manera
temporal, por lo que se declara la exequibilidad del aparte demandado toda vez que es
acorde con los preceptos constitucionales.
De esta manera en desarrollos jurisprudenciales posteriores se consolida el juicio
integrado de igualdad, la Corte en la Sentencia T-301 de 2004 expone:
“A fin de determinar si el trato discriminatorio vulnera el derecho fundamental a la
igualdad, la Corte ha elaborado un modelo de análisis que integra el juicio de
proporcionalidad y el test de igualdad. El operador jurídico debe, entonces,
estudiar si la medida (i) es adecuada, en tanto persiga la obtención de un fin
constitucionalmente válido; (ii) si es necesaria, en tanto no exista otra forma de
obtener el mismo resultado con un sacrifico menor de principios constitucionales
y que tenga la virtud de alcanzar el fin propuesto. En último lugar, el juez lleva a
cabo (iii) un examen de proporcionalidad en estricto sentido, en el cual determina
si el trato diferenciado no sacrifica valores constitucionales más relevantes que
los resguardados con la medida atacada.
Teniendo en consideración la necesidad de fundamentar analíticamente el
estudio de proporcionalidad con los tres pasos arriba mencionados, resulta
conveniente también determinar el grado de rigor con que debe ser aplicado el
examen, de conformidad con el carácter de la disposición legal o decisión
administrativa atacadas. Así, en determinados casos el juicio de
proporcionalidad será flexible, en tanto bastaría que la medida atacada sea
potencialmente eficaz para alcanzar el fin propuesto; en otros se realiza un
análisis intermedio, en torno a si la medida resulta razonablemente adecuada
para alcanzar el fin constitucional señalado. Por último, el escrutinio a realizar
debe ser estricto cuando la medida sea indispensable para alcanzar un fin
constitucionalmente importante”.
33
Lo anterior ha sido de suma importancia en la interpretación constitucional para lograr
en mayor medida la no afectación del derecho a la igualdad y por consiguiente la
realización de los principios superiores, pues el objetivo de la aplicación del test de
igualdad es determinar si la afectación dada al derecho a la igualdad en un caso
concreto es válida desde el punto de vista constitucional, es decir, si al aplicar el test se
cumplen con todos los requisitos establecidos en él, no habrá vulneración al derecho a
la igualdad.
2.3. PERIODO 2010 - 2017
De igual forma en este periodo además del uso de los test de razonabilidad e igualdad
en los análisis de las sentencias de la Corte, se empezó a consolidar el uso del
precedente para soportar las decisiones en casos análogos. La Corte Constitucional ha
establecido la definición de precedente en la Sentencia T-309 de 2015, de la siguiente
manera:
“Por precedente se ha entendido, por regla general, aquella sentencia o conjunto de
sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en
materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio
decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para
solucionar el nuevo caso. La anterior noción, se ha adoptado en sentencias como la
T-794 de 2011 en la que la Corte indicó los siguientes criterios a tener en cuenta para
identificar el precedente:
“(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una
regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un
problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los
hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean
un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente”.”
La Corte Constitucional, ha señalado que el precedente no solamente cumple la función
de orientar al operador judicial en la solución de nuevos casos, sino que además es
34
obligatorio, para lo cual en la Sentencia T-830 de 2012 expone las siguientes razones con
el fin de justificar la vinculatoriedad del precedente constitucional:
“La primera razón de la obligatoriedad del precedente se relaciona con el artículo 230
superior. De acuerdo con este precepto de la Constitución Política, los jueces en sus
providencias sólo están sometidos al imperio de la ley, en ese orden, tienen una
autonomía interpretativa e independencia para fallar, pero deben hacerlo dentro de
los parámetros que les presenta la ley. Particularmente, el concepto de “ley” ha sido
interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley
no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además comprende todas las
fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la Constitución como
norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos
de cierre de cada jurisdicción.
La segunda razón se desprende de los principios de igualdad, debido proceso y
buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal garantizar la
confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de seguridad
jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación
de la ley y por otras prescripciones constitucionales. En palabras de la Corte
Constitucional:
“La fuerza vinculante del precedente en el ordenamiento jurídico colombiano, se
explica entonces, al menos, por cuatro razones principales: (i) en virtud del principio de
igualdad en la aplicación de la ley (artículo 13 C.P.), que exige tratar de manera igual
situaciones sustancialmente iguales; (ii) por razones de seguridad jurídica, ya que las
decisiones judiciales debe ser “razonablemente previsibles”; (iii) en atención a los
principios de buena fe y de confianza legítima (artículo 84 C.P.), que demandan
respetar las expectativas generadas por las reglas judiciales en la comunidad; y
finalmente, (iv) por razones de rigor judicial, en la medida en que es necesario un
mínimo de coherencia en el sistema jurídico”.
35
La tercera razón es que la respuesta del precedente es la solución más razonable
que existe hasta ese momento al problema jurídico que se presenta, y en esa
medida, si un juez, ante circunstancias similares, decide apartarse debe tener unas
mejores y más razonables razones que las que hasta ahora han formado la solución
para el mismo problema jurídico o similares. En ese orden la doctrina ha establecido
como precedente: “tratar las decisiones previas como enunciados autoritativos del
derecho que funcionan como buenas razones para decisiones
subsecuentes” y “exigir de tribunales específicos que consideren ciertas decisiones
previas, sobre todo las de las altas Cortes, como una razón vinculante”.”
Los jueces deben tomar sus decisiones con base en los casos ya resueltos,
identificando la doctrina del precedente vigente, no como criterio simplemente
orientador, sino con la obligatoriedad de que los jueces en sus decisiones respeten
tanto el precedente horizontal como el precedente vertical.
Frente a la vinculatoriedad del precedente la Corte en la Sentencia T-656 de 2011 ,
2011 resuelve un caso frente al cual un ciudadano instaura acción de tutela en contra
del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, solicitando la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, por incurrir en el
desconocimiento del precedente constitucional como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales. El ciudadano en mención fue nombrado
en un cargo de provisionalidad en la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de
Investigaciones -CTI- de la Fiscalía General de la Nación y, posteriormente le fue
comunicado mediante resolución no motivada que el cargo que ocupaba había sido
declarado insubsistente por lo que interpuso acción de nulidad y restablecimiento del
derecho argumentando la no motivación del acto, demanda resuelta a su favor,
decisión ante la cual la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación
que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D revocando la decisión de primera instancia argumentando que para los
cargos desempeñados bajo el carácter de provisionalidad la motivación no era
necesaria.
36
La Corte en el análisis del caso encuentra que efectivamente se produce
desconocimiento del precedente constitucional en sus palabras indica:
“(…) se desatiende abiertamente la ratio decidendi de un precedente sólido,
reiterado y uniforme, que ha venido delineando esta Corporación desde hace más de
12 años. Por ende, la decisión adoptada en el curso del proceso ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo resulta violatoria de los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso efectivo a la justicia del peticionario y, en esa medida, la
acción de tutela es procedente para asegurar su protección efectiva”.
Por lo que revoca las sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y confirma la decisión proferida por el
Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, que
conoció en primera instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
la que se ordenó el reintegro del accionante a su cargo y el pago de los salarios y
prestaciones dejados de percibir desde el momento de su desvinculación hasta el
momento de su efectivo reintegro.
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CONCLUSIONES
Para hablar de interpretación constitucional es necesario entender que la aplicación del
derecho en nuestro ordenamiento jurídico está sujeta a la norma suprema, la
Constitución es el límite y ninguna interpretación puede contrariar sus preceptos.
Adicionalmente se debe comprender que el texto constitucional no solamente tiene
normas fácilmente identificables como reglas, sino que está compuesto de normas que
reconocen valores, principios y derechos fundamentales, que hacen complejo el
ejercicio de la interpretación porque presentan tensiones al momento de realizarlo, de
lo que surgen los llamados “casos difíciles”. Para Dworkin: “En los casos difíciles los
principios desempeñan un papel esencial en los argumentos que fundamentan juicios
referentes a determinados derechos y obligaciones jurídicas” (2009, p. 80). Para este
autor existen normas en el texto constitucional que representan principios que se
diferencian de las reglas porque tienen una dimensión de peso que debe ser tenida en
cuenta para la argumentación de las decisiones en las que se presenta colisión entre
principios, Dworkin habla de la teoria del balanceo como método que debe el juez tener
en cuenta para validar el peso de los principios con el finde realizar un ejercicio mas
profundo de los derechos en conflicto con miras a proteger el derecho que como
resultado del ejercicio obtenga mayor importancia en un caso particular y que le
permita motivar sus decisiones con un amplio análisis argumentativo. El ejercicio de
interpretación no es único para cada caso, debe ser razonable y acorde con el resto del
ordenamiento jurídico para que las decisines sean en terminos de Dworkin justas para
todos y no buenas para algunos.
A partir de la Constitución de 1991 se puede ver con más claridad los ejercicios
realizados por la Corte en desarrollo de la interpretación constitucional, ya que es a ella
a quien se le ha encargado la guarda y supremacía de la carta fundamental, es
precisamente este órgano quien nos puede mostrar a través de innumerables
sentencias la evolución que ha tenido la interpretación constitucional en nuestro país.
En los primeros años de la implementación de la nueva Constitución la Corte resolvió
los casos basada en los métodos tradicionales de interpretación constitucional, en el
estudio de constitucionalidad que realizaba de las normas se podía observar un
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predominio de los métodos literal e histórico al realizar sus consideraciones en las
sentencias, pues en muchos casos solo bastaba con la interpretación gramatical del
texto o en su defecto con buscar los antecedentes de creación de la norma suprema.
Posteriormente el predominio en la interpretación constitucional se centraba en
interpretaciones finalistas y sistémicas, ya que era necesario identificar en algunos
casos el propósito que la norma protege y en otros se debía analizar la norma en
conjunto con todo el sistema jurídico al que pertenece. En muchas sentencias la Corte
aplicaba uno a uno los métodos tradicionales de interpretación constitucional para
finalmente elegir la interpretación más completa que no daba lugar a dudas en la
decisión tomada.
Lo anterior no sin desconocer la presencia de colisiones entre principios en los
diferentes casos que necesitaban de análisis con contenido más profundo, lo que
generó la necesidad de recurrir a métodos diferentes a los tradicionalmente conocidos
para el ejercicio de la interpretación constitucional, razón por la cual la Corte
Constitucional empezó a utilizar diferentes técnicas de interpretación para justificar las
decisiones, bajo el entendido de la adecuada constitucionalidad del caso en estudio y
como consecuencia de la primacía de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
De esta manera basada en la supremacía constitucional y en los principios que
permiten orientar la interpretación constitucional, la Corte introdujo en el análisis de los
casos y por consiguiente en el fundamento de sus decisiones, criterios de ponderación
para solucionar conflictos surgidos frente a intereses contrapuestos, dentro de los
cuales encontramos el test de razonabilidad y de igualdad, además de la
vinculatoriedad del precedente constitucional.
En sus inicios la Corte instauró en el análisis de los problemas jurídicos que
establecían tratos diferenciados el test de razonabilidad, con el objetivo de validar si el
trato diferenciado era violatorio de lo dispuesto en las normas constitucionales, pues en
este tipo de decisiones se requiere que las razones que fundamentan una decisión
guarden una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin
perseguido, ya que el logro del fin no puede sacrificar otros principios considerados de
mayor importancia constitucionalmente.
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Posteriormente con el fin de complementar diferentes doctrinas establecidas se
introdujo el juicio de igualdad, que ha venido desarrollándose a través de la
jurisprudencia constitucional y ha ido emergiendo como método de utilización necesario
en el examen constitucional de las disposiciones legales, pues constituye una
herramienta metodológica apropiada para establecer el alcance y realización del
principio de igualdad en cada caso concreto.
Estas técnicas o mecanismos de interpretación constitucional han sido implementados
por la Corte Constitucional, en desarrollo de la competencia otorgada para interpretar la
Constitución, dejando de manifiesto la fuerza vinculante que adquieren las decisiones
tomadas como resultado del ejercicio de interpretación realizado. Así mismo se puede
observar que el estudio de diferentes casos y la aplicación de los métodos de
ponderación en ellos, llevaron a que las decisiones tomadas por la Corte sentaran
jurisprudencia, como máximo órgano encargado de la guarda de la integridad y
supremacía de la Constitución y con el fin de orientar a los demás operadores judiciales
en su labor de interpretación se estableció la vinculatoriedad del precedente. La
obligatoriedad que tienen los jueces de tomar sus decisiones respetando lo resuelto en
fallos anteriores, es evidente, de acuerdo a lo establecido en el precedente, se debe
estudiar lo dispuesto en las ratio decidendi de las sentencias previas al caso por
resolver, pues no todo el texto de las sentencias es vinculante; siempre y cuando los
hechos y el problema jurídico en general conserven una semejanza o presenten
analogía, pues de esta manera se garantiza la confianza en las decisiones judiciales.
Es indudable que no es posible apartarse del precedente constitucional para resolver
casos análogos, pues esto permite entender con mayor claridad el conflicto y garantiza
que las decisiones sean más eficaces y acordes a lo dictado por la Constitución, lo que
no necesariamente implica que no puedan haber cambios en las decisiones, si bien,
son fundamentados de manera razonable y suficiente, en pro de dar una mayor
protección a los derechos fundamentales de los ciudadanos y en desarrollo del
principio de independencia judicial.
A través de este estudio es evidente como la Corte Constitucional con los diferentes
fallos emitidos, que sin duda alguna han logrado la protección de los derechos de los
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colombianos, ha contribuido a la ampliación de las garantías de los grupos vulnerables
y de los ciudadanos en general, pues se ha establecido a partir de sus decisiones
respeto al principio de igualdad, ya que con su interpretación garantiza la aplicación de
derechos sin modificar el texto constitucional y, por supuesto sin dejar de lado la
función primordial encomendada de guarda y supremacía de la norma suprema. Bajo
esta perspectiva, los fundamentos de las decisiones tomadas como consecuencia de la
aplicación de los mecanismos y técnicas de interpretación constitucional, han otorgado
certeza a las decisiones, pues han sido coherentes con lo dispuesto por el
ordenamiento jurídico, garantizando como ya lo hemos enunciado la protección de los
derechos fundamentales y por ende los principios de seguridad jurídica, igualdad,
buena fe y confianza legítima, que deben primar en la solución de los casos.
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