La construcción del régimen liberal en España. El reinado de Isabel II (1833-1868)
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Historia de España 2º BACHILLERATO Prof. Antonio Parada Moreno Ud. La construcción del Estado liberal
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Historia de España
2º BACHILLERATO
Prof. Antonio Parada Moreno
Ud. La construcción del Estado liberal
HISTORIA DE ESPAÑA Ud. La construcción del Estado liberal (1833-1868)
2º BACHILLERATO Página 2
1. INTRODUCCIÓN
El 1833 moría Fernando VII. Le sucedía su hija Isabel con tan solo tres años de
edad. Durante su reinado (1833-1868) se consolidó en España el sistema político
liberal y se configuraron dos partidos clave en el siglo XIX: el partido moderado y
el partido progresista.
Durante la minoría de edad de la reina, el poder recayó en dos regentes: primero
su madre, la reina madre Mª Cristina (1833-1840), y después el general Espartero
(1840-1843).
2. LAS REGENCIAS Y EL PROBLEMA CARLISTA (1833-1843)
La regencia de María Cristina (1833-1840)
En 1833, María Cristina se enfrentó a un doble reto:
Conservar las prerrogativas del poder absoluto frente al liberalismo
Defender los derechos sucesorios de Isabel frente a dos Carlos.
La guerra civil entre isabelinos o cristinos (partidarios de Isabel y de la regente) y
carlistas (partidarios de don Carlos), frustró la primera aspiración y obligó a una
apertura política que modificó sustancialmente el sistema político heredado con
el fin de obtener el apoyo de los liberales ya que los sectores ultrarrealistas se
agruparon en torno a don Carlos. Era el inicio de las llamadas guerras carlistas, de
las que hablaremos más adelante.
El régimen del Estatuto Real (1834-1836) y la promulgación de la Constitución de
1837.
En un primer momento, la Corona buscó apoyos entre los partidarios de realizar
pequeñas reformas que no cuestionasen los fundamentos del absolutismo. Los
carlistas no se avinieron a un entendimiento con María Cristina, lo que provocó la
división y ruptura en el seno de los absolutistas:
Un sector, el más intransigente, siguió apoyando a don Carlos.
Otro sector, algo más moderado, se decantó hacia la necesaria reforma
política, pactada y controlada por la Corona. Este grupo buscó la
colaboración con los sectores más moderados del liberalismo.
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IDEOLOGÍA DE MODERADOS Y PROGRESISTAS
MODERADOS PROGRESISTAS
Derechos
individuales
Reconocen derechos individuales pero cuando legislas tienden a restringir su ejercicio
Reconocen derechos individuales y también colectivos
Tipo de soberanía Compartida entre el Rey y las Cortes
Nacional
Sufragio
Censitario (muy limitado) Censitario (ampliado) Universal (en el caso de los demócratas)
Ejercicio del poder
Preeminencia de los poderes de la administración central del Estado
Mayor autonomía a los poderes locales y regionales.
Ejército El Ejército y la Guardia Civil, únicos cuerpos armados
Existencia de la Milicia nacional
Reformas
Reformas restringidas; respeto a algunos derechos de los privilegiados. Freno a la desamortización
Reformas profundas de orden económico, social, político,… Impulsan la desamortización
Relaciones con la Iglesia católica
Estado confesional sin libertad de cultos
Estado confesional con libertad de cultos. Separación Iglesia-Estado (en el caso de los demócratas)
Esta colaboración se plasmó en la promulgación del Estatuto Real de 1834 y en el
nombramiento de un liberal, Martínez de la Rosa, como presidente del consejo
de ministros. El Estatuto Real no era una constitución sino un conjunto de
concesiones de la Corona hacia sus súbditos. El Estatuto Real establecía:
Unas Cortes de carácter consultivo, sin iniciativa legislativa, divididas en
dos cámaras:
o Estamento de Próceres, integrado por los grandes de España
con carácter hereditario y por los miembros designados por la
Corona con carácter vitalicio. Estos últimos incluían a los títulos
de Castilla, los altos cargos de la Iglesia, los propietarios más
ricos, industriales y altas personalidades de la administración,
las ciencias y las letras.
o Estamento de Procuradores. Tenía carácter electivo si bien sus
miembros debían acreditar una renta anual de 12.000 reales. El
sistema de elección era indirecto y censitario: concedía el voto
a poco más de 16.000 personas, en torno al 0,15% de la
población.
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La finalidad de la promulgación del Estatuto Real era agrupar en torno a la
defensa de Isabel II a los sectores socioeconómicos más pudientes y dinámicos
del país a cambio de un conjunto de reformas graduales puestas en marcha a
iniciativa de la Corona.
Entre las reformas acordadas por los liberales y la Corona destacaban la
reorganización de la Milicia, ayuntamientos y diputaciones, la supresión de
ciertos gravámenes señoriales y la concesión de una carta de derechos políticos.
Pero la negativa de la Corona a aprobar las peticiones, la guerra civil (carlista) y la
desastrosa situación económica provocaron, ya en 1835, sublevaciones urbanas,
que exigían una ampliación de las libertades políticas y del sufragio, libertad de
prensa, reorganización de la Milicia Nacional, extinción del clero regular y nueva
leva de 200.000 hombres para hacer frente a la guerra carlista.
Dada la especial gravedad de la situación María Cristina, en septiembre de 1835,
llamó a formar gobierno a un liberal progresista: Juan Álvarez Mendizábal. Éste,
rápidamente, inició la reforma del Estatuto Real y tomó medidas para organizar y
armar un ejército contra el carlismo. Pero cuando decretó la desamortización de
los bienes del clero (1836), los privilegiados apremiaron a María Cristina para que
lo destituyese. Ese mismo año, una revuelta contra la regente, organizada por
suboficiales del ejército (motín del Palacio de La Granja), obligó a María Cristina a
aceptar la puesta en vigor de la Constitución de 1812. No obstante,
inmediatamente, se redactó una nueva carta magna (Constitución de 1837). Se
trataba de una adaptación del texto constitucional de 1812; la hacía más
moderada y la adaptaba a los nuevos tiempos (reforzamiento del poder de la
Corona, constitución de unas Cortes bicamerales –Senado y Congreso de los
Diputados-,…).
En este marco constitucional se pudieron promulgar algunas leyes progresistas:
La supresión de pagar diezmos a la Iglesia.
La supresión de los gremios. Aprobación de la libertad de comercio e
industria, así como de precios y almacenamiento.
Abolición de los privilegios de la Mesta.
Restablecimiento de las leyes municipales derivadas de la Constitución
de 1812 y que democratizaban la vida local al permitir que los
ayuntamientos fuesen elegidos por sufragio universal indirecto entre
todos los vecinos mayores de 25 años.
De especial importancia pues su vigencia todavía perdura, con ligerísimas
modificaciones, es la reorganización territorial del ministro Javier de Burgos.
Configuró una nueva división territorial en provincias (1833), tomando como base
la antigua división en reinos de España.
Y es que en el corto periodo de tiempo que transcurrió entre agosto de 1836 y
finales de 1837, los progresistas se comprometieron en la tarea de desmantelar
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las instituciones del Antiguo Régimen. Entre las actuaciones enumeradas,
sobresale la llamada reforma agraria liberal que consagraba los principios de la
propiedad privada y la libre disposición de la tierra. Se materializó a través de tres
grandes actuaciones:
La disolución del régimen señorial. Implicaba la pérdida de atribuciones
jurisdiccionales de los señores aunque mantuviesen la propiedad de la
tierra que los campesinos no podían acreditar como suyas. Muchos
campesinos pasaron de la condición de arrendatarios a la de jornaleros.
La desvinculación (supresión de mayorazgos y fideicomisos) que significó
el fin de los patrimonios unidos a perpetuidad a una familia o institución,
y sus propietarios quedaron libres de poder venderlos sin trabas en el
mercado.
La desamortización o venta de bienes eclesiásticos y de los
ayuntamientos que fueron puestos a la venta en subasta pública a la que
podían acceder todos los particulares interesados en su compra. Las
tierras podían adquirirse mediante su compra en metálico o a cambio de
títulos de deuda pública.
La guerra civil carlista). La primera guerra carlista (1833-1839)
A partir de 1834, la insurrección carlista que había estallado a la muerte de
Fernando VII se convirtió en una guerra civil abierta. Los apoyos más sólidos del
carlismo estaban en el País Vasco y Navarra, y en menor medida en Cataluña,
Valencia y algunos focos aislados de las dos Castillas.
El carlismo se caracterizó por:
La defensa de la legitimidad de don Carlos María Isidro.
Su antiliberalismo. Negaba el principio de la soberanía nacional y se
definía así mismo con el lema “Dios, patria y rey”. Defendía, además, el
sistema foral frente a la centralización por la que apostaba el
liberalismo.
Su defensa de la preeminencia de la Iglesia Católica en la vida social y
política española.
Socialmente era un movimiento heterogéneo en tanto que:
o Sus grupos dirigentes provenían de la Iglesia y la pequeña
nobleza local que hábilmente habían combinado la propiedad
de la tierra y el monopolio del poder local con situaciones de
privilegio.
o Era respaldado por amplios sectores del artesanado y
campesinado, adoptando con frecuencia una actitud de
protesta popular y campesina dada sus duras condiciones de
vida: había pequeños propietarios empobrecidos y artesanos
arruinados que desconfiaban de las reformas del liberalismo
En todo caso, los primeros apoyaban la causa de Don Carlos, convencidos de que
el liberalismo impondría nuevas formas de jerarquía social que podían erosionar
los fundamentos tradicionales de su poder (privilegios, control de ayuntamientos,
vinculación,…). Los segundos porque fue su forma de protestar ante los cambios
que el liberalismo imponía en sus tradicionales formas de vida.
Frente a los carlistas se situaban los isabelinos o cristinos. El bando isabelino se
caracterizó por:
La defensa de la legitimidad de Isabel I.
El apoyo social de una parte de la alta nobleza, del funcionariado y de la
jerarquía eclesiástica.
El progresivo apoyo de los liberales, que veían en la causa de Isabel, la
garantía de la progresiva aplicación de su proyecto político.
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En esta primera guerra, el ejército carlista, bajo el mando del general
Zumalacárregui, consiguió espectaculares victorias. Pero, a pesar de ello, el
carlismo nunca logró generalizar el conflicto más allá de las zonas en las que tenía
fuertes apoyos sociales. Su inferioridad numérica y armamentística fue evidente
desde el comienzo del conflicto. Si la guerra se extendió en el tiempo fue por las
vacilaciones de la regente, las divisiones en el seno del ejército y de la
administración y las condiciones impuestas por la guerra de guerrillas.
A partir de 1837 la evolución de la guerra fue favorable al ejército isabelino. El
Convenio de Vergara, firmado por el general isabelino Baldomero Espartero y del
general carlista Rafael Maroto en 1839 puso fin a la guerra. En el convenio se
acordaba el mantenimiento de los fueros vascos y el reconocimiento de los
empleos y grados del ejército carlista, que, aunque pactado, no fue cumplido.
El carlismo no desapareció. Fue un fenómeno de larga duración que pervivió a lo
largo del siglo XIX y, aunque sustancialmente transformado, existió hasta finales
del siglo XX.
El final de la regencia de María Cristina
Al acabar la guerra carlista, los liberales moderados iniciaron una ofensiva política
para ralentizar y detener las reformas emprendidas. Para ello contaron con el
apoyo de la regente.
La ofensiva moderada trató de recuperar el control de los ayuntamientos a través
de una nueva ley, propuso restablecer el diezmo, depurar la Milicia y redactar
nuevas leyes de imprenta y electoral
Una insurrección ciudadana, progresista y radical en verano de 1840 forzaba la
renuncia a la regencia de María Cristina. El general Espartero, héroe popular,
progresista y considerado como el artífice de la derrota sobre el carlismo, asumía
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provisionalmente la regencia hasta que le fue confirmada por las Cortes en mayo
de 1841.
La regencia del general Espartero (1840-1843)
Su regencia estuvo marcada por una serie de conflictos políticos diversos que
acabaron aislando políticamente a Espartero, ya que se enfrentó sucesivamente
con los moderados, con un sector de los progresistas y con el liberalismo radical.
Espartero convocó elecciones que dieron la mayoría parlamentaria a los
progresistas. Pero durante su regencia actuó con un marcado y creciente
autoritarismo: fue incapaz de gobernar con las Cortes lo que propició su
aislamiento y la pérdida de la popularidad que le encumbró al poder. Defraudaba,
así, las expectativas del liberalismo que le había ayudado a acceder al poder.
Una de sus actuaciones más controvertidas fue el bombardeo de Barcelona desde
Monjuïc como consecuencia del levantamiento popular que tuvo lugar en la
ciudad como respuesta a la aprobación por Espartero en 1842 de un tratado
librecambista que permitía la entrada en el mercado español de tejidos británicos
y ante el que la industria textil catalana se sintió amenazada.
Los moderados, encabezados por los generales Narváez y O´Donnell,
aprovecharon la división entre los progresistas y el aislamiento de Espartero para
conspirar contra el regente. En 1843, el general Espartero abandonaba la
regencia y las Cortes adelantaban la mayoría de edad de Isabel II y la
proclamaban reina a los trece años.
3. LA DÉCADA MODERADA (1844-1854)
La consolidación definitiva del régimen liberal en España se produjo bajo la
hegemonía política del liberalismo moderado, durante el reinado personal de
Isabel II (1843-1868). Pero la excesiva identificación de la Corona con el
moderantismo y la marginación y/o represión del resto de corrientes liberales
fueron debilitando al régimen y desprestigiando a la monarquía. La incapacidad
de la reina y de los políticos moderados para ampliar la participación política
provocó la crisis del reinado en 1868.
Las bases de la política moderada. La Constitución de 1845.
El poder del partido moderado y sus postulados políticos se consolidó desde
finales de 1843 a través de la combinación de un conjunto de medidas políticas y
represivas. Su objetivo era poner fin a la radicalización de las expectativas
sociales y políticas generadas por la dinámica revolucionaria. Para lograrlo, los
moderados impusieron el principio de orden público entendido como la
autoridad del Estado sobre la sociedad civil.
La Constitución de 1845.
El proyecto moderado se plasmó en la Constitución de 1845, que estuvo vigente
hasta 1868. La nueva constitución fijó los siguientes principios:
Monarquía constitucional conservadora: soberanía compartida entre las
Cortes y el Rey.
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Fortalecimiento de los poderes de la Corona al garantizarle la iniciativa
legislativa, la capacidad de disolución de las Cortes y vetar sus
decisiones.
La limitación a las grandes fortunas del país de la participación en la vida
política. Los miembros del Senado eran elegidos libremente por la reina
y al Congreso de los Diputados sólo se podía optar si se disponía de una
renta anual de 12.000 reales.
El sistema electoral de 1846
La Ley electoral de 1846 planteó un sufragio censitario muy restrictivo que redujo
el voto a los mayores contribuyentes de cada localidad y un número limitado de
personalidades de la cultura, los profesionales liberales, el ejército, la Iglesia y la
alta administración del Estado. El cuerpo electoral no superaba el 1% de la
población.
Como en el resto de países europeos en la primera mitad del siglo XIX, el sufragio
censitario se combinó con la intervención sistemática del gobierno en las
elecciones a través de la corrupción electoral.
La actuación política de los moderados.
Para los liberales moderados, así como para los ilustrados, la reforma
administrativa era el requisito fundamental del buen gobierno. Los moderados
defendían un modelo de Estado centralizado y bien jerarquizado, de clara
influencia francesa, donde la toma de decisiones se realizaba de forma piramidal;
desde el gobierno a las diputaciones y ayuntamientos.
Las leyes de enero de 1845 tuvieron como objetivo eliminar la autonomía
municipal y restringir su carácter de representación popular así como recortar sus
atribuciones. Mediante un Real Decreto de 1844 se trató de acoplar el sistema
foral de las provincias vascas y Navarra al nuevo sistema constitucional.
La actuación política de los moderados, cuyos protagonistas principales fueron el
general Ramón María Narváez, que presidió el gobierno entre 1847 y 1851, y
Juan Bravo Murillo, que lo presidió entre 1851 y 1852 abarcaron todos los
aspectos de la vida política, social y económica de España:
Unificaron el sistema tributario (1845).
Adoptaron el sistema métrico decimal (adopción progresiva entre 1849 y
1880)
Promulgaron el Código Penal (1848)
Reformaron la administración de justicia.
Regularon los distintos cuerpos de funcionarios del Estado (1852)
Firmaron el Concordato (1851) con la Santa Sede.
Crearon el cuerpo de la Guardia Civil (1844)
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Pero una constante en su forma de gobernar fue el empleo de las prerrogativas
regias en su favor, lo que impidió que la Corona actuara como magistratura
imparcial en las disputas entre los grupos políticos o los propios moderados.
Propiciaron así el desprestigio de la Corona. Además, se asumió el protagonismo
del ejército en la vida política española.
El autoritarismo se agudizó durante el gobierno de Bravo Murillo (1852). Su
propuesta de reforma constitucional suponía en la práctica el fin del
parlamentarismo. Su propuesta fracasó pero agudizó la descomposición del
partido moderado y el descontento de todas las capas sociales. La revolución de
1854 impuso el regreso de los progresistas al poder.
4. EL BIENIO PROGRESISTA Y LA VUELTA AL MODERANTISMO (1854-1868)
El Bienio Progresista (1854-1856)
La revolución de 1854 fue el resultado de tres acontecimientos: un
pronunciamiento militar moderado, la actividad insurreccional de los moderados
y demócratas, y la movilización popular.
Se inició con el pronunciamiento fallido del general Leopoldo O´Donnell,
conocido como “la Vicalvarada”, pero tras el que sus líderes publicaron el
llamado Manifiesto de Manzanares, redactado por Cánovas del Castillo y en el
que:
Se garantizaba el respeto al trono.
Se reivindicaba la legalidad constitucional.
Se exigía una rebaja de impuestos, una remodelación de las leyes
electorales y de imprenta, y la descentralización de los poderes locales.
Tras “La Vicalvarada”, Isabel II pidió al general progresista Espartero que formase
gobierno, con lo que se retomaron las medidas radicales que caracterizaron su
gobierno cuando fue regente. Cabe destacar de este periodo:
La nueva expulsión de los jesuitas.
La aplicación de una segunda desamortización (1855), promovida por el
ministro de Hacienda, Pascual Madoz.
La aprobación de la Ley General de Ferrocarriles (1855).
Aprobaron el proyecto de ley de Instrucción Pública (1855) que sería
incorporado en buena parte en la Ley de Instrucción Pública o Ley
Moyano de 1857.
El desarrollo de una ambiciosa legislación para promover el desarrollo
del país en todos los órdenes: reforestación, extensión de las líneas de
telégrafos, ampliación de la red de carreteras, fomento de las
sociedades anónimas y de la banca, desarrollo de la minería.
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Todo ello propició un marco legal que conllevó una etapa de expansión
económica que se prolongó hasta 1866 pero no pudo evitar las crisis de
subsistencias que movilizaron al pueblo en las revueltas de 1854, generando un
clima de grave conflictividad social.
La crisis del gobierno progresista se desencadenó por:
La creciente conflictividad social.
La hostilidad de la Corona y de los políticos moderados.
La heterogeneidad de la coalición gobernante en el que pugnaban los
proyectos políticos de progresistas moderados y progresistas radicales.
Pero, a pesar de su fracaso (al menos en cuanto al tiempo en que los progresistas
estuvieron en el gobierno), la experiencia del Bienio fue decisiva porque:
Su legislación económica completó el proceso de liberalización del
mercado de tierras y capitales, constituyendo el marco adecuado a
partir del cual se produjo el auge inversor en ferrocarriles y obras
públicas.
Surgieron nuevas formas de hacer y entender la política: a partir de este
momento se tuvieron que tener en cuenta las reivindicaciones populares
y la llamada “cuestión social”
La vuelta al moderantismo (1856-1868)
Las discrepancias en el seno de la coalición gubernamental entre los progresistas
moderados (que acabaría formando el partido Unión Liberal liderado por
O´Donnell), y los progresistas radicales (que terminarían en el Partido Demócrata)
se agudizaron.
En estos años se sucedieron, entre otros, los gobiernos liderados por los
generales O´Donnell y Narváez, y comenzó un largo periodo de tiempo
caracterizado por el predominio de tres sectores sociales: la Iglesia, los militares
conservadores y los terratenientes. Desde ese momento, los liberales radicales
quedaron marginados del gobierno. Se tomaron medidas como:
La paralización de la desamortización de Madoz de 1855.
Se le reconocieron a la Iglesia privilegios y prerrogativas tradicionales.
Ley de Instrucción Pública o Ley Moyano de 1857.
Se reprimieron violentamente las revueltas campesinas.
Se establecieron prácticas electorales que corrompieron el sistema
político (compra de votos, pucherazos, extensión de la red de caciques
locales.
El periodo de mayor prosperidad de esta etapa conservadora coincidió con el
gobierno del general O´Donnell y su Unión Liberal (1858-1863). Su mandato
coincidió con una época de buenas cosechas y de expansión comercial (gracias a
las bases de Cuba y Filipinas), además de la guerra de Secesión en los Estados
Unidos (1861-1865) que favoreció la exportación de productos españoles.
Contribuyeron también a la prosperidad económica la política estatal de obras
públicas, transportes y comunicaciones, así como la liberalización del mercado de
la propiedad y del subsuelo (a través de las leyes hipotecaria y de minas).
En cuanto a política exterior, España se embarcó, a semejanza de otras potencias
europeas, en la carrera del reparto de África y Asia; ese fenómeno histórico
conocido como imperialismo. En ese contexto se produjeron:
La intervención en Indochina (1858) apoyando el colonialismo francés y
en respuesta de una matanza de misioneros.
La intervención en México (1862) junto a Francia para exigir al gobierno
mejicano el cobro de una deuda atrasada.
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Las campañas militares en Marruecos (1859-1860) que se tradujeron en
la incorporación del territorio del Ifni a España.
Los años que transcurrieron desde 1863 a 1868 supusieron el retorno de Narváez
al poder y al gobierno de formas autoritarias, al margen de las Cortes y los grupos
políticos. Por su parte, la Corona no estuvo a la altura de las circunstancias. La
crisis agraria y financiera de 1866 incrementó, además, las manifestaciones
políticas de descontento. Amplios sectores de la sociedad empezaron a coincidir
en la necesidad de promover un pronunciamiento que diese un giro radical a la
situación.
Y en 1868, una revolución, autodenominada “gloriosa” acabó con el reinado de
Isabel II.
5. EL TERRITORIO DE CASTILLA-LA MANCHA EN LA ÉPOCA DE ISABEL II
Las actuales tierras de Castilla-La Mancha también vivieron las Guerras Carlistas.
Partidas carlistas actuaron en La Mancha y los montes de Toledo. El jefe carlista
Ramón Cabrera amenazó zonas de Guadalajara, Cuenca y Albacete hasta el final
del conflicto.
Las reformas llevadas a cabo por los primeros gobiernos liberales se plasmaron
en las siguientes actuaciones:
Con la reforma territorial de Javier de Burgos (1833) Toledo y Cuenca
cedieron territorios a otras provincias; Guadalajara y Ciudad Real
aumentaros su tamaño y se creó la provincia de Albacete.
Con las desamortizaciones, gran parte de las propiedades eclesiásticas
de todas las provincias, especialmente de Ciudad Real y Toledo, fueron
compradas por capitalistas de Madrid. Destaca el José Mª de Salamanca
y Mayol, marqués de Salamanca, diputado por Málaga y ministro, que
compró la mayor parte de los bienes civiles de Albacete.
Las nuevas inversiones se concentraron en la minería y el ferrocarril.
o Las minas de Almadén fueron adquiridas por la firma alemana
Rothchild (1847).
o La Sociedad Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y
Alicante (MZA) constituida en 1856 desarrolló la red ferroviaria
que cruza Castilla-La Mancha.
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VOCABULARIO
Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o más personas,
llamada fiduciante, transmite bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o
futuros, de su propiedad a otra persona (llamada fiduciaria), para que ésta
administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero,
llamado beneficiario y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al
fiduciante, al beneficiario o a otra persona, llamado fideicomisario.
Los bienes afectados al fideicomiso no corren el riesgo comercial del fiduciante (el
que transmite la propiedad de los bienes) ni del fiduciario (el propietario de los
bienes fideicomitidos luego del vencimiento del plazo del contrato), puesto que el
patrimonio que es objeto del fideicomiso no puede ser perseguido por los
acreedores de ninguno de ellos, ni afectado por la quiebra de ambos o de alguno
de ellos.
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS POLÍTICOS ENTRE 1834 Y 1868
AÑOS GOBERNANTES MARCO CONSTITUCIONAL PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS
1834-1840
Regencia de María Cristina, madre de Isabel II
Estatuto Real Constitución de 1837 basada en la Constitución de 1812
Primera Guerra Carlista División provincial de España Reforma agraria Desamortización del ministro Mendizábal
1840-1843
Regencia del general Baldomero Espartero, líder del grupo liberal progresista
Vigencia de la Constitución de 1837 pero el regente gobierna de forma autoritaria
Represión de las conspiraciones. Bombardeo de Barcelona
1844-1854
(década moderada)
Isabel II, mayor de edad. Narváez liberal (moderado), presidente del consejo de ministros
Constitución de 1845
Acercamiento a la Iglesia (Concordato) Creación de la Guardia Civil Nuevo Código Civil Política centralizadora
1854-1856
(Bienio Progresista)
Pronunciamiento del general O´Donnell. Espartero forma gobierno
Se redacta una nueva constitución (Constitución de 1856) que no llega a entrar en vigor
Ampliación de libertades individuales y políticas. Desamortización de Madoz. Ley de Ferrocarriles.
1856-1868 “descomposición
del sistema isabelino”
O´Donnell crea el partido Unión Liberal y gobierna ininterrumpidamente durante cinco años
Constitución de 1845
Política moderada. Expediciones militares (Marruecos, Méjico, Indochina) Manipulación del proceso electoral
