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JUICIO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE: ST-JIN-12/2015 ACTOR: PARTIDO POLÍTICO NACIONAL MORENA AUTORIDAD RESPONSABLE: 12 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE MÉXICO TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL MAGISTRADO: JUAN CARLOS SILVA ADAYA SECRETARIO: ALFONSO JIMÉNEZ REYES Toluca de Lerdo, Estado de México, a tres de agosto de dos mil quince VISTOS, para resolver los autos del expediente ST-JIN-12/2015, formado con motivo del juicio de inconformidad promovido por el partido político nacional MORENA, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, correspondiente al 12 distrito electoral federal en el Estado de México, y R E S U L T A N D O I. Antecedentes. De las constancias del expediente se advierte lo siguiente: a. Jornada Electoral. El siete de junio de dos mil quince se celebró la elección de diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, entre otras elecciones locales.
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JUICIO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE: ST-JIN-12/2015 ACTOR: PARTIDO POLÍTICO NACIONAL MORENA AUTORIDAD RESPONSABLE: 12CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE MÉXICO TERCERO INTERESADO:PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL MAGISTRADO: JUAN CARLOS SILVA ADAYA SECRETARIO: ALFONSO JIMÉNEZ REYES
Toluca de Lerdo, Estado de México, a tres de agosto de dos mil
quince
VISTOS, para resolver los autos del expediente ST-JIN-12/2015,
formado con motivo del juicio de inconformidad promovido por el
partido político nacional MORENA, en contra de los resultados
consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de
diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
correspondiente al 12 distrito electoral federal en el Estado de
México, y
R E S U L T A N D O
I. Antecedentes. De las constancias del expediente se advierte lo
siguiente:
a. Jornada Electoral. El siete de junio de dos mil quince se
celebró la elección de diputados de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, entre otras elecciones locales.
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b. Cómputo distrital. El diez de junio siguiente se llevó a cabo
la sesión del 12 Consejo Distrital en el Estado de México, a
efecto de llevar a cabo el cómputo distrital de la elección de
diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión. El acta respectiva contiene los siguientes resultados:
PARTIDOS POLÍTICOS Y
COALICIONES
VOTACIÓN CON
NÚMERO CON LETRA
9,414 Nueve mil cuatrocientos catorce
72,071 Setenta y dos mil setenta y uno
43,048 Cuarenta y tres mil cuarenta y
ocho
4,610 Cuatro mil seiscientos diez
1,838 Mil ochocientos treinta y ocho
5,925 Cinco mil novecientos veinticinco
3,580 Tres mil quinientos ochenta
11,950 Once mil novecientos cincuenta
3,131 Tres mil ciento treinta y uno
6,924 Seis mil novecientos veinticuatro
PRI-PVEM 2,179 Dos mil ciento setenta y nueve
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CANDIDATOS NO REGISTRADOS
162 Ciento sesenta y dos
VOTOS NULOS 6,457
Seis mil cuatrocientos cincuenta y siete
VOTACIÓN TOTAL171,289
Ciento setenta y un mil doscientos ochenta y nueve
II. Juicio de inconformidad.
a. El quince de junio del presente año, Alfredo Guerrero
Salazar, representante del partido político nacional MORENA
ante el 12 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en
el Estado de México presentó demanda de juicio de
inconformidad en contra del cómputo distrital de la elección
de diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión. En dicha demanda hizo valer, entre otras cosas, las
causas de nulidad de la votación recibida en casilla, en
términos de lo dispuesto en el artículo 75, párrafo 1, de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, según se precisa en el siguiente cuadro:
No. A B C D E F G H I J K
937 B X
937 C2 X
937 C5 X
937 C9 X
938 B X
987 C2 X
995 C10 X
1048 B X
1049 C2 X
1050 C1 X
2073 B X
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4
2073 C1 X
2073 C2 X
2073 C3 X
2073 C4 X
2073 C6 X
2073 C9 X
2073 C11 X
2073 C12 X
2074 C3 X
2077 C2 X
2077 C5 X
2082 C2 X
2094 C1 X
2095 C1 X
2095 C2 X
2099 C2 X X
2099 C3 X
2100 B X
2100 C1 X
2101 C2 X
2101 C4 X
2104 C1 X
2106 C1 X
2106 C2 X
2123 C1 X
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5
2128 B X
2130 C1 X
2131 C1 X
2133 C2 X
2133 C3 X
2133 C4 X
2135 C1 X
2139 C2 X
2141 C1 X
2143 C1 X
2144 C1 X
2148 B X
2148 C1 X
2149 B X
2149 C1 X
2149 C2 X
2149 C3 X
2150 C1 X
2151 B X
2152 B X
2152 C2 X
2153 C2 X
2155 B X
2155 C1 X
2155 C2 X
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2155 C3 X
2155 C4 X
2155 C6 X
2155 C7 X
2155 C8 X
2159 B X
2159 C1 X
2159 C2 X
2159 C3 X
2161 C2 X
2163 C4 X
6065 B X
6065 C1 X
6068 B X
6069 B X
6071 B X
6073 B X
6074 B X
6075 B X
6075 C1 X
6076 B X
6076 C1 X
6077 B X
6077 C1 X
6080 B X
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6081 B X
6082 C1 X
6090 B X
6091 C1 X
6097 B X
6097 C1 X
6098 C1 X
6101 B X
6109 B X
6110 B X
6117 B X
6129 C1 X
6149 C1 X
6165 C1 X
6256 C1 X
TOTAL 0 0 0 57 20 25 0 0 0 0 0
b. Tercero Interesado. El dieciocho de junio siguiente, el
representante del Partido Revolucionario Institucional ante el
12 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el
Estado de México compareció con el carácter de tercero
interesado.
III. Trámite y sustanciación
a. Recepción. El diecinueve de junio de dos mil quince, en la
Oficialía de Partes de esta Sala Regional de la Quinta
Circunscripción Plurinominal fue recibido el oficio
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INE/CD12/MEX/SC/023/2015, suscrito por el Vocal
Secretario del 12 Consejo Distrital del Instituto Nacional
Electoral en el Estado de México, mediante el cual remite la
demanda, el informe circunstanciado y la documentación que
estimó atinente, entre otra documentación.
b. Turno a la ponencia. El diecinueve de junio del presente
año, el Magistrado Presidente de la Sala Regional Toluca
acordó integrar el expediente ST-JIN-12/2015 y lo turnó a su
ponencia, para los efectos establecidos en el artículo 19 de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral. Dicho acuerdo fue cumplido mediante el
oficio TEPJF-ST-SGA-2569/15, girado por el Secretario
General de Acuerdos de esta Sala Regional.
c. Radicación. El veintiuno de junio de dos mil quince, el
magistrado instructor tuvo por recibido el expediente y radicó
el juicio de inconformidad.
d. Requerimiento. Mediante proveído de veinticuatro de junio
de dos mil quince, con el propósito de contar con todos los
elementos para resolver, el magistrado instructor acordó,
entre otros aspectos, requerir diversa documentación al 12
Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado
de México.
e. Admisión. El veintiséis de junio del año en curso, el
magistrado instructor dictó acuerdo por el cual, entre otros
aspectos, admitió a trámite la demanda.
f. Desahogo de requerimiento a cargo del Consejo Distrital.
El veintisiete de junio de dos mil quince, en la Oficialía de
Partes de esta Sala Regional, fue recibido el oficio
INE/CD12/MEX/CP/510/2015, por el cual el Consejero
Presidente del Consejo Distrital 12 del Instituto Nacional
Electoral en el Estado de México, remitió diversa
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documentación que le fue requerida por el magistrado
instructor.
g. Pruebas supervenientes. El veintisiete de junio de dos mil
quince, el partido político actor, a través de su representante
ante el Consejo Distrital 12 del Instituto Nacional Electoral en
el Estado de México, presentó un escrito mediante el cual
pretende ofrecer pruebas supervinientes en el juicio en que
se actúa, escrito que fue acordado mediante proveído de uno
de julio del presente año y se ordenó dar vista a la autoridad
responsable como al tercero interesado, para que en un
plazo de dos días naturales manifestaran los que a su interés
conviniera.
h. Desahogo de vista. El tres de julio de dos mil quince, el
representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo Distrital12 del Instituto Nacional
Electoral en el Estado de México, tercero interesado,
presentó un escrito por medio del cual desahogó la vista a
que se hace referencia en el punto anterior, misma que se
acordó y se tuvo por desahogada por parte del tercero
interesado y por perdido el derecho para hacerlo por parte
del Consejo Distrital, mediante proveído de siete de julio de
dos mil quince.
i. Segundo requerimiento. Mediante proveído de nueve de
julio de dos mil quince, con el propósito de contar con todos
los elementos para resolver, el magistrado instructor acordó,
entre otros aspectos, requerir, de nueva cuenta, diversa
documentación al Consejo Distrital 12 del Instituto Nacional
Electoral en el Estado de México.
j. Desahogo del segundo requerimiento a cargo del
Consejo Distrital. El diez de julio de dos mil quince, en la
Oficialía de Partes de esta Sala Regional, fue recibido el
oficio INE/CD12/MEX/CP/511/2015, por medio del cual el
Consejero Presidente del Consejo Distrital 12 del Instituto
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Nacional Electoral en el Estado de México, remitió diversa
documentación que le fue requerida por el magistrado
instructor.
k. Acuerdo de desahogo y tercer requerimiento. Mediante
proveído de diez de julio de dos mil quince, el magistrado
instructor tuvo por desahogado el segundo requerimiento, y
con el propósito de contar con todos los elementos para
resolver acordó, entre otros aspectos, requerir, de nueva
cuenta, diversa documentación al Consejo Distrital 12 del
Instituto Nacional Electoral en el Estado de México.
l. Desahogo del tercer requerimiento a cargo del Consejo
Distrital. El once de julio de dos mil quince, en la Oficialía de
Partes de esta Sala Regional, fue recibido el oficio
INE/CD12/MEX/CP/514/2015, por medio del cual el
Consejero Presidente del Consejo Distrital 12 del Instituto
Nacional Electoral en el Estado de México, remitió diversa
documentación que le fue requerida por el magistrado
instructor.
m. Cierre de instrucción. El tres de agosto de dos mil quince,
el magistrado instructor declaró cerrada la instrucción,
quedando los autos en estado de dictar sentencia, y
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Jurisdicción y Competencia.
Esta Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación es competente para conocer y resolver el
presente medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción II, y 195,
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
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así como 49; 50, párrafo 1, inciso b), fracción I, y 53, párrafo 1,
inciso
b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, por tratarse de un juicio de inconformidad,
promovido contra los resultados consignados en una acta de
cómputo distrital de la elección de diputados de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, por el principio de mayoría
relativa, por nulidad de la votación recibida en varias casillas, en un
distrito electoral que está ubicado en la circunscripción en la que
ejerce jurisdicción esta Sala Regional.
SEGUNDO. Causas de improcedencia
Por ser su examen de carácter preferente y de orden público,
se analiza en primer lugar las causas de improcedencia que aduce
el tercero interesado, así como la autoridad responsable.
La autoridad responsable, en su informe circunstanciado,
invoca, como causas de improcedencia, las siguientes:
a) Actos consentidos. Afirma la autoridad responsable, en su
informe circunstanciado, que en el presente caso se actualiza la
causal de improcedencia contenida en el artículo 10, párrafo 1,
inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, al tratarse de actos que
fueron consentidos expresamente por el actor, al momento de
llevar a cabo el recuento de las casillas que ahora se
impugnan.
Contrariamente a lo afirmado por la responsable, en el
presente caso, no se trata de actos consentidos expresamente por
la parte actora, en virtud de que en contra de ellos procede el juicio
de inconformidad que aquí se resuelve y haberse inconformado
por los resultados del cómputo distrital consignados en el Acta de
Cómputo Distrital de Diputados Federales de Mayoría relativa
relativos al Consejo Distrital número 12, en el Estado de México,
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por lo que se desestima la causal de improcedencia hecha valer
por la responsable.
Asimismo, en virtud de que, tal como consta en autos, el
juicio de inconformidad fue presentado dentro del plazo de cuatro
días previstos en la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral.
b) Falta de interés jurídico del actor. Afirma la responsable que
el partido político actor carece de interés jurídico en virtud de
que los cómputos que se impugnan se llevaron a cabo con
estricto apego a la ley electoral, bajo los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima
publicidad.
Cabe desestimar la causal de improcedencia de falta de
interés jurídico alegada por la responsable, porque se trata de un
tema evidentemente relacionado con el fondo del presente asunto,
tema que será resuelto por este órgano jurisdiccional al momento
de dictar sentencia en el presente juicio.
TERCERO. Procedencia.
El presente medio de impugnación reúne los requisitos de
procedencia previstos en los artículos 8°; 9°, párrafo 1; 52, párrafo
1, y 54 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, conforme con lo siguiente:
a. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad
responsable, haciéndose constar el nombre y firma del
promovente, su domicilio para oír y recibir notificaciones, así
como ala persona autorizada para ello. En el referido ocurso
también se identifica el acto impugnado y la autoridad
responsable; y los agravios que causan perjuicio.
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También se cumplen con los requisitos especiales del
escrito de demanda previstos en el artículo 52 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, ya que en la demanda se señala que se impugna la
elección de diputados de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, por el principio de mayoría relativa; se
hace la mención individualizada del acta de cómputo distrital
que se impugna, así como de las casillas cuya votación se
solicita sea anulada que, se aduce, genera la nulidad de la
votación recibida en casilla.
b. Oportunidad. El juicio de inconformidad se presentó
oportunamente, toda vez que el cómputo distrital para la
elección de diputados electos por el principio de mayoría
relativa concluyó el once de junio de dos mil quince, por lo
que el plazo de cuatro días corrió del doce al quince de dicho
mes y año, de manera que al haberse presentado la
demanda el quince de junio de dos mil quince, es inconcuso
que el mismo se encuentra dentro del plazo establecido en el
artículo 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
c. Legitimación y personería. Los requisitos se encuentran
satisfechos, en términos de lo dispuesto en el artículo 54,
párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, ya que el presente
juicio es promovido por el partido político nacional MORENA,
a través de su representante ante el 12 Consejo Distrital
Electoral en el Estado de México, tal y como la autoridad
responsable lo reconoce expresamente en su informe
circunstanciado.
d. Interés jurídico. El partido político nacional MORENA,
promovente, tiene interés jurídico para presentar este medio
de impugnación, dado que impugna los resultados
consignados en las actas de cómputo distrital de la elección
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de diputados electos por el principio de mayoría relativa, en
el 12 Distrito Electoral Federal del Estado de México,
haciendo valer diversas causas de nulidad de la votación
recibida en casilla, las cuales están previstas en el artículo 75
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral.
e. Definitividad. El requisito en cuestión se considera colmado,
ello en virtud de que en la ley no se prevé algún recurso o
medio de impugnación que deba ser agotado previamente a
la tramitación del presente juicio de inconformidad.
Por tanto, al estar colmados los requisitos de procedibilidad
antes indicados, y al no haberse invocado alguna causa de
improcedencia por la responsable, lo conducente es analizar y
resolver el fondo de la litis planteada.
CUARTO. Ampliación de demanda y prueba superveniente.
Mediante escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil
quince ante la oficialía de partes de esta Sala Regional, el partido
político actor, a través de su representante legal, ofreció lo que
denominó como pruebas supervenientes, consistentes en el
Informe final sobre el Monitoreo de Noticieros y la difusión de sus
resultados durante el periodo de Campañas, aprobado el
veinticuatro de junio del año en curso.
En relación con el contenido del referido monitoreo, el demandante
realiza diversas manifestaciones, en específico, sobre la supuesta
cobertura informativa ilegal en favor del Partido Verde Ecologista
de México.
En concepto de este órgano jurisdiccional, ha lugar a admitir la
prueba aportada por el enjuiciante en su calidad de superveniente,
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en virtud de que al momento de presentar su demanda, esto es, el
quince de junio de dos mil quince, desconocía el informe final
sobre el monitoreo aprobado por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, puesto que ello ocurrió hasta el veinticuatro
siguiente.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 12/2002 de
rubro PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO
EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA
VOLUNTAD DEL OFERENTE.1
Sin embargo, esta Sala Regional considera que las
manifestaciones hechas valer por el partido actor no deben ser
tomadas en cuenta en esta ejecutoria, en virtud de que son
formuladas con el ánimo de ampliar el contenido de la demanda, lo
cual no es admisible, toda vez que los argumentos al estar
encaminados a demostrar la nulidad de la elección por la supuesta
compra o adquisición de cobertura informativa fuera de los
supuestos previstos en la Ley, ello debió ser planteado en el plazo
de cuatro días contados a partir de que venció el cómputo distrital.
Lo anterior, en razón de que en términos de lo establecido en el
artículo 50 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, la validez de la elección es
reclamable a partir de la conclusión del cómputo distrital.
Máxime, que lo que actor pretende es generar el derecho para
impugnar la validez de la elección con base en las prueba
superveniente de referencia; sin embargo, ésta sólo constituye un
elemento para demostrar irregularidades que hayan sido invocadas
previamente, esto es, al momento de presentar la demanda.
1 Consultable en Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, pp. 593 y 594.
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QUINTO. Estudio de fondo.
A. Litis El objeto el presente juicio consiste en determinar si, el
cómputo de la elección fue ajustado a derecho, así como los
resultados, la entrega de la constancia respectiva y la
declaración de validez de la misma o si, por el contrario, se
debe decretar la nulidad de la elección en el distrito por
actualizarse las irregularidades señaladas por el actor en
relación con las hipótesis previstas en los artículos 78 y 78
bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral.
B. Síntesis de agravios
El actor apoya sus agravios en la afirmación de que el Partido
Verde Ecologista de México para su propio beneficio y el de la
coalición conformada por dicho instituto político y el Partido
Revolucionario Institucional (coalición PVEM-PRI), durante diez
meses (desde septiembre de dos mil catorce al día de la jornada
electoral), implementó una estrategia integral, sistemática, dolosa,
reiterada y contumaz, para posicionarse ilegalmente ante el
electorado, así como, para que solo el Partido Verde Ecologista de
México resultara sancionado, afectando con ello la equidad en la
contienda y poniendo en riesgo el proceso electoral.
Las conductas relacionadas con dicha estrategia, según el actor,
se encuentran acreditadas en diversos procedimientos
administrativos sancionadores instados ante el Instituto Nacional
Electoral a nivel central, por el propio actor y otros partidos
políticos en contra del Partido Verde Ecologista de México, de los
cuales menciona que solicitó a la responsable glosara copia
certificada al informe circunstanciado [alude que apoyó su petición
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en el artículo 83, párrafo 1, incisos b) y c), del Reglamento Interior
del Instituto Nacional Electoral], así como que se remitan a esta
Sala Regional Toluca, las correspondientes sentencias emitidas
por la Sala Especializada de este Tribunal Electoral. Los datos que
plasma en su demanda son en forma literal los siguientes:
En este orden de ideas, a continuación se inserta una tabla con diversos procedimientos en contra del Partido Verde Ecologista de México: 1 SCG/PE/PRD/CG/36/INE/52/PEF/6/2014 y sus acumulados SCG/PE/PAN/CG/37/INE/53/PEF/7/2014 UT/SCG/PÍ/JCJ/CG/50/INE/66/PEF/20/2014 UT/SCG/PE/JCJ/CG/54/INE/70/PEF/24/2014 y UT/SCG/PE/PRD/CG/58/INE/74/PEF/28/2014 PRD, PT, MC, MORENA PAN y PRD Senadores Carlos Alberto Puente Salas y Pablo Escudero Morales, Diputados Federales Ana Lilia Garza Cadena, Enrique Aubry de Castro Palomino, Rubén Acosta Montoy, PVEM, Grupos Parlamentarios en las Cámaras de Diputados y Senadores, e integrantes de las mismas y quien resurte responsable 24/10/2014 Denuncia que a partir del 23 de septiembre de 2014 se han difundido diversos spots de radio y televisión pautados para el periodo de precampaña en el estado de Guanajuato, relativos a los informes de labores del Senador Carlos Alberto Puente Salas y Diputados Federales Enrique Aubry de Castro Palomino y Ana Lilia Garza Cadena, del Partido Verde Ecologista de México, en los que se promociona la figura de los servidores públicos de referencia, en presunta violación de los artículos 41, párrafo segundo; base III, apartado A, párrafos primero y tercero y 134, párrafo octavo de la Constitución y demás relativos en la materia. El TEPJF desechó la demanda de un concesionario SUP-REP-27/2015 del 12/03/2015, por haberse presentado fuera del plazo establecido. Con relación al SUP-REP-120/2015 y acumulados, la SRE emitió acuerdo el 02/04/2015, acumulando los expedientes SRE-PSC-5/2014, SRE-PSC-6/2015 y SRE-PSC-7/2015, a fin de solicitar al SAT la situación económica de las personas físicas y morales a las que ordenó la SS que se les aplique sanción económica. Ver acatamiento al SUP-REP-120/2015 en hoja 1, así como impugnación a la resolución en acatamiento. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada Con fecha 29/12/2014 la SRE emitió sentencia SRE-PSC-5/2014 en la que determinó imponer al PVEM y a concesionarios de televisión abierta y restringida una AMONESTACIÓN PÚBLICA, dar vista a las Contralorías de las Cámaras de Diputados y Senadores por las conductas de los legisladores denunciados y sobreseer el procedimiento por lo que respecta a la denuncia de Movimiento Ciudadano. 24/12/2014 El TEPJF revocó la sentencia de la SRE, SUP-REP-3/2015 y acumulados, para el efecto de ponderar la gravedad de la infracción, así como demás elementos para la individualización. En acatamiento, la SRE resolvió en el expediente SRE-PSC-5/2014 y acumulado SRE-PSC-6/2015, del 13/03/2015, imponer al PVEM la
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sanción consistente en la interrupción de la propaganda que se transmita, dentro del tiempo en televisión asignado por el INE por un periodo de siete días, hasta que cause ejecutoria esta sentencia, en periodo de intercampaña, y en ningún caso abarque periodo de campaña. Concesionarios, personas morales y físicas: Amonestación pública. El TEPJF revocó la sentencia de la SRE del 13/03/2015, SUP-REP-120/2015 y acumulados, de fecha 25/03/2015, imponiendo al PVEM una reducción del 50% de su financiamiento ordinario = $76,160,361.80, y ordenó a la SRE que reindividualice las sanciones a las persona físicas y morales precisadas en la ejecutoria. 2 UT/SCG/PE/JCJ/CG/61/INE/77/PEF/31/2014 y su acumulado UT/SCG/PE/PRD/CG/64/INE/80/PEF/34/2014 Senador de la República Javier Corral Jurado y PRD Diputada Federal Gabriela Medrano Galindo y PVEM 12/12/2014 Denuncia que la campaña publicitaria que el PVEM realiza a través de radio y televisión en todo el país, así como en internet y espectaculares, de manera simultánea con los mismos materiales que difunden los grupos parlamentarios de ese partido en radio y televisión abierta y restringida, como el verde sí cumple y otros, constituyen diversas infracciones como el exceso en el gasto de adquisición o contratación de publicidad; violación del principio de equidad, al actualizarse el principio de doble beneficio, y se realiza promoción personalizada de servidores públicos, entre otras presuntas violaciones. Se ordenó abrir cuaderno para la individualización de las sanciones a los concesionarios de televisión. Se hace del conocimiento de la Contarloría Interna de la Cámara de Diputados. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada Con fecha 15/01/2015 la SRE emitió sentencia SRE-PSC-7/2015, en la que determinó imponer al PVEM una amonestación pública por incumplir su deber de cuidado frente a conductas que de inicio tienen apariencia de legalidad. Se acreditó la indebida difusión del promocional del informe de labores de la Diputada denunciada, al inobservar el principio de equidad: Vista a la Contraloría de la Cámara de Diputados. No se verificó incumplimiento a la normativa electoral por parte de los concesionarios. 08/01/2015 "El TEPJF revocó la sentencia de la SRE, SUP-REP-45/2015 y acumulados 46 y 47/2015 del 25/03/2015, para el efecto de que emita una nueva en la uqe (sic) individualice la sanción que corresponda. En acatamiento al SUP-REP-45/2015 y acumulados, la SRE emitió sentencia el 30/03/2015, resolviendo que tuvo verificativo la inobservancia del PVEM a los artículos 443, párrafo 1, inciso n) y 160 de la Legipe (sic), porque contravino el modelo de comunicación poítica (sic) previsto en el artículo 41, base III-de la Constitución: 50% de la ministración del financiamiento ordinario = $11,453,846.20. El TEPJF revocó la resolución de la SRE de fecha 30/03/2015, SUP-REP-155/2015 del 27/05/2015, para el efecto de que funde y motive la sanción que imponga al PVEM para que sea proporcional al daño causado, bajo las directrices que se precisan en esta ejecutoria. En acatamiento del SUP-REP-155/2015, la SRE dictó sentencia el 02/06/2015, imponiendo al PVEM una multa de $1,189,437.87. " IMPUGNADA SUP-REP-424/2015 PRD GRAVE (PÁGINA 15 SRE-PSC-7/2015) 3 UT/SCG/PE/JCJ/CG/72/INE/88/PEF/42/2014 SIQyD 1223 Senador de la República Javier Corral Jurado PVEM y quienes resulten
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responsables 29/12/2014 Denuncia que el PVEM ha desplegado una campaña con fines electorales en la que se utiliza la producción de los promocionales de los Legisladores de ese partido con el eslogan Sí cumple, a través del despliegue de espectaculares, anuncios en casetas telefónicas y parabuses entre otros, en diversos puntos del país, así como la difusión de cine minutos en salas de las cadenas de cines Cinépolis y Cinemex, en presunta violación de los artículos 41, base III, Apartado A, párrafos primero y tercero y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada Con fecha 21/01/2015 la SRE devolvió el expediente para que se emplace a otro sujeto con fecha 06/02/2015 la SRE emitió sentencia SRE-PSC-14/2015, declarando que SE ACREDITA LA VIOLACIÓN en contra del PVEM (vulneración al principio de equidad en la contienda electoral): Amonestación pública Se declara inexistente la violación en contra de las personas morales denunciadas. 20/01/2015 29/01/2015 El TEPJF revocó la sentencia de la SRE SUP-REP-57 y acumulados 58 y 59/2015, del 12/03/2015, toda vez que existe incongruencia en la individualización de la sanción, por lo que ordenó emitir una nueva resolución teniendo en consideración lo razonado en la ejecutoria. En acatamiento al REP-57/2015 y acumulados, en sentencia del 20/03/2015 la SRE impuso al PVEM una multa de reducción de ministración mensual equivalente a $7,011,424.56 El "TEPJF confirmó la resolución de la SRE, SUP-REP-136/2015 y acumulados 137, 139 y 141/2015 del 31/03/2015. FIRME GRAVE (PÁGINA 22 - SRE-PSC-14/2015) 4 UT/SCG/PE/MORENA/CG/27/PEF/71/ 2015 y sus acumulados UT/SCG/PE/PRD/CG/28/PEF/72/2015 y UT/SCG/PE/ELLS/JL/YUC/50/PEF/94/ 2015 MORENA, PRD y Eduardo Lorenzo Lliteras Sentíes PVEM y quienes resulten responsables 05/02/2015 Denuncia que en distintos establecimientos comerciales (tortillerías) del municipio de Texcoco, Edo. de México, se han observado posters alusivos al PVEM, en donde las tortillas se envuelven en papel con el emblema del PVEM de manera gratuita, que es un artículo promocional prohibido por los artículos Segundo Transitorio, fracción II, inciso g) de la Constitución, 209, párrafo 2, numerales 2 al 6 y 211, numeral 2 de la Legipe (sic); asimismo se denuncia diversa publicidad fija en mobiliario urbano, autobuses y espectaculares en el territorio nacional, y que la estrategia propagandística del PVEM se sigue observando de forma continuada, cambiando el slogan de la campaña Verde sí cumple, al slogan Propuestas cumplidas, propaganda que no cumple con la normatividad electoral. En la sentencia SRE-PSC-26/205 se ordenó abrir un PES en contra de Comercializadora Publicitaria TTK, S.A. de C.V. "Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada Con fecha 03/03/2015 la SRE emitió sentencia SRE-PSC-26/2015 en la que determinó que se acredita la conducta relativa a la sobreexposición ilegal de manera reiterada y sistemática por parte del PVEM en diversos estados del territorio nacional con motivo de las campañas ¿PROPUESTA CUMPLIDA? y ?EL VERDE CUMPLE LO QUE PROPONE"", como la distribución de papel grado alimenticio para envolver tortillas: Multa del 20% de la ministración mensual= $5,387,230.86. No se acreditan las infracciones relativas a: repartición de artículos promocionales utilitarios, posters que se
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distribuyeron, actos anticipados de campaña y adquisición y difusión de propaganda electoral en radio. No se acredita la responsabilidad de las personas morales denunciadas." 03/03/2015 "El TEPJF revocó la resolución de la SRE, SUP-REP-94/2015 y acumulados 98 y 99/2015 del 08/04/2015, para el efecto de que reinvidualice la sanción correspondiente en los términos que se detalla en la sentencia. En acatamiento al SUP-REP-94/2015 y acumulados, la SRE emitió resolución el 17/04/2015 imponiendo al-PVEM una multa del 45% de la ministración mensual = $5,411,840.76 El TEPJF confirmó la resolución de la SRE emitida el 17/04/2015, SUP-REP-212/2015 y acumulados 220 y 223/2015 del 13/05/2015. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña" FIRME GRAVE (PÁGINA 23 SRE-PSC-26/2015) 5 UT/SCG/PE/PAN/CG/34/PEF/78/2015 y sus acumulados UT/SCG/PE/MORENA/CG/39/PEF/83/ 2015 UT/SCG/PE/PAN/CG/40/PEF/84/ 2015 UT/SCG/PE/PAN/CG/48/PEF/92/2015 UT/SCG/PE/ES/JD03/QR/58/PEF/102/2015 UT/SCG/PE/ABG/JD08/TAM/59/PEF/ 103/2015 UT/SCG/PE/ES/JLyQR/60/PEF/104/ 2015 y UT/SCG/PE/ES/JD01/QR/64/PEF/108/ 2015 PAN, MORENA, ES y un ciudadano PVEM 13/02/2015 Denuncia que el 9 de febrero de 2015, el IMSS y el ISSSTE anunciaron conjuntamente que a partir del 15 de marzo del presente año, se pondrá en marcha en el Distrito Federal un programa de vales de medicamentos para sus derechohabientes, que se extenderá a todo el país, y que en paralelo, destaca una campaña del PVEM en su portal de Internet, como una apropiación indebida de este programa federal, pues lo presenta como propio, difundiendo propaganda político-electoral que busca desequilibrar la equidad en la contienda entre los partidos políicos (sic), además de una campaña de lentes con graduación gratuitos, lo cual constituye propaganda contraria a la normatividad electoral, en presunta violación del artículo 470, párrafo 1, inciso b) de la Legipe (sic). Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada con fecha 10/03/2015 la SRE emitió sentencia SRE-PSC-32/2015 y su acumulado 33/2015, en la que acumuló el expediente 34/PEF/78/2015 y acumulados y el expediente 42/PEF/86/2015 y acumulados, resolviendo que se acredita la infracción a la normativa electoral por parte del PVEM y los Senadores denunciados, al poner en riesgo el principio de equidad por la sobreexposición ilegal, reiterada y sistemática en diversos estados del país, así como por la apropiación indebida de un programa social; se acredita la infracción del uso indebido de la pauta y la entrega de beneficios por interpósita persona. PVEM: $6,268,362.42 Vista a la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores y a la UTF. 09/03/2015 "El TEPJF revocó la sentencia de la SRE, SUP-REP-112/2015 y acumulados SUP-REP-113/2015, SUP-REP-114/2015 y SUP-REP-116/2015, del 27/05/2015 para el efecto de que se tengan por acreditadas las infracciones señaladas, pero al individualizar las consecuencias de los ilícitos, en el caso del PVEM, por la difusión de los promocionales únicamente le imponga la sanción que corresponda a la nueva y concreta ejecución de la conducta ilícita, así como la que corresponda a la entrega de lentes y, en los términos que se describen en la sentencia, a las concesionarias. En actamiento
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(sic) la SRE dictó sentencia el 06/06/2015 imponiendo una murta al PVEM de $3,349,641. "IMPUGNADA SUP- REP-450/2015 PVEM SUP-REP^52/2015 TELEVIMEX SUP-REP-453/2015 TELEVISA, S.A. DE C.V. ORDINARIA (PÁGINA 21 SRE-PSC-32/2015) 6 UT/SCG/PE/PAN/CG/34/PEF/78/2015 y sus acumulados UT/SCG/PE/MORENA/CG/39/PEF/83/ 2015 UT/SCG/PE/PAN/CG/40/PEF/84/ 2015 UT/SCG/PE/PAN/CG/48/PEF/92/2015 UT/SCG/PE/ES/JD03/QR/58/PEF/102/2015 UT/SCG/PE/ABG/JD08/TAM/59/PEF/ 103/2015 UT/SCG/PE/ES/JL/QR/60/PEF/104/ 2015 y UT/SCG/PE/ES/JD01/QR/64/PEF/108/ 2015 PAN, MORENA, ES y un ciudadano PVEM 13/02/2015 denuncia que el 9 de febrero de 2015, el IMSS y el ISSSTE anunciaron conjuntamente que a partir del 15 de marzo del presente año, se pondrá en marcha en el Distrito Federal un programa de vales de medicamentos para sus derechohabientes, que se extenderá a todo el país, y que en paralelo, destaca una campaña del PVEM en su portal de internet, como una apropiación indebida de este programa federal, pues lo presenta como propio, difundiendo propaganda político-electoral que busca desequilibrar la equidad en la contienda entre los partidos políicos (sic), además de una campaña de Lentes con graduación gratuitos, lo cual constituye propaganda contraria a la normatividad electoral, en presunta violación del artículo 470, párrafo 1, inciso b) de" la Legipe (sic). Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada Con fecha 10/03/2015 la SRE emitió sentencia SRE-PSC-32/2015 y su acumulado 33/2015, en la que acumuló el expediente 34/PEF/78/2015 y acumulados y el expediente 42/PEF/86/2015 y acumulados, resolviendo que se acredita la infracción a la normativa electoral por parte del PVEM y los Senadores denunciados, al poner en riesgo el principio de equidad por la sobreexposición ilegal, reiterada y sistemática en diversos estados del país, así como por la apropiación indebida de un programa social; se acredita la infracción del uso indebido de la pauta y la entrega de beneficios por interpósita persona. PVEM: $6,268,362.42 Vista a la Contrataría Interna de la Cámara de Senadores y a la UTF. 09/03/2015 "El TEPJF revocó la sentencia de la SRE, SUP-REP-112/2015 y acumulados SUP-REP-113/2015, SUP-REP-114/2015 y SUP-REP-116/2015, del 27/05/2015 para el efecto de que se tengan por acreditadas las infracciones señaladas, pero al individualizar las consecuencias de los ilícitos, en el caso del PVEM, por la difusión de los promocionales únicamente le imponga la sanción que corresponda a la nueva y concreta ejecución de la conducta ilícita, así como la que corresponda a la entrega de lentes y, en los términos que se describen en la sentencia, a las concesionarias. En actamiento (sic) la SRE dictó sentencia el 06/06/2015 imponiendo una multa al PVEM de $3,349,641. "IMPUGNADA SUP- REP-450/2015 PVEM SUP-REP-452/2015 TELEVIMEX SUP-REP-453/2015 TELEVISA, S.A. DE C.V. ORDINARIA (PÁGINA 21 SRE-PSC-32/2015) 7 UT/SCG/PE/PRD/CG/51/PEF/95/2015 PRD PVEM 23/02/2015 Denuncia que el PVEM ha hecho un uso ilegal del Padrón Electoral, violando la confidencialidad de los datos contenidos en el mismo, al enviar cartas personalizadas a los domicilios de diversos ciudadanos adjuntando propaganda electoral a su favor, lo que considera constituye actos anticipados de campaña. Se
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remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada con fecha 20/03/2015 la SRE determinó en el expediente RE-PSC-39/2015 que se acredita la conducta del PVEM relativa a la alteración del modelo de comunicación política realizando una sobreexposición ilegal de manera integral y sistemática por la distribución de calendarios 2015 con su logotipo, relativos a la campaña Verde sí cumple: $4, 074.435.58. No se acreditan actos anticipados de campaña. 13/03/2015 "El TEPJF revocó la resolución de la SRE, SUP-REP-134/2015 y acumulado 142/2015 del 08/04/2015, para el efecto de que reinvidualice la sanción correspondiente en los términos que se detallan en la sentencia. En acatamiento al SUP-REP-134/2015 y acumulado, la SRE dictó sentencia el 17/04/2015, imponiendo multa al PVEM por el 36% de la ministración mensual = $4.167,117.38 El TEPJF confirmó la resolución de la SRE, SUP-REP-213/2015 y acumulado 214/2015 del 13/05/2015 " FIRME ORDINARIA (PÁGINA 35 SRE-PSC-39/2015) 8 UT/SCG/PE/PRD/CG/71/PEF/115/ 2015 y sus acumulados UT/SCG/PE/SBH/JD22/DF/87/PEF/131/2015 UT/SCG/PE/PAN/CG/88/PEF/132/2015 UT/SCG/PE/JCJ/CG/89/PEF/133/2015 UT/SCG/PE/MORENA/JD12/VER/93/PEF/137/2015 y UT/SCG/PE/HMF/CG/103/PEF/147/2015 PRD, Socorro Barrera Hernández, PAN, Senador de la República Javier Corral Jurado, MORENA y Héctor Montoya Fernández PVEM 06/03/2015 Denuncia que en domicilios de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral se están repartiendo sobres que contienen una tarjeta Premia Platino con el logotipo del PVEM y de la empresa MAS DESCUENTOS, y una hoja en la que se indica que dicha tarjeta se envía sin costo, con la que podrá ahorrarse dinero del gasto, en presunto uso indebido del Padrón Electoral y coacción al voto de los ciudadanos. En sentencia emitida el 15/05/2015, la SRE declaró INFUNDADO el incidente de incumplimiento de la diversa dictada el 27/03/2015. En sentencia emitida el 27/05/2015, la SRE confirmó el incidente de incumplimiento de inejecución de sentencia interpuesto por MORENA SRE-PSC-46/2015 Inc-11. Ei TEPJF confirmó sentencia del expediente SRE-PSC-46/2015, por la que se declaró infundado el incidente de incumplimiento de sentencia, SUP-REP-222/2015 y SUP-REP-355/2015, del 27/05/2015; SUP-REP-345/2015 del 03/06/2015. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada Con fecha 27/03/2015 la SRE emitió sentencia SRE-PSC-46/2015 en la que declaró que se acreditan por la producción y distribución de las tarjetas Premia Platino las infracciones a la normativa electoral imputadas al PVEM: reducción del 30% de la ministración mensual. Se vincula a las personas morales Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. y Multiservicios de Excelencia RQ, S.C., al cumplimiento de la resolución. Incidente de incumplimiento de sentencia: la SRE lo declaró infundado en sesión del 17/04/2015 25/03/2015 El TEPJF revocó la resolución de la SRE, SUP-REP-152/2015 y acumulado 153/2015 del 06/05/2015, para el efecto de que emita una nueva resolución en la que califique la conducta e individualice la sanción. En acatamiento, la SRE emitió resolución el 15/05/2015, en la que impuso al PVEM una reducción del 15% de la ministración mensual. IMPUGNADA SUP-REP340/2015 PVEM ORDINARIA
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(PÁGINA 12 SRE-PSC-46/2015) 9 UT/SCG/PE/JCJ/CG/72/PEF/116/2015 y. sus acumulados UT/SCG/PE/MORENA/CG/73/PEF/117/2015,UT/SCG/PE/IEV/JL/VER/108/PEF/152/2015 SIQyD 1391, 1392 y 1442 Senador de la República Javier Corral Jurado y MORENA PVEM y el Senador Carlos Alberto Puente Salas 07/03/2015 FRANCISCO Denuncia que en los tiempos de prerrogativa del PVEM en radio y televisión se difunde un promocional denominado Más verde que nunca con números de folio RA000405-15 y RV000285-15, en el que se realiza promoción personal del Senador Carlos Alberto Puente Salas, y que es parte de una campaña de difusión reiterada, permanente y continua, en presunta violación de los bienes protegidos por el artículo 134 constitucional. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada Con fecha 09/04/2015 la SRE emitió sentencia SER-PSC-53/2015 en la que determinó que tuvo verificativo la inobservancia a la normativa electoral por parte del PVEM al difundir la campaña sistemática reiterada y continua bajo los slogan Verde sí cumple, Propuesta cumplida y Cumple lo que promete, así como la utilización indebida del programa social vales de medicina: reducción del 25% de la ministración mensual ordinaria = $2,869,235.84. No se acredita promoción personalizada de Carlos Puente. 30/03/2015 "El TEPJF revocó la sentencia de la SRE, SUP-REP-175/2015 y acumulados 177 y 179/2015 del 03/06/2015, para que emita una nueva resolución en la que califique las faltas en que incurrió el PVEM e individualice nuevamente la sanción, debiendo considerar que la propaganda denunciada que fue difundida durante la precampaña, a través de revistas, redes sociales y mensajes de texto es ilegal, pues forma parte de la estrategia sistemática que vulnera el modelo de comunicación política. En acatamiento del SUP-REP-175/2015 y acumulados, la SER emitió sentencia el 06/06/2015, imponiendo al PVEM una multa de $717,308.96." IMPUGNADA SUP-REP53/2015 PVEM ORDINARIA (PÁGINA 12 SRE-PSC-53/2015) 10 UT/SCG/PE/MORENA/CG/132/PEF/ 176/ 2015 y su acumulado UT/SCG/P^MORENA/JD38/MEX/163/ PEF/207/2015 MORENA PVEM 05/04/2015 RAYBEL Denuncia que en el periódico La Jornada se publicó una nota periodística intitulada "Pese a las multas, el PVEM insiste en hacer campaña, ahora regala boletos de cine", así como la difusión de promocionales del PVEM identificados con los folios RA-00750-15, RA00751-15, RV00562-15 y RV00564-15, en los que considera que se hace promoción personalizada de la imagen del Senador Carlos Puente Salas. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada Con fecha 01/05/2015 la SRE resolvió el expediente SRE-PSC-77/2015 determinando que es existente la infracción atribuida al PVEM, por lo que hace a la entrega de boletos para asistir a funciones en salas de cine del complejo CINEMEX: reducción del 45% de la ministración mensual ordinaria = $5,052,629.79. Son inexistentes las infracciones atribuidas relativas a la violación al modelo de comunicación política, actos anticipados de campaña y la difusión del libro electrónico, así como las atribuidas las infracciones atribuidas al Senador Carlos Alberto Puentes Salas, Operadora de Cinemas, S.A. de C.V. y Héctor Guillermo Smith Mac Donald González. 27/04/2015 "El TEPJF revocó la sentencia de la SRE, SUP-REP-275/2015 y acumulados 276 y 280/2015 del 03/06/2015, para el efecto de que emita una nueva determinación, en la que califique nuevamente la
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calificación y la falta y a partir de ello individualice nuevamente la sanción. En acatamiento del SUP-REP-275/2015 y acumulados, la SRE emitió sentencia el 06/06/2015, imponiendo al PVEM una multa de 25% de la ministración mensual= $6,734,038.57 " IMPUGNADA SUP-REP451/2015 PVEM ORDINARIA (PÁGINA 24 SRE-PSC-77/2015) 11 UT/SCG/PE/PAN/CG/ 149/PEF/193/ 2015 y sus acumulados UT/SCG/PE/FRD/CG/150/PEF/194/ 2015 UT/SCG/PE/JCJ/CG/174/PEF/218/ 2015 UT/SCG/PE/MORENA/JD04/HGO/177/PEF/ 221/2015 UT/SCG/PE/PRD/CG/204/PEF/248/ 2015 UT/SCG/PE/ECA/CG/219/PEF/263/ 2015 UT/SCG/PE/HMF/CG/221/PEF/265/ 2015 y UT/SCG/PE/PRD/JD09/VER/234/PEF/278/ 2015 PAN, Femando Rodríguez Doval y otro, Senador de la República Javier Corral Jurado, MORENA, PRD, Enrique Castro y Amaya, Héctor Montoya Fernández y PRD PVEM 09/04/2015 Denuncia que el PVEM ha venido entregando un kit escolar, que considera viola la legislación en materia de propaganda electoral, toda vez que su material no es permitido al no ser reciclable ni textil, además de ser un indicio de presión al elector para obtener su voto, además de contener elementos de la campaña Verde sí cumple, por lo que continúa con su estrategia de posicionamiento, en violación del principio de equidad en la contienda. Con fecha 25/05/2015 MORENA presentó escrito de incidente de inejecutción (sic) de sentencia de la SRE del 15 de mayo. El TÉPJF declaró infundado el incidente, EN SENTENCIA DEL 06/0/2015. "Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Con fecha 15/05/2015 la SRE resolvió el expediente SRE-PSC-105/2015 determinando que se acredita, con motivo de la entrega del Kit escolar la conducta del PVEM relativa a la contratación y distribución de artículos promocionales utilitarios elaborados con material distinto al textil: 10% de la ministración mensual por actividades ordinarias. " 11/05/2015 IMPUGNADA SUP-REP334/2015 PRD SUP-REP339/2015 JAVIER CORRAL SUP-REP342/2015 PVEM FUE RETIRADO DE LA SESIÓN DE LA SALA SUPERIOR EL 10 DE JUNIO 2015 ORDINARIA (PÁGINA 41 SRE-PSC-105/2015) 12 UT/SCG/PE/MORENA/CG/220/PEF/264/2015 y sus acumulados UT/SCG/PE/JCJ/CG/225/PEF/269/2015 UT/SCG/PE/ES/CG/226/PEF/270/2015 y UT/SCG/PE/PRD/CG/229/PEF/273/2015 MORENA; Senador Javier Corral Jurado, ES y PRD PVEM 29/04/2015 Denuncia que el 26 de abril de 2015, durante la transmisión por televisión a nivel nacional del partido de fútbol entre Guadalajara y América, en el interior del estadio se difundió propaganda con la frase El verde sí cumple y el emblema del PVEM, en presunto fraude a la ley, al promoverse en televisión obteniendo una ventaja indebida. "Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Con fecha 04/06/2015 la SRE resolvió el expediente SRE-PSC-133/2015 (se acumuló al PSC-132/2015 PE 243/2015), determinando que es existente la infracción relacionada con la vulneración al modelo de comunicación política por parte del PVEM: 3000 dsmg= $210,300.00; PAN: 1500 dsmg= $105,150.00; Alfonso Petersen Farah: 430 dsmg= $30,143.00; The Game Marketing, S.A. de C.V.: 2233 dsmg= $153,533.00 y Corporación de Medios Integrales, S.A. de C.V.: 1615 dsmg= $113,211.50 " 25/05/2015 IMPUGNADA SUP-REP-426/2015 MORENA SUP-
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REP-437/2015 PVEM SUP-REP-440/2015 JAVIER CORRAL SUP-REP 441/2015 CORPORACIÓN DE MEDIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. IMPUGNADA ORDINARIA (PÁGINA 39 SRE-PSC-132/2015 y acumulado) 13 UT/SCG/PE/JCJ/CG/240/PEF/284/ 2015 y su acumulado UT/SCG/PE/PAN/CG/242/PEF/286/ 2015 Senador de la República Javier Corral Jurado y PAN PVEM y PRI 06/05/2015 Denuncia que los partidos políticos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, difundieron propaganda en el partido de fútbol América vs Toluca, celebrado el pasado 2 de mayo, con la intención de que apareciera en televisión durante la trasmisión del partido, hecho que a decir del quejoso, constituye contratación y/o adquisición de tiempo en dicho medio de comunicación. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Con fecha 04/06/2015 la SRE resolvió el expediente SRE-PSC-131/2015 determinando que tuvo verificativo la inobservancia a los artículos 41, Base III, Apartado A de la Constitución y 159, párrafos 2 y 4 de la Legipe (sic), por parte de PRI: 1500 dsmg = $105,150.00 y PVEM: 3500 dsmg = $245,350.00; Publicidad Virtual, S.A. de C.V.: 3600 dsmg= $255,234.10; CPM Medios, S.A. de C.V.: 1650 dsmg = $116,015.50 25/05/2015 IMPUGNADA SUP-RÉP432/2015 CPM MEDIOS, S.A. DE C.V. SUP-REP 439/2015 JAVIER CORRAL SUP-REP445/2015 PUBLICIDAD VIRTUAL S.A. DE C.V. IMPUGNADA ORDINARIA (PÁGINA 51 SRE-PSC-131/2015) 14 UT/SCG/PE/PAN/CG/272/PEF/316/ 2015 PAN PVEM 15/05/2015 Denuncia que en uso de sus prerrogativas el PVEM difunde en radio y televisión el promocional Era federal, identificado con los folios RA02509-15 y RV01674-15, en el que utiliza de forma ilegal la pauta federal para lograr un beneficio a favor de sus candidatos en el estado de Chiapas, que es la única elección local que no es coincidente con la federal. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Con fecha 02/06/2015 la SRE resolvió el expediente SRE-PSC-129/2015 determinando la existencia de la violación atribuida al PVEM: 1,000 dsmg = $70,100.00 01/06/2015 IMPUGNADA SUP-REP-420/2015 PVEM IMPUGNADA ORDINARIA (PÁGINA 27 SRE-PSC-129/2015) 15 UT/SCG/Q/CG/3/PEF/18/2015 SIQyD 1231 Autoridad Electoral PVEM, Cadena Mexicana de Exhibición, S.A. de C.V. (Cinemex) y quien resulte responsable 06/01/2015 Ei Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral ordenó el inicio de un procedimiento sancionador ordinario dentro de los autos del expediente UT/SCG/PE/JCJ/CG/72/INE/88/PEF/42/2014 por el probable incumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de medidas cautelares emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias el 31 de diciembre de 2014. "El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinó FUNDADO PVEM: 50% de la ministración mensual del financiamiento público mensual ordinario- $67,112,123.52; Cinépolis de México, S.A de C.V.: 100,000 dsmg= $7'010,000.00; Cadena Mexicana de Exhibición, S.A. DE C.V.: 100,000 dsmg= $7'010,000.00 Vista a la SRE con copia certificada del presente expediente. Se ordena remitir copia certificada del expediente a la Comisión y a la UTF del INE." 06/03/2015 El TEPJF confirmó la resolución del CG, SUP-RAP-94 al 98 y 100/2015 del 13/05/2015. FIRME GRAVEDAD ESPECIAL (PÁGINA 110 UT/SCG/Q/CG/3/PEF/18/2015) 16 UT/SCG/Q/CG/36/PEF/51/2015 SIQyD 1408 Autoridad Electoral PVEM 10/03/2015 Toda vez que ha fenecido el plazo concedido al
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denunciado a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el punto DÉCIMO TERCERO del acuerdo ACQyD-INE-37/2015, dictado por la CQyD dentro del expediente UT/SCG/PE/MORENA/CG/39/PEF/83/2015, consistente en el retiro de la propaganda fija denunciada, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, determinó la apertura del procedimiento ordinario sancionador por el presunto incumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de medida cautelar citado. "El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinó FUNDADO PVEM: Interrupción total de las propagandas electorales de los tres últimos días de campaña a nivel nacional en los Procesos Electorales en curso, del tiempo que le es asignado por este Instituto." 20/05/2015 31/05/2015 "El TEPJF revocó la resolución del CG, SUP-RAP-215/2015 y acumulados 225 y 226/2015 del 29/05/2015. Interrupción total del tiempo en radio y televisión por un día de campaña a nivel nacional en los Procesos Electorales en curso Vista a la SRE y a la UTF. El TEPJF desechó el recurso presentado por el PAN por falta de materia, SUP-RAP-232/2015 del 03/06/2015. El TEPJF desechó los recursos presentados por el PVEM por hechos consumado de forma irreparable, SUP-RAP-233/2015 Y SU ACUMULADO SUP-RAP-234/2015 del 1/06/2015 " FIRME GRAVEDAD ESPECIAL (PÁGINA 141 UT/SCG/Q/CG/36/PEF/51/2015) 17 UT/SCG/Q/CG/36/PEF/51/2015 SIQyD 1408 Autoridad Electoral PVEM 10/03/2015 Toda vez que ha fenecido el plazo concedido al denunciado a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el punto DÉCIMO TERCERO del acuerdo ACQyD-INE-37/2015, dictado por la CQyD dentro del expediente UT/SCG/PE/MORENA/CG/39/PEF/83/2015, consistente en el retiro de la propaganda fija denunciada, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, determinó la apertura del procedimiento ordinario sancionador por el presunto incumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de medida cautelar citado. "El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinó FUNDADO PVEM: Interrupción total de las propagandas electorales de los tres últimos días de campaña a nivel nacional en los Procesos Electorales en curso, del tiempo que le es asignado por este Instituto. " 20/05/2015 31/05/2015 "El TEPJF revocó la resolución del CG, SUP-RAP-215/2015 y acumulados 225 y 226/2015 del 29/05/2015. Interrupción total del tiempo en radio y televisión por un día de campaña a nivel nacional en los Procesos Electorales en curso Vista a la SRE y a la UTF. El TEPJF desechó el recurso presentado por el PAN por falta de materia, SUP-RAP-232/2015 del 03/06/2015. El TEPJF desechó los recursos presentados por el PVEM por hechos consumado de forma irreparable, SUP-RAP-233/2015 Y SU ACUMULADO SUP-RAP-234/2015 del 1/06/2015 " FIRME GRAVEDAD ESPECIAL (PÁGINA 141 UT/SCG/Q/CG/36/PEF/51/2015) 18 INE/Q-COF-UTT/66/2015 PRD y MORENA PVEM 21/01/2015 y 26/02/2015 La presunta aportación en especie realizada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y diversos legisladores del mismo partido político consistente en la difusión de promocionales en radio y televisión aparentemente relacionadas con sus informes de labores, pero que atienden a la campaña institucional del PVEM (PROMESA CUMPLIDA y EL VERDE SÍ CUMPLE). "El Consejo General del Instituto Federal Electoral
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determinó FUNDADO PVEM: Reducción del 40% (cuarenta por-ciento) de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar el equivalente a la cantidad de $322,455,711.06 (trescientos veintidós millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos once pesos 06/100 M.N.). 11
13/05/2015 IMPUGNADA SUP-RAP-213/2015 PRD SUP-RAP-214/2015 MORENA SUP-RAP-220/2015 PVEM SUP-RAP-221/2015 PAN IMPUGNADA GRAVEDAD ESPECIAL (PÁGINA 132 INE/Q-COF-UTF/66/2015) No EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO FECHA DE PRESENTA CIÓN Y RESPONSA BLE R E S U M E N 1 UT/SCG/PE/PRD/JD01/NAY/356/PEF/ 400/2015 SIQyD 1839 PRD PVEM 01/06/2015 En atención al criterio sostenido en la sentencia emitida por el TEPJF en el expediente SUP-RAP-217/2015, se reencauza el procedimiento ordinario UT/SCG/Q/PRD/JD01/NAY/22/PEF/37/2015, en el que se denuncia que se siguen transmitiendo spots de radio y televisión de la campaña del PVEM denominada El Verde sí cumple, así como su difusión en cines, espectaculares e Internet, incumpliendo las medidas cautelares impuestas a dicho partido en el resolutivo segundo del Recurso de Revisión SUP-REP-019/2014 derivado del procedimiento especial UT//SCG/PE/PRD/CG/58/INE/74/PEF/28/2014. 2 UT/SCG/PE/CG/357/PEF/401/2015 SIQyD 1840 Autoridad Electoral PVEM 01/06/2015 En acatamiento a la sentencia emitida por el TEPJF en el expediente SUP-RAP-217/2015, se reencauza el procedimiento ordinario UT/SCG/Q/CG/27/PEF/42/2015, en el que se denuncia que el PVEM ha hecho un uso indebido del Padrón Electoral, violando la confidencialidad de los datos, contenidos en el mismo, al enviar cartas personalizadas a los domicilios de diversos ciudadanos adjuntando propaganda electoral a su favor. 3 UT/SCG/PE/CG/358/PEF/402/2015 SIQyD 1841 Autoridad Electoral PVEM 01/06/2015 En acatamiento a la sentencia emitida por el TEPJF en el expediente SUP-RAP-217/2015, se reencauza el procedimiento ordinario UT/SCG/Q/CG/31/PEF/46/2015, en el que se denuncia a la presunta afiliación colectiva y uso indebido del Listado Nominal de Electores, derivado del programa de entrega de lentes del PVEM. 4 UT/SCG/PE/CG/359/PEF/403/2015 SIQyD 1842 Autoridad Electoral PVEM 01/06/2015 En acatamiento a la sentencia emitida por el TEPJF en el expediente SUP-RAP-217/2015, se reencauza el procedimiento ordinario UT/SCG/Q/CG/37/PEF/52/2015, en el que se ordenó como medida cautelar la suspensión de los promocionales denunciados difundidos por el PVEM, así como de los reportes de la DEPPP en los que se advierte un nuevo promocional alusivo a dicho partido, lo que podría constituir el probable incumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de medidas cautelares emitido por la CQyD. 5 UT/SCG/PE/CG/360/PEF/404/2015 SIQyD 1843 Autoridad Electoral PVEM 01/06/2015 En acatamiento a la sentencia emitida por el TEPJF en el expediente SUP-RAP-217/2015, se reencauza el procedimiento ordinario UT/SCG/Q/CG/38/PEF/53/2015, por el probable incumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de medidas cautelares emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias el 10 de marzo de 2015, relativo a la campaña del PVEM denominada Tarjetas de descuento Premia Platino. No EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO FECHA DE PRESENTA CIÓN Y
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RESPONSABLE RESUMEN6UT/SCG/PE/CG/362/PEF/406/2015 SIQyD 1845 Autoridad Electoral PVEM 01/06/2015 En acatamiento a la sentencia emitida por el TEPJF en el expediente SUP-RAP-217/2015, se reencauza el procedimiento ordinario UT/SCG/Q/CG/43/PEF/58/2015, por el probable incumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de medidas cautelares emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias el 11 de marzo de 2015. 7 UT/SCG/PE/JOSP/CG/376/PEF/420/ 2015 SIQyD 1862 Jorge Ornar Sánchez Padrón PVEM 01/06/2015 En atención al criterio sostenido en la sentencia emitida por el TEPJF en el expediente SUP-RAP-217/2015, se reencauza el procedimiento ordinario UT/SCG/Q/JOSP/CG/103/PEF/118/2015, toda vez que La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en el Distrito Federal, dio vista en la sentencia emitida dentro del expediente SDF-JDC-303/2015, con el fin de que se determine lo que en derecho corresponda, respecto a la denuncia de Jorge Ornar Sánchez Padrón, relativa a su presunta afiliación indebida al PVEM. 1 UT/SCG/PE/MORENA/CG/63/PEF/107/ 2015 UT/SCG/PE/MORENA/JD38/MÉX/77/ PEF/121/2015 SIQyD 1375 y 1397 MORENA impugnó el acuerdo de la UTCE por el que determinó escindir de los hechos denunciados la parte relativa a la afiliación colectiva. El TEPJF confirmó el acuerdo, SUP-REP-107/205 y acumulado 108/2015 del 25/03/2015. MORENA PVEM 03/03/2015 Denuncia que militantes del PVEM repartieron en el Jardín Municipal de Texcoco, Edo. de México, vales que contienen el logotipo de ese partido, para ser canjeados por lentes de graduación de manera gratuita en Ópticas Devlyn, solicitando copia de la credencial para votar, con lo cual obtine (sic) una ventaja indebida, además de la presunta comisión de actos anticipados de campaña. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada Con fecha 20/03/2015 la SRE determinó en el expediente SRE-PSC-38/2015, que se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada, respecto a la infracción a la normativa electoral por la campaña de entrega de beneficios por medio de interpósita persona por parte del PVEM. Se ordena remitir el Cuaderno de Antecedentes CA-02/2015 a la UTCE, para efecto de que se agote la fase de instrucción respectiva, en atención al debido proceso. 13/03/2015 El diecinueve de marzo, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada el cuaderno de antecedentes CA-02/2015, a través del cual el Consejo Estatal y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí da vista a este órgano jurisdiccional, respecto de la queja presentada, a fin de denunciar la implementación del programa de entrega gratuita de lentes en dicha entidad federativa, al considerar que se encuentra vinculado con la materia del procedimiento especial sancionador citado al rubro, no obstante se omitieron diversas etapas en la instrucción del señalado procedimiento especial sancionador, y sin contar con los elementos del contradictorio, esta Sala Especializada no puede pronunciarse en el fondo del asunto. Por lo que, se estima necesario que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE agote la fase de instrucción respectiva en atención al debido proceso; por tanto, se le remite el cuaderno de antecedentes para que provea lo conducente. El TEPJF confirmó la resolución de la SRE, SUP-REP-138/2015 y acumulado 144/2015 del 06/05/2015 2
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UT/SCG/PE/MORENA/CG/105/PEF/ 149/2015 SIQyD 1438 MORENA PVEM 20/03/2015 La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó en la sentencia SRE-PSC-39/2015, recaída al expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/51/PEF/95/2015, abrir un procedimiento especial sancionador, toda vez que el escrito de queja del representante de MORENA ante la Junta Distrital 12 del INE en Veracruz por la distribución de calendarios de 2015 con el logo del PVEM, se recibió al cierre de la litis materia de la mencionada sentencia. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada Con fecha 02/04/2015 la SRE emitió sentencia SRE-PSC-49/2015 resolviendo que se actualiza la cosa juzgada respecto a la sobreexposición del PVEM. No se acredita que los calendarios deban ser elaborados en material textil y se acredita que su elaboración y distribución no es biodegradable o reciclable: reducción del 10% de la ministración mensual ordinaria = $1,181,963.08 27/03/2015 "El TEPJF revocó la sentencia de la SRE, SUP-REP-159/2015 del 03/06/2015, para que previo a la emisión de una nueva determinación, instruya a la UTCE efecto de que lleve a cabo las diligencias que se estimen necesarias, a fin de contar con mayores elementos que permitan a la Sala emitir la resolución que en derecho corresponda. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña" El 11/06/2015 llegaron las contestaciones del PVEM No. EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO FECHA DE PRESENTACIÓN Y RESPONSA BLE R E S U M E N SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Y SANCIÓN FECHA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNACIÓN ESTADO 3 UT/SCG/PE/PAN/CG/249/PEF/293/ 2015 SIQyD 1688 PAN PVEM 07/05/2015 La Sala Superior del TEPJF, en el expediente SUP-JRC-542/2015, ordenó a la Unidad técnica de lo Contencioso Electoral, que analice e investigue los hechos denunciados por el PAN en el procedimiento ordinario sancionador POS-010-2015, relativos a la distribución, entre los neoloneses, de las tarjetas de descuento y promoción del PVEM, lo que considera genera una evidente inequidad en la contienda para renovar puestos de elección popular local, en presunta infracción a la normatividad electoral. 4 UT/SCG/PE/PRD/JL/TAB/273/PEF/ 317/2015 SIQyD 1716 PRD PVEM 15/05/2015 Uso indebido del Padrón Electoral conducta con la que se ha violado la confidencialidad de los datos contenidos en el Padrón Electoral y se han realizado actos de presión y coacción de voto del electorado a través de la distribución de la tarjeta de descuento "PREMIA LATINO" con el logotipo del Partido Verde Ecologista de México y de la empresa "MÁS DESCUENTOS", misma que es entregada en los domicilios particulares de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, vulnerando la normatividad en materia de propaganda electoral. DESECHADA 16/05/2015 El TEPJF revocó el acuerdo de desechamiento, SUP-REP-366/2015 del 3 de junio de 2015, ordenando que la UTCE trámite la queja y resuelva lo conducente. 5 UT/SCG/PE/MORENA/JL/DGO/278/ PEF/ 322/2015 SIQyD 1726 MORENA PVEM 18/05/2015 Denuncia la reiterada conducta del PVEM al continuar con la distribución de las tarjetas de descuento, los boletos de cine y el kit escolar, en presunta violación a la normativa electoral. DESECHADA 19/05/2015 El TEPJF revocó el acuerdo de desechamiento, SUP-REP-356/2015 del 10 de junio de 2015, ordenando que la UTCE tramite la queja y resuelva lo conducente. 6 UT/SCG/PE/PAN/JD04/DGO/313/PEF/357/2015 y
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su acumulado UT/SCG/PE/PAN/JL/DGO/329/PEF/ 373/2015 SIQyD 1785 y 1805 PAN PRI, PVEM y su candidata Alicia Guadalupe Gamboa Martínez 25/05/2015 En los promocionales pautados en radio y televisión en los que se promociona la imagen de Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, sólo se promociona el logotipo del PRI, siendo que dicha candidata es postulada por la coalición que existe entre el PRI y el PVEM, en contravención con la normativa electoral No. EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO FECHA DE PRESENTACIÓN Y RESPONSA BLE R E S U M E N SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Y SANCIÓN FECHA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNACIÓN ESTADO 7 UT/SCG/PE/PAN/CG/319/PEF/363/2015 SIQyD 1792 PAN PVEM, TV Azteca y Laura Ballesteros 26/05/2015 Queja en contra del PVEM, su candidata a jefa delegacional en Miguel Hidalgo, D.F., Laura Ballesteros y Tv Azteca, por la indebida compra o adquisición de tiempos en televisión, así como la violación al modelo mexicano de comunicación política. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional 10/06/2015 8 m"/SCG/PE/PAN/JL7SLP/330/PEF/ 374/2015 SIQyD 1806 PAN Candidatos a diputados locales y a Presidente Municipal de Matehuala, S.L.P., del PRI-PVEM, candidato de PRI-PVEM-NA a gobernador de San Luis Potosí y PRI 29/05/2015 Denuncia que José Paz Villanueva Contreras, candidato suplente a diputado local del PRI-PVEM, trabaja como locutor en la estación de radio XEIE Stéreo 1030 de la ciudad de Matehuala, S.L.P., con audiencia en la región del altiplano potosino, en el programa Noticentro Regional, en el que promueve continuamente su candidatura y la del candidato propietario, además de entrevistas a los candidatos de la coalición PRI-PVEM-NA a gobernador de San Luis Potosí y a Presidente Municipal de Matehuala, S.L.P. 9 UT/SCG/PE/IMPEPAC/CG/334/PEF/ 378/2015 SIQyD 1816 Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana PVEM 30/05/2015 El Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana ordenó remitir al INE la queja presentada por el Partido Socialdemócrata de Morelos en contra del PVEM, por la distribución de folletos en domicilios del estado de Morelos, lo que considera constituye la comisión de actos anticipados de campaña. 10 UT/SCG/PE/SAC/CG/352/PEF/396/ 2015 y sus acumulados UT/SCG/PE/JSPR/JD03/AGS/365/PEF/409/2015, UT/SCG/PE/JITR/JD08/JAL/366/PEF/410/2015, UT/SCG/PE/AGAO/CG/367/PEF/411/2015, UT/SCG/PE/RBCB/CG/368/PE F/412/2015, UT/SCG/PE/AAM/JL/NL/369/PEF/413/2015, UT/SCG/PE/MRAV/JD10/JAL/370/PEF/414/2015,
UT/SCG/PE/DELAA/CG/371/PEF/415/2015, UT/SCG/PE/DAAZ/JD10/JAL/372/PEF/416/2015,
UT/SCG/PE/USF/JL/DGO/373/PEF/417/2015,
UT/SCG/PE/MAAS/CG/375/PEF/419/2015, UT/SCG/PE/MAV/JD14/DF/377/PEF/421/2015, UT/SCG/PE/MSTG/JLyjALy378/PEF/422/2015, y UT/SCG/PE/MÁA/CG/379/PEF/423/ 2015 SIQyD 1835, 1848, 1850, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1861, 1863, 1864 y 1865 Diversos ciudadanos PVEM 31/05/2015 Denuncia el uso de sus datos personales ya que recibió en su domicilio una carta con una tarjeta de descuentos a su nombre,
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junto con 6 boletos de cine refiriendo una supuesta afiliación al Partido Verde Ecologista de México, siendo que es partidario del Partido Acción Nacional. 3 UT/SCG/PE/MORENA/JD17/VER/114/PEF/158/2015 SIQyD 1459 MORENA PVEM 27/03/2015 Denuncia que con la entrega que hace el PVEM de la tarjeta de descuento PREMIA Platino, para uso en muy diversos establecimientos, pretende presionar y coaccionar el voto del electorado a su favor. 4 UT/SCG/PE/MORENA/JD04/VER/115/PEF/159/2015 SIQyD 1460 MORENA PVEM 27/03/2015 Denuncia que con la entrega que hace el PVEM de la tarjeta de descuento PREMIA Platino, a ciudadanos que no son sus militantes, pretende presionar y coaccionar el voto del electorado a su favor, y considera que constituyen actos anticipados de campaña. 7 UT/SCG/PEMORENA/3D04/HGO/119/ PEF/163/2015 SIQyD 1464 MORENA PVEM 27/03/2015 Denuncia que la ciudadana María Islas recibió en su domicilio la tarjeta de descuento PREMIA Platino con el logo del PVEM, que hace alusión a un supuesto ahorro de dinero, manifestando que no tiene relación de militancia, partidaria ni de simpatía alguna con de este partido, en presunta violación de los artículos 443, párrafo 1 y 444, párrafo 1, incisos a) y b) de la Legipe (sic). 8 UT/SCG/PE/MORENA/JD04/HGO/121/ PEF/165/2015 SIQyD 1466 MORENA PVEM 27/03/2015 Denuncia que el representante de MORENA ante el 04 Consejo Distrital del INE en Hidalgo, Humberto Lugo Salgado, recibió en su domicilio propaganda del PVEM que hace referencia a las "promesas cumplidas", en presunta violación de los artículos 3, párrafo 2 y 25, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos. 14 in7SCG/PE/MÓRENA/JL/DGO/139/ PEF/183/2015 SIQyD 1491 MORENA PVEM 07/04/2015 Denuncia infracciones a disposiciones electorales y conductas presuntamente conculcatorias de la normatividad electoral federal, al utilizar ¡legalmente el padrón electoral para la entrega de tarjetas Premia Platino, por parte del PVEM. 15 UT/SCG/PE/MORENA/JD03/VER/140/ PEF/184/2015 SIQyD 1501 MORENA PVEM 07/04/2015 El representante de MORENA ante el 03 Consejo Distrital del INE en Veracruz denuncia que militantes del PVEM se presentaron en su domicilio y le dejaron un tarjeta de descuento Premia Platino, lo cual considera propaganda anticipada de ese partido que viola el principio de equidad en la contienda. 20 UT/SCG/PE/MORENA/JUDGO/170/ PEF/214/ 2015 SIQyD 1527 MORENA PVEM 14/04/2015 Infracciones a disposiciones electorales y conductas presuntamente conculcatorias de la normatividad electoral federal, al utilizar ¡legalmente el padrón electoral para la entrega de tarjetas Premia Platino. 24 UT/SCG/PE/MORENA/JD13/MEX/214/ PEF/258/ 2015 SIQyD 1624. MORENA PVEM 27/04/2015 Denuncia que en diversas fechas el PVEM ha estado incurriendo en actos ilegales, como el reparto de tarjetas de descuento, de boletos de cine de la cadena Cinemex y de mochilas escolares con diversos objetos, además de la sustracción de datos confidenciales, como son nombres y direcciones de ciudadanos que reciben los mencionados artículos. Circunstancias todas por las que se debe declarar la violación a los principios de elecciones libres, auténticas y periódicas, por lo que se debe declarar nula la elección e inelegibles a las fórmulas beneficiadas por el PRI-PVEM. La coalición PRI-PVEM gana en este distrito., por lo que
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debe declararse la nulidad de la elección al haber obtenido una ventaja indebida e ilegal.
De lo anterior, es posible advertir que los asuntos mencionados
aluden a los temas siguientes:
1. Vulneración sistemática del modelo de comunicación política
durante la precampaña a través de propaganda en revistas,
redes sociales y mensajes de texto;
2. Difusión de spots en radio y televisión sobre informes de
senadores y diputados del Partido Verde Ecologista de
México en tiempos pautados para precampaña:
3. Exceso de gasto en la contratación y adquisición de
publicidad, además de promoción personalizada de
servidores públicos y doble beneficio a través de una
campaña publicitaria nacional del Partido Verde Ecologista
de México en radio y televisión, internet, y espectaculares
con contenido homologado al difundido en diversos puntos
del país por los grupos parlamentarios del aludido instituto
político en televisión abierta y restringida, espectaculares,
anuncios en casetas telefónicas, “parabuses”, cine minutos
en “Cinemex” y “Cinepolis”, entre otros;
4. Utilización del emblema del Partido Verde Ecologista de
México en papel gratuito para envolver tortillas y posters en
tortillerías de Texcoco, Estado de México;
5. Modificación del slogan “Sí cumple” por el de “Propuestas
cumplidas” en publicidad fija en mobiliario urbano, autobuses
y espectaculares a nivel nacional para continuar con la
campaña de propaganda genérica;
ST-JIN-12/2015
33
6. Presentación como propio del Partido Verde Ecologista de
México, en su página de internet, del programa federal de
vales de medicina anunciado por el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para
iniciar en el Distrito Federal el quince de marzo de dos mil
quince y extenderse a nivel nacional;
7. Campaña de entrega de lentes gratuitos con graduación a
cambio de afiliación al Partido Verde Ecologista de México en
Texcoco, Estado de México, entre otros lugares del país;
8. Alteración al modelo de comunicación política y
sobreexposición ilegal de manera integral y sistemática
mediante la distribución de calendarios dos mil quince con el
emblema del Partido Verde Ecologista de México, mediante
la violación a la confidencialidad de los datos contenidos en
el padrón electoral para el envío de cartas personalizadas a
domicilio;
9. Distribución gratuita en el domicilio de los ciudadanos,
mediante indebida utilización del padrón electoral, de la
tarjeta de descuento “Premia Platino” con el logotipo del
Partido Verde Ecologista de México y de la empresa “Más
Descuentos”;
10. Entrega gratuita de boletos de cine “CINEMEX”;
11. Contratación y distribución de artículos promocionales
utilitarios (kit escolar alusivo a la campaña “Verde sí cumple”)
con material distinto al textil;
ST-JIN-12/2015
34
12. Vulneración al modelo de comunicación política,
mediante la difusión de propaganda en el estadio donde se
llevaron a cabo los juegos de futbol Guadalajara-América
(propaganda del Partido Verde Ecologista de México) y
América-Toluca (propaganda del Partido Verde Ecologista de
México y del Partido Revolucionario Institucional) trasmitidos
en televisión nacional;
13. Utilización de la pauta federal en radio y televisión para
beneficiar a los candidatos del Partido Verde Ecologista en
Chiapas;
14. Incumplimiento de medidas cautelares respecto de los
cine minutos en “Cinepolis”, el retiro de propaganda electoral
fijada, la transmisión del spot “El Verde sí cumple” y de un
nuevo spot en radio y televisión, cines, espectaculares e
internet, así como la entrega de las tarjetas “Premia Platino”;
15. Afiliación indebida (individual o colectiva) de
ciudadanos al Partido Verde Ecologista de México;
16. Difusión de promocionales pautados, a favor de la
candidata de la coalición PRI-PVEM, Alicia Guadalupe
Gamboa Martínez (candidata a diputada federal por el distrito
federal electoral IV de Durango) en donde solo aparece el
logotipo del Partido Revolucionario Institucional;
17. Adquisición o compra indebida de tiempo en televisión
(“TV Azteca”) a favor de la candidata a jefa delegacional en
Miguel Hidalgo, Distrito Federal;
18. Promoción indebida de candidaturas del Partido Verde
Ecologista de México en radio, por parte de un candidato de
ST-JIN-12/2015
35
dicho partido a diputado local de San Luis Potosí, que trabaja
como locutor en una estación de radio regional), y
19. Actos anticipados de campaña mediante la distribución
de folletos a domicilio en el Estado de Morelos.
Como puede verse, en su demanda, el partido actor desarrolla sus
agravios a través de la exposición de una serie de hechos a cargo
del Partido Verde Ecologista de México, los cuales considera
actualizan diversas causas de nulidad de la elección. De la lectura
integral de la demanda, se advierte que si bien se omite exponer
los agravios claramente a manera de silogismos, es fácilmente
advertible la causa de pedir.
Al respecto, la Sala Superior sostiene la doctrina jurisprudencial de
que para la debida configuración de los agravios es suficiente la
exposición de la causa de pedir, esto es, que se precise la lesión o
agravio que cause la resolución impugnada y los motivos que
originaron dicho agravio. Dicha doctrina jurisprudencial está
plasmada en la jurisprudencia 3/2000 y en la Tesis CXXXVIII/2002,
que, respectivamente, indican:
“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.- En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio,
ST-JIN-12/2015
36
para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio.
“SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.- El órgano jurisdiccional no está constreñido legalmente a realizar estudio oficioso alguno sobre causas de nulidad que no fueron invocadas por el actor, en atención a una pretendida suplencia de la queja o causa de pedir, pues tal como se establece en el artículo 52, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es un requisito especial del escrito de demanda mencionar, en forma individualizada, las casillas que se pretendan anular y las causas que se invoquen en cada una de ellas; por lo que, si el actor omite señalar en su escrito de demanda de inconformidad, las causas de nulidad de la votación establecidas en el artículo 75 de la citada ley general, tal omisión no puede ser estudiada ex officio por la autoridad que conoce del juicio de inconformidad, puesto que tal situación no sería una suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel de promovente, cosa totalmente ilegal, a menos que de los hechos expuestos en la demanda se puedan deducir agravios, que pongan de manifiesto la actualización de una causa de nulidad de la votación, en términos de lo dispuesto en el artículo 23 párrafo 1, de la ley adjetiva citada.”
En el caso existe causa de pedir toda vez que: 1) Se solicita la
invalidez de los resultados consignados en el acta de cómputo
distrital de la elección de diputados federales por el principio de
mayoría relativa, su declaración de validez, así como la
expedición de la constancia de mayoría respectiva, 2) se
precisan los motivos que originan el agravio y 3) se precisa la
lesión o agravio que causa el acto o resolución impugnada.
Partiendo de lo anterior, el actor solicita se declare la nulidad de
la elección con base en las causales de nulidad previstas en los
artículos 78 y 78 bis, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, en relación con el 41,
Base VI, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución federal;
por lo tanto, el estudio de los agravios se hará en cuatro
apartados distintos, que corresponden al tipo genérico y a cada
uno de los tres tipos específicos de nulidad de la elección que
invoca el promovente, mediante la identificación de los agravios
ST-JIN-12/2015
37
que, conforme a los hechos en los que se apoyan,
corresponden a cada tipo, lo cual se hace para suplir las
deficiencias y omisiones en los agravios, conforme lo dispone el
artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral; sin que ello le genere
perjuicio alguno, puesto que ha sido criterio reiterado de la Sala
Superior de este Tribunal, que el estudio de los agravios, ya sea
en conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por
uno, en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no
causa afectación jurídica, porque lo trascendental, es que todos
sean estudiados:2
I. Tipo de nulidad de elección genérico
i. Actos anticipados de precampaña y campaña
Sobre el particular, el actor refiere que el Partido Verde Ecologista
de México ha cometido violaciones al periodo de inter-campaña,
así como que en varias resoluciones ya firmes de esta Sala
Regional o de la Sala Regional Especializada, se ha señalado que
las conductas desplegadas por dicho partido vulneran la equidad
de las precampañas y campañas, y que tal circunstancia se ve
reforzada con la resolución de la Sala Superior de este Tribunal
dictada en los expedientes SUP-REP-117/2015 y SUP-REP-
119/2015 acumulados, en donde, al parecer del promovente, se
identifica que los actos indirectos realizados por dicho partido solo
pueden ser clasificados como actos anticipados de precampaña y
campaña, ya que se realizaron para posicionar al partido y obtener
una ventaja indebida antes de la jornada.
2 Véase la jurisprudencia 4/2000 de rubro AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN, consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6.
ST-JIN-12/2015
38
ii. Incumplimiento de medidas cautelares
El promovente hace consistir el presente agravio, en la
aseveración de que el Partido Verde Ecologista de México
continuó con la promoción del “apagón verde” en la red social
denominada “Twitter”, pese a que la autoridad electoral dictó
medidas cautelares a efecto de que cesara dicha difusión, lo que
en su concepto, constituye un desacato.
iii. Violación al periodo de veda electoral
El actor refiere que el Partido Verde Ecologista de México incentivó
y/o contrató artistas, actores, actrices, cantantes y conductores de
“Televisa” y “TV Azteca” a efecto de que, a partir del cinco de junio
(durante el periodo de veda electoral), promocionaran a través de
sus cuentas personales en la red social “Twitter”, las propuestas y
slogans de campaña del aludido partido político, mediante las
frases o “hashtags” siguientes: “#BecasParaNoDejasLaEscuela”,
“#ElVerdeSiCumple”, “#VamosVerdes@partidoverdemex”,
“#InglesYComputacion”.
Menciona que se dio cuenta de lo anterior, en un par de notas
publicadas el seis de junio en las direcciones de internet
http://www.animalpolitico.com/2015/06/famosos-hacen-
propaganda-a-favor-del-partido-verde-a-un-dia-de-la-eleccion/ y
http://www.sinembargo.mx/06-06-2015/1369848.
Asimismo, solicita se dé vista a la Unidad Técnica de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral por el gasto que representó para el
Partido Verde Ecologista de México haber contratado, por sí o por
interpósita persona, los servicios de las personalidades que
publicaron en sus cuentas de “Twitter” los aludidos mensajes.
ST-JIN-12/2015
39
II. Tipo de nulidad de elección específico por exceso en
el gasto de campaña
i. Rebase del tope de gastos de precampaña y campaña,
y rebase a los límites del financiamiento público y
privado
El actor argumenta que debe tomarse en cuenta el gasto realizado
por éste, el cual rebasó el tope de gastos de precampaña y
campaña, prorrateándose el beneficio directamente a todos y cada
uno de sus candidatos, aunado al rebase de los límites permitidos
para la recepción de financiamiento público y privado establecido
por la autoridad electoral.
Asimismo, refiere que el rebase del tope de gastos de precampaña
y campaña por el Partido Verde Ecologista, deviene de la campaña
de propaganda genérica implementada por dicho partido político,
así como del costo real de los “spots” transmitidos para la difusión
del trabajo de los legisladores de dicho partido a diciembre de dos
mil catorce, que según sus cálculos asciende al monto de
$3,531,859,747.00 (tres mil quinientos treinta y un millones
ochocientos cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta y siete
pesos 00/100 M.N.) que, prorrateado entre noventa y ocho
candidatos a diputados federales, corresponde a la cantidad de
$36,039,385.17 (treinta y seis millones treinta y nueve mil
trescientos ochenta y cinco pesos 17/100 M.N.) para cada uno, lo
que evidencia que dicho partido político efectuó un gasto superior
a los mil quinientos millones de pesos por la realización de
conductas tales como:
ST-JIN-12/2015
40
1. Distribución de artículos promocionales prohibidos como
papel para tortillas;
2. Propaganda en autobuses, espectaculares, vallas,
“bajopuentes” y mobiliario urbano;
3. Proyección de cientos de miles de promocionales de logros
de legisladores del Partido Verde Ecologista de México en
“CINEMEX” y “CINEPOLIS”;
4. Difusión como logro propio, con la intervención del gobierno
federal, del programa de vales de medicinas en las páginas
de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE);
5. Entrega de anteojos gratuitos, a través de vales, con la óptica
“Devlyn”, a cambio de datos personales y afiliación al Partido
Verde Ecologista de México;
6. Uso indebido del padrón electoral para el envío de
propaganda a domicilio;
7. Propaganda en las líneas uno y dos del servicio de
transporte colectivo “Metro” de la Ciudad de México, Distrito
Federal;
8. Promocionales y “spots” difundiendo logros del Partido Verde
Ecologista de México y de sus legisladores en radio y
televisión a nivel nacional;
9. Construcción de centros de canje del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para los
vales de medicina prometidos por el Partido Verde Ecologista
de México;
10. Distribución de las tarjetas de descuento
personalizadas “Premia Platino” utilizando ilegalmente el
padrón electoral;
ST-JIN-12/2015
41
11. Propaganda en revistas, facturada en costo menor al
real;
12. Propaganda en diversos sitios web;
13. Envío de mensajes con propaganda a celulares;
14. Reparto de despensas en Cancún, Quintana Roo, a
cambio de afiliarse al Partido Verde Ecologista de México;
15. Adquisición ilegal de tiempos en radio y televisión, y
16. Utilización de recursos de procedencia ilícita.
Señala que el veintiséis de febrero del presente año, presentó una
queja en materia de financiamiento en contra del Partido Verde
Ecologista de México, identificada con la clave INE/Q-COF-
UTF/03/2015, por la realización de una campaña de propaganda
genérica con el emblema de dicho partido y la palabra “Verde”
refiriendo las frases “Vales de medicina” y los eslóganes
“Propuesta cumplida”, “Propuestas cumplidas”, “IMSS-ISSSTE”, “A
partir del 1 de julio en Edo. de Mex, no más cuotas obligatorias en
escuelas públicas”, “Ley aprobada”, “Leyes aprobadas”, “Sí
cumple”, “Contamina paga”, “No más cuotas” y “Circo sin
animales”.
ii. Inelegibilidad de la fórmula ganadora
El partido actor refiere que le causa agravio que la autoridad
responsable no haya analizado la inelegibilidad de la fórmula
ganadora de candidatas a diputados federales, pues a su parecer,
el que el Partido Verde Ecologista de México haya rebasado del
tope de gastos de precampaña y campaña, y omitido informar en
relación con sus gastos, ocasiona que dichos candidatos resulten
inelegibles.
ST-JIN-12/2015
42
III. Tipo de nulidad de elección específico por compra o
adquisición de cobertura informativa o tiempos en
radio y televisión
Promoción ilegal del Partido Verde Ecologista de México y de
la coalición PRI-PVEM, en espacios informativos de “Televisa”
y “TV Azteca”
Al respecto, el actor arguye que las aludidas televisoras han
promovido al Partido Verde Ecologista de México en espacios
informativos, más que a cualquier otro partido, según lo ha medido
y publicado el Instituto Nacional Electoral, lo cual pretende
acreditar con las pruebas que ofreció en calidad de
supervenientes, consistentes en datos contenidos en el informe
final sobre monitoreo de noticieros y la difusión de sus resultados
durante el periodo de campañas del cinco de abril al tres de junio
de dos mil quince, discutido por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral el veinticuatro de junio del mismo año,
publicado, según su dicho, en las direcciones de internet
hhhps://monitoreo2015.ine.mx/app/home?execution=e8s1 y
https://monitoreo2015.ine.mx/app/descargaInformes?execution=e7
s1.
Del mismo modo, menciona que una decena de operadores de
dichas cadenas televisivas, son candidatos a diputados federales
de representación proporcional de dicho partido y del Partido
Revolucionario Institucional, ubicados en las primeras posiciones
de las listas regionales correspondientes, lo que a su juicio, les
asegura sus curules, por lo que denomina a dicho grupo como
“telebancada”.
ST-JIN-12/2015
43
IV. Tipo de nulidad de elección específico por recepción
o utilización de recursos de procedencia ilícita o
recursos públicos en las campañas y análisis del
agravio
Recepción ilegal de financiamiento público y privado y
omisión de informar aportaciones recibidas
El promovente precisa que la campaña genérica de
posicionamiento del Partido Verde Ecologista de México,
solamente pudo ser sufragada mediante la recepción ilegal de
financiamiento proveniente de servidores públicos, órganos de
gobierno y organismos descentralizados, así como por parte de
personas físicas y jurídicas – colectivas, lo que derivó en la
omisión del Partido Verde Ecologista de México de informar a la
autoridad electoral, las aportaciones recibidas en dinero y en
especie proveniente de particulares para su precampaña y
campaña.
C. Normativa aplicable
I. Carga argumentativa y carga de la prueba
Acorde con lo dispuesto en los artículos 207 y 208, párrafo 1,
inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados
por la Constitución y la propia ley, realizados por las autoridades
electorales, los partidos políticos, así como los ciudadanos, los
cuales tienen por objeto la renovación periódica de los integrantes,
en este caso, de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión. Dos de las etapas del proceso electoral son la jornada
electoral, y la de resultados y declaración de validez de la elección.
ST-JIN-12/2015
44
En términos de lo dispuesto en los artículos 1°, párrafos segundo y
tercero; 41, base V, apartado A; 99, párrafos primero, segundo y
cuarto, fracciones I y II; 128, y 133 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley
General de Partidos Políticos, y 81, párrafo 2, y 85, párrafo 1,
inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, respecto de los actos jurídicos, en especial, los que
suceden durante el proceso electoral, y que llevan a cabo la
autoridad electoral, los partidos políticos y los ciudadanos, entre
otros sujetos de derecho, se constituye una presunción que va en
el sentido de que son constitucionales, convencionales y legales.
Es decir, los actos de autoridad y los que realizan los demás
sujetos se reputan como válidos. Tal presunción de validez de la
actuación de los diversos actores políticos va en beneficio del
proceso electoral, en especial, de los resultados y declaración de
validez de las elecciones.
En el caso de los partidos políticos tienen la obligación de conducir
sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático. En lo
que respecta a la actuación de quienes no son autoridad y realizan
actos electorales o que trascienden en el desarrollo o resultados
de los procesos electorales, se presume la buena fe (artículo 257
del Código Civil Federal). Con relación a este punto, se debe
destacar que, en términos de lo dispuesto en los artículos 5°,
párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y
29, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, ninguna disposición de ambos instrumentos puede ser
interpretada en el sentido de permitir a un Estado, grupo o
persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos humanos o
limitarlos en mayor medida que la prevista en los mismos. De ahí
ST-JIN-12/2015
45
que a partir de dicho deber de respetar los derechos humanos que
pesa sobre los agentes del Estado y todos los demás sujetos se
puede desprender una presunción de validez de su actuar.
Todos los que participan en la realización de los actos que
comprende el proceso electoral, están obligados a sujetar su
actuación a lo dispuesto en la Constitución y las leyes de la
materia, por lo que, en principio, la elección se reputa como válida.
Al respecto, está el texto de la tesis XLV/98, de rubro INFORME
CIRCUNSTANCIADO. SU CONTENIDO PUEDE GENERAR UNA
PRESUNCIÓN.3
Como consecuencia, es que derivan dos cargas procesales para el
actor. Una que va en el sentido de argumentar y la otra de probar.
Así, en lo que atañe a la carga argumentativa en los medios de
impugnación, el actor tiene la obligación de mencionar de manera
expresa y clara los hechos en que basa su impugnación, los
agravios que cause el acto o resolución impugnado y los preceptos
presuntamente violados, con independencia de que opere la
suplencia de las deficiencias u omisiones en los agravios [artículos
9°, párrafo 1, inciso e), y 23, párrafo 1, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral]. Sin
embargo, en todo caso, el actor, con claridad, debe expresar su
causa de pedir, mediante la precisión de la lesión o agravio que le
causa el acto o resolución y los motivos que originan el agravio, o
bien, al menos un principio de agravio, aunque no importa su
presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como
silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva,
puesto que, además, todos los razonamientos y expresiones que
3 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, p. 54.
ST-JIN-12/2015
46
con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda
constituyen un principio de agravio, porque el juicio de
inconformidad no es un procedimiento formulario o solemne, según
deriva de la tesis de jurisprudencia AGRAVIOS. PARA TENERLOS
POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.4
En el juicio de inconformidad, a partir de los supuestos de
procedencia, se puede desprender en qué sentido va dicho deber
de argumentar, porque se alude a la determinación de las
autoridades electorales federales que violen normas
constitucionales o legales relativas a las elecciones de Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, y en
específico, por lo que corresponde al presente asunto y concierne
a la elección de diputados, la precisión de los resultados
consignados en las actas de cómputo distrital, las declaraciones de
validez de las elecciones y el otorgamiento de las constancias de
mayoría y validez respectivas, por nulidad de la votación recibida
en una casilla o por nulidad de la elección [artículos 49 y 50,
párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral].
En consecuencia, la identificación de la causa de pedir
(irregularidades que afectaron la elección distrital) y la pretensión
del actor (nulidad de la elección y su secuela que es la revocación
de las constancias de mayoría), así como la acreditación de los
extremos fácticos, son cargas procesales que corresponde atender
al actor.
Esto es, se debe demostrar la actualización de los supuestos
previstos para la anulación de la elección en el distrito electoral, a
4 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia, v. 1, pp. 122-123.
ST-JIN-12/2015
47
fin de revertir la presunción de validez de la que goza, no sólo
porque quien afirma está obligado a probar (artículo 15, párrafo 2,
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral), sino también porque quien cuestiona una
presunción debe probar en contra de la misma. Lo anterior, es
congruente con lo previsto en el artículo 194 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme con lo
establecido en el artículo 4°, párrafo 2, de la ley de medios
precisada.
Incluso, la nulidad de elección en determinado distrito electoral,
además de que sólo puede actualizarse cuando se hayan
acreditado plenamente los extremos de la causal prevista en la ley,
no debe extender sus efectos más allá de esa elección, a fin de
evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el
ejercicio del derecho de voto activo de los electores que
expresaron válidamente su voto, lo cual se conoce como principios
de conservación de los actos públicos válidamente celebrados e
incomunicación de la invalidez de un acto a otro que debe
preservarse [artículos 71, párrafo 2, y 78 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral]. Lo
anterior, es acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia 9/98, de
rubro PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS
PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN
LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN,
CÓMPUTO O ELECCIÓN.5
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los
extremos jurídicos que deben evidenciarse (argumentativa y
probatoriamente) por el actor son: la verificación de violaciones a la
normativa electoral; las violaciones electorales deben ser 5 Compilación 1997-2013, tesis, t. 1, v. 2, pp. 1296-1297.
ST-JIN-12/2015
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generalizadas; las violaciones electorales deben ser sustanciales;
las violaciones electorales deben ocurrir en la jornada electoral o
incidir en la misma; las violaciones electorales deben suceder en el
distrito electoral federal; las violaciones electorales deben estar
plenamente acreditas, y debe demostrarse que las violaciones
electorales son determinantes.
Asimismo, es conveniente destacar, que el diez de febrero de dos
mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron
veintinueve artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia político-electoral, destacando entre
los cambios más relevantes de la citada reforma, la inclusión de
una nueva causal de nulidad, consistente en que una elección
federal o local, puede anularse cuando se rebase el tope de gastos
de campaña, cuando se compre o adquiera cobertura informativa o
tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en
la ley, o cuando se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita
o recursos públicos en las campañas; siempre y cuando se
acredite que la falta fue grave, dolosa y determinante para el
resultado de la elección [artículo 41, Base VI, párrafo tercero,
incisos a), b) y c), de la Constitución federal].
A fin de implementar de manera adecuada dicha disposición, el
veintitrés de mayo de dos mil catorce, se expidieron varias leyes
secundarias en materia electoral, en lo que interesa, la Ley
General de Instituciones y Procedimiento Electorales y la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral.
En la primera de ellas, la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en el artículo 443, párrafo 1, inciso f),
ST-JIN-12/2015
49
se establece que constituye una infracción por parte de los partidos
políticos exceder los topes de gastos de campaña en un cinco por
ciento al monto total autorizado; por su parte, en el artículo 78 bis,
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, se señala que las elecciones serán nulas por
violaciones graves, dolosas y determinantes, en los casos
previstos en la Base VI del artículo 41, de la Constitución federal.
Respecto a lo establecido en el numeral 78 bis de la ley procesal
electoral referida, el promovente debe argumentar y probar en qué
forma se acreditan los elementos normativos, propios de la causal
de nulidad de elección específica, cuyo contenido deriva, en
principio, del artículo 41, Base VI, párrafo tercero, de la
Constitución federal, mismos que se enlistan a continuación: la
verificación de violaciones a la normativa electoral en materia de
exceso del gasto de campaña en un cinco por ciento del monto
total autorizado, compra o adquisición de cobertura informativa o
de tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos
en la ley (presumiéndose que se está en presencia de cobertura
informativa indebida cuando, tratándose de programación y de
espacios informativos o noticiosos, sea evidente que, por su
carácter reiterado y sistemático, se trata de una actividad
publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de los
ciudadanos y no de un ejercicio periodístico), y recepción o
utilización de recursos de procedencia ilícita o de recursos públicos
en las campañas; las violaciones electorales deben ser graves,
entendiéndose por éstas, aquellas conductas irregulares que
produzcan una afectación sustancial a los principios
constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso
electoral y sus resultados; las violaciones electorales deben ser
dolosas, es decir, realizadas con pleno conocimiento de su
carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un
efecto indebido en los resultados del proceso electoral; las
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50
violaciones electorales deben incidir en la jornada electoral; las
violaciones electorales deben suceder en el distrito electoral
federal o afectar los resultados obtenidos en éste; las violaciones
electorales deben estar plenamente acreditadas de manera
objetiva y material, y debe demostrarse que las violaciones
electorales son determinantes, existiendo presunción de
determinancia en aquellos casos en que la diferencia entre la
votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al
cinco por ciento.
En ese sentido, cobra especial relevancia el hecho de que al
anular la elección de un cargo público (en el caso, diputados por el
principio de mayoría relativa por el distrito electoral 12 en el Estado
de México), como lo pretende el actor, también se priva de todo
efecto jurídico al derecho de los electores que participaron en la
elección, es decir, quienes en ejercicio del derecho al voto activo
acudieron a las urnas correspondientes. En consecuencia, el actor
debe probar plenamente los extremos de las causales de nulidad
de elección que invoca, a fin de que la restricción al derecho de
votar de los electores esté plenamente justificada en ese distrito,
para que dicha consecuencia anulatoria sea una medida idónea,
necesaria y proporcional, acorde con los principios previstos en la
Constitución federal y en los tratados internacionales.
En consecuencia y conforme con lo previsto en el artículo 9°,
párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, el actor debe ofrecer y aportar
las pruebas dentro del plazo para la presentación del medio de
impugnación; mencionar, en su caso, las que se habrá de aportar
dentro de dicho plazo, y las que deban requerirse por el juzgador,
condicionado esto último a que el promovente justifique que
ST-JIN-12/2015
51
oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y
éstas no le hubieren sido entregadas.
Asimismo, debe existir una estrecha relación entre los hechos
alegados objeto de prueba en el litigio y las pruebas aportadas.
Esto es así, porque en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
prevé un principio general del Derecho en materia probatoria, por
el cual se postula que son objeto de prueba los hechos
controvertidos, con la precisión de que no lo serán el derecho, los
hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido
reconocidos.
Además, en principio, como se señaló, de acuerdo con el artículo
15, numeral 2, de la ley adjetiva electoral federal, el que afirma
está obligado a probar, por lo que corresponde a las partes en un
juicio aportar los medios de prueba, los cuales deben ser
necesarios para acreditar sus afirmaciones sobre los hechos
respecto de los cuales deriva determinada consecuencia jurídica.
De acuerdo con lo que se estableció por la Sala Superior al
resolver el juicio de inconformidad con número de expediente SUP-
JIN-359/2012, la parte actora tiene la carga de aportar los medios
de prueba idóneos para acreditar las afirmaciones base de su
pretensión (en el caso, nulidad de la elección), salvo en aquellos
casos en que resulta procedente revertir las cargas
probatorias, cuando, por ejemplo, corresponda la carga a quien
está en mejores condiciones para producirla o detentarla, en
atención a las denominadas cargas dinámicas,6 siempre que ello
resulte necesario y proporcional en virtud de la importancia de
6 En general, Jorge Peyrano (dir.), Cargas probatorias dinámicas, Argentina, Rubinzal-Culzoni Editores, 2004 y Marcos Lisandro Peyrano “De las cargas probatorias dinámicas”, en Marcelo S. Midón, Tratado de la prueba, Librería de la Paz, Argentina, 2007, pp. 187-201.
ST-JIN-12/2015
52
conocer la verdad de los hechos o de posibles irregularidades,
correspondiendo al Tribunal, en ejercicio de sus poderes de
dirección del proceso, requerir la información que estime
procedente y ordenar el desahogo de alguna diligencia, de acuerdo
con los artículos 21 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, así como 199, fracción XII, de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Lo anterior, en el entendido de que las facultades directivas del
juez para allegarse de medios probatorios, en los casos en que los
existentes no le produzcan la convicción suficiente para resolver el
asunto y siempre que ello no constituya obstáculo para resolver
dentro de los plazos establecidos, no supone la obligación de
perfeccionar el material probatorio aportado por las partes, así
como tampoco proveer sobre hechos no alegados por éstas. Esto
es, la facultad de allegarse de la información necesaria para
resolver correctamente debe hacerse sin romper el equilibrio en las
posiciones que tienen las partes en el proceso y sin eximirlas de
las cargas probatorias que la ley les impone.
Esto significa que el juez o magistrado instructor, así como la
propia Sala Regional, no deben romper el equilibrio procesal entre
las partes, ni constituirse en una parte más del proceso, a fin de
preservar la imparcialidad, la objetividad y la certeza. Empero, se
debe asegurar y garantizar que la igualdad procesal entre las
partes no tenga un mero carácter nominal, semántico o formal sino
que auténticamente se trate de una igualdad material (una
igualdad de armas para contender en el proceso jurisdiccional). De
ahí, que el equilibrio procesal debe ser preservado por el órgano
de decisión durante el ejercicio de sus facultades directivas, las
cuales están representadas por el dictado de diligencias para
mejor proveer, como sucede con el requerimiento de elementos,
ST-JIN-12/2015
53
informes o documentación que sirva para la sustanciación o
resolución de los medios de impugnación, o bien, el ordenar que
se realice alguna diligencia o que una prueba se perfeccione o
desahogue.
Así, resulta insuficiente que en la demanda únicamente se aluda a
la violación o irregularidad presuntamente cometida, se narren de
forma genérica los hechos que se estiman contrarios a derecho y
los agravios que causan, porque es necesario que quien promueva
un medio de impugnación exprese de forma clara y precisa las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron esos
hechos, a fin de que las pruebas aportadas se ofrezcan en relación
precisa con la litis planteada, y el juzgador esté en aptitud de
valorar si quedan acreditados los hechos alegados con los
elementos probatorios, y poder decidir, a partir de ellos, si se
causa agravio a la esfera jurídica del justiciable y, de ser
procedente, reparar la violación alegada o acoger la pretensión
solicitada.
En el caso, lo que el actor debe evidenciar (argumentar y probar)
son los elementos material (violaciones a la normativa electoral);
cuantitativo de modo (carácter generalizado o doloso de las
violaciones electorales); cualitativo de gravedad (violaciones
electorales sustanciales); temporal (violaciones electorales que
ocurren en la jornada electoral o inciden en la misma); espacial
(violaciones electorales que suceden en el distrito electoral federal
o afectan sus resultados); probatorio (violaciones electorales
plenamente acreditas en forma objetiva y material), y cualitativo de
incidencia (violaciones electorales determinantes). Lo anterior, tal
como se dispone en los artículos 9, párrafo 1, incisos e) y f), y 22
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, en cuyo texto se establece que en los requisitos
de la demanda y de las sentencias que se pronuncien, las cuales
ST-JIN-12/2015
54
deben contener el resumen de los hechos, el análisis de los
agravios, así como el examen y valoración de las pruebas que
resulten pertinentes.
Reviste singular importancia la expresión de las circunstancias
apuntadas en los hechos porque permite que un determinado
caudal probatorio, el cual también debe satisfacer las
circunstancias apuntadas, sea valorado a partir de su relación
lógica con los hechos; de ahí que de incumplirse con esa carga
procesal, en ambos casos, se torna inconducente el acervo
probatorio.
La relevancia probatoria radica, precisamente, en la medida de su
incumbencia o relación con los hechos controvertidos objeto del
litigio; es decir, aquellas situaciones fácticas que constituyen la
contradicción del acto impugnado y los agravios que se enderezan
contra dicho acto, en relación con las pruebas aportadas.
Lo anterior, es exigible en aquellos casos en los que la litis no se
circunscribe a puntos de derecho, salvo en el caso del derecho
indígena o el derecho extranjero, porque se tienen que acreditar,
en la mayor medida posible, los elementos fácticos del caso,
puesto que, a partir de ello, se ponen de relieve los agravios que
cuestionan el acto impugnado, cuya violación a la ley se pretende
evitar, a fin de restituir al agraviado en el uso, goce y disfrute de su
derecho.
No basta la sola mención de la presunta irregularidad cometida y
de los hechos genéricamente concebidos sin precisar las
circunstancias en que sucedieron, como tampoco es suficiente con
la sola presentación de elementos de prueba sin ninguna clase de
concatenación o conexión con los acontecimientos o agravios
ST-JIN-12/2015
55
manifestados y las circunstancias específicas y determinadas,
porque lejos de conseguir una demostración en el juicio, disminuye
el grado de convicción de la prueba frente al juzgador.
Así, para que un determinado material probatorio sea aceptado en
un juicio debe cumplir con un mínimo de elementos o
requerimientos que forman parte de la garantía del debido proceso,
a saber: 1) La licitud de la prueba; 2) La relación de la prueba con
un hecho o hechos concretos, y 3) La referencia de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 67/2002, de rubro
QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS
PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE
ADMISIÓN DE LA DENUNCIA,7 así como la tesis relevante
XXVII/2008, de rubro PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU
NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE
LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN
DEMOSTRAR.8
De esta manera, la eficacia probatoria tiene como base la debida
exposición de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los
hechos litigiosos. En sentido inverso, de nada servirá para la causa
del justiciable presentar masivamente pruebas, o bien, como
ocurre en el caso, la referencia genérica a “que la autoridad
electoral tiene pleno conocimiento de los hechos aquí planteados,
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y sus órganos
han conocido de las quejas y por lo tanto son hechos propios de
dicho órgano electoral, por lo que se solicita que su informe
circunstanciado remita (sic) copia certificada de todas y cada una
7 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia, v. 1, pp. 597-599. 8 Compilación 1997-2013, Tesis, v. 2, t. II, pp. 1699 y 1700
ST-JIN-12/2015
56
de las constancias que se detallen en el expediente y de los
expedientes en los procedimientos señalados, estableciendo que
por cuanto a los procedimientos resueltos por la Sala Regional
Especializada y formar parte de este tribunal (sic), se solicita sean
remitidas respetuosamente a esta Sala Regional, debiendo
señalarse que dichas constancias obran en los siguientes páginas
de internet de este tribunal (sic) y que son identificables con los
expedientes que más adelante se indican: http://portal.te.gob.mx/,
http://portales.te.gob.mx/srespecializada/,
http://www.trife.gob.mx/turnos-sentencias/sistema-
consulta?advanced=1&sala=SRE,
http://www.trife.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/acuerdos-y-
actas?sala=481 Y (sic) han sido resueltas en las sesiones:
http://www.trife.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/sesiones-
publicas?sala=6”, si se dejan de referir las circunstancias y
características de los hechos controvertidos, lo cual es
indispensable para poder demostrar su pretensión.
Lo anterior, como se anticipó, ha sido sostenido por la Sala
Superior de este tribunal, en la resolución al juicio de
inconformidad SUP-JIN-359/2012, en la que se precisaron
parámetros que permiten al juzgador apreciar los hechos aducidos
a la luz de los agravios expuestos y del acervo probatorio
presentado para acreditar las violaciones que se aduzcan.
En ese sentido, además de que la carga de la prueba para
acreditar los extremos de la nulidad recae en el actor, éste también
cuenta con una carga argumentativa, como se anticipó, la cual
derivada de los propios requisitos del escrito de demanda en el
juicio de inconformidad, previstos en los artículos 9, párrafo 1, y 52,
párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral. En consecuencia, el actor debe:
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57
a) Ofrecer y aportar las pruebas que acreditaran los hechos
planteados en su demanda; en su caso, acreditar haber
solicitado de manera oportuna la información ante la
autoridad competente, acompañando el acuse de recibo de
la solicitud correspondiente, o manifestar el impedimento que
tuviere para contar con dicha información, y
b) Concatenar las pruebas con los hechos que pretende
acreditar, así como la pertinencia de ello, expresando los
hechos en los que basa su impugnación.
II. Procedimiento administrativo sancionador
Toda vez que el actor hace referencia a diversos números de
expediente e información relativa a la secuela procesal de los
mismos, relacionados con sanciones al Partido Verde Ecologista
de México, es necesario establecer la naturaleza de los
procedimientos administrativos sancionadores y, en su caso, la
vinculación que guarden con la nulidad de elección en el distrito
electoral, como lo pretende el actor.
El Derecho Administrativo Sancionador Electoral es la rama del
derecho público que regula el ejercicio de la potestad sancionadora
conferida a las instituciones electorales, la cual comprende al
sistema de normas relativas a la parte sustantiva (tipos y parte
general); adjetiva (procedimientos ordinario, especial, en materia
de fiscalización y de responsabilidades administrativas), y orgánica
(autoridades instructoras y decisoras). Esto implica que dicho
sistema de normas jurídicas comprende a los tipos descriptivos
que poseen elementos objetivos, subjetivos y normativos relativos
al incumplimiento de deberes jurídicos, positivos o negativos, a
cargo de los partidos políticos; las agrupaciones políticas; los
aspirantes; los precandidatos; los candidatos independientes; los
ST-JIN-12/2015
58
ciudadanos; cualquier persona física o moral; los observadores
electorales u organizaciones de observadores electorales; las
autoridades o servidores públicos; los notarios públicos; los
extranjeros; los concesionarios de radio y televisión; las
organizaciones que pretendan formar un partido político; las
organizaciones sindicales, laborales o patronales o cualquier otra
agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos
políticos, así como sus integrantes o dirigentes; los ministros de
culto; las asociaciones, las iglesias o las agrupaciones de cualquier
religión y los demás sujetos obligados, ya sea que exista una
responsabilidad subjetiva o por culpa, o bien, objetiva o absoluta,
así como directa o indirectamente esté relacionado dicho
incumplimiento con la materia electoral. En segundo término, en
dichas normas jurídicas se prevén sanciones, las cuales privilegian
la restricción o privación de derechos.
La facultad sancionadora del Estado, entendida como ius puniendi
(derecho a penar), está referida a la atribución de la autoridad
administrativa, la cual se traduce en la posibilidad jurídica de
imponer sanciones a los sujetos de derecho que vulneran un deber
jurídico de hacer o no hacer.9
De este modo, se advierte que la naturaleza de los procedimientos
sancionadores electorales (ordinario, especial, en materia de
fiscalización, así como de responsabilidades), coincide con una
técnica eminentemente represiva, punitiva o sancionatoria, la cual
tiene como fin principal el sancionar conductas contrarias a la
legislación electoral, mediante la aplicación de sanciones
restrictivas o limitativas de derechos, como lo son la multa; la
reducción de las ministraciones de financiamiento; la interrupción
9 Criterio sostenido por la Sala Superior a través de la Tesis XLV/2002, cuyo rubro es DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.
ST-JIN-12/2015
59
de la propaganda política o electoral; la suspensión parcial de
prerrogativas; la cancelación del registro como partido político; la
pérdida del derecho a ser registrado como candidato o su
cancelación; el no registro en dos elecciones subsecuentes; la
subsanación en tiempo comercializable cuando no se realice la
transmisión conforme a las pautas aprobadas; la suspensión de la
transmisión del tiempo comercializable; la cancelación de la
acreditación de observadores electorales y sus organizaciones, y
la cancelación del procedimiento tendente a la obtención del
registro, por ejemplo.
En este sentido, es evidente que los procedimientos
administrativos sancionadores tienen distintas finalidades, las
cuales son la protección de bienes jurídicos propios del Estado
constitucional y democrático de Derecho, mediante una técnica
jurídica eminentemente represiva o punitiva, la cual, por una parte,
tiene efectos preventivos generales, puesto que mediante la
amenaza de la imposición de una sanción se conmina a todos los
sujetos de derecho a cumplir con sus deberes jurídicos, para
proteger los valores jurídicos superiores del sistema jurídico
nacional, federal o estatal. Por la otra, posee efectos preventivos
específicos, puesto que se pretende inhibir la comisión de una
ulterior infracción electoral por quien violó alguna disposición
jurídica en la materia, mediante la imposición de una sanción
proporcional a la infracción. Así, en el derecho administrativo
sancionador electoral se puede identificar un carácter preventivo
(motivación de la conducta de los sujetos) y no exclusivamente
retributivo.10 De esta manera, la sanción en el derecho sancionador
electoral tiene como función la protección de bienes jurídico-
electorales con un carácter fragmentario, y la prevención de la
lesión o puesta en peligro de dichos bienes, considerando las
circunstancias y la gravedad de la falta, así como la reincidencia. 10 Crf., Mir Puig, Santiago, Derecho penal. Parte general, 5ª ed., Barcelona, Reppertor, 1998, pp. 50-61.
ST-JIN-12/2015
60
El procedimiento sancionador, además de su naturaleza punitiva o
represiva, se concibe como un medio idóneo para pre-constituir
pruebas, sobre hechos irregulares que puedan incidir en la jornada
electoral, los cuales deberán de analizarse y valorarse en la
impugnación correspondiente. Dicho criterio ha sido sostenido por
la Sala Superior de este tribunal al resolver el expediente SUP-
JRC-207/2011. En razón de que los procedimientos sancionadores
en materia electoral (ordinario, especial y en materia de
fiscalización, particularmente) son procedimientos de investigación,
puesto que se dictan diligencias para indagar y verificar la certeza
de los hechos que se realiza de forma seria, congruente, idónea,
eficaz, expedita, completa y exhaustiva, independientemente, de
que inicien a instancia de parte o de oficio, como sucede en el
ordinario, en el de fiscalización y en el especial sancionador (salvo
en los casos de calumnia), es natural que resulten útiles para pre-
constituir pruebas, según se dispone en los artículos 467, párrafo
1; 468, párrafos 1, 3 y 5; 471, párrafo 2, y 472, párrafo 3, inciso a),
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
así como 26, 27 y 36 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización (acuerdo
INE/CG264/2014 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral).
De acuerdo con lo precedente, puede desprenderse que la
naturaleza del procedimiento sancionador (en cualquiera de sus
vertientes), es la investigación de infracciones administrativas, la
comprobación de hechos ilícitos en materia electoral y la aplicación
de sanciones a los responsables, mientras que en el juicio de
inconformidad se está en presencia de un auténtico proceso
contencioso jurisdiccional que ocurre respecto de los resultados y
declaraciones de validez de las elecciones federales, el cual,
ST-JIN-12/2015
61
cuando son fundados los agravios, tiene como efecto la corrección
de los cómputos (por error aritmético); la anulación de la votación
recibida en las casillas; la modificación de las actas de cómputo
distrital o local, o bien, la revocación de las constancias de mayoría
o de asignación a la primera minoría y la nulidad de la elección, en
cuyo desarrollo existen cargas argumentativas y probatorias. De
ahí que deba concluirse que el juicio de inconformidad no es un
procedimiento sancionatorio, ni lo sustituye, y mucho menos es
complementario del mismo. Igualmente, tampoco el procedimiento
sancionador electoral es o sustituye al juicio de inconformidad.
En el administrativo sancionador se recurre a la técnica jurídica
punitiva o represiva, luego de que se siguió un proceso de
instrucción o investigación para determinar la existencia de hechos
y de responsabilidades, en tanto que en el juicio de inconformidad,
básicamente, tiene lugar un proceso contradictorio en tanto que el
partido político nacional, la coalición o el candidato, cuestionan la
validez de la elección y sus resultados, y como consecuencia se
acude a la invalidación, anulación o privación de efectos jurídicos
(nulidad de la elección). Para que se dé dicha sanción de
anulación se debe evidenciar (argumentar y probar) la
actualización de alguna causa de nulidad de votación recibida en
una casilla o de la elección y, en especial, todos los elementos
normativos (violaciones a la normativa electoral con un carácter
generalizado, o doloso respecto del exceso en el gasto de
campaña; compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos
en radio y televisión, fuera de los supuestos legales, o recepción o
utilización de recursos de procedencia ilícita o de recursos públicos
en las campañas; las cuales son sustanciales y ocurren en la
jornada electoral o inciden en la misma, y, además, suceden en el
distrito electoral federal o afectan sus resultados, están
plenamente acreditas, en forma objetiva y material, y son
determinantes). En este caso, el juez u órgano de decisión no
ST-JIN-12/2015
62
sustituye a las partes, salvo en el caso de diligencias para mejor
proveer o directivas, porque se requiera algún documento,
elemento o informe, o que se realice alguna diligencia o que una
prueba se perfeccione o desahogue.
Esto es, para que a una elección se le prive de efectos jurídicos, es
necesario que las conductas o hechos estén plenamente
acreditados, sean graves y determinantes para el resultado del
proceso electoral respectivo. Atendiendo a la diversa naturaleza,
características del procedimiento sancionador y del proceso de
anulación, principios procesales y efectos, es que debe concluirse
que lo decidido y probado en un procedimiento sancionador, por sí
mismo, no tiene el alcance para que se decrete la nulidad de la
elección respectiva, pues para tal efecto, se debe agotar el
proceso contencioso jurisdiccional de anulación, pero, sobre todo,
evidenciar que se actualizan los elementos normativos o típicos de
la causa de nulidad de la elección de que se trate, acorde con lo
previsto en la tesis III/2010, de rubro NULIDAD DE ELECCIÓN.
LAS CONDUCTAS SANCIONADAS A TRAVÉS DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES
SON INSUFICIENTES, POR SÍ MISMAS, PARA
ACTUALIZARLA.11
En la especie, el promovente menciona en su demanda que
solicita a la autoridad responsable que, en términos del artículo 83,
párrafo 1, incisos b) y c), del Reglamento Interior del Instituto
Nacional Electoral, acompañara a su informe circunstanciado copia
certificada de las constancias que integran los procedimientos
administrativos sancionadores que refiere, pues, a su juicio, son
hechos propios de la autoridad, sin embargo, dicho precepto
reglamentario no le exime de su obligación de probar lo que afirma, 11 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, página 43
ST-JIN-12/2015
63
y cumplir con las cargas probatorias que le impone la presentación
del presente medio de impugnación electoral, pues el mismo, alude
a una circunstancia diversa como se advierte al imponerse de su
contenido, el cual se transcribe:
Artículo 83. 1. La información institucional que no se difunda en la página de Internet del Instituto, será proporcionada por los funcionarios de éste de conformidad con las reglas siguientes: … b) Las Comisiones podrán solicitar información a todos los órganos centrales del Instituto. En los casos en que las Comisiones requieran, para el cumplimiento de sus funciones, información que se encuentre en el ámbito de competencia de los órganos delegacionales y subdelegacionales del Instituto, deberán solicitarla a éstos a través de sus Secretarios Técnicos; c) Los órganos de dirección delegacionales y subdelegacionales, o cualquiera de sus integrantes, podrán solicitar información a todos los órganos ejecutivos y de vigilancia correspondientes a su demarcación territorial, así como a los órganos de dirección de rango inferior; …
Aunado a lo anterior, el propio promovente alude en su demanda
que los procedimientos que refiere, fueron presentados ante los
órganos centrales correspondientes del Instituto Nacional Electoral,
por lo que fue ante éstos ante quien debió solicitar en tiempo y
forma dichos procedimientos, por lo que al no hacerlo, dejó de
cumplir con lo dispuesto en el numeral 9, párrafo 1, inciso f), de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, por lo que
esta autoridad no se encuentra en posibilidad de requerirlos.
No obstante, en atención a que el actor alude en algunos casos,
las claves de identificación de diversas sentencias de la Sala
Regional Especializada y Superior de este Tribunal, así como el
resultado de las mismas, se atenderá a dicha información al
momento de calificar los agravios, según sea el caso, en atención
a lo dispuesto en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
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64
D. Tipos de nulidad y análisis de agravios
A partir de lo dispuesto en los artículos 78 y 78 bis, párrafos 1,
2, 4, 5 y 6, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, en el supuesto normativo
previsto en el segundo de los preceptos legales citados, en
relación con el artículo 41, Base VI, párrafos tercero y cuarto, de
la Constitución federal, se desprenden cuatro supuestos o
causas de nulidad que son:
a) Un tipo de nulidad de elección de carácter genérico, y
b) Tres tipos de nulidad de elección de carácter específico:
i) Por exceso en el gasto de campaña;
ii) Por compra o adquisición de cobertura informativa o
tiempos en radio y televisión, y
iii) Por recepción o utilización de recursos de procedencia
ilícita o recursos públicos en las campañas.
Por tanto, como se adelantó, el análisis de los argumentos del
actor se hará en apartados correspondiente el primero a la
causa de nulidad genérica y los tres restantes, a causas
específicas, conforme al agrupamiento precisado en la síntesis
de agravios.
I. Tipo de nulidad de elección genérico y análisis de los
agravios
a. Hipótesis y estudio dogmático
ST-JIN-12/2015
65
En el caso de la causal de nulidad de elección contenida en el
artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, el tipo corresponde a:
• La verificación de violaciones a la normativa electoral
(materia);
• Las violaciones electorales deben ser generalizadas
(elemento cuantitativo de modo);
• Las violaciones electorales deben ser sustanciales
(elemento cualitativo de gravedad);
• Las violaciones electorales deben ocurrir en la jornada
electoral o incidir en la misma (referencia temporal);
• Las violaciones electorales deben suceder en el distrito
electoral federal (referencia espacial);
• Las violaciones electorales deben estar plenamente
acreditas (elemento probatorio), y
• Debe demostrarse que las violaciones electorales son
determinantes (elemento cualitativo de incidencia).
La causal de nulidad de elección en el distrito electoral (en el caso
de diputados electos por el principio de mayoría relativa), cuando
existan violaciones generalizadas, sustanciales en el distrito
electoral, plenamente acreditadas y determinantes para el
resultado de la elección, es un tipo de nulidad de la elección
genérico o abierto que permite invocar y revisar cualquier violación
invalidante, distinta a las previstas como causales de nulidad
específicas, establecidas en los artículos 76 o 78 bis de la propia
ley de medios, en relación, en el último caso, con lo previsto en el
artículo 41, Base VI, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución
federal.
Los elementos normativos del tipo de nulidad son:
ST-JIN-12/2015
66
Sujetos pasivos. En la descripción del tipo legal no se precisa o
establece, de manera expresa, sujetos determinados sobre los
cuales recaen los hechos irregulares; sin embargo, debe
considerase que a quienes afectan esos hechos ilícitos son,
principalmente, a los electores que ejercen su derecho de voto en
el distrito electoral afectado por ese tipo de conductas antijurídicas.
Esto es, a los ciudadanos que, conforme con el listado nominal de
electores, les corresponda votar en el distrito electoral que recibió
el impacto o los efectos de las irregularidades.
Lo anterior es así, dado que la causal que se analiza prevé la
nulidad de elección en el distrito electoral, cuando se actualicen los
supuestos previstos en la misma, particularmente, violaciones
generalizadas sustanciales plenamente acreditadas y
determinantes para el resultado de la elección.
Sujetos activos. En virtud de que no se precisa de una
característica específica para el autor de la conducta, debe
entenderse que se trata de sujetos comunes o indiferentes, por lo
cual el ilícito puede ser cometido por cualquier ciudadano o
persona. Tampoco, en el tipo, se requiere de uno o más sujetos
activos, por lo que puede ser cometido por uno de ellos (en este
sentido el tipo es mono subjetivo). El sujeto o sujetos activos son
aquellos que cometen o generan las violaciones generalizadas
sustanciales que afectan a los sujetos pasivos.
Conducta. En el tipo no se precisa las conductas que generan,
provocan u originan violaciones en el distrito electoral.
ST-JIN-12/2015
67
No obstante, al tratarse de un tipo genérico o amplio que exige
para su actualización la existencia de las violaciones precisadas,
debe entenderse que éstas se originan, provocan o producen con
motivo de un hacer o de un no hacer.
Es decir, la existencia de violaciones generalizadas, sustanciales
que ocurren en la jornada electoral o inciden en la misma, las
cuales suceden en el Distrito Federal Electoral, están plenamente
acreditadas y son determinantes, las cuales, sin duda y dada su
construcción normativa genérica, pueden provenir u originarse
como consecuencia de un acto positivo o negativo que, en
cualquier caso, viole el orden jurídico y actualice la causal.
Bien jurídico protegido. Protege prácticamente todos los valores
y principios del proceso electoral y, en especial, de sus resultados.
Otros elementos normativos:
• Violaciones electorales generalizadas (elemento
cuantitativo de modo), lo cual representa un elemento
cuantitativo de modo, relativa a la verificación de la
irregularidad.
• Violaciones electorales sustanciales (elemento
cualitativo de gravedad), cuando el ilícito o infracción
vulnera principios, valores o bienes jurídicos relevantes o
fundamentales previstos y protegidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
internacionales, y la legislación secundaria o cualquier otro
ordenamiento jurídico de orden público y observancia
general, siempre que su cumplimiento o respeto sea
necesario para el desarrollo y conclusión del proceso
electoral.
ST-JIN-12/2015
68
• Violaciones electorales que ocurren en la jornada
electoral o inciden en la misma (referencia temporal). Las
irregularidades deben tener un influjo en el proceso electoral
o la jornada electoral, pero siempre que ello, en forma
directa, inmediata y natural incida en las condiciones para su
desarrollo y los resultados, porque así deba concluirse a
partir de los elementos fácticos que estén plenamente
acreditados.
• Violaciones electorales que suceden en el distrito
electoral federal (referencia espacial). A partir de lo
previsto legalmente se desprende que las violaciones
electorales deben actualizarse o situarse en el ámbito del
distrito electoral federal, puesto que en el caso se pretende la
nulidad de la elección de diputados electos por el principio de
mayoría relativa en un distrito electoral uninominal. Esto
significa que, incluso, situaciones que no se concentren o
ubiquen exclusivamente en dicha demarcación electoral
carezcan de la suficiencia para incidir en el desarrollo del
proceso electoral y los resultados distritales, pero a condición
de que se evidencie dicha suficiencia invalidante del hecho o
hechos ilícitos o irregulares.
• Violaciones electorales plenamente acreditadas (aspecto
probatorio). Los elementos probatorios que lleven al órgano
jurisdiccional a la conclusión de que se actualiza la causa de
nulidad de la elección deben ser suficientes para tener por
plenamente acreditados los hechos o irregularidades que
sean susceptibles de encuadrarse en el tipo de nulidad. Las
pruebas pueden corresponder a cualquier género, siempre
que sean lícitas y no vayan contra la moral, según consten
en el expediente, sobre la base de las reglas de la lógica, la
ST-JIN-12/2015
69
sana crítica y la experiencia, por las que se llegue a la
convicción de que efectivamente ocurrió la violación, sin que
medie duda alguna sobre la existencia y circunstancias de
los hechos controvertidos objeto de prueba. No se
desconoce que las irregularidades son de realización oculta y
que por ello es difícil la aportación de las pruebas directas
que, por sí mismas, tengan valor probatorio pleno; sin
embargo, se reconoce que puede ser a través de la
adminiculación de las pruebas, incluida, las que tengan
carácter indiciario, para acreditar los extremos fácticos que
permitan inferir la verificación de un hecho.
• Violaciones electorales determinantes. La violación, desde
el punto de vista cuantitativo, debe trascender al resultado de
la elección, porque exista la posibilidad racional de que
defina las posiciones que cada fórmula de candidatos o
planilla postulada por los diversos partidos políticos ocupe en
el distrito electoral, mientras que, en atención a un criterio
cualitativo, las violaciones que se registren en el distrito
deben ser de tal gravedad o magnitud, por su número o
características, que también pueda racionalmente
establecerse una relación causal con las posiciones que se
registren en la elección en el distrito electoral entre las
distintas fuerzas políticas.
• Las irregularidades no deben constituir alguna causa
específica de nulidad de la elección. La causal genérica se
integra por elementos distintos a los que componen las
causales específicas. La mencionada causa de nulidad
genérica, pese a que guarda identidad con el elemento
normativo de eficacia que califica a ciertas causas
específicas, como es el que la irregularidad de que se trate
sea determinante para el resultado de la elección, a fin de
ST-JIN-12/2015
70
que se justifique la anulación de la elección en el distrito
electoral, es completamente distinta. En efecto, se establece
que la existencia de la causa de referencia depende de
circunstancias diferentes, en esencia, de que se presenten
violaciones generalizadas sustanciales y que concurran los
requisitos restantes, lo que automáticamente descarta la
posibilidad de que dicha causa de nulidad se integre con
hechos que pueden llegar a estimarse inmersos en las
hipótesis para la actualización de alguna o algunas de las
causas de nulidad identificadas en los artículos 76 y 78 bis
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral. Estos tipos de nulidades tienen elementos
normativos distintos y ámbitos materiales de validez diversos
entre sí, por lo que, si una conducta encuadra en una causal
específica, entonces no puede analizarse bajo la causal
genérica.
b. Análisis de los agravios
i. Actos anticipados de precampaña y campaña
El agravio es infundado.
Lo anterior, porque el actor refiere de manera genérica que el
Partido Verde Ecologista de México ha cometido violaciones al
periodo de inter-campañas, así como que en diversas sentencias
firmes de esta Sala Regional y de la Sala Regional Especializada
de este Tribunal, se ha señalado que las conductas desplegadas
por dicho partido político vulneran la equidad de las precampañas
y campañas, sin especificar a cuáles se refiere de manera precisa,
requisito que es indispensable para que ésta autoridad se
ST-JIN-12/2015
71
encuentre en aptitud de valorar sus afirmaciones, mismo que está
obligado a cumplir en términos del artículo 15, párrafo 2, de la Ley
General del Sistema de Medios en Materia Electoral.
Aunado a lo anterior, el promovente no explica de qué manera los
supuestos actos anticipados de precampaña y campaña cometidos
por el Partido Verde Ecologista de México repercutieron en los
resultados de la elección que impugna, es decir, incumple con su
carga argumentativa y probatoria respecto a la manera en que,
presuntamente, dicho partido político vulneró la equidad en la
contienda a través de la comisión de actos anticipados a las etapas
de precampaña y campaña, y como tal circunstancia, afectó en
modo determinante la voluntad ciudadana expresada en las urnas
el día de la jornada electoral en el distrito electoral federal.
No pasa desapercibido que en su demanda, el promovente refiere
los procedimientos UT/SCG/PE/MORENA/CG/27/PEF/71/2015 y
sus acumulados UT/SCG/PE/PRD/CG/28/PEF/72/2015 y
UT/SCG/PE/ELLS/JL/YUC/50/PEF/94/2015;
UT/SCG/PE/PRD/CG/51/PEF/95/2015,
UT/SCG/PE/MORENA/CG/132/PEF/176/ 2015 y su acumulado
UT/SCG/PE/MORENA/JD38/MEX/163/PEF/207/2015,
UT/SCG/PE/MORENA/CG/63/PEF/107/2015
UT/SCG/PE/MORENA/JD38/MEX/77/PEF/121/2015, sin embargo,
el mismo actor precisa que no se acreditaron actos anticipados de
campaña, por lo que las correspondientes resoluciones emitidas,
en su caso, por las Salas de este Tribunal sobre el particular en
nada abonan a su pretensión; aunado a que respecto de los
procedimientos UT/SCG/PE/IMPEPAC/CG/334/PEF/ 378/2015 y
UT/SCG/PE/MORENA/JD04/VER/115/PEF/159/2015, que también
vincula sobre el particular, no se refiere resolución por parte de las
Salas de este Tribunal.
ST-JIN-12/2015
72
Sin que pase desapercibido que el enjuiciante alude que su
argumento se ve reforzado con lo resuelto por la Sala Superior de
este órgano jurisdiccional en los expedientes SUP-REP-117/2015 y
SUP-REP-119/2015, sin embargo, contrariamente a su afirmación,
en la sentencia dictada en dichos asuntos, la Sala Superior no
sostuvo que los actos realizados por el Partido Verde Ecologista de
México constituyeran actos anticipados de precampaña y
campaña; pues incluso, al resolver el recurso de apelación SUP-
RAP-134/2015, en el cual se realizó el mismo planteamiento, la
Sala Superior sostuvo lo siguiente (énfasis añadido):
“Por otro lado, en la sentencia dictada en los expedientes SUP-REP-117/2015 y SUP-REP-119/2015, esta Sala Superior en modo alguno se pronunció en el sentido de que "un acto indirecto, como los realizados por el partido político en cuestión, no pueden ser clasificados más que como actos anticipados de campaña y precampaña por su naturaleza". Se hace notar que en dicha ejecutoria, se sancionó la frase "En Morena tu voto si vale", al estar dirigida crear en el electorado un ánimo de votar a su favor, lo que implica un posicionamiento en forma anticipada al inicio de la campaña, al quedar demostrado que en su difusión, aconteció del veinte al veinticuatro de febrero, y del veintiocho de febrero al tres de marzo, ambos de dos mil quince, es decir, en la etapa de intercampaña, tiempo en el cual, los mensajes que difundan lo partidos políticos deben ser genéricos y de carácter informativo; y esta situación, no guarda correspondencia con los actos de "posicionamiento" y "ventaja indebida" que el recurrente atribuye al Partido Verde Ecologista de México y sus candidatos”.
Consecuentemente, si en dicho medio de impugnación se
aclaró que en la resolución que refiere el promovente, no se arribó
a la conclusión que éste pretende, es evidente lo infundado de su
alegación.12
ii. Incumplimiento de medidas cautelares
El agravio es infundado.
12 Ibídem.
ST-JIN-12/2015
73
Lo anterior, porque el partido político actor deja de referir en qué
modo el desacato por parte del Partido Verde Ecologista de México
respecto de la medida cautelar consistente en abstenerse de
difundir el “apagón verde” en la red social denominada “Twitter” se
vincula con la elección que impugna, y menos aún aporta medios
probatorios fehacientes que permitan concluir que tales conductas
se realizaron en modo determinante para los resultados de la
elección del distrito electoral federal, pues de los expedientes
relativos a procedimientos sancionadores que menciona en su
demanda, así como de las sentencias con las que los vincula, no
refiere cuestión alguna con la difusión del aludido “apagón verde”
en dicha red social.
Con independencia de lo anterior, debe tenerse presente que en
términos de lo dispuesto en los artículos 468, párrafo 4; 471,
párrafos 3 y 8; 473, párrafo 1, y 477, párrafo 1, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, si la Unidad Técnica
de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral valora que deben dictarse medidas cautelares,
lo propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias para que sea
ésta la que resuelva en un plazo de veinticuatro horas lo
conducente, a fin lograr la cesación de los actos o hechos que
constituyan la infracción, evitar la producción de daños
irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos
electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por
las disposiciones contenidas en dicha ley; decisión que podrá ser
impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Por tanto, el dictado de medidas cautelares dentro de un
procedimiento administrativo sancionador electoral, tiene las
finalidades referidas, sin que su eventual desatención por parte del
sujeto obligado a ello, constituya por sí mismo un elemento
constitutivo de la causales de nulidad de elección establecidas en
ST-JIN-12/2015
74
los artículos 78 y 78 bis de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, por lo que, si se pretende
que la autoridad jurisdiccional utilice como elemento de análisis de
la pretensión de nulidad de elección, el desacato a una medida
precautoria, en principio, el promovente debe construir una
argumentación tendiente a evidenciar el nexo causal que existe
entre dicho incumplimiento al mandato de la autoridad electoral y
los extremos jurídicos que conforman la hipótesis de nulidad
demandada.
No obstante, en el caso concreto, el promovente no refiere el grado
de afectación de la transgresión a las medidas cautelares, como
elementos cuantitativos de modo, ni ubica los aspectos espaciales
de tales irregularidades en la demarcación territorial en que se
celebraron los comicios que impugna.
Sin que sea suficiente que afirme que la promoción del llamado
“apagón verde” ocurrió en redes sociales (concretamente, en
“Twitter”), porque, por principio de cuentas, debió acreditar
plenamente dicho desacato, para a partir de allí, comprobar la
incidencia en el específico ámbito espacial del distrito, y temporal
de la jornada electoral, o bien, su incidencia en la misma.
Por tanto, resulta subjetiva la afirmación del enjuiciante en el
sentido de que el incumplimiento de medidas cautelares por parte
del Partido Verde Ecologista de México (de modo específico, lo
relativo al “apagón verde”), influyó en forma notoria y generalizada
en los resultados de las elecciones, ya que en principio, el Partido
Verde Ecologista de México, por sí mismo, no obtuvo el triunfo en
el distrito electoral federal precisado, ni en ningún otro.
ST-JIN-12/2015
75
En consecuencia, el actor no cumplió con la carga argumentativa y
la carga de la prueba que tenía a fin de acreditar su dicho, de allí lo
infundado del mismo.
iii. Violación al periodo de veda electoral
El agravio es infundado, por lo que se razona a continuación:
El actor no da elementos suficientes para identificar las violaciones
a la normativa electoral, es decir, la materia es genérica, porque
hace referencia a que a partir del cinco de junio y hasta el día de la
jornada electoral, diversas personalidades, actores y figuras
públicas, a través de sus cuentas de “twitter”, hicieron un llamado
expreso y directo a los electores a votar a favor del Partido Verde
Ecologista de México.
De los datos exiguos de su demanda y los elementos probatorios
con los que pretende soportarlos (un par de supuestas notas que
se reproducen en links que precisa en su demanda), no se acredita
el grado de generalización de dichas irregularidades en el distrito
electoral federal, lo anterior, sin desconocer que tales
irregularidades puedan tener un contexto general, lo cierto es que
se debe evidenciar de qué manera esa generalización trascendió o
se actualizó en el ámbito geográfico en que ocurrió la elección. El
actor tampoco da razones suficientes ni aporta pruebas para
evidenciar que las irregularidades ocurrieron desde un par de días
anteriores a la jornada electoral o durante la misma, y cómo
incidieron en ésta, como tampoco evidencia que sucedieran o
tuvieran un influjo en el distrito electoral federal, ni que sean
determinantes.
ST-JIN-12/2015
76
El actor pretende acreditar la comisión de violaciones
generalizadas y sustanciales que ocurren o inciden en la jornada
electoral y suceden en el distrito electoral federal, así como su
carácter determinante, imputables al Partido Verde Ecologista de
México, mediante la referencia a las irregularidades cometidas por
ese instituto político durante el proceso electoral, mediante la
simple remisión vaga a procedimientos administrativos
sancionadores, sentencias del Tribunal Electoral, así como a links
de internet. Esto implica que el enjuiciante incumple con sus
cargas argumentativas y probatorias. Inclusive, en los
procedimientos y sentencias a las que alude, ni siquiera hace
mención en su demanda que alguna guarde relación con la
irregularidad que menciona le causa agravio.
El actor asevera que antes y durante la jornada electoral, el Partido
Verde Ecologista de México desarrolló en la red social denominada
“Twitter” las actividades que enlista en su demanda y que califica
de sistemáticas, graves e ilegales, y que las mismas trastocan, en
su concepto, los principios que rigen los comicios. Sin embargo, no
aporta medios probatorios al respecto, pues deja de vincular éstas
últimas con las supuestas afectaciones que demanda, y con base
en las cuales pide la nulidad de la elección en el distrito electoral.
En efecto, el actor afirma que desde el cinco de junio del año en
curso y el día de la jornada electoral, figuras públicas hicieron un
llamado expreso a votar a favor del Partido Verde Ecologista a
través de sus cuentas de “Twitter”; sin embargo, deja de aportar
medios de prueba, carga a la que se encuentra obligado, ya que la
realización de conductas contrarias a Derecho, no puede reputarse
como evidente e indiscutible, pues éstas, por mandato
constitucional deben demostrarse atendiendo a las formalidades
esenciales del procedimiento.
ST-JIN-12/2015
77
Aunado a lo anterior, el promovente no menciona objetivamente en
qué modo, la promoción durante el periodo de veda electoral el día
de la jornada a favor del Partido Verde Ecologista de México en la
red social denominada “Twitter”, repercutió en la equidad de la
contienda, específicamente, en el distrito electoral cuya nulidad se
demanda; pues se limita a afirmar que tal circunstancia trascendió
al resultado y que implicó coacción a los ciudadanos; inferencia
que resulta carente de sustento, aunado a que omite precisar
circunstancias de tiempo, modo y lugar, y aportar las pruebas
correspondientes.
Por tanto, al no haber quedado acreditado los hechos en los que el
promovente apoya sus argumentaciones, resulta inatendible su
petición en el sentido de que se dé vista a la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el gasto que
representó para el Partido Verde Ecologista de México haber
contratado, por sí o por interpósita persona, los servicios de las
personalidades que publicaron en sus cuentas de “Twitter” los
mensajes que alude en su demanda.
c. Conclusión
No se actualiza el supuesto previsto en el artículo 78 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, respecto del distrito electoral 12 en el Estado de
México.
II. Tipo de nulidad de elección específico por exceso en
el gasto de campaña y análisis del agravio
a. Génesis de la causal de nulidad por rebase de topes de
gastos de campaña.
ST-JIN-12/2015
78
El motivo de nulidad acusado encuentra su fundamento en
recientes adiciones y reformas a la norma constitucional, en
específico, las publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
diez de febrero de dos mil catorce; entonces, el Órgano
Reformador de la Constitución dispuso como una causa de nulidad
de elección el rebasar los topes de gastos de campaña. Al efecto,
se modificó el artículo 41 constitucional, para disponer lo siguiente
en su Base VI, párrafo tercero, inciso a):
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
(…) VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.
En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento
del monto total autorizado; (…).
ST-JIN-12/2015
79
Así, en tanto el artículo citado establece las bases generales para
el sistema de medios de impugnación en la materia, el nuevo
supuesto constitucional de nulidad cobra aplicación en los órdenes
tanto federal, como local; teniendo que su incorporación al
andamiaje constitucional, junto con otras dos nuevas causales del
mismo orden, se erige en un parámetro constitucional de validez
de las elecciones.
Si se acude a los testimonios del proceso legislativo que originó la
reforma de cuenta, podemos leer en el constituyente una
preocupación por fortalecer los procedimientos de fiscalización y
dotar de eficacia a sus resoluciones; reprobando la llegada tardía
de los resultados de la revisión de los egresos de los participantes,
así como la benignidad de las resoluciones emitidas en los
procedimientos correspondientes, que finalmente carecían de
poder para influir en la sanción de los procesos electorales.13
Así, con la finalidad de garantizar la participación de los agentes
políticos en condiciones equitativas, además de transparentar la
aplicación de los recursos públicos de los que aquellos se
benefician; pero sobre todo, con el objetivo de dar efectos útiles a
los procedimientos de vigilancia que se desarrollan en el marco de
las contiendas electorales, se aprobó el rediseño de los
mecanismos de fiscalización en la materia.
En este tenor, la reforma constitucional evidencia la importancia
que, para el sistema electoral mexicano, tiene la observancia de la
norma en el tema del financiamiento y fiscalización de los gastos
de precampañas y campañas electorales a cargo de los partidos
políticos y candidatos; no sólo porque se fortalecieron los
mecanismos legales a través de los que se ejerce la vigilancia, 13 Véase la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la base v, del artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vigilancia y fiscalización electoral.
ST-JIN-12/2015
80
sino también a la institución encargada de hacerlo, a la que se le
concedió la rectoría en todos los órdenes de gobierno,
centralizando en el Instituto Nacional Electoral la fiscalización de
los procesos electorales federal y estatales.
Trascendencia hacia la que había llamado la atención este
Tribunal a través de sus resoluciones, pues en torno al tema, la
Sala Superior al resolver el juicio de inconformidad con clave de
identificación SUP-JIN-359/2012 relacionado con la elección
presidencial de dos mil doce, sostuvo que el tope de gastos en una
campaña constituye un límite que tiene por objeto garantizar que
en el desarrollo de la contienda prevalezcan condiciones de
equidad, en aras de salvaguardar los principios rectores de toda
elección democrática.
b. Naturaleza del sistema de nulidades.
De acuerdo con el artículo 41, apartado VI, de la Constitución
Federal, la norma reglamentaria establecerá un sistema para
garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los
actos y resoluciones electorales a través del establecimiento de un
sistema de medios de impugnación en los términos que señalen la
Constitución y la ley; mismo que dará definitividad a las distintas
etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de
los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de
asociación; cuya implementación, en términos del artículo 99
constitucional, está conferida al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, quien —salvo por las acciones de
inconstitucionalidad en la materia—, será la máxima autoridad
jurisdiccional en el ámbito electoral.
ST-JIN-12/2015
81
Sobre esa línea, la norma constitucional dispone que al Tribunal le
corresponderá la resolución definitiva —entre otros— de las
controversias contra las impugnaciones en las elecciones federales
de diputados y senadores14; confiriéndole —ya en la norma
reglamentaria— facultades para que, en el desarrollo las
impugnaciones en contra de los resultados de la contienda
electoral, instruya los juicios de inconformidad presentados por los
contendientes15; dentro de los que habrá de analizar los hechos
acontecidos en el marco de la jornada electoral y el cómputo de
resultados, bajo el tamiz que aportan las causas dispuestas en la
norma, que después permitirán llegar a la conclusión de validez o
nulidad de la elección o votación cuestionada.
De aquí que, la naturaleza de este órgano resolutor, así como de
las facultades a él asignadas sean de corte primordialmente
jurisdiccional y ejercidas mediante la resolución de las
controversias planteadas a instancia quien se dice agraviado; sin
que aquél hubiera sido investido de atribuciones de corte
inquisitivo, ni se le hubiere encomendado la investigación de
potenciales irregularidades; actividades que han sido encargadas a
órganos especializados, quienes determinarán la actualización de
infracciones y surtimiento de responsabilidades de corte
administrativo o, de ser el caso, penal.
Así, tomando en consideración las prescripciones del principio de
legalidad, esta Sala Regional está compelida a ceñir su actuación
al ámbito de facultades que le ha sido otorgado, en esencia, el
desahogo de los medios de impugnación en la materia; no así la
ejecución de actos originarios de vigilancia sobre la actuación de
los institutos políticos, sus candidatos o el ejercicio de sus
recursos. 14 Artículo 99, fracción I. 15 Artículo 3, apartados 1 y 2, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como 49 de la misma norma.
ST-JIN-12/2015
82
En efecto, las normas aplicables permiten que en cuanto órgano
jurisdiccional y como institución, el Tribunal Electoral, pueda
revisar el ejercicio de las actividades de fiscalización a través de un
parámetro que determine el legal desempeño de las actuaciones
administrativas (como podría ser por medio del recurso de
apelación)16; sin embargo, el ejercicio de tales atribuciones en
ningún trecho le permiten erigirse en una instancia de revisión
paralela del ejercicio de los gastos erogados en las campañas
electorales.
c. Hipótesis y estudio dogmático.
Por lo que corresponde al supuesto de nulidad de elección de
diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
de carácter específico, el cual está previsto en el artículo 78 bis,
párrafos 1, 4 y 5, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, en relación con el artículo 41,
párrafos tercero, inciso a), y cuarto, de la Constitución federal, se
desprende lo siguiente:
• La verificación de violaciones a la normativa electoral por
exceso en el gasto de campaña (materia o conducta) en un
cinco por ciento del monto total autorizado (referencia de
modo);
• Las violaciones electorales deben ser dolosas (elemento
subjetivo);
• Las violaciones electorales deben ser graves (elemento
cualitativo);
16 Regulado en términos del artículo 40 de la Ley General del sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
ST-JIN-12/2015
83
• Las violaciones electorales deben incidir en la jornada
electoral (referencia temporal);
• Las violaciones electorales deben suceder en el distrito
electoral federal o afectar sus resultados (referencia
espacial);
• Las violaciones electorales deben estar plenamente acreditas
de manera objetiva y material (elemento probatorio), y
• Debe demostrarse que las violaciones electorales son
determinantes (elemento cualitativo de incidencia).
Además, en cuanto a dicho tipo de nulidad específico se debe
atender a lo siguiente:
• Cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el
primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento se
presumirá que las violaciones son determinantes (presunción
legal);
• Aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación
sustancial a los principios constitucionales en la materia y
pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados son
violaciones graves (elemento cualitativo), y
• Aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su
carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un
efecto indebido en los resultados del proceso electoral son
dolosas (elemento subjetivo).
Los elementos normativos del tipo de nulidad son:
Sujetos pasivos. Del mismo modo que en la causa genérica de
nulidad de elección previamente analizada (artículo 78 de la ley de
medios en cita), no se refiere expresamente a los sujetos
afectados con las conductas irregulares que conforman esta
ST-JIN-12/2015
84
hipótesis; no obstante, se estima válido concluir que los electores
del distrito electoral de que se trate, son los principales
perjudicados con los hechos antijurídicos que la integran.
Sujetos activos. Los sujetos activos son quienes cometen o dan
pie a las violaciones graves y dolosas relacionadas con los
supuestos previstos en el artículo 41, Base VI, párrafos tercero y
cuarto, de la Constitución federal, relativos a excederse en el gasto
de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado. Por
tanto, los sujetos causantes de dichas conductas pueden ser los
partidos políticos o coaliciones, los candidatos o los candidatos
independientes.
Conducta. Las conductas que dan origen a la hipótesis de nulidad
de elección de mérito, consisten en la realización de erogaciones
con motivo de las actividades de campaña electoral que rebasen
en un cinco por ciento o más el tope autorizado por la autoridad
electoral para la elección respectiva.
Bien jurídico protegido. La hipótesis de nulidad preserva todos
los valores y principios de la contienda electoral, específicamente,
la equidad del proceso electoral, así como los resultados de los
comicios.
Otros elementos normativos.
• Violaciones electorales dolosas (elemento subjetivo),
elementos que atañen a las características de las
irregularidades, entendiéndose por dolosas aquellas
realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito,
llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto
indebido en los resultados del proceso electoral.
ST-JIN-12/2015
85
• Violaciones electorales graves (elemento cualitativo),
entendiéndose por graves, aquellas conductas irregulares
que produzcan una afectación sustancial a los principios o
bienes jurídicos básicos constitucionales, convencionales o
legales, cuya observancia sea indispensable en la materia y
pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados.
• Violaciones electorales que inciden en la jornada
electoral (referencia temporal). Las conductas ilícitas
deben afectar el proceso electoral o la jornada electoral, de
modo que resulte evidente el nexo causal entre éstas y el
desarrollo y resultados de la elección, a partir de la
acreditación objetiva y material de las violaciones.
• Violaciones electorales que inciden en los resultados del
distrito electoral federal (referencia espacial). Partiendo
de lo establecido en la hipótesis de nulidad, se concluye que
las violaciones deben repercutir en la esfera del distrito
electoral federal, ya que se demanda la nulidad de la
elección de diputados de mayoría relativa en un distrito
electoral uninominal. Ello implica que al no guardar relación
con dicha demarcación electoral, resulten ineficaces para
demostrar una afectación sustancial al proceso electoral y a
los resultados distritales.
• Violaciones electorales plenamente acreditadas en forma
objetiva y material (aspecto probatorio). Los medios de
prueba deben ser suficientes e idóneos para permitir al
juzgador concluir que objetiva y materialmente se llevaron a
cabo las conductas previstas en la causal de nulidad; por
tanto, los elementos probatorios deben ser lícitos y pueden
ser de cualquier tipo, en tanto de su valoración y relación
ST-JIN-12/2015
86
entre sí, no den lugar a dudas respecto de los hecho o
irregularidades sujetos a prueba.
• Violaciones electorales determinantes. Conforme con la
definición que en la ley se hace de este elemento, existe
presunción de determinancia cuando la diferencia entre la
votación obtenida por el primero y el segundo lugar de la
elección, sea menor al cinco por ciento; circunstancia que
abarca tanto un enfoque cuantitativo, pues se estima que en
tales condiciones, el resultado de la elección pudo verse
condicionado por la comisión de las violaciones que integran
la causal de nulidad de elección, así como cualitativo, en la
medida en que dicho resultado racionalmente pueda
vincularse con el exceso en el gasto de campaña.
d. Cuestiones relativas al rebase del monto máximo
autorizada como gasto de campaña.
• Financiamiento público. En primer término, se precisa que
en el artículo 41, base II, inciso c), párrafo segundo, de la
Constitución federal, se prevé que la ley fijará los límites a las
erogaciones en los procesos internos de selección de
candidatos y en campañas electorales. Igualmente, se
dispone que la propia ley establecerá el monto máximo que
tendrán las aportaciones de los militantes y simpatizantes;
ordenará los procedimientos para el control, fiscalización
oportuna y vigilancia durante la campaña, del origen y uso de
todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, y
dispondrá las sanciones que deban imponerse por el
incumplimiento de dichas disposiciones.
ST-JIN-12/2015
87
Por su parte, en la base II del mismo artículo constitucional,
se establece que la ley garantizará que los partidos políticos
cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a
cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará
el financiamiento de los propios partidos y sus campañas
electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos
prevalezcan sobre los de origen privado.
En el inciso b) de la referida base constitucional, se dispone
que el financiamiento público para las actividades tendentes
a la obtención del voto durante el año en que se elijan
Presidente de la República, senadores y diputados federales,
equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público
que le corresponda a cada partido político por actividades
ordinarias en ese mismo año; cuando se elijan a diputados
federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho
financiamiento por actividades ordinarias.
De lo anterior se advierte, que en la Constitución federal se
establece la existencia de un financiamiento equitativo para
los partidos políticos, primordialmente de origen público, el
cual debe ser utilizado, entre otras cuestiones, para realizar
actividades tendentes a la obtención del voto durante las
campañas electorales. Asimismo, se advierte que en la ley se
establecerán las sanciones correspondientes cuando no se
cumplan con las disposiciones sobre financiamiento, dentro
de las que se encuentran las relativas a los límites de gastos
y financiamiento.
A su vez, en el artículo 50, de la Ley General de Partidos
Políticos se reitera que los partidos políticos tienen derecho a
recibir financiamiento público de forma equitativa y que dicho
financiamiento debe prevalecer sobre otros tipos de
ST-JIN-12/2015
88
financiamiento, el cual será destinado, entre otras
cuestiones, a los gastos durante los procesos electorales.
En el artículo 51 de la misma ley se prevé que los partidos
políticos tienen derecho a financiamiento público conforme a
determinadas reglas. En el párrafo 1, inciso b) del mismo
artículo, se establece, entre otras cuestiones, que en el año
de la elección en que se renueve únicamente la Cámara de
diputados federales o los congresos de las entidades
federativas, a cada partido político nacional o local,
respectivamente, se le otorgará para gastos de campaña un
monto equivalente al treinta por ciento del financiamiento
público que para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias le corresponda. De igual manera, se dispone que
el financiamiento de campaña será administrado en su
totalidad por los partidos políticos, estableciendo un prorrateo
conforme a lo que establezca la ley, y que existe el deber de
informar sobre dicho prorrateo a la Comisión de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral, diez días antes del inicio de la
campaña electoral, lo cual se hará del conocimiento del
Consejo General del Instituto, sin que los porcentajes puedan
ser modificados.
De lo expuesto, se advierte que los partidos políticos tienen
derecho a recibir del erario público, exclusivamente del
Instituto Nacional Electoral, financiamiento para cubrir gastos
en los procesos electorales y las campañas electorales, lo
cuales tienen, desde luego, un límite.
En el capítulo relativo a la fiscalización de los partidos
políticos durante los procesos electorales, la Ley General de
Partidos Políticos en su artículo 76 establece el catálogo de
ST-JIN-12/2015
89
las erogaciones que comprenden el concepto de gastos de
campaña, a saber: gastos de propaganda, gastos operativos
de la campaña, gastos de propaganda en diarios, revistas y
otros medios de comunicación impresos, gastos de
producción de los mensajes para radio y televisión, gastos
destinados a la presentación de las candidaturas registradas
por los partidos políticos y su promoción, gastos dirigidos a la
exposición, desarrollo y discusión de los programas y
acciones de los candidatos registrados y de la plataforma
electoral, cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o
plataforma de gobierno de algún candidato o de un partido
político en el período que transita de la conclusión de las
precampañas hasta el inicio de las campañas y los demás
gastos que el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral así determine, a propuesta de la Comisión de
Fiscalización.
En términos del artículo 77 de la Ley General de Partidos
Políticos, la revisión de los informes que los partidos
presenten sobre el origen y destino de sus recursos
ordinarios y de campaña, así como la práctica de auditorías
sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y
financiera estará a cargo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, a través de la Comisión de Fiscalización
(en adelante la Comisión), la cual estará a cargo de la
elaboración y presentación del dictamen consolidado y
proyecto de resolución de los diversos informes que están
obligados a presentar los partidos políticos.
Por otro lado, en términos del artículo 79 de la Ley General
de Partidos Políticos los candidatos son responsables
solidarios del cumplimiento de los informes de gastos de
campaña electoral.
ST-JIN-12/2015
90
Por lo que hace a las directrices que habrán de observar los
informes rendidos en el marco de las campañas electorales,
la Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo
79, inciso b), que aquellos informes habrán de ser rendidos
para cada una de las elecciones en que participen refiriendo
los gastos erogados tanto por el partido, como el candidato
correspondiente; asimismo, el citado ordenamiento
contempla la responsabilidad solidaria atribuible a los
candidatos en torno a la presentación de los informes de
marras; y, por último, se dispone que los partidos políticos
deberán presentar informes de ingresos y gastos por
períodos de treinta días a partir del inicio de las campañas
electorales, los cuales deberán ser exhibidos ante la Unidad
Técnica de Fiscalización (en adelante Unidad) dentro de los
tres días siguientes a la conclusión de cada período de
revisión.
Sobre esta línea, el artículo 80, inciso d), de la ley en cita,
dispone las reglas aplicables a la presentación y revisión de
los informes de los partidos políticos rendidos con relación a
la etapa de campañas; de donde se colige que la Unidad
revisará y auditará el financiamiento y gastos realizados por
los partidos políticos y candidatos de forma simultánea al
desarrollo de las campañas electorales.
• Financiamiento privado. En el artículo 53, párrafo 1, de la
Ley General de Partidos Políticos, se contempla que los
partidos políticos pueden recibir financiamiento que no
provenga del erario público en las modalidades siguientes: a)
Financiamiento por la militancia; b) Financiamiento de
ST-JIN-12/2015
91
simpatizantes; c) Autofinanciamiento, y d) Financiamiento por
rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
Las aportaciones de militantes y simpatizantes se encuentran
ajustadas a los límites siguientes [artículos 54, 55 y 56 de la
Ley General de Partidos Políticos, y 25, párrafo 1, inciso s),
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales]:
a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por
ciento del financiamiento público otorgado a la totalidad de
los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias y precampañas en el año de que se trate;
b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como
de simpatizantes durante los procesos electorales, el diez por
ciento del tope de gasto para la elección presidencial
inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de
sus candidatos;
c) Cada partido político, a través del órgano previsto en el
artículo 43, inciso c), de la Ley en cita, determinará
libremente los montos mínimos y máximos y la periodicidad
de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes,
así como de las aportaciones voluntarias y personales que
los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para
sus precampañas y campañas, y
d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite
individual anual el 0.5 por ciento del tope de gasto para la
elección presidencial inmediata anterior.
ST-JIN-12/2015
92
En virtud de estas aportaciones, los partidos políticos se
encuentran obligados a informar al órgano administrativo
electoral, para que éste lleve a cabo su actividad
fiscalizadora.
• Tope de gastos de campaña. Los topes de gastos de
campaña implican que, independientemente, de la cantidad
de dinero que un candidato postulado por un partido político
o de manera independiente pueda obtener, el uso de tales
recursos está limitado a un monto determinado, con la
finalidad de propiciar equidad en la contienda. Si los
contendientes llegarán a exceder el límite establecido por la
autoridad administrativa electoral incurren, por una parte en
una irregularidad sujeta a sancionarse, y por la otra, en una
posible causa de nulidad.
El catorce de enero de dos mil quince, mediante acuerdo
INE/CG02/2015, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, acordó fijar el monto de $1,260,038.34 (un millón
doscientos sesenta mil treinta y ocho pesos 34/100), como el
tope máximo de gastos de campaña para la elección de
diputados por el principio de mayoría relativa para el proceso
electoral federal 2014-2015; por lo que en ese sentido, la
causal de nulidad bajo estudio, se actualizará cuando el
monto autorizado para gastos de campaña sea excedido en
un cinco por ciento.
Es preciso señalar que cuando la norma constitucional hace
referencia a que se excedan “los gastos de campaña… del
monto total autorizado” debe entenderse al monto que se fija
para cada elección considerada de forma individual. Es decir,
la vulneración al rebase de topes de gastos de campaña
debe ser considerada por cada cargo de elección popular.
ST-JIN-12/2015
93
Lo anterior, encuentra explicación, primeramente, en la forma
como opera el sistema de nulidades en materia electoral,
pues, como ya se explicó, las irregularidades ocurridas en
una elección no pueden ser sumadas a las que se susciten
en otras, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79,
párrafo 1, inciso b), y 83, de la Ley General de Partidos
Políticos, así como 243, párrafos 1 y 4, inciso b), fracción I,
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
En esa virtud, los informes de campaña deben ser
presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los
gastos que el partido político y el candidato hayan realizado
en el ámbito territorial correspondiente; los partidos
presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de
treinta días contados a partir del inicio de la campaña, los
cuales se deberán entregar a la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, dentro de los
siguientes tres días de conclusión de cada periodo.
Por lo tanto, los informes de campaña deben referirse a los
gastos que realicen los partidos por candidato dentro del
ámbito territorial correspondiente.
Por su parte, de lo previsto por el artículo 83, párrafo 1, de la
Ley General de Partidos Políticos, el cual se dispone que los
gastos genéricos de campaña serán prorrateados entre las
campañas beneficiadas en los siguientes casos:
a) Los realizados en actos de campaña y de propaganda, en la
que el partido o coalición invite a votar por un conjunto de
candidatos a cargos de elección popular, siempre y cuando
no se especifique el candidato o el tipo de campaña;
ST-JIN-12/2015
94
b) En los que no se identifique algún candidato o tipo de
campaña, pero se difunda alguna política pública o propuesta
del partido o coalición, y
c) En los que se publique o difunda el emblema o la mención de
los lemas con los que se identifique al partido, coalición, o
sus candidatos o los contenidos de plataformas electorales.
En relación con el prorrateo, la Sala Superior de este
Tribunal, al resolver el recurso de apelación identificado con
la clave de expediente SUP-RAP-207/2014 y acumulados,
estableció que el prorrateo se refiere a la distribución de
gastos entre las campañas o candidaturas que se
promocionan ante el electorado para la obtención del voto en
las elecciones, y se traduce en uno de los procedimientos
para el control y fiscalización oportuna de las erogaciones
que realicen los partidos políticos con motivo de los actos
realizados para la obtención del sufragio popular.
Además, razonó que con independencia de que en la
propaganda genérica no se identifica de manera específica a
uno o varios candidatos, lo cierto es que con la difusión de
propaganda genérica, se origina un beneficio para los
candidatos postulados por los partidos políticos o coaliciones
que contienden en las elecciones en los que esa propaganda
es difundida entre la ciudadanía. Ello, porque se somete al
electorado a la exposición de los mensajes que se pretenden
transmitir con la propaganda, y que tienen como finalidad, la
obtención del voto ciudadano a favor de los candidatos
postulados por un partido político o coalición, lo cual puede
repercutir en la reflexión que el elector realiza sobre el
sentido en que emitirá su voto, motivo por el que, resulta
evidente que el gasto o recursos erogados deben distribuirse
ST-JIN-12/2015
95
entre todas aquellas candidaturas que adquieren un beneficio
a partir de esa propaganda.
Entonces, el prorrateo de los gastos genéricos, debe hacerse
entre los candidatos que resultaron beneficiados con
determinada campaña o difusión de propaganda.
Justamente, la distribución de gastos entre los candidatos
beneficiados nuevamente muestra que el análisis del rebase
de topes de gastos de campaña debe hacerse por cada
elección considerada individualmente a partir del ámbito
territorial en que los candidatos son electos (distrito
uninominal, entidad federativa o municipio).
Por su parte, en el artículo 243, párrafo 1, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se prevé que
los gastos que realicen los partidos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de
campaña, no podrán rebasar los topes que para cada
elección acuerde el Consejo General.
También, en el citado precepto legal en su párrafo 4, inciso
b), fracción I, se establece que el tope máximo de gastos de
campaña para la elección de diputados por el principio de
mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope
de gasto de campaña establecido para la elección entre
trescientos. Para el año en que solamente se renueve la
Cámara de Diputados, la cantidad a que se refiere esta
fracción será actualizada con el índice de crecimiento del
salario mínimo diario del Distrito Federal.
De lo anterior, se puede advertir que los topes son fijados
para cada elección, es decir, para cada cargo popular que se
elija, lo cual guarda coherencia con el hecho de que el límite
para la elección presidencial se divida en trescientos para
ST-JIN-12/2015
96
fijar el monto máximo que se puede gastar en las elecciones
de diputados por el principio de mayoría relativa, pues
justamente se eligen a trescientos diputados por el principio
aludido.
En consecuencia, cuando en el artículo 41 constitucional,
base VI, inciso a), se prevé la nulidad de la elección en el
caso de que “se exceda el gasto de campaña en un cinco por
ciento del monto total autorizado”, el porcentaje debe ser
calculado a partir del límite de cada elección considerada
individualmente, en este caso, la elección de cada diputado
federal por el principio de mayoría relativa.
• Límite temporal. Es conveniente precisar que la causal de
nulidad de la elección de rebase de topes de gastos de
campaña se actualiza en un momento del proceso electoral
determinado, es decir, durante el periodo de campaña. La
causal bajo estudio se actualizará si el límite establecido es
rebasado durante el tiempo que duren las campañas
electorales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242, párrafo 1,
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se dispone que la campaña electoral sea el
conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos
políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos
registrados, para la obtención del voto.
Por su parte, en el artículo 227, párrafos 2 y 4, de la misma
ley, se prevé que los actos de precampaña son los que se
dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en
general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser
postulado como candidato a un cargo de elección popular; y
que el precandidato es el ciudadano que pretende ser
ST-JIN-12/2015
97
postulado por un partido político como candidato a cargo de
elección popular conforme a la Ley y a los Estatutos de un
partido político, en el proceso de selección interna de
candidatos a cargos de elección popular.
Entonces, el periodo de campaña es distinto al del
precampaña.
En el periodo de precampaña los aspirantes buscan obtener
el respaldo de militantes o ciudadanos para ser postulados
como candidatos a un cargo de elección popular por un
partido político o coalición, y en la campaña, los ciudadanos
que cuentan con el carácter de candidatos buscan obtener el
voto de los ciudadanos para ser electos a determinado cargo
de elección popular.
Asimismo, en el artículo 226, párrafo 2, inciso b), de la misma
ley, se establece que durante los procesos electorales que se
renueve solamente la Cámara de Diputados, las
precampañas darán inicio en la primera semana de enero del
año de la elección y no pueden durar más de cuarenta días.
A su vez, en el artículo 251, párrafos 2 y 3 de la citada ley, se
prevé que las campañas electorales para diputados, en el
año en que sólo se renueve la Cámara respectiva, tendrá
una duración de sesenta días, y que las campañas
electorales iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión
de registro de candidaturas para la elección respectiva,
debiendo concluir tres días antes de la jornada electoral.
De lo anterior, se colige que los periodos de precampaña y
campaña son distintos, es decir, el periodo de precampaña
es previo al registro de candidatos, pues una vez que los
ciudadanos son electos dentro de los procesos internos de
selección de los partidos adquieren el derecho a ser
ST-JIN-12/2015
98
registrados por éstos o por las coaliciones; en cambio, el
periodo de campaña inicia después de que los candidatos
han sido registrados.
Por tanto, toda vez que el periodo de campaña es una fase
específicamente establecida dentro del proceso electoral, la
causa de nulidad consistente en el rebase de topes de
gastos de campaña se debe limitar a las irregularidades
atinentes que pudieran ocurrir en el tiempo que dura la
campaña electoral correspondiente.
• Fiscalización de recursos de los partidos políticos. La
fiscalización de los recursos de los partidos políticos es la
revisión de los informes respecto del origen y destino de los
recursos ordinarios y de campaña que reciben los mismos, y
en el caso de campañas, los candidatos independientes, los
cuales han sido presentados ante la autoridad administrativa
electoral.
El proceso de fiscalizar, tiene como finalidad asegurar la
transparencia en la rendición de cuentas, la equidad en la
contienda y la legalidad en el comportamiento de los actores
políticos. Por eso, la fiscalización debe ser considerada como
un ejercicio que fortalece y legitima la competencia electoral.
De conformidad con lo previsto en el artículo 41, Base V,
apartado B, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como 32, fracción VI;
190; 191; 192; 196 párrafo 1, y 199, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de
las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de
los candidatos, se encuentra a cargo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.
ST-JIN-12/2015
99
Para el cumplimiento de tal atribución, el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral ejercerá las atribuciones que
la constitución y la ley le confieren en materia de
fiscalización, a través de la Comisión de Fiscalización, quien
a su vez cuenta con un órgano técnico encargado de la
recepción y revisión integral de los informes presentados
respecto del origen, aplicación y destino que presenten los
sujetos obligados, así como las quejas y procedimientos
oficiosos en materia de rendición de cuentas.
Aunado a lo anterior, la obligación fundamental de presentar
informes de gastos de campaña, entre otros, corresponde a
los partidos políticos, pues de acuerdo con el sistema
nacional de fiscalización los institutos políticos son
responsables ante el Instituto Nacional Electoral de la
presentación de los mencionados informes.
El proceso de fiscalización, comprende las etapas siguientes:
1. Los partidos políticos tienen la obligación de presentar los
informes correspondientes en los plazos establecidos en la
normativa electoral, así como la documentación soporte y
comprobatoria necesaria, para cada uno de los candidatos a
cargo de elección popular registrados para cada tipo de
campaña, especificando el origen y monto de los ingresos,
así como los gastos realizados;
2. Una vez entregados los informes de campaña, la Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
contará con un plazo de diez días para su revisión. En caso
de que advierta la existencia de errores u omisiones técnicas,
lo informará al partido político y lo prevendrá para que en el
plazo de cinco días presente las aclaraciones o
rectificaciones pertinentes, y
ST-JIN-12/2015
100
3. Concluida la revisión, la citada Unidad Técnica emitirá el
dictamen consolidado y la propuesta de resolución que
deberán contener como mínimo: el resultado y las
conclusiones de la revisión de los informes que hayan
presentado los partidos políticos; la mención de los errores o
irregularidades encontrados en los mismos, y las
aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos
políticos después de haberles notificado con ese fin, lo
cuales tendrán la posibilidad de impugnar los referidos
dictámenes ante este Tribunal Electoral.
De lo anterior, se desprende que, por disposición
constitucional y legal, la fiscalización de los ingresos y
egresos de los partidos políticos y candidatos se encuentra a
cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a
través de la Unidad Técnica de Fiscalización, quien resolverá
en definitiva el proyecto de dictamen consolidado, así como
de cada uno de los informes que los partidos políticos están
obligados a presentar, conforme con lo dispuesto en los
artículos 190, párrafo 2; 191, inciso c), y 196, párrafo 1, de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Así, la fiscalización del origen, monto y destino de los
recursos empleados en la campaña electoral por los
candidatos y los partidos políticos, se compone de una serie
de fases cuyo desarrollo y vigilancia le corresponde a la
autoridad administrativa electoral por conducto de la Unidad
Técnica y no a esta autoridad jurisdiccional, por tanto, en el
caso de que la diferencia entre los partidos que obtuvieron el
primero y segundo lugar sea menor al cinco por ciento,
deberá estarse al resultado que arroje el dictamen
consolidado y la resolución respectiva a efecto de establecer
ST-JIN-12/2015
101
la presunción respecto de si las violaciones cometidas
resultan determinantes para decretar la nulidad de elección
en términos de lo previsto en la base VI del artículo 41
constitucional.
Por otro lado, cabe mencionar que el proceso de
fiscalización, no se limita al ejercicio de las facultades de
revisión de los informes, sino que, también contempla los
procedimientos sancionadores en materia de fiscalización,
originados por las quejas presentadas a fin de denunciar las
presuntas conductas ilegales de los partidos políticos y
candidatos, lo cual obliga a la Comisión de Fiscalización y a
su Unidad Técnica a realizar las investigaciones
correspondientes. Además, de los procedimientos de oficio
que pueda iniciar ante la sospecha de cualquier conducta
contraria a la normativa electoral en materia de rendición de
cuentas.17
e. Análisis del agravio.
i. Rebase del tope de gastos de precampaña y campaña,
y rebase a los límites del financiamiento público y
privado
El agravio es infundado por las razones que se exponen
enseguida:
Es un hecho notorio para esta Sala Regional (en términos de lo
dispuesto por el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral), que en
sesiones extraordinarias de quince de abril y veinte de julio de dos
17 En similares términos se ha pronunciado la Sala Regional Xalapa de este tribunal electoral al resolver el juicio de inconformidad identificado con la clave SX-JIN-26/2015.
ST-JIN-12/2015
102
mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
emitió las resoluciones identificadas con las claves
INE/CG193/2015, INE/CG194/2015 e INE/CG469/2015,
respectivamente, por las que aprobó lo siguiente:
1. El Dictamen Consolidado y la resolución de las irregularidades
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los
informes de precampaña de los ingresos y gastos de los
candidatos a los cargos de diputados federales, correspondientes
al proceso electoral federal 2014-2015, y
2. El Dictamen Consolidado y la resolución de las irregularidades
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los
informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a
los cargos de diputados federales, correspondientes al proceso
electoral federal 2014-2015.
De esta forma al tratarse de documentales públicas, por haber
sido emitidas por la autoridad facultada para ello, las mismas
tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el
artículo 14 y 16, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que son aptas
para acreditar lo siguiente:
Del dictamen de precampaña que corresponde al Acuerdo
INE/CG193/2015, se puede advertir por lo que se refiere al Partido
Verde Ecologista de México, lo siguiente:
Acuerdo INE/CG193/2015
“DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS PRECANDIDATOS DE LOS PARTIDOS
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103
POLÍTICOS NACIONALES, A LOS CARGOS DE DIPUTADOS FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015. (…) 4.5 Partido Verde Ecologista de México. (…) CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISIÓN A LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE PRECAMPAÑA AL CARGO DE DIPUTADO FEDERAL DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2014-2015 Informes de Precampaña 1. El partido presentó en tiempo y forma 108 Informes de Precampaña correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario 2014-2015, mismos que fueron revisados en primera instancia para detectar errores y omisiones técnicas generales. Ingresos 2. El partido reportó Ingresos en ceros en sus Informes de Precampaña. Egresos 3. El partido reportó Egresos en ceros en sus Informes de Precampaña. 4. La Unidad Técnica de Fiscalización dará seguimiento en el marco de la revisión del Informe correspondiente, respecto de los 1355 testigos de anuncios espectaculares detectados durante el monitoreo de precampaña correspondientes a propaganda institucional. 5. La Unidad Técnica de Fiscalización dará seguimiento en el marco de la revisión del Informe correspondiente, respecto de los 300 testigos de inserciones en prensa y medios impresos detectados durante el monitoreo de precampaña correspondientes a propaganda institucional. 6. La Unidad Técnica de Fiscalización dará seguimiento en el marco de la revisión del Informe correspondiente, a los gastos correspondientes a la campaña de lentes con graduación, así como a propaganda en autobuses y bardas del PVEM detectados durante el monitoreo de precampaña correspondientes a propaganda institucional. 7. En consecuencia, al reportar el partido Ingresos por un monto total de $0.00 y Egresos por un monto de $0.00 su saldo final asciende a $0.00.” (El resaltado es propio).
ST-JIN-12/2015
104
De lo anterior se advierte que el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral a partir de los datos que tuvo a la vista así como
de las diligencias que realizó, determinó que el Partido Verde
Ecologista de México, había reportado tanto ingresos como
egresos en cero pesos, por lo que concluyó que su saldo final
ascendía la misma cantidad, esto es, a ceros pesos.
Ahora bien, por lo que hace al Acuerdo INE/CG469/2015,
referente al dictamen de los gastos de campaña, el Consejo
General del propio Instituto Nacional Electoral, en relación al propio
Partido Verde Ecologista de México determinó:
Acuerdo INE/CG469/2015
“RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NCAIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA, DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE DIPUTADOS FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015. (…)
[Rebase de Tope de Gastos. Conclusión 8. “8. PVEM rebasó el tope de gastos de campaña establecido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG02/2015, para la campaña de un Diputado Federal, por un excedente de $772,632.22, el Distrito en comento se detalla a continuación:
ENTIDAD DISTRITO
TOTAL DE GASTOS SEGÚN
ADUDITORÍA CON GASTOS
NO REPORTADOS
DIPUTADOS
TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA
TOTAL DE GASTOS VS. TOPE
DE CAMPAÑA
(A) (B) (C) = (B) –
(A)
DISTRITO FEDERAL
4 1,291,119.45 1,260,038.34 $31,081.11
ST-JIN-12/2015
105
14 1,344,972.51 1,260,038.34 84,934.17 16 1,298,037.88 1,260,038.34 37,999.54 18 1,337,146/.45 1,260,038.34 77,108.11 19 1,309,383.94 1,260,038.34 49,345.60 22 1,349,064.53 1,260,038.34 89,026.19 24 1,371,576.40 1,260,038.34 111,538.06 25 1,464,626.01 1,260,038.34 204,587.67
MORELOS 1 1,347,050.11 1,260,038.34 87,011.77 TOTAL $772,632.22
(…)” En consecuencia, al exceder el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 1, en relación al 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un importe de $772,632.22.]
Asimismo, por lo que hace a la Coalición parcial integrada por el
Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México,
en dicho acuerdo determinó lo siguiente:
“[Rebase de Tope de Gastos. Conclusión 10. “10. La COA PRI PVEM rebasó el tope de gastos de campaña establecido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG02/2015, para las campañas de tres Diputados Federales, por un excedente de $588,192.50, los Distritos en comento se detallan a continuación:
ENTIDAD DISTRITO
TOTAL DE GASTOS SEGÚN
ADUDITORÍA CON GASTOS NO
REPORTADOS DIPUTADOS
TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA
TOTAL DE GASTOS VS. TOPE
DE CAMPAÑA
(A) (B) (C) = (B) – (A)
Baja California
2 1,386,634.79 1,260,038.34 126,596.45
Baja California
6 1,477,532.90 1,260,038.34 217,494.56
ST-JIN-12/2015
106
Quintana Roo
3 1,504,139.83 1,260,038.34 244,101.49
TOTAL $588,192.50 (…)” En consecuencia, al exceder el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad, la coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 1, en relación al 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un importe de $588,192.50].
Del análisis a los referidos dictámenes y resoluciones, no se
advierte que en el distrito electoral federal en estudio, se haya
rebasado el tope de gastos de precampaña y campaña fijado para
la elección federal en curso, o que se hubiesen rebasado los
límites para la recepción de financiamiento público o privado.
Aunado a ello, el promovente no aportó al presente juicio, las
documentales que acreditaran la actualización del rebase de topes
de gastos de precampaña y campaña, así como de los límites de
financiamiento, sino que, sólo se limitó a señalar en su demanda,
la existencia de una queja presentada ante la Unidad Técnica de
Fiscalización, la cual se encuentra radicada con la clave de
expediente INE/Q-COF-UTF/03/2015, a través de la que denunció
la erogación realizada por el Partido Verde Ecologista de México,
con la difusión de “spots” publicitarios transmitidos en cadena
nacional, los cuales, en su concepto, beneficiaron a los candidatos
al cargo de diputados federales, y por lo tanto, se debió prorratear
dicho gasto.
Asimismo, se advierte que las conductas irregulares a que se
refieren los procedimientos y sentencias de la Sala Regional
Especializada y la Sala Superior de este Tribunal plasmados en la
demanda, corresponden a una temporalidad distinta, ya que
ninguna de ellas fue realizada durante el periodo de campaña,
salvo los “infomerciales” en favor de la candidata del Partido Verde
ST-JIN-12/2015
107
Ecologista de México a Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo,
empero, tales hechos se ubican fuera del distrito cuya elección
impugna, por lo que no puede ser útiles para acreditar lo que
pretende el actor.
Con base en lo anterior, se colige que la parte actora no aporta
elemento alguno a esta Sala Regional para acreditar lo que
supuestamente adujo en la referida queja; es decir, únicamente se
constriñe a señalar los montos que, en su concepto, debieron ser
prorrateados al Partido Verde Ecologista de México, pero en modo
alguno, pone de relieve elementos de convicción que lleven a
concluir a este órgano jurisdiccional que en efecto, tales importes
sean los que sustentan el referido rebase al tope de gastos de
precampaña y campaña, o la violación a los límites de
financiamiento, en el distrito electoral federal en cuestión y en
beneficio de quien resultó ganador en dicha demarcación electoral.
Lo que el promovente sugiere es que este órgano jurisdiccional se
constituya en autoridad investigadora de los hechos que a su
consideración provocarían la nulidad de la elección impugnada por
el rebase de tope de gastos de campaña, sin siquiera referir de
manera precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que
apoyen sus afirmaciones de hechos relacionados con los importes,
que a su juicio, acreditan el aludido rebase de topes de campaña y
la violación a los límites de financiamiento, omitiendo por vía de
consecuencia, la carga probatoria que le corresponde.
Por lo tanto, el actor no cumplió con la carga argumentativa y la
carga de la prueba que tenía a fin de acreditar plenamente la
actualización del rebase de tope de gastos de precampaña y
campaña en el distrito federal electoral materia del análisis de esta
sentencia, y que fuera determinante para el resultado de la
ST-JIN-12/2015
108
elección, tal y como lo establece el artículo 41, Base VI, párrafo
tercero, inciso a), y párrafo cuarto, de la Constitución federal.
Lo anterior, pese a que el partido político actor aspira a sustentar
sus argumentos en la mención de un listado de claves de
expedientes relativos a diversos procedimientos administrativos
sancionadores, pues al respecto, no refiere el grado de
generalización, gravedad o dolo, de las irregularidades que fueron
materia de procedimientos, ya que el hecho de que se precise que
tal sobre exposición ocurrió en revistas, redes sociales, mensajes
de texto y “spots”, por qué, en todo caso, debía identificar y
precisar cómo se circunscribieron al distrito electoral federal y
fueron determinantes, además de que también debía acreditarlo
plenamente. De lo que ocurre en un contexto general no se sigue
que necesariamente incida en un específico ámbito espacial y
trascienda en la jornada electoral o incida en la misma, más
cuando los tiempos de muchas de esas irregularidades, como se
apuntó, correspondieron a un momento distinto al de las campañas
electorales y la misma jornada electoral.
Asimismo, también omite cumplir con su carga argumentativa y
probatoria para situar el carácter generalizado, grave o doloso de
las irregularidades, la verificación en la jornada electoral o su
incidencia en la misma, así como su ocurrencia en el distrito
electoral federal y el carácter determinante de las propias
irregularidades. El actor no explica ni demuestra cómo es que tales
hechos pudieran resultar relevantes y determinantes en la elección
llevada a cabo en el distrito electoral federal correspondiente o que
sucedieran precisamente en el distrito electoral federal.
Por tanto, resulta carente de sustento la afirmación imprecisa del
actor en el sentido de que lo relativo a los hechos que fueron
ST-JIN-12/2015
109
materia de los procedimientos administrativos sancionadores
aludidos, demuestra la comisión de violaciones generalizadas,
graves, dolosas y sustanciales en el distrito electoral,
determinantes para el resultado de la elección, que conllevaran la
nulidad de la elección en el distrito electoral federal.
Lo anterior, porque el promovente pasa por alto que los
procedimientos sancionadores tienen una naturaleza jurídica y
efectos diversos de los juicios de inconformidad, pues, en principio,
buscan prevenir y reprimir conductas que transgredan
disposiciones legales en la materia, y si bien, de acreditarse tales
ilícitos, éstos también podrían ser valorados al momento de
calificarse el resultado de un proceso comicial, lo cierto es que, por
sí mismos, tales aspectos son insuficientes para acoger la
pretensión de nulidad de la elección, pues para ello tendría que
quedar acreditado objetivamente con los elementos que obrasen
en autos, que tales conductas trastocaron los principios rectores de
la contienda; circunstancia que no ocurre en la especie.
El actor alega que tan sólo en el mes de diciembre de dos mil
catorce, el Partido Verde erogó por lo menos la cantidad de $
3,531,859,747.00 (Tres mil quinientos treinta y un millones,
ochocientos cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta y siete
pesos 00/100 moneda nacional), respecto a canales que se
difunden a nivel nacional, por lo que el gasto debe prorratearse de
manera equitativa entre los 98 candidatos a diputados federales
por el principio de mayoría relativa del Partido Verde.
De esta forma, sostiene el partido actor, debe estimarse que cada
candidato gastó la cantidad de $36,039,385.17 (Treinta y seis
millones, treinta y nueve mil trescientos ochenta y cinco pesos
17/100 moneda nacional), cantidad que puede ser mayor si se
toma en cuenta que el Partido Verde ha gastado más de
ST-JIN-12/2015
110
$1,500,000,000.00 (Un mil quinientos millones de pesos 00/100
moneda nacional), y por ende debe tenerse por rebasado el tope
de gastos de precampaña y campaña.
Ello en virtud de que los precandidatos y candidatos pueden
aportar hasta $37,406,344.57 (Treinta y siete millones
cuatrocientos seis mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 57/100
moneda nacional), el tope de gastos de precampaña es de
$224,074,.72 (Doscientos veinticuatro mil setenta y cuatro pesos
72/100 moneda nacional), y el tope de gastos de campaña de
$1,209,528.00 (Un millón doscientos nueve mil quinientos
veintiocho pesos 00/100 moneda nacional).
Tales alegaciones igualmente carecen de sustento en virtud de
que el actor no aporta elementos con los que pueda acreditar dicha
situación, sin que obste que en el expediente cite una serie de
resoluciones o quejas a cargo de la Sala Regional Especializada
de este Tribunal Electoral, o ante el Instituto Nacional Electoral.
Lo anterior es así, toda vez que las resoluciones antes referidas en
modo alguno pueden tener como efecto, el acreditar de manera
fehaciente el presunto rebase de tope de gastos de campaña, pues
tal y como ha quedado señalado en parágrafos anteriores, el
documento idóneo es precisamente, el dictamen emitido por el
Instituto Nacional Electoral, el cual como ha quedado señalado no
arrojó datos sobre este tema.
De allí, que lo aducido por el actor respecto de la actualización del
rebase de tope de gastos de precampaña y campaña sea
infundado.
ii. Inelegibilidad de la fórmula ganadora
ST-JIN-12/2015
111
El agravio es inoperante por lo que se explica en seguida:
El partido político actor se duele de que la autoridad responsable
debió declarar inelegibles a la fórmula de candidatos a diputados
federales que resultó ganadora, atendiendo a que, a su juicio,
rebasaron el tope de gastos de precampaña y campaña, y
omitieron informar sobre sus gastos, sin embargo, no le asiste la
razón, puesto que, como se desprende del análisis hecho en la
presente resolución respecto de los agravios vinculados a tales
conductas, los mismos resultan infundados, principalmente, por la
deficiente argumentación y demostración de los hechos en que se
apoyan, por tanto, no pueden servir a su vez de base, para acoger
la aludida pretensión de inelegibilidad, aunado a que en todo caso,
dichas circunstancias no constituyen una causa que afecte la
idoneidad de los requisitos que deben cumplir los ciudadanos
electos para ocupar el cargo de diputados federales.
En tal sentido, es conveniente destacar que el derecho de ser
votado está consagrado en el artículo 35, fracción II, de la
Constitución Federal, así como en el artículo 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.18 La formulación de estas
disposiciones permite apreciar que se trata de un derecho a cuyo
ejercicio se pueden imponer diversas condiciones. Mientras en el
precepto constitucional se establece que todo ciudadano puede ser
votado para todos los cargos de elección popular siempre y
cuando se reúnan “las calidades que establezca la ley”, en la
disposición convencional se admite expresamente la posibilidad de
reglamentar mediante ley, el ejercicio de este derecho por diversas
razones, tales como la edad, la nacionalidad o la residencia de la
18 También se contempla en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
ST-JIN-12/2015
112
persona.19 Es por ello, que la Sala Superior de este Tribunal
Electoral ha señalado, reiteradamente, que el derecho a ser votado
es de base constitucional y de configuración legal.20
Por lo tanto, para poder ejercer el derecho a ser votado, se deben
cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo
55 de la Constitución federal y 10 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como no ubicarse
en alguno de los supuestos de inelegibilidad previstos en el marco
jurídico, pues de lo contrario, no se podría ejercer dicho derecho.
En el caso, el promovente no especifica una causa concreta de
inelegibilidad de las candidatas ganadoras, vinculada con el marco
normativo correspondiente a los requisitos constitucionales y
legales que éstas deben cumplir para ocupar el cargo de diputada
federal, aunado a que las irregularidades que menciona en su
demanda no han quedado plenamente demostradas, por lo que ni
siquiera se cuenta con una base fáctica a partir de la cual
pretender vincular las mismas con la inelegibilidad de las aludidas
candidatas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 445, párrafo 1,
incisos c) y e), y 456, párrafo 1, inciso c), fracción III, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los
candidatos que hubieren rebasado el tope de gastos de
precampaña o campaña o hubiesen omitido informar los recursos
recibidos, pueden ser sancionados, entre otras, con la cancelación
del registro, o en su caso con la pérdida de la candidatura
correspondiente. 19 Numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 20 De manera ejemplificativa, el criterio se ve reflejado en la jurisprudencia 11/2012 de rubro: CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. SU EXCLUSIÓN EN EL SISTEMA ELECTORAL FEDERAL NO VULNERA DERECHOS FUNDAMENTALES CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. SU EXCLUSIÓN EN EL SISTEMA ELECTORAL FEDERAL NO VULNERA DERECHOS FUNDAMENTALES. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 10, 2012, pp. 13-15.
ST-JIN-12/2015
113
De lo anterior se desprende que el rebase de topes de gastos de
precampaña o campaña podrá tener como consecuencia la
cancelación del registro o pérdida de la candidatura, lo que
constituye una sanción administrativa que impedirá la participación
del sujeto en el proceso electoral, mas no así una causal de
inelegibilidad, cuya configuración tiene como consecuencia que el
candidato electo no pueda recibir la constancia de mayoría
respectiva por no cumplir con los requisitos exigidos constitucional
y legalmente para ocupar el cargo de diputado federal.
Aunado a lo anterior, como quedó precisado, de los dictámenes
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
respecto de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos
y coaliciones, en relación con la elección que se impugna por el
actor, no existió rebase del tope de gastos, por lo que de ninguna
forma podría constituir una causal de inelegibilidad, máxime que no
se encuentra considerada como tal.
No pasa por alto, que el actor refiere en su escrito las claves de
identificación de diversos expedientes relativos a denuncias
presentadas en contra del Partido Verde Ecologista de México, sin
embargo, lo cierto es que no aportó las constancias atinentes, ni
vinculó los hechos de dichos procedimientos con los requisitos de
elegibilidad que deben reunir las candidatas electas, de ahí que se
sostenga la inoperancia de su agravio.
f. Conclusión
No se actualiza el supuesto previsto en el artículo 78 bis,
párrafos 1, 2, 4 y 5, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, en relación con el artículo 41,
párrafos tercero, inciso a), y cuarto, de la Constitución federal,
ST-JIN-12/2015
114
respecto del distrito electoral federal 12 en el Estado de México,
ni la inelegibilidad de la fórmula de candidatos ganadora.
III. Tipo de nulidad de elección específico por compra o
adquisición de cobertura informativa o tiempos en
radio y televisión y análisis del agravio.
a. Hipótesis y estudio dogmático.
Por lo que corresponde al supuesto de nulidad de elección de
diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
de carácter específico, el cual está previsto en el artículo 78 bis,
párrafos 1, 4, 5 y 6, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, en relación con el artículo 41,
párrafos tercero, inciso b), y cuarto, de la Constitución federal,
se desprende lo siguiente:
• La compra o adquisición (conducta) de cobertura informativa
o tiempos en radio y televisión (elemento de modo), fuera de
los supuestos previstos en la ley (elemento normativo);
• Las violaciones electorales deben ser dolosas (elemento
subjetivo);
• Las violaciones electorales deben ser graves (elemento
cualitativo);
• Las violaciones electorales deben incidir en la jornada
electoral (referencia temporal);
• Las violaciones electorales deben suceder en el distrito
electoral federal o afectar sus resultados (referencia
espacial);
• Las violaciones electorales deben estar plenamente acreditas
de manera objetiva y material (elemento probatorio), y
ST-JIN-12/2015
115
• Debe demostrarse que las violaciones electorales son
determinantes (elemento cualitativo de incidencia).
En relación con dicho tipo de nulidad específico, además, se debe
atender a lo siguiente:
• Cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el
primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento se
presumirá que las violaciones son determinantes (presunción
legal);
• Aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación
sustancial a los principios constitucionales en la materia y
pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados son
violaciones graves (elemento cualitativo);
• Aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su
carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un
efecto indebido en los resultados del proceso electoral son
dolosas (elemento subjetivo), y
• La cobertura informativa indebida, tratándose de
programación y de espacios informativos y noticiosos, es
aquella que, por su carácter reiterado y sistemático
(referencia de modo), resulta evidente que se trata de una
actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias
electorales de los ciudadanos (elemento subjetivo del injusto)
y no de un ejercicio periodístico (elemento negativo de
carácter normativo).
Los elementos normativos del tipo de nulidad son:
Sujetos pasivos. Al igual que la causal específica antes
analizada, se considera que los ciudadanos que emiten su sufragio
ST-JIN-12/2015
116
en el distrito electoral federal que corresponda, son los principales
afectados en relación con las conductas ilícitas.
Sujetos activos. Los sujetos causantes de dichas conductas
pueden ser los partidos políticos o coaliciones, los candidatos o los
candidatos independientes, los concesionarios o permisionarios de
radio y televisión, así como cualquier persona física o jurídica.
Conducta. Las conductas que dan origen a la hipótesis de nulidad
de elección de mérito, consisten en la compra o adquisición, por sí
o por interpósita persona, de cobertura informativa indebida,
entendiéndose por ésta, aquella programación y espacios
informativos o noticiosos en radio y televisión que en forma
evidente, derivado de su carácter reiterado y sistemático, no
constituyan un ejercicio periodístico auténtico y tengan como
objeto publicitar una oferta electoral para influir en las preferencias
de los ciudadanos del distrito electoral.
Bien jurídico protegido. La hipótesis de nulidad preserva todos
los valores y principios de la contienda electoral, específicamente,
la equidad del proceso electoral, el modelo de comunicación
política, y desde luego, los resultados de los comicios.
Otros elementos normativos.
• Violaciones electorales dolosas (elemento subjetivo),
elementos que atañen a las características de las
irregularidades, entendiéndose por dolosas aquellas
realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito,
llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto
indebido en los resultados del proceso electoral.
ST-JIN-12/2015
117
• Violaciones electorales graves (elemento cualitativo),
entendiéndose por graves, aquellas conductas irregulares
que produzcan una afectación sustancial a los principios o
bienes jurídicos básicos constitucionales, convencionales o
legales, cuya observancia sea indispensable en la materia y
pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados.
• Violaciones electorales que inciden en la jornada
electoral (referencia temporal). Las conductas ilícitas
deben afectar el proceso electoral o la jornada electoral, de
modo que resulte evidente el nexo causal entre éstas y el
desarrollo y resultados de la elección, a partir de la
acreditación objetiva y material de las violaciones.
• Violaciones electorales que inciden en los resultados del
distrito electoral federal (referencia espacial). Partiendo
de lo establecido en la hipótesis de nulidad, se concluye que
las violaciones deben repercutir en la esfera del distrito
electoral federal, ya que se demanda la nulidad de la
elección de diputados de mayoría relativa en un distrito
electoral uninominal. Ello implica que al no guardar relación
con dicha demarcación electoral, resulten ineficaces para
demostrar una afectación sustancial al proceso electoral y a
los resultados distritales.
• Violaciones electorales plenamente acreditadas en forma
objetiva y material (aspecto probatorio). Los medios de
prueba deben ser suficientes e idóneos para permitir al
juzgador concluir que objetiva y materialmente se llevaron a
cabo las conductas previstas en la causal de nulidad; por
tanto, los elementos probatorios deben ser lícitos y pueden
ser de cualquier tipo, en tanto de su valoración y relación
ST-JIN-12/2015
118
entre sí, no den lugar a dudas respecto de los hecho o
irregularidades sujetos a prueba.
• Violaciones electorales determinantes. Conforme con la
definición que en la ley se hace de este elemento, existe
presunción de determinancia cuando la diferencia entre la
votación obtenida por el primero y el segundo lugar de la
elección, sea menor al cinco por ciento; circunstancia que
abarca tanto un enfoque cuantitativo, pues se estima que en
tales condiciones, el resultado de la elección pudo verse
condicionado por la comisión de las violaciones que integran
la causal de nulidad de elección, así como cualitativo, en la
medida en que dicho resultado racionalmente pueda
vincularse con la compra o adquisición ilegal de cobertura
informativa o tiempos en radio y televisión.
b. Análisis del agravio.
Promoción ilegal del Partido Verde Ecologista de México y de
la coalición PRI-PVEM, en espacios informativos de “Televisa”
y “TV Azteca”
El agravio es infundado por una parte e inoperante por otra.
Como se señaló, el partido actor cuenta con dos cargas
procesales, una que va en el sentido de argumentar y la otra de
probar sus afirmaciones; sin embargo, en el caso, esta Sala
Regional considera que el partido demandante incumplió con
ambas cargas, según se expone a continuación:
Lo infundado del agravio estriba en que el enjuiciante afirma que
“Televisa” y “TV Azteca” han promovido al Partido Verde
Ecologista de México y a la coalición conformada por éste y por el
ST-JIN-12/2015
119
Partido Revolucionario Institucional en espacios informativos, más
que a cualquier otro partido, según se advierte, en su concepto, del
informe final sobre monitoreo de noticieros y la difusión de sus
resultados durante el periodo de campañas del cinco de abril al
tres de junio de dos mil quince.
De tal afirmación y de los elementos probatorios con los que
pretende soportarla (pruebas que denomina supervenientes y que
consisten en el informe final sobre monitoreo de noticieros, así
como los procedimientos sancionadores cuyos números de
expediente refiere en su demanda), no se acredita el grado de
generalización de dichas irregularidades en el distrito electoral
federal, lo anterior sin desconocer que tales irregularidades puedan
tener un contexto general, lo cierto es que se debe evidenciar de
qué manera esa generalización trascendió o se actualizó en el
ámbito geográfico en que ocurrió la elección, por ejemplo, a
cuantos potenciales domicilios del distrito con televisor llegó la
señal relativa a dichas coberturas, los niveles de audiencia, entre
otros.
Por otra parte, se estima que el actor tampoco da razones
suficientes para demostrar que las irregularidades ocurrieron en la
jornada electoral o incidieron en la misma como tampoco evidencia
que sucedieran o tuvieran influencia en el distrito electoral federal,
ni que sean determinantes.
En efecto, este órgano jurisdiccional considera que el promovente
no menciona objetivamente en qué modo, la presunta promoción
por parte de “Televisa” y “TV Azteca”, repercutió en la equidad de
la contienda, específicamente, en el distrito electoral cuya nulidad
se demanda, pues se limita a afirmar que dichas televisoras
brindan más espacios a los partidos Revolucionario Institucional y
Verde Ecologista de México, según se advierte del monitoreo; sin
ST-JIN-12/2015
120
embargo, no realiza un ejercicio de subsunción entre lo dispuesto
por la norma y los hechos que se desprenden del monitoreo,
relacionándolos con el distrito electoral federal en cuestión.
Además, debe tenerse presente que en el caso, ni siquiera existe
presunción de determinancia relativo a la causal de nulidad de
elección en análisis, la cual opera cuando la diferencia entre la
votación obtenida entre el primero y el segundo lugar de la
elección sea menor al cinco por ciento.
Lo anterior, porque en este distrito electoral federal, la Coalición
Parcial integrada por el Partido Revolucionario Institucional y por el
Partido Verde Ecologista de México fue la que obtuvo el primer
lugar en la votación con 78,860 votos (setenta y ocho mil
ochocientos sesenta) equivalentes al 46.03% (cuarenta y seis
punto cero tres por ciento) del total de la votación recibida en ese
distrito; mientras que el segundo lugar lo ocupó el Partido de la
Revolución Democrática con 43,048 votos (cuarenta y tres mil
cuarenta y ocho) equivalentes al 25.12% (veinticinco punto doce
por ciento) del total de la votación recibida en ese distrito.
Como se puede apreciar, la diferencia de votación obtenida entre
el primero y segundo lugar es de 35,812 votos (treinta y cinco mil
ochocientos doce) equivalente al 20.90% (veinte punto noventa por
ciento) de la votación total obtenida en ese distrito. En
consecuencia, es evidente que no se actualiza el supuesto
establecido en la legislación, por el que se presumiría, de haberse
actualizado la violación denunciada, que la misma resultaba
determinante para el resultado de la votación.
De ahí que, aún en el supuesto de que se hubiere demostrado el
rebase del tope de gastos de campaña, en este caso, la violación
ST-JIN-12/2015
121
no actualizaba, por sí misma, la presunción de la determinancia,
máxime que dicho elemento implica tanto un enfoque cuantitativo,
consistente en acreditar que el resultado de la elección pudo verse
condicionado por la comisión de las violaciones que integran la
causal de nulidad de elección, así como uno cualitativo, que
impone al promovente a sustentar en qué medida el resultado
racionalmente pueda vincularse con la compra o adquisición ilegal
de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, extremos
que en modo alguno son atendidos en el presente caso por el
actor.
Finalmente, el argumento relativo a que con las postulaciones de
candidatos a diputados de representación proporcional por parte
de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de
México se evidencia la intención de las televisoras de formar una
tele-bancada, se considera inoperante.
Lo anterior, en virtud de que si su pretensión es impugnar la
asignación de diputados de representación proporcional, tal acto,
escapa de la competencia de esta Sala Regional, pues el análisis
de lo anterior le corresponde a la Sala Superior de este Tribunal,
en términos de lo dispuesto en los artículos 189, párrafo 1, inciso
e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así
como 61, párrafo 1, inciso a), y 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral.
Aunado a que los procesos internos de selección de candidatos
que realicen los partidos políticos o coaliciones, no son materia del
juicio de inconformidad, pues en todo caso, ello se debió haber
impugnado el registro de esos candidatos en el momento procesal
oportuno, a través del medio idóneo, y si bien es cierto, que en los
artículos 50, párrafo 1, inciso b), fracción II, y 54, párrafo 1, inciso
ST-JIN-12/2015
122
b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, se prevé la posibilidad de que controvierta la
elegibilidad de algún candidato, eso no fue planteado en la
demanda.
c. Conclusión
No se actualiza el supuesto previsto en el artículo 78 bis, párrafos
1, 2, 4, 5 y 6, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, en relación con el artículo 41,
párrafos tercero, inciso b), y cuarto, de la Constitución federal, en
relación con el distrito electoral federal 12 en el Estado de México.
IV. Tipo de nulidad de elección específico por recepción
o utilización de recursos de procedencia ilícita o
recursos públicos en las campañas y análisis del
agravio
a. Hipótesis y estudio dogmático.
Por lo que corresponde al supuesto de nulidad de elección de
diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
de carácter específico, el cual está previsto en el artículo 78 bis,
párrafos 1, 4 y 5, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, en relación con el artículo 41,
párrafos tercero, inciso c), y cuarto, de la Constitución federal,
se desprende lo siguiente:
• La recepción o la utilización (conducta) de recursos de
procedencia ilícita (objeto material y elemento normativo) o
recursos públicos en las campañas (objeto material y
elemento normativo);
• Las violaciones electorales deben ser dolosas (elemento
subjetivo);
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• Las violaciones electorales deben ser graves (elemento
cualitativo);
• Las violaciones electorales deben incidir en la jornada
electoral (referencia temporal);
• Las violaciones electorales deben suceder en el distrito
electoral federal o afectar sus resultados (referencia
espacial);
• Las violaciones electorales deben estar plenamente acreditas
de manera objetiva y material (elemento probatorio), y
• Debe demostrarse que las violaciones electorales son
determinantes (elemento cualitativo de incidencia).
En cuanto a dicho tipo de nulidad específico, igualmente, se debe
atender a lo siguiente:
• Cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el
primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento se
presumirá que las violaciones son determinantes (presunción
legal);
• Aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación
sustancial a los principios constitucionales en la materia y
pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados son
violaciones graves (elemento cualitativo), y
• Aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su
carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un
efecto indebido en los resultados del proceso electoral son
dolosas (elemento subjetivo).
Los elementos normativos del tipo de nulidad son:
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Sujetos pasivos. Los electores de la demarcación (distrito
electoral federal) son quienes resienten los efectos perniciosos de
las conductas ilícitas que se enlistan en la causa de nulidad de
elección de mérito.
Sujetos activos. Pueden ser los partidos políticos o coaliciones,
los candidatos o los candidatos independientes, entes público, así
como cualquier persona física o jurídica.
Conducta. Las conductas que dan origen a la hipótesis de nulidad
de elección de mérito, consisten en la recepción o utilización de
recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las
campañas.
Bien jurídico protegido. Todos los valores y principios de la
contienda electoral, tales como la equidad del proceso electoral, la
procedencia de los recursos utilizados durante las campañas
electorales y, consecuentemente, los resultados de los comicios.
Otros elementos normativos.
• Violaciones electorales dolosas (elemento subjetivo),
elementos que atañen a las características de las
irregularidades, entendiéndose por dolosas aquellas
realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito,
llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto
indebido en los resultados del proceso electoral.
• Violaciones electorales graves (elemento cualitativo),
entendiéndose por graves, aquellas conductas irregulares
que produzcan una afectación sustancial a los principios o
bienes jurídicos básicos constitucionales, convencionales o
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125
legales, cuya observancia sea indispensable en la materia y
pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados.
• Violaciones electorales que inciden en la jornada
electoral (referencia temporal). Las conductas ilícitas
deben afectar el proceso electoral o la jornada electoral, de
modo que resulte evidente el nexo causal entre éstas y el
desarrollo y resultados de la elección, a partir de la
acreditación objetiva y material de las violaciones.
• Violaciones electorales que inciden en los resultados del
distrito electoral federal (referencia espacial). Partiendo
de lo establecido en la hipótesis de nulidad, se concluye que
las violaciones deben repercutir en la esfera del distrito
electoral federal, ya que se demanda la nulidad de la
elección de diputados de mayoría relativa en un distrito
electoral uninominal. Ello implica que al no guardar relación
con dicha demarcación electoral, resulten ineficaces para
demostrar una afectación sustancial al proceso electoral y a
los resultados distritales.
• Violaciones electorales plenamente acreditadas en forma
objetiva y material (aspecto probatorio). Los medios de
prueba deben ser suficientes e idóneos para permitir al
juzgador concluir que objetiva y materialmente se llevaron a
cabo las conductas previstas en la causal de nulidad; por
tanto, los elementos probatorios deben ser lícitos y pueden
ser de cualquier tipo, en tanto de su valoración y relación
entre sí, no den lugar a dudas respecto de los hecho o
irregularidades sujetos a prueba.
• Violaciones electorales determinantes. Conforme con la
definición que en la ley se hace de este elemento, existe
presunción de determinancia cuando la diferencia entre la
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votación obtenida por el primero y el segundo lugar de la
elección, sea menor al cinco por ciento; circunstancia que
abarca tanto un enfoque cuantitativo, pues se estima que en
tales condiciones, el resultado de la elección pudo verse
condicionado por la comisión de las violaciones que integran
la causal de nulidad de elección, así como cualitativo, en la
medida en que dicho resultado racionalmente pueda
vincularse con la compra o adquisición ilegal de cobertura
informativa o tiempos en radio y televisión.
b. Análisis del agravio.
Recepción ilegal de financiamiento público y privado y
omisión de informar aportaciones recibidas
El agravio es infundado porque el actor se apoya en una
afirmación sin sustento, pues asevera que la campaña genérica de
posicionamiento del Partido Verde Ecologista de México,
solamente pudo ser sufragada a través de la recepción de
financiamiento recibido en forma ilegal, proveniente de entes
públicos y personas (físicas y jurídicas), y que ello, derivó en la
omisión de informar a la autoridad tales aportaciones, sin embargo,
en modo alguno señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar,
en que dichas aportaciones ilegales se pudieron llevar a cabo, y
mucho menos, aporta elementos probatorios idóneos que
contribuyan a demostrar su dicho.
No es obstáculo a lo anterior, las conductas aludidas en los
procedimientos sancionadores y las sentencias de la Sala Regional
Especializada y Superior de este Tribunal, respecto del Partido
Verde Ecologista de México, pues de ninguna de ellas se
desprende que se hubiese llevado a cabo con recursos de
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procedencia ilícita o recursos públicos fuera de los presupuestos
legales
De ahí que el promovente se encontraba obligado a acreditar que
el Partido Ecologista de México dejó de cumplir con su obligación
de informar respecto de aportaciones o donativos que éste haya
recibido por parte de personas físicas o jurídico-colectivas, para el
desarrollo de sus gastos de precampaña y campaña electoral, por
tratarse de ingresos percibidos fuera de los supuestos legales.
De acuerdo con lo anterior, el promovente incumplió con la carga
argumentativa y probatoria a la que está obligado, a fin de
acreditar plenamente que el Partido Verde Ecologista de México
recibió aportaciones o donaciones no permitidas o que se
encontraban fuera del marco legal.
El actor presupone la violación que argumenta, con base en lo
siguiente:
a) La propaganda genérica difundida por el Partido Verde
Ecologista a nivel nacional;
b) El costo real de los “spots” transmitidos para la difusión
de trabajo legislativo en territorio nacional a diciembre
de dos mil catorce, prorrateado entre 98 candidatos a
diputados federales, y
c) El gasto de más de mil quinientos millones de pesos.
Sin embargo, del dictamen que emitió el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, no se advierte siguiera algún indicio
que haga suponer que los recursos con los que se financió la
campaña, tuvieron una fuente ilícita.
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128
Además, los procedimientos sancionadores a los que alude el
actor, ni siquiera guardan relación con la elección que por esta vía
se impugna, correspondiente al distrito 12 con cabecera en
Ixtapaluca, Estado de México, ya que refiere asuntos
concernientes a Durango, Texcoco, Estado de México, Chiapas,
San Luis Potosí, Veracruz, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito
Federal e Hidalgo, en los que las conductas denunciadas no
corresponden con la causal de nulidad que pretende se declare.
Empero, el enjuiciante no efectúa vinculación entre las supuestas
aportaciones ilegales que recibió y dejó de informar el Partido
Verde Ecologista de México y la elección de diputados federales
celebrada en el distrito electoral de referencia, y mucho menos
aporta medios probatorios idóneos que permitan concluir que
dichas conductas se llevaron a cabo en modo determinante para el
resultado de la elección en dicho distrito; sin que sea suficiente
para lo que pretende, referir una serie de datos relativos a
procedimientos administrativos sancionadores y su secuela
procesal, pues, en principio, los mismos no fueron aportados,
aunado a que no se especifica de las sentencias correspondientes,
cuáles hechos, de los que pudieron llegar a ser fehacientemente
probados en dichos procedimientos, pudieran guardar relación con
los extremos de la hipótesis de nulidad de elección que el actor
demanda se declare, de ahí lo infundado de su agravio.
c. Conclusión.
En el caso concreto, no se surte la causa de nulidad específica de
elección prevista en el artículo 78 bis, párrafos 1, 4 y 5, de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, en relación con el artículo 41, párrafos tercero, inciso c),
y cuarto, de la Constitución federal, por cuanto hace al distrito
electoral federal 12 en el Estado de México.
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SEXTO. Causales de nulidad.
A continuación se hará el estudio de los agravios relativos a las
causales de nulidad contenidas en el artículo 75 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y
hechas valer por el actor en su demanda:
I. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección.
A. Resumen del agravio
El actor, en síntesis, aduce que en 57 casillas se actualiza la causa
de nulidad de votación recibida en casilla, según lo previsto en el
artículo 75, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en recibir
la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la
elección y siempre que esos hechos sean determinantes para el
resultado de la votación.
N° Casilla
1. 937 B 2. 937 C2 3. 937 C5 4. 937 C9 5. 938 B 6. 2074 C3 7. 2099 C2 8. 2100 B 9. 2130 C1 10. 2131 C1 11. 2141 C1 12. 2148 B 13. 2148 C1 14. 2149 B 15. 2149 C1 16. 2149 C2 17. 2149 C3 18. 2150 C1
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19. 2151 B 20. 2152 B 21. 2152 C2 22. 2155 B 23. 2155 C1 24. 2155 C2 25. 2155 C3 26. 2155 C4 27. 2155 C6 28. 2155 C7 29. 2155 C8 30. 2159 B 31. 2159 C1 32. 2159 C2 33. 2159 C3 34. 2163 C4 35. 6065 B 36. 6065 C1 37. 6068 B 38. 6069 B 39. 6071 B 40. 6073 B 41. 6074 B 42. 6075 B 43. 6075 C1 44. 6076 B 45. 6076 C1 46. 6077 B 47. 6077 C1 48. 6080 B 49. 6081 B 50. 6082 C1 51. 6090 B 52. 6097 B 53. 6097 C1 54. 6101 B 55. 6109 B 56. 6110 B 57. 6117 B
B. Normativa aplicable y criterios jurisprudenciales
El actor considera que se actualiza la causa de nulidad de votación
recibida en casilla prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso d), de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, cuyo texto es:
Artículo 75 1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:
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… d) Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección; …
La normativa y criterios jurisprudenciales aplicables respecto de
dicha causal son los que se reproducen a continuación:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. … Artículo 35. Son derechos del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares; … Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: … III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley; … Artículo 41. … La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: I. … Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los
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ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. … V. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución. …
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 25 Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: … b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; …
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 23. Derechos Políticos 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: … b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores, y …
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo 7 1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.
2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.
3. Es derecho de los ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine esta Ley.
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4. Es derecho y obligación de los ciudadanos, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, en los términos que determine la ley de la materia y en los procesos de participación ciudadana que estén previstos en la legislación correspondiente.
Artículo 22 1. Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, para elegir:
a) Diputados federales, cada tres años; b) Senadores, cada seis años; y c) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cada seis años.
… Artículo 81 1. Las mesas directivas de casilla por mandato constitucional, son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los 300 distritos electorales y las demarcaciones electorales de las entidades de la República.
2. Las mesas directivas de casilla como autoridad electoral tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.
3. En cada sección electoral se instalará una casilla para recibir la votación el día de la jornada electoral, con excepción de lo dispuesto en los párrafos 4, 5 y 6 del artículo 253 de esta Ley. Artículo 85 1. Son atribuciones de los presidentes de las mesas directivas de casilla: a) Como autoridad electoral, presidir los trabajos de la mesa directiva y velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, a lo largo del desarrollo de la jornada electoral; b) Recibir de los consejos distritales la documentación, útiles y elementos necesarios para el funcionamiento de la casilla, y conservarlos bajo su responsabilidad hasta la instalación de la misma; c) Identificar a los electores en el caso previsto en el párrafo 3 del artículo 278 de esta Ley; d) Mantener el orden en la casilla y en sus inmediaciones, con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario; e) Suspender, temporal o definitivamente, la votación en caso de alteración del orden o cuando existan circunstancias o condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la seguridad personal de los electores, de los
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representantes de los partidos o de los miembros de la mesa directiva; f) Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del orden, impida la libre emisión del sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o ejerza violencia sobre los electores, los representantes de los partidos o de los miembros de la mesa directiva; g) Practicar, con auxilio del secretario y de los escrutadores y ante los representantes de los partidos políticos presentes, el escrutinio y cómputo; h) Concluidas las labores de la casilla, turnar oportunamente al consejo distrital la documentación y los expedientes respectivos en los términos del artículo 299 de esta Ley, y i) Fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de cada una de las elecciones.
Artículo 225 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, la conclusión será una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno. 2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las etapas siguientes: a) Preparación de la elección; b) Jornada electoral; c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el Consejo General celebre durante la primera semana de septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de junio y concluye con la clausura de casilla. … Artículo 273 1. Durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada electoral, que contendrá los datos comunes a todas las elecciones y las actas relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones.
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2. El primer domingo de junio del año de la elección ordinaria, a las 7:30 horas, los ciudadanos presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de las casillas nombrados como propietarios deberán presentarse para iniciar con los preparativos para la instalación de la casilla en presencia de los representantes de partidos políticos y de Candidatos Independientes que concurran. 3. A solicitud de un partido político, las boletas electorales podrán ser rubricadas o selladas por uno de los representantes partidistas o de candidatos ante la casilla designado por sorteo, quien podrá hacerlo por partes para no obstaculizar el desarrollo de la votación. En el supuesto de que el representante que resultó facultado en el sorteo se negare a firmar o sellar las boletas, el representante que en un principio lo haya solicitado tendrá ese derecho. La falta de rúbrica o sello en las boletas no será motivo para anular los sufragios recibidos. Acto continuo, se iniciará el levantamiento del acta de la jornada electoral, llenándose y firmándose el apartado correspondiente a la instalación de la casilla. 4. El acta de la jornada electoral constará de los siguientes apartados: a) El de instalación, y b) El de cierre de votación. 5. En el apartado correspondiente a la instalación, se hará constar: a) El lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalación; b) El nombre completo y firma autógrafa de las personas que actúan como funcionarios de casilla; c) El número de boletas recibidas para cada elección en la casilla que corresponda, consignando en el acta los números de folios; d) Que las urnas se armaron o abrieron en presencia de los funcionarios y representantes presentes para comprobar que estaban vacías y que se colocaron en una mesa o lugar adecuado a la vista de los electores y representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes; e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere, y f) En su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la casilla. 6. En ningún caso se podrán recibir votos antes de las 8:00 horas. 7. Los miembros de la mesa directiva de la casilla no podrán retirarse sino hasta que ésta sea clausurada.
Artículo 277 1. Una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el apartado correspondiente a la instalación, el presidente de la mesa anunciará el inicio de la votación. 2. Iniciada la votación no podrá suspenderse sino por causa de fuerza mayor. En este caso, corresponde al presidente dar aviso de inmediato al consejo distrital a través del medio de comunicación a su alcance para dar cuenta de la causa de suspensión, la hora en
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que ocurrió y la indicación de los votantes que al momento habían ejercido su derecho de voto, lo que será consignado en el acta. 3. El aviso de referencia deberá ser constatado por dos testigos, que lo serán preferentemente, los integrantes de la mesa directiva o los representantes. 4. Recibida la comunicación que antecede, el consejo distrital decidirá si se reanuda la votación, para lo cual tomará las medidas que estime necesarias. Artículo 278 1. Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de casilla, debiendo mostrar su credencial para votar con fotografía o en su caso, la resolución del Tribunal Electoral que les otorga el derecho de votar sin aparecer en la lista nominal o sin contar con credencial para votar o en ambos casos. … Artículo 279 1. Una vez comprobado que el elector aparece en las listas nominales y que haya exhibido su credencial para votar con fotografía, el presidente le entregará las boletas de las elecciones para que libremente y en secreto marque en la boleta únicamente el cuadro correspondiente al partido político por el que sufraga, o anote el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto. 2. Aquellos electores que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente para marcar sus boletas de voto, podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que les acompañe. 3. Acto seguido, el elector doblará sus boletas y se dirigirá a depositarlas en la urna correspondiente. 4. El secretario de la casilla, auxiliado en todo tiempo por uno de los escrutadores, deberá anotar, con el sello que le haya sido entregado para tal efecto, la palabra "votó" en la lista nominal correspondiente y procederá a: a) Marcar la credencial para votar del elector que ha ejercido su derecho de voto; b) Impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar derecho del elector; y c) Devolver al elector su credencial para votar. … Artículo 280 1. Corresponde al presidente de la mesa directiva, en el lugar en que se haya instalado la casilla, el ejercicio de la autoridad para preservar el orden, asegurar el libre acceso de los electores, garantizar en todo tiempo el secreto del voto y mantener la estricta observancia de esta Ley. 2. Los miembros de la mesa directiva deberán permanecer en la casilla a lo largo de la votación, pero en ningún caso podrán interferir con la libertad y secreto del voto de los electores.
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… Artículo 285 1. La votación se cerrará a las 18:00 horas.
2. Podrá cerrarse antes de la hora fijada en el párrafo anterior, sólo cuando el presidente y el secretario certifiquen que hubieren votado todos los electores incluidos en la lista nominal correspondiente. 3. Sólo permanecerá abierta después de las 18:00 horas, aquella casilla en la que aún se encuentren electores formados para votar. En este caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen formados a las 18:00 horas hayan votado. Artículo 286 1. El presidente declarará cerrada la votación al cumplirse con los extremos previstos en el artículo anterior. 2. Acto seguido, el secretario llenará el apartado correspondiente al cierre de votación del acta de la jornada electoral, el cual deberá ser firmado por los funcionarios y representantes. 3. En todo caso, el apartado correspondiente al cierre de votación contendrá:
a) Hora de cierre de la votación; y b) Causa por la que se cerró antes o después de las 18:00 horas.
Tesis jurisprudenciales y tesis relevantes aplicables
Jurisprudencia NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).21 Tesis relevante RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN. LOS ACTOS DE INSTALACIÓN DE LA CASILLA PUEDEN JUSTIFICAR, EN PRINCIPIO, EL RETRASO EN SU INICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO).22 C. Estudio dogmático del tipo de nulidad de votación
recibida en casilla
La causal de nulidad de la votación recibida en una mesa o casilla
electoral consistente en recibir la votación en fecha distinta a la
señalada para la celebración de la elección, prevista en el inciso d) 21 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia, v. 1, pp. 471-473. 22 Compilación 1997-2013, Tesis, v. 2, t II, pp. 1717-1718.
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del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, constituye una
irregularidad que se comete en el desarrollo de la votación.
La causa de nulidad de votación recibida en casilla, por la
recepción de la votación en fecha distinta para la celebración de la
elección, es una de las múltiples técnicas jurídicas que existen en
el derecho electoral federal mexicano, la cual tiene por objeto
asegurar la realización de elecciones libres y auténticas; los
principios rectores de la función estatal de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, así
como las características del voto como libre, secreto y directo,
además de universal.
La consecuencia de la actualización de los hechos previstos
como hipótesis normativa en la causa de nulidad de la votación
recibida en casilla a que se hace referencia en el artículo 75,
párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, es la invalidación o anulación de
la votación. No puede reconocerse efectos jurídicos a la votación
que ha sido recibida en fecha distinta a la prevista legalmente.
Cuando se actualizan los elementos típicos de la causa de
nulidad se priva de efectos jurídicos al acto de la votación recibido
en la casilla sin que reconozca ningún voto a favor de los partidos
políticos y los candidatos. A través de una sanción de invalidación
o anulación, se busca proteger los principios o valores electorales
de relevancia, por el disvalor de las conductas ilícitas o irregulares.
En forma indirecta, la nulidad de la votación recibida en casilla es
un instrumento que inhibe la realización de actos que provoquen
error o dolo en la computación de la votación.
Conforme con el artículo 225, párrafo cuatro, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la jornada
electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de junio y
concluye con la clausura de la casilla. De igual forma, el artículo
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285 del invocado ordenamiento dispone que la votación se cerrará
a las 18:00 horas, aunque podría cerrarse antes de la hora fijada
sólo cuando el presidente y el secretario certifiquen que hubieren
votado todos los electores incluidos en la lista nominal
correspondiente y sólo debería permanecer abierta después de
esa hora aquella casilla en la que aún se encuentren electores
formados para votar, cerrándose una vez que quienes estuviesen
formados a las 18:00 horas hayan votado.
En el artículo 273, párrafo 6, de la referida ley electoral, se
establece que en ningún caso se podrán instalar casillas antes de
las 8:00 horas.
Es preciso advertir que la hora de instalación de la casilla
asentada en la respectiva acta no debe asimilarse con la hora en
que inició la recepción de los votos. De conformidad con el artículo
277, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, la recepción de los votos inicia con el anuncio que al
respecto formula el presidente de la mesa directiva de casilla, una
vez que ha sido llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el
apartado correspondiente a la instalación, de tal manera que la
recepción de la votación necesariamente inicia después de haber
concluido la instalación de la casilla.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la recepción
de la votación es continua, ya que una vez iniciada, no podrá
suspenderse sino por causa de fuerza mayor, en cuyo caso
corresponde al presidente dar aviso de inmediato al Consejo
Distrital a través del medio de comunicación a su alcance para dar
cuenta de la causa de suspensión, la hora en que ocurrió y la
indicación de los votantes que al momento habían ejercido su
derecho de voto, lo que será consignado en el acta. El aviso de
referencia deberá ser constatado por dos testigos, que lo serán
preferentemente, los integrantes de la mesa directiva o los
representantes de los partidos políticos y recibida la comunicación
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que antecede, el Consejo Distrital decidirá si se reanuda la
votación, para lo cual tomará las medidas que estime necesarias.
Los elementos normativos de la causal de nulidad de la
votación recibida en una mesa o casilla bajo estudio son:
a) Sujetos pasivos: Son las personas sobre las cuales recae
la conducta irregular o ilícita; es decir, son los sujetos que
resienten los hechos constitutivos de la causal de nulidad. En el
caso, son los electores en general, es decir, los ciudadanos que se
presentan a votar ante la mesa directiva de casilla, ya sea que se
encuentren formados ante la mesa receptora de votos; mostrando
su credencial para votar con fotografía ante los integrantes de la
casilla para recibir sus boletas electorales; marcando sus boletas
en la mampara, o ante las urnas para depositarlas (artículos 82,
párrafo 1; 278, párrafos 1 y 2, y 279 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales).
b) Sujetos activos: Son aquellos que realizan la conducta
irregular o ilícita. En virtud del tipo de ilicitud de que se trata, en
principio, son sujetos propios o exclusivos porque tienen
cualidades concretas o específicas, a saber los miembros de la
mesa directiva de casilla, es decir, el presidente, el secretario y los
escrutadores, en razón de sus atribuciones legales, aunque no se
descarta que lo puedan cometer otros sujetos como los propios
electores o incluso terceros.
c) Conducta: Es una conducta positiva o acción que está
prohibida, en donde el verbo núcleo del tipo es “recibir” la votación
en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección,
cuando la votación debe recibirse precisamente en la fecha
indicada para la celebración de la misma. La recepción de la
votación es un acto complejo en el cual los ciudadanos se
presentan ante la mesa directiva de casilla y muestran su
credencial para votar con fotografía o, en su caso, la resolución del
Tribunal Electoral que le reconoce dicho derecho si aparecer en la
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lista nominal de electores o sin contar con credencial para votar;
una vez comprobado que el elector aparece en las listas nominales
y que ha exhibido su credencial, recibe sus boletas, se dirige a la
mampara y, en secreto y libremente, marque sus boletas y las
deposite en la urna (artículo 277, 278 y 279 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales).
d) Bienes jurídicos protegidos: Son los principios o valores
tutelados en el tipo y cuya protección se considera fundamental en
el sistema electoral federal mexicano. En particular, los bienes
jurídicamente tutelados son el principio de certeza, así como los
de legalidad y objetividad, rectores de la materia electoral, de
conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, fracción V, primer
párrafo, de la Constitución federal. Con el tipo de nulidad
establecido se pretende tutelar dichos valores, mediante la
privación, anulación o invalidación de efectos jurídicos a la
votación realizada en contravención del orden jurídico, así como
inhibir dichas conductas ilícitas.
e) Circunstancias de modo, tiempo y lugar: En el tipo legal
se establece una referencia temporal para la realización de la
conducta ilícita o irregular, a saber: sólo se actualiza la conducta
descrita en el tipo cuando la votación se recibe en fecha distinta a
la señalada para la celebración de la elección, en donde “fecha”,
en el presente contexto, significa el tiempo en que ocurre o se
hace algo, de forma que la votación se recibe en un tiempo o
momento distinto del establecido en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
En el artículo 22 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales se establece que las elecciones
ordinarias se deben celebrar el primer domingo de junio del año
que corresponda. De esta manera se establece con certeza y de
manera objetiva el momento en que los ciudadanos deben acudir a
su respectiva mesa directiva de casilla, para la emisión del
sufragio. En el caso de las elecciones extraordinarias no existe una
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142
fecha predeterminada en la ley, porque ello ocurre en función de la
actualización de los supuestos que están previstos constitucional y
legalmente (artículos 63, párrafo primero; 77, fracción IV; 84,
párrafos primero y segundo, y 85, párrafo primero, de la
Constitución federal, así como el artículo 23, párrafo 2, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales).
La jornada electoral inicia a las 8:00 horas y concluye con la
clausura de la casilla, lo cual, ordinariamente, ocurre a las 18:00
horas [artículos 225, párrafo 4, y 285, párrafo 1, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales]. Aunque cabe que la
casilla se instale en un momento posterior a las 8:00 horas
(artículo 274 de la citada ley electoral), y que se cierre antes de la
hora fijada, si el presidente y el secretario certifican que hubieren
votado todos los electores incluidos en la lista nominal
correspondiente, así como el que permanezca abierta después de
esa hora, si aún se encuentran electores formados para votar,
cerrándose una vez que quienes estuviesen formados a las 18:00
horas hayan votado, en ningún caso se admite que la votación
ocurra antes de las 8:00 horas del día de la jornada electoral. Por
ello es que aunque fecha, en el lenguaje ordinario, tiene como
acepción a la data o tiempo en que ocurre o se hace una cosa y
que comprende, incluso, un periodo de veinticuatro horas de un día
determinado, en el supuesto normativo coincide con el momento
en que válidamente puede comenzar a realizarse la votación, esto
es, a partir de las 8:00 horas pero no en forma anterior, por eso se
trata de un término con una connotación específica o técnica.
f) Carácter determinante de la conducta. Como se indicó
en la tesis jurisprudencial citada, la declaración de nulidad de los
sufragios recibidos en una casilla se justifica solamente si el vicio o
irregularidad a que se refiere la causa invocada es determinante
para el resultado de la votación. Esta circunstancia constituye un
elemento que siempre está presente en las hipótesis de nulidad,
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143
de manera expresa o implícita. En efecto, la finalidad del sistema
de nulidades en materia electoral consiste en eliminar las
circunstancias que afecten a la certeza en el ejercicio personal,
libre y secreto del voto, así como su resultado; por consiguiente,
cuando este valor no es afectado sustancialmente y, en
consecuencia, el vicio o irregularidad no altera el resultado de la
votación, deben preservarse los votos válidos, en observancia al
principio de conservación de los actos públicos válidamente
celebrados.
En algunas hipótesis de nulidad se menciona expresamente
que el vicio o irregularidad sea determinante para el resultado de la
votación, en tanto que en otras hipótesis no se hace señalamiento
explícito a tal elemento. Esta diferencia no implica que, en el último
caso, no se deba tomar en cuenta ese elemento, puesto que su
referencia expresa o implícita repercute únicamente en la carga de
la prueba. Así, cuando el supuesto legal cita expresamente el
elemento en cuestión, quien invoque la causa de nulidad debe
demostrar, además del vicio o irregularidad previstos en dicho
supuesto, que ese vicio o irregularidad es determinante para el
resultado de la votación. En cambio, cuando la ley omite
mencionar el requisito, la omisión significa, que dada la magnitud
del vicio o irregularidad, o la dificultad de su prueba, existe la
presunción iuris tantum del carácter determinante en el resultado
de la votación.
Acorde con lo expuesto, dado que la hipótesis que se
examina, es decir, la prevista en el inciso d) del párrafo 1 del
artículo 75 de la ley adjetiva, no señala expresamente que la
violación deba ser determinante, debe entenderse que, dada la
magnitud del vicio o irregularidad, o la dificultad de su prueba,
existe la presunción derrotable, es decir, que admite prueba en
contrario, del carácter determinante en el resultado de la votación.
Para acreditar el carácter determinante de la causal de
nulidad en estudio, será preciso tener en cuenta los elementos
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probatorios obrantes en el expediente, particularmente las listas
nominales correspondientes a las casillas impugnadas por la
causal en estudio.
En el caso, se debe estudiar si de los elementos probatorios
existentes en el expediente es posible desprender que aunque la
votación hubiere comenzado en fecha distinta a la señalada
legalmente, se puede conservar el acto de autoridad, porque la
irregularidad no sea invalidante. Por ejemplo, puede considerarse
el caso en que la votación hubiere iniciado algunos minutos antes
de las 8:00 horas del primer domingo de junio del año de la
elección, pero que del acta de la jornada electoral (sin que exista
contradicción con algún otro elemento probatorio que desvirtúe su
fuerza convictiva), se desprenda que la casilla estuvo integrada
debidamente con las personas que hubieren sido designadas por
el Consejo Distrital para tal efecto (presidente, secretario y
escrutadores, bien sea con los propietarios e, incluso, los
suplentes), y con la presencia de los representantes de los partidos
políticos nacionales debidamente acreditados ante la casilla; sin
embargo, se debe estar a los elementos que consten en cada caso
en particular.
Cabe resaltar que en la demanda de juicio de inconformidad,
es requisito especial que el escrito debe contener, en términos de
lo dispuesto en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 52 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, la mención individualizada de las casillas cuya votación
se solicite sea anulada en cada caso y la causa que se invoque
para cada una de ellas. Esto es, el demandante debe cumplir,
indefectiblemente, con la carga procesal de la identificación
particularizada de las casillas cuya votación solicita se anule,
exponiendo los hechos que la generen y la causa de nulidad que
considere se actualiza en cada caso.
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Es importante enfatizar que el requisito de mencionar de
manera individualizada las casillas impugnadas no queda colmado
con la mera mención de las mismas, pues, el promovente debe
precisar los hechos, situaciones fácticas, motivo, razón o
circunstancia por las cuales considera que la casilla señalada
pudiera incurrir en alguna causal de nulidad tipificada en la ley.
Sirve de apoyo a lo anterior, la ratio essendi de las tesis de
jurisprudencia cuyo rubro es NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA
EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ
COMO LA CAUSAL ESPECIFICA.[1]
En relación con las casillas 937 B; 937 C2; 937 C5; 937 C9;
938 B; 2074 C3; 2099 C2; 2100 B; 2130 C1; 2131 C1; 2141 C1;
2148 B; 2148 C1; 2149 B; 2149 C1; 2149 C2; 2149 C3; 2150 C1;
2151 B; 2152 B; 2152 C2; 2155 B; 2155 C1; 2155 C2; 2155 C3;
2155 C4; 2155 C6; 2155 C7; 2155 C8; 2159 B; 2159 C1; 2159 C2;
2159 C3; 2163 C4; 6065 B; 6065 C1; 6068 B; 6069 B; 6071 B;
6073 B; 6074 B; 6075 B; 6075 C1; 6076 B; 6076 C1; 6077 B; 6077
C1; 6080 B; 6081 B; 6082 C1; 6090 B; 6097 B; 6097 C1; 6101 B;
6109 B; 6110 B, y 6117 B, el promovente no precisó los hechos
mediante los cuales pretende que se anule la votación recibida en
las referidas casillas el día de la jornada electoral y sólo se limita a
señalar en el cuadro en el que las relaciona “de las 8:0 a 18:1 hrs
con 0 votos fuera de tiempo”, sin que precise los hechos o
razones que pudieran motivar la nulidad de la elección en las
casillas enunciadas, lo que impide a esta Sala Regional proceder
al estudio de la causa de nulidad invocada.
Por lo anterior, se declaran inoperantes los agravios
planteados respecto de las casillas referidas en el párrafo anterior.
II. Recepción de la votación por personas u órganos distintos a los autorizados por la ley.
[1] Compilación 1997-2013, jurisprudencia, v.1, pp. 473-474.
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A. Resumen del agravio.
El actor, en esencia, aduce que en las 19 casillas que se precisan
en el siguiente cuadro, se actualiza la causal de nulidad de
votación recibida en casilla, prevista en el artículo 75, párrafo 1,
inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, la cual consiste en que el día de
la jornada electoral la votación correspondiente se recibió por
personas u órganos distintos a los facultados por el código
electoral federal.
N° Casilla
1. 1048 B 2. 1049 C2 3. 1050 C1 4. 2073 B
5 2073 C1 6. 2073 C2 7. 2073 C3 8. 2073 C4 9. 2073 C6
10. 2073 C9 11. 2073 C11 12 2073 C12 13 2099 C2
14. 2099 C3 15. 2100 C1 16. 2106 C1 17 2106 C2
18. 2123 C1 19. 2128 B 20 2153 C2
Normativa aplicable y criterios jurisdiccionales
La actora considera que se actualiza la causa de nulidad de
votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, párrafo 1,
inciso e), de la citada ley de medios de impugnación, cuyo texto es:
Artículo 7523
23 Al respecto es aplicable lo previsto en el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reformas a la Ley General del sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintitrés de mayo de dos mil catorce, por
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1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales: ... e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; …
La normativa y criterios jurisdiccionales aplicables respecto de
dicha causal son los que se reproducen a continuación:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 41. … V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución. Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño… Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Artículo 8° 1. Es obligación de los ciudadanos mexicanos integrar las mesas directivas de casilla en los términos de esta ley. … Artículo 79 1. Los consejos distritales tienen, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones: … d) Insacular a los funcionarios de casilla conforme al procedimiento previsto en el artículo 254 de esta Ley y vigilar que las mesas directivas de casilla se instalen en los términos de esta Ley; … Artículo 81 1. Las mesas directivas de casilla por mandato constitucional, son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para
cuanto a que las referencias al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electoral deben entenderse a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los 300 distritos electorales y las demarcaciones de las entidades de la República. … Artículo 82 1. Las mesas directivas de casilla se integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores, y tres suplentes generales… 2. En los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el Consejo General del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección. Para estos efectos, la mesa directiva se integrará, además de lo señalado en el párrafo anterior, con un secretario y un escrutador adicionales, quienes en el ámbito local tendrán a su cargo las actividades señaladas en el párrafo 2 del artículo anterior. … 4. Las juntas distritales ejecutivas integrarán las mesas directivas de casilla conforme al procedimiento señalado en el artículo 254 de esta Ley. 5. En el caso de que el Instituto ejerza de manera exclusiva las funciones de la capacitación electoral, así como la ubicación de casillas y la designación de los funcionarios de la mesa directiva de casillas en los procesos electorales locales, las juntas distritales ejecutivas del Instituto las realizarán de conformidad con los lineamientos que al efecto emita el Consejo General. Artículo 83 1. Para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere: a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla; b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores; c) Contar con credencial para votar; d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos; e) Tener un modo honesto de vivir; f) Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente; g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía; y h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección. Artículo 253. 1. En elecciones federales o en las elecciones locales concurrentes con la federal, la integración, ubicación y designación de integrantes de las mesas directivas de casillas a instalar para la recepción de la votación, se realizará con base en las disposiciones de esta Ley. En el caso de las elecciones locales concurrentes con la Federal, se deberá integrar una casilla única de conformidad con lo dispuesto en este capítulo y los acuerdos que emita el Consejo General del Instituto. 2. En los términos de la presente Ley, las secciones en que se dividen los distritos uninominales tendrán como máximo 3,000 electores.
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3. En toda sección electoral por cada 750 electores o fracción se instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos residentes en la misma; de ser dos o más se colocarán en forma contigua y se dividirá la lista nominal de electores en orden alfabético. 4. Cuando el crecimiento demográfico de las secciones lo exija, se estará a lo siguiente: a) En caso de que el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores correspondiente a una sección sea superior a 3,000 electores, se instalarán en un mismo sitio o local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número de ciudadanos inscritos en la lista entre 750, y b) No existiendo un local que permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se ubicarán éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y distribución de los electores en la sección. 5. Cuando las condiciones geográficas de infraestructura o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un fácil acceso a los electores. Para lo cual, si técnicamente fuese posible, se deberá elaborar el listado nominal conteniendo únicamente los nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se instalen dichas casillas. 6. En las secciones que la Junta Distrital correspondiente acuerde se instalarán las casillas especiales a que se refiere el artículo 258 de esta Ley. 7. En cada casilla se garantizará la instalación de mamparas donde los votantes puedan decidir el sentido de su sufragio. El diseño y ubicación de estas mamparas en las casillas se hará de manera que garanticen plenamente el secreto del voto. En el exterior las mamparas y para cualquier tipo de elección deberán contener con visibilidad la leyenda "El voto es libre y secreto". Artículo 254. 1. El procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla será el siguiente: a) El Consejo General, en el mes de diciembre del año previo a la elección, sorteará un mes del calendario que, junto con el que siga en su orden, serán tomados como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, este procedimiento se realizará con el corte del listado nominal al 15 de diciembre previo al de la elección; b) Conforme al resultado obtenido en el sorteo a que se refiere el inciso anterior, del 1o al 7 de febrero del año en que deban celebrarse las elecciones, las juntas distritales ejecutivas procederán a insacular, de las listas nominales de electores integradas con los ciudadanos que obtuvieron su credencial para votar al 15 de diciembre del año previo a la elección, a un 13% de ciudadanos de cada sección electoral, sin que en ningún caso el número de ciudadanos insaculados sea menor a cincuenta; para ello, las juntas podrán apoyarse en los centros de cómputo del Instituto. En este último supuesto, podrán estar presentes en el procedimiento de insaculación, los miembros del consejo local y los de la comisión local de vigilancia del Registro Federal de Electores de la entidad de que se trate, según la programación que previamente se determine;
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c) A los ciudadanos que resulten seleccionados, se les convocará para que asistan a un curso de capacitación que se impartirá del 9 de febrero al 31 de marzo del año de la elección; d) Las juntas harán una evaluación imparcial y objetiva para seleccionar, en igualdad de oportunidades, con base en los datos que los ciudadanos aporten durante los cursos de capacitación, a los que resulten aptos en términos de esta Ley, prefiriendo a los de mayor escolaridad e informará a los integrantes de los consejos distritales sobre todo este procedimiento, por escrito y en sesión plenaria; e) El Consejo General, en febrero del año de la elección sorteará las 26 letras que comprende el alfabeto, a fin de obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla; f) De acuerdo a los resultados obtenidos en el sorteo a que se refiere el inciso anterior, las juntas distritales harán entre el 9 de febrero y el 4 de abril siguiente una relación de aquellos ciudadanos que, habiendo asistido a la capacitación correspondiente, no tengan impedimento alguno para desempeñar el cargo, en los términos de esta Ley. De esta relación, los consejos distritales insacularán a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, a más tardar el 6 de abril; g) A más tardar el 8 de abril las juntas distritales integrarán las mesas directivas de casilla con los ciudadanos seleccionados, conforme al procedimiento descrito en el inciso anterior, y determinarán según su escolaridad las funciones que cada uno desempeñará en la casilla. Realizada la integración de las mesas directivas, las juntas distritales, a más tardar el 10 de abril del año en que se celebre la elección, ordenarán la publicación de las listas de sus miembros para todas las secciones electorales en cada distrito, lo que comunicarán a los consejos distritales respectivos, y h) Los consejos distritales notificarán personalmente a los integrantes de las mesas directivas de casilla su respectivo nombramiento y les tomarán la protesta exigida por la Ley. 2. Los representantes de los partidos políticos en los consejos distritales, podrán vigilar el desarrollo del procedimiento previsto en este artículo. 3. En caso de sustituciones, las juntas distritales deberán informar de las mismas a los representantes de los partidos políticos en forma detallada y oportuna. El periodo para realizar dichas sustituciones será a partir del 9 de abril y hasta un día antes de la jornada electoral. El procedimiento para las sustituciones se deberá apegar a lo establecido para tal efecto en la normatividad emitida por el Instituto. Artículo 257 1. Las publicaciones de las listas de integrantes de las mesas directivas y ubicación de las casillas se fijarán en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito y en los medios electrónicos de que disponga el Instituto. … Artículo 258 …
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2. Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas especiales, se aplicarán las reglas establecidas en el presente Capítulo. … Artículo 260 1. La actuación de los representantes generales de los partidos estará sujeta a las normas siguientes: … e) En ningún caso ejercerán o asumirán las funciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla; … Artículo 273 1. Durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada electoral, que contendrá los datos comunes a todas las elecciones y las actas relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones. 2. El primer domingo de julio del año de la elección ordinaria, a las 7:30 horas, los ciudadanos presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de las casillas nombrados como propietarios deberán presentarse para iniciar con los preparativos para la instalación de la casilla en presencia de los representantes de partidos políticos y de Candidatos Independientes que concurran. … 7. Los miembros de la mesa directiva de la casilla no podrán retirarse sino hasta que ésta sea clausurada. Artículo 274. 1. De no instalarse la casilla, a las 8:15 horas conforme al artículo anterior, se estará a lo siguiente: a) Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo, en primer término y, en su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla; b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste asumirá las funciones de presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en el inciso anterior; c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las funciones de presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el inciso a); d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de presidente, los otros las de secretario y primer escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar; e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el consejo distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación; f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del
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personal del Instituto designado, a las 10:00 horas, los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes ante las mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar, y g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa directiva de casilla, iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura. 2. En el supuesto previsto en el inciso f) del párrafo anterior, se requerirá: a) La presencia de un juez o notario público, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los hechos, y b) En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la mesa directiva. 3. Los nombramientos que se hagan conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos o representantes de los Candidatos Independientes. Artículo 280 … 2. Los miembros de la mesa directiva deberán permanecer en la casilla a lo largo de la votación, pero en ningún caso podrán interferir con la libertad y secreto del voto de los electores. …
Criterios jurisdiccionales aplicables Jurisprudencia ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. FALTA DE FIRMA DE ALGÚN FUNCIONARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA EN EL, NO ES SUFICIENTE PARA PRESUMIR SU AUSENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO Y SIMILARES).24 ACTA DE JORNADA ELECTORAL. LA OMISIÓN DE FIRMA DE FUNCIONARIOS DE CASILLA NO IMPLICA NECESARIAMENTE SU AUSENCIA.25 ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE.26 RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA
24 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia, v. 1, pp. 105-106 25 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia, v. 1, p. 108-109. 26 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia, v. 1, p. 336-337.
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CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SIMILARES).27 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS PROPIETARIOS DE CASILLA POR LOS SUPLENTES GENERALES PREVIAMENTE DESIGNADOS POR LA COMISIÓN MUNICIPAL. CUÁNDO NO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ Y SIMILARES).28 Tesis FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DEL PRESIDENTE, DE UNO O DOS ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES DISTINTAS RESPECTO A LA VALIDEZ DE LA VOTACIÓN.29 PRESIDENTE DE CASILLA. MIENTRAS NO HAYA SIDO SUSTITUIDO DEBE ASUMIR SU CARGO Y FUNCIONES, AUNQUE SE PRESENTE TARDÍAMENTE (LEGISLACION DEL ESTADO DE ZACATECAS).30 PRESIDENTE DE CASILLA. SU AUSENCIA DURANTE LA JORNADA ELECTORAL ES UNA IRREGULARIDAD GRAVE, PERO NO NECESARIAMENTE PRODUCE LA INVALIDEZ DE LA VOTACIÓN RECIBIDA.31 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS DE CASILLA. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.32 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS. ES ILEGAL SI LOS CIUDADANOS PREVIAMENTE DESIGNADOS ESTÁN PRESENTES EN LA INSTALACIÓN DE LA CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SIMILARES).33 B. Estudio dogmático del tipo de nulidad de votación
recibida en casilla
A partir de la normativa transcrita se puede establecer cuáles son
los elementos normativos que figuran en dicha causa de nulidad de
la votación recibida en casilla.
La causa de nulidad de la votación recibida en una mesa o
casilla electoral consistente en la recepción de la votación por
personas u órganos distintos a los facultados en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, prevista en el inciso e)
27 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia, v. 1, p. 614-616. 28 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia, v 1, p. 689-690. 29 Compilación 1997-2013, Tesis, v. 2, t. I, p. 1239-1241. 30 Compilación 1997-2013, Tesis, v. 2, t. II, p. 1649-1650. 31 Compilación 1997-2013, Tesis, v. 2, t. II, p. 1651-1652. 32 Compilación 1997-2013, Tesis, v. 2, t. II, p. 1828-1829. 33 Compilación 1997-2013, Tesis, v. 2, t. II, p. 1829-1839.
ST-JIN-12/2015
154
del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, constituye una
irregularidad que se comete durante la instalación y trasciende al
desarrollo de la votación e, incluso, el escrutinio y cómputo.
La causa de nulidad de votación recibida en casilla, cuando
la recepción de la votación es por personas u órganos distintos a
los previstos legalmente, es una de las múltiples técnicas jurídicas
que existen en el derecho electoral federal mexicano, la cual tiene
por objeto asegurar la realización de elecciones libres y auténticas;
los principios rectores de la función estatal de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, así
como las características del voto como libre, secreto y directo,
además de universal.
La consecuencia de la actualización de los hechos previstos
como hipótesis normativa en la causa de nulidad de la votación
recibida en casilla a que se hace referencia en el artículo 75,
párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, es la invalidación o anulación de
la votación. No puede reconocerse efectos jurídicos a la votación
cuyo cómputo han sido realizados mediante error o dolo y esto es
determinante para el resultado de la votación.
Cuando se actualizan los elementos típicos de la causa de
nulidad se priva de efectos jurídicos al acto de la votación recibido
en la casilla sin que reconozca ningún voto a favor de los partidos
políticos y los candidatos. A través de una sanción de invalidación
o anulación, se busca proteger los principios o valores electorales
de relevancia, por el disvalor de las conductas ilícitas o irregulares.
En forma indirecta, la nulidad de la votación recibida en casilla es
un instrumento que inhibe la realización de actos que provoquen
error o dolo en la computación de la votación.
Los elementos normativos de la causal de nulidad de la
votación recibida en una mesa o casilla bajo estudio son:
ST-JIN-12/2015
155
a) Sujetos pasivos. Son las personas sobre las cuales recae
la conducta irregular o ilícita. Si bien, en el tipo no se alude a un
sujeto propio o exclusivo, se puede considerar que, por el
momento en que se actualiza la irregularidad y el efecto de la
irregularidad (indebida integración de la mesa directiva de casilla),
los sujetos pasivos son los ciudadanos que fueron designados por
los Consejos Distritales como integrantes de las mesas directivas
de casilla, así como los electores que tienen derecho a votar en
dicha casilla.
b) Sujetos activos. Son aquellos que realizan la conducta
irregular o ilícita. No existe una calidad propia o exclusiva, por lo
que se considera que puede tratarse de cualquier persona que no
tenga derecho a ocupar el cargo de presidente, secretario o
escrutador de la mesa directiva de casilla.
c) Conducta. Es la recepción de la votación por personas u
órganos distintos a los facultados en la ley. En general, se trata de
la designación, el día de la jornada electoral, regularmente durante
el acto de instalación de casillas, de ciudadanos no autorizados por
la ley electoral federal para fungir como miembros de las mesas
directivas de casilla.
Los ciudadanos que integran cada mesa directiva de casilla son
el presidente, el secretario y dos escrutadores designados por los
consejos distritales; en el caso de que sean elecciones federales y
locales concurrentes en una entidad, la mesa directiva de casilla se
integrará, además, con un secretario y escrutador adicionales,
quienes en el ámbito local tendrán a su cargo las obligaciones que
les señala la ley. Por cada mesa directiva de casilla se designan a
los integrantes propietarios, así como tres suplentes generales
(artículos 81, párrafo 1; 82, párrafos 1 y 2; y 254 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales). A dichos
integrantes de las mesas directivas de casilla les corresponde
recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de
las secciones electorales (con un máximo de tres mil electores), en
ST-JIN-12/2015
156
el entendido de que se instalará una casilla por cada setecientos
cincuenta electores o fracción (artículo 253 del ordenamiento legal
invocado).
En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
se establecen situaciones excepcionales para la sustitución de los
integrantes propietarios de la mesa directiva de casilla. A las 7:30
horas del primer domingo de julio del año de la elección ordinaria,
el presidente, el secretario y los dos escrutadores inician con los
preparativos para la instalación de la casilla, en presencia de los
representantes de los partidos políticos y los candidatos
independientes. Si a las 8:15 horas no se ha instalado la casilla y
se encuentra el presidente de la mesa directiva de casilla, se
procede a designar a los funcionarios necesarios para la
integración de la casilla, por lo que, en caso de ausencia de algún
propietario, en su caso, se recorrerá el orden para preferir a los
propietarios y en los cargos faltantes se acudirá a los suplentes. En
ausencia de los funcionarios designados se acudirá a los
ciudadanos que se encuentren en la casilla. Si no se encuentra el
presidente pero sí el secretario o si tampoco estuviere éste pero sí
el escrutador, el que se encuentre ocupará la responsabilidad de
presidente y procederá a realizar las designaciones con los
suplentes presentes y se integrará la casilla con ciudadanos que
estén presentes. Si sólo estuvieren los suplentes, uno de ellos
asumirá las funciones de presidente, los otros la de secretario y el
restante la de escrutador, para que el cargo faltante recaiga en un
ciudadano que se encuentre presente en la casilla. Existen
situaciones extraordinarias para la instalación de la casilla y es
cuando no asista ninguno de los funcionarios de la casilla, caso en
el cual el Consejo Distrital es el responsable de tomar las medidas
necesarias para la instalación de la casilla y designar al personal
encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación, y si no es
posible la intervención oportuna del personal del Instituto Nacional
ST-JIN-12/2015
157
Electoral, por razones de distancia o dificultad de las
comunicaciones, a las 10:00 horas, los representantes de los
partidos políticos ante las mesas directiva de casilla designarán a
los funcionarios necesarios para integrar la casilla, de entre los
electores presentes. En todos los casos, las designaciones deben
recaer en ciudadanos que se encuentren inscritos en la lista
nominal de electores de la sección y que cuenten con la credencial
para votar con fotografía.
En caso de que se realice una designación al margen de los
supuestos previstos legalmente (artículo 274 de la Ley General de
Instituciones y procedimientos Electorales), se considera que la
recepción de la votación es por personas u órganos distintos. Por
ejemplo, en tal supuesto están los casos en que, indebidamente,
un representante de un partido político o un ciudadano que no
corresponde a la sección se integra a la mesa directiva de casilla
para ocupar alguno de los cargos [artículo 274, párrafos 1, incisos
d) y f), y 3, de La Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales]. También están los casos en que la mesa directiva de
casilla no fue integrada en forma completa, como, verbi gratia,
ocurre si aquella sólo estuvo conformada por el presidente y el
secretario.34
d) Bienes jurídicos protegidos. Son los principios o valores
jurídicos tutelados en el tipo y que se consideran relevantes,
fundamentales o de suma importancia en el sistema electoral
federal mexicano. Con el tipo de nulidad se pretende protegerlos,
mediante la privación, anulación o invalidación de efectos jurídicos
al acto de la votación recibida en la casilla y, en forma indirecta, al
inhibir dichas conductas ilícitas.
Los valores o principios jurídicos que se protegen con este tipo
de nulidad es la debida recepción de la votación por personas
34 Véase la tesis de jurisprudencia con el rubro ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE, en Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, vol. 1. páginas 336-337.
ST-JIN-12/2015
158
legalmente autorizadas, para garantizar la certeza de ese acto del
proceso electoral.
e) Circunstancias de modo, tiempo y lugar. En el tipo legal
se establecen: modo, integración de mesas de casilla con
personas u órganos no autorizados legalmente; tiempo, durante la
instalación de las casillas el día de la jornada electoral, entre las
8:15 horas y hasta que se logre su total integración; lugar, el
correspondiente al previamente autorizado por los Consejos
Distritales para cada centro de votación.
f) Carácter determinante de las conductas. El otro elemento
normativo corresponde al carácter determinante de las conductas;
es decir, a la suficiencia o idoneidad de las conductas irregulares o
ilícitas para determinar el resultado de la votación. El órgano
jurisdiccional debe realizar un ejercicio de ponderación jurídica en
el que analice las circunstancias relevantes de los hechos
plenamente acreditados respecto de la casilla de que se trate, a fin
de establecer si son suficientes, eficaces o idóneos para conducir a
un resultado específico. Se puede hacer mediante pruebas
directas o inferencias que razonablemente permitan establecer que
la presencia de los hechos son decisivos para provocar un
resultado concreto. En el caso se debe establecer si la conducta es
atribuible a alguna de las partes y si la misma pretende
beneficiarse o prevalerse de su conducta ilícita, porque en esas
circunstancias se debe preservar la votación (artículo 74, párrafo 1,
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral).
Además, cabe advertir que al no establecerse expresamente en
esta causal que los hechos deben ser determinantes para el
resultado de la votación, tal elemento debe ser analizado, en
aplicación del principio de conservación de los actos válidamente
celebrados, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia que lleva por
rubro NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA.
ST-JIN-12/2015
159
LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE
SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA
VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA,
TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).35
A. Motivación del cuadro
A continuación se reproduce un cuadro de carácter esquemático
en el cual se establecen los datos que se desprenden de la
documentación electoral que consta en los autos del presente
juicio de inconformidad y que servirán para acreditar, en forma
plena, ciertos hechos respecto de cada casilla. A partir de dichos
elementos fácticos, se debe analizar si se presentan los distintos
elementos normativos respecto de cada casilla y concluir si se
tipifica la causa de nulidad de votación recibida en casilla, en
términos de lo dispuesto en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral.
De esta forma, la primera columna (“A”) corresponde a un
número progresivo que se da al total de casillas que por dicha
causa de nulidad de votación recibida en casilla presenta el partido
actor, en el juicio de inconformidad. La segunda columna (“B”) está
referida a la casilla en específico en la que se aduce la
irregularidad. La siguiente (“C”) toca a la descripción de los hechos
que hace valer la actora en su demanda, respecto de las casillas
cuyo votación pretende que se anule.
En el caso de la columna (“D”) que se denomina
Funcionarios autorizados por el Consejo Distrital, se identifican
a las personas que mediante el procedimiento legal fueron
designadas para integrar las mesas directivas de casilla por los
Consejos Distritales, así como el cargo respectivo, según se
desprenda de las actas de la sesión del 05 Consejo Distrital del 35 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia, v. 1, pp. 471-473.
ST-JIN-12/2015
160
Instituto Nacional Electoral, en el Estado de Hidalgo, así como el
encarte que utilizado el siete de junio de dos mil quince. Lo
anterior, en el entendido de que no hubo elección concurrente con
la local y, en consecuencia, no se designó a un secretario y un
escrutador adicionales. En la columna (“E”), están precisadas las
personas que el día de la jornada electoral recibieron la votación
según las actas de jornada electoral, es especial, el rubro 3
“ESCRIBA EL NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS DE MESA
DIRECTIVA DE CASILLA, MARQUE CON ‘X’ SI EL
FUNCIONARIO FUE TOMADO DE LA FILA DE VOTANTES Y
ASEGÚRESE QUE FIRMEN TODOS LOS QUE ESTÉN
PRESENTES EN LA INSTALACIÓN DE LA CASILLA”, así como el
apartado 15 “ESCRIBA EL NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS
DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA Y ASEGÚRESE QUE
FIRMEN TODOS LOS QUE ESTÉN PRESENTES EN EL CIERRE
DE LA VOTACIÓN:”, y el acta de escrutinio y cómputo que
corresponda, en particular, el rubro “11 MESA DIRECTIVA DE
CASILLA”, así como los demás documentos antes precisados.
Por último, la columna relacionada con las observaciones
(“F”) permitirá destacar algunos otros datos que sean necesarios
para establecer la licitud de los hechos señalados y su carácter
determinante, entre otros, que se considere necesario advertir para
el análisis de la causa de nulidad de mérito.
A B C D E F No.
Casilla
Hechos Autorizados36 Recibieron Observaciones
1 1048 B
El presidente, secretario, segundo
secretario, primer,
segundo y tercer
escrutador, de casilla no
P. VIRIDIANA ANDRADE REYES 1S. CECILIA DE LA LUZ TORIZ 2S. MARÍA GUADALUPE ARENAS DELGADILLO
P. VIRIDIANA ANDRADE REYES 1S. CECILIA DE LA LUZ TORIZ 2S. MARÍA GUADALUPE ARENAS DELGADILLO
Coincide Coincide Coincide
36 P: Presidente; 1S: Primer secretario; 2S: Segundo secretario; 1E: Primer escrutador; 2E: Segundo escrutador; 3E: Tercer escrutador; 1SG: Primer suplente general; 2SG: Segundo suplente general, y 3SG: Tercer suplente general.
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161
corresponden a los
registrados por el INE.
1E. SALVADOR MOISES DE LA LUZ ESPINOSA 2E. DOROTEO POTRERO 3E ARTURO DE LA LUZ NOLASCO 3SG MARÍA INÉS BOTELLO ESPINOSA
1E. MARÍA INÉS BOTELLO ESPINOSA 2E. ARTURO DE LA LUZ NOLASCO 3E MOISES DE LA LUZ ESPINOZA
Tercer suplente general Tercer escrutador de la casilla Primer escrutador de la casilla.
1049 C2
El segundo secretario,
primer, segundo y
tercer escrutador
de casilla no corresponde
n a los registrados por el INE
2S. PERLA MARISOL CABALLERO ROJAS 1E. HÉCTOR CORONA OSORIO 2E. MARÍA MICAELA BARRAGÁN BERNARDINO 3E MARÍA LUCELIA ABARCA NUCAMENDI
2S. HÉCTOR CORONA OSORIO 1E. MARÍA MICAELA BARRAGÁN BERNARDINO 2E JESÚS ARMANDO MONTIEL HERNÁNDEZ 3E NORMA MIRANDA CORRO
Primer escrutador en esta casilla Segundo escrutador en esta casilla Aparece en la lista nominal de esta casilla con el número 235 Aparece en la lista nominal de esta casilla con el número 172
3 1050 C1
El primero, segundo y
tercer escrutador
de casilla no corresponde
n a los registrados por el INE
1E. JUAN MANUEL CERÓN NAZARIO 2E. VIRGINIA DE JESÚS GREGORIO 3E ÓSCAR ESPINOSA AMAYA 1SG LUCÍA AGUSTÓN FLORES
1E. LUCÍA AGUSTÍN FLORES 2E. MARÍA MARGARITA ENCARNACIÓN MARTÍNEZ 3E ERIKA YULIANA MEJÍA GÓMEZ
Primer suplente general Aparece en la lista nominal de esta casilla con el número 114 Aparece en la lista nominal de la casilla 1050 C3 en el número 129
4 2073 B
El primero y segundo
secretario, segundo y
tercer escrutador
no corresponde al registrado por el INE
1S. OSVALDO RAFAEL CHÁVEZ VALENCIA 2S. ALICIA DEL ÁNGEL BAUTISTA 2E. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ CERVANTES 3E ISRAEL HERNÁNDEZ RIVAS
1S. ALICIA DEL ÁNGEL BAUTISTA 2S. FLORENCIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 2E. MIGUEL FRANCISCO HUERTA 3E IRMA ARELLANO RUBIO
Segundo secretario Aparece en la lista nominal de la casilla 2073 C7 en el número 328 Tercer suplente general de la casilla 2073 C2 Aparece en la lista nominal de esa casilla en el número 447
5 2073 C1
El segundo y tercer
escrutador no
corresponden a los
registrados por el INE
2E. IVON JAQUELINE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 3E ANTONIA ESQUIVEL CASTRO
2E ANTONIA ESQUIVEL CASTRO REY LUIS AVENDAÑO HERNÁNDEZ
Tercera escrutadora Primer suplente general de la casilla 2073 C 2
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162
6 2073 C2
El presidente
no correspond
e al registrado por el INE
P: GUILLERMO CERVANTES ESCOBAR
P. SILVESTRE MIGUEL SÁNCHEZ
Aparece en la lista nominal de la casilla 2073 C8 en el número 19
7
2073 C3
El presidente, secretario, segundo
secretario, primer,
segundo y tercer
escrutador, de casilla no corresponde
n a los registrados por el INE.
P. MARÍA DE LOS ÁNGELES DOMÍNGUEZ DOMINGUEZ 1S. ERIK ALBERTO ALANÍS MANRIQUEZ 2S. HOMERO JAIME PALACIOS 1E. EDUARDO ESPONOZA VAZQUEZ 2E. JUAN HINOJOSA CRESPO 3E MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
P. MARÍA DE LOS ÁNGELES DOMÍNGUEZ DOMINGUEZ 1S. ERIK ALBERTO ALANÍS MANRIQUEZ 2S. HOMERO JAIME PALACIOS 1E. JUAN HINOJOSA CRESPO 2E ESUTOLIA MARTÍNEZ LORENZA 3E. FLORENCIO MARTÍNEZ DE LA CRUZ
Coincide Coincide Coincide Segundo escrutador de esta casilla Aparece en la lista nominal de la casilla 2073 C7 en el número 310 Aparece en la lista nominal de la casilla 2073 C7 en el número 227
8 2073 C4
El segundo secretario,
primer, segundo y
tercer escrutador de casilla
no correspond
en a los registrados por el INE
2S. BEATRIZ ADIRANA ESPINOZA VAZQUEZ 1E. JUSTHINA ZORAYDA FIERRO FUENTES 2E. VERÓNICA CACALOTL VÁZQUEZ 3E ESMERALDA XOCHITL FIERRO FUENTES 1SG. CAROLINA ESPERANZA GUADARRAMA
2S. JUSTHINA ZORAYDA FIERRO FUENTES 1E. ESMERALDA XOCHITL FIERRO FUENTES 2E. CAROLINA ESPERANZA GUADARRAMA 3E CÉSAR GRACIDA ZAFRA
Primer escrutadora en esta casilla Tercer escrutadora en esta casilla Primer suplente general Aparece en la lista nominal de esa casilla en el número 620
9 2073 C6
El secretario, segundo
secretario, primer,
segundo y tercer
escrutador, de casilla no corresponde
n a los registrados por el INE.
1S. CARINA BAUTISTA RODRÍGUEZ 2S. GUADALUPE IRENE FLORES JIMÉNEZ 1E. MA DEL SOCORRO VALERO GUERRERO 2E. ERIKA ELIZET CALDERÓN GARCÍA 3E PABLO ARTURO FLORES CRUZ 1SG. PAULA ANTONIO
1S. GUADALUPE IRENE FLORES JIMÉNEZ 2S. MA DEL SOCORRO VALERO GUERRERO 1E. PAULA ANTONIO FLORES 2E. LUIS LÓPEZ RODRÍGUEZ 3E ERIK DE LA ROSA MEDINA
Segundo secretario de esta casilla. Primer escrutador de esta casilla Primer suplente general de esta casilla Aparece en la lista nominal de esa casilla en el número 582 Aparece en la lista nominal de la casilla 2073 C2 en el número 610
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163
FLORES
10 2073 C9
El secretario, segundo
secretario, primer,
segundo y tercer
escrutador, de casilla no corresponde
n a los registrados por el INE.
1S. GISELLE GAZPAR MARTÍNEZ 2S. CLAUDIA GARCÍA MARTÍNEZ 1E. NÉSTOR VASQUEZ HERNÁNDEZ 2E. YARAT CUEVAS ESTEBAN 3E JESÚS GUADALUPE LLANOS OLIVER 2SG. MARGARITA VARGAS DÍAZ
1S. CLAUDIA GARCÍA MARTÍNEZ 2S. YARAY CUEVAS ESTEBAN 1E. BEATRIZ ADRIANA PÉREZ SÁNCHEZ 2E. MARGARITA VARGAS DÍAZ 3E INÉS PÉREZ BONILLA
Secretaria segunda en esta casilla Segundo escrutador de casilla Aparece en la lista nominal de esa casilla en el número 353 Segundo suplente general Aparece en la lista nominal de esa casilla en el número 199
11 2073 C11
El secretario, segundo
secretario, primer,
segundo y tercer
escrutador, de casilla no corresponde
n a los registrados por el INE.
1S. MÓNICA CORTÉS MERINO 2S. ETELVINA VÁZQUEZ GONZÁLEZ 1E. ROSA ADRIANA ABARCA JOAQUÍN 2E. ROMUALDO DÍAZ HERNÁNDEZ 3E BALDOMERO GARCÍA MARTÍNEZ 3SG. MARÍA LUISA BRAVO RUIZ
1S. ETELVINA VÁZQUEZ GONZÁLEZ 2S. BALDOMERO GARCÍA MARTÍNEZ 1E. MARÍA LUISA BRAVO RUIZ 2E. VALENTINA ESPERANZA ROMERO RAMOS 3E. MARÍA DEL CARMEN ROMERO DOMÍNGUEZ
Segunda secretaria en esta casilla Tercer escrutador en esta casilla Tercer suplente general Aparece en la lista nominal de la casilla 2073 C10 en el número 577 Aparece en la lista nominal de la casilla 2073 C10 en el número 532
12 2073 C12
El secretario, segundo
secretario, primer,
segundo y tercer
escrutador, de casilla no corresponde
n a los registrados por el INE.
1S. KATHIA KARINA DAMIÁN MARÍN 2S. EDUARDO ARELLANO RAMÍREZ 1E. FLORECITA MARCELA ÁLVAREZ LÓPEZ 2E. TELÉSFORO DÍAZ RAMÍREZ 3E MARICELA ZÁRATE GÓMEZ 1SG. ALVARO BAUTISTA
1S. MARIBEL ESTRADA DE LA TORRE 2S. MARICELA ZÁRATE GÓMEZ 1E. TELÉSFORO DÍAZ RAMÍREZ 2E. ALVARO BAUTISTA HERNÁNDEZ 3E ALEJANDRA G. FLORES GÓMEZ
Segunda suplente general de esta casilla Tercer escrutador de esta casilla Segundo escrutador de esta casilla Primer suplente general de esta casilla Aparece en la lista nominal de la casilla 2073 C3 en el número 477
ST-JIN-12/2015
164
HERNÁNDEZ 2SG.MARIBEL ESTRADA DE LA TORRE
13 2099 C2
El segundo secretario,
primer, segundo y
tercer escrutador,
de casilla no corresponde
n a los registrados por el INE.
2S. PATSY DANAE FLORES CURIEL 1E. MARTÍN LÓPEZ CENOBIO 2E. PAOLA SÁNCHEZ MARÍN 3E MAYRA LÓPEZ ZÚRITA
2S. PAOLA SÁNCHEZ MARÍN 1E. MAYRA LÓPEZ ZÚRITA 2E. VÍCTOR MANUEL CARRILO INSULZA 3E MELITÓN CARRILLO HERNÁNDEZ
Segundo escrutador de esta casilla Tercer escrutador de esta casilla Aparece en la lista nominal de la casilla 2099 B en el número 505 Aparece en la lista nominal de la casilla 2099 B en el número 504
14 2099 C3
El presidente, secretario, segundo
secretario, primer,
segundo y tercer
escrutador, de casilla no corresponde
n a los registrados por el INE.
P. LEE OMAR BACIO GARCÍA 1S. ERIKA AIDEE ORTEGA RAMÍREZ 2S. LORENA YVONNE LOERA MAGALLÓN 1E. MARÍA GUADALUPE ARREDONDO REYES 2E. PATRICIA CASTRO PÉREZ 3E ALFONSO ESCOBEDO AYALA
P. ERIKA AIDEE ORTEGA RAMÍREZ 1S. MARÍA GUADALUPE ARREDONDO REYES 2S. ALFONSO ESCOBEDO AYALA 1E. JOSÉ ALBERTO PALACIOS GARCÍA 2E. DAVID ARREDONDO RANGEL 3E. LEODEGARIO SÁNCHEZ OSORNIO
Primer secretario de esta casilla Primer escrutador de esta casilla Tercer escrutador de esta casilla Aparece en la lista nominal de la casilla 2099 C4 en el número 88 Aparece en la lista nominal de la casilla 2099 B en el número 209 Aparece en la lista nominal de la casilla 2099 C5 en el número 175
15 2100 C1
El secretario, segundo
secretario, primer,
segundo y tercer
escrutador, de casilla no corresponde
n a los registrados por el INE
1S. MARÍA AMÉRICA VARGAS GÓMEZ 2S. MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ TREJO 1E. YOLANDA CARRERA BELTRÁN 2E. GEORGINA SÁNCHEZ ORTEGA 3E MARÍA JUANA MARCELA OCHOA HERNÁNDEZ
1S. MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ TREJO 2S. YOLANDA CARRERA BELTRÁN 1E. GEORGINA SÁNCHEZ ORTEGA 2E. MIGUEL ANTOLÍN MARTÍNEZ MORENO 3E ARACELI JIMÉNEZ VÁZQUEZ
Segundo secretario en la casilla Primer escrutador en la casilla Segundo escrutador en la casilla Aparece en la lista nominal de esa casilla en el número 388
16 2106 C1
El secretario,
primer, segundo y
tercer escrutador,
de casilla no
1S. CÉSAR ISLAS BONILLA 1E. EDNA EDITH SÁNCHEZ CASTRO 2E. MARÍA
1S. MARÍA VERÓNICA GÓMEZ PAVÓN 1E. DIANA SANTA LEÓN ALMAZÁN 2E. RAQUEL
Segundo escrutador en esta casilla Tercer escrutador en esta casilla Aparece en la lista
ST-JIN-12/2015
165
corresponden a los
registrados por el INE
VERÓNICA GÓMEZ PAVÓN 3E DIANA SANTA LEÓN ALMAZÁN
SALAZAR AVIÑA 3E MARÍA DEL CONSUELO ZAMBRANO VENEGA
nominal de la casilla 2106 C2 en el número 243 Aparece en la lista nominal de la casilla 2106 C2 en el número 532
17 2106 C2
El secretario, segundo
secretario, primer,
segundo y tercer
escrutador, de casilla no corresponde
n a los registrados por el INE
1S. EDUARDO CISNEROS CARRILLO 2S. KARLA MARGARITA VILLARREAL VALDEZ 1E. GABRIELA SORIANO GARCÍA 2E. VERÓNICA HERNÁNDEZ AGUILAR 3E MIRANDA GARCÍA LEÓN
1S. MIRANDA GARCÍA LEÓN 2S. SÓCRATES GARCÍA MARTÍNEZ 1E. DULCE QUETZAL VILLA SAMBRANO 2E. DANIEL VALDOS TINAJERO 3E JENNY SÁNCHEZ LEÓN
Tercer escrutador en esta casilla Primer suplente general Aparece en la lista nominal de esta casilla en el número 519 Aparece en la lista nominal de esta casilla en el número 451 Aparece en la lista nominal de esta casilla en el número 281
18 2123 C1
El presidente, secretario, segundo
secretario, primer,
segundo y tercer
escrutador, de casilla no corresponde
n a los registrados por el INE.
P. VIANNEY AZUCENA ELIZARRARÁS DÁVALOS 1S. RAÚL LEGORRETA VILLANUEVA 2S. ANAHI MIREYA MARTÍNEZ CHANTEIRO 1E. CARMELA LEZAMA LÓPEZ 2E. ERIKA CRUZ CRUZ 3E. MIRIAM RAMOS MARTÍNEZ 3SG. FELICITAS COLÍN LOVERA
P. RAÚL LEGORRETA VILLANUEVA 1S. ANAHI MIREYA MARTÍNEZ CHANTEIRO 2S. CARMELA LEZAMA LÓPEZ 1E. ERIKA CRUZ CRUZ 2E. FELICITAS COLÍN LOVERA 3E. MARÍA DEL CARMEN FLORES GARCÍA
Primer secretario de esta casilla Segundo secretario de esta casilla Primer escrutador de esta casilla Segundo escrutador de esta casilla Tercer suplente general Tercer suplente general en la casilla 2123 C2
19 2128 B
El segundo secretario,
primer, segundo y
tercer escrutador,
de casilla no corresponde
n a los registrados por el INE.
2S. JOSÉ HERIBERTO CARREÓN GUTIÉRREZ 1E. EDGAR ULISES CHÁVEZ SALGUERO 2E. ANA PAOLA ÁVILA GARCÍA 3E. JOSEFINA FLORES ORTEGA
2S. EDGAR ULISES CHÁVEZ SALGUERO 1E. JOSEFINA FLORES ORTEGA 2E. JUANA VALLADOLID GARCÍA 3E. MARTHA ALICIA CARREÓN GUTIÉRREZ
Primer escrutador en esta casilla Tercer escrutador en esta casilla Primer suplente general Aparece en la lista nominal de esta casilla en el número 349
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20 2153 C2
El primer secretario de casilla
no correspond
en a los registrados por el INE
1S. JORGE DOMÍNGUEZ ENCISO
1S. JUAN ANTONIO CEREÑO AGUILAR
Aparece en la lista nominal de la casilla 2153 B en el número 225
A partir de los datos que se destacan en el cuadro
esquemático precedente, la Sala Regional Toluca procede a
analizar las casillas y el supuesto que se presenta. De acuerdo
con lo anterior, en las 20 casillas analizadas se acreditó que la
recepción de la votación se llevó a cabo por personas distintas a
las originalmente designadas, pero autorizadas legalmente
[pertenecen a la sección electoral en la que actuaron].
En las casillas 1048 B; 1049 C2; 1050 C1; 2073 B; 2073 C1;
2073 C2; 2073 C3, 2073 C4; 2073 C6; 2073 C9; 2073 C11; 2073
C12; 2099 C2; 2099 C3; 2100 C1; 2106 C1; 2106 C2; 2123 C1;
2128 B, y 2153 C2, como se señaló previamente, en el cuadro que
antecede, aquellos ciudadanos que ocuparon los cargos
correspondientes (presidente, secretario, escrutadores,
dependiendo de cada caso) en las referidas mesas de casilla, hubo
un corrimiento o pertenecen a la misma sección en la que se
desempeñaron como funcionarios de mesa directiva, por lo que su
actuación no actualiza la causal de nulidad en estudio, en términos
de los dispuesto en el artículo 274 de la ley general invocada.
C. Conclusión
En consecuencia, en el presente caso no se actualizó el supuesto
previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en las
casillas analizadas.
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III. Haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación
A. Resumen del agravio.
El actor, en esencia, aduce que en 25 casillas del distrito 12 en
el Estado de México, se actualiza la causa de nulidad de votación
recibida en casilla, según lo previsto en el artículo 75, párrafo 1,
inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, y la cual consiste en que medio dolo o error
en la computación de los votos y siempre que ello sea
determinante para el resultado de la votación.
N° Casilla
1. 987 C2 2. 995 C10 3. 2077 C2 4. 2077 C5 5. 2082 C2 6. 2094 C1 7. 2095 C1 8. 2095 C2 9. 2101 C2 10. 2101 C4 11. 2104 C1 12. 2133 C2 13. 2133 C3 14. 2133 C4 15. 2135 C1 16. 2139 C2 17. 2143 C1 18. 2144 C1 19. 2161 C2 20. 6091 C1 21. 6098 C1 22. 6129 C1 23. 6149 C1 24. 6165 C1 25. 6256 C1
B. Normativa aplicable y criterios jurisdiccionales
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El actor considera que se actualiza la causa de nulidad de
votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, párrafo 1,
inciso j), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, cuyo texto es:
Artículo 75 1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales: ... f) Haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación; …
La normativa y criterios jurisdiccionales aplicables respecto de
dicha causal son los que se reproducen a continuación:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares; ... Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: ... III. Votar en las elecciones y en las consultas populares en los términos que señale la ley; ... Artículo 41. ... La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas... ... I. … Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo… ... V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.
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Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. …
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 25 Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: … c) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
…
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 23
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
…
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
…
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Artículo 7 1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. 2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores. … Artículo 84 1. Son atribuciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla: … c) Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación; …
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Artículo 85 1. Son atribuciones de los presidentes de las mesas directivas de casilla: … g) Practicar, con auxilio del secretario y de los escrutadores y ante los representantes de los partidos políticos presentes, el escrutinio y cómputo; h) Concluidas las labores de la casilla, turnar oportunamente al Consejo Distrital la documentación y los expedientes respectivos en los términos del artículo 299 de esta Ley, y i) Fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de cada una de las elecciones. Artículo 86 1. Son atribuciones de los secretarios de las mesas directivas de casilla: a) Levantar durante la jornada electoral las actas que ordena esta Ley y distribuirlas en los términos que el mismo establece; b) Contar, inmediatamente antes del inicio de la votación y ante los representantes de partidos políticos que se encuentren presentes, las boletas electorales recibidas y anotar el número de folios de las mismas en el acta de instalación; c) Comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal correspondiente; d) Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de los partidos políticos; e) Inutilizar las boletas sobrantes de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 290 de esta Ley, y … Artículo 87 1. Son atribuciones de los escrutadores de las mesas directivas de casilla: a) Contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, y el número de electores que votaron conforme a las marcas asentadas en la lista nominal de electores, cerciorándose de que ambas cifras sean coincidentes y, en caso de no serlo, consignar el hecho; b) Contar el número de votos emitidos en favor de cada candidato, fórmula, o lista regional; … Artículo 147 1. Las listas nominales de electores son las relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar. 2. La sección electoral es la fracción territorial de los distritos electorales uninominales para la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral y en las listas nominales de electores.
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3. Cada sección tendrá como mínimo 100 electores y como máximo 3,000. … Artículo 268. 1. Las boletas deberán obrar en poder del consejo distrital quince días antes de la elección. 2. Para su control se tomarán las medidas siguientes: a) Las juntas distritales del Instituto deberán designar con la oportunidad debida, el lugar que ocupará la bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral de las elecciones; b) El personal autorizado del Instituto entregará las boletas en el día, hora y lugar preestablecidos al presidente del consejo distrital, quien estará acompañado de los demás integrantes del propio consejo; c) El secretario del consejo distrital levantará acta pormenorizada de la entrega y recepción de las boletas, asentando en ella los datos relativos al número de boletas, las características del embalaje que las contiene, y los nombres y cargos de los funcionarios presentes; d) A continuación, los miembros presentes del consejo distrital acompañarán al presidente para depositar la documentación recibida, en el lugar previamente asignado dentro de su local, debiendo asegurar su integridad mediante fajillas selladas y firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se asentarán en el acta respectiva; e) El mismo día o a más tardar el siguiente, el presidente del consejo distrital, el secretario y los Consejeros Electorales procederán a contar las boletas para precisar la cantidad recibida, consignando el número de los folios, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar, incluyendo las de las casillas especiales según el número que acuerde el Consejo General para ellas. El secretario registrará los datos de esta distribución, y f) Estas operaciones se realizarán con la presencia de los representantes de los partidos políticos que decidan asistir. 3. Los representantes de los partidos bajo su más estricta responsabilidad, si lo desearen, podrán firmar las boletas, levantándose un acta en la que consten el número de boletas que se les dio a firmar, el número de las firmadas y, en su caso, el número de boletas faltantes después de haber realizado el procedimiento de firma. En este último caso se dará noticia de inmediato a la autoridad competente. 4. La falta de firma de los representantes en las boletas no impedirá su oportuna distribución Artículo 269. 1. Los presidentes de los consejos distritales entregarán a cada presidente de mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la elección y contra el recibo detallado correspondiente: a) La lista nominal de electores con fotografía de cada sección, según corresponda, en los términos de los artículos 147 y 153 de esta Ley; b) La relación de los representantes de los partidos y de Candidatos Independientes registrados para la casilla en el consejo distrital electoral;
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c) La relación de los representantes generales acreditados por cada partido político en el distrito en que se ubique la casilla en cuestión; d) Las boletas para cada elección, en número igual al de los electores que figuren en la lista nominal de electores con fotografía para cada casilla de la sección; e) Las urnas para recibir la votación, una por cada elección de que se trate; f) El líquido indeleble; g) La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y demás elementos necesarios; h) Los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de los funcionarios de la casilla, y i) Los canceles o elementos modulares que garanticen que el elector pueda emitir su voto en secreto. 2. A los presidentes de mesas directivas de las casillas especiales les será entregada la documentación y materiales a que se refiere el párrafo anterior, con excepción de la lista nominal de electores con fotografía, en lugar de la cual recibirán los medios informáticos necesarios para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en la lista nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su credencial para votar. El número de boletas que reciban no será superior a 1,500. 3. El líquido indeleble seleccionado deberá garantizar plenamente su eficacia. Los envases que lo contengan deberán contar con elementos que identifiquen el producto. … Artículo 270 1. Las urnas en que los electores depositen las boletas, una vez emitido el sufragio, deberán construirse de un material transparente, plegable o armable. 2. Las urnas llevarán en el exterior y en lugar visible, impresa o adherida en el mismo color de la boleta que corresponda, la denominación de la elección de que se trate. Artículo 273. 1. Durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada electoral, que contendrá los datos comunes a todas las elecciones y las actas relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones. … 3. A solicitud de un partido político, las boletas electorales podrán ser rubricadas o selladas por uno de los representantes partidistas o de candidatos ante la casilla designado por sorteo, quien podrá hacerlo por partes para no obstaculizar el desarrollo de la votación. En el supuesto de que el representante que resultó facultado en el sorteo se negare a firmar o sellar las boletas, el representante que en un principio lo haya solicitado tendrá ese derecho. La falta de rúbrica o sello en las boletas no será motivo para anular los sufragios recibidos. Acto continuo, se iniciará el levantamiento del acta de la jornada electoral, llenándose y firmándose el apartado correspondiente a la instalación de la casilla. 4. El acta de la jornada electoral constará de los siguientes apartados: a) El de instalación, y b) El de cierre de votación.
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5. En el apartado correspondiente a la instalación, se hará constar: a) El lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalación; b) El nombre completo y firma autógrafa de las personas que actúan como funcionarios de casilla; c) El número de boletas recibidas para cada elección en la casilla que corresponda, consignando en el acta los números de folios; d) Que las urnas se armaron o abrieron en presencia de los funcionarios y representantes presentes para comprobar que estaban vacías y que se colocaron en una mesa o lugar adecuado a la vista de los electores y representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes; e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere, y f) En su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la casilla. … Artículo 279. 1. Una vez comprobado que el elector aparece en las listas nominales y que haya exhibido su credencial para votar, el presidente de la mesa directiva de casilla le entregará las boletas de las elecciones para que libremente y en secreto marque en la boleta únicamente el cuadro correspondiente al partido político por el que sufraga, o anote el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto. … 4. El secretario de la casilla, auxiliado en todo tiempo por uno de los escrutadores, deberá anotar, con el sello que le haya sido entregado para tal efecto, la palabra "votó" en la lista nominal correspondiente y procederá a: … 5. Los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes ante las mesas directivas, podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados, para lo cual se seguirá el procedimiento señalado en éste y el anterior artículo, anotando el nombre completo y la clave de la credencial para votar de los representantes al final de la lista nominal de electores. Artículo 284. 1. En las casillas especiales para recibir la votación de los electores que transitoriamente se encuentren fuera de su sección se aplicarán, en lo procedente, las reglas establecidas en los artículos anteriores y las siguientes: a) El elector, además de exhibir su credencial para votar a requerimiento del presidente de la mesa directiva, deberá mostrar el pulgar derecho para constatar que no ha votado en otra casilla, y b) El secretario de la mesa directiva procederá a asentar en el acta de electores en tránsito los datos de la credencial para votar del elector. 2. Una vez asentados los datos a que se refiere el inciso anterior, se observará lo siguiente: a) Si el elector se encuentra fuera de su sección, pero dentro de su distrito, podrá votar por diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por senador por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional y por Presidente de los Estados Unidos
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Mexicanos. El presidente de la mesa directiva le entregará la boleta única para la elección de diputados, asentando la leyenda "representación proporcional", o la abreviatura "R.P." y las boletas para la elección de senadores y de presidente; b) Si el elector se encuentra fuera de su distrito, pero dentro de su entidad federativa, podrá votar por diputados por el principio de representación proporcional, por senador por los principios de mayoría relativa y representación proporcional y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la mesa directiva le entregará la boleta única para la elección de diputados, asentando la leyenda "representación proporcional", o la abreviatura "R.P." y las boletas para la elección de senadores y de presidente; c) Si el elector se encuentra fuera de su entidad, pero dentro de su circunscripción, podrá votar por diputados por el principio de representación proporcional, por senador por el principio de representación proporcional y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la mesa directiva le entregará las boletas únicas para las elecciones de diputados y senadores, asentando la leyenda "representación proporcional" o la abreviatura "R.P.", así como la boleta para la elección de presidente, y d) Si el elector se encuentra fuera de su distrito, de su entidad y de su circunscripción, pero dentro del territorio nacional, únicamente podrá votar por senador por el principio de representación proporcional y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la casilla le entregará la boleta única para la elección de senadores asentando la leyenda "representación proporcional" o la abreviatura "R.P.", así como la boleta de la elección de presidente. 3. Cumplidos los requisitos para acreditar la calidad de elector y anotados los datos en el acta correspondiente, el presidente de la casilla le entregará las boletas a que tuviere derecho. 4. El secretario asentará a continuación del nombre del ciudadano la elección o elecciones por las que votó. Artículo 287 1. Una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, los integrantes de la mesa directiva procederán al escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la casilla. Artículo 288 1. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan: a) El número de electores que votó en la casilla; b) El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos; c) El número de votos nulos, y d) El número de boletas sobrantes de cada elección. 2. Son votos nulos: a) Aquel expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o de una candidatura independiente, y
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b) Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados; 3. Cuando el elector marque en la boleta dos o más cuadros y exista coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados, el voto contará para el candidato de la coalición y se registrará por separado en el espacio correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. 4. Se entiende por boletas sobrantes aquellas que habiendo sido entregadas a la mesa directiva de casilla no fueron utilizadas por los electores. Artículo 290. 1. El escrutinio y cómputo de cada elección federal, y en caso de casilla única en cada elección federal y local, se realizará conforme a las reglas siguientes: a) El secretario de la mesa directiva de casilla contará las boletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta, las guardará en un sobre especial el cual quedará cerrado y anotará en el exterior del mismo el número de boletas que se contienen en él; b) El primer escrutador contará en dos ocasiones, el número de ciudadanos que aparezca que votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección, sumando, en su caso, el número de electores que votaron por resolución del Tribunal Electoral sin aparecer en la lista nominal; c) El presidente de la mesa directiva abrirá la urna, sacará las boletas y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía; d) El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna; e) Los dos escrutadores bajo la supervisión del presidente, clasificarán las boletas para determinar: I. El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos, y II. El número de votos que sean nulos, y f) El secretario anotará en hojas dispuestas al efecto los resultados de cada una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, los que, una vez verificados por los demás integrantes de la mesa, transcribirá en las respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada elección. 2. Tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente. Artículo 291. 1. Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes: a) Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político, atendiendo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo inmediato anterior; b) Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada, y c) Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado.
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Artículo 292. 1. Si se encontrasen boletas de una elección en la urna correspondiente a otra, se separarán y se computarán en la elección respectiva. Artículo 293. 1. Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección. Cada acta contendrá, por lo menos: a) El número de votos emitidos a favor de cada partido político o candidato; b) El número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas; c) El número de votos nulos; d) El número de representantes de partidos que votaron en la casilla sin estar en el listado nominal de electores; e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere, y f) La relación de escritos de protesta presentados por los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes al término del escrutinio y cómputo. 2. En todo caso se asentarán los datos anteriores en las formas aprobadas por el Consejo General. 3. En ningún caso se sumarán a los votos nulos las boletas sobrantes que fueron inutilizadas. 4. Los funcionarios de las mesas directivas de casilla, con el auxilio de los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes, verificarán la exactitud de los datos que consignen en el acta de escrutinio y cómputo. Artículo 294. 1. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones se levantarán las actas correspondientes de cada elección, las que deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y los representantes que actuaron en la casilla. 2. Los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes ante las casillas tendrán derecho a firmar el acta bajo protesta, señalando los motivos de la misma. Si se negaran a firmar, el hecho deberá consignarse en el acta. Artículo 295. 1. Al término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, se formará un expediente de casilla con la documentación siguiente: a) Un ejemplar del acta de la jornada electoral; b) Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo, y c) Los escritos de protesta que se hubieren recibido. 2. Se remitirán también, en sobres por separado, las boletas sobrantes inutilizadas y las que contengan los votos válidos y los votos nulos para cada elección. 3. La lista nominal de electores se remitirá en sobre por separado. 4. Para garantizar la inviolabilidad de la documentación anterior, con el expediente de cada una de las elecciones y los sobres, se formará un paquete en cuya envoltura firmarán los integrantes de la mesa directiva de casilla y los representantes que desearan hacerlo.
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5. La denominación expediente de casilla corresponderá al que se hubiese formado con las actas y los escritos de protesta referidos en el párrafo 1 de este artículo. Artículo 296. 1. De las actas de las casillas asentadas en la forma o formas que al efecto apruebe el Consejo General, se entregará una copia legible a los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes, recabándose el acuse de recibo correspondiente. La primera copia de cada acta de escrutinio y cómputo será destinada al programa de resultados electorales preliminares. 2. Por fuera del paquete a que se refiere el párrafo 4 del artículo anterior, se adherirá un sobre que contenga un ejemplar del acta en que se contengan los resultados del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, para su entrega al presidente del consejo distrital correspondiente. Artículo 297. 1. Cumplidas las acciones a que se refiere el artículo anterior, los presidentes de las mesas directivas de casilla, fijarán avisos en lugar visible del exterior de las mismas con los resultados de cada una de las elecciones, los que serán firmados por el presidente y los representantes que así deseen hacerlo.
Criterios jurisdiccionales aplicables Jurisprudencia ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SU VALOR PROBATORIO DISMINUYE EN PROPORCIÓN A LA IMPORTANCIA DE LOS DATOS DISCORDANTES O FALTANTES. 37 ACTAS ELECTORALES. LA FIRMA SIN PROTESTA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO CONVALIDA VIOLACIÓN LEGAL ALGUNA. 38 ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN. 39 ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SIMILARES). 40 ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. CUANDO UN TRIBUNAL ELECTORAL LO REALIZA NUEVAMENTE Y LOS DATOS OBTENIDOS NO COINCIDEN CON LOS ASENTADOS EN LAS ACTAS, SE DEBEN CORREGIR LOS CÓMPUTOS
37 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia, v. 1, pp. 106-108. 38 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia, v. 1, pp.109-110. 39 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia, v. 1, pp. 331-334. 40 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia, v. 1, pp. 334-335.
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CORRESPONDIENTES (LEGISLACIONES ELECTORALES DE COAHUILA, OAXACA Y SIMILARES).41 ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA EN SUSTITUCIÓN DE LA AUTORIDAD ELECTORAL ADMINISTRATIVA. PROCEDE LA CORRECCIÓN DE ERRORES ENCONTRADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).42 NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).43
C. Estudio dogmático del tipo de nulidad de votación
recibida en casilla
A partir de la normativa transcrita se puede establecer cuáles
son los elementos normativos que figuran en dicha causa de
nulidad de la votación recibida en casilla.
La causa de nulidad de votación recibida en casilla, cuando
media error o dolo en la computación de los votos, siempre que
esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación,
es una de las múltiples técnicas jurídicas que existen en el derecho
electoral federal mexicano, la cual tiene por objeto asegurar la
realización de elecciones libres y auténticas; los principios rectores
de la función estatal de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, así como las
características del voto como libre, secreto y directo, además de
universal.
La consecuencia de la actualización de los hechos previstos
como hipótesis normativa en la causa de nulidad de la votación
recibida en casilla a que se hace referencia en el artículo 75,
párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de
41 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia, v. 1, pp. 337-339. 42 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia, v. 1, pp. 340-341. 43 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia, v. 1, pp. 471-473.
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Impugnación en Materia Electoral, es la invalidación o anulación de
la votación. No puede reconocerse efectos jurídicos a la votación
cuyo cómputo han sido realizados mediante error o dolo y esto es
determinante para el resultado de la votación.
Cuando se actualizan los elementos típicos de la causa de
nulidad se priva de efectos jurídicos al acto de la votación recibido
en la casilla sin que reconozca ningún voto a favor de los partidos
políticos y los candidatos. A través de una sanción de invalidación
o anulación, se busca proteger los principios o valores electorales
de relevancia, por el disvalor de las conductas ilícitas o irregulares.
En forma indirecta, la nulidad de la votación recibida en casilla es
un instrumento que inhibe la realización de actos que provoquen
error o dolo en la computación de la votación.
Los elementos normativos del tipo de nulidad son:
a) Sujetos pasivos. No se establece alguna calidad específica
respecto de los sujetos pasivos. Sin embargo, si la conducta
consiste en el despliegue de dolo o error sobre la computación de
la votación de la casilla, indirectamente, puede concluirse que los
electores son los sujetos afectados, ya que, a fin de cuentas, son
quienes emiten su voto ante las mesas directivas de casilla. En
este sentido son sujetos pasivos propios o exclusivos porque
tienen cualidades concretas o específicas.44 Esto es, los
ciudadanos que se presentan a votar ante la mesa directiva de
casilla ya sea que se encuentren formados ante la mesa directiva
de casilla; mostrando su credencial para votar ante los integrantes
de la casilla para recibir sus boletas electorales o mediante la
exhibición y entrega de la copia certificada de los puntos
resolutivos de la sentencia de la Sala Regional que les reconoce
44 Aquellos ciudadanos que muestran su credencial para votar con fotografía o, en su caso, exhiben la copia certificada de los puntos resolutivos del fallo del Tribunal Electoral que les reconoce ese derecho de votar sin aparecer en la lista nominal o sin contar con credencial para votar, o bien, en ambos casos, en cuyo caso, además se debe mostrar una identificación.
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180
dicho derecho; marcando sus boletas en la mampara, o ante las
urnas para depositarlas, o bien, ante los integrantes de la mesa
directiva de casilla para que se marque su credencial de elector, se
le impregne el pulgar de líquido indeleble o se le devuelva su
credencial de elector (artículos 82, párrafo 1; 278, párrafos 1 y 2, y
279 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales).
b) Sujetos activos. Son aquellos que realizan la conducta
irregular o ilícita (prevalerse de error o dolo en la computación de
los votos). En virtud de que no se precisa de una característica
específica para el autor de la conducta son sujetos comunes o
indiferentes, por lo cual el ilícito puede ser cometido por cualquier
ciudadano o persona. Tampoco, en el tipo, se requiere de uno o
más sujetos activos, por lo que puede ser cometido por uno de
ellos (en este sentido el tipo es mono subjetivo). El sujeto o sujetos
activos son aquellos que realizan el error o dolo; sin embargo,
como se está en presencia de un tipo de nulidad no propiamente
se trata de un ilícito sancionable en relación con la persona, bienes
o derechos del sujeto activo, puesto que la consecuencia sólo lo es
para efectos de la nulidad de la votación recibida en la casilla.
c) Conducta. En el caso es una conducta que puede ser realizada
a través de una acción (dolo o error) u omisión (error) la cual está
prohibida y está representada mediante la expresión “haber
mediado dolo o error”. Esto significa que la conducta ilícita,
prohibida o tipificada es la realización por el sujeto activo de
acciones que constituyan alguna conducta en la cual exista dolo o
error, o bien, de una omisión que redunde en el error y la cual
tenga incidencia en la computación de los votos.
ST-JIN-12/2015
181
d) Bienes jurídicos protegidos. Son los principios o valores
jurídicos tutelados en el tipo y que se consideran relevantes,
fundamentales o de suma importancia en el sistema electoral
federal mexicano. Con el tipo de nulidad se pretende protegerlos,
mediante la privación, anulación o invalidación de efectos jurídicos
al acto de la votación recibida en la casilla y, en forma indirecta, al
inhibir dichas conductas ilícitas.
Los valores o principios jurídicos que se protegen con el tipo
de nulidad de la votación objeto de análisis son la certeza,
legalidad, máxima publicidad y objetividad en la función electoral,
la cual se despliega por los funcionarios integrantes de las mesas
directivas de casilla, durante el escrutinio y cómputo de los votos,
y, excepcionalmente, por los integrantes de los consejos distritales,
cuando se realiza dicho escrutinio y cómputo en esas sedes
electorales, e, incluso, por las salas regionales, al realizar dicho
procedimiento durante la sustanciación de los juicios de
inconformidad, cuando se justifica, así como el respeto a las
elecciones libres y auténticas, por cuanto a que el escrutinio y
cómputo refleje lo que realmente decidieron los electores en la
jornada electoral, pero sobre todo al carácter del voto libre y directo
[artículos 41, fracciones I, segundo párrafo, y V, primer párrafo, de
la Constitución federal; 7°, párrafo 1, 288; 290; 291; 293, y 311,
párrafo 1, incisos b), d) y e), 2, y 3, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 21 Bis de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral].
Debe destacarse la importancia de los principios y valores
que se tutelan con la causa de nulidad de votación que es objeto
de análisis, ya que se trata de un precepto que directa e
inmediatamente protege los derechos político electorales de votar
y el de ser votado, en tanto derechos humanos de carácter
fundamental e interrelacionados. En efecto, desde una perspectiva
formal y material tienen tal carácter, puesto que, en el primero de
ST-JIN-12/2015
182
los sentidos, son esenciales para el respeto de la dignidad de la
persona humana y su desarrollo como tal en la sociedad, y, según
el criterio formal, están previstos en la Constitución federal y en los
tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano,
en términos de lo dispuesto en los artículos 1°, párrafos primero y
segundo, y 133 constitucionales.
e) Circunstancias de modo, tiempo y lugar. En el tipo legal se
establecen dos referencias de modo para la realización de la
conducta ilícita o irregular, las cuales son disyuntivas o
alternativas, puesto que basta que se actualice alguna de ellas
para que se colme el tipo de nulidad. Dichas circunstancias de
modo consisten en: i) Dolo y ii) Error. La primera de ellas connota
la deliberada intención de manipular la computación de la votación
en una casilla que, como se aprecia, no coincide precisamente con
la expresión “escrutinio y cómputo de la casilla”, la cual es la que
se prevé en la ley (artículos 288; 290; 291, y 293, párrafo 1, de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), por lo
cual tiene un alcance distinto y es el que coincide con los llamados
rubros o datos básicos o fundamentales que resultan de relevancia
para el establecimiento de los resultados en la casilla y la identidad
del partido político ganador en la casilla y el correspondiente
candidato. Se trata de una actuación consciente y especialmente
dirigida a impedir que sea determinado con certeza y en forma
objetiva el número de ciudadanos que votó en la casilla y que tenía
derecho a ello; el de votos en la casilla; las boletas sacadas o
extraídas de la urna; el de votos emitidos a favor de cada uno de
los partidos políticos o candidatos, y el de votos nulos. En el caso
también se puede considerar las boletas recibidas para la elección
por el presidente de la mesa directiva de la casilla, y el de boletas
sobrantes de la elección, pero sin desconocer que se trata de
elementos auxiliares o secundarios. Lo anterior, con apoyo en la
tesis de jurisprudencia que tiene por rubro ACTA DE ESCRUTINIO
ST-JIN-12/2015
183
Y CÓMPUTO. SU VALOR PROBATORIO DISMINUYE EN
PROPORCIÓN A LA IMPORTANCIA DE LOS DATOS
DISCORDANTES O FALTANTES.45
En el error existe una falta de coincidencia entre la aparente
computación de los votos con el que es real y auténtico; sin
embargo, deriva de una falsa o equivocada concepción y no de
una acción deliberada que busca tal finalidad (dolo).
En principio, cuando se invoque como causa de nulidad de la
votación recibida en casilla, la prevista en el artículo 75, párrafo 1,
inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, de ser el caso, se deberá estudiar como error,
salvo que existan elementos probatorios que generen convicción
plena de que existió una acción deliberada para provocar una
computación de la votación que no coincida con la que, en forma
cierta y objetiva, ocurrió realmente en la casilla. Lo anterior, puesto
que toda actuación está beneficiada por una presunción de buena
fe (como ocurre con el error), salvo prueba en contrario.
f) Carácter determinante de las conductas. El otro elemento
normativo corresponde al carácter determinante de las conductas;
es decir, a la suficiencia o idoneidad de las conductas irregulares o
ilícitas para determinar el resultado de la votación. El órgano
jurisdiccional debe realizar un ejercicio de ponderación jurídica en
el que analice las circunstancias relevantes de los hechos
plenamente acreditados respecto de la casilla de que se trate, a fin
de establecer si son suficientes, eficaces o idóneos para conducir a
un resultado específico. Se puede hacer mediante pruebas
directas o inferencias que razonablemente permitan establecer que
la presencia de los hechos son decisivos para provocar un
resultado concreto. En el caso se debe establecer si la conducta es
atribuible a alguna de las partes y si la misma pretende 45 Compilación 1997-2013 ,Jurisprudencia, v. 1, pp. 106-108.
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184
beneficiarse o prevalerse de su conducta ilícita, porque en esas
circunstancias se debe preservar la votación (artículo 74, párrafo 1,
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral).
Además, cabe advertir que al establecerse expresamente en
la ley que los hechos deben ser determinantes para el resultado de
la votación, esta exigencia normativa no sólo impone el deber de
tener por plenamente acreditados los hechos (error o dolo en la
computación de los votos recibidos en la casilla), sino examinar si
los mismos son determinantes para el resultado de la votación,
para establecer si el valor o principios protegidos por la norma son
afectados de manera sustancial, en aplicación del principio de
conservación de los actos válidamente celebrados, de acuerdo con
la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro NULIDAD DE
SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA
IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN,
AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL
ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).46
De acuerdo con el texto del artículo 1°, párrafos primero a
tercero, de la Constitución federal, la causa de nulidad de votación
recibida en casilla de referencia debe interpretarse para favorecer
la protección más amplia hacia las personas (pro homine), porque
no se puede reconocer efectos jurídicos a una votación, si han sido
vulnerados los derechos de los electores que votaron en forma
libre y directa, sobre todo si ello es determinante para el resultado
de la votación. Empero, si las irregularidades no son
determinantes, en aplicación de dicho principio interpretativo
constitucional, se debe preservar el acto de la votación cuyo
ejercicio corresponde al colectivo ciudadano, a pesar de que se
46 Vid., Compilación 1997-2013, Jurisprudencia, v. 1, pp. 471-473.
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185
actualice alguna conducta irregular, pero siempre que ésta no sea
invalidante o sea ineficaz para anular la votación. De esta forma se
promueven, respetan, protegen y garantizan los derechos
humanos, de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En el caso se trata de dos derechos que están
interrelacionados y son indivisibles. Por una parte, el derecho de
votar, mediante el sufragio libre y directo, y, por la otra, el de ser
votado y el de participar en un proceso electoral libre y auténtico,
ello significa que si la conducta irregular puede incidir en el
resultado de la votación de la casilla se debe aplicar una
consecuencia que resulte conforme (en sentido amplio) con la
Constitución federal (artículos 35, fracciones II y III; 41, fracciones
I, párrafo segundo, y VI, y 99, fracción I), y los tratados
internacionales, en especial, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (artículo 25) y la Convención Americana de
Derechos Humanos (artículo 23), a fin de permitir un ejercicio
pleno, con toda su fuerza expansiva, de los derechos político
electorales del ciudadano para votar a través de voto directo y
libre, así como de ser votado a través de elecciones periódicas,
auténticas (las que coincide la voluntad mayoritaria de los
electores con el resultado de la votación) y libres (una elección es
auténtica y libre porque existen condiciones que aseguran que el
sentido de una votación es el que realmente quiso el electorado en
una cierta casilla).
En principio, se destaca que de la revisión del acta
circunstanciada de la sesión de cómputo distrital llevada a cabo
por el 12 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el
Estado de México, se desprende que por lo que hace al cómputo
distrital de la elección de diputados federales por el principio de
mayoría relativa, se realizó recuento parcial al verificar un nuevo
escrutinio y cómputo de votos en varias casillas, entre las que se
encuentran las siguientes: 995 C10; 2082 C2; 2094 C1; 2095 C2;
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186
2101 C2; 2104 C1; 2133 C4; 2135 C1; 2143 C1; 6091 C1; 6098
C1; 6129 C1, y 6256 C1.
Recuento en la sesión de cómputo distrital
Tomando en consideración que en varias de las casillas
impugnadas por el partido político nacional MORENA por la
actualización de la causal de nulidad prevista en el inciso f) del
párrafo 1 del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, fueron materia de recuento
es pertinente realizar las siguientes precisiones respecto a los
supuestos en cuales procede verificar la existencia de error o dolo
en torno a los resultados de la votación.
El recuento en sede administrativa se encuentra regulado por
el artículo el artículo 311 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales que, en lo que aquí interesa, dispone:
“Artículo 311. 1. El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento siguiente: a) Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras de alteración y siguiendo el orden numérico de las casillas; se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obre en poder del presidente del consejo distrital. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las formas establecidas para ello; b) Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del presidente del consejo, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el secretario del consejo, abrirá el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 291 de esta Ley. Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual
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187
manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el consejo, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos; c) En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación; d) El Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando: I. Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado; II. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación, y III. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido. e) A continuación se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en los incisos anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada respectiva; f) La suma de los resultados, después de realizar las operaciones indicadas en los incisos anteriores, constituirá el cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría que se asentará en el acta correspondiente; (…) 8. Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los consejos distritales siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Electoral. 9. En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los consejos distritales.” (Énfasis agregado por esta autoridad jurisdiccional)
Como se aprecia en el precepto transcrito, se establece un
procedimiento para la corrección de datos y recuento de los votos
recibidos en casilla. Dicha diligencia se llevó a cabo durante la
sesión de cómputo por los respectivos Consejos Distritales del
Instituto Nacional Electoral.
En términos de lo señalado en el párrafo 8 del numeral 311 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no
podrán invocarse como causa de nulidad, los errores o
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188
inconsistencias en el cómputo de los votos cometidos por los
funcionarios de la mesas directivas, en el caso de aquellas casillas
en las que se hubiere realizado un nuevo escrutinio y cómputo por
parte del correspondiente Consejo Distrital, salvo que los errores o
inconsistencias advertidos del escrutinio y cómputo llevado a cabo
en la casilla subsistan, a pesar del nuevo escrutinio y cómputo
llevado a cabo en el Consejo Distrital correspondiente, por no
haberse podido subsanar los errores aritméticos o inconsistencias
emanados del escrutinio y cómputo original.
Adicionalmente, podría ser el caso de que el nuevo escrutinio
y cómputo realizado en sede administrativa puede generar errores
aritméticos o inconsistencias que resulten distintos a los emanados
del escrutinio y cómputo original realizado por los funcionarios de
casilla, los cuales evidentemente podrán ser impugnables pues se
trata de errores aritméticos surgidos a raíz del recuento.
De esta forma tratándose de casillas en las que se haya
verificado un nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en
éstas, también procederá el estudio de los errores aritméticos o
inconsistencias hechos valer, cuando el nuevo escrutinio y
cómputo realizado en sede administrativa genere nuevos errores
aritméticos o inconsistencias que pongan en duda la certeza de los
resultados de la votación recibida en la casilla, supuesto en el que
se tendrían que cuestionar los resultados del recuento por vicios
propios.
Del contenido de las constancias individuales de resultados
electorales, punto de recuento de diputados federales de mayoría
relativa del 12 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en
el Estado de México, se desprende que en las casillas 995 C10;
2082 C2; 2094 C1; 2095 C2; 2101 C2; 2104 C1; 2133 C4; 2135
C1; 2143 C1; 6091 C1; 6098 C1; 6129 C1, y 6256 C1, entre otras,
se determinó efectuar el nuevo escrutinio y cómputo de la votación
en tales casillas.
ST-JIN-12/2015
189
En el caso concreto, al haberse realizado de nueva cuenta el
escrutinio y cómputo en las 13 casillas antes referidas por el
respectivo consejo distrital, ello origina que los agravios que el
partido político nacional MORENA expresó por cuanto a las
mencionadas casillas, en el sentido de que existió error o dolo en
el escrutinio y cómputo de la votación por parte de los funcionarios
de las mesas directivas de casilla resulten inatendibles, porque
dicho instituto político formula sus agravios sustentándolos en los
datos obtenidos de las actas de escrutinio y cómputo levantadas
en las casillas impugnadas, lo que quedó superado por el nuevo
escrutinio y cómputo llevado a cabo en sede administrativa y no
formula agravio alguno tendente a evidenciar la persistencia de
errores aritméticos o inconsistencias que pudiesen no haber sido
subsanados por el recuento, por lo que no se actualiza el primero
de los supuestos antes señalados para proceder a la verificación
de la existencia o no de errores aritméticos que pongan en duda la
certeza en los resultados de la votación obtenida en el recuento.
Así, la falta de agravios referidos a la subsistencia de errores
emanados del escrutinio y cómputo original llevado a cabo en las
mesas directivas de casilla genera que esta autoridad jurisdiccional
se encuentre impedida para realizar una verificación oficiosa de los
resultados obtenidos en los recuentos.
Por lo que hace al segundo supuesto, el partido político
nacional MORENA en ninguno de los agravios formulados por esta
causal de nulidad controvierte los resultados obtenidos con motivo
del nuevo escrutinio y cómputo de tales casillas por vicios propios,
de ahí que los mismos deben permanecer intocados.
Por lo anterior, devienen inatendibles los agravios
formulados en contra de 13 casillas antes referidas.
Por lo que se procede al análisis de las casillas en las que no se
llevó a cabo un nuevo escrutinio y cómputo, es decir, las casillas
987 C2; 2077 C2; 2077 C5; 2095 C1; 2101 C4; 2133 C2; 2133 C3;
2139 C2; 2144 C1; 2161 C2; 6149 C1, y 6165 C1.
ST-JIN-12/2015
190
D. Motivación del cuadro
A continuación se reproduce un cuadro de carácter esquemático
en el cual se reproducen los datos que se desprenden de la
documentación electoral que consta en los autos del presente
juicio de inconformidad y que servirán para acreditar, en forma
plena, ciertos hechos respecto de cada casilla. A partir de dichos
elementos fácticos, se debe analizar si se presentan los distintos
elementos normativos respecto de cada casilla y concluir si se
tipifica la causa de nulidad de votación recibida en casilla, en
términos de lo dispuesto en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral.
La primera columna (sin número) está referida a la casilla
respecto de la cual se invoca la causa de nulidad de votación
recibida en casilla que está prevista en el artículo 75, párrafo 1,
inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, cuya identidad deriva de la demanda. La
siguiente (“1. CIUDADANOS QUE VOTARON”) y se obtiene del
rubro 5 del acta de escrutinio y cómputo de casilla para la elección
de diputados federales de mayoría relativa que es “SUMA DE LAS
CANTIDADES DE LOS APARTADOS 3 Y 4” y que involucra a las
personas que votaron según la lista nominal de electores y las que
votaron con sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, así como los representantes de partidos políticos y
de candidatos independientes que votaron en la casilla sin estar
incluidos en la lista nominal de electores [artículos 278, párrafo 1;
279, párrafo 5, y 288, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento legal
de referencia].
La columna (“2. BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA”)
especifica el dato que consta en el aparatado 6 del acta de
ST-JIN-12/2015
191
escrutinio y cómputo respectiva y que se rotula como VOTOS DE
DIPUTADOS FEDERALES SACADOS DE LA URNA [artículo 290,
párrafo 1, incisos c) y d), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales]. La columna (“3. SUMA DE
RESULTADOS DE VOTACIÓN”) coincide con el total que se
obtiene del rubro 8 que se denomina “RESULTADOS DE LA
VOTACIÓN DE DIPUTADOS FEDERALES” y que es la suma de
los votos a favor de cada uno de los partidos políticos nacionales,
los partidos políticos coaligados, los candidatos independientes,
los candidatos no registrados y los votos nulos [artículos 288,
párrafo 1, incisos b) y c), y 291 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales]. La siguiente columna (“4. VOTACIÓN
PRIMER LUGAR”) es la cifra más alta que consta en el acta de
escrutinio y cómputo de la casilla respectiva para los candidatos a
diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
en la cual, en su caso, se debe considerar la suma de los votos a
favor de un solo partido político nacional y los que fueron
otorgados a los partidos políticos coaligados, según las
combinaciones que aparecen en el rubro 8 RESULTADOS DE LA
VOTACIÓN DE DIPUTADOS FEDERALES. La columna que figura
a continuación en el cuadro (“5. VOTACIÓN SEGUNDO LUGAR”)
es la segunda cifra más alta que consta en el acta de escrutinio y
cómputo de la casilla de que se trate para los candidatos a
diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la
cual se obtiene, en su caso, de sumar los votos a favor de los
partidos políticos nacionales individualmente considerados y de la
coalición, según las posibilidades que constan en el rubro 8
RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE DIPUTADOS FEDERALES.
La columna (“A. DIFERENCIA ENTRE PRIMERO Y SEGUNDO
LUGAR”), es la cantidad que deriva de la resta entre la votación
registrada en la columna 4 y la correspondiente a la columna 5. A
través de dicha cifra de la columna A del cuadro se desprende una
primera cantidad que servirá como referente a fin de establecer si
ST-JIN-12/2015
192
el error en la computación de los votos es o no determinante, como
se aclara más adelante [artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral]. La columna B. VOTOS COMPUTADOS
IRREGULARMENTE permite establecer cuatro casos en los que
existen votos computados de forma irregular, a pesar de que en
toda casilla debe existir coincidencia entre lo que se denomina
como rubros o datos básicos o fundamentales (ciudadanos que
votaron, boletas extraídas de la urna y resultados de la votación).
Se pueden presentar dos casos, un primer supuesto atañe a la no
correspondencia plena entre los datos relativos a los ciudadanos
que votaron (columna 1) y la suma de los resultados de la votación
(columna 3). El segundo caso es cuando la diferencia de las cifras
se da entre las columnas correspondientes a boletas extraídas de
la urna y resultados de la votación (columnas 2 y 3). Sin embargo,
se debe optar por la diferencia más alta entre los datos de las
columnas 1, 2 y 3 (ciudadanos que votaron, boletas extraídas de la
urna y resultados de la votación), se elija un caso extremo (máxima
diferencia), porque así, de una forma idónea, se comprueba si el
error destacado o imprecisión extrema entre esas cifras es
determinante o no, en consecuencia, si la conclusión es que el
supuesto más alto o extremo no es determinante, por
consecuencia tampoco lo serán los demás errores decrecientes.
Lo anterior, se refleja cuando la misma es igual a “0” o una
cantidad negativa que lógicamente esté precedida del signo “-“, por
lo cual será determinante, ya que implica, en un ejercicio de
probabilística, de una afectación al resultado.
Por último, puede existir un caso distinto sobre votos
computados irregularmente, el cual corresponde a los supuestos
en que no haya datos a comparar (cuando dos o los tres datos o
rubros fundamentales o básicos no aparecen en las actas del
expediente), de manera tal que se trata de un caso extremo de
ST-JIN-12/2015
193
error (aunque, por lo menos, aparecerá el dato de resultados de la
votación).
Dicha información, en principio, se debe obtener de: i) Las actas
de la jornada electoral; ii) Las actas de escrutinio y cómputo de
casilla de diputados federales de mayoría relativa; iii) En su caso,
las hojas de incidentes; iv) Los escritos de protesta presentados
por los representantes de los partidos políticos y los candidatos
independientes, en su caso, y v) Los demás elementos que
constan en autos y que son aportados por las partes, según se
precisa en cada caso, en la parte que sigue al cuadro. En caso de
que, nuevamente, se hubiere realizado el escrutinio y cómputo de
la casilla en el Consejo Distrital, en términos de lo dispuesto en el
artículo 311, párrafo 1, inciso a) y e), en relación con el 311,
párrafo 1, incisos b), d) y e), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se deberá tomar los datos relativos del
acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el Consejo
Distrital, y no del acta de escrutinio y cómputo de la casilla original.
Sin embargo, si se procedió a realizar el escrutinio y cómputo de la
casilla en virtud de una determinación o resolución de esta Sala
Regional, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 Bis de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, es claro que los datos que deberán tomarse en cuenta
son los que derivan de esta diligencia. En suma, para establecer
los datos del escrutinio y cómputo de casilla, se deben privilegiar
los correspondientes que deriven del último escrutinio y cómputo,
ya sea en la mesa directiva de casilla, porque sólo exista este; del
realizado por el Consejo Distrital o del efectuado por una
determinación judicial de la Sala Regional, en beneficio del
principio de definitividad.
Lo anterior en el entendido de que los datos que se hacen
constar en la documentación electoral, si son consistentes en
cuanto a los aspectos esenciales del hecho, pueden llevar a
tenerlo por acreditado [artículo 269, párrafo 1, inciso g); 273,
ST-JIN-12/2015
194
párrafo 4; 286, párrafos 2 y 3; 293, párrafos 1, 2 y 4; 294, párrafo
1, y 298, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como 14, párrafos 1, inciso a), y 4,
inciso a), y 16, párrafos 1 y 2, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral].
Debe tenerse presente que algunos otros hechos también
quedarán plenamente acreditados, a partir de la adminiculación de
las pruebas que constan en autos, como lo son documentales
públicas de referencia. Esto porque al relacionar dichas pruebas
con las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí, generan convicción
sobre la veracidad de los hechos afirmados (en términos de lo
dispuesto en el artículo 16, párrafo 3, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral).
Lo anterior no significa que necesariamente tales hechos que
estén plenamente acreditados sean ilícitos y, en otros más, ni
siquiera determinantes, según se explicará en cada uno de los
grupos que siguen al cuadro esquemático.
El dato que se obtiene de restar la cifra que consta en el
recuadro del acta que dice “2. BOLETAS SOBRANTES DE
DIPUTADOS FEDERALES (Escriba el total de boletas no usadas y
canceladas), al número que deriva del rubro correspondiente a “4.
CUENTE DE UNA EN UNA EL TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS
Y ANOTE LA CANTIDAD” del acta de la jornada electoral, dan
lugar a la diferencia entre las boletas recibidas para la elección de
diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y
los resultados de la votación respectiva más las boletas sobrantes.
A pesar de que puede existir una diferencia entre la citada cifra de
boletas recibidas y la adición de las otras dos y que ello podría
considerarse como un error con cierta relevancia, en tanto que
debe existir una correspondencia matemática entre los datos
relativos a las boletas recibidas para dicha elección y la suma de
ST-JIN-12/2015
195
resultados de la votación con la correspondiente a boletas
sobrantes, lo cierto es que, por sí mismo, no puede ser
trascendente para el efecto de tener por acreditado el error
invalidante, esto es, susceptible de acarrear la nulidad de votación
en casilla.
En efecto, acorde con lo dispuesto en el artículo 311, párrafo 1,
incisos c) y d), fracción I, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, algún error o inconsistencia evidente
relacionado con las boletas sobrantes y las boletas recibidas,
previa solicitud de algún miembro del consejo distrital respectivo o
del representante del algún partido o coalición (en su caso, de
algún candidato independiente), propiamente daría lugar a un
nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en la casilla
correspondiente, a través del cual se rectifique cualquier error
sobre el particular, sin que la eventual persistencia del mismo
pueda acarrear, ante esta instancia jurisdiccional, se insiste, la
actualización de la causa de nulidad de la votación que se analiza.
Con independencia de lo advertido, es pertinente destacar que
aun cuando se denomine como irregularidad el que no haya plena
coincidencia entre las cantidades que corresponden a boletas
sobrantes (las cuales no están consideradas en el cuadro) y la
suma de las boletas depositadas en las urnas y boletas sobrantes
(lo cual tampoco figura en el cuadro), así como entre las columnas
correspondientes a los rubros básicos o fundamentales, debe
tenerse presente que, en principio, tal diferencia no sería
invalidante, porque no siempre la diferencia respectiva
estrictamente se trata de un error, ni mucho menos que, en su
caso, tal situación sea necesariamente una irregularidad imputable
a los funcionarios de la mesa directiva de casilla.
En ocasiones, puede ocurrir que aparezca una diferencia entre
las boletas recibidas (cuyo dato no se incluye en el cuadro), por
una parte, y la suma de las boletas extraídas o sacadas de la urna
y las boletas sobrantes (cifra que tampoco está considerada en el
ST-JIN-12/2015
196
cuadro), o bien, entre el número de ciudadanos que votaron, la
cantidad de boletas extraídas o sacadas de la urna y la cifra
correspondiente a la suma de resultados de la votación, cuya
explicación puede obedecer, por ejemplo, a que algunos electores
hayan destruido las boletas que se les entregaron o que se las
hayan llevado sin depositarlas en las urnas, independientemente
de que tales conductas pudieran tipificar alguna infracción de
conformidad con la legislación aplicable.
Esta conclusión es suficiente para no realizar el estudio
respectivo y considerar inatendibles los agravios que radican su
esencia argumentativa en la diferencia entre boletas recibidas y
sobrantes, cuando, en un caso, hay concordancia entre las cifras
relevantes para efectos de la votación o, en otro supuesto, el error
en los rubros básicos (ciudadanos que votaron, boletas extraídas
o sacadas de la urna y resultados de la votación) no es
determinante.
Esto último ocurrirá si existe correspondencia en los datos
relativos a las columnas 1, 2 y 3, ya que se trata de los rubros
básicos para establecer la existencia de un error invalidante, en
términos de lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Tal
disposición expresamente está referida al “dolo o error en la
computación de los votos y siempre que ello sea determinante
para el resultado de la votación”. De lo transcrito deriva que el
error relevante es aquel que se presenta con los datos que atañen
al cómputo de los votos y su correlación con el resultado de la
votación.
Esto se corrobora si se atiende, además, a lo previsto en los
artículos 288, párrafos 1, incisos a), b) y c), y 2; 290, párrafo 1,
incisos b) y e); 291, párrafo 1, y 293, párrafo 1, incisos a) y c), de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, puesto
que ahí se hace referencia a “número de electores que votó”,
ST-JIN-12/2015
197
“número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos
políticos o candidatos”, “número de votos anulados”, “se entiende
por voto nulo”, “(e)l primer escrutador contará el número de
ciudadanos que aparezca que votaron”, “(l)os dos
escrutadores….clasificarán las boletas para determinar… el
número de votos emitidos…el número de votos nulos…”; “(p)ara
determinar la validez o nulidad de los votos…”, “(s)e contará un
voto válido…”, “(s)e contará como nulo cualquier voto emitido en
forma distinta a la señalada”, “(l)os votos emitidos a favor de
candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado”,
“(e)l número de votos emitidos a favor de cada partido político o
candidato” y “(e)l número de votos nulos”.
Además, los datos que tendrán efectos para el caso del
cómputo distrital de la elección de diputados de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, según lo previsto en el
artículo 311, párrafo 1, incisos a) al d), de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y lo que aparece en las
actas de cómputo distrital de la elección de diputados, son los que
corresponden a los resultados de las propias actas de escrutinio y
cómputo de casilla, lo cual está identificado en un recuadro que se
denomina “RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE DIPUTADOS
FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA”, en el cual están, a su
vez, contenidos los rubros de los partidos políticos y las
coaliciones; en su caso, los de candidato independiente, así como
los “CANDIDATOS NO REGISTRADOS”, y, en un recuadro
separado, los de los “VOTOS NULOS”.
Estos rubros tienen una correspondencia o equivalencia con los
que aparecen en el acta de cómputo distrital respectiva, ya que se
identifican como resultados los rubros que atañen a la votación de
cada partido político y coalición; en su caso, los de candidato
independiente, así como la de los candidatos no registrados y los
votos nulos, a los cuales se suma la votación total (cuya fuente
objetiva resulta de la adición de las datos o las cifras precedentes).
ST-JIN-12/2015
198
Tan es preciso lo anterior que el presidente del consejo distrital, al
final de la sesión de cómputo, fija los resultados de cada una de
las elecciones (en cuyo concepto no entra el relativo a las boletas),
en el exterior del local respectivo, en términos de lo previsto en el
artículo 315 de la ley de la materia.
Esto es, debe existir correspondencia entre la votación emitida,
como dato de primer orden, y las cifras que pertenecen a los
ciudadanos que votaron y las boletas extraídas o sacadas de la
urna, en el entendido de que de haber alguna divergencia se debe
establecer su correlación con la diferencia existente entre el partido
o la coalición (en su caso, el candidato independiente) que ocupó
el primer lugar y el que quedó en el segundo puesto, porque dicho
error sí sería relevante para efectos de establecer si se actualiza o
no la causa de nulidad de referencia. Al tener presente lo previsto
en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución
federal, además de lo razonado y fundado, es claro que el error
determinante es aquel que eventualmente da la posibilidad de
obtener el triunfo al candidato que obtuvo el mayor número de
votos, lo cual inicia desde la misma votación registrada en la
casilla.
En consecuencia, con base en los datos de las columnas 1 a 3,
en la columna B, se señalan los votos computados de manera
irregular y alude a la diferencia, entre las cuales está la más alta
(supuesto 3), misma que, en su caso, haya entre las cifras relativas
a las tres columnas citadas, por ser el caso que, en última
instancia, sí puede ser determinante para el resultado de la
votación, lo cual no siempre ocurre tratándose de las cantidades
más bajas, según se explicó líneas arriba.
Al realizar una resta entre la votación del partido político o
coalición (en su caso, candidato independiente) que obtuvo la
mayoría de votos en esa casilla y la votación del partido o coalición
que quedó en segundo lugar, se obtiene la cifra de la columna A
ST-JIN-12/2015
199
(DIFERENCIA ENTRE PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR). Es decir,
en esta columna aparece la diferencia que hubo en la votación
entre ambos. Respecto de los datos que se asientan en las
columnas A y B es necesario advertir que son importantes cuando
se atiende a un criterio cuantitativo que permite concluir si el error
que deriva de las cifras señaladas en las columnas subsecuentes
es de aquellos que son determinantes para el resultado de la
votación de la casilla.
Por otra parte, en algunos supuestos, puede ocurrir que los
funcionarios de la mesa directiva de casilla, por descuido, no
hayan incluido entre los electores que votaron a algún ciudadano,
o bien, tampoco consideraron a los representantes de los partidos
políticos acreditados ante la respectiva casilla (en su caso, los
representantes de los candidatos independientes) que también
hayan votado, ni aquellos ciudadanos que, en su caso, votaron por
contar con resolución favorable para tal efecto de esta Sala
Regional, y que de haber ocurrido así, obviamente aparece que
hubo un mayor número de boletas sacadas o extraídas de la urna
y de resultados de la votación que el de aquel total de electores
que votaron.
Igualmente, tal diferencia puede obedecer al hecho de que en
aquellas secciones en que existan casillas básica y, al menos una,
contigua, las cuales se instalan en el mismo local o domicilio, los
electores pudieron haberse confundido y depositado la boleta en la
urna que no les tocaba, dada la cercanía de las urnas y que éstas
no aparecen identificadas en cuanto a la casilla a la que
corresponden sino sólo en lo que se refiere al cargo a elegir, en
forma tal que en una casilla podrían faltar y en otra de la propia
sección sobrar para esa misma elección. Esta situación podría
complicarse en el caso de las casillas en que hay más de una
contigua, porque las discrepancias pueden darse entre un mayor
número de casillas correspondientes a una misma sección.
ST-JIN-12/2015
200
Si bien no siempre la diferencia que llegue a existir entre las
cantidades relativas a los conceptos básicos indicados se trata de
alguna irregularidad, entendida ésta como una violación de
determinada disposición jurídica, sí cabe entenderlo como un error
en el cómputo de los votos cuya magnitud es necesario dilucidar a
fin de contar con los elementos necesarios para establecer si se
configura o no el otro extremo de la causal de nulidad invocada y
que exige que el referido error en el cómputo de los votos sea
determinante para el resultado de la votación, lo cual se analiza
más adelante en relación con las casillas impugnadas, en el
entendido de que, en el siguiente cuadro, se destacan con
sombreado rojo los casos en que se estima que se actualiza la
causa de nulidad bajo estudio y con otros colores los que se
considera requieren de un tratamiento especial.
Aunque debe existir una precisa correlación de las cifras
correspondientes a los ciudadanos que votaron, las boletas
sacadas o extraídas de la urna y el resultado de la votación, a fin
de establecer el alcance de la discrepancia o diferencia numérica
que se desprende del acta de escrutinio y cómputo, se debe
atender a los demás elementos que permitan reforzar la certeza
sobre lo ocurrido en la misma casilla, máxime cuando existan
espacios en blanco, lo cuales puedan ser subsanados, a partir de
información adicional sobre la casilla, como pueden serlo el acta
de la jornada electoral (en donde consta el total de boletas
recibidas para cada elección, sólo cuando sea relevante para
dilucidar la magnitud de las inconsistencias), la lista nominal de
electores de la casilla (en la cual aparece el total de ciudadanos
que votaron a partir de datos individualizados que son hechos
constar por el mismo órgano que elaboró el otro documento que
tiene inconsistencias, como lo es la mesa directiva de casilla); el
recibo de documentación y materiales electorales entregados al
presidente de la mesa directiva de casilla (donde también aparece
ST-JIN-12/2015
201
la cantidad de boletas entregadas para cada tipo de elección, así
como los folios respectivos, rubros 4 y 5 de dicha documental
pública, exclusivamente cuando sea necesario para ponderar la
magnitud de las inconsistencias), entre otros documentos.
Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia que tiene
el rubro ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL
HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O
ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO
NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES
CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN.47
De acuerdo con lo que antecede, a continuación se realiza la
reproducción del cuadro que permite concentrar y, posteriormente,
efectuar el análisis de los rubros básicos que se desprenden de las
actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo y, en su
caso, de la lista nominal de electores respectiva.
No
.
Cas
illas
1. C
iud
adan
os
qu
e vo
taro
n
2. V
oto
s sa
cad
os
de
la
urn
a
3. S
um
a d
e re
sult
ado
s d
e vo
taci
ón
4. V
ota
ció
n 1
er
lug
ar
5. V
ota
ció
n 2
do
lug
ar
A.
Dif
eren
cia
1ero y
2d
o l
ug
ar
B.
Vo
tos
com
pu
tad
os
irre
gu
larm
ente
1 987 C2
249 250 251 62 58 4 2
2 2077 C2
281 281 281 109 98 11 0
3 2077 C5
280 280 280 103 91 12 0
4 2095 C1
1 353 353 139 128 11 0
5 2101 C4
351 350 350 140 116 24 1
6 2133 C2
316 316 316 111 100 11 0
47 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia, V. 1, pp. 331-334.
ST-JIN-12/2015
202
7 2133 C3
305 0 308 124 110 14 3
8 2139 C2
304 304 304 113 112 1 0
9 2144 C1
666 238 238 98 76 22 0
10 2161 C2
0 0 360 140 125 15 0
11 6149 C1
444 191 191 74 68 6 0
12 6165 C1
183 183 183 73 67 6 0
En las casillas 2077 C2; 2077 C5; 2133 C2; 2139 C2; 6165
C1, contrariamente a lo argumentado por el inconforme, de los
datos que constan en el cuadro, se aprecia que no existe
diferencia objetiva alguna entre las columnas de ciudadanos que
votaron, boletas extraídas o sacadas de la urna y votación emitida,
puesto que se anotó la cantidad de cero en la columna relativa a
los votos computados irregularmente que corresponde a la
diferencia mayor. Así, se aprecia que existe una correlación
matemática entre las cantidades asentadas en esos rubros, razón
por la cual debe desestimarse el agravio sólo en cuanto hace a
estas casillas.
Por otro lado, respecto de la casilla 987 C2, existe una
diferencia las columnas de ciudadanos que votaron, boletas
extraídas o sacadas de la urna y votación emitida de dos votos, es
decir, que aparecieron dos votos más, respecto del número de
ciudadanos que votaron; sin embargo, de acuerdo con el cuadro
esta diferencia de dos votos no resulta determinante para el
resultado de la elección en la casilla, porque mientras que la
diferencia señalada es de dos votos, la diferencia entre el primero
y segundo lugar es de cuatro votos por lo que tal diferencia no
ST-JIN-12/2015
203
resulta determinante para el resultado final de la elección en esa
casilla.
Respecto de la casilla 2101 C4, se advierte que existe una
diferencia entre las columnas de ciudadanos que votaron y
votación emitida de un voto; sin embargo, esto puede deberse a
que un ciudadano se llevó la boleta y no la depositó en la urna al
momento de emitir su voto, aunado a lo anterior cabe destacar que
la diferencia señalada es de un voto, mientras que la diferencia
entre el primero y segundo lugar es de veinticuatro votos por lo que
tal diferencia no resulta determinante para el resultado final de la
elección en esa casilla.
Respecto de la casilla 2133 C3 existe una diferencia
entre las columnas de ciudadanos que votaron, boletas extraídas o
sacadas de la urna y votación emitida de tres votos, es decir, que
aparecieron tres votos más, respecto del número de ciudadanos
que votaron; sin embargo, de acuerdo con el cuadro esta
diferencia de tres votos no resulta determinante para el resultado
de la elección en la casilla, porque mientras que la diferencia
señalada es de tres votos, la diferencia entre el primero y segundo
lugar es de catorce votos por lo que tal diferencia no resulta
determinante para el resultado final de la elección en esa casilla.
Respecto de las casillas 2144 C1 y 6149 C1, se advierte, de
las actas de escrutinio y cómputo, que por un error humano los
funcionarios de la mesa directiva de casilla, en lugar se sumar las
los puntos 3 y 4 de dichas actas, llevaron a cabo la suma de los
puntos 2 y 3, y 2, 3 y 4, respectivamente, es decir, sumaron las
boletas sobrantes y el número de personas que votaron, en un
caso, y en el otro las boletas sobrantes, el número de personas
que votaron y los representantes de partido que votaron sin estar
en la lista nominal, en lugar de sumar las personas que votaron
conforme a la lista nominal y los representantes de casilla que
votaron y no se encontraban en la lista nominal, de ahí el error en
ST-JIN-12/2015
204
el llenado de las actas; sin embargo, en ambos casos coincide
plenamente el número de personas que votaron con los votos
sacados de la urna: 238 y 191, respectivamente.
Respecto de las casilla 2095 C1, se advierte, de igual
manera que, por un error humano, los funcionarios de la mesa
directiva de casilla asentaron 1, en el rubro de ciudadanos que
votaron conforme a la lista nominal; sin embargo, se advierte que
coincide plenamente el número de personas que votaron con los
votos sacados de la urna: 353.
Por último, respecto de la casilla 2161 C2, este órgano
jurisdiccional advierte que, por un error humano, los funcionarios
de la mesa directiva de casilla no llenaron los rubros relativos a las
boletas sobrantes, personas que votaron conforme a la lista
nominal, los votos de los representantes de casilla que no se
encontraban en la lista nominal; sin embargo, la suma de
resultados, 360, es igual a la del número de votos de cada uno de
los partidos políticos, más la coalición, candidatos no registrados y
votos nulos, por lo que el error en el llenado del acta de escrutinio
y cómputo no puede acarrear la nulidad de la casilla. Sirve de
sustento de lo anterior la jurisprudencia de rubro ERROR EN LA
COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE
DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y
CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL
NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA
CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA
SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN.48
Aunado a lo anterior, de la revisión de la hoja de incidentes
del proceso electoral 2014-2015, el día de la jornada electoral se
advierte que se presentaron tres incidentes, pero ninguno de ellos 48 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, pp. 331 a 334.
ST-JIN-12/2015
205
tiene que ver con el llenado de las actas de escrutinio y cómputo y
de la jornada electoral, del cual se advierta que el haber dejado en
blanco haya sido motivo de la presentación de dicho incidente.
En ese sentido, con base en lo antes expuesto, este órgano
jurisdiccional arriba a la conclusión de que, contrariamente a lo
expuesto por el enjuiciante, en las casillas de mérito no se
actualiza la causa de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1,
inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral.
a) En virtud de que los agravios resultaron infundados, se
debe confirmar, en lo que fue materia de impugnación, el
cómputo distrital de la elección de diputados federales de
mayoría relativa; la declaración de validez de la elección y
el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez
respectiva; llevados a cabo por el 12 Consejo Distrital del
Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, con
cabecera en Ixtapaluca.
b) Toda vez que el presente asunto es el último de los juicios
de inconformidad presentados en contra de los resultados
de la elección de diputados federales celebrada en el
distrito electoral federal 12 con cabecera en Ixtapaluca, y
que en tal sentido, guarda relación con el juicio de
inconformidad ST-JIN-46/2015 interpuesto en contra de la
misma elección, resuelto por esta Sala Regional el
veintinueve de junio de dos mil quince, en cuya sentencia
se determinó confirmar en lo que fue materia de
impugnación, el cómputo distrital y la declaración de
validez de la elección, y el otorgamiento de la constancia
de mayoría y validez respectiva.
ST-JIN-12/2015
206
Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos
1°, fracción II, 184; 185; 186, párrafo primero, fracción II; 192,
párrafo primero; 195, fracción II, y 199 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, así como 1°; 2°; 3°, párrafos 1,
inciso a), y 2, inciso b); 4°; 6°, párrafos 1 y 3; 19, y 49 a 60 de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, se
R E S U E L V E
PRIMERO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, el
cómputo distrital de la elección de diputados federales de mayoría
relativa; la declaración de validez de la elección y el otorgamiento
de la constancia de mayoría y validez respectiva; llevados a cabo
por el 12 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el
Estado de México, con cabecera en Ixtapaluca.
SEGUNDO. Por las razones expuestas en la parte final del último
considerando de esta sentencia, deberá glosarse copia certificada
de los puntos resolutivos de esta resolución al juicio de
inconformidad ST-JIN-46/2015, para los efectos conducentes.
NOTIFÍQUESE, por estrados, al actor; personalmente, al tercero
interesado; por oficio, al Consejo General del Instituto Nacional
Electoral y al 12 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en
el Estado de México, por correo electrónico, a la Secretaría
General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en
la cuenta
por estrados, a los demás interesados, de conformidad con lo
previsto en los artículos 26, párrafo 3, 28, 29 y 60 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral; 103, 107 y 108 del Reglamento Interno del Tribunal
ST-JIN-12/2015
207
Electoral del Poder Judicial de la Federación; asimismo, hágase
del conocimiento público en la página que tiene este órgano
judicial en Internet.
Archívese en su oportunidad el presente expediente como asunto
total y definitivamente concluido.
Así, por unanimidad de votos, con el voto aclaratorio del
Magistrado Juan Carlos Silva Adaya y con las reservas de la
Magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy quien reitera las
consideraciones esgrimidas al resolver el ST-JIN-37/2015 y
vertidas en el voto razonado que se formuló en ese juicio de
inconformidad, lo resolvieron y firmaron las magistradas y el
magistrado que integran la Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta
Circunscripción Plurinominal, ante el secretario general de
acuerdos, que autoriza y da fe.
MAGISTRADO PRESIDENTE
JUAN CARLOS SILVA ADAYA
MAGISTRADA
MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY
MAGISTRADA
MARTHA C. MARTÍNEZ GUARNEROS
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
GERMÁN PAVÓN SÁNCHEZ
ST-JIN-12/2015
208
VOTO ACLARATORIO QUE FORMULA EL MAGISTRADO JUAN
CARLOS SILVA ADAYA EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA
DICTADA EN EL JUICIO DE INCOFORMIDAD IDENTIFICADO
CON LA CLAVE ST-JIN-12/2015, EN TÉRMINOS DE LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 199, FRACCIONES V Y XV, DE
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN.
Con profundo respeto a las magistradas Doña Martha Concepción
Martínez Guarneros y Doña María Amparo Hernández Chong Cuy,
formulo el presente voto aclaratorio, respecto del tratamiento que
se da en el fondo del presente asunto, conforme con las razones
que se exponen enseguida:
Como se desprende de lo analizado en el presente considerando
de fondo, carece de sustento la afirmación del actor de que el
Partido Verde Ecologista de México para su propio beneficio y el
de la coalición que conformó con el Partido Revolucionario
Institucional, desde septiembre de dos mil catorce al día de la
jornada electoral, desarrolló una estrategia integral, sistemática,
dolosa, reiterada y contumaz, para posicionarse ilegalmente ante
el electorado, así como para que solo el Partido Verde Ecologista
de México resultara sancionado, afectando con ello la equidad en
la contienda y poniendo en riesgo el proceso electoral, pues lejos
de ser así, no quedó demostrado de qué manera, las conductas
que el promovente refiere en su demanda, vinculadas a diversos
procedimientos sancionadores, pudieron influir en los resultados de
la elección en el distrito, ya que como se demuestra a
continuación, estos últimos en nada refuerzan las aseveraciones
hechas por el enjuiciante.
ST-JIN-12/2015
209
Existen trescientos distritos electorales uninominales en el país, de
los cuales sesenta y uno corresponden a esta Quinta
Circunscripción (Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán).
En los procedimientos sancionadores que menciona el partido
político actor, que corresponden a su demanda de inconformidad,
se involucran cuestiones que por condiciones de lugar no tienen
repercusión en la circunscripción o en el distrito electoral
uninominal involucrado en la impugnación, y cuya identidad, según
el actor corresponden a: i) Realización de actos de precampaña en
el Estado de Guanajuato; ii) Utilización de artículo promocional
prohibido en Texcoco, Estado de México (en el entendido de que
en el distrito electoral federal correspondiente lo ganó MORENA);
iii) Utilización de la pauta federal para incidir en la elecciones
locales del Estado de Chiapas; iv) Entrega de vales para
canjearlos por lentes con graduación en Texcoco, Estado de
México, y San Luis Potosí; v) Distribución de calendarios del 2015
en Veracruz; vi) Distribución de tarjetas de descuento y promoción
del PVEM entre los neoloneses; vii) Difusión irregular de
promocionales de dos candidatas, una de ellas como Jefa de la
Delegación Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal, y candidatos a
diputado local y presidente municipal en Matehuala, San Luis
Potosí; viii) Distribución de folletos irregulares en domicilios del
Estado de Morelos, y ix) Utilización irregular de datos del padrón
electoral en Veracruz, entre otros.
El veinticuatro de febrero de dos mil quince, los partidos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México
celebraron convenio de coalición parcial, con la finalidad de
postular fórmulas de candidatos a diputados por el principio de
mayoría relativa en doscientos cincuenta distritos electorales
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uninominales.49 De los referidos distritos electorales uninominales,
la mencionada coalición obtuvo el triunfo en ciento sesenta a nivel
nacional.
De los distrito electorales ganados por dicha coalición a nivel
nacional, en términos de tal convenio, al Partido Verde Ecologista
de México le corresponden veintinueve (ciento treinta y uno fueron
para el Partido Revolucionario Institucional), de los cuales sólo en
ocho, obtuvo mayor votación que la de su coaligado, el Partido
Revolucionario Institucional (distritos 1, 3, 6, 7, 8, 9 y 11 del Estado
de Chiapas, y el 3 del Estado de Quintana Roo).
El Partido Verde Ecologista de México, en los cincuenta distritos
electorales federales uninominales en que participó a nivel
nacional sin coligarse con el Partido Revolucionario Institucional,
no obtuvo el triunfo por sí mismo, y en la abrumadora mayoría de
los distritos en que se coaligó, tampoco obtuvo mayor votación que
su coaligado, salvo en los ocho destacados, que no corresponden
a esta Circunscripción Electoral Plurinominal.
El análisis de los distritos electorales federales ganados por la
coalición parcial precisada, refleja que, por sí solo, el Partido Verde
Ecologista de México, y en coalición, obtuvo esos veintinueve
escaños a nivel nacional a partir de la estrategia de coalición
parcial -la bondad de un convenio- y la fuerza electoral de su
coaligado.
Del Convenio de coalición parcial celebrado entre los dos partidos
políticos de referencia, la distribución por la filiación de origen de
los candidatos y limitado a esta circunscripción, es como a
continuación se establece:
49 http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Convenios_de_coalicion/
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COLIMA HIDALGO MÉXICO MICHOACÁN
2 0 6 1 36 4 8 4
En el cuadro que sigue, se identifican los resultados de la votación
en los distritos electorales uninominales correspondientes a los
Estados que integran esta circunscripción, en los que la coalición
Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional,
obtuvieron el triunfo:
Estado
Dis
trit
o
Cab
ecer
a Votación y
porcentaje obtenida
Votación y
porcentaje obtenido
Votación y
porcentaje obtenido
Total y porcentaje
por distrito
Colima50 1 Colima 44,010 90%
3,996 8.17%
890 1.8%
48,896 100%
Hidalgo51 1 Huejutla de Reyes
53,058 94%
2,319 4.14%
600 1.07%
55,977 100%
2 Ixmiquilpan 45,185 87.61%
5,762 11.17%
626 1.21%
51,573 100%
3 Actopan 47,557 88.34%
5,537 10.28%
735 1.36%
53,829 100%
4 Tulancingo de Bravo
33,608 79.35%
7,791 18.39%
958 2.26%
42,357 100%
5 Tula de Allende
40,232 79.34%
9,688 19.10%
784 1.54%
50,704 100%
6 Pachuca de Soto
37,285 73.38%
5,744 11.30%
904 1.77%
50,804 100%
7 Tepepulco 42,274 84.43%
6,990 13.96%
800 1.59%
50,064 100%
México52 1 Jilotepec 69,304 91.57%
5,093 6.72%
1,283 1.69%
75,680 100%
2 Teoloyucan 47,648 89.96%
3,731 7.04%
1,582 2.98%
52,961 100%
3 Atlacomulco 58,273 92.65%
2,703 4.29%
1,915 3.04%
62,891 100%
4 Nicolás Romero
51,037 88.93%
4,968 8.65%
1,385 2.41%
57,390 100%
5 Teotihuacán 73,446 92.67%
4,564 5.75%
1,237 1.56%
79,247 100%
6 Coacalco de Berriozabal
41,398 85.81%
5,487 11.37%
1,356 2.81%
48,241 100%
7 Cuautitlán Izcalli
36,668 85.72%
5,126 11.98%
981 2.29%
42,775 100%
8 Tultitlán 25,716 83.86%
3,806 12.41%
1,143 3.7%
30,665 100%
9 Ixtlahuaca 71,174 6,273 1,205 78,652
50 http://computos2015.ine.mx/Entidad/DistritosPorCandidatura/detalle.html#!/6 51 http://computos2015.ine.mx/Entidad/VPCyCI/distritos.html#!/13 52 http://computos2015.ine.mx/Entidad/VPCyCI/distritos.html#!/15
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Estado
Dis
trit
o
Cab
ecer
a Votación y
porcentaje obtenida
Votación y
porcentaje obtenido
Votación y
porcentaje obtenido
Total y porcentaje
por distrito
90.49% 7.9% 1.53% 100% 10 Ecatepec de
Morelos 41,456 86.01%
5,748 11.92%
992 2.05%
48,196 100%
11 Ecatepec de Morelos
30,918 85.94%
4,130 11.48%
926 2.57
35,974 100%
12 Ixtapaluca 72,071 91.39%
4,610 5.84%
2,179 2.76%
78,860 100%
13 Ecatepec de Morelos
30,757 84.46%
4,646 12.75%
1,013 2.78%
36,416 100%
16 Ecatepec de Morelos
35,171 84.81%
5,156 12.43%
1,141 2.75%
41,468 100%
17 Ecatepec de Morelos
31,734 85.65%
4,465 12.05%
849 2.28%
37,048 100%
18 Huixquilucan 65,116 91.18%
4,768 6.67%
1,523 2.13%
71,407 100%
19 Tlalnepantla de Baz
29,688 86.40%
3,680 10.71%
991 2.8%
34,359 100%
23 Valle de Bravo 78,646 92.72%
5,002 5.89%
1,171 1.38%
84,819 100%
24 Naucalpan de Juárez
25,206 84.11%
3,647 12.17%
1,113 3.71%
29,966 100%
25 Chimalhuacán 35,334 87.81%
3,934 9.77%
969 2.40%
40,237 100%
26 Toluca 52,810 89.70%
5,015 8.51%
1,043 1.77%
58,868 100%
27 Metepec 61,524 92.19%
4,248 6.36%
964 1.4%
66,736 100%
28 Zumpango 87,636 90.66%
7,028 7.27%
1,992 2.06%
96,656 100%
32 Valle de Chalco
Solidaridad
25,864 87.90%
2,976 10.11%
581 1.97%
29,421 100%
33 Chalco 58,870 90.52%
4,962 7.62%
1,202 1.84%
65,034 100%
34 Toluca 47,738 89.15%
4,732 8.83%
1,076 2.00%
53,546 100%
35 Tenancingo 49,807 93.06%
3,047 8.84%
667 2.01%
53,521 100%
36 Tejupilco 68,975 96.48%
1,539 2.15%
975 1.36%
71,489 100%
37 Cuautitlán 35,228 87.94%
3,955 9.87%
876 2.18%
40,059 100%
39 La Paz 47,995 90.47%
4,093 7.71%
957 1.80%
53,045 100%
40 Zinacantepec 54,509 92.87%
3,196 5.44%
987 1.68%
58,692 100%
Michoacán53 1 Lázaro Cárdenas
46,966 89.96%
4,745 9.08%
492 0.94%
52,203 100%
3 Zitácuaro 49,658 83.87%
7,893 13.33%
1,689 2.85%
59,240 100%
4 Jiquilpan 45,391 78.73%
11,816 20.49%
443 0.76%
57,650 100%
5 Zamora 36,197 82.24%
6,975 15.84%
839 1.90%
44,011 100%
8 Morelia 35,347 79.00%
8,400 18.77%
991 2.21%
44,738 100%
10 Morelia 33,355 8,420 1,174 42,949
53 http://computos2015.ine.mx/Entidad/VPCyCI/distritos.html#!/16
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Estado
Dis
trit
o
Cab
ecer
a Votación y
porcentaje obtenida
Votación y
porcentaje obtenido
Votación y
porcentaje obtenido
Total y porcentaje
por distrito
77.66% 19.60% 2.73% 100% 12 Apatzingan 30,823
74.77% 9,680
23.48% 717
1.73% 41,220 100%
Total 2,162,663 242,084 48,916 Gran total 2,453,663
Porcentaje de gran total 88.14% 9.86% 1.99%
De lo anterior, se desprende que de los sesenta y un distritos
electorales uninominales que conforman esta circunscripción, en
cuarenta y seis resultó ganadora la coalición que conforman los
partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario
Institucional54 y, en todos los casos, el Partido Revolucionario
Institucional aportó la mayor votación del total obtenido por la
coalición en las proporciones que se reflejan en el cuadro, y que
los votos para el Partido Verde Ecologista de México y la coalición
como tal siempre fueron menores de manera significativa.
Finalmente, el Partido Revolucionario Institucional encabezará
cuarenta y dos de los distritos en los que la coalición PRI-PVEM
resultó vencedora en la Quinta Circunscripción, en consecuencia,
el Partido Verde Ecologista representará sólo cuatro de los
mencionados distritos, los cuales corresponden al 4 de Tulancingo,
Hidalgo, así como 5 de Zamora, 10 de Morelia y 12 de Apatzingan,
todos ellos de Michoacán.
Por tanto, el partido político actor incurre en un defecto lógico en
su argumentación, como se explicó, porque de hechos que
corresponden a un contexto amplio, pero diverso, desprende
conclusiones sobre asuntos de un contexto particular. Esto es, de
sus premisas no se sigue la conclusión, razón por la cual es
insostenible el argumento en el sentido de que el Partido Verde
54 Distrito ganado por la coalición.
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Ecologista de México implementó la estrategia que menciona para
posicionarse ilegalmente y favorecerse individualmente en la
votación, así como para favorecer a la coalición que integró.
Pues, como ha quedado demostrado, ni a nivel nacional, ni en la
circunscripción en la que este Sala Regional ejerce jurisdicción,
dicha afirmación se encuentra respaldada por los resultados, pues
incluso, dicho partido obtuvo menor votación total en la presente
elección, respecto de los pasados comicios intermedios [Votación
2012, tres millones cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y cinco
(3,045,385) y votación 2015, dos millones setecientos cincuenta y
ocho mil ciento cincuenta y dos (2,758,152)]. .
Sin que se admisible concluir, pues no existen elementos para ello,
que la votación obtenida por su coaligado obedeció a la referida
estrategia integral de posicionamiento, pues, como se desprende
de las afirmaciones que el propio enjuiciante refiere en sus hechos,
siempre aludió al Partido Verde Ecologista en lo individual, sin que
se advierta nexo causal alguno, en los términos que pretende el
actor.
Además, no se puede acceder a las pretensiones del actor, porque
ello implica desconocer la naturaleza del juicio de inconformidad y
los procedimientos sancionadores, así como de los principios que
rigen en la materia punitiva (propios de un Estado Constitucional y
democrático de derecho). En efecto, de acuerdo con el principio de
legalidad, en su vertiente de tipicidad, no se puede derivar una
sanción de nulidad de una elección de diputados en un distrito
electoral federal, si esto no está expresamente previsto en la
normativa (tipo), las sanciones sólo se pueden aplicar a los sujetos
que son realmente responsables (en todo caso, Partido Verde
Ecologista de México) y no a su coaligado (además de las razones
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215
expuestas), porque se iría en contra de los principios de
culpabilidad (sólo se sanciona por lo que es reprochable a cada
cual) y de exclusiva incriminación de conductas (no lo es el hecho
de coaligarse). Las sanciones permitidas son las previstas ex ante
y legalmente y para su imposición se debe atender a la
culpabilidad de cada cual.
Las consideraciones anteriores no se contraponen con los
argumentos vertidos en la sentencia y con la conclusión a la que
se arriba en la misma.
MAGISTRADO JUAN CARLOS SILVA ADAYA
