UNIVERSIDAD SAN PEDRO

VICERRECTORADO ACADMICO

Oficina Central de Investigacin Universitaria

TEMA Egresados

ESPECIALIDAD Administrativo

OBJETIVO Relacionar

METODO Descriptivo

THEME Graduates

SPECIALTY Administrative

TARGET Relate

METHOD Descriptive

EGRESADOS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y

CIENCIA POLTICA

DE LA UNIVERSIDAD SAN PEDRO,

SU INSERCIN EN EL MERCADO LABORAL

AUTORES: URCIA QUISPE MANUEL ULISES

AGUILAR CABRERA DENIS ADN

BARRIONUEVO BLAS EDITH PATRICIA.

VSQUEZ MNDEZ EVA

CHIMBOTE-PERU

2012

2 | P g i n a

RESUMEN

La presente investigacin pretende dar cumplimiento a la ley Universitaria, en su artculo

64, que a la letra seala ARTICULO 64- Las Universidades mantienen relacin con sus

graduados con fines de recproca contribucin acadmica, tica y econmica. Lo cual

contribuir a identificar el mercado laboral en el que se desempean los egresados de la

Facultad de Derecho, en nuestra provincia del Santa, inicialmente, esto en razn de que

nuestra Universidad al tener filiales en Cajamarca, Huaraz, Caraz, Huacho, Piura, Sullana,

y Trujillo, y en las cuales tambin cuentan con la carrera profesional de Derecho, se puede

posteriormente hacer esta investigacin en estas sedes.

Es nuestra intencin logar con esta investigacin, identificar el nivel de satisfaccin

personal y laboral de nuestros egresados, as como el sector donde vienen laborando

sea publica o privada; y comprobar que la formacin que han recibido les ha servido para

el desempeo laboral eficiente. Para ello, se ha utilizado el tipo de investigacin

descriptiva, cuyo mtodo inductivo, deductivo y de anlisis, nos permita elaborar el

informe de investigacin. Esperamos contar con la mayor informacin, conforme a la

encuesta a efectos de concluir los niveles de satisfaccin de los egresados de la

Facultad de Derecho.

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ASTRACT

This research aims to comply with University Law, Article 64, which literally says "Article

64 - Universities maintain relations with their reciprocal graded for academic

contribution, ethical and economic." Which will help to identify the labor market in which

they operate graduates of the Faculty of Law, in the province of Santa, initially, that the

reason that our University to have subsidiaries in Cajamarca, Huaraz, Caraz, Huacho, Piura,

Sullana, and Trujillo, and which also have a career in law, you can then do the research in

these locations.

It is our intention to dialogue with this research, identify the level of personal and

professional satisfaction of our alumni and where they come laboring sector is public or

private, and verify that the training they received helped them efficient job performance. To

do this, we used the type of descriptive research, which inductive, deductive and analysis,

allows us to develop the research report. We hope to have the most information, according

to the survey in order to complete the satisfaction levels of graduates from the Faculty of

Law.

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CAPITULO I

INTRODUCCIN

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I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACION CIENTIFICA

En nuestra Universidad en la Biblioteca de la Facultad de Derecho no se ha encontrado

ningn trabajo relacionado sobre el tema, sin embargo los investigadores han venido

utilizando como material de enseanza el informe preparado por el Dr. Luis Pasara

denominado La enseanza del derecho en el Per: Su impacto sobre la administracin de

justicia (Pasara, 2004), en este trabajo de investigacin efectuado por el Ministerio de

Justicia Peruano, se da conocer cual es la situacin laboral de los abogados egresados de las

diferentes universidades del pas,su deficiente formacion impacta en la administracin de

justicia , y la percepcion de la poblacin respecto a los operadores juridicos, especialmente

de los Magistrados del Ministerio Publico y del Poder Judicial .

Asi mismo, un articulo publicado para la PUCP, en sus reflexiones seala; que se

sostiene que el perfil como centro de gravedad de la educacin legal no es solo un problema

tcnico que se agote en el plan de estudios. La concepcin del Derecho y su relacin con la

democracia presente en la configuracin del perfil profesional y en la prctica docente, est

fuertemente vinculada a los objetivos que se espera lograr con este tipo de formacin. Estos

objetivos, no est dems decirlo, implican por lo general preferencias y valoraciones de

orden ideolgico que trascienden el plano del propio perfil; no obstante, el carcter poltico

de la educacin legal y sus consecuencias sobre la democracia constitucional permiten

reflexionar sobre el papel del mercado y las condiciones que deben valorarse en este

contexto cuando se responde a la pregunta sobre el problema de las facultades de Derecho

en el pas. (Gonzales, 2010)

Tambien el trabajo realizado por Dr. Gorki Gonzales, en su obra La enseanza del

Derecho a los molinos del viento. Cambios, resistencias y continuidades; en la cual es

su reflexiones puntualiza; Es un desafo, sin duda, lograr el equilibrio que impida reducir la

reforma de la enseanza legal a la aplicacin del mtodo activo, y no dejar de cuestionar la

idea del derecho, con el compromiso tico que ello implica. Y se trata de un reto, pues

involucra apostar por la formacin de los valores democrticos de quienes tendrn

decididamente un papel clave en la vigencia de los mismos. En otras palabras, la formacin

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en destrezas es esencial para romper el crculo cerrado de la educacin exegtica, pero si

sta no va acompaada de convicciones y valores, su resultado y quienes se formen en ellas

siempre podrn ser aprovechados por las posiciones que se presentan como neutrales pero

que suelen emparentarse con las dictaduras y los modelos autoritarios. (Gonzales, 2008)

Empero es preciso tambin sealar, otro material publicado por Dr. Gorki Gonzales, en

La enseanza del derecho en la perspectiva de un sistema integrado: entre la sombra de

la reforma y la innovacin como utopa; donde acota; que en efecto, los escenarios

posibles son diversos como diversa puede ser la intensidad de la integracin en los

seminarios. Se trata por cierto de una relacin que depender del mayor o menor grado de

compromiso con el mtodo, respaldada por un soporte de textura moral de lo jurdico, es

decir, de valores en clave constitucional que permitan ofrecer una visin articulada de los

hechos, reglas y principios, es decir de valores poltico-morales justificados desde una

perspectiva constitucional que sirvan instrumentalmente para orientar el aprendizaje. El

carcter exhaustivo de la integracin, por el contrario, se adelgazar radicalmente cuando se

propugne la idea del mtodo activo como el medio y el fin de la clase, es decir, como

instrumento ordenador de la actividad acadmica para formar abogados, definido

instrumentalmente como neutro. Esta visin seguramente apostar al desarrollo de las

destrezas para el ejercicio de la profesin en trminos presuntamente descontaminados de

lo social y poltico, pero al mismo tiempo dilapidar los valores que justifican la existencia

de los seminarios de integracin. Para esta visin la idea de la integracin tendr un valor

ciertamente instrumental (no moral) para la enseanza del derecho. El compromiso

docente con la propuesta que involucra la idea del seminario de integracin es la piedra de

toque del modelo. (Gonzales, 2006)

Este trabajo es un punto de partida , para nuestra investigacin , que permitira mejorar la

formacin de nuestros estudiantes.

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II. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

La investigacin se justifica, por ser una necesidad de la Universidad de conocer el

resultado de su producto en el mercado laboral, ubicndolo y estableciendo relaciones para

que se actualicen a travs de los post grados, esto redundara en claro beneficio de la

comunidad en general.

Empero es preciso resaltar, que muchas veces los alumnos no tienen una idea clara de la

especialidad que van a seguir, o tienen poco conocimiento sobre el mercado laboral actual

en su carrera. Ello dificulta la toma de decisiones de carrera frente a situaciones diversas,

ya sean oportunidades o dificultades en el mbito laboral. Se hace necesario dar a conocer

experiencias de egresados que ya estn inmersos en el mercado laboral, en sus diferentes

especialidades.

As mismo, este informe sobre su insercin en el Mercado Laboral de los egresados de

Derecho intenta brindar herramientas a los alumnos para una mejor toma de decisiones

respecto a su futuro profesional; la misma que permitir contar con un panorama mas

claro respecto al contenido y estructura de la carrera de Derecho, identificando sus

deficiencias, y de este modo adoptar los correctivos necesarios, para brindar una

educacin de calidad, compatible con las exigencias del nuestra realidad.

III. EL PROBLEMA

Cual es la situacin laboral de los egresados de la Facultad de Derecho y Ciencia Poltica

en los 05 ltimos aos, de esta sede Central de Chimbote?

IV. MARCO REFERENCIAL

4.1. La enseanza del Derecho en el Per

Las facultades de derecho y su relacin con el medio, constituyen un punto de mira no

desdeable, si se trata de entender el sentido que adquiere la enseanza del derecho. Un

proceso heterogneo de cambios, que lleva consigo resistencias pero tambin

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continuidades. La enseanza del derecho busca proveer herramientas, afinar destrezas y

propiciar competencias, identificadas por una perspectiva comprehensiva y un discurso

til para justificar el quehacer de los abogados, el cual es fcilmente reconocible como

instrumento bsico para la constitucin de intereses y posiciones de poder legtimos

en la sociedad. Por ello, la forma que adquiere la educacin legal -es decir, el

conocimiento que se imparte y el modo a travs del cual se produce la interaccin

pedaggica- puede ser considerada como un indicador del modo como est hecha la

textura social. (Gonzales, 2008, p. 3 y ss.)

En general, las entidades oficiales como la Asamblea Nacional de Rectores o el propio

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, carecen de publicaciones en las que se

haga referencia especfica a las facultades de derecho. Y en realidad, la documentacin

sobre la educacin superior tampoco es muy precisa. Por esta razn, una parte

importante de los datos que han permitido articular los principales indicadores de la

educacin legal, est construida a partir de los listados o boletines anuales que se

encuentran en los archivos de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), en los informes

que cada universidad enva anualmente a la ANR, y en situaciones extremas, la

informacin se obtuvo pidindola directamente a cada una de las universidades, no

siempre con la misma fortuna en todos los casos. No obstante, explorar el impacto de

la formacin legal en el desarrollo de la actividad profesional, es una tarea fundamental,

pero ello supone configurar los indicadores de este importante espacio de la vida

institucional del pas que por el momento no existen. Queda, por ello, como una tarea

pendiente y una necesidad hacia el futuro.

4.2. Las Facultades de Derecho: lugar de formacin del Abogado.

4.2.1. El marco normativo: operacin y consecuencias.

La legislacin vigente establece una diferenciacin marcada entre aquellas

universidades que, en el lenguaje de las autoridades, se llaman institucionalizadas y

aquellas otras que estn bajo un rgimen transitorio. Las primeras fueron creadas por

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ley antes de 1995 o han sido incorporadas luego de pasar por el rgimen transitorio, y

sus rectores integran la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). En 2003 sumaban 58

universidades, de las cuales algo ms de la mitad (30) eran privadas. No estn sujetas

a evaluacin externa, de modo que la identificacin de sus posibles deficiencias y la

adopcin de los remedios consiguientes quedan a cargo de la propia institucin, salvo

el caso de que se produzcan graves irregularidades en ellas, que ameriten la

intervencin de la ANR, segn dispone la ley 27433.

Las segundas provienen del sistema establecido por la ley 26439 en 1995, pueden ser

pblicas o privadas y haber sido creadas por ley o por iniciativa privada. En 2003

sumaban 21 universidades, de las cuales slo cinco eran pblicas. En esta categora,

trtese de universidades creadas por ley o de las promovidas por iniciativa privada, el

Consejo Nacional para la Autorizacin de Funcionamiento de Universidades

(CONAFU) es responsable de otorgar un visto bueno a los proyectos de creacin de

la universidad que, una vez en funciones, estar bajo el mecanismo de evaluacin a

cargo del propio CONAFU, hasta que este organismo emita la autorizacin definitiva

de funcionamiento. Mientras dure su funcionamiento provisional, el CONAFU,

rgano autnomo de la ANR, la universidad se encuentra sujeta a una evaluacin

hasta por cinco aos, a lo largo de los cuales, el CONAFU ordenar su cierre o,

concluido tal plazo, le otorgar autorizar de funcionamiento definitivo. Asimismo,

durante ese periodo, el CONAFU puede autorizar, denegar, ampliar o suprimir

facultades, carreras o escuelas (art. 2).

Una vez alcanzada la autorizacin de funcionamiento definitivo, la respectiva

universidad se convierte en institucionalizada y pasa al rgimen de las primeras.

Aunque a la primera categora ya han accedido varias de las universidades privadas,

constituidas bajo las normas del Decreto Legislativo 882, expedido en noviembre de

1996, encaminadas a promover la inversin privada en la educacin (que establece el

derecho de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas

Particulares, con o sin finalidad lucrativa), un sector de ellas permanece an en la

segunda categora. De acuerdo al rgimen del CONAFU, vigente desde 1995, para

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otorgar la autorizacin provisional de funcionamiento de una universidad, la entidad

promotora debe acreditar, entre otros elementos, conveniencia regional y nacional,

sustentada en un estudio de mercado de las especialidades que se proponga crear,

disponibilidad de personal docente calificado, infraestructura fsica adecuada, y

servicios acadmicos imprescindibles (bibliotecas, laboratorios y afines) (Ley

26439, art. 7).

La impresin recabada de informantes que reclamaron el anonimato sugiere que la

acreditacin de algunos de estos requisitos en los hechos no ha sido rigurosa; este

sealamiento parece ser confirmado por el caso de aquellas universidades creadas con

el objetivo de ofrecer la carrera de derecho, respecto de la cual difcilmente podra

demostrarse en el pas, desde hace muchos aos, mediante un estudio de mercado la

conveniencia de su expansin. Las visitas efectuadas por el equipo de trabajo de este

estudio verificaron que en varias universidades no se cumplan de modo algunos

varios de los requisitos prescritos por la ley. Un informante sostuvo que existen

plantillas para presentar proyectos de creacin de universidades y que la

tramitacin de los mismos es, en ciertos casos, irregular. (Pasara, 2004- Junio, p. 20)

4.3. El perfil del abogado y el mercado: el argumento de la correccin?

A la incoherencia representada por el perfil ofrecido desde el formalismo legal y las

demandas de la democracia constitucional, se le puede sumar la tesis del mercado como

herramienta para corregir o ajustar la orientacin de los estudios de Derecho. El

problema en esta sede, sin embargo, es la idea del mercado que se abre en los hechos

con enorme impacto desde el decreto legislativo 882. Es posible encarar esta cuestin

desde dos puntos de vista.

4.3.1. El mercado y la educacin legal como hecho econmico

Una primera forma de entender el sentido de esta tesis proviene de considerar que el

mercado produce consecuencias buenas en s mismas, pues en un contexto de

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recursos escasos el espacio de agregacin de preferencias que l implica es neutral

por antonomasia y por ello incontrastable. La educacin legal como un hecho

econmico, cuya pretensin, adems, es corregir toda interpretacin ajena al enfoque

econmico. De este modo, la oferta debe responder a la demanda de educacin legal

de forma irremediable. Desde este razonamiento, casi resultara irrelevante cuestionar

la legitimidad de cualquiera de los extremos. Se dira que la oferta es intocable

porque la demanda as lo determina. Entonces, solo quedara esperar a que las

condiciones de la demanda se modifiquen para que el cambio en la oferta se

produzca.

Con estas condiciones se evoca la necesidad de que se produzcan reformas

institucionales profundas y complejas como las que implican, por ejemplo, la reforma

del sistema de justicia, la eliminacin de la corrupcin o las mejoras salariales de la

poblacin (Bullard, 2010, p. passin.). As las cosas, la posibilidad de transformar la

demanda parecera utpica y, mientras tanto, habra que aceptar el carcter

inconmovible de la oferta. En esa ruta parecen identificarse las consecuencias del

decreto legislativo 882. Gracias a ella, las libertades econmicas puestas como

prevalentes en las condiciones para crear entidades de educacin superior estn en la

base del crecimiento de la oferta que aprovecha la demanda general de los estudios

universitarios. En ella la imagen de la profesin legal por su relacin con el poder,

junto a la escasa inversin que implica su funcionamiento, se asocian a la precariedad

institucional que define buena parte del universo de las facultades de Derecho.

Frente a lo dicho, la iconografa del liberalismo conservador permite recordar la idea

del estado de naturaleza como escenario de esta historia. Precisamente porque una de

las condiciones esenciales para la existencia del mercado simplemente no existe: la

informacin como instrumento referencial de la seguridad. Sin ella, la competencia

no es tal y, por lo tanto, el mercado ser pura ilusin o tierra de nadie. En este

espacio, los consumidores transitarn expuestos al poder fctico de la oferta. Sin duda

alguna, este es el rasgo que mejor define el mbito en el que se desarrolla la actividad

de la mayor parte de facultades de Derecho del pas.

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El carcter determinista del enfoque econmico para la educacin legal justifica que

ella se brinde sin controles razonables sobre los estndares que deberan cumplirse

para ofrecer el servicio. Su punto de vista descalifica la intervencin del Estado en lo

que considera un terreno exclusivo de la autonoma individual y de la libertad del

mercado. Aunque no est dicho de forma expresa, es evidente que en este enfoque el

valor atribuido al mercado adquiere un significado no derrotable.

Desde esa perspectiva, la relacin entre el mercado y los valores que implica una

democracia constitucional puede resultar ciertamente contrastante. Asimismo, de ser

considerada un hecho econmico, se sugiere que la enseanza del Derecho debe

ajustarse a las exigencias de la demanda. Debe tratar de ser un producto hecho a la

medida del cliente, y esa debera ser la pauta para la definicin del perfil profesional

y del plan de estudios. Sin embargo, el problema que este enfoque representa para la

educacin legal es que su sentido determinista hara posible que los valores pblicos

comprometidos en esta actividad se subordinen y diluyan ante los requerimientos

contingentes del mercado.

Ajustar la educacin legal para satisfacer al cliente en forma acrtica puede propiciar

el desarrollo de un tipo de especializacin fragmentada, donde la perspectiva del

Derecho ser igualmente parcial. La enseanza enfocada bajo estos trminos carecer

de herramientas para hacer frente a los cambios que inciden en la totalidad del

Derecho y, probablemente, la idea de optimizar los derechos y mejorar la democracia

desde la particular perspectiva del rea de especializacin no forme parte de su

agenda propia (Gonzales, 2010, p. 301. En todo caso, es por lo menos dudosa la

legitimidad de esta forma de ver la enseanza del Derecho, orientada a satisfacer las

demandas de los grupos de poder, por ejemplo, estudios de abogados o empresas. Un

programa de estudios as definido seguramente levantar la necesidad de ciertos

cursos y contenidos, adems de la idea de las destrezas como fines en s mismos, para

enfrentar la dinmica profesional sin considerar los valores comprometidos o por

encima de ellos, casi siempre para favorecer las exigencias de los grupos de inters.

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4.3.2. El perfil y las polticas pblicas: el mercado como instrumento de la

democracia.

Un punto de vista diferente proviene de asumir el carcter complejo de la actividad de

las facultades de Derecho. Como se ha reiterado, a travs de la enseanza legal se

construyen valores, se atribuyen funciones al Derecho y se proveen argumentos para

justificar las prcticas legales. Su carcter, por lo tanto, no puede reducirse a un hecho

econmico y, en esa perspectiva, es posible relativizar el carcter de la tesis del

mercado en la comprensin de este problema.

Es verdad que la oferta brindada por las facultades de Derecho no puede prescindir de

orientar sus servicios a las demandas ciudadanas. Sin embargo, esta consideracin no

parece compatible con la pretensin de correccin de la educacin legal con

productos de consumo de carcter privado y la hace susceptible, por ello, de ser

sometida al clculo obligado por la relacin entre oferta y demanda.

El carcter pblico de la educacin legal, tanto como su articulacin en los trminos

de una poltica pblica, requiere de definiciones frente al mercado, pero con la

finalidad de que este resulte til desde la dimensin que le corresponde, en el

escenario de la democracia constitucional, a los propsitos de la enseanza del

Derecho. Las facultades de Derecho deben dirigir sus esfuerzos orientados hacia el

cumplimiento de los objetivos sociales y polticos que definen su actividad, frente a

las demandas de la comunidad, en un contexto de pluralidad y globalizacin. Son

estas las coordenadas que deben servir para actualizar los planes de estudios y

determinar el perfil del abogado. Solo despus de haberlas asumido ser coherente

plantear el problema de la oferta de la educacin legal y el sentido que, al respecto,

debera tener el mercado. En ese propsito, la existencia de controles razonables

sobre la actividad de las facultades de Derecho es un rasgo propio de los acuerdos

institucionales de la democracia considerada como un todo. Este rasgo indispensable

en las escuelas de leyes proviene de su particular arraigo poltico, as como de la

especial funcin que cumplen los abogados. A este cuadro responden igualmente los

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estndares que deberan cumplirse si se trata de valorar el servicio educativo que

brindan las facultades de derecho.

La idea del mercado no puede pasar por alto esta primera definicin y operar sin

institucionalidad que delimite los valores en juego. En otras palabras, es necesario

que se constituya un sistema de acreditacin universitaria como cuestin previa. El

carcter constitucional de este sistema debe su legitimidad a los valores que con l se

vertebran, ms an si se piensa en la educacin legal. De otro lado, no est dems

recordar que ya existen requisitos que deben cumplirse para autorizar el

funcionamiento de las entidades universitarias que carecen de un sistema de control

sobre su cumplimiento (Fundamento 217 de la Sentencia 0017-2008- del 5 de junio

de 2010).

Sobre este punto es necesario advertir que los sistemas de acreditacin universitaria

son compatibles con la actividad de las escuelas de leyes. Incluso los criterios para

determinar la solvencia de estos sistemas de acreditacin son parte de los propios

acuerdos institucionales que deberan llevarse a la prctica y financiarse,

legtimamente, a travs de distintas fuentes, lo cual depender del origen (estatal o

privado) de la universidad. Quiz las universidades privadas creadas al amparo del

decreto legislativo 882, que hoy constituyen la mayora en los rganos rectores de la

actividad universitaria, no estn interesadas en impulsar un sistema de acreditacin,

pues ello sera contrario a sus intereses econmicos68. En cualquier caso, desde una

concepcin genuinamente liberal, el Estado est legitimado para crear las condiciones

que hagan posible garantizar los bienes pblicos implicados por la funcin que las

escuelas de leyes cumplen en el marco de su responsabilidad en una democracia

constitucional. (Gonzales, 2010, p. 303)

La informacin sobre la realidad en la que se desenvuelve el mercado es tambin

necesaria para la existencia de la competencia y para optimizar las condiciones de la

eleccin. Pero no basta que existan reglas que la establezcan y que ella se produzca

en apariencia: la informacin y el cumplimiento de las condiciones necesarias para el

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desempeo de una facultad de Derecho son datos cruciales si se trata de establecer la

competencia igualmente crtica en torno a este tipo de servicio. El mercado, desde

una ptica crtica, incorpora tambin las demandas de acceso a la justicia y los

derechos de los grupos sociales que se encuentran en una posicin de desventaja o

exclusin. Este aspecto debera ocupar un lugar especfico en el universo de

preocupaciones que justifican el plan de estudios y el perfil del abogado. No se

entiende, por ello, que se pase por alto y no se establezca una definicin en trminos

curriculares que pueda tener un carcter transversal. Al margen de la posicin

ideolgica que est detrs, la funcin que cumplen las facultades de Derecho justifica

plenamente esta consideracin.

El mercado, desde este enfoque, define mejor su papel como espacio de agregacin

de preferencias: un instrumento idneo para satisfacer y optimizar los valores de la

democracia, representados por la funcin que cumplen las facultades de Derecho. Por

ello, lo que puede estar en juego como parte de la competencia, si se piensa en el

mercado, es la eleccin de las condiciones y diseos para realizar los fines de la

educacin legal, en el marco del sistema de controles razonables o acreditacin que le

es consustancial.

La informacin que podra reflejar los distintos enfoques institucionales, y sera til

para contribuir a mejorar la eleccin del interesado en estudiar derecho, se revela a

partir de los siguientes criterios:

La plana de profesores y los nfasis que se desprenden de su calificacin

acadmica y experiencia profesional para la propia vida institucional.

Los diversos acentos o enfoques temticos que se hacen visibles en los planes

de estudios.

Las especialidades que busquen fortalecer determinadas reas.

Las opciones de insercin en la vida profesional y los espacios laborales

previstos que los egresados desempean.

Las oportunidades para internacionalizar los estudios y el ejercicio de la

profesin.

16 | P g i n a

Las relaciones institucionales nacionales e internacionales de las facultades de

Derecho.

Los recursos materiales, tecnolgicos y bibliogrficos.

No se trata de un esquema esttico, pues este tipo de decisiones estn marcadas por el

contexto social y cultural. As, la idea del ascenso social que est detrs de los

estudios universitarios junto a la imagen de poder que se atribuye a la profesin legal,

pueden combinarse para influir en la decisin de estudiar derecho, fuera de toda

consideracin relativa a la calidad del servicio, a las posibilidades de insercin laboral

o subempleo, que en el caso de la profesin legal parece constituir un grave

problema.

En esa direccin, sin control sobre la actividad de las facultades de Derecho, el

espacio profesional de los abogados, que no es otro que el de la democracia

constitucional, quedara progresivamente definido por las mismas carencias en

contenido y valores de la formacin legal. Por lo dicho, el perfil profesional del

abogado debe responder al mercado en forma crtica. Antes que para someterse a

una lgica determinista en funcin de cualquier demanda, el perfil debe aspirar a

cumplir una funcin transformadora de la realidad. El contenido valorativo que

implica la enseanza del Derecho debe calificar al sujeto para que sea capaz de tomar

decisiones y enfrentar las carencias de la realidad, as como para avanzar a costa de

ella cuando le sea adversa. (Sen, 2000, p. 15-16)

Para aspirar a cumplir con estas premisas, el perfil del abogado no debe asumirse

como una entidad fija en el tiempo y, por ello, no deben fijarse consensos estticos

que impidan ajustar su articulacin desde el plan de estudios. El perfil del abogado

debe comprometerse con la formacin para enfrentar problemas jurdicos con

conocimientos y destrezas especficas (especializacin), pero con conciencia de su

articulacin a los valores de la democracia como un todo.

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La principal virtud reclamada a un sistema de enseanza del Derecho radica en la

responsabilidad de formar abogados comprometidos con la idea de propiciar mbitos

de desarrollo social ms predecibles, solidarios y justos. Esta aspiracin se conecta

con el sentido poltico que redefine el papel de las escuelas de Derecho y se convierte

en un derrotero para repensar los planes de estudios, las destrezas, los perfiles

profesionales, as como los compromisos de la funcin docente.

V. OBJETIVOS

5.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar, la situacin personal y laboral de los egresados de la Facultad de Derecho

de la Universidad San Pedro, sede Chimbote de los ltimos 5 aos.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO

Identificar el nivel de satisfaccin personal de los egresados de la Facultad de

Derecho, en la actividad que desempean.

Identificar la actividad laboral que desempean los egresados de la Facultad de

Derecho.

VI. VARIABLES

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE

Situacin personal y laboral de los egresados de la facultad de Derecho.

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE

Nivel de satisfaccin de los egresados de la Facultad de Derecho.

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CAPITULO II

MATERIAL Y METODOS

19 | P g i n a

I. TIPO DE INVESTIGACION

1.1. TIPO DE INVESTIGACIN

Descriptiva

1.2. MTODO

Inductivo, deductivo y de anlisis

1.3. DISEO

No experimental

II. POBLACION Y MUESTRA

2.1. POBLACIN

Los egresados, de la Facultad de Derecho de la Universidad San Pedro Sede Central, de

los ltimos 05 aos

2.2. MUESTRA

La muestra consistir en el mayor nmero posible de egresados segn el informe de la

Oficina de Registro Tcnico de la Universidad; conforme al muestreo No probabilstico

denominado Bola de Nieve.

III. TECNICAS E INSTRUMENTOS

3.1. TCNICAS

Encuesta

Anlisis Documental

3.2. INSTRUMENTOS

Se utilizara l instrumento (encuesta) aprobado y validado por la Oficina Central de

Investigacin Universitaria de la Universidad San Pedro.

IV. PROCESAMIENTO Y ANLISIS DE LA INFORMACIN

El procesamiento se har a travs del programa estadstico SPSS versin 19

20 | P g i n a

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