Informe silvia salgado

Silvia Salgado Andrade

ASAMBLEÍSTA NACIONAL

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO

www.silviasalgadoandrade.com

correo: [email protected]

Teléfono: 023991022/ 0987629796

INFORME DE LABORES JULIO 2012 – MAYO 2013

SILVIA SALGADO ANDRADE


PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE

FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO

PERIODO 2011-2012

LEGISLANDO PARA EL BUEN VIVIR






Teléfono: 023991022/ 0987629796

INFORME DE LABORES ASAMBLEÍSTA SILVIA SALGADO ANDRADE,

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

POLÍTICO - PERIODO JULIO 2012 A MAYO 2013

UNA LEGISLACIÓN QUE CONSTRUYE EL BUEN VIVIR

1..- INTRODUCCIÓN

2.- TRABAJOS REALIZADOS COMO ASAMBLEÍSTA NACIONAL

2.1.- Proyectos de ley presentados

2.2.- Observaciones presentadas

3.- TRABAJOS COMO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE


A) Requerimientos de Información

B) Comparecencias en la Comisión de Fiscalización y Control Político

C) Juicios Políticos

4.- CONCLUSIONES

ANEXO

5.- FOROS Y REPRESENTACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

6.- CONDECORACIONES






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7.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN

1.- INTRODUCCIÓN

Priorizar la participación ciudadana y de las organizaciones sociales para la

presentación de proyectos de ley que garanticen el ejercicio de los derechos de las y los

ecuatorianos para construir una legislación moderna, progresista y adaptada a la realidad

en la que vive el país, fue el camino que marcó mi gestión parlamentaria como

legisladora en este cuarto período anual. Esa ha sido la linea trazada de compromiso y

responsabilidad, con el firme propósito de corregir inequidades y avanzar en este proceso

político y en el emprendimiento de los cambios estructurales, a través de una legislación

que contribuya a construir el Buen Vivir.

El fortalecimiento de las organizaciones sociales y de la Economía Popular y Solidaria,

que vayan generando un nuevo sistema social y económico en el cual se reconozca al ser

humano como sujeto y fin, y propenda a una relación dinámica y equilibrada entre

sociedad, Estado y mercado en armonía con la naturaleza fue un importante aporte que

realizamos en la construcción de nuevas normas o reformas a las ya existentes.

El ejercicio legislativo también ha demandado que actuemos en defensa de los

ciudadanos y ciudadanas en cuanto han creído vulnerado sus derechos, caso de los

profesores jubilados, que demandan su jubilación adicional, perjudicados por el IESS,

mujeres del montepío, sectores vulnerables a enfermedades catastróficas caso VIH y

cáncer de mama; personas con discapacidades; mejoramiento de condiciones de trabajo

en los proyectos hidroeléctricos, riesgos de trabajo y jubilaciones especiales para

trabajadores de las cementeras del país; reliquidaciones jubilares y de contratos

colectivos; pequeños agricultores que demandan condiciones de accesibilidad al crédito y

a la tierra, pescadores artesanales que han sido víctimas de estafas con créditos del Banco

de Fomento en fin, hemos actuado precautelando los intereses de los sectores vulnerables

que han encontrado en este espacio de representación el canal que permita impedir o






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subsanar la violación de sus derechos, que a propósito constituyeron herencias de un

pasado oprobioso del modelo neoliberal institucionalizado a través de las leyes.

El control político a los funcionarios de los organismos del Estado, ha sido otro de los

mecanismos que nos ha permitido atender las justas demandas de ciudadanos y

ciudadanos que han acudido en particular a la Comisión de Fiscalización, superando el

criterio de fuerzas políticas generalmente opositoras al régimen actual que han

pretendido posicionar en el imaginario público que no existe fiscalización sino hay

censura y destitución de Ministros.

Los procedimientos de Control y fiscalización política constan en la Constitución y en la

Ley Orgánica de la Función Legislativa, en las que se establece requerimientos de

información, comparecencias y juicios políticos, mecanismos que han sido utilizados

para transparentar la gestión pública de las autoridades del Estado, y en el caso de autores

de actos reñidos con la ley, se ha solicitado la intervención de los organismos

competentes que determinen las responsabilidades y sanciones que en derecho

correspondan. Es el caso de la Contraloría que ha sido fundamental su cooperación a la

que se le ha solicitado la determinación de responsabilidades administrativas mediante la

realización de auditorías, la Fiscalía en la investigación de las denuncias presentadas, las

Superintendencias en el ámbito de sus competencias, entre otros.

2.1.- PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS

2.1.1- LEY DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA

EPIDEMIA DEL VIH-SIDA

Exposición de Motivos del Proyecto: El Ecuador tiene una epidemia creciente de

VIH/SIDA. En el 2.009 se notificaron 1.295 casos de SIDA y 4.041 casos de portadores

de VIH. En el año 2010 se notificaron 1.301 casos de SIDA y 3.966 de VIH. En lo que

respecta a defunciones, el número se ha mantenido en alrededor de 700 muertes entre






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2007 y 2010”. Sin embargo existe un subregistro de estos casos que no es reportado.

Por la razón expuesta se justifica la Ley que se presenta con este proyecto, pero además

porque el enfoque obedece a una experiencia acumulada, y por ello pretende superar las

limitaciones pasadas, así la nueva ley debe contribuir a que la problemática del VIH-

SIDA se aborde de modo integral, pues hasta ahora ha sido tratada solo desde la óptica de

la salud, y si bien ésta es un área que tiene una suprema responsabilidad, no es menos

cierto que la prevención por ejemplo no le es privativa, pues se requiere el concurso de

las áreas de educación, comunicación, etc.

El presente proyecto, plantea una Ley orientada a mejorar los niveles de coordinación

interinstitucional e intersectorial, indispensables para potenciar las acciones, los recursos

y mejorar los resultados, a formular, implementar, monitorear y evaluar, Políticas

Públicas integrales, que tomen en consideración las necesidades e intereses particulares

de las mujeres y de los hombres, en todo el ciclo de vida y en sus diversidades, con

intervenciones y productos de calidad, con calidez, de largo plazo y articuladas entre sí.

La propuesta legislativa adopta los principios internacionales de derechos humanos,

económicos, sociales y culturales; sexuales y reproductivos; de niños, niñas y

adolescentes; y otros grupos o sectores en situaciones de riesgo; todos los cuales son

principios prioritarios para el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

El presente proyecto ha contado en su construcción con la participación activa de grupos

de ciudadanos y ciudadanas en calidad de portadores de VIH y de sus familiares, como

de organizaciones que trabajan con estos grupos vulnerables. A través de requerimiento

de información el Ministerio de Salud ha proveído de datos oficiales y de diagnósticos

que determinan la prioridad de ésta normativa.

Por lo antes expuesto, el presente proyecto de Ley da Respuesta Integral a la epidemia






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del VIH-SIDA, y, busca garantizar un enfoque preventivo como política pública, de

interés nacional, prioritario e integral, desde la perspectiva de los derechos humanos y de

la equidad de género.

2.1.2.- LEY PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, CONTROL Y LA

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER DE MAMA

Este proyecto fue tratado en primer debate por el Pleno de la Asamblea Nacional y

deberá ser presentado el informe para segundo debate.

En Ecuador se registran entre el año 2007 y el 2009, un total de 10.335 casos de egresos

en el registro hospitalario por cáncer de mama, de ellos 8.525 fueron malignos y 1.810

benignos. En los dos casos, las mujeres son las más afectadas, pues los tumores malignos

recaen en un 98% sobre mujeres y 2% sobre varones; en tumores benignos, el 96% son

en mujeres y el 4% en hombres.

No obstante lo indicado, en un país donde las mujeres somos más de la mitad de la

población, esto es el 50,44% con 7'305.816, y de ellas 2'666.464 (el 36%) viven en el

sector rural, según el censo 2010, es necesaria la intervención del Estado, especialmente

para la prevención y no solo la atención una vez que ha sido detectado, mucho más si se

considera que las personas mayormente afectadas son mujeres de escasos recursos.

Por lo expuesto y con la finalidad de precautelar y proteger la salud de los ecuatorianos y

las ecuatorianas, con énfasis en garantizar el acceso a los derechos a los sectores más

vulnerables del tejido social, se ha considerado en el presente proyecto que la

prevención, educación y control de esta epidemia debe corresponder a una política de

Estado.

2.1.3.- LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL






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Estado del Proyecto: El Proyecto de Ley fue calificado por el Consejo de

Administración Legislativa por cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución

y la Ley el 10 de mayo de 2012 y fue remitido a la Comisión Especializada Permanente

de Justicia y Estructura del Estado para su tratamiento en primer debate.

Exposición de Motivos del Proyecto: El establecimiento de la filiación y con ella el

ejercicio del derecho al nombre y apellido de las personas no se puede postergar más,

por lo que es urgente y necesario una reforma profunda, por ello se plantea modificar

totalmente varios títulos del Libro Primero del Código Civil que lo involucran.

Nuestra Constitución indica que el derecho a la identidad incluye el derecho a tener

nombre y apellido, derecho que jurídicamente se establece por la filiación, misma que

constituye el vínculo jurídico entre dos personas ya sea por origen natural o por un acto

jurídico. El derecho a la identidad permite establecer la procedencia de los hijos/as

respecto de los padres/madres, pues en la mayoría de casos es de esa relación que se

desprende la identificación de la persona, que la individualiza en relación a las demás y

que tiene una incidencia directa en la construcción de la personalidad y en el ejercicio de

otros derechos.

En las reformas también se analiza la situación sobre las mujeres que hasta la fecha se

admiten en los procesos judiciales de investigación y reconocimiento de paternidad,

propuestos por la madre, cuestionamientos a la vida privada y sexual de la demandante

como representante de su hijo o hija menor de edad, bajo aseveraciones que constituyen

verdaderos hechos de daño moral, basándose en la exigencia de una "moral" tan solo

para la mujer, que para ponerla en "sospecha", en "duda" se acude a agravios sobre su

conducta sexual. Por su parte el demandado, generalmente hombre, está libre de que se

cuestione su "moralidad", y su posición suele ser el "ataque" discriminatorio, para eludir

la responsabilidad paterna; su vida sexual, obviamente -por ser hombre- no se cuestiona.

Sobre los agravios que se lanzan hacia las mujeres, o sobre la negativa aún sabiéndose

potencial padre por haber mantenido relaciones sexuales con la demandante, no existe






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ningún tipo de sanción.

Fundamentalmente justifica el presente proyecto de ley, más de 37.000 juicios que se

registran iniciados sobre esta materia, en 294 judicaturas civiles y de niñez y

adolescencia a nivel nacional. Ese dato es producto de un requerimiento de información

sobre el tema al Consejo de la Judicatura de Transición, y que fue contestado desde las

delegaciones provinciales de 22 provincias, en muchos casos con desagregación de la

información por judicatura, por años, por tipo de juicio; así como con rangos de tiempo

indistintos que oscilan entre datos correspondientes a un año a veinte años. Sin embargo

de que no se posee el número preciso de juicios iniciados, de lo requerido se ha

contabilizado la alarmante cifra señalada, lo que nos indica que negar o impugnar la

paternidad o maternidad es un hecho recurrente en nuestra sociedad, dando cuenta de que

el derecho al nombre y apellido, o, no es ejercido o se lo pone en riesgo en muchos casos,

lo cual exige medidas legislativas además de la reforma judicial para garantizar esos

derechos de las personas.

2.1.4.- Ley Reformatoria de la Función Legislativa para la Coordinación

Interparlamentaria entre la Asamblea Nacional y Parlamentos Regionales.

La propuesta permite que mediante ley se institucionalice una coordinación

interparlamentaria tendiente a armonizar las leyes regionales con las nacionales,

promover la participación ciudadana, el debate y las decisiones para construir una cultura

sobre la integración regional.

Con este proyecto de ley los Parlamentarios Andinos de la representación del Ecuador

participarán con propuestas, en el debate de las comisiones especializadas o en el Pleno

con derecho a voz y para viabilizar esta propuesta se plantea las reformas a la Ley

Orgánica de la Función Legislativa.

2.2.- OBSERVACIONES A INFORMES DE PROYECTOS DE LEY






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2.2.1.- Observaciones y Propuestas al Código Orgánico Integral Penal este Código

debe garantizar justicia, combatir la impunidad y proteger a las víctimas.

La propuesta de este nuevo Código, entre otras cosas advierte un avance importante en

cuanto a tipificar nuevos delitos que expresan la nueva realidad social en cuanto la

sociedad experimenta cambios y estos a su vez generan dificultades, me refiero a los

nuevos delitos económicos, ambientales, informáticos, etc., y que ha devenido también

en nuevas formas de delincuencias estructuradas dirigidas a la comisión de delitos.

Caso especial de rescatar es la tipificación del femicidio y la incorporación de la causal

de aborto no punible por violación que con respeto disentimos de otros criterios que

pretenden sancionar la condición moral de la mujer dejando a un lado la sanción de los

delitos como es la violación.

La tipificación especifica de la violencia intrafamiliar que en cuanto a sus procedimientos

penales tiene que trabajarse para precautelar los avances de la ley 103 y que debe

revisarse la derrogatoria de algunos artículos. En fin la tipificación de delitos sexuales,

con normas claras sobre el consentimiento irrelevante, atenuantes y agravantes

específicas, la eliminación de los delitos de injuria, etc. son avances innegables.

2.2.2.- Observaciones al Proyecto de Ley Interpretativa a las Disposiciones General

Primera y Disposición Transitoria Primera del Mandato Constituyente No. 8.

El Decreto Ejecutivo 1121 del 3 de junio de 2008, mediante el cual se dictó el

Reglamento al Mandato Constituyente Número 8, pretendió regular y limitar el alcance

de esta norma estableciendo condiciones para que se puedan considerar la existencia de

servicios técnicos especializados que no conlleven una relación laboral y prohibiendo a

la vez en el mismo artículo 16, vincular en esta forma de contratación civil a los

denominados contratos de "servicio prestado", de "prestación de servicios" o de

"servicios profesionales", que varios empleadores han venido utilizando para encubrir

relaciones laborales claramente tercerizadoras o intermediadoras, cuando en realidad

dicha relación reúne los tres elementos que integran y definen al contrato de trabajo: a)

prestación de servicios lícitos y personales; b) relación de dependencia o subordinación






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jurídica que implica horario de trabajo y acatamiento de las órdenes o disposiciones del

empleador; y, c) Una remuneración.

El objetivo de la interpretación es:

Que se regulen los contratos de servicios técnicos especializados de las instituciones y

empresas públicas y privadas, para evitar el abuso de este mecanismo que generalmente

es utilizado para ocultar verdaderas relaciones de trabajo y de esta forma evadir el

cumplimiento de las obligaciones económicas y demás derechos de los trabajadores. De

esta forma estaríamos protegiendo al trabajador y atacando todas las formas utilizadas

para precarizar el trabajo.

Que se establezca a las empresas usuarias de los servicios técnicos especializados como

responsables solidarios de la relación laboral, en virtud de lo cual, estarán obligadas a

controlar que la empresa prestadora de servicios especializados cumpla con las

obligaciones en favor de sus trabajadores, antes de cancelar la totalidad del monto del

contrato o devolver las garantías. De esta forma las empresas usuarias están colaborando

con los trabajadores en la protección de sus derechos, entre otras.

2.2.3.- Observaciones Segundo Debate Proyecto de Ley Fijación de Límites

Territoriales

Establece el plazo de dos años para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados

utilizando los mecanismos de diálogo y arbitraje establecidos en la ley y si no llegaren a

la solución de controversias limítrofes, el Presidente de la República podrá solicitar al

CNE convocar a Consulta popular para que su pronunciamiento sea vinculante a las

partes.

2.2.4.- Observaciones a las reformas a la Ley de creación del Cantón La Concordia

y a la Ley de creación de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Respecto al Mandato de la Consulta Popular , para definir la pertenencia del Cantón La

Concordia realizada en Mayo del 2011. Corresponde a la Asamblea Nacional, la Reforma

a la Ley que crea la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en especial lo






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referente a los nuevos límites de la misma.

2.2.5.- Observaciones Proyecto de Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado,

que tiene por objeto garantizar a los Gobiernos o Juntas Parroquiales su participación en

el capital accionario del Banco del Estado, así como facilitar su acceso a créditos.

2.2.6.- Observaciones Proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social

Cuya finalidad principal es generar los recursos suficientes para fortalecer los program,as

gubernamentales de protección a los sectores de atención prioritaria, así como

incrementar el monto económico que se entrega por concepto del Bono de Desarrollo

Humano.

2.2.7.- Observaciones Proyecto de Ley de la Función de Transparencia y Control

Social. Ratifica la competencia y potestad de esta Función del Estado manteniendo su

facultad sancionadora.- Además establece la Coordinación interinstitucional de sus

Órganos para lograr una eficiencia y corresponsabilidad en el ámbito de su competencia.

2.2.8.- Observaciones Proyecto de Ley de Burós de Información Crediticia.-

Actualmente los buros de información crediticia son privados, con esta ley se pretende

que sean públicos por un lado, y, por otro, que cuando las personas cancelen sus

obligaciones inmediatamente y sin trámite alguno sean eliminados de la central de riesgo.

2.2.9.- Observaciones Proyecto de Ley de Defensa de los Derechos Laborales.-

El objetivo de este proyecto es que las deudas que las empresas mantienen con sus

trabajadores se cobren por la vía coactiva, se garantice los derechos de las y los ex –

trabajadores de los casinos, eliminar los abusos contra empleadas domésticas, garantizar

el pago de utilidades justas y universalizar el derecho a la maternidad, incrementando las

horas de lactancia materna.






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2.2.10.- Observaciones al Proyecto de Ley de Comunicación.

Al haberse reformado en gran medida el proyecto inicial presentado por la Comisión

respectiva y recogido algunos de nuestros planteamientos, como por ejemplo la

necesidad de la distribución igualitaria de las frecuencias en un 33% para cada uno de los

sectores; público, privado y comunitario; porque en los contenidos consta un importante

espacio obligatorio para la promoción de la producción nacional, entre otros , apoyamos

esta versión final del proyecto de comunicación.

2.2.11.- Observaciones al Proyecto de Ley Interpretativa de la Ley Orgánica del

Servicio Público. LOSEP

Este proyecto tiene como finalidad resolver el problema suscitado con los maestros que

se acogieron a la jubilación los años 2008, 2009, 2010, reconociéndoles el derecho que

tienen al estímulo económico contemplado en el artículo 129 de la Ley Orgánica de

Servicio Público, en concordancia con la Disposición Transitoria Vigésima Primera de la

Constitución de la República en los montos en ellas establecidas y, no en la aplicación

que se les hizo, con una compensación económica menor a lo establecido legal y

constitucionalmente.

2.2.12.- Observaciones al Proyecto de Ley del Anciano.

La propuesta radica en que no debe ser reformas a la Ley del Anciano, sino la

construcción de una nueva Ley del Adulto Mayor, para lo cual se presentó una nueva

estructura, acorde a la nueva institucionalidad dispuesta en leyes vigentes, incorporando

además los derechos y garantías contemplados en la actual Constitución para los grupos

de Atención Prioritaria, entre los que obviamente se encuentran las personas adultas

mayores, y su integración a los Consejos de igualdad dispuestos también por la

Constitución de la República.

El Proyecto presentado por la Comisión respectiva, fue cambiado totalmente, ya que éste

se trataba de una pequeña modificación a la Ley del Anciano.






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2.2.13.-Observaciones al proyecto de Ley del pueblo Afro ecuatoriano.

Lo principal que contiene este proyecto, es nuestro aporte de crear en esta ley, el Consejo

Nacional de Igualdad para el Pueblo Afro ecuatoriano, con las atribuciones que les da la

Constitución, y que son las de formulación, transversalización, observancia, seguimiento

y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género,

generacionales, etc, y en este caso concreto, étnicas.

Con esta propuesta pretendemos reparar en algo, los siglos de exclusión y oprobio a la

que han sido sometidos los afro ecuatorianos y precautelar sus derechos individuales y

colectivos, tal como lo dispone nuestra Norma Suprema en el artículo 156, para superar

el racismo y la discriminación aún imperantes en nuestro país.

2.2.14.- Observaciones al proyecto de Ley de Discapacidades.

Aportamos con importantes criterios para la elaboración de Ley, de manera particular con

la estructura establecida en la nueva institucionalidad dispuesta en leyes vigentes,

incorporando además los derechos y garantías contemplados en la actual Constitución

para los grupos de Atención Prioritaria, entre los que obviamente se encuentran las

personas con discapacidad, y con la sugerencia de constitución e integración del Consejo

de Igualdad de Discapacidades, dispuestos también por la Constitución de la República.

2.2.15.- Observaciones al proyecto de Ley Reformatorio de la Ley Orgánica del

Servicio Público, LOSEP.

Fueron un número importante de observaciones que realizamos al proyecto de reformas a

la LOSEP, entre ellas podemos mencionar las que defienden la estabilidad de los

funcionarios públicos, consideramos que el beneficio económico de la jubilación no

pueden ser pagados con bonos del Estado y, que se de preferencial atención a las

personas adultas mayores y a las que sufren de enfermedades catastróficas. Creemos que

debe modificarse el art. 47, literal K, por cuanto no puede existir una “ renuncia

Obligatoria. También respaldamos la reforma de que el servidor público tenga derecho a

la remuneración íntegra correspondiente al mes en que se produzca la separación, sin






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importar el día en que esto suceda.

2.2.16.- Observaciones al proyecto de ley de la Juventud.

En este tan importante tema nuestras observaciones y aportes fueron fundamentales para

que se tenga una clara comprensión de la situación de la juventud, se reconozca su aporte

y se delineen acciones en beneficio de tan importante sector, que representa cerca del

45% de la población, por lo cual reiteramos que la estructura que debe tener el

organismo rector sobre las políticas de la juventud deber ser acorde a la nueva estructura

institucional del Estado, y que las mismas -políticas- deben estar en relación a lo

dispuesto en el artículo 39 de la Constitución de la República, que entre otras cosas

reconoce el papel estratégico que ellos tienen en el desarrollo del país.

Planteamos sugerencias para ir construyendo, a más de todos los derechos propios que

como ser humano tienen, lo relativo a las pasantías en el sector público y privado como

un sistema pagado, el derecho al primer empleo y a la capacitación y la participación en

ese tan importante campo de la economía popular y solidaria y finalmente con las

veedurías ciudadanas integradas por jóvenes, hombres y mujeres de nuestro Ecuador.

2.2.17.- Observaciones al proyecto de ley de las Culturas.

Este proyecto tiene dos ejes fundamentales, la protección y promoción de los derechos

culturales, y la creación del Sistema de Cultura, como organismo para garantizar estos

derechos.

Planteamos entre otras observaciones que se cree un Consejo Nacional de Cultura, no

como ente de consulta, sino de rector del Sistema Nacional de Cultura e integre también

a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el Sistema. En cuanto a la Casa de la

Cultura Ecuatoriana, CCE, si bien debe ser parte del Sistema Nacional de Cultura, la

relación debe ser de autonomía en el ejercicio de sus fines y objetivos consensuados en el

Consejo Nacional de Cultura.






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Para cumplir con el artículo 57, numeral 17 de la Constitución de la República el

Consejo de Administración Legislativa, CAL, de la Asamblea Nacional expidió el

Instructivo para la realización de la Consulta Pre legislativa, que tiene por finalidad la

realización de un proceso de participación ciudadana que permita a las comunas,

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, al pueblo afro ecuatoriano, al pueblo

montubio, y a las organizaciones titulares de derechos colectivos ser consultados para

pronunciarse sobre temas específicos, en este caso sobre temas culturales.

2.2.18.- Observaciones Segundo Debate Proyecto de Ley Derogatoria en Materia de

Casinos y Salas de Juegos.

El plazo del Decreto Ejecutivo No. 873, del 16 de septiembre de 2011 culminó el 16 de

marzo de 2012, por lo que en la actualidad, en cumplimiento de dicha normativa y del

mandato popular, no debe existir ningún casino o sala de juego en funcionamiento, lo que

hace imprescindible la expedición de una ley que derogue las leyes y demás normas

jurídicas que permiten el establecimiento y funcionamiento de dichos sitios de juego por

lo que se solicitó incluir la siguiente propuesta:

1.- Incluir un considerando que señale que la presente ley derogatoria se expide en

cumplimiento del tercer inciso del artículo 106 de la Constitución de la República del

Ecuador, que establece que el pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato

cumplimiento, pues esta es la base misma de la expedición de la Ley en trámite, que nace

de la voluntad popular, la cual debe ser cumplida de manera obligatoria por todas las

instituciones públicas entre ellas la Asamblea Nacional.

2.-Se establezca entre los considerandos que por el carácter garantista del Estado

ecuatoriano y con la finalidad de garantizar los derechos a la dignidad humana, se

ampare la ley también en el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador

que establece que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la

obligación de adecuar formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los

derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean






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necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y

nacionalidades.

2.2.19.- Observaciones al Proyecto de Rehabilitación de los Productores

Agropecuarios, Artesanos y Pescadores Artesanales.-

Es necesario promover a los pequeños productores para reactivar el aparato productivo

del país, el proyecto no plantea la condonación de deudas, sino la restauración de

créditos en vista que existen 200 mil pequeños productores que no pueden acceder a

nuevos créditos para reiniciar sus actividades productivas y más que pensar en pérdidas

económicas lo que va a generar es recuperar los valores que fueron concedidos como

préstamos y ayudar a este grupo de personas que no han podido cumplir con sus

obligaciones, en muchos casos por causas del cambio climático, inestabilidad de los

precios entre otras. Este proyecto fue debatido por el Pleno de la Asamblea en este

período y está para Segundo Debate. Se presenta observaciones para el Informe final.

2.2.20.- Observaciones Código Integral Penal

La propuesta propone que se sustituya el artículo 506 Procedimiento para accidentes de

tránsito, en el que se refiere a que en los accidentes de tránsito que se suscitaren deberán

tomar el debido procedimiento a fin de elaborar el parte policial respectivo, en el que se

detallará las circunstancias de la infracción y ponerla en conocimiento de la autoridad

competente, no sin antes requerir de los organismos especializados su intervención a fin

de establecer claramente si se trata de una infracción o un délito de tránsito.

2.2.21.- Observaciones al Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Prevención y

Control de la Contaminación Acústica.

Este proyecto de ley se considera como fundamental e importante porque no existe en el

país una normativa que regule y prevenga la contaminación acústica, se requiere

clarificar el objeto, ámbito, principios rectores e institucionalidad para cumplir el

propósito, al preguntarse si no hay educación, cómo se puede lograr un control y






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mejoramiento del ambiente. Se debe afianzar la seguridad industrial de los trabajadores, a

fin de prevenir y garantizar sus derechos.

2.2.22.- Observaciones y Propuestas de Reformas a la Ley de Seguridad Social.

1.- Garantizar la Seguridad Social a las personas que realizan trabajo domestico no

remunerado, que estima alcanzaría a un millón y medio de personas.

2.- Adecuar a la Ley de Seguridad Social frente a la tipificación de delito penal y las

sanciones ante la no afiliación de los trabajadores en relación de dependencia.

3.- Jubilación especial de la mujer; que de manera voluntaria pueda jubilarse con 360

imposiciones y 55 años de edad.

4.- Afiliación de los ecuatorianos que viven en el exterior.- Garantiza al derecho a la

afiliación voluntaria de los ecuatorianas y ecuatorianos que viven en el exterior o en

favor de sus familiares que residen en nuestro país.

5.- Inclusión en los beneficios de la Seguridad Social a los trabajadores autónomos, a los

profesionales en el libre ejercicio, personas que realizar actividades para el auto sustento

en el campo, artesanos y adultos mayores no afiliados para lo cual se propone un régimen

especial del Seguro Social inclusivo.

6.- Garantías para el derecho a la prestación de salud y maternidad a las personas que

hayan aportado a la Seguridad Social y se encuentren desempleados temporalmente.

7.- Formación ciudadana en Seguridad Social desde el Sistema Nacional de educación en

coordinación con el organismo Rector de Seguridad Social.

8.- Regularizar la venta de bienes de forma directa a los posesionarios pacíficos,

asentados en propiedades del IESS.

9.- Se recomienda también auditorías especiales a los fondos privados administrados por

el IESS, a efectos de transparentar las inversiones realizadas con estos recursos.






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Estos son los aspectos principales que contienen el informe entregado a la Comisión de

Seguridad Social de la Asambleísta Silvia Salgado.

3.- DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO

BASE CONSTITUCIONAL Y LEGAL

El control político y la fiscalización son un mandato popular.- El control político y la

fiscalización radican en la soberanía del pueblo, tal como lo determina el artículo 1) de la

Constitución de la República... “ La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las

formas de participación directas previstas en la Constitución.”, esto en concordancia con

lo dispuesto en el artículo 204 que señala que “ el pueblo es el mandante y primer

fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación”. El pueblo a

través del voto da a cada legislador la potestad no solo como una atribución, sino como

una obligación de controlar y fiscalizar a las y los funcionarios públicos.

Objetivos del control político y la fiscalización. Controlar a los órganos del poder

político, expresado en la Funciones del Estado; Función Ejecutiva, Judicial, Participación

Ciudadana y Control Social, Electoral, otros organismos y funcionarios como las

Superintendencias de control de los diferentes sectores, Superintendencia de Bancos y

Seguros, Fiscalía, Contraloría General del Estado, etc.

Cómo ejerce la Asamblea Nacional esta obligación constitucional;

La Asamblea Nacional, ejerce su atribución de fiscalización a través de tres mecanismos:

Requerimiento de información documental. El artículo 120, numeral 9, de la

Constitución de la República entre las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional

establece: “ Fiscalizar los actos de las Funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia

y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y

servidores públicos las informaciones que considere necesarias.






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El Art. 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice “ Las y los Asambleístas

tienen la facultad de requerir información a las y los funcionarios detallados en el artículo

120 numeral 9, 225 y 131 de la Constitución de la República.

En caso de que, en un plazo de quince días dichos funcionarios no entreguen la

información o la entreguen de forma incompleta el Asambleísta requirente pondrá en

conocimiento de la Presidenta o presidente de la Asamblea Nacional dicho

cumplimiento, a fin de que el Consejo de Administración Legislativa, remita la

documentación relacionada con el mismo, a una de las comisiones especializadas.

El requerimiento de información tiene como principales objetivos los siguientes:

- Esclarecer hechos denunciados por la ciudadanía.

- Investigar hechos que han despertado la alarma social a nivel nacional o en una

determinada circunscripción o que constituyan violación de los derechos de los

ciudadanos o afecten el interés público.

- Detectar irregularidades cometidas por las otras funciones del Estado.

- Solicitar a las distintas autoridades públicas, que en el marco de su competencia

resuelvan, investiguen o sancionen hechos que han sido investigados.

La comparecencia a las Comisiones Legislativas Permanentes. De acuerdo al artículo

76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión especializada conocerá el

pedido y requerirá por escrito al funcionario público que conteste nuevamente o que

complete la información. Para ello, la funcionaria o funcionario público, en un plazo de

quince días, comparecerá en persona ante la comisión, previa convocatoria. Si el

funcionario público no comparece, será causal de enjuiciamiento político.

Si la Comisión especializada considera que la respuesta de la o el funcionario público es

satisfactoria podrá, con la mayoría absoluta de sus miembros , archivar la petición ; o por

el contrario con mayoría de sus miembros, podrá solicitar a la Presidenta o Presidente de






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la Asamblea Nacional el inicio del juicio político correspondiente.

En el marco de crear una nueva cultura parlamentaria, en la cual la comparecencia de un

ministro de estado u otra autoridad no este vinculada únicamente a un incumplimiento de

funciones, sino que la misma sea el espacio en el cual el funcionario del Estado pueda

dar a conocer sus políticas y los legisladores hacer efectivos los diferentes mecanismos

de fiscalización y control político que tengan como fin la superación de los errores o

negligencia de los actos administrativos de estos funcionarios y, cuando el caso amerite

determinar las responsabilidad que correspondan, se ha invitado a los diferentes

funcionarios públicos a comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional o ante las

comisiones especializadas.

Los objetivos que se persigue a través de las invitaciones a comparecer son:

- Recibir testimonios o denuncias por parte de funcionarios públicos o la ciudadanía en

general sobre posibles irregularidades presentadas en alguno de los niveles de las

Funciones del Estado

- Investigar hechos que han despertado la alarma social a nivel nacional o en una

determinada circunscripción o que constituyan violación de los derechos de los

ciudadanos o afecten el interés público.

- Recibir testimonios a favor o en contra de funcionarios contra los cuales se han

presentado solicitudes de juicios políticos

Juicio político.- La figura del juicio político está contemplada en nuestra Constitución de

la República que en la sección sobre el control de la acción de gobierno en su artículo

129 prescribe:






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“La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la Presidenta o

Presidente, de la vicepresidenta o vicepresidente de la República, a solicitud de al menos

una tercera parte de sus miembros, en los siguiente casos:

1.- Por delitos contra la seguridad del Estado.

2.- Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

3.- Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u

homicidio por razones políticas o de conciencia.

Para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte

Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo.

En un plazo de setenta y dos horas, concluido el procedimiento establecido en la ley, la

Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo

presentadas por la Presidenta o Presidente de la República.

Para proceder a la censura y destitución se requerirá el voto favorable de las dos terceras

partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Si de la censura se derivan indicios de

responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la jueza o juez

competente.

El artículo 131 de la Constitución de la República determina que la Asamblea Nacional

podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus

miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley,

de las ministras o ministros de Estado, el Procurador General del Estado, Fiscalía

General del Estado, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría

Pública, Superintendencias y a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal

Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y

Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine, durante el

ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado”.






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Lo anterior es concordante con lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa.

Según los juristas Llanos y Mustapic, el juicio político está incluido en la noción de

control parlamentario y es una pieza fundamental en la arquitectura democrática, se

materializa en la actividad que lleva adelante la Función legislativa para fiscalizar al

Ejecutivo y a otros funcionarios con el fin de que sus decisiones no sean desvirtuadas al

ser puestas en práctica.

El juicio político constituye una forma de control político que debe ser tratado con

madurez política por parte del Ejecutivo, dejando que los órganos de control ejerzan su

función, de manera autónoma y responsable. A decir de Verdezoto “la excesiva

protección al gabinete ministerial deviene en mayor inestabilidad presidencial”.

Según Verdugo Silva al tratar el juicio político es necesario diferenciarlo de otros

mecanismos tanto formales como informales, ya que el juicio político permite la

culminación del mandato de una autoridad de elección popular ( Presidente o

vicepresidente de la República) o de otras autoridades públicas de alto rango, antes del

plazo para el que han sido designados.

La fiscalización y el control, con uno de sus instrumentos el juicio político, también

contribuye a la existencia de los contrapesos, que son la esencia de un sistema

democrático de división de poderes. Su existencia implica que cada uno de los poderes

públicos y niveles de gobierno tiene atribuciones limitadas y depende de los otros para

poder funcionar. Ninguno es eficaz por sí mismo, pero todos funcionan en conjunto:

cuando todas las partes, Ejecutivo, Asamblea Nacional, Función judicial, Electoral y de

Participación y Control Social, los gobiernos provinciales y municipios- etc, reconocen

sus limitaciones y dependencia mutua, el sistema logra una capacidad de operación






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autónoma pero fundamentalmente armónica.


ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA

NACIONAL.-

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, tuvo como

cometido institucionalizar las nuevas competencias constitucionales y procedimientos

legales definidas para la fiscalización política, lo que a propósito no ha sido para

determinados sectores políticos aceptado y por el contrario ha sido manipulado y

distorsionado intencionalmente para arremeter contra el Ejecutivo y desprestigiar a la

propia Asamblea Nacional.

Es importante resaltar que pese a que hay que perfeccionar los mecanismos y

procedimiento de fiscalización y control político, el trabajo ha sido productivo y

fructífero, pues contrariamente a lo que desean algunos sectores, la Comisión de

Fiscalización y Control Político no se ha prestado para convertirse en una tribuna

politiquera, o una barrera para el trabajo de las otras Funciones del Estado. Se ha

logrado entonces implementar los nuevos procedimientos de control y fiscalización

política permitiendo ante todo el reconocimiento de derechos de los ciudadanos,

detección de irregularidades y protección de los recursos del Estado, sin que se pueda

dejar de señalar que en muchos casos y actos de corrupción denunciados hayan tenido

la prioridad y las sanciones que permitan ir combatiendo este mal social, que requiere

urgente sea erradicado, por el conjunto del Estado y de la misma sociedad civil.

Esa es la verdadera finalidad del balance y equilibrio de poderes, no que entre los

Poderes del Estado se saboteen su trabajo y sus funciones, sino que exista una

permanente información del Ejecutivo al Legislativo, para ir transparentando la función

pública, corrigiendo falencias presentadas, combatiendo la corrupción y, que el resultado






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sea el desarrollo y buen manejo del Estado y el cumplimiento de sus objetivos, entre los

cuales se destaca el reconocimiento y aplicación de los derechos de las y los ciudadanos.

Adjunto a la presente, expongo un detalle del trabajo realizado durante el periodo de este

informe, como Presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la

Asamblea Nacional:

3.1.- REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

Son decenas de requerimientos de información los que he tramitado en mi calidad de

Presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, durante este periodo, los

cuales no han ido direccionados a determinada Función del Estado, sino a todas las

instituciones que conforman la administración pública con la finalidad de investigar y

esclarecer hechos denunciados por la ciudadanía, detectar irregularidades cometidas por

autoridades estatales, solicitar a las autoridades de control las investigaciones y sanciones

respectivas y, finalmente recomendar a las autoridades reviertan actos que puedan afectar

a los ciudadanos o reconozcan derechos que hayan sido desatendidos o afectados.

Entre los principales requerimientos de información que he impulsado se pueden resaltar

los siguientes:

Ministerio de Salud: Se pidió el detalle del pago de horas complementarias y

suplementarias de los trabajadores de la Salud , lo que permitió esclarecer el tema, en

procura de proteger los derechos laborales.

Se solicitó que la autoridad aclare ciertas denuncias sobre la construcción del nuevo

Hospital de Durán, lo cual transparentó a la ciudadanía los procedimientos contractuales.

Se solicitó información sobre las personas afectadas con VIH, lo cual fue la base teórica ,

que me permitió presentar un proyecto de ley para prevenir la propagación de dicha

epidemia.






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Se requirió información de las razones por las cuales no se desaduanizaba insumos para

diagnosticar y tratar alergias infantiles, ante lo que se logró su pronta entrega. Se solicitó

información con la finalidad de proteger los derechos gremiales de la Asociación de

empleados y trabajadores del Hospital Pablo Arturo Suárez.

Ministerio de Educación: Se exigió que la Ministra informe las razones por las cuales

se suspendió la alimentación en el Instituto de Educación Especial Ibarra, y la Escuela

Rodolfo Estrada, lo que posibilitó que la autoridad realice un control y se restablezca la

alimentación en el centro educativo.

Se realizó control político para que las personas con enfermedades catastróficas o

discapacidades sean de atención prioritaria en las jubilaciones.

Se hizo un seguimiento del pago a los jubilados del magisterio nacional, lo cual permitió

que se lo realice de manera más ágil y efectiva. Se impulsó para que se cumpla con el

artículo 85 de la LOEI y se conforme el Consejo Plurinacional del Sistema de Educación

Intercultural Bilingüe. Se solicitó información sobre la jubilación adicional de los

maestros del magisterio nacional que permita cumplir los derechos establecidos para los

maestros que aportaron el 5% para la jubilación adicional hasta el 2011 y se extienda

para los cinco próximos años, para lo cual el Ministerio de Educación deberán con el

Ministerio de Finanzas e IESS, presentar los montos individualizados de acuerdo a los

aportes realizados.

Uno de los temas pendientes para el control político es continuar evaluando el proceso de

concurso de merecimientos para el magisterio, ya que durante este período aún subsisten

más de 30000 contratos perjudicando a los profesionales en sus remuneraciones.

Ministerio de Relaciones Laborales: Se solicitó que se establezca la escala

remunerativa de los Directores y Rectores de las instituciones educativas, lo cual será

una realidad desde el inicio del año 2013. A petición de un grupo de trabajadores se

solicitó al Ministerio que aclare si los trabajadores que renuncien serían liquidados de

acuerdo al Mandato 8 o al Contrato Colectivo, lo que permitió una mejor aplicación de la

norma. Se denunció ciertas irregularidades de algunos servidores públicos en la Empresa






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Eléctrica de Ambato. Se solicitó información en relación a la situación de los jubilados

de EMETEL para que se reconozcan sus derechos laborales. Se solicitó audiencia en la

cual, personalmente se requirió información para transparentar el estado de las relaciones

laborales en Ingenio Azucarero del Norte y Agrocalidad. Se hizo seguimiento a trámites

de contratación colectiva y de garantía de la libre sindicalización.

Se solicitó información sobre acciones que garanticen el cobro de utilidades por parte de

los trabajadores de empresas privadas acerca del Salario Digno, ante denuncias públicas

de trabajadores.

Ministerio de Ambiente: Se denunció y pidió informe sobre actos atentatorios al medio

ambiente en la Comuna Marocal Barcelona por parte de la Empresa Minera Cevallos

Calisto, lo que permitió a la autoridad revisar la licencia ambiental de la empresa. La

misma situación con el Proyecto BLUE TOWERS de Guayaquil, lo que permitió que la

municipalidad inicie un nuevo proceso de licenciamiento ambiental respecto del

proyecto. Se realizó un seguimiento a los informes de impacto ambiental de los bloques

petroleros ubicados en la provincia de Orellana para proteger el medio ambiente. Se

solicitó información sobre las licencias medio ambientales otorgadas en el sector de Intag

para la exploración minera y en particular de la concesión minera del campo

Mandariyacus, ante lo cual la autoridad remitió la información que puede ser utilizada

para el control de las mismas. Se colaboró con la comunidad Agroecológica Montecristi

para solicitar información sobre las razones por las cuales no se ha dado la adjudicación

de las tierras ocupadas por 30 años.

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca: Se fiscalizó la

contratación del Ministerio con la empresa Frontline Promanement, la adjudicación de

tierras con la Asociación Agropecuaria Cutuglagua y las contrataciones de ex INAR, para

transparentar las contrataciones y la adjudicación. Se atendió las denuncias de la

Asociación Agrícola Ganadera San Fernando y de los campesinos de la hacienda

Monteserrín del cantón Cayambe transmitiendo al Ministerio para que aclare posibles

irregularidades y sobre el pago de las jubilaciones de quienes laboraron en el ex INDA.






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Ministerio de Obras Públicas y Transporte: Se fiscalizó la adjudicación de obras a

empresa que mantiene obligaciones con el Estado en la Refinería del Pacífico. Se

fiscalizó la ejecución de la obra entre los dos recintos Chinguillo y la Perla.

Se hizo control político sobre la aplicación de la nueva Ley de tránsito, en particular

sobre los chalecos para motociclistas solicitando la auditoria a la Contraloría, la

calificación de Escuelas de Capacitación, Evaluación de puntos, que se cree y funcione el

Consejo Consultivo y principalmente se haga cumplir con el acceso al trabajo de las

mujeres en el sector del transporte público y comercial.

Empresa Pública Coca Codo Sinclair y Proyecto Syno Hydro.

Requerimiento de Información a la Empresa Pública e inspección al proyecto

hidroeléctrico para verificar denuncias de trabajadores sobre condiciones de trabajo. Se

estableció inspecciones regulares del Ministerio de Relaciones laborales, Se reintegró a

trabajadores despedidos o suspendidos, y se observó a la Empresa China sobre los

riesgos de trabajos, derechos sindicales y se responsabilizó a la Fiscalización contratada

para el proyecto, la presentación de Informes con la posibilidad de que ante los

incumplimientos se sancionen de ser el caso.

Instituto de Seguridad Social IESS.

Se solicitó información sobre la jubilación adicional de los maestros del magisterio

nacional solicitando estudios actuariales que demostraron la urgencia de recapitalizar el

Fondo que permita cumplir los derechos establecidos para los maestros que aportaron el

5% hasta el 2011 y se extienda para los maestros de los cinco próximos años, hasta que

genere los impactos positivos el pago de aportes sobre el 100% de las remuneraciones.

Al momento se cuenta con un Decreto Presidencial para el Pago, y el Ministerio de

Finanzas ya ha definido el mecanismo de Pago con carácter retroactivo desde el 2011.

Otros: Se ha consultado sobre el procedimiento de venta del predio “La Delicia” en






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Santo Domingo de los Tzáchilas en favor de los posesionarios por parte del IESS. Las

razones de la demora por el Ministerio de Vivienda en la entrega del Bono de Vivienda

para el Proyecto Tejar en favor de las personas de escasos recursos a las cuales ya se

aprobó. Se fiscalizó y se dio seguimiento a las denuncias sobre irregularidades en el

manejo de la herramienta eSigef, lo que permitió prevenir y tomar acciones sobre el

desvío de fondos públicos a cuentas particulares en ciertas instituciones públicas.

El requerir información sobre el incumplimiento de contrato de ANSUMAR con

pescadores de Galápagos, permitió que autoridades del Banco de Fomento flexibilicen la

forma de pago de los créditos otorgados a los pescadores artesanales.

Además no solo he impulsado requerimientos de información sino que en la Comisión de

Fiscalización y Control Político se han dado decenas de comparecencias, lo cual resalta

la labor de fiscalización seria y responsable que se ha desempeñado, con la finalidad de

fomentar una cultura de transparencia y de rendición de cuentas de quienes cumplimos

funciones de representación popular y que nos debemos a los ciudadanos, mandantes y

fuente de esa representación.

3.2.- COMPARECENCIAS A LA COMISIÓN.-

3.2.1.- Ec. Patricio Rivera. Ministro de Finanzas. 04 de julio de 2012. Dar a conocer a

la Comisión sobre el sistema informático eSigef para la administración del presupuesto

nacional. El Ministro de Finanzas explicó a los miembros de la Comisión el manejo de la

herramienta eSigef, los antecedentes mediante la cual fue adquirida, y las irregularidades

que se han presentado en su manejo, explicando las principales razones y las acciones

que se han emprendido al respecto. Se solicita examen a Contraloría y se realiza

seguimiento a recomendaciones.

3.2.2.- Sra. Mercy Borbor. Ministra de Ambiente encargada. 12 de septiembre de 2012.

Dar a conocer los hechos relacionados con el mal uso de las claves informáticas del






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sistema eSigef, ocurrida en su respectiva cartera de Estado. No asiste por que la titular se

encuentra fuera del país. Sin embargo se acepta la comparecencia de la Ministra

Subrogante del Ambiente.

3.2.3.- Ing. Lyndon Cajas Granda. 26 de Septiembre 2012. Gerente General del Banco

de Fomento. Absolver los cuestionamientos sobre supuestas irregularidades en el

Préstamo otorgado por el Banco Nacional de Fomento a un grupo de Pescadores, de

Galápagos. Se concluye el caso arreglando en beneficio de los pescadores.

3.2.4.-Ec. Alexandra Granda Arias. Presidenta del Directorio del Banco Nacional de

Fomento. 26 de septiembre de 2012. Absolver los cuestionamientos sobre supuestas

irregularidades en el Préstamo otorgado por el Banco Nacional de Fomento a un grupo de

Pescadores de Galápagos.

3.2.5.- Dr. Carlos Pólit . Contralor General del Estado . 03 de mayo de 2012. Informar

en el marco de sus competencias las acciones y decisiones realizadas por las instituciones

a su cargo en relación al uso de la valija diplomática para el envío de droga a Italia.

Realiza una breve exposición sobre las preguntas formuladas por escrito por los

Asambleístas y luego con autorización de la presidenta de la Comisión, responde a las

preguntas dando respuestas de manera íntegra y total. Existe resultados del examen de

Contraloría y se establece responsabilidades y sanciones de carácter administrativo.






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3.2.6.- Dra. Doris Soliz. Ministra de Inclusión Económica y Social. 26 de septiembre de

2012. Dar a conocer los hechos relacionados con el mal uso de las claves informáticas

del sistema eSigef. Comparece la Ministra quien hace conocer que se está haciendo

esfuerzos para mejorar el control en la aplicación del sistema ESIGEF de transferencias

financiera. Hace conocer que los problemas ocurridos no han sido en su administración.

Al final de su exposición entrega la documentación. Sin embargo existe denuncia

presentada en Fiscalía.

3.2.7.- Dra. Carina Vance. Ministra de Salud Pública. 01 de Octubre del 2012. Dar a

conocer los hechos relacionados con el mal uso de las claves informáticas del sistema

eSigef, ocurrida en su respectiva cartera de Estado. Comparece la Ministra y señala que

el problema suscitado en el MSP, se han suscitado antes que se haga cargo de esa cartera.

Tan pronto se ha conocido ha presentado la denuncia respectiva. Se ha realizado un

instructivo para el buen funcionamiento del ESIGEF.

3.2.8.- Ab. Pedro Solines Chacón. Superintendente de Bancos y Seguros. 03 de octubre

de 2012. Para que explique las acciones de control emprendidas en el marco de sus

competencias, respecto de las operaciones de crédito que hubiesen sido otorgadas al

señor Gastón Duzac por el Banco COFIEC; y, responda al pliego de preguntas planteado

por la Comisión de Fiscalización y Control Político respecto al tema. Comparece el

Superintendente de Bancos y Seguros, señala que en la auditoría realizada a COFIEC

S.A. Existe un sinnúmero de problemas.

3.2.9.- Diana María Macancela. Ex Presidenta del Comité de Crédito COFIEC S.A. 10

de octubre de 2012. Rinda su versión en cuanto a su participación en la concesión del

crédito por USD. 800.000. Comparece la ex funcionaria y manifiesta que tanto en el

Comité de Crédito como en el Directorio se abstuvo, razón por la cual argumentó que no






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tendría ninguna responsabilidad por lo que se haya resuelto en dichos organismos.

3.2.10.- Marcelo Ordoñez. Ex Gerente de Finanzas COFIEC S.A. 10 de octubre de

2012. Rinda su versión en cuanto a su participación en la concesión del crédito por USD.

800.000 que otorgó el Banco COFIEC S.A., al ciudadano extranjero Gastón Heberto

Duzac y absuelvan los cuestionamientos de las y los asambleístas respecto al caso.

Expone que su voto fue favorable en la sesión del Comité de Crédito, para que se

recomiende al Directorio de manera condicionada. Y que la condición era que esos

certificados se encuentren en poder de COFIEC y que el solicitante entregue toda la

documentación de respaldo.

3.2.11.- Zoila Montalvo. Ex oficial de crédito COFIEC S.A.10 de octubre de 2012.

Rinda su versión en cuanto a su participación en la concesión del crédito por USD.


Duzac y absuelvan los cuestionamientos. Señala en su comparecencia que no tiene

ninguna incidencia en la aprobación del crédito, que únicamente recibía documentos y

presenta al cliente nada más. Señala además que no realiza observaciones en la solicitud,

sino que simplemente presenta a la gerencia que es su inmediato superior, la propuesta

del cliente para que ahí se realice el análisis de la propuesta y establezcan sus

conclusiones y recomendaciones.

3.2.12.- Patricia Sandoval. Ex Gerente de Créditos COFIEC S.A. 10 de octubre de

2012. Rinda su versión en cuanto a su participación en la concesión del crédito por USD.


Duzac y absuelvan los cuestionamientos de las y los asambleístas respecto al caso. En su

comparecencia señala que su función era revisar el análisis que hacia el oficial de crédito

y en base a eso disponía que se hagan las verificaciones y la información que presentaban

las carpetas cumplan con todos los requisitos para pasar al Comité de Crédito.






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3.2.13.- Jackeline Jiménez. Ex Gerente de Riesgos COFIEC S.A.10 de octubre de 2012.

Rinda su versión en cuanto a su participación en la concesión del crédito por USD.


Duzac y absuelvan los cuestionamientos de las y los asambleístas respecto al caso.

Señala en su exposición que tan solo era parte de Comité de Crédito en donde tenían la

potestad de aprobar créditos hasta trescientos mil dólares. En el caso Duzac señala que

lo aprobó con la condicionante de que se cumpla con el informe de riesgos y

precisamente pensando en que si se condiciona y no se cumple las condiciones, la

aprobación quedaría nula.

3.2.14.- Representante Legal de la Compañía Seguros Rocafuerte. 10 de octubre de

2012. Para que expliquen sobre las garantías que otorgaron sus respectivas compañías en

favor del ciudadano extranjero Gastón Heberto Duzac, que permitieron el otorgamiento

del crédito de USD. 800.000 por parte del Banco COFIEC S.A. No se presentó.

3.2.15.- Representante Legal de la Compañía Agrícola Mercedes. 10 de Octubre de

2012.

Para que expliquen sobre las garantías que otorgaron sus respectivas compañías en favor

del ciudadano extranjero Gastón Heberto Duzac, que permitieron el otorgamiento del

crédito de USD. 800.000 por parte del Banco COFIEC S.A. No se presentó.

3.2.16.- Antonio Buñay. Ex Presidente Ejecutivo COFIEC S.A. 15 de octubre de 2012.

Para que rinda su versión en cuanto a su participación en la concesión del crédito por

USD. 800.000 que otorgó el Banco. En su comparecencia señala que se incorporó al

Banco COFIEC a finales de julio del 2011. En enero del 2012 renunció a su cargo y se

mantuvo en el mismo hasta el 7 de febrero, fecha en la que se posesionó el señor Gino

Caicedo.

3.2.17.- María Fernanda Luzuriaga. Ex Presidenta Ejecutiva COFIEC S.A. 15 de






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Octubre de 2012. Para que rinda su versión en cuanto a sus acciones, en relación con el

préstamo que otorgó Banco COFIEC S.A. al ciudadano argentino Gastón Heberto Duzac

y absuelva los cuestionamientos de las y los asambleístas respecto al caso. Señala en su

exposición que fue la presidenta Ejecutiva encargada del banco COFIEC desde el 23 de

julio del 2012, en tal razón no participó en el otorgamiento del crédito al señor Gastón

Duzac.

3.2.18.-Investigación Caso Duzac y crédito de COFIEC.- Se presentó el Informe

respectivo al Presidente, CAL, a la Fiscalía, en el que se establece irregularidades y el

cometimiento de presuntos delitos que deben ser investigados, y sancionados por los

jueces competentes.

Cabe indicar que el aporte que hizo la Comisión es contrastar la información periodística

y de otras fuentes con documentación oficial que permitió éstas conclusiones. Sobre las

comparecencias no todos los convocados asistieron, o presentaron la documentación,

careciendo la Comisión de competencia para obligarlos. Sin embargo la Comisión hizo

conclusiones y recomendaciones sobre este Caso y también sobre la administración del

FIDEICOMISO No más impunidad.

El seguimiento también fue recomendado, razón por la cual se insistió a la Fiscalía actuar

con medidas cautelares y celeridad en las investigaciones. Por otra parte la

Superintendencia de Bancos intervino en el Banco de COFIEC se encuentra en proceso

de regularización. Así mismo se encuentran en proceso de liquidación algunas Empresas

del Fideicomiso como Maxigraf por ejemplo, y Seguros Rocafuerte. Se realizó

auditorias algunos procesos de venta de activos de las empresas incautadas. Se nombró

nuevos Directivos del Fideicomiso. Se pagó a un importante grupo de acreedores de la

Banca cerrada. Algo importante se transparentó el proceso de contratación de la llamada

Billetera Móvil en lo referente a la participación como oferentes a Duzac o Scanbuy

implicadas en el crédito de COFIEC. Esperamos que las investigaciones de Fiscalía

tengan prontos resultados.






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RESOLUCIONES

Entregar toda la información obtenida por la Comisión de Fiscalización y Control

Político en este proceso de investigación, incluido el presente Informe a la Fiscalía

General del Estado, y a los Organismos de Control como Controlaría, Superintendencia

de Bancos y Seguros, Superintendencia de Compañías, Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social y Defensoría del Pueblo, como insumos para que en

cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales actúen y mantengan

informada de los resultados a la Asamblea Nacional.

Que la Fiscalía General del Estado, en aplicación de la Convención Interamericana

Contra la Corrupción que facilita la investigación conjunta entre los países, coordine con

sus pares de la República Argentina, acciones de cooperación que fueren necesarias para

las investigaciones que permitan establecer autores, cómplices y encubridores y

sanciones ejemplificadoras a los beneficiarios y responsables del crédito otorgado por

COFIEC al ciudadano argentino Gastón Duzac y su relación con la empresa argentina

Scanbuy INC, beneficiaria a través de la transferencia del crédito y continúe con sus

investigaciones penales en el ámbito nacional, con los aportes complementarios

presentados por la Comisión permanente de Fiscalización y Control Político de la

Asamblea Nacional.

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, se permite

insistir en lo solicitado a través de oficio No. 1239-AN-2012-CFCP-SSA del 08 de

octubre de 2012, suscrito por la asambleísta Silvia Salgado Andrade en su calidad de

Presidenta de la Comisión, y dirigido al Dr. Galo Chiriboga, Fiscal General del Estado,

(Ver Anexo Y) que contiene la resolución aprobada por la Comisión y en el cual se

solicita medidas cautelares en contra de los involucrados en el otorgamiento del préstamo

al señor Gastón Duzac por parte de COFIEC, con la finalidad de precautelar los recursos






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e intereses del Estado.

Que la Contraloría General del Estado, en el ámbito de sus competencias, realice un

examen especial de las declaraciones patrimoniales, incluido las cuentas bancarias, de los

implicados en el préstamo otorgado por COFIEC al ciudadano Gastón Duzac.

Que la Superintendencia de Bancos y Seguros efectúe un examen específico

complementario en torno al crédito otorgado al señor Gastón Duzac, en Rocafuerte

Seguros S.A. y la Superintendencia de Compañías en Agrícola Mercedes e Induequipos,

coordinadamente con la Contraloría General del Estado, de tal manera que la verdad

prevalezca, con los aportes complementarios presentados por la Comisión permanente de

Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional.

Que la Superintendencia de Bancos y Seguros efectúe una auditoría informática para

determinar qué funcionarios y ex funcionarios públicos o privados, de manera reiterada,

han obtenido información acerca de correos electrónicos y demás información de los

funcionarios y de las computadoras de COFIEC S.A., hasta las fechas en que éstas fueron

difundidas por algunos medios de comunicación colectiva; a la vez, se exhorta a la

Fiscalía General del Estado a que efectúe las investigaciones que fueren del caso, para

determinar quienes proporcionaron la información que estaban sujetas a sigilo y reserva

bancaria, fuera de los mecanismos legales y reglamentarios establecidos; acerca de las

operaciones bancarias del Banco COFIEC S.A., con el propósito de sancionar esas

conductas que pueden constituir violación de derechos en el ámbito constitucional y

legal.

Disponer que sobre la base de lo resuelto por la Comisión de Fiscalización y Control

Político y el Pleno de la Asamblea Nacional en enero de 2010 y considerando que

COFIEC S.A., Rocafuerte Seguros, Agrícola Mercedes, y otras entidades referidas en

este caso, son instituciones que actualmente forman parte de los resultados negativos de

la crisis bancaria y financiera que azotó el país a finales de la década de los años 90 y






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principios del 2000, presenten a la Asamblea Nacional en el ámbito de sus competencias

los informes requeridos para lo cual se estableció un plazo de seis meses. Para este efecto

se resuelve observar a los organismos de control e insistir en:

La evaluación técnica de la Junta Bancaria respecto del proceso final de finiquito de las

liquidaciones de las entidades del sistema financiero, sujetas a restructuración,

saneamiento, liquidación y procedimientos de cobro de las pérdidas patrimoniales, con

las normas y correctivos que se hayan implementado para impedir que se perfeccione el

perjuicio al Estado; así como, la determinación definitiva de responsabilidades frente a la

crisis bancaria : en igual sentido se evalúe las acciones de los posteriores administradores

de las instituciones en restructuración, saneamiento y liquidación, así como de los

funcionarios de la Superintendencia de Bancos y Seguros que con sus acciones u

omisiones, facilitaron y permitieron la dilación de tales procesos; con información y

acciones actualizadas a la fecha.

La Contraloría General del Estado presente los resultados de los exámenes especiales a

los procesos de saneamiento y liquidación forzosa de las instituciones del sistema

financiero cuya existencia jurídica se extinguió por efectos de la culminación del proceso

liquidatorio y la determinación de los grados de responsabilidad administrativa, civil y

presunción de responsabilidad penal, en que se haya incurrido, que hubieren cometido

los funcionarios que intervinieron en los procesos desde el inicio de la crisis bancaria,

extendiendo la acción de control a la entrega, recepción y administración de los bienes

entregados al Banco Central del Ecuador provenientes de las instituciones bancarias y

financieras liquidadas; así como, en coordinación con la Superintendencia de Compañías,

se examinen las empresas y bienes incautados, administrados por el Fideicomiso AGD-

CFN-No Más Impunidad y la UGEDEP.

La Fiscalía General del Estado presente el Informe de los resultados de las

investigaciones seguidas a las instituciones del Estado: Superintendencia de Bancos y






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Seguros, Banco Central del Ecuador, Ministerio de finanzas, ExAGD, CFN y ex

accionistas y personeros de las instituciones financieras que ocasionaron la crisis

bancaria y financiera de los años ´90.

El Consejo Nacional de la Judicatura evalúe e informe a la Asamblea Nacional, sobre los

procesos legales a propósito de el salvataje bancario de los ´90 y los que estuvieren

pendientes en la actualidad, estableciendo responsabilidades y acciones que fueren del

caso, en caso de determinar acciones u omisiones que se hubieren producido en los

procesos judiciales y que hayan facilitado y permitido la impunidad sobre la crisis

bancaria.

El Banco Central del Ecuador , la UGEDEP, Fideicomiso AGD-CFN No más impunidad,

informe a la Asamblea Nacional sobre los resultados obtenidos en el proceso de

recuperación y liquidación de la cartera, bienes que está administrando, el pago a los

depositantes afectados por el llamado feriado bancario, el proceso de venta de activos

incautados, así como la situación administrativa y financiera de las empresas que tienen

créditos vencidos en COFIEC según el Informe de auditoría de la Superintendencia de

Bancos y Seguros.

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, en

cumplimiento del Memorando No. SAN-2012-2180, remitirá al Consejo de

Administración Legislativa, el presente informe que contiene los resultados de la

investigación requerida; sin embargo, recomienda que el mismo sea puesto a

conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional y de la ciudadania.

Por las consideraciones arriba anotadas se recomienda solicitar al Defensor del Pueblo

que en el ámbito de sus competencias, investigue y precautele los derechos de los

ciudadanos y ciudadanas a recibir información, veraz, verificada, contextualizada

oportuna, plural sin censura previa, conforme lo establece el Art.18 No.1 de la






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Constitución de la República. En este sentido, también la Comisión recomienda que la

ciudadanía realice un control social sobre la información que emiten los medios de

comunicación y los actores políticos a fin de que se respete las normas constitucionales y

legales que amparan sus derechos.

3.2.18.1.- Entrega de informe Caso Duzac y crédito COFIEC al Presidente de la

Asamblea Nacional Fernando Cordero.

En representación de la Comisión de Fiscalización y Control Político procedí a

entregar el informe del Caso Duzac al Presidente de la Asamblea Nacional Fernando

Cordero, respondiendo a la responsabilidad emitida por el Consejo de Administración

Legislativo para que se lleve a cabo la investigación correspondiente en torno al caso

referido.

3.2.18.2.- Entrega de informe Caso Duzac y crédito COFIEC al Fiscal General Dr.

Galo Chiriboga.

A pedido de la Fiscalía General del Estado la Comisión de Fiscalización y Control

Político a través de su Presidenta presentó la información que había sido entregada por

las autoridades de control en relación al Caso Duzac – COFIEC, para que la Fiscalía

General del Estado en el marco de sus competencias investigue la existencia de delitos y

sancione a los responsables.






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3.2.20.- Caso de suspensión del pago de pensiones de Montepío por parte del

Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional a pensionistas de la ex Caja

Policial.- Ante denuncias recibidas por un grupo de ex pensionistas de la Caja Policial

quienes acusaban una arbitraria suspensión de sus pensiones, se solicitó que las mismas

sean recibidas en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social

para que expongan su caso y que se convoque a las autoridades del Instituto de Seguridad

Social de la Policía Nacional para que justifiquen dicha suspensión y se busque una

solución al problema planteado. Después de esto se solicitó además información al

Procurador General del Estado, al Superintendente de Bancos y al Ministerio del Interior,

para que en el marco de sus competencias, intervengan para garantizar los derechos

adquiridos por parte de este importante grupo humano que estaba siendo privado de su

derecho a la seguridad social y todas sus prestaciones. Se presento Proyecto de

Resolución a la Comisión de los Trabajadores.

3.2.21.- Caso de glosas de responsabilidad patronal en contra de un grupo de

empleadores de Santo Domingo de los Tsáchilas.- Ante denuncias presentadas por

representantes del “Comité Prodefensa de Afectados por el IESS”, en contra de las

autoridades de la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

de Santo Domingo de los Tsáchilas por la expedición de glosas fuera de los plazos

establecidos y con sanciones cuantiosas que no guardan proporción entre la infracción

y la sanción recibida, como parte de la subcomisión encargada de investigar y buscar

una solución al referido caso, me reuní en la propia provincia de Santo Domingo de los

Tsáchilas con las personas que se consideran afectadas para escuchar sus

planteamientos y con las autoridades denunciadas para buscar de manera conjunta una






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solución idónea, señalando dichas autoridades que algunas de las glosas ya habían sido

anuladas y comprometiéndose a revisar otras que puedan perjudicar derechos

fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, además del acuerdo concretado, se

elaboró un informe en el cual se recomendaba dar de baja las glosas que se habían

generado afectando derechos de los particulares, principalmente los relacionados con

el debido proceso en el sentido de haber sido expedidos fuera de los plazos legalmente

establecidos, que son desproporcionales entre la infracción y la sanción y sin

garantizar el derecho a la defensa. Al final se ha informado que la mayoría de glosas

fueron anuladas, rectificando la negligencia administrativa.

JUICIO POLÍTICO: WILSON PASTOR

MINISTRO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Asambleísta proponente.- Cléver Jímenez

Causales del Juicio Político.- Re negociación de contratos petroleros al margen de la

Ley Orgánica de Contratación Pública y al amparo de la Ley de Hidrocarburos que es

una Ley de menor rango.

El Juicio es admitido a trámite por el CAL y se somete a la calificación por la

Comisión de Fiscalización






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MOTIVACIÓN Y DECISIÓN

Dentro del trámite de calificación de juicio político se analizó el anuncio de la

prueba y sin ser éstas evidencias de violación de ninguna de las funciones legales y

constitucionales que le corresponden al Ministro de Recursos Naturales No renovables,

establecidos en los artículos 7 de la Ley de Hidrocarburos y 7 de la Ley de Minería,

donde determina las competencias del Ministro del Ramo, no se calificó el trámite de

juicio político.

Se resolvió recomendar que en el caso de existir delitos como los que se pretende

imputar, por parte de el Asambleísta proponente del Juicio Político, estos deberán ser

denunciados, para su investigación y de encontrar mérito ser juzgados y sancionados

por las autoridades y organismos competentes.

4.- CONCLUSIONES:

Para concluir es preciso señalar algunas citas históricas y constitucionales, para una

mayor comprensión del alcance de la Fiscalización legislativa. La institución jurídica

del juicio político nace en el derecho anglosajón, con la finalidad de procesar a un alto

miembro del poder público. Siempre el poder Legislativo fue el encargado de ejercer

esta figura jurídica, mediante la cual se podía sancionar, censurar e inhabilitar al

funcionario responsable, para que exista un contrapeso entre las funciones del Estado.

El impeachment que literalmente significa "bochorno", se origina en la Edad Media,

cuando el parlamento inglés lanzó acusaciones contra el rey y sus colaboradores por

derrochar caudales públicos, “avergonzándolos”.

Esta institución jurídica se da en casos muy excepcionales; es decir, su aplicación es

muy delicada y solo se la debe ejercer cuando realmente el funcionario ha

“avergonzado” a la administración pública o sus actos son de tal gravedad que debe ser

censurado o tachado públicamente. Tanto así que en Gran Bretaña que es donde nace

esta figura el último proceso se lo llevó a cabo en 1806 en contra de Henry Dundas y






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en Estados Unidos que es uno de los referentes de la Familia Anglosajona en toda su

historia se han llevado solo 14 juicios políticos, en los cuales solo cuatro acabaron con

resolución condenatoria.

Es preciso señalar que un juicio político se podría decir que el legislador

(Asambleísta) se convierte temporalmente en juez, así su carácter sea político , por lo

cual en estos procesos se debe observar las reglas del debido proceso tal como lo

establece el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Entre las

principales reglas del debido proceso tenemos: garantizar el cumplimiento de las

normas y los derechos de las partes, presumir la inocencia mientras no se declare su

responsabilidad, no juzgar ni sancionar por un acto u omisión que al momento de

cometerse no esté tipificado en la ley como infracción, no validar las pruebas obtenidas

o actuadas con violación de la Constitución o la ley, sancionar de forma proporcional a

la infracción, no permitir que el encausado quede en indefensión, entre otras.

Después de lo reseñado, que no es todo lo que he realizado en éste último periodo,

puedo decir que los lineamientos generales sobre los que debe actuar un Asambleísta

con sentido de Patria han sido cumplidos, nuestros criterios y trabajo se han basado en

la necesidad de una gobernabilidad y de respeto a la institucionalidad que permita ir

construyendo el Buen Vivir para todos los ecuatorianos y ecuatorianas.

RECOMENDACIÓN FINAL

Todo es perfectible cuando se trata de una obra humana, la democracia misma siempre

estará en un permanente cambio buscando profundizarse o radicalizarse, por lo que me

permito dejar sentado en este Informe una recomendación que es resultado de esta

experiencia enriquecedora y es precisamente ratificar el carácter político de la

fiscalización que va estar atravesada por una confrontación de fuerzas políticas y por

ende su correlación de fuerzas que se alinean o que se oponen con el gobierno a quién

se fiscaliza, y buscando la mayor objetividad y el interés público como prioridad, debe

reformarse la Ley Orgánica de la Función legislativa , para posibilitar que el Control






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Político sea asumido por las Comisiones Especializadas de forma regular los

funcionarios relacionados con su temática presenten informes a la Asamblea Nacional

y sea la oportunidad para evaluar y transparentar el cumplimiento de la ley y la

aplicación de las políticas públicas, esto se justificaría, facilitaría el control político

para sectores de oposición y también para las fuerzas políticas de coincidencias

programáticas con los Gobiernos de turno.

DATOS DE SESIONES REALIZADAS EN TODO EL PERIODO.

Se concluye el período con 113 Sesiones efectuadas con sus respectivas Actas

certificadas por Secretaria de la Comisión de Fiscalización y Control Político.

ANEXO DE REGISTRO DE ASISTENCIAS DE ASAMBLEÍSTAS PRINCIPALES

DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO

Lídice Larrea Galo Lara

24 18 22 19 20 11 7 20 22 19 11

1 1 9 7 3 1 3

3 4 3 1 9 1 3 9

1 2

Silvia Salgado

Marllely Vásconez

Fernando Cáceres

Luis Morales

Tomas Zevallos

Abdalá Bucaram

Alfredo Ortiz

Viviana Bonilla Christian

Viteri

Omar Juez

TOTAL SESIONES 24

NO ASISTIO PRINCIPAL

ASISTIO ALTERNO

NO ASISTIO ALTERNO






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5.- FOROS Y REPRESENTACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

5.1. Foro la Nueva Asamblea y su legitimidad democrática

El evento contó con la participación de varios delegados de diferentes países, se

realizaron tres mesas de diálogos simultáneos, en este foro participé como expositora de

la segunda mesa con el tema “Fiscalización, Control Político y Balance de Poderes”.

RESULTADOS

Lídice Larrea

100% 78% 96% 83% 87% 48% 30% 87% 96% 83% 48%

Silvia Salgado

Marllely Vásconez

Fernando Cáceres

Luis Morales

Tomas Zevallos

Abdalá Bucaram

Alfredo Ortiz

Viviana Bonilla Christian Viteri

Omar Juez

Galo Lara

TOTAL

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

PORCENTAJES DE ASISTENCIA

sub-title

Silvia Salgado Fernando Cáceres

Lídice Larrea Luis Morales

Tomas Zevallos Abdalá Bucaram

Alfredo Ortiz Viviana Bonilla Christian Viteri

Omar Juez Galo Lara






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5.2.- Avances en materia legislativa en este presente período y prioridades a partir

del 14 de Mayo del 2013.

Taller organizado por la Cooordinadora de Organizaciones sociales, expuso acerca de las

leyes que se encuentran en trámite como; Ley de Rehabilitación de Productores

Agropecuarios, Artesanos y Pescadores; Tierras;Recursos Hídricos; Comunas; Soberanía

Alimentaria entre otras. La agenda contó con la participación de la Coordinadora de

Movimientos y Organizaciones Sociales por la Democracia y el Socialismo, conformada

por la Coordinadora de Mujeres Políticas del Ecuador, COICAL, Asociación de Negros

del Ecuador, FAF, CONFEUNASSC-CNC; ASONE; Red Plurinacional; Célula

"Manuelitas"; CONASA; CMOSI; UNOCRA; Movimiento Montubio El Oro entre otras.

En el taller se concluyó que era fundamental la creación del Parlamento Social de los

Pueblos del Ecuador que permita generar propuestas y vigilancia desde la ciudadanía.






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5.3.- Delegación a Venezuela deceso Comandante Hugo Chávez Presidente de la

República de Venezuela

La Delegación ecuatoriana de la cuál forme parte, expresó su solidaridad al pueblo

venezolano ante la pérdida física de su líder Comandante Hugo Chávez, se reconoció

como legado quién revivió la lucha libertaria de Bolívar, motivó a nuestros pueblos a

revelarnos contra la dependencia, la sumisión y todo tipo de dominación imperialista y

junto a líderes Progresistas de la Región marcó el camino de la Unidad de nuestros

pueblos en la conformación del ALBA, UNASUR, CELAC como base y fundamento

para proyectar a América como una potencia política y económica que levanté ante el

mundo la bandera de unidad de pueblos dignos, libres y soberanos. El mejor homenaje a

Chávez de los latinoamericanos será continuar con la tarea, consolidar nuestros procesos

revolucionarios en nuestros países, y a la par ir construyendo la Patria Grande, la unidad

latinoamericana y caribeña, donde la solidaridad, la dignidad, la libertad y el buen vivir

sean los principios de la

identidad de la nueva

América grande y

socialista.

.

5.4.- Unión Interparlamentaria






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Con ocasión de la 128a Asamblea de la UIP, celebrada en Quito Ecuador, los parlamentos

del mundo se reunieron para debatir sobre el tema del crecimiento poblacional y la

contaminación ambiental que este fenómeno ha generado, se habló también de políticas

de Estado que permitan erradicar la pobreza extrema manifestó que la creación de

empleo y la posibilidad de que la gente tenga una vida digna deben ser elementos

centrales de las

políticas “Buen

vivir”

5.5.- Participación en el Congreso Nacional de la FENOCIN.

En el Cantón Santa Lucía de la provincia del Guayas con más de 500 Delegados de las

organizaciones de base de todo el País se realizó el Congreso Nacional de la FENOCIN,

se construyó su Agenda Social y Política . Su nuevo Presidente Santos Villamar entregó a

los Asambleístas asistentes la Agenda para que se incluya el impulso a las leyes que

garanticen la Soberanía Alimentaria, fue un espacio de rendición de cuentas sobre la

labor legislativa en temas relacionados a la Soberanía Alimentaria, lograndose presentar

cuatro proyecto de leyes conexas a la Soberanía Alimentaria, a través de la COPISA

instancia de participación ciudadana creada para la formulación de proyectos de Ley.






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5.6.-GRUPO PARLAMENTARIO DE AMISTAD CUBA-ECUADOR

Se realiza un encuentro de intercambio parlamentario, se recibe a una Delegación de

Parlamentarias cubanas, presididas por la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del

Poder Popular de Cuba. Se realizó la rendición de Cuentas sobre el Accionar del Grupo

Parlamentario en este período y se comprometió a los nuevos Asambleístas a continuar

con este relacionamiento interparlamentario.

5.7.- Delegación al “Encuentro Internacional de Parlamentarios por la Paz en

Colombia”

Con la presencia de las delegaciones del Parlamento Centroamericano, PARLACEN; del

EUROLAT; del Parlamento Andino y de parlamentarios de más de diez países, se realizó

en Bogotá este Encuentro, en el que se suscribió una Declaración Parlamentaria

Internacional en apoyo a las iniciativas por la paz en Colombia, ya que es de nuestro

interés el cese del conflicto armado, porque a nuestro país se ha trasladado el impacto

social y económico de más de 50 años de violencia, con la presencia de más de 100.000

desplazados.






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5.8.- Delegación a la República de Cuba.

Como Coordinadora del Grupo de Amistad Cuba – Ecuador, forme parte de la

Delegación de la Asamblea Nacional en la hermana República de Cuba, con el fin de

fortalecer las relaciones interinstitucionales entre los Parlamentos de los dos países. En

representación del Parlamento Ecuatoriano se hizo la entrega de la Orden “Vicente

Rocafuerte” en la misma que se exhorta a la liberación de los Cinco Ciudadanos Cubanos

y el desbloqueo económico de Cuba.

Así también estuve presente en el Foro de Sao Paulo en las conferencias de los “Nuevos

Lineamientos para la Política Económica y Social del Partido y la Revolución” cuyo

ponente fue el Ministro de Economía de Cuba, “Los Desafíos de la CELAC”

(Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) a cargo del Ministro de

Relaciones Exteriores, entre otras actividades se visitó la Escuela Latinoamericana de

Medicina en donde mantuvo una reunión con los ecuatorianos becados en la República

de Cuba, entre otros centros de interés social, histórico, cultural y económico.

En representación de la Asamblea Nacional la Asambleísta Silvia Salgado participó en

los Actos institucionales realizando la condecoración a personalidades e Instituciones en

reconocimiento a su trayectoria y aporte público.






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5.9.-Foro Nacional por el día mundial de la Alimentación y Soberanía Alimentaria

Se participó en este evento en calidad de miembro del Frente Parlamentario “Ecuador sin

Hambre”.

Este encuentro contó con la presencia de la FAO y organizaciones sociales relacionadas

con la producción de alimentos.

6.- CONDECORACIONES

6.1.- Entrega de Acuerdo y Condecoración a la Cruz Roja, en la Ciudad de Ibarra

por el Día Internacional del Voluntariado.

Se condecoro a la Cruz Roja en reconocimiento a su labor centrada en una permanente y

activa labor en la gestión de riesgos, atención de emergencias y desastres, en la

promoción y fortalecimiento de la salud comunitaria, en la defensa y difusión de los

Derechos Humanos y en el desarrollo Comunitario.






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6.2.- Entrega de Acuerdo y Condecoración a la Academia Militar “San Diego” en la

ciudad de Ibarra.

Representando a la Asamblea Nacional se entregó una condecoración al pabellón de la

institución educativa, en reconocimiento a sus 185 años de existencia. Al evento

asistieron Valter Maggi, Obispo de la Diócesis de Ibarra, exalumnos de la institución,

estudiantes actuales, autoridades y padres de familia.

6.3.- Entrega de Acuerdo y Condecoración al pintor y escultor Nicolás Herrera en la

ciudad de Ibarra.

Se realizó la entrega a nombre de la Asamblea Nacional de la Orden “Vicente

Rocafuerte”al pintor y escultor Nicolás Herrera, por su reconocido mérito cultural a nivel

nacional e internacional.

7.- Medios de Comunicación

La comparecencia en los medios de comunicación: prensa escrita, radio, televisión,

medios digitales, ha sido de manera permanente durante todo el período de mi gestión,

pues me ha servido como mecanismo de información y rendición de cuentas.

“Hasta la Victoria Siempre”






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