INFORME NACIONAL ALTERNO BEIJING+20 MÉXICO
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INFORME NACIONAL ALTERNO BEIJING+20 MÉXICO INFORME EJECUTIVO 8 de marzo de 2015 INTRODUCCIÓN En este año, 2015, se cumplen dos fechas importantes para las mujeres del mundo: 40 años de haberse realizado en México la Primera Conferencia Mundial de las Mujeres, en 1975, de la que emanaron tres objetivos que dieron rumbo a la lucha de las mujeres en todo el mundo: igualdad, desarrollo y paz; la segunda fecha son los 20 años de la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres, de donde surgen la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing con 12 Esferas de Especial Preocupación (EEP), impulsadas por mujeres de todo el mundo. En todo este proceso histórico, las feministas hemos estado presentes, desde diversas áreas: políticas, sociales, económicas, culturales, laborales, etcétera. Hemos sido protagonistas e impulsoras de estas iniciativas. No han sido dádivas. Sin el trabajo plural de los movimientos feministas, no se podría hablar de logros concretos, como la inclusión transversal de los principios de igualdad y no discriminación en la normatividad nacional. Efectivamente, con el marco normativo para la igualdad entre mujeres y hombres y la protección de nuestros derechos humanos, ya no se deja a la voluntad de las y los gobernantes o de una gestión administrativa el diseño de las políticas públicas necesarias para hacer valer estos principios; se trata de una responsabilidad y obligación de Estado, con procedimientos y estructuras definidas, sanciones explícitas y con repercusiones políticas, sociales, económicas y culturales, pues se ha 1
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INFORME NACIONAL ALTERNO BEIJING+20 MÉXICO
INFORME EJECUTIVO
8 de marzo de 2015
INTRODUCCIÓN
En este año, 2015, se cumplen dos fechas importantes para las mujeres del mundo: 40 años de
haberse realizado en México la Primera Conferencia Mundial de las Mujeres, en 1975, de la que
emanaron tres objetivos que dieron rumbo a la lucha de las mujeres en todo el mundo: igualdad,
desarrollo y paz; la segunda fecha son los 20 años de la Cuarta Conferencia Mundial de las
Mujeres, de donde surgen la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing con 12 Esferas de
Especial Preocupación (EEP), impulsadas por mujeres de todo el mundo.
En todo este proceso histórico, las feministas hemos estado presentes, desde diversas áreas:
políticas, sociales, económicas, culturales, laborales, etcétera. Hemos sido protagonistas e
impulsoras de estas iniciativas. No han sido dádivas. Sin el trabajo plural de los movimientos
feministas, no se podría hablar de logros concretos, como la inclusión transversal de los principios
de igualdad y no discriminación en la normatividad nacional.
Efectivamente, con el marco normativo para la igualdad entre mujeres y hombres y la protección
de nuestros derechos humanos, ya no se deja a la voluntad de las y los gobernantes o de una
gestión administrativa el diseño de las políticas públicas necesarias para hacer valer estos
principios; se trata de una responsabilidad y obligación de Estado, con procedimientos y
estructuras definidas, sanciones explícitas y con repercusiones políticas, sociales, económicas y
culturales, pues se ha dejado de manifiesto que el desarrollo no se puede sostener con solo el
avance de la mitad de la población.
La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing son las propuestas más revolucionarias y
transformadoras con las que se comprometieron los gobiernos del mundo para erradicar la
violencia, la discriminación y desigualdad que vivimos las mujeres, y para garantizar nuestros
derechos humanos. Son el instrumento político internacional más radical que hasta el día de hoy
tenemos; sin embargo, actualmente, los avances son insuficientes y en pleno siglo XXI siguen
siendo una guía cuyas metas no se han cumplido y los retos se han multiplicado.
Sabemos que cada vez que se observan avances en el camino hacia la igualdad y no
discriminación de las mujeres, la cultura patriarcal se empeña en poner obstáculos, encontrar
escollos en la ley, simular acciones, retomar nuestros argumentos, hacerlos suyos y vaciarlos de
1
significado. Paralelamente, se sigue considerando que el trabajo por la igualdad solo le compete a
las mujeres y a los mecanismos para su adelanto, imponiendo una visión individualista por encima
de la obligación del Estado mexicano. La simulación se convierte en un delito no tipificado, en un
instrumento de gobierno que afecta las decisiones que dan cumplimiento a las obligaciones del
Estado Mexicano en cada una de las esferas de la Plataforma de Beijing.
Asimismo, las políticas macroeconómicas, dictadas por los organismos financieros internacionales
que condicionan los recursos para el desarrollo con reformas estructurales (en el caso de México,
en la presente administración federal se impulsaron 11 reformas1), han profundizado las brechas
de desigualdad económica de la población mexicana, con el aumento de la pobreza y pobreza
extrema, lo que impide garantizar los derechos humanos de la población, en especial los de las
mujeres, pues existen pocas garantías para acceder a ellos —nulas para mujeres con situación de
vulnerabilidad—, pese a que el marco normativo para su protección ha avanzado.
En este contexto, más de 100 organizaciones y movimientos feministas y especialistas de
instituciones académicas, con más de mil mujeres de 17 entidades federativas, hemos
desarrollado un proceso de articulación nacional a través de foros estatales y nacionales, que
inició con la organización de los Encuentros Nacionales Feministas de Zacatecas y Jalisco,
México, en los años 2010 y 2013, para la elaboración del Balance de la aplicación de la Plataforma
de Acción de Beijing + 20, como una evaluación ciudadana alternativa a la del gobierno mexicano.
Es un apretado panorama, a partir de un trabajo de investigación, realizado con recursos propios y
con el apoyo de organizaciones internacionales, de instancias públicas y organizaciones sindicales
y de la sociedad civil. Por supuesto, es la continuación de una lucha histórica feminista de miles de
mujeres, visibles y anónimas, alrededor del mundo, a quienes damos un reconocimiento público,
incluidas las nuevas generaciones de feministas.
Los avances se reflejan en términos numéricos, lo que se puede interpretar que la igualdad entre
mujeres y hombres se está considerando únicamente ese aspecto o en el acceso al mercado
laboral o al ámbito público (con medidas como la paridad), como es el caso de la educación en el
que las brechas en el nivel básico se están cerrando, y no en la transformación de las estructuras
que han generado la discriminación y la violencia contra las mujeres. Las estadísticas, los datos y
las mismas fuentes —pese a los esfuerzos desarrollados por contar con indicadores— son
insuficientes y deficientes, cuando no inexistentes, para conocer si las brechas de desigualdad
entre mujeres y hombres se han acortado en estos 20 años de políticas públicas para tal fin.
1 Disponible en http://reformas.gob.mx/las-reformas (consulta: 7 de marzo de 2015). 2
Aunado a ello, existe un retroceso en la vigencia de los derechos humanos de las mujeres en todo
el país, la impunidad expresada a través de la violencia institucional, estructurada y legitimada a en
todo el territorio y en el plano federal, estatal y municipal, donde se han exacerbado los crímenes y
las violencias contra la mujer y las niñas.
Este informe ciudadano y alternativo, es un instrumento político para la agenda feminista,
pendiente aún, pues no se debería estar realizando la reunión Beijing + 20, sino la V Conferencia
Mundial de la Mujer, con compromisos internacionales renovados ante nuevos desafíos y múltiples
escenarios contemplados ya en los marcos del derecho internacional. Se presentan aquí, las
principales preocupaciones derivadas del trabajo efectuado por cada una de las 12 Esperas de
Especial Preocupación (EEP).
a) La mujer y pobreza
En México, pese a casi tres décadas de operación de programas antipobreza, creados a finales de
los ochentas como estrategia para contrarrestar los efectos de las políticas de ajuste estructural, la
realidad muestra que estos programas, que han cambiado de nombre en cada sexenio, pero
esencialmente mantienen el mismo enfoque asistencial y heteronormativo (Solidaridad, Progresa,
Oportunidades, Prospera), no han tenido los resultados esperados, pues no combaten las causas,
sino los efectos de la pobreza.
La población en pobreza se ha incrementado y las brechas de desigualdad social y de género se
han profundizado, afectando de forma más severa a las mujeres, en especial las de mayor grado
de vulnerabilidad social y económica, como las indígenas, las que habitan zonas rurales y
municipios de alto grado de marginalidad (de acuerdo con las mediciones del gobierno federal), así
como las que viven discapacidad, las migrantes, las que no cuentan con estudios ni
documentación oficial.
De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL 2011 y 2013), en el periodo de 2008 a 2012, se registró un incremento de la población
en condición de pobreza en el país, de 44.5 % a 45.5 %. Este porcentaje representó un aumento
de 48.8 a 53.3 millones de personas, 4.5 millones más en 2012. El porcentaje de población en
pobreza extrema2 disminuyó ligeramente de 10.6% a 9.8% en el mismo periodo, no obstante, en
números absolutos las personas en esta condición se mantuvieron en 11.5 millones 2012.3
2 La población en pobreza extrema es la que tiene un ingreso inferior a la Línea de bienestar mínima y además tiene 3 o más carencias sociales. (CONEVAL 2013)3 CONEVAL (2011) Medición de la Pobreza 2010; (2013) Medición de la Pobreza en México y en las Entidades Federativas. www.coneval.gob.mx
3
Las cifras en 2012 registraron 61.6% de población en pobreza en el ámbito rural, mientras que en
las zonas urbanas fue de 40.6%. Entre la población indígena la pobreza afecta a casi 8 de cada 10
personas (76.8%), y de estos, 38 % tienen una condición de pobreza extrema. El 64.3 % de esta
población presenta simultáneamente privación en al menos tres derechos sociales esenciales
frente a 21.4 % de población no hablante de lengua indígena. La pobreza rural afecta sobre todo a
las mujeres, quienes se convierten en amortiguadoras de las carencias con sus aportaciones a la
producción de alimentos y a la economía del cuidado, asumiendo los costos con el deterioro de su
calidad de vida.
Las cifras señalan que la pobreza entre mujeres y hombres es poco significativa: 45.9 % mujeres y
45.1% hombres (CONEVAL 2012), pero, más allá de las estadísticas, se reconoce que las
carencias sociales afectan de forma diferente a mujeres y hombres, y que existe un proceso de
empobrecimiento y deterioro de la calidad de vida de las mujeres definido como feminización de la
pobreza, que se observa en que los hogares dirigidos por mujeres son más propensos a presentar
carencia por acceso a la alimentación. En los hogares con carencias y jefa mujer pobre, la
inseguridad alimentaria severa es más elevada; las mujeres pobres son mayoría entre quienes
trabajan sin contrato, sin remuneración y en jornadas incompletas y presentan una mayor
dependencia de los recursos provenientes de programas sociales. Igualmente, en promedio, las
mujeres dedican a los quehaceres domésticos entre 10 y 20 horas semanales más que los
hombres.4
La realidad muestra claramente que la pobreza tiene mayor impacto en las mujeres rural-indígena:
6 de cada 10 personas en el medio rural son pobres y casi de 8 de cada 10 indígenas están en
esta condición; de éstos, 3 se ubican en la pobreza extrema. La brecha de los pobres extremos
con relación a la población no indígena es 4 veces mayor.
Los programas sociales mantienen una concepción hetero - asistencial, desvinculada de la política
económica y cercana al enfoque de “mujeres en el desarrollo”, en auge en los años setenta, en el
que subyace el estado hetero-patriarcal autoritario que refuerza los roles de género y no cuestiona
las desigualdades sociales, ni la división social del trabajo; se atienden las necesidades prácticas y
no las estratégicas de género. Las mujeres son vistas como grupos vulnerables recipientes de las
políticas. Estos programas no promueven la agencia, el potencial productivo ni la autonomía
económica de las mujeres, pues son vistas como beneficiarias y no como sujetas de derecho.
El análisis de la información permite concluir que los objetivos de la Plataforma de Acción de
Beijing relacionados con el tema de la pobreza siguen siendo el gran pendiente del Estado
4 CONEVAL 2013.4
mexicano en el que se refleja el incumplimiento de los derechos humanos fundamentales de las
mujeres y, por tanto, un gran déficit de la ciudadanía y la democracia.
Mientras persista el mismo modelo económico hetero-patriarcal generador de desigualdades
sociales y de género —que necesita del trabajo no remunerado de las mujeres para sostener la
economía del país— no se podrán resolver las condiciones de pobreza y de violencia generalizada
que vivimos en el país.
b) Educación y capacitación de la mujer
Las brechas de desigualdad en el ámbito educativo a nivel básico han disminuido
considerablemente. El porcentaje de mujeres en el nivel superior rebasa ligeramente al de
hombres, pero aquí hay mayor deserción de mujeres. La tasa de analfabetismo en México también
ha disminuido en diferentes grupos de edad, pero no en el de adultas ni adultas mayores. Las
disparidades se encuentran en la población femenina indígena y de zonas rurales. 32.3% de las
indígenas no sabe leer ni escribir y 77%, que sólo habla una lengua indígena, son analfabetas; en
mujeres mayores de 50 años, la tasa de analfabetismo para el 2012 era de 22.3%, en tanto que los
hombres de esa misma edad disminuyó a 14.9%.
En 2012, la tasa de matriculación a nivel universitario fue levemente mayor para hombres (22.7%5)
que para las mujeres (22.1%). Del total, solo logra graduarse 12.8% de hombres y 15.5% de
mujeres. A nivel general, 53% de estudiantes de postgrado (maestría y especialidad) son mujeres,
pero en doctorado son el 48% de egresadas. No obstante, dentro del Sistema Nacional de
Investigadores (SIN) apenas 34% son mujeres.
En el nivel de estudios de la población de 25 años o más, de acuerdo con el INEGI, en 2010 las
mexicanas contaban con 8.5 años de estudio, en tanto que el de los hombres llegó a 8.8 años. Las
disparidades por sexo son mayores en estados como Chiapas (6.3 en mujeres y 7.1 para
hombres), Oaxaca (6.6 para mujeres y 7.3 para hombres). En Puebla, Querétaro, Tabasco, Estado
de México y Veracruz las mujeres tienen un promedio de escolaridad menor al de los hombres.
Los estados donde el nivel de estudios de las mujeres es superior son Sonora, Sinaloa, Durango,
Nayarit y Zacatecas. A nivel nacional hay 4.4 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan y
76.7% son mujeres que, en su mayoría (casi tres millones), se dedican al trabajo doméstico y a la
economía del cuidado.6
La discriminación, la división social del trabajo y los estereotipos de género continúan siendo los
principales obstáculos de las mujeres para el acceso a una educación en condiciones de igualdad.
5 Estimaciones propias con datos de ANUIES y proyecciones de población de CONAPO.6 Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, pp. 7 y 8
5
El embarazo en mujeres es una causa para dejar los estudios o para retomarlos tardíamente. Lo
anterior reduce las posibilidades de que las mujeres puedan obtener empleos de calidad y salarios
dignos, lo que se convierte en un mecanismo de reproducción de la pobreza.
Esta situación está ligada a la generación de violencia y sus consecuencias en el ámbito escolar.
El género se refleja en la elección de disciplinas, prevaleciendo aquella clasificación de carreras
femeninas y masculinas. En algunos campos del conocimiento los porcentajes de mujeres y
hombres se han invertido, pero no ha sucedido lo mismo en aquellas áreas donde históricamente
los porcentajes de mujeres han sido elevados (como Educación y Humanidades), lo que parece
sugerir que es más difícil romper con estereotipos de género entre los hombres que entre las
mujeres. Los retos en este ámbito van desde los presupuestarios a la de una reforma estructural
para cambiar el modelo educativo vigente que genera desigualdad de oportunidades para las
mujeres.
c) La mujer y la salud
El acceso a una vida saludable, se ve afectado en gran medida por la permisividad y el fomento de
actividades nocivas de empresas trasnacionales como la siembra y cultivo de transgénicos, la
producción y comercialización de comida chatarra, el manejo inadecuado de residuos de empresas
mineras y, recientemente, el fracking (la fracturación hidráulica para la extracción de
hidrocarburos) que expone a la población a sustancias químicas peligrosas para su salud, su
calidad de vida y su vida misma.
La principal causa de morbi y mortalidad de las mujeres son las enfermedades crónico-
degenerativas, como la diabetes, la hepatitis tóxica, las enfermedades cerebro vasculares, el
cáncer de mama y el cáncer cérvico uterino, entre otras; enfermedades que tienen relación con la
obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y el alcoholismo. Ello tiene relación con la falta de
regulación de industrias de productos hipercalóricos (comida chatarra) y con la insuficiencia (o
ineficacia) de programas de prevención que promueven la salud de las mujeres. El estado
mexicano no cumplió su compromiso de realizar campañas preventivas en torno al tabaquismo de
manera consistente7; tampoco para el alcoholismo8, la obesidad, la diabetes y otras enfermedades
crónico-degenerativas. No generó campañas ni programas suficientes enfocados específicamente
a las mujeres, lo que ha provocado su muerte en enfermedades que se pueden prevenir o curar si
se detectan a tiempo.
7http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Tabaco.pdf 8http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Alcoholismo.pdf
6
Para el 2009, el Distrito Federal tenía las cifras más altas de muerte en mujeres por cáncer en el
país9. ; En 2012 fue el estado de Coahuila. En el DF fue donde se realizaron más mastografías a
nivel nacional; a pesar de esto, las cifras no disminuyeron por situaciones de desigualdad, lo que
las coloca en condiciones de desigualdad y vulnerabilidad10. En 2015 Baja California Sur, a nivel
nacional ocupa el primer lugar en cáncer.
Otros pendientes del el Estado mexicano con las mujeres de todas las edades, son los relativo a
tomar iniciativas en que se tenga en cuenta el género para hacer frente a las enfermedades de
transmisión sexual, el VIH/SIDA y otras cuestiones de salud sexual y reproductiva. A diferencia de
otros países, en México No existen investigaciones científicas adecuadas que indiquen que la
vacuna para el virus papiloma humano que está siendo aplicada a niñas y niños, no tenga
repercusiones secundarias a largo plazo11.
El ejemplo más contundente de éstos es en materia de salud reproductiva, son los casos de
muerte materna que han sucedido en los últimos años12, siendo las mujeres con menos recursos
las más afectadas13. La evidente falta de disminución de casos de muerte materna se relaciona
también con las reformas constitucionales que endurecieron las legislaciones sobre el aborto y
provocaron el encarcelamiento de mujeres con abortos espontáneos.
El derecho a decidir sobre su cuerpo y el número y espaciamiento de hijas/os es negado de
manera consistente a las mujeres14. En algunos estados persisten las legislaciones que penalizan
el aborto y en otros que se ha detenido el avance legislativo para su despenalización15, ya que la
influencia de la jerarquía católica es muy fuerte en ese sentido. Resulta imperante la revisión de
las leyes que impiden ejercer el derecho a la interrupción del embarazo en 16 entidades del país y
a garantizarlo con altos estándares de seguridad a quien lo desee, como un servicio público, sin
restricciones, barreras, estigmas ni discriminación.
El difícil acceso a servicios de salud —libres de prejuicios y de violencia institucional—, así como el
acceso a anticonceptivos y a la prevención de infecciones de transmisión sexual, ha permeado por
una actitud discriminatoria a las mujeres por razón de ser madres solteras, pobres, indígenas, sin
escolaridad, con tatuajes, lesbianas, trans, jóvenes, ancianas o discapacitadas. Asimismo, existe
poca promoción de la investigación/difusión en materia de VIH/SIDA que muestre formas de
9 http://www.cimacnoticias.com.mx/node/43897 10http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/mama0.pdf 11http://www.jornada.unam.mx/2014/08/20/opinion/a03a1cie 12http://www.cimacnoticias.com.mx/node/63398 13http://www.cimacnoticias.com.mx/node/42392 14http://www.cimacnoticias.com.mx/node/67624 15http://www.cimacnoticias.com.mx/node/62772
7
prevenir/atender la infección.16 Aún son grandes los retos en materia de prevención vertical del VIH
y la sífilis, esto ha sido reconocido por el propio Centro Nacional para la Prevención y el Control del
VIH/SIDA (CENSIDA)17.
El embarazo en mujeres jóvenes y adolescentes18 ha ido en aumento en México. En 2013, el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que 467 mil menores de 20 años dieron a luz.
Cerca de 11 mil de ellas tenían entre 10 y 14 años. Esto es, casi uno de cada cinco nacimientos se
dio en mujeres en esos rangos de edad19. México es el primer lugar en el mundo con el índice más
alto de embarazos en adolescentes20. El difícil acceso a métodos anticonceptivos es un factor que
complica la reducción de este problema de salud pública21, pero también lo es la construcción de
género de la identidad femenina, aspecto que no se considera en los programas para prevenir la
atención, como el que se anunció recientemente22.
Otro pendiente es la norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y
contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención: violencia familiar, sexual y contra las
mujeres, a través de la generación de manuales y guías de procedimiento que dicten su
operatividad. Tras 6 años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación no se ha logrado
su correcta aplicación en ninguna institución de salud pública. Se han dado casos emblemáticos
que resultan vergonzantes para el sistema de salud, como el de Amalia 23 y recientemente el de
Yakiri 24.
d) La violencia contra la mujer
Pese al marco normativo internacional, federal, estatal y —en algunos casos— municipal, los
programas aplicados y ser el tema de mayor difusión, la violencia contra las mujeres se ha
incrementado, desde formas más sutiles hasta las más extremas como son la violencia y
explotación sexual, la trata de personas, las desapariciones y los feminicidios, además de estar
atravesada por la violencia social, la delincuencia y crimen organizado, así como el narcotráfico.
16http://www.cimacnoticias.com.mx/node/59865 17 http://www.sinais.salud.gob.mx/descargas/pdf/CuentasSaludReproductiva.pdf 18https://www.facebook.com/Espolea/photos/ ms.c.eJxdzckJwEAQA8GMzEiaa~;NPzA~_DYfUtGhqByupgc09BevCLKJdkXEIeF4Vc4JKBWzAtl6ky2bFmOdZs0OW7vwvJLgg~-.bps.a.10154560217495133.1073741904.222585805132/10154560218275133/?type=1&permPage=119 Periódico La Jornada, 24 de enero de 2015, p. 30.20 Periódico La Jornada, 28 de agosto de 2014, p. 38.21http://coalicionporlasaluddelasmujeres.blogspot.mx/2011/09/inutiles-politicas-publicas-contra.html 22 Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Disponible en: http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/Carrusel/ENAPEA_0215.pdf 23http://www.cimacnoticias.com.mx/node/41873 24http://www.cimacnoticias.com.mx/node/65236
8
Con datos de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre
1985 y 2013 se registraron en México 44 mil 646 muertes femeninas que, de acuerdo con el
certificado de defunción, habrían sido víctimas de feminicidio, dando un promedio de siete
feminicidios por día25. Las entidades donde hay más denuncias por ese tipo penal son Estado de
México, Guerrero, Jalisco y Distrito Federal.
Cifras recientes indican que la tasa de homicidios en las mujeres ha pasado de 2.6 por cada cien
mil mujeres en el año 2000 a 4.6 en 2012. En los hombres, de 19.8 a 40.2 en ese periodo. El
número de mujeres asesinadas de 2000 a 2013 fue de 23,546 y el de los hombres de 187,378. A
febrero de 2014, en 86 meses el Ejército, la Marina y las autoridades locales habían encontrado en
24 entidades del país26 983 cuerpos de niños, hombres y mujeres en fosas clandestinas.
Investigación Diagnóstica sobre Violencia Feminicida en México, De 1999 a2005 fueron
asesinadas más de 6000 niñas y mujeres27. No se encontraron datos más recientes.
En cuanto a las desapariciones forzadas, hasta julio de 2014, el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó un total de 22,322 "no localizados" en todo
México28. 7,196 casos correspondían a mujeres y 15,126 a hombres29.
Los periodistas asesinados en ejercicio de su profesión en México entre 2000 y septiembre de
2014 son al menos 81, según Reporteros sin Fronteras30, acosados por la violencia, el narcotráfico
o la corrupción31. Diez mujeres periodistas fueron asesinadas en México de 2002 a 2011. En este
lapso, se registraron al menos 94 casos de violencia contra mujeres periodistas, de los cuales el
85.4 % fueron actos "directamente ligados con el ejercicio de su profesión"32. Del mismo modo, de
2001 a 2014, se han documentado 34 casos33defensoras de derechos humanos asesinadas.
Todas las entidades federativas tienen tipificado el feminicidio. En el caso de Chihuahua, todos los
delitos de mujeres se agravan en automático. Sin embargo, algunos estados crearon tipos penales
con fórmulas imposibles de acreditar como Baja California y Baja California Sur, Aguascalientes,
Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí,
25 http://www.proceso.com.mx/?p=387558 26 http://www.vanguardia.com.mx/inundanmexicodefosasclandestinasdejanmuertosen75delpais-1945419.html27 Violencia feminicida en 10 entidades de la República Mexicana. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión - LIX Legislatura Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, México 2006.28 http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2014/ni-el-gobierno-sabe-cuantos-son-95415.html29 En febrero de 2015 el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, dio plazo de un año al gobierno federal para que cree un Registro Nacional de Víctimas, y se adopten políticas públicas reales y efectivas para combatir este flagelo.30 http://www.cnnmexico.com/nacional/2015/01/24/organizaciones-crean-un-mapa-de-las-agresiones-a-periodistas-en-mexico31 http://www.rsf-es.org/news/mexico-negro-inicio-de-ano-para-los-comunicadores-mexicanos/32 http://www.la-razon.com/index.php?_url=/mundo/mujeres-periodistas-asesinadas-Mexico_0_1699630110.html33 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/12/15/van-34-defensoras-dh-asesinadas,
9
Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas. Durango no tiene sentencias de feminicidio34. En
cuanto la Alerta de Género, establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida
libre de violencia (LGAMVLV), no se activa ‘‘porque las entidades tienen miedo a ser etiquetadas
como zonas con violencia feminicida’’, como lo afirma el Observatorio Ciudadano del Feminicidio35.
El diagnóstico del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres 2014-201836, da cuenta de los tipos de violencia contra las mujeres, ocurridos
en diversos ámbitos, así como los casos denunciados. El panorama no es alentador.
La aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia (LGAMVLV)
ha sido sumamente limitada en su aplicación y resultados, lo que se convierte en violencia
institucional. Además, esta ley no alcanza a repercutir en la vida cotidiana de las mujeres y las
niñas, sobre todo en las mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
Sobre la trata de personas, la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niños en América Latina
asegura que México ocupa el tercer lugar en trata de personas en América Latina y el Caribe,
afirmación sustentada con cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas. La Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló en el 2011 a los estados fronterizos los de mayor
incidencia en trata de personas: Sonora, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Chiapas,
Quintana Roo (Los Cabos, Baja California Sur con explotación sexual infantil), Jalisco y Guerrero.
Tanto en México como en los Estados Unidos se explota a mujeres, niñas y niños mexicanos con
fines sexuales atraídos por oportunidades falsas de empleo. Persiste el turismo con fines de
explotación sexual de menores, especialmente en las zonas turísticas como Acapulco, Puerto
Vallarta y Cancún, Tijuana y Juárez. En 2012 se aprobaron reformas constitucionales, se dio
capacitación y aumentaron las condenas por trata a nivel nacional. Dada la magnitud del problema
el número de procesamientos, condenas y sentencias por ese delito siguió siendo bajo.
La atención al problema de la violencia de género se ha logrado por las presiones de las madres
víctimas de feminicidio37, ciudadanía, organizaciones de mujeres y el movimiento feminista; su
trabajo y gestión para atraer los casos por parte de instancias internacionales, pero el gobierno
mexicano no ha asumido plenamente su responsabilidad ni asumido las obligaciones adquiridas en
el ámbito internacional como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
34 http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=7966 35 María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del observatorio, Gobiernos federal y locales se niegan a emitir declaratorias de alerta de género, La Jornada, abril 22 de 2013.36 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343064&fecha=30/04/2014 37 Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en ciudad Juárez y Justicia para Nuestras Hijas, en la ciudad de Chihuahua y la asociación civil Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en la ciudad de Chihuahua.
10
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belem Do Pará, y la Plataforma de
Acción de Beijing.
e) La mujer y los conflictos armados
México vive una situación de conflicto armado a partir de la declaración de una “Guerra contra el
Narcotráfico”, por parte del expresidente Felipe Calderón, con la aplicación de la fuerza
gubernamental de las instituciones de seguridad y castrenses dentro del territorio nacional contra
el crimen organizado, con un aumento de desapariciones forzadas basadas en el género y su
vínculo con la trata de personas con fines de explotación sexual, feminicidios y hostigamientos por
razones políticas.
Por otro lado ha aumentado la criminalización de la protesta, agresiones a periodistas, defensoras
de derechos humanos y tortura sexual, ligadas al contexto de guerra y el uso de las fuerzas
armadas de seguridad, como mecanismos de control y represión.
Aumenta el registro de un alto número de desplazadas de sus municipios, la mayoría viudas a
cargo de sus hijas e hijos, cuyos esposos han sido victimados en enfrentamientos entre narcos y
entre narcos y autoridades (Ejército, y diversas policías, así como la Marina). Según cifras
oficiales, de 2007 a 2014, 1.2 millones de mexicanos y mexicanas habían sido desplazados a
consecuencia de la guerra (1). (tenía este dato, pero en el informe nacional no puso la fuente).
Considerando el reporte de 2013 del índice Global de Paz Internacional, México se encuentra en el
grupo de países en el mundo que cuentan las cifras más altas de muerte por conflicto interno.
Entre 2007 y 2014 en el país más de 120 mil mujeres se convirtieron en viudas a cargo de más de
240 mil niños y jóvenes (2), (lo mismo pasa con esta fuente, no está). no hay cuantificación sobre
cuántas son indígenas, pero se sabe que no tienen garantías mínimas, están totalmente
desprotegidas por la desestructuración de las redes tradicionales de apoyo y ante la pérdida de los
referentes culturales, aumentan los riesgos de acoso sexual y violaciones a niñas y jóvenes.
En este marco de guerra las mujeres son víctimas de violaciones tumultuarias por hombres
armados y ante el miedo, no denuncian y tampoco tienen acceso a métodos de contra concepción
de emergencia y sin atención para prevenir enfermedades del VIH sida y hepatitis.
En la guerra contra el narcotráfico, impuesta desde 2006, las mujeres, invisibles, llevamos la peor
parte, entre la ocupación militar y la policiaca, las violencias de género y el narcotráfico, nuestro
cuerpo es botín de guerra.
11
En México se puede hablar de avances mínimos como la instalación del programa Alerta AMBER,
para el caso de personas desaparecidas, que no específicamente para mujeres y la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados. Los avances legales, como la ley contra la de trata personas y
la ley de víctimas, no están garantizando la protección de las mujeres en situaciones de conflicto.
En México el gasto militar se ha incrementado, igualmente el número de armas de fuego. El
indicador que mide el número de delitos relacionados con el uso de armas, registró un aumento
significativo de 117% por cada 100 mil habitantes durante la última década. Si bien se han
implementado acciones en las zonas de conflicto con la intención de favorecer a la población en
sus necesidades básicas, han sido menores en comparación con el envío de personal castrense,
Marina, Policía Federal, etc., para enfrentar a la delincuencia organizada, considerando que la
presencia de estas fuerzas provocan más acciones violentas y no de una cultura de prevención o
cultura para la paz. En Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California,
Baja California Sur, Michoacán y Guerrero, se presenta un incremento de violencia ocasionado por
la muerte o captura de líderes de organizaciones criminales en las zonas sobre las que tenían
influencia38.
El gobierno mexicano debe reconocer que se vive una situación de conflicto armado, el cual ha
afectado a las mujeres y niñas de manera particular. En caso contrario, se perpetuarán políticas
públicas sin establecer la atención a su problemática ni garantizar el ejercicio de sus derechos. Se
debe tomar en cuenta que también la falta de oportunidades económicas y laborales causa que las
mujeres se integren a grupos de delincuencia organizada.
f) La mujer y la economía
En relación con la participación económica de las mujeres en México, esta es particularmente baja
comparada con la mayoría de los Países de América Latina, región en la que el promedio es 10
puntos superior a la mexicana39. Resultado, en buena medida de la escasa oferta de servicios de
cuidado y el horario estrecho de las escuelas públicas de educación preescolar y primaria.
La calidad en el empleo y seguridad social para las mujeres es precaria por la baja cobertura en
salud, el alto porcentaje de ocupación en el sector informal y los bajos ingresos. El 62% de las
mujeres ocupadas están sin acceso a servicios de salud (2014) con porcentajes muy parecidos a
los hombres y a los porcentajes de 2005. Las tasas de jubilación de las mujeres mayores de 60
años pasaros de 5.1% en el año 2000 a 8.7% en 2014; en los hombres los porcentajes pasaron de
38 De acuerdo con la Base de Datos sobre Homicidios Presuntamente Relacionados con la Delincuencia Organizada del Gobierno Federal.39 http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp
12
19.7% a 25.1%. Las tasas de ocupación en el sector informal son altas: 29% en mujeres y 26% en
hombres en 2014. Estas son mayores en las mujeres y prácticamente sin cambios en 10 años.
La brecha salarial, de acuerdo con indicadores del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), en 2013, registra que por cada peso que se paga a los hombres, las mujeres
reciben 46 centavos por trabajo de igual valor40. Las mujeres empleadas viven, además, en
diversos espacios laborales climas de violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual.
La tasa de desempleo de las mujeres de 15 a 19 años (11.8%) y de 20 a 29 años (8.7%) en 2014
es mayor que la de los hombres (8.7% y 7.3%, respectivamente). La tasa promedio no marca
diferencias, no obstante en los rangos de edad de 40 y más, las mujeres tienen menores tasas de
desempleo que los hombres, resultado, tal vez, de que en esas edades las contrataciones no se
logran y las mujeres no se manifiestan como buscadoras de empleo, sino más bien buscan tener
un negocio para su sobrevivencia.
En el país, las trabajadoras por cuenta propia fueron poco más de 4 de cada 10 mujeres ocupadas
durante el periodo de 2005 a 2014, empleos generalmente asociados a ocupaciones precarias. Por
su parte, el porcentaje de empresarias41 se ha mantenido constante en alrededor de 2% de la
población ocupada en los últimos 10 años. A la par, los programas para impulsar o apoyar
proyectos productivos tienen coberturas insignificantes y enfoque antipobreza que no incorpora la
perspectiva de género. El Programa de Estancias Infantiles (PEI) para apoyar a madres
trabajadoras en 2013 tuvo una cobertura de 8.6% con un servicio limitado de usuarias(os).
La mayoría de estos programas disponen de reglas de operación complejas, con requisitos que
excluyen a poblaciones sujetas de derecho que requieren de estos programas y sus recursos; se
caracterizan por ser poco transparentes en las entidades federativas. Su diseño y operación carece de
perspectiva de género y son programas con enfoque anti pobreza o productivo, que no atienden los
intereses estratégicos de las mujeres.
Entre estos resultados se muestra la ausencia de una política económica integral que incluya el
desarrollo de la industrial y el sector agropecuario, aunado a la falta de una política de fondo de
servicios de cuidado. Las mujeres dedican en promedio 42.4 horas a la semana a actividades
domésticas y de cuidados contra 15.2 horas de los hombres.42 Pese a las desventajas, los hogares
jefaturados por mujeres continúan creciendo; representan 3 de cada 10 hogares en el país.
40 Pnud, 2014. Informe sobre Desarrollo Humano, página 193.41 Empleador(a) o patrón(a): Trabajador independiente que ocupa personas a cambio de una remuneración económica en dinero o en especie. Fuente: glosario de términos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi.42 Inmujeres Ibídem
13
Las perspectivas no son alentadoras con un aparato hetero patriarcal, público y político que insiste
en profundizar las medidas neoliberales con sus consecuencias sobre la calidad y nivel de vida de
la población, con los salarios mínimos más bajos de América Latina, enormemente afectado en la
actualidad por su dependencia de recursos petroleros.
El modelo económico debe cambiar a uno construido democráticamente, que fortalezca el
mercado interno, reconozca las enormes riquezas del país, y que éstas sean para las y los
mexicanos; que elimine la corrupción, fortalezca la transparencia, la rendición de cuentas, la
participación social, que se sustente en la paridad entre mujeres y hombres, y considere a los
múltiples grupos de mujeres en toda su diversidad de posición y condición.
g) La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones
México tiene una legislación más avanzada al llegar a la paridad para las candidaturas en puestos
de elección popular (reformas aprobadas en el 2014), pero aún no da garantías de paridad en la
integración de los órganos legislativos. El único instrumento de participación ciudadana, el voto,
está inmoralmente constituido en el actual sistema de partidos (exceso de recursos, campañas
ofensivas, compra del voto con programas gubernamentales, televisiones, etc.).
El número de mujeres al interior de los órganos de toma de decisiones es todavía muy pequeño.
En el Poder Ejecutivo, de 25 personas que conforman el gabinete del presidente de la república en
funciones, 3 son mujeres (12%). A pesar de que dos mujeres han ocupado la Procuraduría
General de la República (una nombrada recientemente), no se ha aplicado la perspectiva de
género en toda su estructura y políticas ni se avanzó en el acceso a la justicia para las mujeres.
Nunca ha existido una secretaría de Gobernación, titular del Ejército, Marina ni en el área de
presupuestos. En México solo 6 mujeres han gobernado entidades y el Distrito Federal.
En el Senado, en el 2013, el 33.6% eran mujeres43; en la Cámara de diputados federal, en 2014,
37.4%. En el Poder Judicial, el máximo tribunal, 18.2% eran mujeres en 2013, en tanto que el
porcentaje de presidentas municipales llegó a 6.9% en 2013, y el de regidoras a 38.5% en 2011
(con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal).
A nivel estatal, las legislaturas con mayor porcentaje de mujeres eran (en el 201344), Tabasco, con
42.9%, Chiapas con 41.5% y Tamaulipas, con 36.4%, en tanto que la representación femenina
más baja son las de Querétaro, con 8%, Aguascalientes, con 7.4% y Oaxaca, con 7.1%. El
panorama a nivel estatal es de menor igualdad, que a nivel federal, aunado a ello, en Nuevo León
43 Hombres y Mujeres en México 2013. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.44 Idem.
14
y Morelos, los partidos políticos se han inconformado con la reforma del 201445 para instaurar la
paridad. Otro problema que ha surgido, es que los partidos políticos están utilizando a esposas,
hijas o familiares para cubrir las cuotas de género, pese a los candados para evitar que, una vez
electas, las mujeres renuncien para dar paso a sus suplentes hombres.
Como se ve, el nivel municipal sigue siendo el de más baja participación de las mujeres y en el que
se presentan situaciones de misoginia y feminicidio, como el ocurrido recientemente de Aída Nava.
Los usos y costumbres de pueblos indígenas y la violencia institucional son también un obstáculo
para que las mujeres ocupen un espacio, como lo ha sido el estado de Oaxaca. Las reformas del
2014 no hacen mención a los gobiernos municipales. En comunidades o agencias municipales, a
las mujeres se les prohíbe participar en las asambleas o ser representantes. Simplemente no se
les reconoce como ciudadanas ni siquiera existen datos estadísticos que evidencien esa situación.
Lo mismo sucede con las organizaciones de ejidatarios.
Una problemática más es que pese al avance (desde el 2008) de que los presupuestos destinados
a los partidos políticos, se destine el 2 por ciento a la capacitación para el liderazgo de las mujeres,
pero las dirigencias controlan los recursos y los desvían para otros fines.
La paridad no garantiza la igualdad ni la erradicación de la violencia, pues las mujeres son las
principales militantes de los partidos políticos y ningún partido en México es dirigido actualmente a
nivel nacional por una mujer. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, 7.7% de
las mujeres encuestadas pide permiso para votar46.
Los retos en esta esfera, es transformar el sistema político electoral y la cultura política con
hegemonía patriarcal. Es impostergable que la trasversalidad, institucionalice la paridad en los
poderes y en los diferentes niveles gumebernamentales.
h) Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer
La necesidad de creación de estos mecanismos estuvo presente desde la Primera Conferencia
Mundial sobre la Mujer de México en 1975, propuesta que fue reiterada en la Plataforma de Acción
de la Mujer (PAM) en 1995.
Ésta esfera de Mecanismos Institucionales para el Adelanto de las Mujeres (MAM) es una esfera
síntesis, que resume la responsabilidad del Estado mexicano con la agenda de la igualdad entre
mujeres y hombres. A nivel federal esta política ha sido depositada en el Instituto Nacional de las
Mujeres (Inmujeres),
45 http://www.cimacnoticias.com.mx/node/68914 46 Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2010. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
15
Magdalena García, 12/03/15,
Comentario de Alma.: Lupita, la perspectiva de género (que ya nos deslindamos al principio de ella) debe transversalizar al total del recurso económico de los partidos, no sólo el 2% para fines del liderazgo y eso ningún partido lo hace ni se fiscaliza. ¿cómo lo decimos?
El mandato de esta esfera emanado de la PAM de la 4ª Conferencia Mundial realizada en Beijing,
China en 1995 fue: 1. Crear o fortalecer mecanismos nacionales y otros órganos gubernamentales,
2. Integrar la perspectiva de género en las legislaciones, políticas, programas y proyectos
estatales, y 3. Preparar y difundir datos e información destinados a la planificación y la evaluación
desglosados por sexo.
El fundamento de esta evaluación es el derecho a la igualdad como derecho a gozar de todos los
derechos humanos (…. Este derecho, crea) creando obligaciones de efecto inmediato que no se
hallan sujetas a la realización progresiva ni a la disponibilidad de recursos (Facio, 2014, p. 28), de
acuerdo a la Recomendación General número 28, relativa al artículo 2 de la Cedaw.
La evaluación que se presenta utiliza indicadores relativos a los derechos humanos: estructurales,
de proceso, y de resultados, los que están contenidos a lo largo de la presentación del resto de las
esferas de especial preocupación de este informe.
En los indicadores estructurales que se refieren a la recepción de derechos y miden si el marco
normativo e institucional es adecuado y eficaz para garantizar cada derecho, los hallazgos
relevantes son que hay un marco jurídico importante con rezagos por falta de reglamentación,
revisión y desarrollo de mecanismos útiles y participativos, lo que permite que las resistencias
patriarcales obstaculicen los derechos reconocidos en él y el trabajo de las instituciones creadas
para ello.
Los MAM federal, estatales y municipales tienen un desarrollo desigual. Su actividad se ve favorecida,
en casos particulares, en entidades con movimientos feministas más consolidados. Sin embargo, una
gran parte no cumple su función por razones diversas. Por un lado, la debilidad de la cultura de la
igualdad impide la continuidad e institucionalización de buenas prácticas que se enfrentan a falta de
continuidad de los avances logrados ante cambios de gobierno; por otro, la aplicación de políticas
asistenciales no han logrado el tránsito del enfoque de Mujeres en el Desarrollo (MED) al de Género
en el Desarrollo (GED). En muchos casos, la designación política de titulares desconocedoras y
desinteresadas en la agenda se traduce en una acción dominada por la obediencia y la subordinación
partidaria a institutos políticos que eluden su compromiso con la agenda de la igualdad.
En cuanto a los avances legislativos, su fragilidad se refleja en la falta de reglamentación, de recursos
institucionales, financieros y humanos suficientes para su difusión y aplicación, y sin sanciones ante la
falta de cumplimiento. También están los recursos financieros y técnicos insuficientes para cumplir su
mandato, su debilidad institucional que dificulta el acceso a núcleos duros de la toma de decisiones, el
desconocimiento conceptual en materia de transversalidad y de los marcos jurídicos nacionales e
16
Guadalupe López García, 12/03/15,
Creo que había puesto que no solo es por los movimientos feministas. Confluyen muchos actores sociales más. COMPLETAR
internacionales para la igualdad y la no discriminación y la falta de conocimiento sobre el tema de la
mayoría del aparato gubernamental.
Del mismo modo, los Sistemas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (nacional y estatales),
creados por mandato de leyes, escasamente se reúnen y excluyen a representantes del movimiento
feminista y social. Otras razones son la inexistencia de sistemas de seguimiento y evaluación con
indicadores de impacto, y de mecanismos adecuados de acceso a la justicia. Hay acciones dispersas e
insuficientes para lograr el empoderamiento económico, no se cuentan con auditorías cualitativas de
género, se presenta una baja atención en el trabajo con hombres para lograr procesos de
transformación de estereotipos de género. En tanto, los avances en la creación y operación de las
unidades de género son limitados, y no se consideran las ventajas de la participación de los
movimientos feministas en el impulso de la agenda.
En loa indicadores de proceso que calculan si el compromiso presupuestal es de las dimensiones
requeridas., los hallazgos fueron que el compromiso presupuestal ha sido raquítico a nivel federal
estatal y municipal, y no se han visto cambios significativos resultado del compromiso establecido en el
nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. La propuesta gubernamental de gradualismo limitado a
tres programas por año, dará lugar a que en 48 años se incorpore la perspectiva de género en el
proceso presupuestal, si se consideran solamente los programas federales actuales en el sector de
desarrollo social..
17
Grado de transversalidad presupuestal*/
Nota.*/ Grado de transversalidad medida con el siguiente indicador: [(Presupuesto del Instituto o equivalente + gasto transversal con recursos sólo de la entidad federativa) / (Presupuesto total de la entidad federativa)]*100El gasto transversal en las entidades sólo existe en el Distrito Federal y Chihuahua.Fuente: elaboraciones propias con información de Decretos de Presupuestos federal y de las entidades de 2013, 2014 y 2015.
Los indicadores de resultados que miden el impacto real de las estrategias, programas,
intervenciones del Estado en materia de garantías de derechos en condiciones de igualdad entre
mujeres y hombres, un resumen de los hallazgos –expuesto en el resto de las esferas- da cuenta
de avances desiguales. En la toma de decisiones se registran bajos niveles de representación en
los poderes ejecutivos y judicial, mejoras en el poder legislativo, regidurías y —desde niveles muy
bajos— en las alcaldías.
En el ámbito económico se halló que persisten las brechas de desigualdad en los ingresos. La
cobertura de servicio de cuidado es mínima y las políticas para ampliarlos limitadas, lo que afecta
el tiempo para la crianza con sus consecuencias sobre la formación y salud mental de las nuevas
generaciones. Asimismo, la cobertura de los programas de fomento productivo es insignificante;
hay altas tasas de ocupación en el sector informal —con tasa prácticamente sin cambio en 10
años— mayores en las mujeres. Continúa el proceso de precarización laboral por la persistencia
de políticas neoliberales que impiden salarios y prestaciones dignas, con el salario mínimo más
bajo de América Latina, en un país enormemente afectado en la actualidad por su dependencia de
recursos petroleros.
En cuanto al el control de las mujeres sobre el propio cuerpo, los resultados son escalofriantes
con aumento en homicidios, desapariciones forzadas, represión, tortura y asesinatos de
defensoras de derechos humanos y periodistas; aumento en prevalencia de cáncer de mama y
embarazo adolescente y lenta reducción de muerte materna, además de graves procesos de
violencia, narcotráfico, indolencia, impunidad y corrupción gubernamental.
18
En conclusión, los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM) enfrentan principalmente
debilidad institucional y legal, presupuesto insuficiente, desconocimiento conceptual y desinterés
de los altos niveles de gobierno. El Estado mexicano no está cumpliendo con la mayoría de las
obligaciones de la agenda para la igualdad de la Plataforma de Acción de Beijing. El Informe de
México sobre la Aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing+20 sobre esta
esfera, atendió de manera parcial los objetivos estratégicos planteados por la PAM.
El mayor reto en el derecho a la igualdad enfrenta la tensión central derivada de un gobierno federal
que privilegia la lógica del mercado y gobiernos locales sin pretensiones de hacer algo distinto,
combinado con un conservadurismo cultural que se contrapone a la visión emancipadora de la política
de igualdad.
El principal desafío de los Mecanismos Institucionales para el Adelanto de las Mujeres es
desarrollar, difundir y colocar en el imaginario colectivo de los habitantes de la nación la
argumentación central sobre el vínculo virtuoso entre la igualdad de género y el crecimiento
económico, la productividad, la competitividad, la estabilidad macroeconómica, la cohesión social,
la seguridad y la paz. Ello permitirá articular su quehacer a la corriente principal de las sociedades
contemporáneas a través de los Objetivos de los Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda Post-
2015.
i) Los derechos humanos de la mujer
A pesar de que existen avances en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres a
través de mecanismos y normatividad específica, el Estado mexicano no ha logrado tener un
impacto sustantivo en las condiciones de vida de las mujeres que propicie el ejercicio pleno de sus
derechos en todos los ámbitos de desarrollo, así como su seguridad e integridad física, el acceso a
la justicia y la prevención de las violencias.
México ha ratificado los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres, sin
embargo, del 2000 al 2011 ha recibido 1,361 recomendaciones por parte de organismos
internacionales, así como una serie de sentencias que condenan al Estado por violación a los
derechos humanos de mujeres. Incluso, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, (CEDAW) en el 2012 recomendó proseguir la aplicación de las
recomendaciones y decisiones sobre la violencia contra las mujeres hechas por varios
mecanismos de derechos humanos internacionales y regionales.
En el ámbito del acceso a la justicia para las mujeres, una de cada 10 mujeres que vive violencia
realiza una denuncia; y 13 de cada 100 mujeres que vivieron violencia física o sexual no denunció
19
porque no confía en las autoridades47, lo cual demuestra el grado de impunidad y desconfianza
hacia las instancias de procuración de justicia. En el 2013, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación emitió el “Protocolo para juzgar con perspectiva de género”, sin embargo, aún subsisten
prácticas discriminatorias de servidoras y servidores públicos basadas en estereotipos de género
que obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, recreando el sistema de
impunidad y reproduciendo la violencia institucional en los ministerios públicos, tribunales y
juzgados.
Con la entrada en vigor del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y la
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal a nivel federal y estatal se abren grandes
posibilidades de violación de los derechos de las mujeres, al considerar en los códigos estatales
algunos delitos de género como no graves, permitiendo la mediación y reconciliación en estos
casos, colocando a las mujeres, sus hijas e hijos en una situación de riesgo.
Una de las más graves y permanentes violaciones a los derechos humanos de las mujeres ha sido
el rechazo a declarar la Alerta de Violencia de Género en nueve entidades federativas de México
(Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Hidalgo, Baja California Sur,
Chiapas, Morelos y Michoacán). En 2008 se creó un fideicomiso nacional de 15 millones de pesos
para el rubro de alertas de género y a partir de 2009 se le han asignado dos millones de pesos
más por cada año, sin embargo, no existe información pública que dé cuenta de cómo se ha
ejercido este presupuesto48.
De igual modo, en la criminalización del aborto, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación indicó
que entre 1993 y 2007 el número de causas penales y averiguaciones previas tramitadas en
relación con el aborto fue de 63 mujeres al año en el país. Durante el periodo de 2009 a 2011, a
partir de la aprobación de las reformas (anti)constitucionales en varios estados que protegen la
vida desde la concepción, 679 mujeres han sido denunciadas por el delito de aborto; es decir, 226
mujeres denunciadas o procesadas en promedio al año49, lo cual representa un aumento
significativo del 350%.
En el 2013 tenemos 11,901 mujeres privadas de su libertad; 4,189 de ellas se encuentran
recluidas en centros específicos para mujeres (35%), mientras que 7,712 (65%), se alberga en
centros mixtos50. De los 219 centros penitenciarios para mujeres, en 136 (el 54%) no se
47 “Estadísticas de violencia contra las mujeres en México”, Instituto Nacional de las Mujeres, enero de 2014.48 Seguimiento a las acciones de política pública para dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, CEAMEG, México, 2010, pp.2849 David Martínez Huerta, “La criminalización del aborto va en aumento: ONG; 226 mujeres son denunciadas o procesadas al año”, 14 de julio de 2013. http://www.sinembargo.mx/14-07-2013/68545950 Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana. Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2013.
20
proporciona una atención médica especializada y 83 (40%) no cumplen con los estándares para
garantizar una estancia digna y segura. Se estima que 874 menores de edad viven con sus
madres en prisión, para los cuales no existe ningún tipo de atención médica, educativa, psicológica
y de alimentación, ni se conceden visitas conyugales cuando se trata de parejas del mismo sexo,
entre otras.
Por otro lado, 8.1 millones de mujeres indígenas son objeto de abusos y violaciones a su
integridad física y moral, siendo la violencia familiar, la falta de atención médica por motivos de
discriminación étnica, la militarización de su territorio, la falta de acceso a la educación, a la
propiedad de la tierra y a la salud sexual y reproductiva algunas de esas expresiones. Una de las
mayores problemáticas en las comunidades indígenas y que ha ido en aumento es la venta o
intercambio por bienes de niñas y mujeres, lo cual es aprovechado por lenones y redes de
tratantes con fines de explotación sexual.
En el 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que al menos 61,581
niños, niñas y adolescentes procedentes de Centroamérica y México fueron detenidos entre
octubre de 2013 y julio de 2014 tras cruzar la frontera a Estados Unidos. Asimismo, seis de cada
diez mujeres migrantes en tránsito por México viven algún tipo de violencia sexual; y se enfrentan
a riesgos de ser secuestradas, desaparecidas y explotadas sexualmente por redes de trata de
personas, e incluso por las mismas autoridades mexicanas.
Ante el retroceso de los derechos humanos de las mujeres en el país, la fuerte impunidad
expresada a través de la violencia institucional, estructurada y legitimada a lo largo del territorio y
en el plano federal, estatal y municipal, donde se han exacerbado los crímenes y las violencias
contra la mujer y las niñas, es urgente que el Estado mexicano cumpla y aplique en su totalidad las
sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW y las diversas
instancias que vigilan los derechos humanos de las mujeres en Naciones Unidas. Debe existir un
mecanismo ciudadano reconocido por su experiencia en la defensa de los derechos de las mujeres
que garantice la puesta en marcha y el cumplimiento de la Declaración de la Alerta de Género en
todo el país.
La diversidad de familias y de mujeres permanecemos en estado de indefensión ya que no se ha
armonizado la normatividad en todas las entidades federativas en apego al artículo primero
constitucional y tampoco existe una cultura institucional para lograr una igualdad sustantiva de la
multiplicidad de mujeres y hombres, y esa falta favorece la intolerancia y los crímenes de odio por
orientación sexual e identidad de género.
21
j) La mujer y los medios de difusión
Los avances obtenidos en esta esfera, se derivan de los esfuerzos provenientes de la sociedad
civil, de la academia y el movimiento feminista contando poco con el apoyo, voluntad y subsidio del
Estado mexicano. Por ejemplo, en una semana, los canales de televisión 2, 5, 7, 11 y 13
reproducen alrededor de mil veces los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
reconocidos en la LGAMVLV.51
A pesar de los avances en el acceso de las mujeres a los medios de comunicación, todavía existe
una diferencia de por lo menos 60 por ciento en los puestos de dirección ocupados por hombres.
A lo anterior hoy se suma el incremento sistemático y permanente de ataques contra las mujeres
periodistas. En 2010 México fue declarado por la Organización de Naciones Unidas y la
Organización de Estados Americanos como el país más peligroso para ejercer el periodismo en
América Latina y el segundo en el mundo. De 2002 a 2014, la organización civil Comunicación e
Información de la Mujer A.C. (CIMAC) ha registrado y documentado 251 casos entre los que se
incluyen 11 casos de feminicidio.
El primer aporte identificado se deriva de la inclusión del Capítulo J referente a “Mujeres y Medios
de Difusión” en la Plataforma que representa un primer adelanto y brinda la estructura mínima para
el desarrollo de los derechos humanos de las mujeres en México a través del acceso de las
mujeres y su participación en la toma de decisiones en los medios de difusión y en las nuevas
tecnologías así como el fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los
medios de comunicación.
Entre los avances más significativos encontramos en gran parte del país, el aumento de mujeres
en los medios de comunicación, no así en los puestos de dirección y sin existir un registro a nivel
nacional que permita saber los números exactos en comparación con los hombres,
51 Esta investigación incluyó el análisis de la programación de los cuatro canales de mayor cobertura y rating a nivel nacional, durante una semana, de 6.00 a 23.00 horas: los canales 2 y 5 de Televisa, el 7 y el 13 de Televisión Azteca, así como la televisora pública Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. En total, analizamos 544 horas de programación. La suma de representaciones de la violencia contra las mujeres y las niñas identificadas en los contenidos televisivos fue de 983, distribuidas en los siguientes formatos: publicidad (377), telenovelas (234), programas de revista y concurso (139), noticiarios (110), películas (55), series (43), caricaturas (12), otros (12) y debate (10). “Los medios de comunicación frente a la violencia contra las mujeres y las niñas”, Aimé Vega Montiel. Documento disponible en: http://www.cotidianomujer.org.uy/sitio/pdf/Aimee_Vega_Montiel_Los_medios_de_comunicacion_frente_a_la_violencia_contra_las_mujeres_y_las_ninas.pdf
22
La creación de redes de periodistas, organizaciones de la sociedad civil que capacitan en materia
de periodismo no sexista y perspectiva de género, así como nuevas tecnologías y
empoderamiento, observatorios de medios de comunicación y publicidad, espacios noticiosos
especializados en derechos humanos de las mujeres (prensa, radio, televisión e internet).
Así mismo ha habido una evolución en el marco legal que permita regular los contenidos de los
medios sin embargo aún es raquítica y parcial en su enunciación, sanciones y aplicación.
No existen datos estadísticos nacionales generados por el Estado que incluyan el número de
mujeres ejerciendo en periodismo en México y por ende tampoco los puestos que cubren, las
condiciones laborales ni los obstáculos que enfrentan. La información diagnóstica que existe es la
generada por las organizaciones que deja ver que no se encuentran de forma equilibrada en los
puestos de decisión pero en tanto que los medios de comunicación son empresas privadas,
compete al gobierno solicitar y sistematizar esta información así como regular y sancionar con
base en las leyes ya existentes y en la generación de nueva normativa que se adapte a las
necesidades que resulten de los diagnósticos.
El indispensable contar con unos medios de difusión que transparenten y visibilicen
permanentemente la situación que viven las mujeres y hombres en materia de igualdad, violencia y
discriminación, y coadyuvar en un adelanto social, político y cultural al contar con información
objetiva y oportuna.
k) La mujer y el medio ambiente
Es imperativo reorientar el actual modelo de desarrollo económico neoliberal que a través de
actividades como el fracking, para la extracción de gas schale, la megaminería tóxica, los
megaproyectos de supuesto desarrollo sustentable turístico, entre otros, se ha acelerado el
calentamiento global, asimismo concentra poder y recursos en pocas personas mientras para las
mayorías genera degradación ambiental, donde las mujeres no tienen acceso a la toma de
decisiones con respecto a los recursos naturales, provocando dependencia económica y
desigualdades de género, tales como: la feminización de la pobreza, envejecimiento de la
población rural, mayores cargas de trabajo y responsabilidades familiares de las mujeres,
migración y desplazamientos forzados de hombres y mujeres, expuestas a mayor violencia
emocional, física, de explotación sexual y laboral. Actualmente, existen entidades federativas que
registran ecocidios y/o su población daños a la salud, entre ellos: Durango, Sonora, San Luis
Potosí, Baja California Sur, (verificar el resto de entidades que faltan) y están en grave peligro de
replicar estos daños en gran magnitud: Baja California Sur, Veracruz.
23
Magdalena García, 12/03/15,
Nota de Alma( Lupita, te mando el dato más tarde de las entidades).
La actual Ley Nacional de Aguas ha propiciado acaparamiento privado de fuentes de agua con un
sobre-concesionamiento de más de 130 acuíferos del país (20%), sin mecanismos de revisión, de
participación ciudadana y comunitaria en la gestión y planeación para hacer efectivo el derecho
humano al agua y saneamiento. 70 % de los ¿cuerpos? de agua, están contaminados y
representan un riesgo para la salud y la disponibilidad del líquido. Las mujeres pagan caro el
acceso restringido o mala calidad del agua, dando más tiempo y esfuerzo con el acarreo, tandeo,
pipas, y sus consecuencias en la salud.
Las mujeres campesinas y rurales tienen poca autonomía y empoderamiento para la toma de
decisiones en su familia, comunidades y ante autoridades en núcleos comunales y ejidales, no
tienen acceso a la información legal y financiera importante que les permita proteger mejor y
sustentablemente el usufructo y control de recursos naturales de sus comunidades. En entornos
degradados las mujeres tienen mayores dificultades para realizar su trabajo doméstico y
productivo, emplean más tiempo y esfuerzo (acarrear agua, elaboración de alimentos, limpieza y
cuidados, venta de productos) y tienen menos tiempo para la salud, formación, cultura y ocio.
Las y los pequeños productores y de subsistencia, con la permacultura y la agroecología pueden
favorecer la soberanía alimentaria basada en lo local, el derecho humano al agua y la tierra, el
reconocimiento de la multiculturalidad, aprovechamiento de los conocimientos y prácticas locales
ancestrales de probada eficacia, el fortalecimiento de un mercado local con una mayor variedad de
alimentos, cultivos y pasturas locales más nutritivos que los altamente procesados, y conservan la
biodiversidad de miles de especies silvestres que no entran en el reducido número de especies de
los mercados comerciales globales.
Las mujeres indígenas son quienes hacen la recuperación de semillas criollas, acciones de
cuidado y recuperación ambiental y suelos, utilizan bosques y selvas como sustento alimenticio,
medicinal y productivo, conservando y protegiendo a un mayor número de especies maderables y
combustibles. Parte de los ingresos de los hogares campesinos e indígenas provienen de los
ingresos ganaderos, el ganado suele ser cuidado por mujeres e infantes. De la pesca artesanal
dependen comunidades como su principal fuente de proteína, respetan los tiempos de vedas de
una mayor variedad de especies de agua dulce y marinas, sus métodos no destruyen el fondo del
mar. En la producción de acuacultura, las mujeres suelen tener una participación mayoritaria.
Las demandas colectivas son criminalizadas, con persecución, y detención arbitraria,
encarcelamiento, represión y hasta asesinato de las mujeres y hombres defensores de derechos
humanos ambientales del territorio y agua. Situación que se agrava con personas indígenas que
encaran procesos judiciales y sentencias de prisión sin apego a la ley y sin traductores litigantes.
24
Magdalena García, 12/03/15,
Revisar
Las demandas de las mujeres son menos respetadas, escuchadas y atendidas que las de los
hombres. Las denuncias por problemas ambientales que benefician a empresas nacionales y
trasnacionales sumaron 211 que afectan a 433 municipios de 21 entidades federativas (TPP,
2014).
Hay avances legislativos, programáticos e institucionales para atender derechos selectivos para la
igualdad y para la sustentabilidad y protección ante riesgos de desastres. Sin embargo, no son
ampliamente conocidas por servidores/as públicos/as ni por la ciudadanía, ni se cumplen ni se les
da seguimiento o evaluación, y la exigibilidad de los derechos humanos no es atendida por un
Estado mexicano adelgazado.
La recientes reforma estructural energética considera actividades de exploración y extracción de
hidrocarburos por encima de otras actividades de aprovechamiento de superficie y subsuelo
incluidas las áreas naturales protegidas, así puede haber servidumbre energética y extractiva con
ocupación temporal de ejidos y comunidades para empresas productivas del estado (como
Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad) y de capitales privados. Así la
afectación de la vida de las mujeres y hombres puede ser por tiempo indefinido.
México ratificó en 2005 el Marco de Acción de Hyogo, reducir vulnerabilidades y riesgos de
desastres y desarrollar sociedad resiliente. Menciona el compromiso de integrar la perspectiva de
género en planes y procesos de gestión del riesgo, sistemas de alertamientos tempranos,
educación y capacitación. Algunos elementos se han incluido en la Ley General de Protección Civil
pero sin perspectiva de género. La Ley de Cambio Climático no articula el enfoque de gestión
integral de riesgos de desastres ni la igualdad de género. En este marco hay propuestas de
investigadoras y defensoras ciudadanas en foros y declaratorias (COP-16 de 2010, CENAPRED)
pero no se retoman en el marco jurídico, programático, ni institucional.
La vigésima conferencia de las partes sobre cambio climático de la ONU (COP 20,2014) buscó un
nuevo acuerdo climático vinculante que renueve el protocolo de Kyoto finalizado en 2012, sin
lograr resoluciones consensadas. Las negociaciones oficiales multilaterales en la COP 20 en 2014
son consideradas como excluyentes por ser impulsadas por un sector empresarial corporativo y
financiero hegemónico de naciones como China, EEUU, India, la Unión Europea, Rusia y Brasil
que priorizan una seguridad climática con falsas soluciones tecnológicas, dejan fuera de ésta
negociación a millones de pequeños productores campesinos y un amplio movimiento social
popular global. Bosques naturales se incorporan al mercado como mercancía con el desalojo de
comunidades y pérdidas masivas de biodiversidad. La “agricultura climáticamente inteligente” o
Revolución Verde se fundamenta en semillas modificadas genéticamente, pesticidas y fertilizantes
25
artificiales, para una intensificación de la productividad, con la imposición de la dependencia de
nuevos productos biotecnológicos.
l) La niña
México, como otros países de la región, elaboran informes sobre la situación de la niñez sin
distinguir datos desagregados por sexo y por condición socioeconómica, situación que refleja en
parte la falta de atención a este grupo poblacional en específico.
El INEGI (2010) reporta que en la República Mexicana hay 39.2 millones de niñas, niños y
adolescentes y que de ellos, 21.4 millones es decir, casi el 54%, viven en pobreza. Entre éstos,
hay 5.1 millones que viven en condiciones de pobreza extrema. Casi 8 mil fallecen anualmente por
causas accidentales y violentas, más de 4,200 por enfermedades respiratorias; 3,500 mueren por
enfermedades infecciosas y parasitarias, mientras que 1,500 fallecen por enfermedades
nutricionales y metabólicas. 52
México no tiene un conteo actualizado de los niños y las niñas que están en instituciones de
custodia. El último estudio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la materia
está fechado en 2007, año en que se registraron 1.6 millones de menores huérfanos en el país, de
los cuales 703 mil vivían en albergues y de estos sólo 29 mil lo hacían en albergues públicos. En
2010, el INEGI computó 657 mil huérfanos en 753 casas hogar. Desde entonces los datos no
están actualizados.
En cuanto a la atención infantil en instituciones públicas y privadas, la ONU recomienda erradicar
cualquiera que albergue a más de 80 menores, al argumentar que no se puede gestionar
adecuadamente su atención. En México además de que no se cumple esta medida, el Estado sólo
destina menos del 2% de su presupuesto a la protección de la infancia53.
Las niñas, niños y adolescentes indígenas en México constituyen la población con mayores
carencias y con menor grado de cumplimiento de sus derechos fundamentales. Para lograr
mejorar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes indígenas se necesita
el compromiso de contar con datos estadísticos específicos por edad y pertenencia a grupo étnico
desagregados por sexo.
Hay carencia de programas específicos para promover el cumplimiento de la plataforma de acción
en esta población, y para la discriminación y prácticas culturales que perjudican a las niñas y que
52Revista México Social - Niñez mexicana, vulnerada .mexicosocial.org/.../84-niñez-mexicana-vulnerada.ht….53 Inversión pública en la infancia y la adolescencia en México. Versión actualizada 2008-2011. Pág. 17
26
se encuentran representadas en las diversidades de la pobreza, en el sesgo de prioridad, en el
acceso al ámbito educativo por incorporarse de manera temprana al trabajo doméstico y a las
tareas del cuidado hacia otros, en la distinción de la alimentación de niños y niñas —enfáticamente
en niñas con alguna discapacidad—, y en la ausencia de programas destinados a promover la
protección de los derechos de las niñas e intensificar la conciencia de sus necesidades y
potencialidades que puedan impactar en el desarrollo del ciclo vital en tránsito; es decir, en las
etapas biopsicosociales que atraviesan las niñas hacia su adultez en el ser mujeres.
Es imprescindible fomentar la conciencia social y en particular de las niñas respecto a su
participación social dentro y fuera de las familias para así motivar su proceso de autonomía,
empoderamiento y desarrollo humano que sirva para prevenir situaciones de violencias, abusos,
maltratos y discriminación en los ámbitos cotidianos de la vida de las niñas.
En tanto a la salud reproductiva y nutrición la distancia de los programas asistenciales por parte
del Estado generaliza los alcances en la atención a la niñez sin considerar la perspectiva de
género en sus acciones, invisibilizando así problemas sociales que demandan atención en carácter
inminente como el embarazo a temprana edad y las enfermedades de transmisión sexual, la
presencia de las niñas en las adicciones no solo las de consumos sino también —y en
consecuencia— las del vínculo tramposo de las nuevas tecnologías y la presencia de personas
que enganchan a las niñas para ser víctimas de trata y explotación sexual y laboral.
Al no existir políticas integrales a nivel nacional que promuevan la no discriminación hacia las
niñas, su autonomía y proceso de empoderamiento, los resultados esperados en este análisis
señalan que esta es la esfera en México que presenta menos avances dentro de la Plataforma de
Acción hacia Beijing+20.
Conclusiones
El Informe de México sobre la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de
2014, hace referencia a los avances cuantitativos, no cualitativos de las políticas públicas para la
igualdad de género. En ese contexto, los avances a nivel federal son los más visibles, pero en el
estatal hay disparidades en tanto que en el nivel municipal prácticamente no se puede hablar de
igualdad sustantiva. En ese nivel de gobierno, hay más resistencia para aplicar políticas públicas y
para cumplir con el marco normativo y programático.
La situación de pobreza, violencia, desigualdad y discriminación de las mujeres, también es más
evidente en ese nivel. La mayoría de los Bandos de Policía y Gobierno —el reglamento más
importante a nivel municipal— carece de perspectiva de género. Las brechas de desigualdad son
27
más abiertas en poblaciones como las indígenas, las rurales y en diversos sectores de población:
por edad, discapacidad y etnia.
Esta es, pues, nuestra mirada. Las feministas hemos dibujado nuevos escenarios: de diálogo, de
propuestas, de acuerdos y también de trabajo arduo y comprometido. Esto lo deben reconocer los
gobiernos y los hombres en el poder. Por eso, es importante la creación de una contraloría
ciudadana para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de igualdad y para
la atención de todos los aspectos abordados por nuestras compañeras en cada una de las doce
esperas de especial preocupación.
Las feministas tenemos puesta la mira en el nuevo pacto mundial que habrá de conformarse a
través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como una puerta que fortalece la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres. Estas propuestas construidas, sin duda formarán parte de la
mesa de un diálogo nacional, con los gobiernos en todos sus niveles y poderes de la Unión.
PROPUESTAS
La fragilidad en materia legislativa requiere del fortalecimiento de los avances en este ámbito, a
través del desarrollo de su reglamentación; la disposición de recursos institucionales, financieros y
humanos suficientes para su difusión y aplicación; la previsión de sanciones ante su no
cumplimiento y la existencia de mecanismos ciudadanos de seguimiento y rendición de cuentas en
la forma de Observatorios o Contralorías Ciudadanas.
La debilidad presupuestal requiere de recursos alineados al principio de inmediatez para la agenda
de la igualdad y de progresividad con certeza para los derechos económicos, sociales culturales y
ambientales (Desc). Es preciso que los gobiernos definan el horizonte temporal en que lograrán
garantizar los Desc; sobre el derecho a la igualdad tiene la obligación de garantizarlo de manera
inmediata. Es posible realizar estrategias de transversalización presupuestal robustas, que
reorienten el gasto para cumplir con el acceso y disfrute de derechos humanos en condiciones de
igualdad de las mujeres y de la población en general. Las metodologías para ello están disponibles
y nosotras las conocemos.
En el desarrollo de indicadores de impacto se advierten ausencias y rezagos importantes.
Contribuirá a eliminar las ausencias la armonización de la Ley del Sistema Nacional de Información
al incluir la perspectiva de género en atención con los mandatos internacionales en la materia.
Para atender los rezagos están disponibles propuestas metodológicas de indicadores de derechos
humanos, como los que se ha presentado en este documento, los que pueden ser el centro del
diseño de los sistemas de seguimiento y evaluación de la política pública para la igualdad.
28
Levantamos la voz para exigir un cambio de modelo económico construido democráticamente con
la participación de todas y todos, que fortalezca el mercado interno, reconozca las enormes
riquezas del país garantizando la sustentabilidad y que éstas sean para las y los mexicanos, que
elimine la impunidad y la corrupción, fortalezca la transparencia, la rendición de cuentas y la
participación social, que se sustente en la paridad entre mujeres y hombres, y considere a los
múltiples grupos de mujeres en toda su diversidad de posición y condición.
Las propuestas resultados de esta revisión y de lo acordado en los Estados que realizaron informe
alterno, son las siguientes en el marco de lo que se requiere para la agenda Post 2015.
Al Comité de expertas de la ONU les pedimos medidas mundiales para:
Proponer cambios de modelo económico en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Rediseñar sistemas de evaluación de Convenciones, Plataformas internacionales y Sistemas de
Evaluación de Desempeño nacionales, utilizando indicadores de derechos humanos.
Instrumentar estrategias globales de capacitación para que las autoridades gubernamentales
apliquen presupuestos por resultados alineados al Derecho a la Igualdad.
Instaurar indicadores presupuestales de seguimiento y evaluación que se sustenten en el marco
de los derechos humanos, en los cuales se establezcan metas precisas para horizontes
temporales razonables, que se complementen con auditorías cualitativas de género.
Visibilizar en las políticas públicas a la multiplicidad de familias y múltiples grupos de mujeres
en toda su diversidad de posición y condición.
Instaurar un marco normativo que expresamente impida el desarrollo de actividades que
suscitan el calentamiento global, que dañan la vida de los seres vivos, como es la minería a
cielo abierto, el fracking, entre otros.
Al Comité de expertas de la ONU le pedimos considerar las siguientes propuestas al realizar
sus recomendaciones para el Estado Mexicano
Pedir al Estado Mexicano que documente y difunda los casos exitosos de estrategias
desarrolladas por los mecanismos de adelanto de las mujeres en estados y municipios, que el
gobierno federal pueda reportar y cuál es el impacto que se tuvo en el avance de la
disminución de brechas de género.
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Qué el Estado mexicano informe la forma en que garantizará que gobiernos de entidades
federativas y municipios desarrollen, apliquen, evalúen y den seguimiento a todos sus
programas, transversalizando la perspectiva de género, de acuerdo con el compromiso
establecido en el PND 2013-2018.
Instar al gobierno mexicano para que concluya los procesos de armonización legislativa, para
que en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos incorpore sanciones por el no
cumplimiento de la agenda de género, el derecho a la igualdad y el principio de la no
discriminación y para que realice la reforma con perspectiva de género de la Ley del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica.
o Para lograr sistemas integrales de información con perspectiva de género basados en
derechos. Sistemas robustos que midan feminicidio, desapariciones forzadas, trata,
conciliación trabajo-familias. Endireh y Enut trianuales.
Comprometer al gobierno mexicano para que incorpore los derechos humanos con
perspectiva de género en el proceso presupuestal en el marco de sus responsabilidades y
obligaciones de Estado, que incluya:
o La asignación de recursos suficientes para la gestión de los MAM en las entidades
federativas y la creación de la totalidad de los MAM municipales.
o El compromiso vinculante para la creación y operación de Observatorios y Contralorías
Ciudadanas para la transparencia y rendición de cuentas de la política de igualdad entre
mujeres y hombres, a los que destine recursos suficientes en consideración al derecho de
las organizaciones civiles de acceder a los recursos que provienen de los impuestos
aportados por la ciudadanía.
Realizar estrategias efectivas de cambio en la cultura patriarcal y en la cultura institucional:
o Instaurar programas de cultura institucional y capacitación, incluyendo la diversidad de la
población y las familias.
o Instaurar programas de cultura Institucional y capacitación que sean parte de la
certificación obligatoria y de calidad de las y los servidores públicos, instrumentado en el
marco del Servicio Civil de Carrera.
o Incorporar, en todos los niveles de la currícula educativa, los derechos humanos y la
perspectiva de género.
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