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COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA GRUPO DE TRABAJO QUE INVESTIGA LOS HECHOS SUCEDIDOS EN LA PROVINCIA DEL COLLAO QUE TUVO COMO RESULTADO EL FALLECIMIENTO DEL SR. CIRILO FERNANDO ROBLES CALLOMAMANI, ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE ILAVE; Y LOS PRESUNTOS MALOS MANEJOS ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS EN DICHA MUNICIPALIDAD, ASIMISMO INVESTIGAR LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA MUNICIPALIDAD DE AYAVIRI Y LOS PROBLEMAS SOCIALES QUE SE ORIGINAN EN CONSECUENCIA DE ESTOS HECHOS” INFORME FINAL I) ACUERDO DE CONFORMACION DEL GRUPO DE TRABAJO 1
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COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA
GRUPO DE TRABAJO QUE INVESTIGA LOS HECHOS
SUCEDIDOS EN LA PROVINCIA DEL COLLAO QUE TUVO COMO
RESULTADO EL FALLECIMIENTO DEL SR. CIRILO FERNANDO
ROBLES CALLOMAMANI, ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
ILAVE; Y LOS PRESUNTOS MALOS MANEJOS ECONÓMICOS Y
ADMINISTRATIVOS EN DICHA MUNICIPALIDAD, ASIMISMO
INVESTIGAR LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA
MUNICIPALIDAD DE AYAVIRI Y LOS PROBLEMAS SOCIALES
QUE SE ORIGINAN EN CONSECUENCIA DE ESTOS HECHOS”
INFORME FINAL
I) ACUERDO DE CONFORMACION DEL GRUPO DE TRABAJO
Mediante Oficio N° 2787-04-II/CR-CFC-JCQ se comunica el Acuerdo de
la Comisión de Fiscalización y Contraloría, el que textualmente dice:
“La Comisión de Fiscalización y Contraloría acuerda conformar un Sub
Grupo de Trabajo encargado de investigar los hechos sucedidos en la
1
Provincia del Collao que tuvo como resultado el fallecimiento del Sr. Cirilo
Fernando Robles Callomamami, Alcalde de la Municipalidad de Ilave; y los
presuntos malos manejos económicos y administrativos en dicha
Municipalidad. Asimismo investigue las presuntas irregularidades en la
Municipalidad de Ayaviri y los problemas sociales que se originan en
consecuencia de estos hechos; la misma que estará integrada por el
Congresista Jorge Chávez Sibina, quien la presidirá y los Congresistas Rosa
Florián Cedrón y Máximo Mena Melgarejo. La Sub Comisión tendrá un plazo
de 30 días, a partir de la fecha, para presentar un Informe Final con sus
respectivas Conclusiones y Recomendaciones”.
II) COMPOSICION DEL GRUPO DE TRABAJO
El Grupo de Trabajo está conformado por los siguientes Congresistas:
JORGE CHÁVEZ SIBINA
COORDINADOR
ROSA FLORIAN CEDRON
MIEMBRO
MÁXIMO MENA MELGAREJO
MIEMBRO
2
III) SESIONES Y ORDEN DEL DIA
Se han efectuado 11 sesiones de las cuales 6 primeras fueron realizadas en
Puno, los 5 restantes en Lima, con la siguiente agenda:
1. SESION N° 01: MIÉRCOLES 28 DE ABRIL DE 2004
Se realizó la sesión de Instalación del Grupo de Trabajo contando con los
siguientes invitados:
La señora Congresista Graciela Yanarico Huanca, representante de la
Región Puno.
La señora Paulina Arpasi Velásquez, representante de la Región Puno.
Del señor Yonhy Lescano Ancieta, representante de la Región Puno.
Del señor Gustavo Pacheco Villar, representante de la Región Puno.
Del señor Leoncio Torres Ccalla, representante de la Región Puno.
2. SESION N° 02: VIERNES 30 DE ABRIL DE 2004
3
Se realizó en la Provincia del Collao - Ilave - Puno, en la cual se tomaron las
siguientes declaraciones:
Del señor Feliciano Huanca Cuno, Sub Prefecto de Ilave – Provincia del
Collao – Puno.
Del señor Celso Chambilla Sandi , Jefe de la ODP de la Provincia de El
Collao del Gobierno Regional.
Del señor Teófilo Contreras Encinas, Regidor de la Municipalidad de
Ilave.
Del señor Marcelino Aguilar Arce, Regidor de la Municipalidad de
Ilave.
Del señor Saúl Butrón Condori, Dirigente de FUDI (Frente Único de
Defensa de los Intereses de Ilave).
Del señor Souza, integrante del CURI.
Del señor Valentín Ramírez Chino, Presidente del FUDI (Frente Único
de Defensa de los Intereses de Ilave).
Del señor Rubén Pari Mamani, Presidente de la Central Única de
Parques de la Urbanización Ilave.
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Del señor Edgar Barico, Secretario General del FUDI (Frente Único de
Defensa de los Intereses de Ilave).
De la señora Melania Flores Yufra, Regidora de la Municipalidad de
Ilave.
Del señor José Mamani Mamani, Regidor de la Municipalidad de Ilave.
3. SESION N° 03: VIERNES 30 DE ABRIL DE 2004
Se realizó en las instalaciones del Hospital Manuel Nuñez Butrón en Ilave –
Provincia del Collao – Puno, en el cual se tomaron las siguientes
declaraciones:
Del señor Arnaldo Chambilla, Regidor de Ilave - Provincia del Collao –
Puno.
De la señora, Melania Flores Yufra, Regidora de Ilave - Provincia del
Collao – Puno.
Del señor José Mamani Manami, Regidor de Ilave - Provincia del
Collao – Puno.
Edgar Segundo López Condori, Regidor de Ilave - Provincia del Collao
– Puno.
5
Del señor Diego Martín Coaquira Gómez, esposo de la Regidora
Melania Flores Yufra, quien se encuentra internado conjuntamente con
los regidores.
4. SESION N° 04: SABADO 01 DE MAYO DE 2004
Se realizó en las instalaciones del Gobierno Regional de Puno, recibiendo la
declaración:
Del señor David Aníbal Jiménez Sardón, Presidente del Gobierno
Regional de Puno.
5. SESION N° 05: SABADO 01 DE MAYO DE 2004
Se realizó en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en Puno, recibiendo
las siguientes declaraciones:
Del señor Doctor Porfirio Barrenechea Cárdenas, Defensor del Pueblo
de Ilave - Provincia del Collao – Puno.
Del Comandante PNP Jaime Félix Ocaña Mozo, Jefe de la División
Policial de Ilave - Provincia del Collao – Puno. (CARÁCTER
RESERVADO).
6
Del Coronel PNP Raúl Oscar Becerra, Oficial de la Policía Nacional del
Perú (CARÁCTER RESERVADO).
6. SESION N° 06: SABADO 01 DE MAYO DE 2004
Se realizó en las instalaciones del Hotel Los Libertadores en Puno, recibiendo
las siguientes declaraciones:
Del señor Ricardo Chávez Calderón, Alcalde de Ayaviri – Provincia de
Melgar – Puno.
Del señor Gabriel Espejo Reyes, Teniente Alcalde de Ayaviri –
Provincia de Melgar – Puno.
Del señor Rufino Julián Cajavilca Huaylla, Regidor de Ayaviri –
Provincia de Melgar – Puno.
Del señor Manuel Torres Quispe, Fiscal Superior Decano de Puno.
Del señor Pedro Pascual Chayña Velásquez, Sub Prefecto de la
Provincia de Puno.
De diversos Dirigentes:
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Del señor Claudio Hinojosa Quispe, Presidente de la Asociación de
Vivienda “Los Angeles Ayaviri” de Ayaviri – Provincia de Melgar –
Puno.
Del señor Mario Huanco Mamani, Presidente de la Asociación de
Triciclistas Unidos de Ayaviri – Provincia de Melgar – Puno.
Del señor Domingo Niebles Llacsa, Presidente del Asentamiento
Humano “Pueblo Libre” de Ayaviri – Provincia de Melgar – Puno.
Del señor Casimiro Adrián Choquehuanca Quispe, Presidente de la
Central de Organizaciones Populares Urbano Marginales
“COPUMA” de Ayaviri – Provincia de Melgar – Puno.
Del señor Celedonio Filomeno Callacasi Lima, Presidente de la
Urbanización Magisterial “6 de Junio” de Ayaviri – Provincia de
Melgar – Puno.
Del señor Pedro Salas Chávez, Asesor del Club de Madres
“Condoromilla Alto” de Ayaviri – Provincia de Melgar – Puno.
De la señora Luisa Huanco Palomino, Presidenta de la Urbanización
“Nueva Panamericana” de Ayaviri – Provincia de Melgar – Puno.
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Del señor Florentino Mamani Cáceres, Secretario de Actas del
Asentamiento Humano “Tahuantinsuyo” de Ayaviri – Provincia de
Melgar – Puno.
Del señor Lucio Condori, Presidente Colegiado del Frente Amplio
Defensa de los Intereses de Melgar.
De la señora Luisa Anco Palomino, Vicepresidenta de la Nueva
Panamericana.
De la señora Elsa Gayoso Apaza, miembro del Club de Madres Los
Ángeles.
Del señor Elmer Burgos Quispe, Consejero Regional de la Provincia
de Melgar – Ayaviri.
7. SESION N° 07: SABADO 01 DE MAYO DE 2004
Se realizó en las instalaciones del Aeropuerto de Juliaca, recibiendo las
siguientes declaraciones:
Del señor Elmer Burgos Quispe, Consejero Regional de Ayaviri –
Provincia de Melgar – Puno.
9
8. SESION N° 08: LUNES 03 DE MAYO DE 2004
Se recibió la declaración de la siguiente persona:
Del señor Emeterio Tacuri Huarcaya, Representante del Comité de
Revocatoria de Ayaviri – Provincia de Melgar – Puno.
9. SESION N° 09: MARTES 04 DE MAYO DE 2004
Se recibieron las declaraciones de las siguientes personas:
De la señora Marina Cutipa, cónyuge del Alcalde Cirilo Fernando
Robles Callomamani, víctima de los hechos ocurridos.
Del señor Luis Thais Díaz, Presidente del Consejo Nacional de
Descentralización.
Del señor Ex Ministro del Interior, Fernando Rospigliosi Capurro.
10.SESION N° 10: MIERCOLES 05 DE MAYO DE 2004
Se recibieron las declaraciones de las siguientes personas:
10
Del señor Martín Soto, presidente de la Comisión de Alto Nivel del
Poder Ejecutivo encargada de investigar las irregularidades ocurridas en
Ayaviri - Provincia de Melgar - Puno.
De la señora Congresista Graciela Yanarico Huanca, representante de la
Región Puno.
De la señora Paulina Arpasi Velásquez, representante de la Región
Puno.
Del señor Yonhy Lescano Ancieta, representante de la Región Puno.
Del señor Gustavo Pacheco Villar, representante de la Región Puno.
11.SESION N° 11: LUNES 10 DE MAYO DE 2004
Se recibieron las siguientes declaraciones:
Del Señor Walter Albán Peralta, Defensor del Pueblo.
Del señor Gastón Soto Vallenas, Representante del Jurado Nacional de
Elecciones.
De la señora Rosa Urbina Mansilla, Vice Contralora General de la
República.
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IV) DOCUMENTACION DEL GRUPO DE TRABAJO
1) Documentación Emitida
El Grupo de Trabajo ha emitido la siguiente documentación:
1. Oficio N° 186-04-DC-JSCHS-CR, de fecha 04 de Mayo de 2004,
dirigido al señor Genaro Matute Mejía, Contralor General de la
República, solicitando con carácter de URGENTE, se nos remita la
siguiente información:
- Denuncias recibidas por la Contraloría General de la República
(años 2003-2004), tanto en sus sedes regionales como en la central
sobre irregularidades en las gestiones ediles de las Municipalidades
Provinciales de Ilave y Ayaviri.
- Acciones de control efectuadas por la Contraloría General de la
República sobre las gestiones de dichas Municipalidades adjuntando
el informe respectivo (años 2003-2004).
- Acciones de control efectuados por la oficina de control interno de
las respectivas Municipalidades durante el año 2003.
- Plan anual de control de las oficinas de auditoria interna de las
respectivas Municipalidades correspondientes al año 2003.
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2. Oficio N° 187-04-DC-JSCHS-CR, de fecha 04 de Mayo de 2004,
dirigido al señor Juan Carlos Vicente Castro, Gerente de Prensa de
Canal 7, solicitando nos remita copia de las imágenes difundidas
correspondiente al día 27 de abril del presente, así como otras imágenes
que tenga en su poder vinculadas al tema de investigación.
3. Oficio N° 188-04-DC-JSCHS-CR, de fecha 04 de Mayo de 2004,
dirigido al señor Genaro Matute Mejía, Contralor General de la
República, solicitando tomar acciones inmediatas en el resguardo del
acervo documentario de la Municipalidad de Ilave, así como realizar
las disposiciones y coordinaciones pertinentes a fin de que
conjuntamente con la Fiscalía de Prevención del Delito y la custodia
policial, realizar un inventario del acervo documentario, administrativo
y de obras, conjuntamente con las entidades ediles.
4. Oficio N° 199-04 DC-JSCHS-CR, de fecha 06 de Mayo de 2004,
dirigido al señor César Hildebrandt, Director del Programa en la Boca
del Lobo, solicitando nos remita copia de las imágenes difundidas por
el programa a su cargo, así como otras imágenes que tenga en su poder
vinculadas al tema de investigación, en especial los acaecidos en
Ayaviri.
5. Oficio N° 219-2004 DC-JSCHS-CR, de fecha 20 de mayo de 2004, al
señor Defensor del Pueblo, Walter Albán Peralta, solicitándole una
visita inopinada de inspección con la finalidad de verificar la situación
de la Policía Nacional destacada a la ciudad de Ilave.
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2) Documentación Recibida
Se ha recepcionado la siguiente documentación:
1. La Denuncia N° 742, que incorpora el Oficio N° 987-2004/YLA-CR,
del Congresista Yonhy Lescano Ancieta (adjunta 4 folios), Oficio N°
173-RGYH-CR/2004, de la Congresista Graciela Yanarico Huanca
(adjunta 79 folios), Memorial del Frente Único de defensa de los
Intereses de Ilave y otros.
2. Oficio N° 2857-04-II-CR-CFC-JVQ, de fecha 29 de abril de 2004, del
señor Congresista Javier Velásquez Quesquén, Presidente de la
Comisión de Fiscalización y Contraloría, a fin de remitir copia del
Oficio N° 107-2004/HTS-CR, del señor Congresista Hildebrando Tapia
Samaniego, para solicitar se realice una exhaustiva y profunda
investigación para determinar los presuntos malos manejos en la
Municipalidad de Ilave – Puno, asimismo se cite al señor Ministro del
Interior.
3. El Oficio N° 169-2004-SG-MPM-A, de fecha 30 de Abril de 2004, del
señor Ricardo Chávez Calderón, Alcalde de la Municipalidad de
Ayaviri – Provincia de Melgar – Región Puno; en el cual remite:
Informe de los sucesos en Ayaviri - Provincia de Melgar, acción de
amparo, medida cautelar, denuncias penales y Acta de compromiso
presentado ante el Juez Mixto de Melgar como consecuencia de los
actos de suspensión por un año acordado por los regidores.
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4. Oficio N° 146-2004-0302-PDP/P, de fecha 02 de Mayo de 2004, del
señor Edgar Josué Mamani Condori, Prefecto de la Región Puno; quien
remite documentación efectuada por su Despacho sobre el caso Ilave.
Además entrega mediante un Acta al señor Benito Salazar Quispe con
DNI 29480685, traductor Oficial de la Sub Comisión de Fiscalización y
Contraloría los siguientes documentos:
- Pronunciamiento Público de fecha 08 de abril de 2004, emitido por
la Defensoría del Pueblo, la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de
Juli y representantes de la Prefectura Regional de Puno.
- Pronunciamiento Público de fecha 11 de abril de 2004, emitido por
la Defensoría del Pueblo y la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura
de Juli.
- Carta de renuncia irrevocable a los cargos de regidores, presentada a
la Defensoría del Pueblo el día 27 de abril de 2004, por los señores
Alberto Sandoval Loza, Hugo Contreras, Teófilo Contreras,
Marcelino Aguilar y Encarnación Mamani.
5. Documentación entregada por el señor Emeterio Tacuri Huarcaya, en
la sesión del Grupo de Trabajo de fecha 03 de mayo de 2004, referente
a los sucesos producidos en Ayaviri – Provincia de Melgar – Puno.
6. Documentación entregada por el Ex Ministro del Interior, Fernando
Rospigliosi Capurro, correspondiente a los Informes diarios enviados a
Lima por el señor Prefecto Edgar Mamani Condori.
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7. Carta de fecha 04 de Mayo de 2004, del señor David Jiménez Sardon,
Presidente del Gobierno Regional de Puno, con la cual remite:
- Informe N° 017-2004-XI-DTA-RPNP-PUNO/SEC, del Coronel
PNP Raúl Oscar Becerra Velarde, Jefe de la Región Policial de
Puno, de fecha 08 de abril de 2004: Informa sobre graves
alteraciones del orden Público, dadas a consecuencia de la
Asamblea Informativa convocada por el Municipio Provincial
Collao -–Ilave desde el 02 de abril de 2004, que conlleva a una gran
movilización solicitando vacancia y/o renuncia del actual Alcalde
Provincial del Collao – Ilave, (Alcalde Cirilo Fernando Robles
Callomamani).
- Acta de fecha 06 de abril de 2004, reunión del Gerente Regional de
Desarrollo Social con diversas autoridades con la finalidad de dar
solución a los problemas en Ilave.
- Pronunciamiento de fecha 08 de abril de 2004, suscrita por la
Prefectura, Defensoría y Vicaría invocando asumir con cordura,
madurez y responsabilidad las decisiones venideras, a efectos de
evitar situaciones que atenten contra la vida, la propiedad y la
tranquilidad de la población; y consecuentemente se restablezca la
calma y normalidad en la localidad de Ilave.
- Memorial de fecha 06 de abril de 2004, suscrito por el señor
Valentín Ramírez Chino, Secretario General del Frente Único en
Defensa de los Intereses de Ilave, pidiendo la destitución del Alcalde
Cirilo Fernando Robles Callomamani, por incapacidad
administrativa para gobernar, corrupción aprovechamiento para su
beneficio personal y para sus allegados.
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- Acta de la Reunión entre los representantes del Frente Único de
Defensa de los Intereses de Ilave, la Defensoría del Pueblo, Vicaría
de Solidaridad de Juli y el Gobierno Regional de Puno, de fecha 10
de abril de 2004, en el cual el Presidente del Gobierno Regional de
Puno, hace entrega de copia autenticada a los representantes del
Frente Único de la carta suscrita por el Alcalde Cirilo Fernando
Robles Callomamani, en la cual manifiesta su decisión de apartarse
temporalmente de la Alcaldía Provincial del Collao.
- Resolución de Alcaldía N° 278-2004-MPCI, de fecha 11 de abril de
2004, en la cual se resuelve DELEGAR, al regidor hábil Sr. Teófilo
Contreras Encinas, las atribuciones Políticas del Alcalde de la
Municipalidad Provincial El Collao – Ilave, por un lapso de 30 días.
- Acta de Acuerdos de fecha 12 de abril de 2004, para dar a conocer la
Resolución de Alcaldía N° 278-2004-MPCI, dando su conformidad
el señor Regidor Alberto Sandoval Loza y los demás regidores,
solicitando que se entregue la Resolución en acto Público para el día
13 de abril de 2004.
- Pronunciamiento del Gobierno Regional de Puno, de fecha 14 de
abril de 2004, comunicando que lamentablemente la decisión legal
consensuada de delegar las atribuciones de Alcalde de la Provincia
de El Collao al señor Regidor Teófilo Contreras Encinas, fue
rechazada el 13 de abril de 2004 por la población reunida en la Plaza
de Armas de Ilave.
- Además diversos reportes periodísticos sobre la problemática en
Ilave.
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8. Oficio N° 225-2004-XI-DTA-RPNP-PUNO/SEC./, de fecha 04 de
Mayo de 2004, del Coronel PNP Raúl Oscar Becerra Velarde, Jefe de
la Región Policial de Puno; quien remite:
- Informe N° 030-2004-XI-DTA-RPNP-PUNO/SEC, del 03 de mayo
de 2004, formulado por el señor Coronel PNP, Jefe de la Región
PNP – Puno.
- El Informe N° 006-DIVPOL-ILAVE/SEC “R”, del 30 de abril de
2004, formulado por el Comandante PNP – Jefe de la DIVPOL –
ILAVE.
- El Informe N° 012-XI-DIRTEPOL-R-PNP-PUNO-DIVPOL-
ILAVE, del 02 de mayo de 2004, formulado por el My. PNP Jefe de
la Comisaría PNP – ILAVE sobre las acciones policiales efectuadas
en la Provincia de El Collao – Ilave con relación a los graves
acontecimientos suscitados a consecuencia de la Asamblea
Informativa convocada por el Municipio Provincial de Ilave el día 02
de abril de 2004, que conlleva a una huelga general indefinida
decretada por el FUDI Frente Único de Defensa de los Intereses de
Ilave.
9. Carta de fecha 04 de mayo de 2004, del señor Emeterio Celedonio
Tacuri Huarcaya, Presidente de la Comisión de Revocatoria de la
Provincia de Melgar – Puno, quien denuncia los siguientes hechos:
- El Municipio de Ayaviri – Provincia de Melgar – Puno se encuentra
cerrado y en custodia policial desde el 12 de abril de 2004. Que ésta
comisión no ha conversado con los actores reales de los hechos que
vienen sucediendo en dicha ciudad.
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- Que por medio de una Asamblea Vecinal se ha decretado un PARO
PROVINCIAL de 24 horas a realizarse el jueves 06 de mayo con las
siguientes reivindicaciones:
Rechazar contundentemente la corrupción del Alcalde Ricardo
Chávez Calderón.
Denunciar la masacre del Dirigente del Frente Amplio de los
Intereses de Melgar Isidro Chino Apaza, golpeado salvajemente.
Rechazan la indiferencia cómplice del Sub Prefecto y la Policía
por no prestar las garantías pertinentes.
Exigir de manera urgente la presencia de las autoridades
nacionales en la ciudad de Ayaviri para evitar confrontaciones
como las de Ilave.
10.Carta N° 107-2004-YLA/CR, de fecha 05 de mayo de 2004, del señor
Congresista Yonhy Lescano Ancieta, quien remite el informe frente a
sus declaraciones vertidas a esta Sub Comisión, anexando copia de los
oficios remitidos por su Despacho, copia de cintas magnetofónicas en
la que constan las invocaciones realizadas el 26 de abril por el suscrito
y copia de videos de diversas declaraciones de la prensa especializada
sobre su participación en el problema Ilave.
11.Carta del señor Juan Carlos Vicente C., Gerente de Prensa de
Televisión Nacional del Perú, quien remite, con relación al Oficio N°
178-04 DC-JSCHS-CR, 01 VHS conteniendo las imágenes que se
encuentran en el archivo de prensa que fueron transmitidos el 27 de
19
abril del presente, referente a los hechos ocurridos en la Provincia de El
Collao.
12.Carta de fecha 05 de mayo de 2004, del señor Jack Manuel Alvarado
Valdivia, quien alcanza a la Sub Comisión información de la Provincia
de El Collao – Ilave.
13.Oficio N° 050-2004-IN-GDI-PC, de fecha 05 de mayo de 2004, de la
señora Natalia Rosa Yucra, Gobernadora de la Provincia de El Collao –
Ilave – Puno, a fin de remitir documentos (actuados de la Gobernación
distrital de Ilave) con relación a los sucesos ocurridos desde el 02 de
abril de 2004 en la ciudad de Ilave – Provincia de El Collao – Puno.
14.Oficio N° 320-2004-CND/P, de fecha 06 de mayo de 2004, del señor
Luis Thais Díaz, Presidente del Consejo Nacional de
Descentralización, en el cual adjunta copia del oficio conteniendo lo
actuado por el grupo de Trabajo encargado del conflicto ocurrido en
Ilave – Provincia de El Collao – Puno, a partir del día 26 de abril del
año en curso, el mismo que incluye un resumen ejecutivo de lo
desarrollado diariamente en el marco de la Constitución Política del
Perú y la Ley, así como las recomendaciones tanto de carácter
inmediato como mediato.
15.Oficio N° 205-2004/PAV-CR, de fecha 06 de mayo de 2004, de la
señora Congresista Paulina Arpasi Velásquez, quien remite documento
enviado a su despacho el señor Emeterio Tacuri Huarcaya, Presidente
20
de la Comisión de Revocatoria de la Provincia de Melgar – Puno,
solicitando entre otras cosas la presencia de este Grupo de Trabajo en
la ciudad de Ayaviri.
16.Oficio N° 2952-04-II/CR-CFC-JVQ, de fecha 07 de mayo de 2004, del
señor Congresista Javier Velásquez Quesquén, Presidente de la
Comisión de Fiscalización y Contraloría, a fin de remitir copia del
oficio N° 200-RGYH-CR/2004, de la señora Congresista Graciela
Yanarico Huanca, adjuntando el oficio N° 025-CR PUNO/CRM,
remitido por el Consejero Regional de Melgar – Puno.
17.Carta N° 110-2004-YJA/CR, de fecha 08 de mayo de 2004, del señor
Congresista Yonhy Lescano Ancieta, a fin de adjuntar constancia
emitida por el Prefecto departamental que da cuenta, que gracias a su
participación se logró la liberación de la indicada autoridad el día
martes 13 de abril de 2004 en circunstancias que se encontraba retenido
por varios manifestantes en la Provincia de El Collao – Ilave – Puno.
18.Carta del señor Emeterio Tacuri Huarcaya, Presidente de la Comisión
de Revocatoria de la Provincia de Melgar – Puno, de fecha 10 de mayo
de 2004, adjuntando copia de la acreditación de la credencial de
Presidente de Comisión de Revocatoria de la Provincia de El Collao –
Ilave – Puno, expedida por las organizaciones de la Provincia de
Melgar; además copia de la adquisición de KIT ELECTORAL.
Asimismo, copia de las solicitudes presentadas a las dependencias
correspondientes solicitando garantías constitucionales.
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19.Documentación entregada por el Jurado Nacional de Elecciones, de
fecha 10 de mayo de 2004, con relación a las actividades realizadas por
ésta institución, respecto a las acciones realizadas en la Provincia de El
Collao – Ilave – Puno.
20.Oficio N° 1672-2004-IN-1501, de fecha 10 de mayo de 2004, del señor
Pablo García Tasilla, Director General de Gobierno del Interior –
Ministerio del Interior; a fin de señalar que acudió a la invitación del
Grupo de Trabajo el día jueves 06 del presente a las instalaciones de
Palacio Legislativo, donde se le informó que no se requerí de su
presencia y se le solicitó hacer llegar información documentaria, lo que
hará llegar en forma inmediata.
21.Oficio N° 0563-2004-MTC/01, de fecha 11 de mayo de 2004, del señor
José Javier Ortiz Rivera, Ministro de Transportes y Comunicaciones,
en atención al oficio N° 205-04 DC-JSCHS-CR, informa que la
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, comunica que a la
fecha, el Puente “Ilave” no presenta ninguna falta estructural, y luego
de los hechos ocurridos en el mes de abril, no sufrió ningún daño,
encontrándose garantizada su transitabilidad en esta aspecto.
22.Informe del señor CPC. Julián Contreras Llallico, Jefe de la Oficina
Regional de Control de Puno, al Ing. Hugo Saldarriaga Ortíz, Gerencia
Zonal Sur de la Contraloría General de la República, referente al
resultado de la visita a la Municipalidad Provincial de El Collao –
Ilave.
22
23.Informe del Ing. Hugo Saldarriaga Ortíz, Gerencia Zonal Sur de la
Contraloría General de la República a la señora Rosa Urbina Mancilla,
Vicecontralora General de la República, referente a su participación en
la comisión que viajó a Puno, por los sucesos ocurridos en la Provincia
de El Collao – Ilave.
24.Oficio N° 218-2004/PAV-CR, de fecha 12 de mayo de 2004, de la
señora Congresista Paulina Arpasi Velásquez, quien remite informe
sobre sus gestiones realizadas en atención a los casos de Ilave –
Provincia de El Collao, Ayaviri – Provincia de Melgar y Tilali –
Provincia de Moho.
25.Oficio DIP-2004-254, de fecha 13 de mayo de 2004, del señor Walter
Albán Peralta, Defensor del Pueblo, adjunto informe de las sumillas de
los casos de conflicto, suscitados entre pobladores y distintas
autoridades locales y regionales, conocidos por la Defensoría del
Pueblo.
26.Oficio DP-2004-263, de fecha 21 de mayo del presente, del señor
Walter Albán Peralta, Defensor del Pueblo, en respuesta al Oficio N°
219-2004-DC JSCHS-CR, de fecha 20 de mayo de 2004, solicitando
una visita inopinada para verificar el estado de los Policías destacados a
la ciudad de Ilave.
23
V) EL CONTEXTO: ILAVE Y AYAVIRI EN EL ESPACIO
REGIONAL PUNEÑO Y NACIONAL
1.- El Espacio Geográfico y Social
Se ha convenido en considerar al departamento de Puno, como parte
integrante del denominado Sur Andino, en el sentido que se trata de una
región de larga formación histórica y cuyos elementos definitorios, a decir del
Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional son los
siguientes:
- predominancia de la población indígena quechua–aymara hablante.
- predominancia del sector agropecuario.
- diversidad geográfica, climática, socioeconómica, cultural y lingüística.
Puno tenía 1'079,849 habitantes en 1993, con una tasa de crecimiento anual de
4.8%. 60.8% de esa población era rural (la proporción más alta del país) y
22.2% analfabeta.
La configuración del territorio de Puno está determinada de una parte por la
Hoya del Titicaca, cuyos ríos luego de recorrer las provincias de Moho,
Huancané, San Antonio de Putina, Melgar, Azángaro, Chucuito y El Collao,
desembocan en el lago Titicaca; y de otra parte por la Cuenca Hidrográfica del
Amazonas, siendo los ríos de las provincias de Carabaya y Sandia las que
desembocan en el río Madre de Dios. El territorio departamental se divide en
dos regiones principales: la andina y la selva alta. La primera, está formada
24
por la Meseta del Collao, territorio semiplano compartido entre Bolivia y Perú
que bordea el Lago Titicaca, y la segunda, se encuentra al norte del
departamento de Puno, en las provincias de Carabaya y Sandia.
La Meseta del Collao se ha constituido en el primer centro demográfico de los
Andes, con cerca de un millón de habitantes. Agricultura, ganadería y minería
son allí las principales actividades económicas, aunque debemos recordar que
Puno es afectado cíclicamente por fuertes períodos de sequías, inundaciones o
heladas, según datos geográficos ampliamente conocidos.
La región Puno cuenta con una extensión territorial de 71,999.27Km², su
capital es la ciudad de Puno tiene una población de 1’263,995 habitantes
donde actualmente el 60% es población rural y el 40% población urbana, así
como una densidad de 17.6 habitantes por kilómetro cuadrado.
El nivel de cambio experimentado en la urbanización de Puno es
impresionante. El crecimiento de la población entre 1981 y 1993 ha sido,
según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, de alrededor
de 54%. En Puno, indica la CVR, la modernización urbana se ha ido
acelerando, paradójicamente, debido a los desastres naturales en combinación
con períodos de fuertes sequías, otros de exceso de lluvias e inundaciones. En
1961 se creó la Corporación de Fomento y Promoción Social y Económica de
Puno (CORPUNO), que hasta el año 1972 organizó y planificó las
inversiones de fomento en el departamento, pero que sólo se reflejaron en la
modernización urbana de la ciudad de Puno.
25
La región Puno cuenta con una extensión territorial de 71,999.27Km², su
capital es la ciudad de Puno tiene una población de 1’263,995 habitantes
donde el 60% es población rural y el 40% población urbana, así como una
densidad de 17.6 habitantes por kilómetro cuadrado.
La actividad agropecuaria representa el mayor porcentaje de la producción,
dentro del PBI regional, con un 21%, seguido por la actividad comercial 16%
y el sector minas con un 12%. El sector agropecuario mantiene ocupado al
44% del PEA puneño. El 85.1% del PEA se dedica no es formal.
Hasta el año 2001, la estadística señalaba que el acceso a los servicios de agua
era del 24.8% del total de la población regional. El 53.3% tiene acceso a los
servicios de luz. El 16.6% tiene acceso al servicio de desagüe.
Según la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, el nivel actual de
pobreza en Puno es de 78%. Mientras, tanto, el nivel de pobreza extrema es de
46.10%.
104 de sus 108 distritos se encuentran debajo de la línea de pobreza, muy
pobres o pobres extremos. Desagregando, según la Mesa de Concertación de
Lucha contra la Pobreza, son 3 los distritos dentro de la categoría de pobres
regulares, ninguno en pobre aceptable, 57 como pobres, 40 como muy pobres
y 8 como pobres extremos.
Sus índices de NBI alcanzan el 41.7% a nivel departamental y el 63.7% a
nivel rural. Los índices FGT de pobreza estimados según el censo de 1993 y
26
recogidos en el Mapa de Pobreza del Ministerio de Economía y Finanzas del
año 2001, señalan que el número de incidencia es 88.9, la brecha es de 45.2,
mientras el de severidad es de 25.9, respectivamente.
Puno termina siendo, así, la cuarta región más pobre del país.
No obstante, Puno se ubica entre los departamentos con mayor población del
país y con un alto porcentaje de jóvenes (45% de la población es menor de 18
años).
La región resiste una alta tasa de mortalidad infantil, y su tasa de desnutrición
crónica en niños menores de 5 años, el cual según la estadística de 1998,
alcanzaba el 22%.
La ciudad de Ilave, ubicada a orillas del Lago Titicaca, cercana a la frontera
con Bolivia, es la capital de la provincia de El Collao, Región Puno, a la cual
también pertenecen los distritos de Capaso, Conduriri, Pilcuyo y Santa Rosa.
Ilave se encuentra a más de 3800 metros sobre el nivel del mar. La superficie
total de la provincia es de 5. 600.51 metros cuadrados y la población electoral
es de 45,619 personas. La población provincial al año 2002 era de 91,355
habitantes y su densidad es de 16.31 habitantes por kilómetro cuadrado. La
capital, Ilave, alberga, aproximadamente, a más de 60 mil personas. La
población aymara es mayoritaria, con una cultura, organización y disciplina
muy antiguas y, por ende, particulares. Representa el 7% de la población total
de la región.
27
Debemos hacer la salvedad que todos los distritos de la provincia de El
Collao, incluyendo Ilave, son considerados como mayoritariamente rurales,
según el Mapa de Pobreza del Ministerio de Economía y Finanzas
correspondiente al año 2001.
Por su parte, la ciudad de Ayaviri, es la capital de la provincia de Melgar,
Región Puno, ubicada a 3,907 metros sobre el nivel del mar. La superficie
total de la provincia es de 1013,14 metros cuadrados y la población electoral
al año 2002 era de 40,982 personas. La población provincial año 2002 era de
91,355 habitantes y su densidad es de 29.1 habitantes por kilómetro cuadrado.
La capital, Ilave, alberga, aproximadamente, a más de 30 mil personas. La
provincia de Melgar representa el 8% de la población regional.
Debemos hacer la salvedad que todos los distritos de la provincia de Melgar, a
excepción de Ayaviri y Llalli, son considerados como mayoritariamente
rurales, según el Mapa de Pobreza del Ministerio de Economía y Finanzas
correspondiente al año 2001.
Aproximadamente el 80% de la población provincial de la zona es rural,
mientras el 20% es urbana.
En Ilave, por ejemplo, más del 70.3 de la población es rural. Debemos
recordar que el distrito de Ilave se encuentra dentro de la llamada cuenca del
río Ilave-Huenque, además se encuentra cercana al Lago Titicaca.
28
El 72% de los distritos de la cuenca a la actualidad tiene una tasa mayor al
20% de analfabetismo.
2. El pueblo Aymara en la historia regional peruana.
Los primeros pobladores de la región altiplánica de nuestro país fueron los
Lupakas, Pakaxes, Uros, Aruwak, Kallawayas, Kollas, Ayasuris, Aymaras y
los Quechuas.
Los aymaras son uno de los tres grupos étnicos que coexisten en el Sur
Andino (además de los “occidentales” y los quechuas) . Los aymaras poseen
una identidad cultural propia pues comparten entre sus miembros un idioma
común, además de otros elementos sociales, culturales y económicos y viven
organizados en comunidades campesinas. Sin embargo, a pesar de esas obvias
similitudes con los quechuas, los aymaras, a decir del catedrático Antonio
Peña Jumpa, poseen un espíritu negociante y comerciante que los quechuas
no comparten, además que los aymaras emigran y se desplazan en forma
constante.
Según el censo del INEI-Perú de 1993, el número de aymaras hablantes
peruanos, entre monolingües y bilingües, era de aproximadamente 300.000
habitantes. De los 300.000 aymaras peruanos, en la región Puno están
concentrados el 80% del total de la población.
29
La raza Aymara muy posiblemente haya nacido en algún lugar de la meseta
del Collao, siendo que esta es una zona demasiado inhóspita ha hecho raza se
haya forjado muy rebelde e indómita, es por eso que lograron conquistar
muchos pueblos, traspasando el nudo de Vilcanota, dejando como herencia a
estos pueblos conquistados su cultura e idioma.
Muchos historiadores han afirmado que la lengua oficial de la cultura
Tiahuanacu ha sido el Aymara, pero que durante el imperio de los Incas
predomino la lengua Quechua la utilización del Aymara y paso a un segundo
plano, sin embargo hasta nuestros días predomina en varios sectores
geográficos de nuestro país.
El censo de 1993, en lo que se refiere a los datos nacionales por etnias, nos
señala un estimado del 4% de los hablantes de aymará, haciendo un total de
más del 20 %; agregándose a ello, los que están en proceso de mestizaje
cultural y por tanto en condición de bilingües (quechua, aymará, castellano)
totalizando un aproximado de 40% de la población nacional.
Según los estudiosos, no existe un subgrupo étnico exclusivo del aymara y
recíprocamente el lenguaje aymara, no puede ser considerado una
exclusividad de ningún subgrupo étnico.
La independencia de España, de los países sudamericanos, en poco o nada
mejoraron la condición de los aymaristas y otros nativos. Es más, algunos
historiadores sostienen que su situación empeoró. Hasta recientemente la
práctica del pongaje era una forma sutil de esclavitud en las casas de los ricos
30
gamonales de Bolivia y Perú. Estimativas actuales sostienen que el 80% de los
1.6 millones de aymaristas estén viviendo en las ciudades desempeñando
actividades económicas informales y periféricas. El 20% restante vivirían en
el medio rural laborando en la pequeña agricultura y pastoreo en las peores
condiciones de miseria.
Como los castellano hablantes de las urbes son intolerantes con las lenguas
nativas, un aymarista es forzado a aprender el español y consecuentemente
ocultar su idioma materno hasta a sus propios hijos que por lo general solo
hablan español. Esto resulta en la alta tasa de decrecimiento de los aymara
hablantes que amenaza con la extinción del aymara como lengua viva.
Según el IRE, el sistema productivo se organiza a nivel jerárquico de
comunidad y familia. Cada familia desarrolla sus actividades en función a su
seguridad alimentaria, relaciones con el mercado, migración y para
contrarrestar el riesgo productivo. De esta forma las estrategias practicadas
tienen una racionalidad difícil de entender pues responden a ciclos que van
mas allá de una campaña agrícola. Aquí, es la mujer quien organiza y decide
la mayoría de los eventos a realizar.
A nivel Comunal, la Directiva y el Teniente Gobernador actúan en
coordinación para resolver problemas internos, así como para planificar el
conjunto de acciones productivas, sociales y económicas que requiere la
comunidad. A este nivel se decide, por ejemplo, el manejo de Aynokas, las
cuales son decisivas para la seguridad alimentaria.
31
Las relaciones fuera de la comunidad y cuenca se dan, cuando miembros de
las familias migran (para obtener ingresos) o llevan su productos a la feria
local (k´atos), ciudad (Ilave) o extraregional (Tacna, Moquegua y Arequipa).
En cada uno de estos puntos, aparte de vender productos en pequeñas
cantidades, se proveen de las necesidades básicas en alimentación, vestido y
otros. En la feria local e Ilave, aún se practica el trueque (producto por
producto).
Sus alcaldes provinciales y distritales son elegidos bajo la autoridad del Jurado
Nacional de Elecciones (JNE), pero sus alcaldes menores no. Estos son
designados directamente por la comunidad.
3.-Gestión Municipal de Ilave. Antecedentes y consecuencias de las
acciones municipales y extra municipales.
3.1.- Antecedentes personales de Fernando Robles Calomamani.
Cirilo Fernando Robles Callomamani era oriundo de Ilave. Nació en 1957 y
era de profesión sociólogo, con estudios de master. Ejercía la cátedra
universitaria en la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), de donde era
egresado y antiguo dirigente estudiantil.
Robles fue militante de Patria Roja, sin embargo, a comienzos de la década
pasada, desarticulada la organización, optó por iniciar una carrera política
particular.
32
En las elecciones ediles de 1998, Robles Callomamani intentó obtener la
Alcaldía, sin éxito.
Estaba casado con la señora Marina Cutipa, con quien tenía dos hijas.
Debemos señalar que Robles Callomamani era principal sostén familiar de un
gran número de familiares y parientes cercanos .
3.2.- Las elecciones municipales en la Provincia de El Collao – Ilave en el
año 2002.
El 17 de noviembre del año 2002, se produjeron las últimas elecciones
municipales. En la jurisdicción de El Collao se instalaron un número de 273
mesas de sufragio, de las cuales 181 correspondían al Cercado - Ilave. En
dicha elección se presentaron 11 agrupaciones políticas provinciales. El
entonces candidato Fernando Robles Callomamani lideraba la agrupación
Unión Regional para el Desarrollo.
Sobre la base de 40,950 votos emitidos de un total de 45,619 electores hábiles,
los resultados que decreto el Jurado Electoral Especial de Chucuito, fueron los
siguientes:
M.I. DEMOCRATICO DE LOS AYMARAS: 3,046
PODER DEMOCRATICO REGIONAL 3,219
FRENTE UNIDO PROGRESISTA 4,519
33
UNION REGIONAL PARA EL DESARROLLO 7,822
M. POR LA AUTONOMIA REGIONAL Q Y A 3,733
PARTIDO APRISTA PERUANO 1,117
MOV. AMPLIO P AIS UNIDO 3,834
RENACIMIENTO ANDINO 1,310
PERU POSIBLE 1,325
ACCION POPULAR 1,394
SOMOS PERU 4,811
Vistos los resultados, se declaró ganador a Cirilo Fernando Robles
Callomamani, candidato de la Unión Regional y ,según los datos de la cifra
repartidora, correspondió asignarle 6 regidores a dicho movimiento, 1 a
Somos Perú, 1 al Frente Unido Progresista y 1 al Movimiento Amplio País
Unido, respectivamente, en el Concejo Provincial de El Collao.
La nómina de los regidores electos quedó conformada de la siguiente manera:
1° Alberto, SANDOVAL CONTRERAS UNION REGIONAL
2° Teófilo, CONTRERAS ENCINAS UNION REGIONAL
3° Arnaldo, CHAMBILLA MAQUERA UNION REGIONAL
4° Juan, MAMANI MAMANI UNION REGIONAL
5° Melania, FLORES YUJRA UNION REGIONAL
6° Edgar, LOPE CONDORI UNION REGIONAL
7° Gilberto, OLIVERA QUISPE SOMOS PERU
8° Marcelino, AGUILAR ARCE FRENTE PROG.
34
9° Encarnación, MAMANI HUANACUNI MAPU
Habría que hacer la salvedad de que, según los resultados oficiales que se
verificaron, la Unión Regional, ganadora en la provincia de El Collao-Ilave,
fue el movimiento que a ese nivel obtuvo el mayor número de alcaldías en el
Puno, 16 en total (2 provinciales: Puno y El Collao, y 14 distritales).
Sin embargo, el resultado global que logro Robles dista mucho de ser
abrumador, pues, en términos porcentuales equivale a sólo el 19.10% de los
votos válidamente emitidos de toda la provincia de El Collao-Ilave.
3.3.- Elecciones para el Concejo Municipal de Ayaviri, Provincia de
Melgar.
En las elecciones regionales del 17 de noviembre, sobre la base de 35,884
votas de un total de 40,982 electores hábiles en la provincia de Melgar, se
lograron los siguientes resultados:
PODER DEMOCRATICO REGIONAL 3,304 votos
UNION REGIONAL PARA EL DESARROLLO 2,199 votos
AUTONOMIA REGIONAL Q Y A. 2,710 votos
PARTIDO APRISTA PERUANO 983 votos
PRIMERO PERU 5, 670 votos
NUEVA IZQUIERDA 629 votos
RENACIMIENTO ANDINO 5,326 votos
35
PERU POSIBLE 2,230 votos
SOMOS PERU 5,476 votos
De, este modo, la agrupación Primero Perú, que lideraba Ricardo Chávez
Calderón resultó ganadora de las elecciones municipales de la provincia de
Melgar, con un porcentaje de 15.80% del total de los votos válidamente
emitidos.
La lista de regidores, luego de aplicada la cifra repartidora, quedó conformada
de la siguiente manera:
1°Gabriel, ESPEJO REYES PRIMERO PERU
2° Nestor, ROMERO VALERO PRIMERO PERU
3° Luis, MORALES MORALES PRIMERO PERU
4° Filiberto, MARRON CARDENAS PRIMERO PERU
5° Maruja, HUAMAN TITO PRIMERO PERU
6° Rufino, CCAJAVILCA HUAYLLA PRIMERO PERU
7° Emilio, ALMANZA MAMANI SOMOS PERU
8° Braulio, VALDIVIA ALVAREZ RENACIMIENTO ANDINO
9° Angela CHISLLA PALOMINO PODER DEMOCRATICO REGIONAL
3.4.- La alianza electoral ilaveña. Desempeño del movimiento PUKA
LLAQTA
36
Alberto Sandoval intentó sin éxito llegar al municipio en 1998, por las filas de
Unión Por el Perú. Lo mismo trató Cirilo Robles, con la camiseta de
Fraternidad Regional. En el 2002, luego de que este último tratara
infructuosamente de ser elegido congresista con el Frepap, ambos políticos se
unieron. Como se sabe, tenían alguna cercanía ideológica (Robles fue de
Patria Roja y Sandoval de Puka Llaqta), pero a la vez egos que chocaban con
frecuencia. Pero la alianza duró apenas tres meses en el concejo municipal de
Ilave. En marzo se rompió el pacto. Y la correlación de fuerzas provinciales
varió dramáticamente, pues cuatro regidores de la Unión Regional se
mantuvieron leales al alcalde Fernando Robles, pero los cuatro restantes se
alinearon con el teniente alcalde Alberto Sandoval.
En caso de empate, el alcalde tenía derecho a voto dirimente. Robles hizo uso
frecuente de esta facultad, no tanto en caso de discrepancias políticas, sino a
menudo, según diversas versiones llegadas a este Grupo de Trabajo, las cuales
no hemos podido corroborar a ciencia cierta, para favorecer a las comunidades
dirigidas por sus partidarios. Por ejemplo en la asignación de las magras
partidas.
La oposición comandada por el teniente alcalde, Alberto Sandoval adoptó una
agresividad creciente, con niveles de encono bastante evidentes los cuales
tuvieron que ventilarse en diversas instancias policiales o del Ministerio
Público.
En setiembre del 2003, la policía emitió el Atestado Policial número 110,
acusando al alcalde Fernando Robles de más de cinco delitos contra la
administración pública. El informe lo hicieron suyo el fiscal y el juez a cargo
37
de la causa. Entre los denunciantes estuvieron los regidores de la oposición
encabezada por el teniente alcalde Alberto Sandoval.
El pleito se complicó a fines de marzo cuando Fernando Robles eludió la
confrontación de su gestión ante cabildos abiertos en la Plaza Mayor, terreno
adonde lo empujó la oposición sandovalista. Y se pidió legalmente la vacancia
de su cargo.
Fernando Robles y Alberto Sandoval no son rivales de hoy. En la Universidad
Nacional del Altiplano (UNA) pertenecieron a grupos de izquierda
discrepantes. El alcalde fallecido se identificó con Patria Roja. Y el teniente
alcalde opositor y hoy discutido sucesor del difunto se inició en Bandera Roja,
más tarde Puka Llaqta.
3.5.- Recursos Económicos de las Municipalidades de Ilave y Ayaviri
Según la Dirección Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía y
Finanzas, los montos comunicados a las municipalidades mencionadas para la
Programación y Formulación Presupuestaria 2004, por concepto de
transferencias previstas del Gobierno a los Gobiernos Locales, por fuente de
financiamiento fueron los siguientes (en nuevos soles):
El Collao-Ilave:
Canón forestal: 186
38
Canon minero: 531 630
FONCOMUN 7,754 959
Vaso de Leche 729 222
Transferencias diversas 1,379 961
TOTAL GENERAL 10,404 937
Melgar-Ayaviri:
Canón forestal: 67
Canon minero: 3,684 354
FONCOMUN 4,424 856
Vaso de Leche 360 026
Transferencias diversas 779 610
TOTAL GENERAL 9 229 713
Hasta el mes de mayo, según datos del propio Ministerio de Economía y
Finanzas, se habían efectuado los siguientes desembolsos (en nuevos soles):
Programa del Vaso de Leche
El Collao 307,585
Melgar 160,010
Programa de Comedores, Alimentos por Trabajo y Hogares y Albergues:
39
Melgar-Ayaviri 21,973
Fondo de Compensación Municipal:
El Collao-Ilave 3,079,061
Melgar-Ayaviri 1,740,952
Canon Minero
El Collao-Ilave 338,460
Melgar-Ayaviri 2,341,977
4.- El crimen: Los hechos. La revuelta
4.1.- Cronología de los sucesos en Ilave – Provincia de El Collao en el
Departamento de Puno.
DÍA 02 DE ABRIL
El Alcalde de la Provincia de El Collao, señor Cirilo Fernando Robles
Callomamani, convoca a una Asamblea Informativa en la Plaza de Armas de
Ilave, con la finalidad de presentar un informe sobre su gestión. Terminada su
exposición, se abrió la participación a los regidores y luego al público
asistente. Se interrumpe la Asamblea por haberse generado un corte de luz,
originando protestas de los asistentes, lo cual desembocó en un enfrentamiento 40
entre los partidarios del Alcalde y los que estaban en contra. Se produjo
alrededor de 10 heridos. Estos hechos provocaron la reacción de la población
que da origen a las medidas tomadas como el paro y el bloqueo de la carretera
internacional y el puente.
DÍA 04 DE ABRIL
Los Regidores de oposición presentan al Alcalde un pedido para la realización
de una sesión extraordinaria (Agenda: declaración de emergencia de la
Municipalidad y situación de trabajadores municipales) la cual no es
convocada finalmente.
DÍA 05 DE ABRIL
El Prefecto (e) de Puno, señor Régulo Mucho, convoca a una reunión para
tratar los problemas surgidos en Ilave, participando en ésta un representante de
la Oficina Defensoría del Pueblo, el Coronel PNP Raúl Becerra, el Fiscal
Decano de Puno, Dr. Manuel Torres Quispe, la Fiscal de Prevención del delito
de Puno, y además, se contó con la presencia del Alcalde Señor Cirilo
Fernando Robles Callomamai. Se evaluó la necesidad de conformar una
comisión mediadora para dialogar con la población y saber los motivos del
paro decretado y el bloqueo de la carretera y el puente (Pliego de reclamos).
Se sugiere la participación de la Iglesia a través del Monseñor Elio Pérez
Tapia, Obispo de Juli, pero éste no se encontraba en Puno.
41
Se presentan a la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Puno, el Teniente
Alcalde Alberto Sandoval junto a sus regidores, para presentar su versión
sobre los hechos. Refiere que luego de concluida la Asamblea Informativa, el
descontento ha empezado porque el informe no satisfizo a la población.
En el momento que se empezaron a presentar observaciones, se corta la luz,
presumiblemente provocada por los partidarios de Robles para evitar las
criticas. Asimismo señala que el Alcalde Robles ha preparado un grupo
partidario con palos y piedras para agredir a la población produciéndose un
enfrentamiento, del cual hay varios heridos. Todos estos hechos habrían
enojado a la gente, quienes tomaron la Plaza de Armas de la ciudad de Ilave,
cerrándose la Municipalidad. Finalmente señala que la población pide la
presencia de una comisión para mediar este problema planteado ya que están
exigiendo la renuncia del Alcalde.
Asimismo se apersonan a la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Puno, el
Alcalde señor Robles junto a sus regidores Juan Mamani, Arnaldo Chambilla
y Edgar López, para dar a conocer sobre los hechos ocurridos el 02 de abril,
refiriendo que la Asamblea Informativa se desarrolló de manera normal sin
mayores incidentes, pero que se tuvo que suspender por un corte de luz
inesperado, atribuyendo su autoría a los partidarios del Teniente Alcalde
Alberto Sandoval. Así también señala que los que provocaron el
enfrentamiento fueron éstos. Solicita intervención de la Defensoría del Pueblo
para buscar una solución a este problema ya que ha producido la toma del
municipio y un gran número de pobladores se han reunido en la Plaza de
42
Armas. Refiere que ha sido amenazado y que su vida e integridad física
peligran.
DÍA 06 DE ABRIL
Se forma una comisión integrada por la Prefectura de Puno, la Defensoría del
Pueblo y la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Juli, decidiendo
constituirse en la localidad de Ilave para buscar un diálogo con la población.
Se recomienda a los dirigentes por medio de la parroquia de Ilave que se dé
las garantías a la comisión y que esperen en la entrada proponiendo una
reunión en la parroquia de Ilave.
Al llegar a Ilave, y al no haber supuestamente garantías para la presencia de la
Comisión, el Prefecto encargado Sr. Réagulo Mucho, decide retornar a Puno.
La Defensoría del Pueblo y la Vicaría de Solidaridad de Juli, deciden esperar a
los dirigentes. Se apersonaron varios dirigentes y autoridades de Ilave, entre
ellos el Sub Prefecto de El Collao, la gobernadora de Ilave y el Sub Prefecto
de Chucuito.
Se garantiza a la Comisión su ingreso a la localidad de Ilave, siendo
conducidos a pie, flanqueados por los tenientes gobernadores y reservistas, no
permitiendo que la Comisión se dirija a la parroquia sino a la Plaza de Armas
de la ciudad.
Se participa en la Asamblea con la presencia de alrededor de 5,000 personas,
quienes a través de sus dirigentes presentan las quejas correspondientes a los
problemas que se suscitaron el 02 de abril y solicitan la renuncia del Alcalde.
43
Se explica que el cargo es irrenunciable y se da a conocer los mecanismos
previstos legalmente en una reunión llevada a cabo con los dirigentes del
Comité de Lucha Ampliada, presidido por el señor Valentín Ramírez Chino.
Se señala a la población que se buscará el diálogo con el Alcalde, a efecto de
buscar una solución al conflicto, retornando a la ciudad de Puno.
Al llegar a Puno, la Defensoría del Pueblo se comunica con el Alcalde, quien
se compromete a sostener una reunión a las 19:00 hrs.; sin embargo, luego de
esperarlo por cerca de 1 hora, éste manifiesta que no asistirá. Entonces, se le
propone llevar acabo la reunión al día siguiente a las 07:00 hrs.
DÍA 07 DE ABRIL
Alrededor de las 08:00 hrs., el señor Robles se apersona a la Oficina de la
Defensoría del Pueblo de Puno, donde se lleva a cabo una reunión con la
presencia de representantes de la Vicaría de Juli, el Sub Prefecto de la
Provincia de Chucuito, el Sub Prefecto de la Provincia de El Collao, la
Gobernadora de Ilave y personal de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de
Puno. Se le informa sobre la situación de la población de Ilave, planteándosele
la posibilidad de solicita una licencia a efecto de que se realice una acción de
control por parte de la Contraloría, sometiéndose éste a los resultados.
Alrededor de las 10:30 a.m. se suspende la reunión a pedido del Alcalde, hasta
las 13:00 hrs.
44
Seguidamente se sostiene una reunión con el Jefe de la Región Policial de
Puno, Coronel PNP Raúl Becerra, quien informa que el personal policial no ha
intervenido a fin de evitar el costo social que implicaría un enfrentamiento con
la población. Asimismo, se realiza otra reunión con representantes de los
gremios de transportistas que solicitan una intervención policial a efecto de
que se despeje la vía Panamericana Sur, indicándoseles que se viene
realizando un proceso de negociación.
Se toma conocimiento que un grupo de reservistas etnocaceristas se trasladan
desde Ilave hacia Puno, realizando una marcha por las calles de Puno, se
coordina con el Prefecto y el Jefe de la Región PNP de Puno para evitar
alteraciones del orden.
A las 13:00 hrs., El señor Robles no asiste a la reunión. Luego de varios
intentos, se puede mantener comunicación con éste, sosteniéndose una nueva
reunión a las 14:30 hrs., donde luego de las conversaciones, éste acepta
solicitar licencia, con la condición de que el Teniente Alcalde también lo haga.
La Comisión se traslada a Ilave, donde se realiza una reunión con la población
movilizada (aproximadamente 4,000 personas) presentando la propuesta del
Alcalde, la cual no es aceptada, tildándosela de “chantaje”.
Se realiza una reunión en el local de la Parroquia con el señor Alberto
Sandoval y 3 regidores, quienes piden la presencia de los otros 4 regidores que
se encontraban con el Alcalde. Se consulta con los dirigentes sobre las
garantías para la presencia de las personas convocadas, suscribiéndose un
45
Acta, donde se indica que no se puede otorgar garantías para la integridad del
Alcalde, pero sí a los Regidores, en tanto éstos se presenten a la ciudad de
Ilave.
DÍA 08 DE ABRIL
Se sostiene sucesivas reuniones con el Alcalde, y al finalizar el día éste se
compromete a apartarse de la Municipalidad, indicando que formalizará su
pedido en las siguientes horas.
DÍA 09 DE ABRIL
El Alcalde no formaliza su pedido. Se sostiene la primera reunión con el
Presidente Regional, dirigiéndose la Comisión con la presencia del Consejero
Regional Marco Antonio Valderrama. La población exige la formalización del
apartamiento del Alcalde, indicando que continuarán con la medida de fuerza.
Aproximadamente a las 12:00 hrs., de la noche, se realiza una reunión en el
local del Gobierno Regional con el señor Robles, quien formaliza por escrito
su decisión de apartarse temporalmente del cargo, dirigiéndose a la población
señalando su voluntad de apartarse del cargo mientras la Contraloría realice la
investigación de su gestión. Como consecuencia de dicho apartamiento,
correspondería al Primer Regidor Sandoval asumir la Alcaldía.
DÍA 10 DE ABRIL
Seguimiento y reunión con dirigentes de Ilave y el Regidor Encarnación
Mamani en el local del Gobierno Regional, donde se les informa sobre la
46
decisión del Alcalde de apartarse del cargo, entregándosele una copia de la
carta respectiva.
DÍA 11 DE ABRIL
Con Resolución de Alcaldía N° 278-2004-MPCI, de fecha 11 de abril del
presenta, el señor Cirilo Fernando Robles Callomamai, delega al regidor
Teófilo Contreras Encinas las atribuciones políticas de Alcalde por un lapso
de 30 días.
Reunión con la Vicaría de Juli, para ver si se seguía integrando la Comisión
mediadora. Se evalúan hechos y se saca pronunciamiento indicando que la
posibilidad de mediación se hacía difícil y que era necesario que los regidores
asuman la conducción del municipio, conforme a ley.
DÍA 12 DE ABRIL
Reunión con el Presidente del Gobierno Regional, regidores de oposición,
dirigentes de pobladores. Se presenta un segundo documento que contiene la
resolución mediante la cual el Alcalde pide licencia por 30 días y designa al
Regidor Contreras como reemplazante. Se acuerda que se entregarán en acto
público al día siguiente con la presencia de todas las autoridades.
Además se informa telefónicamente a la Gerencia Zonal Sur de la Contraloría
General de la República de la situación de emergencia de la Provincia del El
Collao.
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DÍA 13 DE ABRIL
Se acordó viajar a Ilave a las 08:30 hrs., con el Prefecto, Consejeros
Regionales, representante de la Contraloría y de la Defensoría del Pueblo, el
Fiscal Provincial Mixto de El Collao – Ilave, para cumplir con el compromiso
del día anterior. El objetivo de la comisión fue: Aperturar las instalaciones de
la Municipalidad; Cumplir con la Resolución de Alcaldía de que el Alcalde
delegado se haga cargo por 30 días.
Al llegar a Ilave la población rodea la Comisión y la lleva a la Plaza de Armas
de Ilave, donde aproximadamente entre 10,000 a 12,000 personas estaban
congregadas. La población no admitió la propuesta y se les invitó a verificar
las obras no realizadas por el Alcalde, luego se les impidió la salida del puesto
policial hasta las 19 horas aproximadamente.
El viaje no cumplió con el objetivo porque la población no aceptó la propuesta
de un Alcalde interino. Además la Comisión de la Contraloría no pudo entrar a
la Municipalidad porque estaba permanentemente vigilada por los huelguistas.
DÍA 14 DE ABRIL
Se recaba información de PNP y Prefectura.
DÍA 15 DE ABRIL
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Se convocó a sesión extraordinaria de consejo por regidores de oposición,
encabezados por el primer regidor Sandoval, quien refiere que debe asumir el
liderazgo para promover las sesiones que deriven en la vacancia del Alcalde.
Marcha de protesta de pobladores de Ilave en Puno, coordinación con PNP y
la Prefectura.
DÍA 16 - 19 DE ABRIL
Seguimiento de información. Entre estos días el Congresista Yohny Lescano
visita Ilave, dialoga con la población y habría señalado que el camino de la
vacancia del Alcalde a través de las sesiones de consejo sería una alternativa
de solución.
DÍA 20 DE ABRIL
Sesión Extraordinaria en Ilave para discutir la agenda de sesiones ordinarias,
convocada por el teniente alcalde Sandoval.
DÍA 21 DE ABRIL
Primera Sesión Ordinaria donde inician el proceso de vacancia. Se da el Paro
Regional.
DÍA 24 DE ABRIL
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Segunda Sesión Ordinaria, continuaría el proceso para declaratoria de
vacancia del Alcalde Robles.
DÍA 26 DE ABRIL
El Alcalde Robles llega a Ilave y convoca a sesión de Consejo en su
domicilio, habría repartido volantes desconociendo las sesiones convocadas
por el primer regidor Sandoval y habría hecho llegar mensajes que los
regidores de oposición habrían sido vacados en otras sesiones anteriores, ello
enardece a la población, surgiendo un enfrentamiento entre los seguidores del
Alcalde Robles y la población que trae como consecuencia el asesinato del
Alcalde. Posteriormente se constiuye una reunión con la Comisión de Alto
Nivel presidida por el señor Thais.
DÍA 27 DE ABRIL
Reunión de la Comisión de Alto Nivel con dirigentes, regidores de oposición
al Alcalde, Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Juli, Presidente del
Gobierno Regional, la Defensoría del Pueblo, la cual no llegó a ningún
acuerdo quedando en reunirse al día siguiente a las 11:00 hrs.
DÍA 28 DE ABRIL
Reunión en Puno con la Comisión de Alto Nivel en la Vicaría de Solidaridad
de la Prelatura de Juli, en la cual la Comisión propone plantear la propuesta de
convocatoria a nuevas elecciones, la conformación de un gobierno municipal
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transitorio, conformación del Consejo de Coordinación Local y la canalización
de recursos vía el Gobierno Regional.
El señor Thais planteó ante la multitud (2,000 a 3,000 personas
aproximadamente) la posibilidad de nuevas elecciones, sin embargo ésta no
fue aceptada por los dirigentes quienes plantearon a la Comisión que sean los
09 Regidores que quedan quienes asuman la conducción del municipio. Esto
fue planteado nuevamente a la población, propuesta que fue aceptada.
DÍA 29 DE ABRIL
La Comisión de Alto Nivel retorna a Lima.
El Grupo de Trabajo designado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría
del Congreso de la República arriba éste día a Juliaca para iniciar sus
actividades respecto al caso en investigación.
4.2.- El movimiento Social de Protesta
El día 02 de abril, la provincia de El Collao - Ilave se encontraba en huelga
indefinida. Cerca de 25 mil pobladores exigían la destitución de su alcalde
Cirilo Fernando Robles Callomamani.
La misma medida de fuerza en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar se
inició el pasado 11 de abril, para pedir la vacancia de su alcalde, Ricardo
51
Chávez Calderón. Incluso el Alcalde inicialmente fue desalojado del
municipio pero luego recuperó el control del palacio municipal, luego de una
serie de enfrentamientos entre diversos bandos.
El alcalde se comprometió a entregar esa partida al Comité de Electrificación
a las 10 de la mañana, pero se presentó en el local municipal dos horas más
tarde y con las manos vacías. Los pobladores decidieron darle un nuevo plazo
pero tampoco cumplió, ante lo cual tomaron el local municipal.
Cinco regidores llegaron hasta el palacio municipal en busca de diálogo y, en
presencia del subprefecto Pedro Chaiña Velásquez, se comprometieron a
reembolsar el dinero, promesa que tampoco honró.
Desde el ocho de abril, los pobladores mantenían bloqueada la carretera Puno-
Desaguadero que comunica el sur del país con Bolivia, como medida de
fuerza hasta que se declarara vacante la alcaldía provincial que ostentaba
Robles Callomamani. Debido a ello las actividades comerciales, turísticas e
incluso escolares se habían visto seriamente afectadas. miles de ilaveños se
trasladaron hasta la ciudad de Puno para demandar la intervención de las
autoridades regionales y nacionales en la solución de sus demandas. La
movilización permanente entre las ciudades de Ilave y Ayaviri, juntas, sumaba
más de 35 mil personas.
Los huelguistas ilaveños, en su mayoría comuneros aymaras, se habían negado
rotundamente a que se reabriese el paso por el puente internacional de Ilave
que desde que se inició la protesta, se encontraba literalmente clausurada con
vigas soldadas.
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Sendas comitivas integradas por representantes de la Defensoría del Pueblo,
del gobierno regional, la vicaría de Juli, entre otras instituciones, fueron
rechazadas por los manifestantes que demandaban la salida del alcalde. La
primera comitiva se presentó en Ilave el día 13, el cual no tuvo éxito en su
deseo de llevar a cabo una mediación a fin de plantear acuerdos entre las
autoridades y los dirigentes de las organizaciones populares protestantes.
Los negocios se cerraron, los mercados y baratillos desabastecidos (en algunos
lugares se ubicaban pequeños puestos con algunos carteles en sus puertas
hechos con papel, cartulina o cartón prensado que señalaban expresamente lo
siguiente: "Cerrado por culpa del Cirilo Robles"-. Las clases escolares se
encontraban suspendidas indefinidamente y los centros médicos apenas sí
atendían emergencias.
Los turistas nacionales y extranjeros, así como algunos pasajeros en tránsito
hacia Bolivia, tenían que transitar cerca de 10 kilómetros - generalmente a pie,
ante la ausencia del transporte vehicular - para hacer transbordos y continuar
sus viajes. Los piquetes de huelguistas custodiaban tramos de la carretera y
tenían órdenes expresas de no dejan entrar ni salir a nadie.
Por esos días, en la quincena del mes, la población del distrito de Tilali
(provincia de Moho) habían decidido emular el ejemplo de Ilave y Ayaviri y
tomaron el local municipal exigiendo la vacancia de su alcalde, Melecio
Larico Quispe, pero dos días después desistieron de su medida de fuerza y le
dieron un plazo para que cumpla con todo un pliego de reclamos. De igual,
forma los pobladores de la provincia de Azángaro paralizaron 48 horas y
53
lograron que su burgomaestre, Percy Choque Ramos, se rebajara el sueldo y
las dietas de los regidores.
Finalmente, el día 20 de abril, un grupo de personas había tomado el local de
la municipalidad distrital de Paucarcolla, provincia de Puno, obligando a que
su alcalde, Cosme Damián Beltrán Pineda, firmara un acta de compromiso a
fin de solucionar el pliego de reclamos de los manifestantes, quien sólo
después de dicha decisión edil decidieron levantar su medida de presión.
Respecto del caso de Ilave, luego de la avalancha de protestas y la presión
popular, era inviable que Robles Callomamani volviera al cargo debido a una
clarísima falta de legitimidad entre el grueso de la población, que no aceptaba
su permanencia bajo ninguna circunstancia. Así lo demostraban las constantes
actividades contrarias a su permanencia en el cargo.
En el caso del distrito de Melgar, indicó la disputa había llegado a mayores
debido a la decisión del Concejo Municipal, que había decidido suspender en
sus funciones al alcalde Chávez Calderón, hasta por un plazo de un año,
mientras el grupo opositor realizaba las respectiva gestiones para lograr su
vacancia.
4.3.- El crimen de Robles Callomamani
El grupo de cinco regidores contrarios a la que pretenden declarar la vacancia
del alcalde Robles Callomamani no habían tenido éxito hasta el momento.
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Los concejales convocaron para el miércoles 21 a una primera sesión, la
misma que no llegó a realizarse por falta de quórum. De inmediato
convocaron a una sesión extraordinaria para el jueves 22, la cual no se volvió
a realizar por el mismo asunto.
Dos convocatorias más fueron realizadas por este grupo, la primera para el
día 23, fue llevada a cabo, donde se tomaron acuerdos importantes, y luego se
pretendía llevar a cabo otra para el martes 27. Supuestamente, ese día, los
regidores opositores buscaban declarar la vacancia de Robles Callomamani
por inasistencia a las sesiones de concejo municipal, según lo planteado en la
Ley Orgánica de Municipalidades.
A las nueve de la mañana del lunes 26 de abril, el aún alcalde provincial de El
Collao-Ilave, Cirilo Fernando Robles Callomamani, quien por más de dos
semanas permanecía en la clandestinidad, convoca a una sesión de concejo en
su domicilio citaciones que fueron realizadas vía notarial para el día, cuando
pretendía llevar a cabo la sesión de concejo con cuatro regidores leales.
Había solicitado licencia y se había apartado del cargo mediante carta notarial
del día del 09 de abril y aprobado mediante Resolución de Alcaldía del día 11,
de abril, donde se acordaba aceptar el pedido de Robles y se delegaba al
segundo regidor Teófilo Contreras Encinas "las atribuciones políticas del
Alcalde de la municipalidad de El Collao - Ilave, por un lapso de 30 días
naturales". El documento tiene la firma del propio Robles Callo Mamani, y
explica que esta decisión se toma para que la Contraloría General de la
República realice una auditoría de su gestión, ya en ese momento severamente
cuestionada por los pobladores.
55
La familia y el propio Robles Callomamani habían pedido garantías
personales para la vida del Alcalde. Las autoridades civiles y algunas
policiales les habían señalado que iban a tener seguridad, pero al final sólo
aparecieron un número muy reducido, que las distintas versiones señalan,
como máximo, una cantidad de siete efectivos, que se encargarían de custodiar
la pretendida sesión de Concejo dirigida por el burgomaestre.
El grito de alerta de la población fue inmediato y pronto el murmullo creció al
nivel de muchedumbre. En el acto, se corrió la voz y aparecieron de la nada
más de dos mil pobladores, dispuestos a no tolerar esta afrenta. La consigna
era evidente: “matar al ‘ladrón y traidor’ del Cirilo”. Por lo menos 2 mil 500
personas se habían agolpado hasta el lugar y pugnaban por entrar en la
precaria vivienda. El cerco eléctrico de la casa los contuvo, salieron a las
calles a buscarlo hasta que decidieron anular el fluido de energía. Fue
entonces que toman por asalto el sitio por las viviendas aledañas.
La muchedumbre busca incursionar con palos y piedras la casa de dos pisos a
medio construir y desde el interior otros hombres, aparentemente
incondicionales del Alcalde (un número indeterminado es la versión más
razonable, pero cálculos más aproximados señalan que podrían haber sido
hasta un máximo de cuarenta) la defienden también a pedradas.
Los vidrios de las ventanas se fueron destrozados. Algunas explosiones son
escuchadas en medio del forcejeo, pero no se logra distinguir si son balazos
de los custodios del orden o petardos lanzados por los manifestantes.
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Entonces, un grupo de hombres y otro de mujeres suben por las escaleras al
segundo piso y se refugian por la parte trasera de la vivienda. El portón del
garaje cede y es en ese momento un grupo de personas ingresan y se ocupan
de buscar a Robles Callomamani.
Los pobladores entraron por el tercer piso, por las ventanas. En ese entonces
se concentraban cuatro regidores y el alcalde. El alcalde en su desesperación
por ponerse a buen recaudo se escondió en la casa de su vecino. La población
finalmente los encontró pese a la infructuosa resistencia de los familiares y
amigos y los sacó con las manos arriba e inmediatamente lo golpearon, con
fierros y palos. La gente observaba, muchos de ellos los insultaban y otros
pedían que no los maltraten. Inmediatamente un grupo que ya habían
premeditado esta acción porque vinieron con el rostro cubierto y muchos de
ellos con pasamontañas los apaleó salvajemente a los regidores y a algunos
parientes (incluyendo a un sobrino menor de edad de Robles de
aproximadamente once años a quien lanzaron de una escalera y cuya caída le
provoco la fractura total de una de sus piernas). Los bienes y enseres de la
modesta vivienda fueron destrozados y quemados. A la par, la comisaría,
donde se apertrechaban unos treinta efectivos de la PNP era cercada por más
de cinco mil pobladores, quienes no iban a permitir que se auxiliara a Robles.
Robles fue sacado a rastras, entre los gritos, golpes, palazos y pedradas de
miles de enfurecidos ilaveños. A los capturados los llevaron por la Avenida
República, entre pateaduras, golpes con cadenas y palos, ensangrentados,
hasta la Plaza de Armas. Allí ya estaba Robles Callomamani, con el rostro casi
desfigurado. Luego cae al piso y allí, como a una orden, la gente lo patea, lo
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apalea, lo pisa. Las imágenes finales lo muestran sentado sobre el piso, con la
cabeza rota y el rostro ensangrentado, con los ojos perdidos y avizorando
quizás lo que eran posiblemente sus últimos pensamientos. El regidor Juan
Mamani se salvó de correr la misma suerte que el alcalde al ser entregado al
sector donde tiene su domicilio.
Robles, ya en ese momento, guiado mecánicamente por la multitud, gemía
quedamente, exponiendo al brillante sol las múltiples laceraciones que se
exponían en su cuerpo, producto de todos los impactos que la furia ciudadana
habían chocado contra su epidermis. Eran los síntomas evidentes de una
desollación (o “despellejamiento”) realizada colectivamente, y que, después,
al momento de la necropsia médica en la Morgue Central de la ciudad de
Puno, fueron ampliamente corroboradas, sobre todo en los brazos y la espalda
del occiso.
A las dos de la tarde, luego de ser paseado por casi toda la ciudad, fue
obligado a subir hasta el tercer piso del municipio, donde se le alcanzó un
micrófono. Apenas atinó a decir: "Pido perdón", y se desplomó. Al parecer, el
impacto de la caída, además de la pérdida de sangre durante toda la mañana
mientras lo llevaban de un lugar a otro, habría causado su muerte. Tenía el ojo
derecho completamente hinchado y la sangre discurría desde la cabeza hasta la
quijada. Fue una larga agonía. Indican las varias versiones que el inerte
cuerpo fue abandonado debajo del emblemático Puente Viejo, donde la Policía
lo recogió a las tres y media de la tarde.
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Los enardecidos pobladores de Ilave lo sacaron a la fuerza de su domicilio, lo
golpearon salvajemente y lo ultimaron en plena plaza de armas. Su cadáver
fue arrastrado por las principales calles de la ciudad antes de ser arrojado
debajo del puente antiguo, a ocho minutos de la ciudad. El impacto de la
caída, además de la pérdida de sangre durante toda la mañana mientras lo
llevaban de un lugar a otro, habría causado la muerte del alcalde. Expiró
aproximadamente a las 15:20 horas, según los cálculos de los médicos. La
policía rescató el cuerpo sin vida a las 15:30 horas, internándolo en el hospital
de la localidad para la necropsia de ley.
4.4.- Testimonios de los testigos ante el grupo de trabajo.
a) FELICIANO HUANCA CUNO, Subprefecto de la provincia del Collao,
se presentó en este Grupo de Trabajo el 30 de Abril habiendo sido citado a
fin de recoger su testimonial que tenga como conocimiento de su cargo y
manifestó que el día de los hechos empezó el día 2 de Abril del presente
año, que el señor Alcalde Cirilo Fernando Robles Callomamni había
convocado a una segunda asamblea.
Una vez concluida la asamblea la población no queda conforme por que le
hicieron preguntas al señor Alcalde y este tuvo que declinar para no
responder, porque la multitud no le permitía.
Manifiesta que el alcalde había convocado simplemente a sus allegados de
confianza, mientras la población estaba en la parte posterior, y ha
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concluido, cuando empezaron las preguntas ya no quiso responder. Ahí
vienen los problemas entre ambas partes.
Así mismo manifiesta que ese problema ha venido quizás desde el año
pasado. El señor Alcalde manifestó que iba a hacer las obras, al asfaltado
de la carretera Ilave—Mazo Cruz, lo cual no se ha cumplido. En la
reconstrucción del puente antiguo, tampoco se ha cumplido, o sea, no está
incluido en el presupuesto. Pero la población de Ilave y sus distritos y
provincias tienen conocimiento de que el asfaltado de la carretera tiene
presupuesto, lo cual no se ha cumplido.
De igual manera, el puente antiguo, que hoy se encuentra totalmente
abandonado, también había un presupuesto, conforme manifestaba a la
población. Tampoco yo no tengo conocimiento adónde, cuál será el destino
de ese dinero.
En la última campaña del señor alcalde, que en vida fue , se ha
comprometido en muchas obras, tanto en la zona urbana como en la zona
rural; lo cual, quizás en la parte urbana no ha cumplido en la zona rural sí.
Tenemos plataformas deportivas, asfaltados de jirones, así como otras
obras.
Existe una contradicción cuando le preguntan si estuvo presente el día de
los hechos, ya que responde que no estuvo como Subprefecto, pero si como
ciudadano, luego dice que no estuvo presente.
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Además manifestó que estuvieron alrededor aproximadamente tres mil
manifestantes.
Igualmente señala que el alcalde asesinado le solicitó garantías a efectos de
poder llevar acabo el Cabildo Abierto y que el mismo le ha dado garantías
personales.
b) CELSO CHAMBILLA SANDIA, se presentó en este Grupo de Trabajo
el día 30 de Abril para rendir su testimonial habiendo sido citado, el mismo
que luego de dar sus generales de ley y bajo juramento manifestó que la
percepción de los dirigentes es que hay corrupción, que el Alcalde
Robles ha robado y a la gente no le gusta que le mientan y si sus dirigentes
dicen que Robles ha robado, ellos le creen.
c) TEOFILO CONTRERAS ENCINAS, se presentó en este Grupo de
Trabajo el 30 de Abril para rendir su testimonial en calidad de regidor de la
Municipalidad del Concejo de Ilave, a las preguntas que le hizo la
comisión parlamentaria contestó que no podía declarar para no entorpecer
las investigaciones que hay pendientes, luego de una serie de
recriminaciones y culpar al gobierno central de los hechos, manifestó que
el día de los hechos estaba en la Policía porque tenia que hacer un par de
constataciones y que además ellos ya habían renunciado al cargo que
ostentan, pero que sabían que no era legal la renuncia ya que conocían la
Ley Orgánica de Municipalidades.
61
Así mismo manifestó que de FONCOMUN tienen 8 millones 336 mil y
que su dieta era de 600.00 soles además agregó que ya habían realizado dos
sesiones y solo faltaba una sesión para vacar al alcalde y apareció éste y
frustró la vacancia.
d) MARCELINO AGUILAR ARCE, se presentó en este grupo de trabajo
30 de abril para rendir su testimonial en calidad de Regidor de la
Municipalidad Distrital de Ilave quien dijo ser de la lista Frente Unico
Progresista siendo el octavo regidor, continúa aduciendo que el hecho 2 de
abril, se ha tomado el local por parte de la población. Ellos como regidores
al señor alcalde hicieron hecho un pedido, como regidores de la provincia
del Collao, para solucionar el problema el 4 de abril, para que el mismo
alcalde se presente ante el pueblo y se dé solución, pero lamentablemente
el señor alcalde ha optado por retirarse a otra provincia. Entonces,
solamente habían quedado los cinco regidores en la ciudad.
Desde ese hecho la población exigía que las autoridades se hagan presentes
el día 10 de abril también han enviado una carta diciendo el señor alcalde
que estaba pidiendo una licencia por 30 días como alcalde; después el 11,el
12 de abril le encarga a otro regidor como alcalde, pero simplemente con lo
que son funciones políticas, y el manifiesta en la resolución que él estaba
realizando otras gestiones para la municipalidad. Solamente le han
encargado al compañero para que asumiera su función política.
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Como alguien ha dicho que el señor Subprefecto ha dicho, que quizás no se
ha cumplido en la campaña muchas promesas a la población; pero después
de los hechos no tiene la provincia del Collao suficiente presupuesto,
solamente en Ilave se ha manejado 8 millones 316 mil soles nada más, que
ni siquiera es del FONCOMUN sino ingresos propios masa que se ha
manejado.
e) SAUL BUTRON CONDORI, se encuentra presente en esta sesión 30 de
abril para rendir su testimonial sobre los hechos materia de investigación,
refiere ser secretario de actas y archivo y manifestó que han tenido
anteriormente una asamblea informativa del año pasado que también lo ha
hecho, que lo ha denominado cabildo, pero ha sido una asamblea
informativa.
Una vez se le ocurrió pedir acá al señor Valentín Ramírez el informe de lo
que ha sido el puente y le consta también al señor presidente regional
David Jiménez. Actitudes de ese tipo de respuestas refiere que siempre la
han tenido. Analícelo usted, señor; por lo cual, el dirigente dijo que es
comerciante, el que debería ser la persona indicada debería ser por
supuesto el alcalde o sus funcionarios, que deben hacer la parte de análisis
económico, en lo cual se le ha hecho pedidos, peticiones, que podría
mencionarles, lo cual no han sido respondidos adecuadamente. Por eso es
la actitud y la personalidad tanto de los trabajadores.
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Continuó diciendo que actitudes como esa siempre las iba a tener por eso
se tenía que cambiar, además porque la gente siempre le va a pedir que
cumpla con lo que prometió.
f) VALENTIN RAMIREZ CHINO, se encuentra presente el 30 de abril
citado por el Grupo de Trabajo a fin de que rinda su testimonial sobre los
hechos ocurridos materia de investigación del grupo de trabajo, el mismo
que luego de juramento y sus generales de ley manifestó que el problema
del alcalde ha sido que no ha habido jamás una reunión de efecto
participativo, el pueblo jamás ha participado, nunca consultó y eso le
consta a toda la población.
Indicó también que el Frente de Lucha lo conformaba el presidente de la
comunidad, teniente gobernador y alcaldes de centros poblados menores.
Continua diciendo que estaba haciendo calor, sol. Entonces, había
alrededor, siempre ellos solicitaban a los reservistas. Esos reservistas
estaban ahí, guardando orden. Los reservistas no le metieron mano, nadie
le metió mano como se señalaba.
Continua diciendo que el estaba presente en las sesiones de Concejo pero
observando que la gente le ha hecho eso al alcalde, porque el alcalde era
autoritario, él manejaba todo y los cinco regidores eran minoría, nunca les
han hacía caso. Ellos han denunciado, aunque no sé, las denuncias acá
están en el fiscal, siete denuncias. las sesiones de Concejo, son públicas,
solamente la población iba a observar, escuchaban simplemente por ese 64
medio, de eso también algo que ellos se habían informado. Igualmente
señaló que estaba muy en contacto con los regidores opositores, señalo
también haberse conocido con el teniente alcalde en la ciudad de Arequipa
cuando estudiaban y que guardaban una estrecha relación el teniente
alcalde como opositor y él como dirigente.
g) RUBEN PARI MAMANI. Se encuentra presente 30 de abril habiendo
sido citado en su calidad de Presidente de la Central de Parques de la
Urbanización de Ilave quien manifestó, en principio le impacto porque lo
estaban maltratando.
h) EDGAR LARIJO, se presentó 30 de abril habiendo sido citado por el
Grupo de Trabajo el mismo que dijo ser Secretario General del Frente de
lucha, quien luego de sus generales de ley y bajo juramento manifestó que
nadie investiga la muerte de su compañero David Hichuta Quispe y le
atribuye este crimen al alcalde fallecido, igualmente señaló que hay que
entender a la población y los dirigentes estaban en tranquilidad, esperando
la última sesión que debía llevarse el día miércoles 23. Ese día tenía que
llevarse la última sesión, la vacancia del señor alcalde.
Estaban esperando y el domingo aparecen en la noche volantes invitando a
las sesiones del señor alcalde. Otra sesión en su domicilio. La población
65
en este momento ya perdió cordura de los dirigentes. Indica que ellos han
tratado de calmar, porque la población también estaba buscando a los
dirigentes para agarrarlo y para lincharlo.
i) ARMANDO MACERA CHAMBILLA, se recepcionó su manifestación
en el nosocomio que se encuentra recuperando 30 de abril quien dijo
encontrarse en aptitud de poder declarar. Niega haber visto cómo sacaron
al alcalde, que a él lo agarraron agarraron aparte y es él a quien más
golpearon.
Indica que el regidor Sandoval era el que estaba moviendo todo, junto con
Valentín, Ramírez y Rubén Parí. El día 25 ellos llamaron a la gente por
radio Armonía, espera que esa Armonía no oculte sus grabaciones, que lo
ha llamado.
El estaba escondido en la casa de su vecino y ahí lo agarraron y en su patio
lo golpearon, sin sentido, semimuerto y luego lo sacaron a la calle, y en el
frontis de la casa del alcalde otra vuelta lo tumbaron. Otra vuelta a otra
calle lo llevaron y todos los regidores, así como muchas personas más.
Señala que toda esa gente ha estado con pasamontañas, y al final como
semimuerto ha estado vomitando y una señorita lo había estado levantando.
Cuando lo vio y les ha hecho despertar nuevamente y cree que son gente
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extraña y un caballero con gasolina en la mano que nos seguía, su nombre
presumiblemente sería Rogelio Contreras.
El 2 han tomado el local, una persona, un monto de 70 a 100 personas nada
más. Pasó 2 ó 3 días y ellos pensaron que no va a pasar nada. Y con la
mentira que ha llamado a la gente es la que les han creído.
j) MELANIA FLORES YUJRA, se le recepcionó el 30 de Abril su
testimonial en el nosocomio y luego de explicar que se encuentra en aptitud
para poder rendir su manifestación dijo: .— “Los hechos han sido de
repente cosas que jamás habían pasado, ¿pero cuál era el motivo
principal? El motivo principal es la ambición de poder que tenía el señor
teniente alcalde. Desde un primer momento que nosotros habíamos
juramentado ya en el municipio, hemos sido siempre humillados por este
señor.
Humillados en forma sicológica, nunca nos han tratado bien, siempre nos
han tratado de rebajarnos. Para él nosotros no éramos nada: estos
imbéciles, estos inútiles, estos analfabetos no saben nada. Así de esa forma
nos trataba, más que todo a mí, yo soy la única mujer entre los nueve
regidores, entonces siempre hemos sido tratados.
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El motivo principal, señor congresista, porque desde un principio siempre
ha sido eso. Decía, más antes de las amenazas: "Que si el 1 de enero del
2004 no soy alcalde no soy hombre, y renuncio a la regiduría". A mí me lo
ha dicho, señor congresista, porque yo he sido de las personas invitadas
por el señor teniente alcalde, yo no lo conocía al señor Fernando Robles, y
el señor teniendo alcalde me ha invitado para su lista, entonces desde ese
momento.
El día que sucedieron los hechos día 26 yo tuve notificación mediante la
notaría en mi domicilio, 7 y 45 yo llego hacia la casa del señor alcalde,
pregunto y digo al señor: "Dónde está la policía, cuáles son las garantías
nos van a brindar". Entonces, me dice: "Que dentro de 5 minutos viene la
policía". Entonces, como ya era casi las 8, inmediato el grupo de gente
viene gritando, entonces le digo: "Qué hacemos, señor Fernando", me
dice: "Mira, nos vamos a lado del vecino", y ahí hemos tenido que correr
tres regidores, el secretario general y el señor alcalde donde hemos subido
al segundo piso. En el segundo piso..., primero han malogrado todo su
casa de él, han quemado todo. Nosotros en el segundo piso estamos,
cuando entró por calle el señor Edgar Leiva Ramos, vino y lo sacó al
alcalde de debajo de la cama, y apenas lo sacó era golpe, paliza, maderas,
fierros.
Edgar Leiva Ramos es un comerciante que trabaja en el mercado. Él lo
jaló de la cama, lo sacó y de frente le dieron los golpes a él. Entonces,
como lo han sacado afuera había bastante gente, ellos mismos lo
agarraron y de una patada lo han botado al señor alcalde al primer piso. 68
Luego me sacaron a mí: el señor Antonio Aro Canasa, Eduardo Yufra
Marca, Raúl Quispe Muñisaca, ellos me han botado, encima del alcalde he
caído y la parte de mi estómago ha caído en las gradas.
j) JOSÉ MAMANI MAMANI, se recepcionó su manifestación 30 de abril
desde el nosocomio en donde se encuentra internado quien dijo encontrarse
en facultades de poder declara su testimonial dijo lo siguiente: “ que todos
ellos habían actuado por el poder, por la captura del poder del municipio,
para ser llegado al extremo de asesinar al señor alcalde, había una
diferencia muy marcada con el teniente alcalde y que este informaba mal a
la población nunca informo las cosas que se hacían siempre informaba
como que no se trabajaba.
Nosotros el 12 de abril hemos salido, el señor alcalde ha salido hacer el
informe económico a la población, salió a las 11 de la mañana. El señor
alcalde estaba en el centro, los dos regidores que estamos acá, los 5
regidores ya estaban parados y caminando se han sentado, ya no se han
sentado al lado del señor Sandoval
Así mismo refirió que el día de los hechos estaban cerca de las 8 de la
mañana cuando la gente llegó a buscarlos entonces con el alcalde
corrieron y se preguntaban que hacer y un grupo los empezó a buscar
hasta encontrarlos y masacrarlos, fueron llevados a la plaza y a mi me
entregaron a mi localidad de Coraraca”.69
k) EDGAR SEGUNDO LÓPEZ CONDORI, se recepcionó su
manifestación en el nosocomio en su calidad de regidor quien manifestó
que, el señor Alberto Sandoval Tosso ha tenido una intención de llegar al
poder. “No sé si esta ha sido su intención, pero hoy en día lo hizo este
señor; porque en algún momento a mi me ha faltado el respeto, porque él
era el año pasado, el 2002, regidor de obras.
Él sabe todo correctamente, porque ha pedido de él hemos firmado, ahí
tenemos las firmas en las actas en cada sesión. Ya hay una obra que se ha
ejecutado en el barrio Ramón Castilla, es el parque Cusupi.
Prosiguió señalando como se desarrollaron los hechos de la misma
manera en que han relatado sus compañeros agredidos, sin embargo
preciso que también se encontraba la presencia de los reservistas de
Humala.
Continuo diciendo para estos señores dirigentes no hay ley, no hay ley,
tenemos grabado. Vamos a empezar de aquí del Collao, vamos a pasar a
Puno y a la región, al departamento de Arequipa y así sucesivamente,
vamos a llegar hasta el gobierno nacional”.
l) DIEGO MARTÍN COAQUIRA GÓMEZ, se recepcionó su
manifestación el 30 de abril en el nosocomio donde se encuentra
70
recuperándose de la agresión sufrida producto de los hechos materia de
investigación, siendo esposo de la regidora quien manifestó que era, muy
lamentable el hecho que haya sucedido el día 26 de abril. Sus palabras son
las siguientes:
“Yo, mi esposa ese día me encontraba acompañándole, resguardándole.
Todo es de que, mi esposa, incluido los 10, los 9 regidores, más el alcalde
y el notario, son las únicas personas que sabían que iba haber una reunión
en la casa del señor alcalde, puesto que hemos sido notificados por el
señor Arturo Poma, notario de la ciudad de Ilave, y para el día lunes a las
8 de la mañana”.
No sabemos por qué razones, el señor Teófilo Contreras había
proporcionado una fotocopia a Radio San Miguel, y ellos han propalado
toda esa situación Esto es donde ha traído cola también, por Radio
Armonía, donde han difundido casi toda la noche para que al día siguiente
se viniera toda la gente del medio rural que va haber un circo hecho por
Fernando Cirilo Robles Callomamani.
No se llegó hacer la sesión porque la gente llegó a la casa empezaron
rompiendo vidrios luego ingresaron rompiendo todo lo que se les
encontraba a su paso hasta encontrarlos y sacarlos a la plaza pudiendo
reconocer a Edgar Callo Aspas y al camarografo de Televisión San Miguel
de Ilave a quien conozco por el hecho de haber sido mi alumno”.
71
m)EL MENOR D.M.M., de once años de edad, se recepcionó su declaración
30 de abril en presencia de su señora madre y en el nosocomio en donde se
encuentra recuperándose de la agresión sufrida víctima de los hechos
materia de investigación , quien manifestó que el se encontraba cuidando la
puerta de la entrada donde se había escondido su tío que es el alcalde pero
que un grupo de gente entre los que se encontraba presente el teniente
alcalde, lo tiró del segundo piso y fue ahí donde se rompió el hueso de su
pierna.
n) DAVID JIMENEZ SARDON, se encuentra presente el 01 de mayo ha
quien se le a citado a fin de recepcionar su manifestación en calidad de
Presidente Regional de Puno quien dijo:
“Mire, originalmente todo el tema estaba centrado en la renuncia del
alcalde, todo el tema”.
Podrá constatarse de que a través de toda la información que hay y todos
participaron este tema, podrán ver que el origen ha sido estrictamente el
municipio.
Nosotros, como gobierno regional, asignamos una partida a Ilave, a la
provincia de Collao, para tres obras, para agua y desagüe; agua para
Ilave, para Pilcuyo y una partida para la carretera Ilave-Mazo Cruz; pero
todas las partidas, como es un presupuesto elaborado de manera
72
participativa en el Consejo de Coordinación Regional, todas estas partidas
son contraparte de lo que den los municipios.
Oficialmente nos llegó una comunicación el día 6 de abril mediante un
memorial, los suscriben un conjunto de dirigentes de la ciudad de Ilave.
Esto es donde ha traído cola también, por Radio Armonía, donde han
difundido casi toda la noche para que al día siguiente se viniera toda la
gente del medio rural, pero puntualmente nuestro trabajo era Prefectura,
Defensoría, Fiscalía y Vicaría, con todos ellos se trabajó para poder
disuadir del paro y luego de una serie de documentos que le hiciéramos
firmar al alcalde asesinado e incluso llegando a que nombrase en
reemplazo a uno de los regidores de la oposición pero todo era inútil
había dirigentes que los exacerbaba los ánimos.
Mire, yo creo que sí tengo, como autoridad regional, obligación de
transmitirle algo.
He sentido una sensación, a lo largo de este tiempo, de que quienes
manejaron la dirección del movimiento en Ilave no buscaban resolver el
problema sino llegar a un momento cada vez más confrontacional.
El objetivo era romper el diálogo con el Gobierno regional, su objetivo fue
romper el diálogo con el Gobierno regional, no de la población, de un
73
grupo de dirigentes.
Esto hizo que las negociaciones de alguna manera se congelaran, porque
ellos ya no querían dialogar, y ahí caminaron en este tema.
Y acá se hizo una gran marcha, vino acá una buena cantidad de
pobladores de Ilave. Yo calculo por lo menos unas 3 mil a 4 mil personas
que saliendo de allá vinieron a hacer una protesta contra nosotros.
En el caso de Ayaviri lo que se ha dado es que se dice que el alcalde
tuviera una acción muy autoritaria sobre su comuna y sobre un grupo de
regidores a quienes no permitió el ejercicio de su función, que serían ellos
los que después se reunieron y propusieron una suspensión por un año al
alcalde.
Obviamente ahí también hay denuncias de malos manejos, pero denuncias,
cuán verdaderas sean, creo que la comisión que ha venido con Contraloría
verá el tema”.
ñ) PORFIRIO BARRENECHEA CÁRDENAS, se recepcionó su
declaración 01 de mayo en calidad de Defensor del Pueblo de Puno
quien manifestó lo siguiente : “ese día, en horas de la mañana,
recibimos una llamada telefónica de una señora, probablemente era una 74
vecina del señor Robles, indicando que había una situación de violencia
en relación a su domicilio, que había una gran cantidad de gente y que
pedía la coordinación, el apoyo de la defensoría.
La Defensoría del Pueblo se comunicó con la Región de la Policía a fin
de que tome las medidas que correspondan, también con la prefectura.
Y luego de ello hemos estado al tanto de cómo se venían desarrollando
los hechos.
Defensoría del Pueblo tomó conocimiento desde el mismo día, el día 2 de
abril. Los hechos no han sido sólo el 26 de abril, como se ha preguntado
al principio, sino desde el 2 de abril cuando se hizo la audiencia pública,
donde se daba cuenta del manejo económico del municipio y, como
consecuencia de ello, pues, el enfrentamiento que hubo entre sectores
que apoyaban al alcalde y sectores que estaban en contra.
Eso ha meritado varias visitas de la Defensoría del Pueblo para ver la
situación, cómo se desarrollaba, si es que habían heridos, si que habían
detenidos, cómo es qué estaban interviniendo las autoridades, la policía,
el públicos. Han habido varias visitas, incluso en algún momento se
formó una comisión mediadora con la prefectura, con la Vicaría de July,
con la subprefectura de July y la gobernación de Ilave.
75
Lo que yo podría indicar, en todo caso, es que ha habido una colaboración
con la Defensoría del Pueblo cuando se ha pedido su participación”.
o) JAIME FELIX OCAÑA MOZO, se presentó 01 de mayo habiendo sido
citado en su calidad de Comandante de la PNP de Ilave quien manifestó,
que los hechos se dieron el día dos de abril en que el alcalde convocó a una
asamblea para darle a conocer a la población el balance económico de
2003, ahí se dan enfrentamientos el alcalde se refugia en el municipio y la
policía logra sacarlo y llevarlo a su domicilio. Extractos de su presentación
son los siguientes:
“Quiero recalcar que del día 2 hasta el día 25, policialmente lo hemos
estado manejando. Se coordinaba con todas las autoridades del lugar, así
como con los dirigentes de la zona para que su vigilia y las marcha que
hicieron y a partir del día que declararon huelga indefinida lo hagan en
completo orden, que no atenten contra la propiedad, que no atenten contra
las personas. Y de esa manera se ha estado realizando y controlando.
En cuanto a que los sucesos del día 26, el día 25 en horas de la tarde el
señor alcalde envía un oficio manifestando que iba a realizar una
asamblea pública, perdón, una sesión de concejo en su domicilio.
Igualmente señala que por acciones de inteligencia indican estos que el
76
señor Sandoval se dirigió a la comunidad llevando les alcohol y coca para
que al día siguiente se dirigieran a la casa del alcalde que tuvo gente
infiltrada y estos pudieron escuchar que los dirigentes azuzaban a las masas
no solo para que se vaya el alcalde sino para otra cosa hablaban de la lucha
armada en el idioma aimara, la gente se encontraba preparada ya que
contaban con palos piedras artefactos incendiarios entre otros, igualmente
señalo que la peculiaridad con que han actuado de cubrir su identidad para
realizar el ataque es de grupos subversivos ese día sucedieron los hechos
porque así lo tenían premeditado, también refirió que Jaime Huanca es el
locutor de Armonía que incitaba a las masas : “Tal es así que ese día que
nos atacan la comisaria, trasmitió, advirtió a la población de que estaba
entrando la policía y cortó su comunicación y no sale al aire”.
p) RAUL OSCAR BECERRA VELARDE, se presentó el 01 de mayo
habiendo sido citado para recabar su testimonial de los hechos materia de
la presente investigación quien dijo, que el día 2 cuando tomó
conocimiento de los hechos inmediatamente formuló una orden de control
para mantener el orden público, el mismo que fue aprobado, del día al
veinticinco habían manifestaciones pero se mantenía controlado para evitar
confrontación entre la policía y la población, se tenía conocimiento por
inteligencia que lo que se quería era enfrentamiento la policía con la
población; de inmediato comunicó a su comando al General de Arequipa e
imagino que este a su vez le habría informado a sus superiores.
77
“El día 23 conversé con el alcalde a quien le pedí que no fuera a Ilave
que la gente no lo quería y le podía suceder algo fatal, trate de persuadirlo
para que no fuese a Ilave y finalmente me dijo que tenía razón y se
despidió, el día lunes llamo a mi comandante y me doy con la sorpresa que
el alcalde se encontraba en Ilave igualmente me manifestó el Comandante
que ya le había puesto seguridad y que estaba con el Fiscal, pero ya le
gente había llegado y paso lo que todos conocemos”.
4.5.- Testimonios de personas de Melgar - Ayaviri.
a) RICARDO CHÁVEZ CALDERÓN, se presentó 01 de mayo habiendo
sido citado a fin de que rinda su testimonial de los problemas de la
Provincia de Melgar –AYAVIRI, quien dijo: “el día 12 de abril toman el
local aproximadamente a la una de la mañana un grupo más o menos de
50 personas dirigidos por los señores Isidro Chino, Cirilo Pacha, el
profesor del Colegio Alta Gracia de la nación pucayacta que es una
decisión del grupo radical y el Rómulo Piso Calacta, con un grupo de
gente de la revocatoria. Ellos toman el local en forma violenta con la
participación de aproximadamente 50 personas.
El martes 13 y día miércoles 14 en forma inmediata convocamos a la
Vicaría para que interceda y podamos tener un diálogo con los
representantes de los dirigentes que habían tomado el local. La Vicaría se
presenta en el local municipal, se le propone al alcalde a un diálogo, para
que formen una comisión, se niega rotundamente y no hay posibilidad de 78
diálogo.
El dirigente Pedro Medina, como ustedes pueden ver acá, en forma
inmediata responde con agresión, echando gasolina a la población,
armados totalmente de palos, acá se demuestra claramente el momento en
que echan gasolina a la población, aquí está Isidro Chino que dirige todo
el operativo, Luego de un esfuerzo bastante grande, se recupera el local.
Recuperamos el local y recién interviene la policía. La policía agarra y
toma el local. En forma inmediata se pide la intervención del fiscal e
interviene el fiscal provincial, el capitán de la policía, por la
municipalidad participa el señor Gabriel Espejo, Teniente Alcalde, y se
levanta a un acta sobre la situación en que se encontraba la
municipalidad, evidentemente para ver cuales son los daños.
Por otro lado piden una pensión extraordinaria, nunca presentaron
ninguna propuesta, el problema de las obras, nunca les interesó el tema.
Posteriormente, aprovechando su cargo sacan un crédito de 20 mil soles
cada uno en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Cusco, la norma
dice muy claro que un funcionario público no puede con la garantía y el
aval del municipio sacar un crédito.
Bueno, entonces ellos en forma irresponsable traman con un abogado que
lo contratan, ver la posibilidad de la vacancia y no encuentran ninguna
79
causal y optan por el asunto de la suspensión. De acuerdo a la Ley de
Municipalidades, para ser suspendido se tiene que cumplir con un
conjunto de requisitos y no había ninguna causal para vacarlo. Entonces,
ellos convocan a una sesión de concejo totalmente ilegal porque de
acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, el único que puede
convocar a la sesión de concejo es el alcalde y si el alcalde no lo convoca,
los señores regidores lo solicitan al alcalde, si el alcalde en 5 días no lo
convoca, ellos se pueden autoconvocar, no cumpliendo con ese requisito
simplemente convocan en esa reunión ellos acuerdan aprobar un
reglamento interno especial, porque solamente podían suspender digamos
aprobando un nuevo reglamento interno.
Pero, de acuerdo a la Ley de Municipalidades, artículo 20.° de la Ley de
Municipalidades dice, que ellos convocan a una nueva reunión
extraordinaria.
Luego se da la situación interna del municipio y los sucesos de la
recuperación del local nosotros asistimos a la reunión que la convocaron
para buscar el enfrentamiento (ininteligible) la reunión fue inmanejable,
no se podía (ininteligible) la población se dividía en dos bandos y esto
podía acabar (ininteligible) el alcalde tiene como obligación convocar,
presidir y dar por concluida la sesión de concejo y en forma inmediata
tomo contacto con el regidor que estaba con ellos, lo que tenemos que
hacer es (ininteligible) pero ya no a sesión de concejo sino a nivel político.
Pero, de acuerdo a la Ley de Municipalidades, artículo 20.° de la Ley de
80
Municipalidades dice,(ininteligible) ellos convocan a una nueva reunión
extraordinaria y otra vez (ininteligible) y consecuentemente (ininteligible)
la situación interna del municipio y los sucesos de la recuperación del
local (ininteligible) nosotros asistimos a la reunión que la convocaron
para buscar el enfrentamiento (ininteligible) la reunión fue inmanejable,
no se podía (ininteligible) la población se dividía en dos bandos y esto
podía acabar (ininteligible) el alcalde tiene como obligación convocar,
presidir y dar por concluida la sesión de concejo (ininteligible) y en forma
inmediata tomo contacto con el regidor (ininteligible) que estaba con ellos,
lo que tenemos que hacer es (ininteligible) pero ya no a sesión de concejo
sino a nivel político.
Nosotros ya con fecha 9 de enero le hemos pedido a la Contraloría
General de la República que audite nuestra gestión”.
b) GABRIEL ESPEJO REYES, se presentó el 01 de mayo, habiendo sido
citado en su calidad de Teniente Alcalde de la Municipalidad de Melgar-
Ayaviri, quien manifestó:
“Soy el primer regidor. El segundo regidor que nos acompaña en la lista
es el médico veterinario Ernesto Romero, quien supuestamente ha sido
designado como alcalde accesitario.
Después de haber tomado el local de la municipalidad Provincial de
81
Melgar, se tuvieron algunos rumores de que también se querían tomar
otras empresas que administran la Municipalidad Provincial de Melgar,
llámese la empresa Altiplano, que tiene que ver con la provisión del
líquido elemento; Taller Municipal, que se encuentra en otro local. Y
también tenemos una planta procesadora de leche”.
c) RUFINO JULIAN CASAVILCA HUAYA, se presentó el 01 de mayo,
habiendo sido citado en calidad de regidor, quien manifestó que el día de
los hechos había sido agredido y que solicitaron a las autoridades
correspondientes que retomen el local lo cual ha sí se hizo.
“ Los agresores llegaron con pasamontañas de acuerdo a las
investigaciones, el señor Chino proviene de Pucallacta, es una escisión de
Patria Roja. Entonces, son aliados a Patria Roja. Cuando hay este tipo de
caos, ellos aprovechan para mover masas”.
d) MANUEL TORRES QUISPE, se presentó el 01 de mayo, habiendo sido
citado para que rinda su testimonial en calidad de Fiscal Superior Decano,
quien dijo que él no se encontraba en esos momentos que sucedieron en la
provincia de el Collao distrito de Ilave porque contaba con licencia sin
embargo el Fiscal Superior encargado, ordenó al fiscal provincial que
despachara en Puno porque no habían garantías, por otro lado manifestó
82
que en el caso de Ayaviri se encontraba tomado el local Municipal pero
que fue desalojado en conjunto con la policía sin embargo fue
posteriormente tomado nuevamente y volvió hacer desalojado encontrarse
actualmente personal policial en el interior a fin de custodiar el municipio.
e) CASIMIRO ADRIAN CHOQUEHUANCA QUISPE, se presentó el 01
de mayo habiendo sido citado en su calidad de dirigente de la Mz. “D” la
urbanización Huaynacapac para que rinda su testimonial sobre los
problemas de la provincia de Melgar-Ayaviri los dirigentes de la
población de Ayaviri han hecho el asalto contra la provincia de Melgar el
día 12 de abril:
“Y nos hemos enterado al amanecer en la mañana, que el día lunes han
estado un grupo de personas. Nosotros al ver esta situación, prácticamente
a nosotros nos ha indignado, y además, ellos hablan en la radio de que por
mayoría de toda la población y de todos los dirigentes ellos han tomado
por asalto el Concejo provincial”.
Por otro lado señaló que no le consta que hayan malos manejos ya que el
alcalde viene realizando sus labores en forma normal y haciendo obras y
todo desarrollándose muy transparente.
f) DOMINGO YEPES LLACTA, se encuentra presente el 01 de mayo
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habiendo sido citado en su calidad de poblador de la provincia de Melgar-
Ayaviri para que rinda su testimonial sobre los problemas de la provincia
de Melgar-Ayaviri, quien manifiesta que es un grupo de personas
manejadas por unos cuantos dirigentes que pretenden crear problemas al
alcalde, pero que no es toda la población que está de acuerdo con ellos.
g) LUISA ANCO PALOMINO, se encuentra presente el 01 de mayo,
habiendo sido citada en su calidad de Vicepresidente de Nueva
Panamericana, quien manifestó que todo esto se da porque los regidores
opositores quieren tener más incrementos económicos en las dietas y el
alcalde no los deja, continuó manifestando argumentos en la que coincide
con los testigos antes declarados.
h) BURGOS QUISPE se encuentra presente 01 de mayo habiendo sido
citado a efectos de rendir su testimonial en su calidad de dirigente quien
manifestó:
“Yo no tengo conocimiento alguno sobre la situación, por eso es que yo he
estado al margen de todo ese proceso. Inclusive, yo no vierto opinión en
los medios de comunicación, puesto que era un asunto eminentemente del
municipio”
4.6.- El Día Siguiente.
84
Al día siguiente, 27 de abril, cerca de las dos de la tarde, 300 efectivos
policiales, bajo el mando del comandante PNP José Luis Arenas, en cuatro
vehículos portatropas, un carro rompe manifestaciones y siete camionetas
policiales, llegaron a la zona a fin de restablecer el orden interno. La
carretera Puno-Desaguadero fue desbloqueada y las principales vías de acceso
a la ciudad quedaron libres de cualquier obstáculo.
La lista de heridos que se encontró, producto directo de la confrontación
fueron los siguientes:
En el Hospital Manuel Núñez Buitrón
- Uriel Aguilar Quenta (21), TEC leve
- Roger Gómez Cabrera (40), herido en la cara
- Marco Alarcón Apaza (27), herido en la cara
- Dionisio Apaza Bustincio (41), TEC leve
- Sabino Mamani Mamani (51), TEC leve a moderado
- Edgar Lope Condori (38), policontuso y TEC grave
- Daniel Machaca Mamani (11), fractura de la pierna izquierda
85
Adicionalmente, se encontraron a todos los regidores y familiares heridos y
contusos que se mencionaron en páginas anteriores del presente Informe.
Inmediatamente, se constituyó una Comisión de Alto Nivel del Poder
Ejecutivo, liderada por el Presidente de la Comisión Nacional de
Descentralización, Luis Thais Díaz, y por miembros del Jurado Nacional de
Elecciones y la Contraloría General de la República. Después de varias horas
de negociaciones entre la Comisión y los dirigentes de Ilave en Puno, los
moradores de esa jurisdicción optaron por designar en el cargo de
burgomaestre, en reemplazo de Robles, al teniente alcalde de la comuna
Alberto Sandoval Loza, ya en ese entonces principal sospechoso del crimen.
Las negociaciones, que culminaron con la designación de Alberto Sandoval en
la alcaldía y la ratificación de los nueve regidores del municipio, comenzaron
cerca de las cinco de la tarde, luego de una reunión en la iglesia San Miguel
con los dirigentes de Ilave. En un principio, y tras media hora de
conversaciones, Luis Thais se dirigió a la población que se encontraba reunida
en la plaza de armas en idioma aymara. Les anunció que en pleno ejercicio de
la democracia se convocaría a elecciones para nombrar a nuevas autoridades.
Minutos después Thais, se reunió nuevamente con los dirigentes
supuestamente para elaborar la lista de las personas que integrarían la junta
transitoria de la administración municipal, pero la decisión que se adoptó a
puerta cerrada fue otra.
El presidente de la Comisión de Alto Nivel se dirigió nuevamente a la
población, esta vez para preguntar si estaban de acuerdo con nuevas
86
elecciones, pero antes ya uno de los dirigentes que se encontraba presentes se
dirigió a la población en aymara y les dijo que si ellos aceptaban nuevas
elecciones irían muchos de ellos a la cárcel. La respuesta fue un no enfático.
Luego anunció que se nombraría en el cargo de burgomaestre al teniente
alcalde Alberto Sandoval.
VI) ANÁLISIS LEGAL Y SOCIOCULTURAL
1.- Ilave en medio de la zona de conflicto.
Muchos han señalado que este conflicto se ha generado por una consecuencia
económica. Y no están alejados de la realidad. En la última década, se ha
detectado un notable incremento de los cultivos de coca en el departamento de
Puno: hasta 2,500 hectáreas en la selva de Carabaya. Según el diario La
República (edición del domingo 03-05-2004), la hoja sale a pozas de
maceración ubicadas entre la selva de Carabaya y el Altiplano. La policía ha
detectado nuevos laboratorios, no con capacidad para producir cocaína,
porque la provisión de insumos es difícil, pero sí en condiciones de elaborar
pasta básica lavada.
Adicionalmente se ha visto agravado el tráfico de contrabando entre Puno y
La Paz, a través de Desaguadero y el Estrecho de Tiquina, es una vía de
traslado de droga de Perú a Bolivia, sea en bruto o lavada. Se calcula en
87
cientos de millones de dólares las remesas y convoyes de productos que
ingresan por esa zona a nuestro país sin pagar impuestos, los mismos que
luego son puestos en el mercado a precios bajísimos. El caso más palpable es
el de Juliaca, donde se encuentran marcas y artefactos a menos de la mitad de
lo que su precio normal podría costar en cualquier lugar considerado
“económico” de la ciudad de Lima.
El diario El Comercio (lunes 17-05-2004) señala que hasta antes del inicio de
la movilización masiva de los pobladores aymaras de El Collao, la policía de
Puno realizaba un promedio mensual de noventa operaciones anticontrabando
en todo el departamento. Hoy realiza sólo un promedio de entre treinta y
cuarenta operaciones. La Policía realizaba operativos de tráfico de pasta
básica de cocaína (PBC) lavada, la policía realizaba cada mes un promedio de
veinte operaciones antinarcóticos, mientras que en la actualidad sólo realiza
tres. Para combatir a los contrabandistas y neutralizar las famosas "culebras"
se destinaba cien hombres, actualmente sólo hay veinte dedicados a esa labor.
en el área de investigación, la región PNP de Puno tenía cuarenta agentes
especializados. Empero, debido a los sucesos de Ilave, la mayoría ha sido
destacada a realizar otras labores, de tal manera que, para investigar a los
narcotraficantes, apenas quedan quince.
2.- El hecho criminal de Ilave. hipótesis y sospechosos
La hipótesis de que el linchamiento de Cirilo Robles fue un hecho aislado,
producto de la incontenible furia de la población contra una autoridad inepta y
corrupta se ha ido desvaneciendo ostensiblemente.
88
Según los diversos testimonios recogidos por este Grupo de Trabajo, hubo una
serie de factores y acciones cuyos móviles presuntamente habrían sido
manejados por un grupo de personajes e intereses particulares que trataremos
de dilucidar en estas páginas.
Entre febrero y marzo del presente año, un grupo de dirigentes formaron
diversas organizaciones de defensa y movimientos ciudadanos y aymaras con
el objeto de defender los intereses de Ilave, pero con obvios afanes opositores
a la gestión del alcalde Cirilo Robles.
Entre ellos se encuentra Valentín Ramírez Chino, ganaderos y antiguo amigo
del teniente alcalde Alberto Sandoval. Según fuentes de la Policía que ha
manejado el Grupo de Trabajo, Ramírez Chino controla el camal de Ilave, en
donde "beneficia" a las reses que compra en la vecina localidad de Acora, para
luego llevarlas en sus camiones a Moquegua, Arequipa y Tacna.
Según el diario El Comercio (hipótesis que también ha manejado este Grupo
de Trabajo) , la negativa del alcalde Robles a otorgar a Ramírez Chino, el
control del nuevo camal municipal, debido a la informalidad en que se
trabajaba en dicho local, y una ausencia de registros sanitarios, hostigando
constantemente a los representantes de Senasa que intentaban fiscalizarlos.
Según declaraciones brindadas en forma reservada ante el Grupo de Trabajo,
diversas fuentes policiales y de inteligencia, algunos “infiltrados" castrenses
durante el asesinato del Alcalde, indicaron haber observado a Ramírez Chino
dando directivas por medio de un altavoz a los comuneros aymaras a fin de no
permitir la presencia de la prensa. Uno de los afectados por esta violencia 89
fueron algunos corresponsales periodísticos como el periodista Christian
Ticona, de La República.
Con el distanciamiento de Robles y Sandoval se hace más patente la presunta
labor fiscalizadora de éste último.
Sin embargo, las investigaciones indican que, pese a la participación de varios
cientos de personas en los sangrientos hechos que terminaron con la muerte de
dicho burgomaestre, hay algunas personas individualizadas que han sido
señalado por varios testigos como los autores materiales del crimen.
Uno de ellos es el ciudadano Wilfredo Llanque Flores, mejor conocido en el
ciudad con los alias de “Cholón” o “Zapatero”. Diversos testigos lo han
señalado como la persona que sacó a patadas de la casa donde se escondió
Robles el día 26 de abril, le rasgó la camisa y lo colocó delante de la turba.
La policía considera a Llanque Flores como uno de los principales
sospechosos del asesinato. Por eso en la misma tarde del fatídico lunes 26 de
marzo actuó con rapidez y lo capturó en su domicilio del jirón Mollendo. Ya
en la comisaría de Ilave admitió haber participado en la brutal agresión a
Robles Callomamani, pero negó haber ultimado al burgomaestre, tal como lo
señalan algunas fuentes consultadas. En ese mismo día, luego de que la
multitud enardecida había cercado la delegación policial, los custodios del
orden no tuvieron más remedio que dejarlo libre.
90
Según la información periodística que es de público conocimiento, Llanque
registra antecedentes penitenciarios y ha purgado condena en el penal de La
Capilla, en Juliaca.
El Ministerio Público y ahora el juez de la causa tienen en su poder material
fílmico en el que queda demostrada la presunta participación y
responsabilidad del Llanque en la muerte del alcalde Robles.
En uno de los videos públicos a los que ha tenido acceso este Grupo de
Trabajo, se observa a LLanque agrediendo con violencia a Robles
Callomamani, azotándolo con una correa, arrastrándolo cuando el extinto se
encontraba moribundo y propinándole duros golpes que terminaron por
causarle la muerte.
Diversas versiones (que no han podido ser corroboradas fehacientemente por
el presente Grupo de Trabajo) han señalado que Yanque Flores habría
aceptado entregarse a la justicia a cambio de que le proporcionen una suma de
dinero a fin de asegurar su manutención familiar mientras dure todo el proceso
investigatorio. Lo que se han recibido es noticias de que en las zonas
campesinas de la provincia de El Collao se habrían iniciado una colecta
popular a fin de alcanzar el monto presuntamente solicitado por Yanque para
entregarse voluntariamente (que sería de un monto de dos mil dólares).
Los referencias de la viuda y seguidores de Cirilo Robles indican que quien
planeó la revuelta fue el teniente alcalde, Alberto Sandoval, quien también se
encuentra en la clandestinidad.
91
Se ha señalado que estaban en juego otros servicios, como el del camal, que
tiene que ser fiscalizado por la municipalidad, lo que no gusta a mucho a los
ganaderos, porque esto supone el pago de obligaciones legales, o coimas. Por
cierto, el teniente alcalde y sospechoso de instigar la revuelta, Alberto
Sandoval, tiene como actividad principal la ganadería y una de las actividades
de la gestión de Robles Callomamani que no le gustaron habría sido la
construcción del nuevo camal y su mejor supervisión por parte de los
funcionarios ediles.
La gestión edil anterior a la de Robles Callomamani, encabezada por el
burgomaestre José Antonio Maquera, construyó un moderno camal para que el
ganado de la zona fuese beneficiado allí y comercializado a precios más
atractivos. Sin embargo, había quienes se oponían a su funcionamiento
porque preferían llevar el ganado en pie hasta los camales de Lima, donde
iban a cobrar ya no 2,50 soles por kilo de carne no beneficiada, sino 7,50
soles.
A Sandoval se le ha sindicado como uno de los ganaderos que se oponían al
funcionamiento del camal de Ilave, pero sus allegados aseguran que dejó de
serlo hace cuatro años.
Versiones recogidas durante el viaje del Grupo de Trabajo a la zona de los
acontecimientos dan cuenta de que un grupo de ganaderos fueron los que
contribuyeron con una buena cuota de dinero para la compra del alcohol
92
durante los luctuosos sucesos del pasado lunes. Todo un tema para profundizar
la investigación y que es competencia netamente policial.
Sin embargo, el día martes 4 , el aún ministro Fernando Rospigliosi hizo el
anuncio ante el presente Grupo de Trabajo que, mediante proceso
investigatorio policial se habría llegado a constatar que los hechos realizados
el 26 de abril en Ilave-El Collao, que acabaron con la vida del alcalde Cirilo
Robles, son configurados como presuntos delitos contra la vida el cuerpo y la
salud en la modalidad de homicidio calificado agravado, asesinato y lesiones
con evidencias de tortura, delito contra el patrimonio en la modalidad de
daños a la propiedad privada; delito contra la libertad, en la modalidad de
secuestro; delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de peligro
común-incendio; así como indicios razonables de delito de asociación ilícita
para delinquir.
Entre los presuntos autores y /o partícipes de los hechos delictuosos se habría
logrado incriminar a las siguientes personas:
- Alberto Sandoval Loza (58)
- Teófilo Contreras Encinas (42)
- Marcelino Aguilar Arce (45)
- Encarnación Mamami Huanacuni (42)
- Gilberto Olivera Quispe (49)
- Valentín Ramírez Chino (53)
- Rubén Pari Mamani (39)
- Edgar Larijo Cutipa (31)
93
- Rufino Vidal Flores (36)
- Saul Baldomero Butrón Condori (29)
- Wilber Hugo Foraquita Flores (30)
- Antonio Aro Canaza (no precisa edad)
- Raúl Quispe Mullisaca (37)
- Wilfredo Llanque Flores (40)
- Mariano Escobar Huayta (36)
- Enrique Apaza López (30)
- Rogelio Mendoza Candia (22)
- Rogelio Quispe Cotrado (49)
- Rudy Roque Lima (22)
- Róger Marcial Ruelas Zurita (30)
- Edgar Laime Ramos (38)
- Albino Zapana Cueva (28)
- Edgar Alfredo Gerónimo Ccama (40)
- Mario Lucio Vargas Jilaya (60)
- Eduardo Ylura Marca (53)
- Mauricio Ordoño Quispe (30)
- Jaime Pastor Huanca Chura (no precisa edad)
- Wilber Mamani Mamani (no precisa edad)
- Rodolfo Muñuico Incacutipa (43)
- Florencio Ccallo Valeriano (25)
- Wilfredo Lores Quispe (no precisa edad)
- Pastor Chambilla Jinez (no precisa edad)
- Mónica Virginia Machaca Mamani (25)
- Yeny Apaza Marón (25)
94
- Irma Ruíz Paredes (42)
- Elías Jiménez Coaquira (no precisa edad)
- José Antonio Maquera Atencio
Mediante Resolución N° 01-2004-JMC-I-PJ, el Juzgado Mixto de Ilave-El
Collao había decretado la detención preliminar de las personas antes
mencionadas. Ese mismo día se había detenido, aparte de al teniente alcalde
de Ilave, José Alberto Sandoval, hasta ese momento primer aspirante al sillón
municipal, había sido detenido junto a otras seis personas, tres regidores y
tres pobladores, considerados principales sospechosos del asesinato del ex
alcalde. Además de Sandoval, considerado el autor intelectual del crimen,
fueron detenidos los regidores Teófilo Contreras, Marcelino Aguilar y
Gilberto Olivera, y los pobladores Rogelio Quispe, Wílbert Mamani y Henry
Medina, este último empelado de radio San Miguel de Ilave, denunciada por
instigar a la población a cometer el crimen durante la transmisión de sus
diferentes programas. Posteriormente, fueron detenidos, entre otros, el
dirigente Valentín Ramírez Chino.
3.- Actuación de las principales Instituciones en los acontecimientos en la
ciudad de Ilave.
95
3.1 Actuación de la Policía Nacional del Perú.
La Policía Nacional actuó correctamente al no usar indiscriminadamente la
fuerza el día de los sucesos. De no haber sido así, se hubiese producido una
verdadera matanza, sobretodo dado que aquél día salieron a las calles entre 9
mil a 12 mil lugareños, contra una dotación de 30 policías, reforzada los días
previos con más de 60 efectivos, que, a pesar de todo, fueron insuficientes.
Era una proporción de 100 a 1.
En toda la Región Puno no hay más de 300 efectivos PNP, lo cual hubiese
sido difícil cubrir las mil plazas que requería el Jefe de la Zona Policial para
controlar el orden público (Inevitablemente hubiese tenido que ingresar el
Ejército, previa declaración de emergencia y la suspensión de las garantías
constitucionales pertinentes).
Actualmente, la mayoría de los efectivos de toda la región está dedicada a
cuidar el orden público en Ilave. En la Provincia del Collao y otras provincias
hay no menos de 600 policías listos a intervenir, 300 de los cuales provienen
de la Unidad de Servicios Especiales de Arequipa y de Lima, los cuales se
unen al contingente de 30 efectivos iniciales que tenía asignado Ilave, los que
llegaron después de producidas las primeras escaramuzas (aproximadamente
60), y a los que su unieron un grupo aún más numeroso luego del asesinato de
Robles Callomamani.
Debemos hacer la salvedad, de que, según datos del Ministerio del Interior,
tres efectivos policiales resultaron con heridas leves tras el asalto a la
96
comisaría de Ilave por parte de la multitud participante de los actos del lunes
26 de abril.
3.2.- Actuación del Ministerio Público.
El fiscal provincial Ciro Alejo y los fiscales adjuntos Hugo Cavero y Juan
Monzón se encargaron de llevar a cabo las investigaciones, a fin de llegar a
descubrir las verdades del crimen.
Al ser interrogados por los fiscales, los heridos de quienes se recogieron
declaraciones referidas al incidente, los señores Diego Martín Olcocarqui
Gómez, Melania Flores Yucra, Arnaldo Chambilla Maquera, Uriel Aguilar,
Juan y Sabino Mamani, coincidieron en acusar al primer regidor de Ilave,
Alberto Sandoval Loza, como directo participante en las agresiones y como
uno de los que lanzaron piedras y palos y además agitó a las masas contra el
fallecido alcalde. Otros acusados son Edgar Larico, Rubén Pari y Alfredo
Yanqui.
Pero, sin embargo, debemos señalar que el día 21 de abril, la Fiscalía Superior
de Puno, a través del Fiscal Superior el fiscal superior Manuel Torres Quispe,
mediante Oficio Nº 670-2004-MP-FSD-DJ-PUNO dirigido al jefe de la
Región Policial de Puno, coronel PNP Raúl Becerra Velarde, había solicitado
a la Región Policial refuerzos de un millar de efectivos policiales para
restablecer el orden interno en Ilave y demás zonas conflictivas del
departamento.
97
Ese día, además, el subprefecto de Puno, Pedro Chaiña Velásquez, había
advertido que existía una falta de gobernabilidad en el distrito de Ilave, a raíz
de las demandas de los pobladores, quienes exigían la destitución de Robles
Callomamani.
Según fuentes de la Fiscalía de Puno, el coronel Becerra Velarde informó al
magistrado que no contaba con ese número de efectivos, pero que haría la
consulta a Lima.
A los cinco días, el 26 de abril, la Fiscalía del Distrito Judicial de Puno sabía
que Robles Callomamani convocaría a una sesión de concejo a las ocho de la
mañana, en el jirón Los Incas 153, de acuerdo con el informe 002-2004-MP-
PER.
Por esta razón, la Fiscalía del Distrito Judicial de Puno solicitó otra vez a la
Policía Nacional del Perú que brindara seguridad a la sesión de concejo.
El Ministerio Público, representado por fiscal superior decano Vicente
Briceño Jiménez, el fiscal provincial Ciro Alejo Manzano y el fiscal adjunto
provincial Juan Eloy Coya Ponce, acudieron a la vivienda acompañados por
30 policías, a cargo del mayor Artemio Cently Villafuerte.
Según el fiscal Briceño Jiménez, la comitiva trató de que se produjera un
diálogo entre los regidores de la oposición y los oficialistas, pero no lo
lograron porque los pobladores les lanzaron piedras y objetos contundentes.
98
La comitiva se refugió primero en el hospital de Ilave y luego en la comisaría.
A las dos de la tarde, cuando se enteraron de que el alcalde había fallecido,
Briceño Jiménez y los 30 policías levantaron el cadáver y lo trasladaron a la
morgue.
3.3 Actuación del Jurado Nacional de Elecciones
3.3.1 Declaración del representante del Jurado Nacional de Elecciones,
señor Gastón Soto Vallenas.
El Jurado Nacional de Elecciones el 13 de abril recibió documentación,
remitida por el señor Prefecto de la Región Puno en la que adjuntaba unos
documentos derivados del Frente Único de Defensa de los Intereses de Ilave,
de otros órganos u organismos que agrupa a determinados sectores
poblacionales de Ilave, pidiendo de que el Jurado los ilustre o los oriente
respecto a que hacer con relación al objetivo final que ellos tenían, que era
vacar al alcalde.
Se les informó con relación a la revocatoria, la fecha que se ha previsto para
su realización, que es el 17 de octubre, es el resultado de una propuesta que en
principio oportunamente hizo llegar a los organismos electorales la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, a fin de que ellos puedan organizar y
planificar todo lo que corresponde precisamente a un proceso de consulta
popular, como es la revocatoria. Y, que por lo tanto requería establecerse
99
algunos parámetros de tiempos, de modo tal que permitiera que aquellas
agrupaciones de personas que en sus distritos, provincias o regiones, quisieran
promover revocatoria pudieran primero verificarse las firmas, preparar todo el
material, etcétera, y por eso se señaló que el 2 de abril era la fecha hasta la
cual se podían presentar los planillones de firmas y el 15 de abril, que aquellos
planillones cuyas firmas hayan sido debidamente verificadas por el RENIEC y
se haya confirmado que se alcanzó el mínimo previsto en la norma, pudieran a
su vez tramitadas correctamente a través del órgano competente, confirmarse
de que se podía convocar para la revocatoria el próximo 17 de octubre.
Esto se les explicó, que habían parámetros de tiempo, así se dan cuenta que no
tenían tiempo. En consecuencia, la única alternativa obviamente que le
quedaba era la vacancia, en sesión de pleno el día 14, se acordó comunicar al
Prefecto y a la persona que dirigía el municipio, al señor Sandoval, así como
también al Secretario General del Comité de Defensa de los Intereses de Ilave,
y al señor congresista Yonhy Lescano, entre otros; de que el Jurado Nacional
de Elecciones de acuerdo a su ley orgánica está impedido de absolver
consultas. Se informó formalmente a todos ellos, se les notificó haciéndoles
llegar copia del acuerdo y entendíamos que eso sirvió para que ellos pudieran
actuar de la mejor manera. El JNE tuvo información que los pobladores
estaban actuando en base a lo que está previsto en la ley Orgánica
correspondiente y concretamente el día lunes 26, el Presidente del Jurado
recibió una comunicación telefónica del señor Luis Thais, Presidente del
Consejo Nacional de Descentralización, que le informaba que la situación de
orden interno en Ilave, se encontraba estable. Inclusive el Puente Internacional
que se encontraba sellado, soldado propiamente, si bien no lo habían aún
100
desoldado pero ya se estaba permitiendo el paso de las personas, los turistas
que se habían quedado entrampados en la zona peruana ya podían movilizarse.
Es decir, en otras palabras, ya como que se había más o menos regularizado
hasta cierto punto la vida económica y social en Ilave y que por encargo del
presidente de la República, el Presidente del Consejo Nacional de
Descentralización, el señor Luis Thais iba a viajar a la zona, iba a viajar a
Juliaca, a Puno y luego a Ilave para conversar sobre las posibilidades de
solución definitiva al problema que se vivía en esos momentos en Ilave. Y en
consecuencia, invitaba a algún representante del Jurado para que lo acompañe
y dijo él. El Jurado respondió de inmediato, así que se decidió que un
representante le acompañe, sobre todo para ver la parte normativa, para
cualquier decisión que finalmente se pudiera tomar como consecuencia de la
conversación que se tenga entre el señor Thais y los representantes del pueblo,
poder ajustarla a lo que es concretamente lo previsto en la norma jurídica
vigente.
La Ley Orgánica de Municipalidades, si además de la vacancia prevé la
posibilidad de que la autoridad municipal puede suspenderse al ejercicio del
cargo, es decir, separarlo temporalmente del cargo. Pero a diferencia de lo que
señalaba la ley anterior, la suspensión es un derecho que se le da en forma
exclusiva, única y excluyente al Consejo Municipal, Distrital o Provincial,
quienes resuelven en última y definitiva instancia.
No hay posibilidad, en el caso de la suspensión, de que lo revise una instancia
101
superior, como es normal en la vacancia, en este caso el Jurado Nacional de
Elecciones; y solamente obliga al Consejo a que se remita a la Ley Orgánica
de Municipalidades y a su propio reglamento que ellos aprueban. Por eso a
nuestro entender se está derivando una serie de abusos.
Estas fueron las opciones brindadas a las consultas por diferentes personas e
instituciones sobre los acontecimientos en la ciudad de Ilave, respecto al tema
de la vacancia del alcalde.
3.3.2 Informe escrito presentado por el Jurado Nacional de Elecciones.
El lunes 26 de abril de 2004, en atención a la decisión del Pleno del JNE, se
designó al Doctor Gastón Soto Vallenas para viajar a Puno como
representante del JNE, acompañando a la Comisión de Alto Nivel, que fue
designado por el Presidente de la República, presidida por el señor Luis Thais
Díaz, Presidente del Consejo Nacional de Descentralización, y conformada
por el señor Dante Vera Miller, Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerior
del Interior y el representante del JNE, para tratar directamente con las
autoridades y dirigentes del pueblo de Ilave.
La Comisión llegó a la ciudad de Puno en horas de la noche del mismo día 26
de abril de 2004, iniciándose de inmediato las primeras reuniones con las
autoridades del Departamento de Puno (Prefecto, Coronel Jefe de la Sub
Región Policial de Puno y el General PNP, Jefe de la Región Sur).
102
Al día siguiente, martes 27 de abril de 2004, en la ciudad de Puno, la
Comisión se reunió en el local del Gobierno Regional, con el Presidente de la
Región y un grupo de alcaldes provinciales, distritales y de centros poblados,
así como también en la Municipalidad Provincial de Puno, con otros grupos de
autoridades locales; ambas reuniones sirvieron para tratar el tema relacionado
al caso Ilave. Igualmente ese mismo día, se visitó en el Hospital de Salud de
Puno, a los regidores que habían sido víctimas de los actos de violencia del
día anterior.
Por otro lado, al recibirse la información de que los efectivos de la Policía
Nacional habían retornado a Ilave, y logrado restablecer en gran parte el orden
interno, se dispuso, en horas de la tarde de ese mismo día martes 27, que el
Doctor Dante Córdova (Ministerio del Interior), y el General PNP Vizcarra
(Jefe de la Región Sur de la Policía Nacional), viajarán a la ciudad de Ilave
para confirmar el restablecimiento del orden interno, y además se encargaría q
la población nombre algunas personas que puedan actuar como sus
interlocutores.
Al día siguiente miércoles 28 de abril, después de reunirse con los integrantes
de la Defensoría del Pueblo – sede Puno, y de la Vicaría Solidaridad, a fin de
tratar sobre las posibles alternativas de solución, la Comisión viajó a esa
ciudad. Aproximadamente a horas 13:30, la Comisión arribó a la ciudad de
Ilave, en la que se reunieron con los delegados que habían elegido la
población, así como con los dirigentes del Frente de Defensa del pueblo de
Ilave y dirigentes de otras organizaciones, así como también con parte de la
103
población que, en esos momentos, se encontraban en la Plaza de Armas de
Ilave.
Las alternativas de solución que se plantearon fueron las siguientes:
Convocatoria a elecciones de nuevas autoridades ediles.
En cumplimiento con las alternativas que se encontraban en el ejercicio de
sus funciones, y que constituyen el actual consejo municipal.
Luego, el jueves 29 de abril de 2004, la Comisión se reunió con el Fiscal
Superior Decano, así como el Fiscal Provincial de Ilave y Fiscal adjunto, y las
autoridades policiales de la región para que informen sobre los avances de las
investigaciones, así como para que precisen las medidas de seguridad y de
protección que las autoridades del Ministerio Público y Poder Judicial
requerían para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Después de las 13:00 horas decidieron el retorno a la ciudad de Juliaca para
retornar a Lima, a donde llegaron aproximadamente a las 17:00 horas, donde
se encontraron con el Congresista Jorge Chávez Sibina, quien viajaba ese
mismo día a la ciudad de Puno, para cumplir con un encargo del Congreso de
la República referente al tema Ilave.
3.3.3 Acciones Realizadas
La designación de Sandoval por parte de Luis Thais en asamblea popular era
innecesaria y fue usurpación de funciones por parte del mismo funcionario,
104
pues su nombramiento no pasó, como exige la ley, por una resolución del
Jurado Nacional de Elecciones. En este caso se habrían cometido violaciones a
la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica del JNE, la Ley de
Participación Ciudadana, la propia Constitución, entre otras. El Jurado
Nacional de Elecciones informó que no tenía en trámite ningún pedido de
vacancia en contra del alcalde Robles Callomamani y que este solo puede ser
declarado por el pleno del concejo de El Collao-Ilave. El Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) puntualizó en un comunicado oficial que sólo el concejo
municipal puede declarar en primera instancia la vacancia de un alcalde.
Esta precisión se hizo en clara referencia a la designación del primer regidor
Alberto Sandoval Loza, quien fue nombrado titular del municipio provincial
de El Collao en una consulta popular convocada por el presidente del Consejo
Nacional de Descentralización (CND), Luis Thais Díaz.
Posteriormente El JNE, mediante resolución publicada el viernes 07 de mayo
en el Diario Oficial El Peruano, designó temporalmente a Arnaldo Chambilla
Maquera como alcalde encargado de la provincia de El Collao, porque el
concejo edilicio no podía recomponerse por sí solo al tener a sus integrantes
hospitalizados o con orden de detención.
Chambilla Maquera en un primer momento aceptó en cumplir con el encargo
del JNE, no obstante las amenazas de muerte que recibió si retornaba a Ilave,
capital de El Collao, donde estalló la violencia. Pero debido al impedimento
físico que viene sufriendo por los golpes recibidos en fatídico día 26 de abril,
no puedo cumplir con el encargo realizo por el JNE. A la fecha se ha
105
designado al señor Ramón Áreas Santos como alcalde encargado de la
Municipalidad de Ilave.
De declarar la vacancia de la alcaldía de la provincia de El Collao, el Jurado
Nacional de Elecciones tendría que convocar a comicios ediles, los que se
realizarían el 17 de octubre de este año, junto con las Elecciones
Complementarias.
3.4.- Actuación del Ministerio del Interior
3.4.1 Declaración del ex Ministro del Interior, señor Fernando Rospigliosi
Capurro
Informe Del señor Fernando Rospigliosi Capurro, Ex Ministro del Interior,
ante la Comisión encargada de investigar los hechos sucedidos en la Provincia
de El Collao y las presuntas irregularidades en la Municipalidad de Ayaviri,
Provincia de Melgar, quien se encuentra acompañado por el Director de la
Policía Nacional, del señor Ricardo Valdez, viceministro del Interior; del
señor Dante Vera, Jefe del Gabinete de Asesores y miembro también de la
comisión que acompañó al señor Thais en el viaje a Ilave.
Al respecto, el señor Ex Ministro solicita al señor Director General de la
Policía Nacional del Perú, Gustavo Carrión Zavala, para que informe que con
106
fecha 04 de mayo de 2004 se han concluido con las investigaciones por el
equipo especial de la Dirección de Investigaciones Criminal, que fue
comisionada a Ilave para investigar los sucesos del día 26 de abril, que
terminaron con la muerte del Alcalde de Ilave. Después de examinar los
videos y con la presencia de representantes del Ministerio Público, se ha
determinado la responsabilidad de 28 personas, de las cuales el día 04 de
mayo de 2004 han sido capturados siete, entre ellas el Teniente
Alcalde, y quién posiblemente sería reconocido o acreditado por el Jurado
Nacional como el nuevo Alcalde, el señor Alberto Sandoval, de quien ha sido
probado fehacientemente su participación en los hechos imputados. Además
fueron detenidos el señor Teófilo Contreras, regidor del municipio de Ilave; el
señor Marcelino Aguilar, regidor del municipio de Ilave; el señor Gilberto
Olivera, regidor del municipio de Ilave; el señor Rogelio Quispe, poblador y
presunto autor de lesiones contra el alcalde; señor Henry Galo Medina
Cabrera, empleado de Radio San Miguel; y, el señor Wilbert Mamani
Mamani, poblador que participó en la incursión del inmueble donde se
encontraba el alcalde.
En un contexto de continuas alteraciones al orden público en el país y de gran
precariedad de recursos con que cuenta la Policía Nacional y el Ministerio del
Interior para atender múltiples demandas que no solamente son, naturalmente,
de orden público sino de seguridad ciudadana, terrorismo, narcotráfico, etc,
nosotros hemos tratado de atender de la mejor manera posible todos los
problemas que se han ido suscitando a los largo y ancho del país.
107
En el caso concreto de Ilave, el señor Rospigliosi señala que tuvieron
información de la situación que se estaba produciendo ahí desde el primer
momento por los canales regulares, tanto de la Policía Nacional como de las
autoridades políticas, es decir, prefecto y subprefecto, que informaban al
director de gobierno y él a su vez lo hacía conocer a las instancias respectivas
del Ministerio.
Se trataba de un problema local; es decir, no había una demanda al gobierno,
al Estado, porque no pedían una carretera, un puente o algo parecido, porque
en Ilave había movilizaciones o manifestaciones, a veces locales, que piden
algo al Estado. En este caso, no había ningún pedido de este tipo y, como se
sabe bien, no lo hubo hasta el final de estos incidentes.
Lo que había era un conflicto de poder entre fuerzas locales, entre miembros
de un mismo grupo político que estaban disputando la alcaldía.
De hecho, que se produjo una alteración del orden público en la medida en
que se cerró la carretera y se bloqueó el puente.
Señala, el señor Rospigliosi, refiriéndose a un eventual enfrentamiento: “Si
hacíamos eso, preveíamos que se iba a producir un enfrentamiento muy
violento con la población. Y el asunto es que nosotros no teníamos manera de
resolver el problema que originaba esa protesta. Entonces, hubiéramos tenido
que usar la fuerza constantemente, día tras día, porque el problema que daba
origen a esto no había manera de resolverlo y nosotros no sabíamos si se iba a
resolver en semanas o en meses; por lo tanto, prácticamente, era imposible 108
estar enfrentándose a la población todos los días sin perspectiva de resolver el
conflicto. Eso estaba muy claro para nosotros. En la medida en que había eso
y había una gran movilización de gente, no se trataba de unas decenas o de
unos centenares de personas. Se trataba de miles y miles de personas, según
los informes que recibíamos y según lo que también confirmaban, por otro
lado, los medios de prensa y los videos a los cuales teníamos acceso”.
La estrategia que siguió el Ministerio del Interior fue tratar de persuadir a la
población para adecuarse a los canales legales. Se han visto últimamente
vídeos y declaraciones de cómo el prefecto, por ejemplo, trató en todo
momento de mediar, de persuadir, de convencer a la gente que siguiera los
canales legales.
La Comisaría de Ilave tiene aproximadamente 20 policías normalmente; llegó
a tener entre 60 y 80 en los momentos de este problema. La Policía intentó
llegar, desbloquear la carretera, hubo enfrentamiento con la población,
decidieron no provocar más incidentes y filtrar policías de civil que luego se
hacían presentes en la Comisaría para evitar mayores problemas, pero a la vez
aumentando el número, duplicando, triplicando, cuadruplicando el número de
policías de la Comisaría para mantener un mínimo de orden en la ciudad, para
evitar robos, saqueos y otro tipo de problemas, cosa que se logró mantener.
Entonces, en este contexto es que el señor alcalde Cirilo Robles decide
regresar. Es verdad que él había pedido garantías a la Policía y al prefecto, al
presidente regional así como también a otras, quienes le dijeron que no se
109
podía garantizar su seguridad dado que había una masa inmensa de gente, muy
grande, muy enardecida, muy rabiosa, azuzada por líderes, algunos de los
cuales están ya detenidos hoy día, y la Policía no tenía recursos como para
protegerlo.
Enviando a algunas decenas o algunos centenares de Policía íbamos a tener
ahí, sin duda, enfrentamientos violentos.
El día de los acontecimientos sabemos que el alcalde se presentó, trató de
hacer la reunión, la Policía se acercó al lugar donde estaba el alcalde, pero fue
rechazada a pedradas por los revoltosos; tuvieron que retroceder hasta el local
policial y ahí fueron mantenidos a raya por la multitud que los apedreaba y
que en la noche ya asaltó el local, quemó un ómnibus e intentó quemar
también el local.
La turba atacó en la noche la comisaría. La Policía, a pesar de toda esta
situación crítica y grave y a pesar de que no habían muchos efectivos, pudo
rescatar a los heridos del hospital, también el cadáver del alcalde que algunos
revoltosos pretendían destrozar o quemar.
Al día siguiente, la Policía regresó al lugar, a Ilave, ya se habían retirado parte
de estas turbas revoltosas. Por eso el recibimiento fue distinto a la Policía,
porque la mayoría de revoltosos, quizás atemorizados por lo que pudiera
pasar, se habían retirado. También hubo un desplazamiento más o menos
110
importante de 220 policías. El lunes ya se habían enviado policías de refuerzo
de Arequipa y al día siguiente enviamos desde Lima a los policías que
quedaron, de reserva en la ciudad de Puno. Se prefirió no usar a policías de
Lima ahí porque eso también podía provocar mayor irritación.
El Ministerio siguió cercanamente los acontecimientos. Se decidió buscar la
negociación y el diálogo porque no había forma de imponerles una solución.
Ni el Ministerio ni la Policía podían imponerles una solución.
Sobre el rol de la Policía, el señor Rospigliosi señaló lo siguiente “La Policía,
en mi concepto a pesar de las carencias de la precariedad y las dificultades,
viene cumpliendo su función con dedicación y esfuerzo y contribuyendo
decisivamente a la estabilidad en el país. Por eso a mi me parece un craso
error que por intereses políticos, algunas personas pretendan menoscabar la
acción policial, porque eso es lo que finalmente están haciendo y poniendo a
la Policía en una situación de más precariedad en la que ya se encuentra.”
Hubieron sí, otros sujetos que han sido exhibidos también en los videos que
presentó, reservistas etnocaceristas, que estaban con el uniforme y con las
banderas que usan. Y han estado muy cerca o directamente implicados y eso
ya tendrá que ser determinado por los informes policiales y fiscales en la
situación de asesinato del alcalde.
Como ocurre en muchos lugares de provincias existen algunas radios que se
convierten en elementos fundamentales de la agitación y de la propagación de
la violencia, por conflictos locales o intereses económicos o de algún tipo, 111
desarrollan campañas de azuzamiento, de agitamiento, de agitación y a veces
hay que decirlo, de tergiversación y van creando un ambiente de violencia y
están incitando constantemente a la violencia. Tenemos información de que
algunas radios en Ilave jugaron, desgraciadamente, el papel de azuzadores del
conflicto y de partícipes de la creación de un ambiente de violencia.
En el caso referente de a la Municipalidad de Ayaviri, pudo señalar que
hay una facción del municipio de oposición, que pretende hacerse del control
municipal, la realidad es que esa gente se ha cerrado y no quiere saber otra
cosa más que vacar al alcalde sin importarle que hay un ordenamiento legal,
que indique cuáles son los procesos para lograr ese objetivo en el caso de que
el pueblo en conjunto así lo desee. También existen medios de comunicación
que están subvirtiendo a la población diariamente, con informaciones bastante
fuertes y que obviamente hacen que Ayaviri, en estos momentos, esté pasando
por un momento bastante difícil. El problema es la disputa de recursos.
En Ayaviri, dos delegados de la comisión de alto nivel, el señor Martín Soto y
el señor Saldarriaga de la Contraloría de la República, viajaron a la ciudad y
lograron un acta en la cual el señor alcalde pedía una licencia de 30 días,
mientras la Contraloría avanzaba en un tipo de investigación rápida, y la otra
facción, hacía los procedimientos legales ante el Jurado Nacional de
Elecciones para lograr la vacancia del alcalde.
Cabe señalar, que en este lugar, tampoco se ha podido recurrir y hacerse 112
efectiva la Ley de Revocatoria, por lo cual la figura que yo mencionaba hace
un rato de lo imposible jurídico en la cual se exige la renuncia o la destitución
del alcalde, es imposible.
Por lo tanto, no pudiendo hacerse la revocatoria vía esta consulta popular para
el 17 de octubre, exigiéndose un proceso que requiere hasta 4 sesiones para
decretar la vacancia del alcalde, pero peor aún, cuando el alcalde se resiste a
entrar a este proceso de vacancia e interfiere las decisiones de la otra facción,
es indudable que estamos ante un problema irresoluble en el sentido político.
El Ministerio del Interior dispuso un refuerzo policial, pero Rospigliosi
advirtió que estábamos ante un problema en la que la resolución policial no es
el factor principal de resolución, y estaban acudiendo a otras instancias, como
el Instituto de Estudios Rurales, (IER), que es una institución muy afincada en
la zona de la iglesia católica; estamos acudiendo a la Federación de
Campesinos, a la Vicaría de Solidaridad y otras personalidades y entidades de
Ayaviri, para crear una especie de intervención de la sociedad civil que
permita "arbitrar" esta dificultad.
3.4 Actuación de la Contraloría General de la República ante las
denuncias en Ilave.
113
3.5.1 Declaración de la Vicecontralora General de la República, señora
Rosa Urbina Mansilla
Con fecha 05 de abril reciben una comunicación por parte del Congresista
Yonhy Lescano, solicitándoles la participación de la Contraloría en la
Municipalidad de Ilave, por diversos problemas en la Municipalidad de Ilave.
Se comunicaron con la oficina regional de Puno y allí les manifestaron que la
municipalidad estaba tomada por la población y que no habían garantías para
poder ingresar y hacer la auditoría.
Con fecha 12 de abril se había convocado a una reunión en la oficina de la
Región Puno, en la cual estuvieron presentes el fiscal, el prefecto y el alcalde
de la Municipalidad de Ilave y en donde había manifestado que se había
suscrito una resolución encargando la municipalidad a uno de los regidores, al
regidor Teófilo Contreras, a fin de que la Contraloría pueda ingresar a hacer
una acción de control, una auditoría.
El día 13 se constituyen en la Municipalidad de Ilave para empezar a hacer la
auditoría, conjuntamente con los miembros de la Defensoría del Pueblo como
lo ha manifestado el señor Defensor del Pueblo, y los auditores con los
funcionarios de la Defensoría fueron retenidos por la población. Los
condujeron a ver el puente que se había caído, luego a ver una carretera
afirmada en donde manifestaron que no habían obras que había hecho el
alcalde, y después ellos tuvieron que recluirse en la comisaría del pueblo hasta
cerca de las siete de la noche que pudieron salir y volver a la ciudad de Puno.
114
No existió una denuncia anterior contra el alcalde Robles; recién a raíz, del
cabildo, con fecha 5 de abril, el congresista Yonhy Lescano les deja una
solicitud para que nosotros podamos ingresar a hacer la auditoría en la
municipalidad.
3.5.2 Informe escrito de la Contraloría General de la República
El 13 de abril de 2004 funcionarios de la Oficina Regional de Control de
Puno, en la persona del señor CPC. Julián Contreras Llallico, Jefe de la
Oficina Regional de Control de Puno, conjuntamente con otras autoridades se
constituyeron este día a la ciudad de Ilave y pudieron verificar que el local
municipal se encontraba cerrado y que existía un ambiente hostil en contra de
todas las autoridades, constatando que no habían garantías suficientes para
realizar actividades en dicha entidad.
El Organismo Superior de Control recibió solicitudes de los señores
Congresistas Yonhy Lescano Ancieta, Graciela Yanarico Huanca y Paulina
Arpasi Velásquez, para que se efectúe una acción de control en la
Municipalidad de la Provincia de El Collao – Ilave, comunicándoseles que la
acción de control será programada con la prioridad del caso.
El día 26 de abril de 2004, el señor Hugo Saldarriaga Ortiz, Gerente de la
Zona Sur de la Contraloría General de la República, recibió la indicación de
viajar a Puno, conjuntamente con la Comisión Thais.
115
Cabe indicar que en las reuniones de coordinación sostenidas con a Comisión
de Alto Nivel, se expresó que la Contraloría General no había efectuado
acción de control, para evaluar la gestión del Alcalde asesinado ya que no
pudieron ingresar al local municipal y que fueron obligados también con
violencia, a realizar caminatas hasta donde se encontraban las obras en
cuestión. También se explicó que la labor de la Contraloría se basa
principalmente en la revisión de la documentación, donde se registran las
operaciones, las cuales deberán ser presentadas ante los auditores por los
responsables del manejo de la entidad, situación que en el caso de la
Municipalidad Provincial de El Collao – Ilave, constituía una limitante, ya que
por un lado el local municipal se encontraba cerrado, desde que se iniciaron
los hechos violentos y por otro por la carencia de autoridades municipales, al
haber fallecido el Alcalde titular y al no ubicársele a los Regidores.
El día 27 de abril de 2004 los integrantes de la Comisión realizaron diversas
actividades, en las cuales los alcaldes mostraron su preocupación por la
situación de inseguridad y solicitaron que se efectúe acciones de control para
evaluar la gestión de quienes antecedieron en los cargos, ya que estiman que
en algunos casos, ellos son los que estarían dirigiendo a la población en sus
reclamos.
Ese mismo día el señor Hugo Saldarriaga, Gerente de la Zona Sur de la
Contraloría viajó a la Provincia de Melgar – Ayaviri, conjuntamente con el
señor Martín soto, asesor del CND, el Ing. Elmer Burgos Quispe, consejero
Regional y el CPC: Julián Contreras Llallico, Jefe de la Oficina Regional de
Control Puno, habiéndose reunido con los dos grupos en pugna: el alcalde
116
agrupado con dos Regidores y por otro un grupo de siete (7) Regidores. El
grupo de 7 regidores ha suspendido al alcalde por un año, mientras el citado
alcalde manifiesta que ha presentado una medida cautelar ante esta
determinación y ha presentado una denuncia por abuso de autoridad en contra
del grupo de regidores.
Una de las causales por las cuales ha sido suspendido el alcalde, es porque al
asumir el cargo no cumplió con ejecutar el acuerdo de Consejo, mediante el
cual debía solicitar que se ejecute una acción de control para revisar la gestión
del alcalde saliente, luego de las deliberaciones se acordó un cuarto intermedio
y reiniciar las deliberaciones al día siguiente.
Al día siguiente, se continuó con la reunión con la participación de los mismos
asistentes, excepto del señor Hugo Saldarriaga que tuvo que retornar a Lima.
En dicha reunión se suscribió el ACTA DE COMPROMISO AYAVIRI –
MELGAR, en la que el numeral 3, se indica: “Solucionadas las divergencias
por las instancias correspondientes del Estado, se realizará de manera
inmediata la acción de control por parte de la Contraloría General de la
República. Esta acción de control comprenderá el período de gestión del
alcalde anterior y la gestión del actual alcalde hasta la fecha. El representante
de la Contraloría se compromete a efectivizar el procedimiento
correspondiente”.
Debido a las limitaciones presupuestarias que afronta la Contraloría General
de la República, la Oficina Regional de Control Puno, que fuera inaugurada en
Octubre 2003, aún no cuenta con la capacidad operativa necesaria para atender
las demandas de acciones de control de las entidades de la Región, lo cual
117
motiva que no se tenga capacidad de respuesta oportuna, originando a su vez
reclamos de la ciudadanía, como la manifestación de un grupo de pobladores
del distrito de Caracoto, quienes se han hecho presente en dicha Oficina
Regional, exigiendo ser atendidos por la Contraloría General de la República.
3.5.3 Acciones Realizadas
Es cierto que muchas de las obras que prometió Robles Callomamani durante
su campaña electoral no han sido realizadas, pero también es cierto que la
Contraloría aún no ha evaluado realmente la situación financiera de la
Municipalidad Provincial de El Collao - Ilave.
La Contraloría intentó ingresar tardíamente a la zona, aproximadamente el 13
de abril último, justo cuando la revuelta ya era imparable, ello sobre todo a
pesar de que el día 5, el congresista Yonhy Lescano había enviado un Oficio
al Contralor General, Genaro Matute, pidiendo el envío inmediato de una
delegación ante la gravedad de los hechos que en ese momento ya se
suscitaban en Ilave.
La Contraloría tiene, en todo caso, denuncias contra la gestión de Robles
desde setiembre del año pasado, las cuales no ha realizado el respectivo
deslinde. Ha señalado que no podían ser objetivamente consideradas, pero en
todo caso deberíamos indicar algunos hechos que bien valdría la pena haber
tenido en cuenta como elementos de juicio para realizar, a partir de indicios
razonables, una verdadera investigación, que no fue hecha de ningún modo:
118
1.- El atestado policial Nº 110-COMIS-ILAVE "A" SID, de setiembre del
2003, registra investigaciones realizadas por la División PNP de Ilave, los
cuales después de una evaluación de las acusaciones realizadas, determinaron
que había presunta comisión de diversos delitos en la modalidad de concusión,
colusión desleal, peculado, malversación de fondos, falsificación de
documentos en general, abuso de autoridad y omisión de denuncia. En los
hechos consignados en la denuncia, junto al asesinado alcalde Cirilo Robles
también estaban involucrados los funcionarios Delfín Angulo Gutiérrez,
Vladimir Omar Salazar Díaz y Rodolfo Muñico Incacutipa.
2.- Además, un informe del Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial El Collao-Ilave estableció que se efectuaron
desembolsos indebidos por concepto de reintegros a las remuneraciones por
un importe de S/. 22.757,34, así como una falta de control en la asistencia
diaria y contrataciones irregulares del personal. En la pesquisa se advierte que
las planillas de remuneraciones del personal contratado a plazo fijo no llevan
la firma del jefe del departamento. También se cuestiona la omisión de
descuentos por inasistencias y faltas al centro de trabajo por un monto total de
S/. 1.523. Cirilo Robles reconoció los incrementos de los ingresos de los
funcionarios. En tanto que la jefa de personal, Ofelia Arcos Cotrado, admitió
que se otorgaron bonificaciones sin sustentar la aplicación legal de dichos
pagos. El informe de 45 páginas fue encomendado por el consejo municipal y
audita el periodo comprendido entre diciembre del 2002 y julio del 2003.
119
3.- Sobre el destino de los 8 millones 300 mil soles del presupuesto municipal
del año pasado, el alcalde Fernando Robles declaró que con parte de ese fondo
había reparado el Puente Viejo (caído en el año 2000). Inclusive con motivo
del aniversario de Ilave, la autoridad programó la colocación de la primera
piedra. Así se lee en el folleto alusivo a la fecha. Aseguró que otra suma se
destinó a la pavimentación de la carretera Ilave - Mazocruz, que se va unir con
la Binacional que viene de Desaguadero y sigue hasta Tacna. También en este
caso convocó a la inauguración del tramo inicial de la obra e incluyó el acto
en el programa celebratorio. Robles habló además de la refacción del estadio y
del mercado. En realidad, basta acercarse a esos lugares para comprobar que el
puente sigue caído y la carretera sin pavimentar.
4.- Otro hecho, denunciado por el teniente alcalde Alberto Sandoval y aún no
esclarecido, habría el hecho de haber beneficiado ilegalmente a cuatro
funcionarios de su entera confianza con sueldos abultados. Se lo denunció por
haber autorizado el pago de sueldos que iban desde los 2.300 a los 2.500 soles
mensuales a favor de funcionarios a quienes, además, se les exoneró del
registro de asistencia al Concejo Provincial de El Collao - Ilave. La Policía
Nacional del Perú hizo las investigaciones del caso y comprobó el tema. El
fiscal adjunto de Ilave, Juan Eloy Coya Ponce, hizo la denuncia de rigor el 24
de octubre del 2003 y un juez le abrió instrucción.
5.- La Fiscalía Provincial Mixta de Ilave, realizó una denuncia penal, mediante
el expediente No.150-2003-FPMCI-MP-PUNO, por cuanto la Municipalidad
de Ilave, otorgó la buena pro para insumos en su programa del Vaso de Leche
a la empresa Sol de los Andes", cuando esta había sido seriamente cuestionada
120
y retirada de la lista de proveedores de la municipalidad provincial de
Huancané.
6.- En el mismo expediente policial quedó "plenamente demostrado y
establecido la comisión del delito de peculado y malversación de fondos" de la
administración de Cirilo Robles , al emitir éste la Resolución de Alcaldía No.
110-2003, la que se dispuso la utilización de "caudales de la Municipalidad
Provincial El Collao-Ilave, para favorecer a terceros aplicando en su calidad
de funcionario una mala administración de dinero, que bien podría ser
utilizado en programa de apoyo social para la provincia El Collao - Ilave".
3.6 Actuación del Gobierno Regional
Declaración del Presidente del Gobierno Regional, David Jiménez
Sardón:
“Originalmente todo el tema estaba centrado en la renuncia del alcalde.
Nosotros, como gobierno regional, asignamos una partida a Ilave, a la
provincia de Collao, para tres obras, para agua y desagüe; agua para Ilave,
para Pilcuyo y una partida para la carretera Ilave - Mazo Cruz; pero todas
las partidas, como es un presupuesto elaborado de manera participativa en el
Consejo de Coordinación Regional, todas estas partidas son contraparte de lo
que den los municipios.
121
Y, entonces, habíamos conversado con el alcalde Robles para poder empezar
con las obras. Pero por motivos ya de su propia gestión no se llegaron a
canalizar ningún aporte, salvo una reunión que tuvimos para una
electrificación rural que se formó con mi comité de electrificación.
El día siete, después de la presentación que estuvo el Consejero Regional, la
Vicaría y la Defensoría, se encontraron que ya había una circunstancia muy
conflictiva.
Buscamos nosotros dar una salida, una solución. Entonces, buscamos
negociar nuevamente con el Alcalde, y logramos que él presentara una carta
solicitando permiso por el máximo tiempo que la ley le otorgara.
Esta carta fue notarial, porque conversábamos con la otra parte, decían "ya
tenemos esto, que levanten el paro y en todo caso debe rehacerse la vida en la
comuna". No lo aceptaban, había necesidad de formalizar más; tuvimos que
hacer que esa carta fuera notarial; esta carta fue presentada y tampoco fue
aceptada. Entonces, se ha dicho que si bien es cierto sería por ley con un
período de permiso, sin embargo, quería que se diga a qué y a quién se
encargara. Tuvimos nuevamente negociaciones para lograr que el Alcalde
saque una resolución nombrando a uno de los regidores como encargado de
la alcaldía. Hubo sectores que radicalizaban su protesta; y cuando
alcanzamos ya soluciones, primero que si la carta no alcanzaba a sus
reclamos; ahora había una carta pidiendo permiso.
122
Y, entonces, se empezó a radicalizar algunos grupos. La gran cantidad de la
gente escuchaba y se veía actitud de diálogo; pero habían focos donde se
presionaba y donde se agitaba, y que hacía ya una acción muy difícil de poder
mantener, insostenible.
Convocamos en el Gobierno Regional a una reunión; porque no era fácil ir a
Ilave. Todos los que habían estado tuvieron una sensación de bastante
peligro, todos los que estuvieron: el gerente regional, el consejero regional,
personalmente lo constaté; el agente de Defensoría.
Entonces, convocamos, después de reunirnos con el Prefecto, ya el día lunes,
con la Vicaría, con la Defensoría, con los dirigentes de Ilave. Me reuní con la
Defensoría, le dije que ya tenía el documento del alcalde en un documento
original autentificado y que además había recibido de la población varias
observaciones formales de los documentos que también los rectificaron.
En algún momento había un error en una fecha, cambiamos el tema, se hizo lo
más pulcro posible, se realizó la documentación. Entonces convocamos a los
alcaldes, en esa reunión que convocamos a los alcaldes, yo comuniqué a los
de Defensoría que yo había conseguido estos documentos y que con eso sí
habíamos resuelto el problema.
Cuando estuve en Ilave, quise reunirme con los dirigentes,pero no tenía
seguridad, no tenía garantías. No me dieron opción las mismas circunstancias
123
había gran cantidad de gente y yo entré con un grupo, yo tenía la idea, les
dije a los dirigentes que quería reunirme primero con ellos en la parroquia
para ponerme de acuerdo con los dirigentes, porque hasta el momento en que
fui a Ilave no tuve contacto personal con ellos, a varios de ellos no los
conocía todavía..
Pero no pude, no me dieron opción para reunirme y directamente fui hacia la
plaza y en la plaza cuando participé y hablé con varios de los que estaban
allí, pedí volverme a reunir con ellos y no me permitieron. La misma gente
pedía que no, a los dirigentes le pidieron ya no podemos entendernos ante
tanta gente. Entonces con algún tipo de asentimiento ellos también dijeron,
bueno, entonces, negociamos aquí en la plaza, trajeron una mesa, no había
luz, no había cómo negociar, porque habían miles y estaban los dirigentes
también, hubo participación, ni un responsable de varios ciudadanos.
Esa noche, fue la primera noche que se discutió el tema legal, porque no era
posible que el alcalde salga, entonces participaron varios abogados, inclusive
participó el asesor legal de la región, que me acompañó porque es de la
ciudad de Ilave. Entonces cuando ya tuve la documentación acá convoqué y el
Prefecto estuvo acá, le dije lo que habíamos avanzado, estuvo la Vicaría y la
Defensoría.
Entonces convocamos a los dirigentes vinieron a Puno, nos reunimos con
ellos, y les informamos lo que teníamos, es decir, todas las cartas
debidamente arregladas como querían ellos, que teníamos la resolución en
124
original, nominando a una persona.
Entonces, ellos nos dieron un cuarto intermedio, y después de un largo
proceso de negociación ellos prácticamente consensuaron el acuerdo, hicimos
frente a toda la prensa, incluso salieron titulares al día siguiente el nombre
del nuevo alcalde, le alcanzaré toda la información aquí.
Los dirigentes retornaron a su ciudad, ya el ánimo estaba calmado, se había
resuelto, ya por eso los mismos transportistas se sintieron de alguna manera
la solución les había llegado.
Acordamos viajar al día siguiente, porque no quisieron recibir los
documentos, solicitaron que sean entregados oficialmente en la Plaza de
Armas de Ilave. Al día siguiente convoqué al Contralor, quien había sido
designado para el caso Ilave. Cuando estabamos a punto de partir, me
llamaron con urgencia para resolver otro tema. Y aquí si fue un miembro del
Consejo Regional, y cuando estuvieron allá no permitieron que se abra el
municipio.
Respecto al tema Ayaviri no es mi competencia, pero sí, nosotros como
Gobierno Regional hemos nominado una Comisión del Consejo que se ha
encargado de la atención de todos los heridos, de buscar sus garantías, se
comentó el número de desaparecidos. En ese tema hemos estado, pero en
profundidad no conozco el detalle de lo que pueda hacer el Poder Judicial,
125
que es un órgano independiente.
He sentido una sensación, a lo largo de este tiempo, de que quienes
manejaron la dirección del movimiento en Ilave no buscaban resolver el
problema sino llegar a un momento cada vez más confrontacional.
El objetivo de un grupo de dirigentes era romper el diálogo con el Gobierno
regional, no de la población, de un grupo de dirigentes. Esto hizo que las
negociaciones de alguna manera se congelaran, porque ellos ya no querían
dialogar.
En el tema Ayaviri no hubo una connotación social tan grande, se dio una
fricción entre un grupo de regidores y el alcalde.
Tenemos allí de manera permanente al consejero de la provincia que está
manejando el tema desde un inicio en calidad de veedor, en calidad de buscar
conciliación de los temas en conflicto, que es lo único que tenemos, porque no
tenemos más competencia.
En concreto se ha llegado a reuniones, primero con la comisión dirigida por
el señor Thais, donde ha participado un consejero, y entiendo que han
caminado hacia temas de conciliación.
126
Pero al día siguiente al incorporarme aquí me encontré con la noticia de que
el alcalde se había ido a Ilave, entonces francamente a mí me preocupó
sobremanera. Al enterarme, inmediatamente llamé al prefecto, llamé al
coronel de la policía, a la vicaría, llamamos —y os reunimos aquí— a la Cruz
Roja, llamamos a un pastor evangélico para ver qué podíamos hacer, que ya
fue una cosa para poder resolver y salvar.
3.7.- Declaración del Defensor del Pueblo, señor Walter Albán Peralta
Lo que regularmente tiene que hacer la Defensoría del Pueblo es proteger los
derechos de la comunidad, de cada persona, frente a la autoridad, frente a la
institución estatal o frente al funcionario o servidor público.
Podríamos decir que a partir del 2 de abril hasta el 26 de abril la Defensoría
tuvo una actuación permanente de seguimiento de estos problemas actuando
en correspondencia a lo que señalé en unos momentos en su rol de supervisión
y su rol también en este caso de protección de derechos y mediador para tratar
de encontrar alguna fórmula de acuerdo o de diálogo que permitiera dar salida
a este grave conflicto.
Como complemento del hecho de que se cumpliera este rol facilitador, se
conformó una comisión mediadora que tuvo como componentes a la
Prefectura, a la Vicaría, a la solidaridad de Juli y al representante de la
Defensoría del Pueblo en Puno. Esta comisión mediadora buscó como una 127
fórmula de entendimiento que pudiera producirse una alejamiento del alcalde
en sus funciones en tanto se podrían hacer las actuaciones necesarias por parte
de la Contraloría General para evidenciar hasta qué punto era o no fundada o
fundado el cuestionamiento que hacían estos manifestantes que protestaban
contra el alcalde respecto a supuestas irregularidades o malos manejos.
Cabe señalar que a la Defensoría del Pueblo le llegó el día 15 de abril un
memorial donde la población daba cuenta de sus exigencias y donde concluía
además de que tendría que haber necesariamente la renuncia del alcalde o la
vacancia de ese cargo y solicitaban que pudiéramos actuar en esa dirección; es
decir, contribuyendo a que pudiera concluirse el problema de esa manera.
El día 16 de abril visitan la Defensoría del Pueblo dos dirigentes, los señores
Rubén Pari Mamani y Rufino Vidal, de la Central de Barrios. Tuvieron una
larga conversación con ellos que venían ya de haber obtenido diálogo aquí en
el Congreso de la República con congresistas de Puno y también con
organismos electorales, y estuvimos analizando las alternativas.
En algún momento, incluso, estos dirigentes hicieron saber que ya estaban
informados de que el plazo para la revocatoria se les había vencido y que por
tanto no podían acudir a este mecanismo, se los habían ya explicado en las
instancias electorales.
La posición de la Defensoría del Pueblo en ese caso fue que si bien esto ya se
había programado de esa manera por parte de los organismos electorales, no
era la ley la que establecía que solamente se podría hacer una consulta al año y 128
que los plazos por tanto tendrían que ser esos para todas las circunstancias o
todas las situaciones, que en consecuencia ellos adoptaban el mecanismo en la
revocatoria que igual suponía reunir en ese caso no menos de 11 mil 600
firmas, que era el 25% del número que aparece en el padrón de electores de la
provincia.
Habría que hacer gestiones ante el jurado y ante la ONPE para que se pudiera
considerar o reconsiderar esta situación y encontrar una salida que pudiera
permitir que esto finalmente llegue a una solución.
Incluso estos dirigentes manifestaron su deseo de ir a conversar esto con los
otros dirigentes a Puno y evaluar cuál de estas opciones podría ser la más
idónea para que encontraran esta salida y querían la presencia de una comisión
de buenos oficios en la cual pudiera estar presente un representante de la
Defensoría del Pueblo.
Hablaron en esa oportunidad de convocar a la Asociación Civil Transparencia
y también a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Sin embargo, los hechos durante esos días, o sea ya después entre el 18 y los
días siguientes, aparentemente en base también a las intervenciones que había
tenido el congresista Lescano, los pobladores habían optado más bien por
seguir el camino de la vacancia.
129
Esto los llevó a que plantearan una convocatoria al consejo para poder buscar
la vacancia que, como sabemos, supone la inexistencia injustificada por más
de tres sesiones del alcalde.
Habían planteado para el día sábado una sesión del consejo en Ilave y esto fue
lo que le hicieron conocer a la congresista Arpasi, de que no tendría sentido
una visita a Puno porque ellos iban a permanecer en Ilave y en todo caso
estaban dispuestos a esperar en Ilave a la comisión que pudiera desplazarse.
En una coordinación que ya se tuvo directamente con la Coordinadora de
Derechos Humanos y con la Organización Civil Transparencia, llegamos al
acuerdo que no era prudente viajar en esas circunstancias porque no se iba a
tener manera de entrevistarse en Puno, que más bien aparentemente todo
estaba encaminado al tema de la vacancia.
Algunas palabras de la declaración del Defensor del Pueblo ante el Grupo de
Trabajo es importante tomarlas en cuenta:
“...Así lo hicimos conocer allá y dijimos que diferíamos el viaje pero
estaríamos desplazándonos a Ilave tan pronto como ellos culminaran con este
procedimiento y por eso nos convocamos para una reunión el mismo lunes 26,
donde ya por los medios pudimos saber lo que estaba ocurriendo en Ilave y la
trágica situación que termina con el asesinato del alcalde”.
“En fin, este es, entonces, el informe que queríamos brindar, sobre los hechos
130
de Ilave y la actuación de la Defensoría del Pueblo. Lo que sí debe quedar en
claro es que la Defensoría, en la última oportunidad que conversó con el
Alcalde Cirilo Robles, le solicitó que no llegara a presentarse él a Ilave en las
circunstancias en las que en ese momento se encontraba el problema, porque
era evidente que su integridad corría riesgos”.
3.8 Actuación de los representantes establecidos ante el Poder Legislativo
3.8.1 INFORME DEL CONGRESISTA JONHY LESCANO ANCIETA
“El Congresista Yonhy Lescano ante la Comisión encargada de investigar los
hechos sucedidos en la Provincial de El Collao – Ilave, y los problemas
sociales en la Municipalidad de Ayaviri – Provincia de Melgar, manifiesta que
hace más de un mes en la provincia del Collao - Ilave se produjeron una serie
de reclamos de la población, y esta situación llegué a conocer mediante los
medios de comunicación que me llamaban de Puno, por ejemplo,
Radioprogramas Regional y otras radioemisoras como es la Radioemisora
Regional San Miguel, radio Onda Azul y Pachamama, que daban noticias de
estos acontecimientos en que el pueblo había salido a las calles reclamando la
gestión del ex alcalde, el señor Fernando Robles Callomamani.
Posteriormente, me llegaron una serie de documentos, hasta memoriales de los
pobladores que comencé a canalizarlos y comencé hacer el pedido para la
intervención de las autoridades competentes. En efecto, desde fecha 5 de abril 131
giro documentos, e incluso en muchos de ellos consigno urgente como podrá
usted notar a la brevedad posible, haciendo un llamado al señor Genaro
Matute Mejía, contralor, para que pueda intervenir, digo que hay más de 20
mil personas que estaban en estos actos de reclamos.
En otros oficios, de fecha 13 de abril llegan dos comisiones de la provincia de
El Collao pidiendo ayuda para resolver el problema, porque ellos esperaban la
resolución del problema ya que no estaban contentos con al gestión del ex
alcalde. Esto es derivado al Presidente de la Comisión de Fiscalización, al
Jurado Nacional de Elecciones también, al Presidente del Congreso, al
Ministro de Justicia.
Con fecha 7 de abril a pedido de mi persona se expide el pronunciamiento de
la Comisión de Gobiernos Locales, indicando que el pedido para el retiro de
una autoridad municipal tiene sus pasos legales, incluso se invoca el
mantenimiento de la paz social y el orden institucional.
No solamente esto, se nos expide esta resolución del Jurado Nacional de
Elecciones, donde también se explicaba cuáles eran los pasos, los trámites que
tenían que cumplirse para expedir o para retirar a una autoridad municipal,
además se logró conseguir otro documento que explicara paso a paso cuál
debía ser el trámite para la vacancia de un alcalde. Esto también fue expedido
por la Comisión de Gobiernos Locales. Con todos estos documentos viajo a
Puno. Ya en el lugar donde sucedían los hechos, me refiero a la población
aproximadamente 15m mil aymaras: "Yo voy a agilizar para que esto se
132
resuelva rápido", porque, obviamente, ellos querían, pues, una solución rápida.
Posteriormente, debía viajar una comisión, y la comisión no viaja. Ayer
mismo el ministro indica que el sábado antes de la muerte del alcalde iba a
viajar una comisión y no viaja, y el único que viaja es el congresista Lescano
también que tenía ir nuevamente a poner el pecho, la cara, porque nadie quería
ir. Todos analizan y hacen sus declaraciones en Lima y después curiosamente,
pasan cuestiones de Ripley, como lo que han sostenido algunas personas que
son familiares del alcalde. Nuevamente, el día sábado voy y reitero mi pedido,
incluso me atrevo abrir el puente internacional de Ilave y no me deja la
población. O sea, nosotros todavía exponiendo nuestra vida para ayudar a
resolver el problema. Además el día que el señor prefecto está en Ilave para
poder más o menos buscar una solución, que ha sido creo el día 12 de abril o
el 13 de abril, me llaman por teléfono, porque dice que había llamado a una
serie de autoridades y no le habían hecho caso. Me llaman por teléfono, me
ponen el speaker o el altavoz y yo un poco indignado les digo, les recrimino a
los dirigentes y a los regidores que como estaban haciendo problemas.
Los hechos se dieron porque creo que no hubo un nivel de diálogo entre la
población y la gestión edil, lo que desemboca en esta confrontación en una
asamblea en el municipio que dio lugar a todo estos 25 días de paralización.
Posteriormente, a la muerte del señor alcalde se nos ha hecho llegar una serie
de pedidos de los mismos familiares, de los mismos regidores heridos. Como
ha explicado ayer el mismo Ministro del Interior, indica que yo he hecho los
133
pedidos para que se les otorgue garantías, no solamente de ellos, sino de la
comunidad de Inchupalla que son donde viven los familiares del señor
Fernando Robles Callomamani. Han llegado a mi oficina y ellos me piden
también garantías, y esto lo he derivado al ministro, he hablado personalmente
con él para que se les pueda entregar garantías a estas personas.
El día 26 de abril sucedió lo siguiente: la señora Marina Cutipa me llama el
día lunes cuando lo había capturado la población a su esposo, me dice:
"Congresista, por favor, haga algo", porque lo han detenido a su esposo, y yo
llamo a Pachamama y Radio Onda Azul, diciéndoles que ellos no pueden estar
haciendo esas cosas, que habíamos hablado, que habíamos dialogado esas dos
veces que fui, y nosotros llamamos a la prudencia, a la serenidad y que
respeten. Esto es en la mañana a las 11:00 de la mañana cuando estaba en
pleno problema, y no solamente a través de esas radios, sino a través de otras
radios se hizo el llamado para que puedan poder respetar la vida del señor
alcalde y todas las personas que habían detenido, habían capturado, los habían
tomado como rehenes.
Aquí están las referencias de los regidores heridos, en ningún momento se
hacen imputaciones como se ha querido hacer en una denuncia totalmente
fuera de foco.
Considero que hay dos factores fundamentales en el caso de Ilave; primero,
una falta de diálogo y manejo en la gestión edil que ha ocasionado la ruptura
de la relación entre el municipio y el pueblo. En segundo lugar, falta de
134
mecanismos electorales que permitan la discusión de la revocatoria o vacancia
más rápidamente de las que existen en estos momentos, porque los
mecanismos no son adecuados. En tercer lugar, la falta de atención a
necesidades básicas de la población de carreteras, de salud, educación.
Considero además que hubo concurrencia de varios factores, en primer lugar,
el problema del municipio, había una serie de confrontaciones ahí. Pero
cuando yo fui las dos veces a Ilave, se hacían pedidos de carreteras, se hacían
pedidos de educación, se hacían una serie de pedidos, inclusive la primera vez
yo tuve que contestar esos pedidos que se hacían, entonces había una
confluencia ahí de factores no solamente la situación municipal sino otras
necesidades que se presentaban, porque si la población no percibía
necesidades, lógicamente que la situación hubiera sido menor respecto a la
protesta del alcalde, pero sí creo que hay algunos otros factores más.
Entonces, yo podría indicarle lo siguiente: Después de más o menos 15, 16, 17
ó 18 días de conflictos graves en Ilave, con toma de puentes, el congresista
Lescano va a ver y tratar de solucionar el problema. Eso no puede constituir
ningún tipo de distorsión o de levantar los ánimos. Y ahí están las
grabaciones, incluso, les digo, hay que entrar al diálogo, hay que actuar con
prudencia, hay que actuar con serenidad, me atrevo ir a abrir el puente.
Entonces si yo hubiera querido levantar el ánimo, hubiera obligado a que se
mantenga el cierre del puente; y lo que yo fui, en la última oportunidad, es a
intentar abrir el puente. Ahí están la versión de las autoridades y también del
Ministro del Interior, del jefe de Gabinete, del mismo prefecto, del
135
viceministro del Interior, que yo he ido a hacer una labor de pacificación y
tratar de solucionar el problema, porque los ánimos, por el contrario, estaban
caldeados. Es lo que puedo decir respecto a las actividades realizadas por mi
persona ante los sucesos en Ilave”.
3.8.2. INFORME DE LA CONGRESISTA GRACIELA YANARICO
HUANCA ANTE LA SUB-COMISION
“Creo que como congresistas hemos hecho nuestra parte en poder hacer los
trámites pertinentes a las distintas instancias, pero eso sí yo tengo que
reconocer que no fui a Ilave. Y creo que lo he aclarado públicamente, no me
he sentido lo suficientemente valiente como para ir, como el congresista
Lescano lo ha hecho. Sin embargo, del mismo modo me adhiero, creo que el
congresista Lescano no ha hecho algo indebido.
El problema principal ha sido que ha generado el problema de gobierno local,
hay que reconocer. Creo que también que la viuda expresó enfáticamente que
el problema se ha suscitado el día del cabildo abierto.
Pero el problema se suscitó cuando dijo que la carretera Ilave - Mazo Cruz no
se iba a hacer porque no había dinero, pese a que ya anteriormente habían
convocado a una sesión ordinaria en la que habían puesto que sí se iba a
realizar el trabajo de esa carretera. Pero cuando dijo que no se había hecho,
entonces, cuando él quería explicar qué pasó con ese dinero, a qué rubros
136
había ido, ahí fue el problema que no le entendieron. Y creo que de ahí se
inicia el problema.
A lo que dijo, Yonhy Lescano, que había un desgobierno, que no había quien
asumiera, creo que eso es una mentira. Muchas veces puede ser que no esté
informado el congresista Yonhy Lescano. En este momento ya hay un nuevo
representante que es el señor Chambilla que ha asumido.
Y nuevamente reitero que la investigación sea exhaustiva. Yo creo que el
hecho que se les haya ido la mano tampoco quede impune. Debe saberse qué
pasó, quién estuvo detrás de ellos.
Porque ahora hemos podido captar en el caso Tilali. Hay líderes, son cuatro o
cinco o tres los que lideran. Si ellos en ese momento dicen no, toda la
población se le viene encima. Si ellos dicen sí, también toda la población se
queda tranquila.
Como todos los congresistas, he enviado distintos documentos a las diferentes
instancias. Sin embargo, el día 16 de abril, es donde pedí, dirigido al señor
Javier Velásquez Quesquén, presidente de la Comisión de Fiscalización se
sirva conformar una comisión especial de investigación sobre el hecho
denunciado, a fin de esclarecer los presuntos actos de corrupción que se
estaría cometiendo en dicha gestión edil. Obviamente, ese era el problema
principal, que decían que supuestamente había un acto de corrupción, que
nosotros tampoco podíamos decir que sí, por eso digo supuestamente. Es la
que pedí esta comisión, que es la que es conformada.137
Entonces, creo que sí hubo una preocupación de parte mía y también llamadas
telefónicas con el señor prefecto del departamento, también llamadas con el
mismo alcalde y pude conversar, para su retiro temporal. Porque eran las
manifestaciones que yo escuché del pueblo que no quería retirarse, que quería
seguir persistiendo de seguir allí, yo lo llamé y le dije que primero estaba su
familia, sus hijos, y quisiera un retiro temporal. Y creo que me hizo caso,
porque por la tarde del día sábado yo le vuelvo a llamar y me dice que sí había
hecho ya el retiro, y creo que eso fue muy importante.
Creo también que faltó actuar, porque dice enfáticamente y lo puede leer en la
parte superior, donde dice que hay los graves problemas de la provincia de
Ilave. Entonces, también la falta de las autoridades que no fueron
inmediatamente a atender a la población y no hubiera pasado lo que pasó.
Bueno, en fin, sobre la leche derramada ahora nada podemos hacer.
Pero también digo que son las equivocaciones humanas, pero que esto no debe
quedar así, sino esto debe servir de reflexión para todas las autoridades,
inclusive para el Congreso, para actuar rápidamente referente a esto y más si
hay este tipo de problemas.
Y otro de los problemas que yo percibo, es que el Congreso, en la Comisión
de Gobiernos Locales, deberían rápidamente actuar sobre la reformulación de
los proyectos por ejemplo la revocatoria, si bien es cierto que existe, pero un
poco que vamos a empezar ahora a saturar. No nos olvidemos que hay muchas 138
provincias, hay muchos distritos a nivel nacional.
La ambición del poder, eso es lo que ha sucedido en este momento, porque yo
lo que he escuchado, es de que las dos personas, tanto el alcalde como el
teniente alcalde eran muy amigos, y qué pasó, qué pasó. Es todo lo que puedo
informar sobre el tema”.
3.8.3 INFORME DEL CONGRESISTA GUSTAVO PACHECO VILLAR
ANTE LA SUB-COMSIION
“El Estado se retiró y se retiraron los policías, y se retiró el Ministro del
Interior, y se retiró el prefecto, y se retiró el Jurado Nacional de Elecciones, se
retiró la Fiscalía, se retiró el Congreso. El Estado se ausentó en Ilave. Esa es
mi primera impresión.
A comienzos de abril mi despacho, que tiene instalados desde el 1 de junio de
2001 antes que juramente mi cargo como congresista de la República electo
por Puno, un despacho que es una oficina parlamentaria descentralizada
ubicada en el jirón Deza 207 en la localidad de Puno. Ahí tengo un equipo de
asesores, asistentes y practicantes que continuamente se preocupan por la
labor parlamentaria y de fiscalización en mi departamento de Puno.
Yolanda Cornejo, Jacqueline Roque, están al frente de mi oficina
parlamentaria descentralizada. Desde el comienzo me reportaron los hechos en
Ilave. Voy a presentar un informe escrito de todos los legajos e informes que 139
me han llegado continuamente de mi propia oficina.
Yo estoy a su disposición y por eso le voy a preparar un informe escrito para
que no quede duda de qué se hizo, qué no se hizo.
Las emisoras locales de mi departamento me llamaron continuamente con esta
preocupación a comienzos de abril. Todos los puneños sabíamos lo que pasaba
en Ilave, en las emisoras locales mi posición era clara y firme: llamar al
diálogo, llamar a sosiego, llamar al entendimiento, al respeto a la
Constitución, al respeto a la vida, siempre respetando las protestas de los
pueblos porque la voz de los pueblos es la voz de Dios.
En la Comisión de Fiscalización hice sentir también mi voz, ahí están las
transcripciones que le voy adjuntar por escrito, y la Comisión de Fiscalización
invitó al Contralor General de la República en el hemiciclo, está filmado, está
grabado. Allí le digo al Contralor, esto sobre el 10 ó 12 de abril, "Contralor, en
Ilave hay problemas, hay que enviar gente de Lima, de la Contraloría General
de la República, para chequear el asunto de los dineros que presuntamente
están mal gastados en Ilave".
Está grabado que el Contralor General de la República dice "sí, vamos a
mandar dos técnicos desde Lima". Vamos a ver qué nos contesta el Contralor,
ahí está la gestión clara, filmada, con vídeos.
El domingo 25 fui a mi departamento a trabajar con las comunidades de
140
Huata, Coata, Capachica, Iachón, Taquile, en Juliaca, para impulsar un
corredor que lleve el progreso a mi tierra Juliaca-Taquile.
Lo primero que hice, fue tomar contacto con el prefecto departamental de
Puno. Hay un vídeo y se nota la presencia del Gerente General de Córpac en
Lima, el Gerente Central de Córpac de Lima con los que viajamos a Puno;
está presente el Director Regional de Defensa Civil del departamento de Puno;
el Gerente General de EsSalud del departamento de Puno; y otras autoridades.
Le pregunto al señor Prefecto cómo estaba Ilave un día antes de la barbarie. El
señor Prefecto me dice, que el tema está solucionado en un 98%.
Yo agradecí a Dios que estas cosas fuesen así, y creyendo en el Prefecto
departamental, en la noche del domingo, en la víspera, muy de noche me retiré
de Puno. A la mañana siguiente estaba la tragedia.
Según la Constitución Política del Estado, según las leyes de la República, el
prefecto regional es el responsable de velar por el orden de mi región. Y con él
he hablado, pues, y ante él he dicho "cómo está la región", y ahí está el vídeo
—usted lo va a poder ver—; y él dice "está solucionado en un 98%", señor
Coordinador.
Si el señor Prefecto departamental me hubiera dicho "congresista —ahí están
los testigos—, tenemos problemas en Ilave, ayúdenos a resolver", yo cogía el
teléfono inmediatamente y hablaba con el presidente Alejandro Toledo. En mi
141
pueblo saben que mi relación con el presidente de la República es cercana, lo
mínimo que hubiera hecho es llamar al presidente Toledo, llamar al ministro
Rospigliosi, señor, hay problemas acá, porque es mi función representar a mi
departamento, pero el prefecto dio esa información.
Si hubieran dado garantías hubieran dado una escolta de un policía, por lo
menos para que vea, para que hagan un seguimiento. Si hay una ciudad
tomada 25 días, van a ser un seguimiento al alcalde y yo sí creo que se pudo
hacer muchas cosas, que el prefecto pudo hacer muchas cosas, el ministro del
Interior, muchas cosas.
Por ejemplo, señor Presidente, el ministro del Interior pudo tener la
sensibilidad de viajar a Puno durante 25 días una vez, enviar al viceministro
del Interior una vez. No lo hizo, hasta el día de hoy ni el ministro ni el
viceministro han ido a Puno ni antes ni después de la muerte, han enviado al
señor Dante Vera, que es el jefe de los asesores del Ministerio del Interior.
Yo tengo un informe que destruye al prefecto de la región enviado por mi
oficina parlamentaria descentralizada, el mismo día. Este informe está
justamente narrando lo que ocurrió con mis asesoras en Puno, con mis
asistentes en Puno, con mis representantes en Puno, que van donde el prefecto
y le dicen: oiga prefecto, está ocurriendo esto en Ilave, y qué hace el prefecto,
dice que él no va a ir a Ilave y envía al sub prefecto toda la responsabilidad del
caso, sabiendo ya que el alcalde está tomado ahí y se va a almorzar.
142
Del prefecto observé una actitud de derrota sin más que resolver, al
preguntarle cuál era la situación real respondió el prefecto: "hay problemas,
hay problemas".
Es muy peligroso viajar, el coronel Becerra me ha dicho que le ha advertido al
alcalde que no viaje, pero no le ha hecho caso y se fue y ahora mire. Por eso
yo no puedo viajar porque correría mucho riesgo, dice el prefecto, porque tres
miembros de Inteligencia ya me han llamado diciéndome que era un peligro si
viajaba, que me podían secuestrar, porque querían tener a bastantes
autoridades secuestradas.
Yo no puedo exponerme, por eso no viajo ni viajaré, primero está mi
autoridad. Aquí está todo, mi Oficina Parlamentaria Descentralizada, la OPD,
le contesta: pero, señor Prefecto, no hay ninguna solución para este problema,
más no bien en no identificarse con su comunidad, su autoridad si estaría en
juego, le dicen, le preguntamos si nosotros podíamos viajar, Jackeline Roque y
Yolanda Cornejo. Le preguntamos si nosotras podíamos viajar, el prefecto
contesta: no, no, no, y si van vayan bajo su responsabilidad que yo y la
prefectura no vamos a tener nada que ver en esto, pues si pasa algo y dicen
que vinieron a la prefectura, nosotros diremos que han ido bajo su
responsabilidad y no es la nuestra, advertimos que no viajen.
Dice mi oficina: nos tomó la delantera al salir de su oficina de manera muy
descortés, inmediatamente nos dirigimos al paradero de Ilave y fuimos a Ilave.
Esto concluye uno de los informes que tiene mi oficina 04-04 que me llega.
Esta es la actitud del prefecto regional.
143
La ley no ampara el abuso del derecho y se protege la vida, incluso del que
quiere suicidarse. Cómo el Estado va a ayudar a suicidar a un alcalde, de
ninguna manera. Si no se puede contra 10 mil personas, correcto, pero contra
5 personas si puedo (Alcalde y sus regidores) quienes pidieron garantías, le
voy a decir una cosa importante, alguien le aconsejó que lo iban a vacar, al no
estar presente en su municipio lo podían vacar.
Él era alcalde provincial del Collao, podía haber sesionado en otro lugar
distinto a Ilave, en otro municipio del Collao, nadie se lo dijo, y el prefecto se
fue a almorzar a continuación de su secretaria.
Había un puente colapsado internacional que une Perú con Bolivia, ¿dónde
estaba el ministro de Transportes y Comunicaciones? Presidente, habían
problemas con los centros poblados que aquí se han dicho, ¿dónde estaba el
Consejo Nacional de la Descentralización? Habían problemas en el sector
agrario porque eran gente del campo, el ministro de Agricultura, el señor José
León estuvo en Ayaviri, pues, en Melgar, en las mismas fechas en que había
problemas en Ilave. ¿Se acercó, preguntó, su director regional agrario le dijo
algo sobre el tema Ilave? Se retiró el Estado de ahí, de Ilave se retiró el Estado
y por eso le estoy diciendo que el señor Rospigliosi tiene responsabilidad
funcional y aquí hay que investigar el camino de lo que es homicidio comisión
por omisión, hay comisión por omisión. Se retiran todos.
Concluyendo. Que la primera responsabilidad no es del ministro del Interior,
es del Jurado Nacional de Elecciones. Es el máximo tribunal electoral, es un
144
tribunal conformado por vocales supremos, que tiene autonomía
constitucional y que tiene, pues, que mojarse en estos temas. Si el tema era,
como ha dicho el congresista Máximo Mena, local municipal, era un tema de
revocatoria de su alcalde, de vacancia de su alcalde. El Jurado tiene que
mojarse.
Segunda responsabilidad, entiendo yo que es la fiscalía. ¿El Ministerio
Público dónde está?, ¿dónde ha acusado? ¿Dónde están los acusados? Qué
situación la del Poder Judicial puesta de costado. El Ministerio Público no
existe, creo que el Jurado Nacional de Elecciones, la fiscalía, el Poder Judicial
están dentro de ese ámbito. ¿La Defensoría del Pueblo cómo actuó, dónde
actuó, a qué hora actuó? Porque el Congreso está para legislar, para fiscalizar,
para representar, pero la Constitución dice que hay otros organismos, otras
instituciones que tienen que velar por el resguardo del orden público.
También, creo que es responsabilidad del Ministerio del Interior, del resto del
Consejo de Ministros que no tocó este tema, nadie tocó este tema en el
Consejo de Ministros y va ser responsabilidad de este Congreso de la
República no censurar al ministro, porque la Constitución Política del Estado
nos da a nosotros la posibilidad de censurar a un ministro, o sea, esa es nuestra
responsabilidad. En representación de nuestro pueblo, tenemos que censurar al
señor Rospigliosi por lo que acabo de decir.
Termino mi exposición pidiendo perdón a mi pueblo”.
145
3.8.4 INFORME DE LA CONGRESISTA PAULINA ARPASI
VELASQUEZ ANTE LA SUB-COMISION
“Para que esto no vuelva a repetirse creo que tenemos que cambiar leyes.
Cómo los alcaldes tienen que constituirse bien, formando, creando sus
consejos de concertación regional, porque faltó eso, yo creo, hubo mucha
separación del alcalde de su pueblo, y entonces, nosotros tenemos que ver esto
y la investigación determinará para que no vuelva a repetirse otro Ilave más en
los otros lugares y nosotros como congresistas tenemos que tener mucho
cuidado en esta parte de la legislación.
Yo, me mantengo de igual manera. Yo había dicho, bueno, tocando el último
punto. El ministro dijo: "Me han interpelado porque he mandado policía para
que les disparen los policías".
Segundo dice: "Porque no he mando para que disparen, me han interpelado".
Yo quiero dejar aquí claramente: Yo no estoy en contra de los policías, porque
han querido decir que nosotros estamos en contra. Nosotros no estamos en
contra de la policía, porque la policía ya hablan aymara, quechua, así como las
demás lenguas, entonces, nosotros con la policía conversamos, dialogamos.
Lo que yo he pedido: "si desde el primer día se hubiera mandado más policías
hubiera habido orden, no hubiera sucedido de repente estas cosas; los
dirigentes hubieran dialogado con los policías, hubieran mantenido el orden".
146
VII) CONFLICTOS DE DISTINTA INTENSIDAD SUSCITADOS
ACTUALMENTE ENTRE POBLADORES Y AUTORIDADES
LOCALES Y REGIONALES (FUENTE DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO)
El Defensor del Pueblo en funciones, doctor Walter Albán Peralta, mediante
Oficio DP-2004-254, emitió a este Grupo de Trabajo un Informe conteniendo
las sumillas de los casos de conflictos suscitados entre pobladores y distintas
autoridades locales y regionales, conocidos por la Defensoría del Pueblo, que
al momento de redacción de este Informe Final, se venían dando en diversos
puntos del país.
Este Grupo de Trabajo considera que, dada su importancia documental y como
mapa de conflictos de alcance general, debe ser sumillada de modo íntegro en
el presente Informe:
RELACION DE CONFLICTOS POR REGION
1. REGION AYACUCHO
1.1 Distrito de Carapo, provincia de Huancasancos.
El alcalde Román de la Cruz Rojas, procedente del anexo de Porta Cruz,
habría desarrollado obras solo en su anexo, despertando el descontento del
resto de la población. La autoridad ha sido amenazada con comunicados, 147
ataques a la municipalidad, objetos de brujería y otros.
Fecha: Marzo 2004.
1.2 Provincia de Cangallo.
El Frente de Defensa ha cuestionado al alcalde Óscar Tineo de la Cruz porque
habría iniciado la remodelación del palacio municipal sin autorización del
concejo y sin expediente técnico. El Frente convocó a paro provincial e
intentó tomar el local.
Fecha: Abril 2004.
2.- REGION AMAZONAS
2.1 Distrito de Huancas, provincia de Chachapoyas.
El alcalde Eduardo Fausto Dilas Cerna fue denunciado por haber
supuestamente falsificado firmas para la inscripción de su candidatura; sin
embargo, dicho proceso fue archivado. Esta decisión ha generado un ambiente
de tensión en este distrito.
Fecha: Abril de 2004.
2.2 Provincia de Utcubamba.
Presuntas irregularidades en la gestión del alcalde Juan Novoa Flores fueron
148
motivo de cuestionamientos por parte de la población. Ello devino en la
apertura de un proceso de vacancia que fue declarado fundado.
Fecha: Enero-marzo 2004.
3.- REGION ÁNCASH
3.1 Distrito de Huallanca, provincia de Huaylas.
Supuesta falta de transparencia en la gestión del alcalde Hugo Córdova Milla.
Sin embargo, la mayoría de denuncias han sido han sido archivadas. Los
integrantes del Frente de Desarrollo y Defensa del distrito de Huallanca y
caseríos programan un paro regional.
Fecha: mayo 2004
3.2 Provincia de Huaylas.
Descontento de un sector de la población por gestión del alcalde de la
provincia de Huaylas, Roberto Espejo Ramírez. Además se ha difundido un
audio en el que aparentemente se demostraba que el alcalde coaccionaba al
propietario de un medio de comunicación y se expresaba mal de la población.
El último 5 de mayo la población rodeó el Palacio Municipal e impidió la
salida del alcalde y los regidores.
Fecha: abril-mayo 2004.
149
3.3. Distrito de Quillo, provincia de Yungay.
Supuestas irregularidades en el manejo presupuestario por parte del alcalde
Juan Cruzado Navarro. El alcalde fue desalojado y la municipalidad cerrada.
Actualmente el representante de la municipalidad despacha en oficinas
alquiladas. El alcalde tiene proceso penal abierto.
Fecha: Se mantiene hasta el momento.
3.4. Distrito de Samanco, provincia de Santa.
Supuestas irregularidades en el manejo de los recursos de la municipalidad a
cargo de Jaime Casana Escobedo. Hace un año y medio, el alcalde distrital de
Samanco despacha en un local alquilado en el Centro Poblado Menor de
Huambacho (distrito de Samanco), debido a que la población tiene cerrada la
municipalidad.
Fecha: 2002 hasta la actualidad.
3.5. Provincia de Yungay.
Asesinato del periodista Antonio De la Torre Echandía ocurrido en la ciudad
de Yungay el pasado 14 de febrero de 2004. La población acusa al alcalde de
Yungay, Amaro León León, de ser el autor intelectual del delito y en señal de
150
protesta y presión levantó un muro de adobe frente a la puerta de ingreso de la
Municipalidad Provincial de Yungay. Se exigía la vacancia del cargo de
alcalde. El alcalde se encuentra detenido actualmente. El muro fue demolido
por los propios pobladores.
Fecha: febrero-abril 2004.
4.- REGION AREQUIPA
4.1. Distrito de Miraflores.
Problemas referidos a la seguridad, orden y delimitación de áreas en la feria El
Altiplano. El alcalde es Luis Aguirre Chávez.
Fecha: abril 2004.
4.2. Distrito de Majes, provincia de Cailloma.
Los adjudicatarios de parcelas de la irrigación Majes, en Cailloma, reclaman
adjudicación de nuevos lotes urbanos. El alcalde es Víctor Huarca Usca.
Fecha: mayo 2004.
5.- REGION CAJAMARCA
151
5.1. Provincia de Cutervo.
Existe descontento de un sector de la población hacia la gestión del alcalde
Jorge Luis Paredes Guevara. En marzo, la población se movilizó en protesta
contra dicho funcionario y trató de sacarlo del cargo por la fuerza. El 28 de
abril de 2004 se optó por iniciar el proceso de vacancia.
Fecha: marzo-abril 2004.
5.2. Provincia de San Ignacio.
Conflicto entre las comunidades nativas de San Ignacio y la Empresa Minera
Monarc Gold S.A.C.
Fecha: Abril 2004.
6.- REGION CUSCO
6.1 Distrito de Accha, provincia de Paruro.
El descontento de la población se debe a que supuestamente el alcalde Ronald
Núñez permanece en el distrito solo los fines de semana.
Fecha: 2003-2004.
6.2 Distrito de Omacha.
152
No habría seguimiento a los procesos judiciales que se le siguen al anterior
alcalde. Contra el PETT los cuestionamientos se deben a por constantes
problemas y enfrentamientos entre comunidades como consecuencia de
límites entre propiedades.
Fecha: 2002-2004.
6.3. Provincia de La Convención.
La alcaldesa Fedia Castro es cuestionada porque estaría solicitando un
adelanto de 70.000 dólares del canon gasífero, supuestamente sin ninguna
justificación. Se le acusa también de no encontrársele en de Quillabamba por
viajes constantes a Lima con fondos de la municipalidad.
Fecha: mayo 2004.
7. REGION HUANCAVELICA
7.1 Huancavelica.
Descontento de un sector de la población por la gestión de los municipios y el
Gobierno regional. Se cuestiona supuesta falta de transparencia. Existe una
amenaza de marcha de sacrificio de 3000 comuneros de la comunidad de
153
Chopcca.
Fecha: mayo de 2004.
7.2. Huancavelica.
Protesta por el nombramiento de docentes foráneos en mérito a lo dispuesto
por la ley número 28197. Inclusive se llegó a tomar el local donde se
realizarían las adjudicaciones.
Fecha: 15 de abril de 2004.
8.- REGION HUÁNUCO
8.1 Provincia de Yarowilca.
Cuestionamiento a elecciones municipales. La población de Chavinillo
(capital de Yarowilca) no ha dejado ingresar al alcalde Abel Soto Ponciano
desde el 2002.
Fecha: noviembre de 2002 hasta la fecha.
8.2 Distrito de Jacas Grande, Huamalíes.
Los comuneros reclaman por el incumplimiento de la promesa electoral del
154
actual alcalde Antógenes Nuñez Marcos de construir la carretera que une
Jacas Grande con el Centro Poblado de Huacash Grande.
Fecha: 03 de mayo de 2004.
9.- REGION ICA
9.1 Límite entre Chincha y Cañete.
Pugnas y enfrentamientos entre los alcaldes distritales de Chincha y de San
Vicente de Cañete que involucra a los pobladores de Nuevo Ayacucho. El
enfrentamiento es por la demarcación territorial de la pampa de Melchorita.
Fecha: mayo de 2004.
10.- REGION LORETO
10.1 Distrito de Putumayo.
Supuesta vulneración del derecho de acceso a la información, falta de obras y
presunta malversación de fondos y apropiación ilícita. Población se posesionó
del frontis de la municipalidad a fin de que la Contraloría de la República se
constituyera en la zona e investigue al alcalde Víctor Raúl Reátegui Paredes.
Fecha: Abril 2004.
155
10.2 Distrito Genaro Herrera, provincia de Requena.
Supuestos actos de corrupción, incumplimiento de funciones y denegación de
información. La población intentó tomar la municipalidad.
Fecha: Abril 2004.
10.3 Distrito de Trompeteros- Provincia de Loreto.
Los jefes de las comunidades nativas de Trompeteros intentaron tomar el local
de la Municipalidad exigiendo la destitución del alcalde Aldo Schrader Vargas
por incumplimiento de promesas y por supuestos malos manejos de los bienes
y recursos municipales. El 7 de mayo los Apus regresaron a sus comunidades,
pero con la indicación de que si las autoridades no daban respuesta en ocho
días regresarían a Villa Trompeteros para tomar medidas más drásticas.
Fecha: Mayo de 2004.
10.4 Alto Amazonas.
La población exige la destitución del gerente subregional.
Fecha: 28 de abril de 2004.
10.5 Distrito de Cahuapanas.
156
Las poblaciones indígenas Chayahuita y Aguaruna cuestionan la gestión del
alcalde Oswaldo Peralta Rojas.
Fecha: 27-29 de abril 2004.
10.6. Distrito de Lagunas.
Se cuestiona la gestión del alcalde Rider Padilla Sinarahua. Se tomó local
municipal produciéndose enfrentamientos entre distintos grupos de la
población.
Fecha: abril-mayo 2004.
11. REGION LAMBAYEQUE
11.1 Distrito de Cayaltí, provincia de Chiclayo.
Disputa por el control de la Empresa Agroindustrial Cayaltí. Esto ha
producido pugnas y enfrentamientos entre los propios pobladores.
Fecha: febrero de 2004.
11.2 Distrito de Chiclayo.
Desalojo de comerciantes del Mercado Modelo, quienes el 28 de abril de 2004
157
secuestraron al gerente de saneamiento del municipio. Esto originó
enfrentamientos entre el alcalde y el presidente regional.
Fecha: abril de 2004.
12. REGION LA LIBERTAD
12.1 Distrito de Chao.
Pugna entre el señor Manuel Vargas Hilario, suspendido en su función de
alcalde por dos años, y la población.
Fecha: 2002-2004.
12.2 Distrito de Carabamba, provincia de Julcán.
Descontento por la gestión del alcalde Luis Ever Trujillo Guevara sobre quien
pesa un proceso de revocatoria.
Fecha: Febrero del 2004.
12.3 Distrito de Huasao, provincia de Julcán.
Descontento por la gestión del alcalde Mercedes Ladimir Castro Arteaga.
Fecha: Febrero del 2004.
158
12.4 Distrito de Huaranchal, provincia de Otuzco.
Descontento de un sector de la población por la gestión del alcalde Ovidio
Alvarado Rodríguez por supuesta falta de transparencia en la gestión
municipal, así como supuestos enriquecimiento ilícito, malversación de
fondos, peculado, etc.
Fecha: 2004
12.5 Provincia de Santiago de Chuco.
Descontento por la gestión del alcalde , Eberth Rojas Alipio.
Fecha: 2004.
12.6. Distrito de Paiján.
Los pobladores de Nueva Arenita han tomado conocimiento de que habían
sido excluidos del Proyecto de Electrificación de Paiján II, en razón al informe
del año 1999 elaborado por una arqueóloga. En dicho informe se concluye la
existencia de restos arqueológicos en la zona ocupada por ellos desde 1993.
La población tomó la carretera Panamericana.
Fecha: Abril - mayo 2004.
159
13. REGION PIURA
13.1 Distrito Carmen de la Frontera, Huancabamba.
Consideran que el alcalde está colaborando con la compañía minera Majaz
que es rechazada por la población.
Fecha: Abril y mayo 2004.
13.2 Distrito de Querecotillo, provincia de Sullana.
Se cuestiona al alcalde Luis Márquez Morán por supuestas irregularidades,
abusos y maltratos a los pobladores del distrito de Querecotillo.
Fecha: Marzo-mayo 2004.
14. REGION PUNO
14.1 Provincia de Yunguyo.
La población cuestiona la gestión municipal Ernesto Gauna Mamani y
supuesto incumplimiento de promesas electorales.
Fecha: Marzo-mayo 2004.
160
14.2 Distrito de Accora, Puno
Cuestionamiento a la gestión municipal y supuesto incumplimiento de
promesas electorales de parte del alcalde Julio Chana Alave.
Fecha: Abril de 2004.
14.3. Provincia de San Román.
Se cuestiona la gestión del alcalde Miguel Ramos Benique por supuesto
incumplimiento de promesas electorales e incumplimiento de la rendición de
cuentas. Del mismo modo, se ha solicitado el retiro de regidores por causales
de vacancia y el despido de funcionarios de confianza que no son oriundos de
la zona. Inclusive se ha tomado el local de la municipalidad en una
oportunidad.
Fecha: Enero- mayo 2004.
14.4. Provincia de Azángaro.
Se ha constituido una comisión revisora de las cuentas del municipio que
evaluará la gestión del alcalde Percy Choque Ramos y los demás funcionarios.
Se ha realizado marchas por lo que hubo rebajas de sueldos. Cerca de la zona
llamada el Tanque de Agua ha aparecido una bandera roja y un panfleto en el
que se convoca a un paro para el 17 de mayo.
Fecha: Abril-mayo 2004.
161
14.5 Distrito de Asillo, provincia de Azángaro
El 11 de mayo tuvo lugar un paro contra alcalde Antolín Huaricacha
Huaricacha. Se tomó el local del municipio, se lacraron las puertas y una
comisión integrada por un consejero regional, el subprefecto de Azángaro y
dos regidores del municipio, designó a un regidor Eusebio Condori para que
asuma las funciones del alcalde. El alcalde titular no se encuentra en la zona.
Fecha: mayo 2004.
14.6 Distrito Paucarcolla, Provincia de Puno.
Pobladores tomaron el local municipal para exigir la ejecución de obras. Del
mismo modo, trabajadores municipales piden pago de remuneraciones. Luego
de una reunión sostenida con el alcalde Cosme Beltrán Pineda y la presencia
de un representante del Ministerio Público, se llegó a un acuerdo.
Fecha: 20 de abril 2004.
14.7 Lugar: Provincia de El Collao.
Protestas de la población contra la gestión del ex alcalde Cirilo Robles
derivaron en el asesinato de dicha autoridad. Ahora los problemas se
extienden al proceso penal y a las detenciones realizadas contra los supuestos
162
autores de tal delito, así como al descontento de un sector de la población con
relación a la proclamación del nuevo alcalde realizada por Jurado Nacional de
Elecciones.
Fecha: Abril-mayo 2004.
15. REGION SAN MARTÍN
15.1 Distrito de Huicungo.
Hace tres meses que un grupo de pobladores ha tomado el local municipal
para evitar que el alcalde Carlos Benavides Fernández ingrese y ejerza sus
funciones, acusándolo de irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Entonces alcalde ha trasladado su despacho a Juanjuí.
Fecha: Febrero-mayo 2004.
16. REGION TACNA
16.1 Municipalidad Provincial de Candarave.
Descontento por la gestión del alcalde Tomas Laqui Villegas. Los pobladores
pretenden expulsar al alcalde por presuntas irregularidades cometidas.
Fecha: mayo 2004.
163
17. REGION UCAYALI
17.1 Municipalidad de Coronel Portillo.
Conflictos por la propiedad de terrenos en asentamientos humanos de esta
provincia que concluyeron posteriormente en una movilización que dio lugar a
actos de vandalismo.
Fecha: 13 de enero de 2004.
17.2 Ucayali.
Las comunidades nativas de Churinashi, Jatitza, Azuaya, Betijay, Santa Clara,
Alto Tamaya, Nuevo California, Nueva Amazonía de Tomajao, Cametsari,
Quipatsi, San Miguel de Chambira, Mariscal Cáceres, Yamino, Sinchi Roca,
Puerto Nuevo y Puerto Azul se oponen a las concesiones forestales y
sobreposición de tierras de comunidades nativas.
Fecha: Desde setiembre 2003.
164
VIII).- REFLEXION SOBRE LAS CONSECUENCIAS MEDIATAS E
INMEDIATAS DEL CRIMEN DE ILAVE.
1. Las manifestaciones clásicas de la violencia. La práctica del
linchamiento y su grado de incidencia en la Provincia de El Collao.
Fuente Ovejuna, es una obra del escritor español del Lope de Vega,
representante del llamado “Siglo de Oro” de las letras, que narra una
sublevación popular contra un tirano abusivo y corrupto. El texto toma sus
datos de un hecho real ocurrido en el año 1476. El lugar de este
acontecimiento histórico fue Fuente Ovejuna, un pueblo de Córdova en
España.
La ira popular se dirigió contra los abusos que cometía el gobernador don
Hernán Pérez de Guzmán. El pueblo entero, incluidos mujeres y niños, entra a
su casa por la fuerza y cobrar venganza por su propia mano. El tirano es
apedreado y despedazado, ya muerto es arrastrado fuera de la casa. A la
llegada de las autoridades para indagar por la brutal muerte en la que había
sucumbido el gobernador, la única respuesta que recibe fue: "Fuente Ovejuna
lo hizo". Finalmente los reyes de España, tomando en cuenta las injusticias
cometidas por el gobernador, amnistían al pueblo entero.
El linchamiento es una práctica bastante antigua, aunque debe su nombre al
Juez del Estado norteamericano de Virginia, quien en 1780, ejecutó a una
banda de conservadores (conocidos en ese entonces como “tories”) sin darles 165
un juicio legal. Esa acción fue llamada “Lynch Law” (Ley de Lynch). De
acuerdo a la definición del Diccionario Enciclopédico Ilustrado Sopena, la
palabra linchar significa: "castigar, usualmente con la muerte, sin proceso, y
tumultuariamente, a un sospechoso o a un reo".
Muchas razones se han invocado para explicar el asesinato de Cirilo Robles,
entre ellos la indignación del pueblo, convencido de que su máxima autoridad
habría realizado malos manejos al llevar a cabo su gestión. Todos estos
combustibles atizaron la furia de la revuelta, pero de por sí resultan suficientes
para desencadenar la violencia colectiva contra un solo hombre . El deceso de
Robles solo puede entenderse al intentar entender la idiosincrasia de sus
electores: el pueblo aymara.
Sea porque es una tradición ancestral, o porque como el acceso a la justicia es
limitado y, muchas veces, decepcionante para ellos mismos, los aymaras
acostumbran hacer justicia con su propia mano. Una de las formas más
extremas de esta manifestación de lo que el teoría procesal jurídica se conoce
como “autocomposición” es el linchamiento.
Los actos de "justicia por mano propia" se han ido incrementando los últimos
años en todo el país y también en el exterior. Los linchamientos son
considerados como actos de violencia extrema, pero que, curiosamente se
producen entre las mismas víctimas del sistema, así como sus ejecutores, pues
generalmente han sufrido, a lo largo de su existencia, vivencias similares de
pobreza, injusticia y desesperanza, es decir, ambos provienen de los mismos
estratos sociales.
166
El diario La República publicó un informe sobre las últimas manifestaciones
populares que han concluido con prácticas de linchamiento. De acuerdo a la
fuente, podemos mencionar las más recientes:
a) Caso del señor Óscar Guevara Maquera.
El 10 de marzo los vecinos de la comunidad de Jalluyo, distrito de Pilcuyo, a
15 minutos de Ilave, descubrieron al agricultor Oscar Guevara Maquera con
cinco ovejas ajenas. Inmediatamente lo apresaron. El presunto abigeo no fue
conducido a la comisaría, ni al juez ni al teniente gobernador del distrito. Lo
ajusticiaron a golpes. Guevara fue atado al poste de su barrio durante ocho
horas, lo obligaron a beber gasolina, sus testículos fueron destrozados a
patadas y sus costillas fueron rotas a palazos.
b) Caso del señor Juan Ccama Ccama
El 14 febrero del 2001, el señor Juan Ccama Ccama fue apresado por sus
vecinos, los comuneros de Jilacatura, luego de que se encontraran dos
cadáveres en la puerta de su casa. Ccama tenía antecedentes por homicidio,
por lo que, aun sin ninguna otra prueba, fue considerado el culpable natural.
El señor Ccama rendía su instructiva en el local del juzgado de Ilave cuando
una turba de cientos de comuneros, alertados por el rumor incierto de que lo
liberarían, tomó por asalto el edificio y sacó a Ccama a la calle. Fue
167
arrastrado, azotado, golpeado e insultado, hasta la puerta de su vivienda en la
ciudad. Los comuneros sacaron sus muebles a la vía pública y allí, amarrado
sobre una de sus propias mesas, Ccama fue quemado vivo.
c) Caso de los abigeos de Mañazo
El 15 de marzo, dos ciudadanos juliaqueños, que se habían apropiado de
aproximadamente 1.700 soles a un ganadero de la comunidad de Mañazo. Los
comuneros, con botes de gasolina en la mano, rodearon la sede del juzgado y
reclamaron que les entregaran a los criminales. La policía tuvo que sacarlos
por las casas vecinas, y llevarlos a toda máquina a Juliaca. La masa, en su
frustración, estuvo a punto de incendiar la comisaría.
d) Caso del agricultor incendiario de Pataccollo
En febrero del 2002 el pueblo de Pataccollo, en la localidad aimara de Zepita,
se conmocionó luego de que un agricultor incendiara la vivienda de su
hermano y su cuñada, debido a un problema de tierras. El hombre y sus
cómplices huyeron a Bolivia, pero dos semanas después fueron capturados en
Desaguadero. Mientras el campesino estaba en la Fiscalía de Juli, un millar de
personas se congregó frente a la comisaría de Zepita para exigir que les
dejaran ver al asesino. Después de horas de tensión la policía llevó al hombre.
La masa estuvo a punto de lincharlo. En un caos de piedras y gases
168
lacrimógenos, los agentes consiguieron sacar al criminal y regresarlo a Juli. La
población, en represalia, incendió la comisaría.
En el análisis de todas las circunstancias, hay ciertas actitudes que vale la pena
recoger y reiterar. La práctica de los linchamientos no ha evitado que sigan
produciéndose robos y hurtos. La aplicación de la simple represión en algunas
áreas produce que el delito se reorganice y arremeta en otras que han quedado
con menos protección. A la vez, van aumentando las formas violentas del
delito. Sin embargo, siguen aplicándose con mucho énfasis en la Sierra Sur del
país, sobre todo en zonas como las de la Provincia de El Collao.
La mayoría de comuneros no acude a los pasillos del juzgado mixto en busca
de justicia. En estos pueblos las reglas son claras. Los robos suelen ser
castigados con multas y golpizas, que como en el caso de Guevara pueden
terminar en la muerte. A los adúlteros se les desnuda y azota. En algunas
zonas, el crimen prácticamente ha sido desterrado, gracias a castigos
ejemplares "y salvajes" que han terminado inevitablemente con la muerte de
los criminales.
Sin embargo, ninguno de los estudios actuales en materia antropológica y
etnográfica, sobre todo los realizados en la última década, ha buscado
entender y, aún más, a sostener que en la actualidad el linchamiento sea parte
de la justicia comunitaria practicada por alguno de los pueblos originarios de
nuestro país. Es cierto que acciones corruptas de algunos alcaldes fueron
enfrentadas con procedimientos de lo que podría llamarse justicia comunitaria,
169
sin embargo mucha des ellas fueron decididas en asambleas o cabildos luego
de amplia deliberación. Éste es un tema que también merece ser estudiado y
debatido, sobre todo por la inoperancia de los mecanismos jurídicos
competentes. Pero, en ningún caso se ha llegado a los extremos de aplicación
de pena de muerte, ni menos del linchamiento, inopinado e inmediato como en
el caso de Robles Callomamani (de ahí que nuestra tesis señala que hay que
distinguir el hecho social del hecho criminal, pues sino entraríamos en
contradicciones flagrantes).
Este Grupo de Trabajo quisiera transcribir algunos párrafos del Informe sobre
la matanza de 8 periodistas en la localidad ayacuchana de Uchuraccay , en
1983, elaborada por la Comisión Vargas Llosa, como un medio de plantear
ideas de reflexión sobre el grave y complejo problema ético, social, político y
judicial que plantea el hecho de que la población tome la justicia por “mano
propia”:
“Con una ligereza que los acontecimientos posteriores pondrían de
manifiesto, autoridades civiles y militares, políticos del Gobierno y de la
oposición, órganos de prensa democráticos y gran parte de la ciudadanía vio
en estos linchamientos sumarios, una reacción sana y lógica por parte del
campesinado contra el terrorismo (...) y una victoria para el sistema
democrático (...)
Nadie, sin embargo, en el país, planteó, antes de la muerte de los periodistas,
el grave problema jurídico y moral que esos linchamientos constituyen para
170
un sistema democrático. En efecto, ¿pueden justificarse estos asesinatos en el
principio de la legítima defensa? Aceptar o alentar a las comunidades
campesinas a hacerse justicia por sus manos contra los abusos y crímenes de
Sendero Luminoso significaba también socavar íntimamente el ordenamiento
jurídico de la República y proveer, sin quererlo, una cobertura al amparo de
la cual se podían cometer toda clase de venganzas personales, desquites
regionales y étnicos, además de accidentes terribles. La matanza de los
periodistas ha venido a recordar dramáticamente al país que un sistema
democrático no puede olvidar jamás, ni siquiera cuando lucha por su
supervivencia, que su superioridad moral sobre los sistemas autoritarios y
totalitarios radica en que, en su caso, como dijo Albert Camus, son los
métodos los que justifican los fines. En el caso que nos ocupa hubo una clara
relajación de esos métodos sin la rectificación o amonestación'
correspondiente. En estas condiciones ¿cómo no hubieran sentido los
comuneros iquichanos -si es que hasta ellos llegaban los ecos del país oficial-
que habían actuado con absoluta legalidad y legitimidad?.
Más que distribuir responsabilidades -que, en este caso, a juicio de la
Comisión comparte todo lo que Jorge Basadre llamaba el Perú oficial o por
lo menos el sector democrático de éste que recibió con alivio la noticia de las
ejecuciones de "senderistas", la Comisión cree necesario y urgente, llamar la
atención sobre el conflicto que plantea, en nuestro país, la existencia junto al
sistema jurídico occidentalizado y oficial, que en teoría regula la vida de la
nación, de otro sistema jurídico, tradicional, arcaico, soterrado y a menudo
en conflicto con aquél al cual ajustan su vida y costumbres los peruanos de
las alturas andinas (...)”.
171
2.- La crisis del estado y la ausencia de representatividad del Sistema
Politicola difícil construcción de un concepto de ciudadanía peruana.
Puede decirse que desde el aspecto de las concepciones legales y
constitucionales, el concepto de ciudadanía ha sido el menos desarrollado, a
pesar de que se lo nombra en todos los instrumentos jurídicos desde nuestra
historia republicana. Según el analista y ex secretario técnico de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación, Javier Ciurlizza, la noción de “ciudadanía”
puede actualmente explicarse desde tres hipótesis que se complementan
mutuamente:
a) La ciudadanía no se agota en su definición jurídico - política, sino que
adquiere sentido en su ejercicio cotidiano. La práctica de la ciudadanía
alimenta de manera permanente el concepto.
b) La evolución del concepto jurídico de la ciudadanía ha estado marcado
por una serie de factores sociales, especialmente aquellos referidos a la
organización económica y a la discriminación y marginación como
forma de construir el país, desde los sectores dominantes.
c) La relación entre ciudadanía y democracia nos lleva a mencionar
reiteradamente los aspectos que definen a una democracia participativa.
En este sentido, enfrentamos hoy dilemas derivados de las luchas entre
una estrategia eficientista pro-mercado y las nuevas lógicas de los
movimientos sociales.
172
Para Ciurlizza, el concepto de “ciudadanía” como definición preliminar, que
este Grupo de Trabajo comparte, vendría a ser “el medio por el cuál todo ser
humano goza de los derechos y las libertades reconocidos y reconocibles, en
razón de su propia naturaleza y sin discriminación alguna”. El
constitucionalista Enrique Bernales ha señalado alguna vez la urgencia de
fundar un Estado más democrático y moderno, y esto, además, implica una
relación simétrica entre derechos y ciudadanía, a través del reconocimiento de
la constitucionalización.
Contemporáneamente, el concepto de ciudadanía aparece vinculado con los
derechos humanos internacionalmente reconocidos. La naturaleza de este
vínculo tiene que ver con la habilitación de poseer derechos. No podemos
encontrar, entonces, el concepto de ciudadanía únicamente vinculado a la
nacionalidad, ni tampoco a condiciones formales para su ejercicio.
Debemos recordar la importancia que tienen las instituciones en América
Latina y en el Perú. Las instituciones podemos considerarlas como las reglas
de juego de una sociedad o más precisamente las limitaciones ideadas por el
hombre que dan forma a la interacción humana y por consiguiente estructuran
incentivos en el intercambio humano de índole diversa.
La función principal de las instituciones en la sociedad es reducir la
incertidumbre estableciendo una estructura estable (pero no necesariamente
eficiente) de la interacción humana.
173
Se ha dicho que en el Perú, el sistema político diseñado a partir de una
incipiente institucionalidad, no ha logrado consolidar un modelo estable de
régimen político capaz de sentar las bases de una democracia sólida, estable y,
sobre todo, articulada con las expectativas populares. La forma en que se
estructura el Estado peruano se ha basado en la precariedad de la democracia
institucional, la marginación de la mayor parte de la población y la escasa
representatividad de los modelos escogidos, tesis que el Grupo de trabajo
plantea como una realidad insoslayable.
La falta de participación ciudadana ha sido un lastre que se ha venido
arrastrando desde la fundación misma del Estado peruano y que la
inestabilidad política, independientemente de la naturaleza de los regímenes
instalados en el poder, se convirtió paulatinamente en el molde adecuado para
ese desarraigo.
Una idea que Ciurlizza formula es que la ciudadanía es una materia que
pertenece al constitucionalismo histórico peruano. Este último, a decir de
Pedro Planas, es el "espacio valorativo extranormativo, construido por varias
generaciones...fruto del consenso, que constituye nuestra tradición
democrática y republicana; son aquellos fundamentos en los cuales reposa la
continuidad de nuestras instituciones".
3.- El racismo y la violencia: clave de interpretación del movimiento de
insurrección popular puneño.
174
El testimonio de Edilberto Oré en la Audiencia Pública Temática sobre
Violencia Política y Comunidades Desplazadas del 12 de diciembre del año
2002, organizada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, refleja una
percepción bastante certera de la percepción de la violencia y la
discriminación racial y étnica en el país:
“El Estado aún sigue discriminando y considerando al poblador andino no
tan igual como un ciudadano; cuando se produce los bombazos en Tarata y
en otros lugares, recién la sociedad se da cuenta que algo pasa en el país; lo
que sucedía en el campo bueno pues eran cosas de indios quizás...”
Es reiterativo señalar la existencia de patrones de discriminación
profundamente arraigados en nuestra sociedad. Pero no por ello deja de ser
importante enfocar problemas como el que abordamos desde una perspectiva
de los derechos de los pueblos indígenas.
La discriminación conforma un complejo sistema interrelacionado que actúa
restando derechos a las personas afectadas o bloqueándoles las posibilidades
de reclamo. Los cambios jurídicos tienen poca incidencia para alterar la
realidad porque no se integran en políticas de mayor alcance (...) La
comprensión de los fenómenos discriminatorios está condicionada al
entendimiento de lo que sucede en determinado momento histórico.
María Isabel Remy señaló hace poco que en el Perú no parece posible hablar
de movimientos indígenas, aunque sí de una agenda de problemas étnicos
175
pendiente de solución. Esto es particularmente cierto en las comunidades
andinas (aymara y quechua), mucho más en el asunto de la Sierra Sur.
Una de las verdades más importantes que ha espetado la Comisión de la
Verdad y Reconciliación en su Informe Final es aquella relativa al racismo y
la discriminación en nuestro país. La conclusión 9 del Informe Final de la
CVR es bastante escueta a este respecto: “se ha constatado que la tragedia que
sufrieron las poblaciones del Perú rural, andino y selvático, quechua y
asháninka, campesino, pobre y poco educado, no fue sentida ni asumida como
propia por el resto del país; ello delata, a juicio de la CVR, el velado racismo y
las actitudes de desprecio subsistentes en la sociedad peruana a casi dos siglos
de nacida la República”.
La CVR también ha constatado que durante la guerra interna contra el
terrorismo existió una notoria relación entre situación de pobreza y exclusión
social y probabilidad de ser víctima de violencia. En su conclusión 5, señala
que se “ (..) ha constatado que la población campesina fue la principal víctima
de la violencia. De la totalidad de víctimas reportadas, el 79% por ciento vivía
en zonas rurales y el 56 por ciento se ocupaba en actividades agropecuarias”.
Así mismo, en su conclusión número 6, la CVR indica que “ha podido
apreciar que, conjuntamente con las brechas socioeconómicas, el proceso de
violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole
étnico-cultural que aún prevalecen en el país. Del análisis de los testimonios
recibidos resulta que el 75 por ciento de las víctimas fatales del conflicto
176
armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma
materno”.
Lo ocurrido ha conducido a gente, como el rector de la Universidad Católica y
Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a creer que vivimos,
todavía, en un país en el que la exclusión es tan absoluta que resulta posible
que desaparezcan decenas de miles de ciudadanos sin que nadie en la sociedad
integrada, en la sociedad de los no excluidos, tome nota de ello. La población
quechua y aymara, como sabemos, representa a uno de cada cinco peruanos Se
trata, como sabemos los peruanos, de un sector de la población históricamente
ignorado por el Estado y por la sociedad urbana, aquella que sí disfruta de los
beneficios de nuestra comunidad política.
Mucho se ha escrito sobre la discriminación cultural, social y económica
persistentes en la sociedad peruana, pero poco han hecho las autoridades del
Estado o los ciudadanos corrientes para combatirla con clara evidencia. Y ello
también incluye actos de desdén u olvido generalizado que tienden a darse por
parte del Estado y por la sociedad urbana, aquella que en los hechos y por
concepción histórica ha disfrutado de los beneficios de nuestra comunidad
política.
El historiador Jorge Basadre señalaba que el dinero ni la ilustración dictan el
poder de las personas o las instituciones si van acompañados por “el egoísmo,
la dejadez, la cobardía o, entre nosotros, el desprecio tradicional al cholo
barato y al indio estúpido”. Repetía así mismo lo siguiente: “ ‘Los puntapiés
se hicieron para el indio’. ‘Bestia: te llaman indio’, escribió sardónicamente el
177
gran poeta puneño Gamaliel Churata; y es necesario eliminar los motivos para
que sean escritas frases como las que acabo de mencionar”.
No debemos olvidar que la CVR ha señalado que en el sur del departamento
de Puno (provincias de El Collao, Chucuito y Yunguyo), se iniciaron las
actividades subversivas y que la región tiene una fuerte presencia de
comunidades campesinas, con una población campesina predominantemente
aymara. A diferencia de las provincias del norte, la presencia de empresas
asociativas producto de la reforma agraria del general Velasco no fue
significativa.
Ciurlizza ha señalado que existen fallas tectónicas en nuestro sistema
democrático, las cuales, por su parte, han conducido a crisis cíclicas, una de
las cuáles la vivimos hoy. La democracia representativa no responde a las
inquietudes sociales no porque el modelo sea malo sino porque la materia
prima es escasa, para arriba y para abajo. El constitucionalismo peruano
adolece de las fortalezas necesarias para incorporar ciudadanos, en términos
de mejores derechos para todos. En este escenario, la discriminación
(especialmente la étnica) agrega nuevos obstáculos al desarrollo institucional.
El Perú, lamentablemente, sigue siendo un país donde se practica un racismo
que, si bien no es desembozado, penetra en nuestros esquemas mentales y se
aloja en ellos a veces en forma perenne y desconcertante. Es necesario más
bien analizar de qué modo se manifiesta este racismo (el cual puede tomar
varios nombres que en estos momentos se pueden convertir en sinónimos,
como “indiferencia” “olvido” “desdén” “apatía” “discriminación”) y
dilucidarlo y debatirlo, aún con el riesgo de que se reabran viejas heridas y 178
viejos y delicados capítulos de nuestra sociedad como Nación. Hay un
componente importante en esta tragedia puneña, que no sólo tiene que ver con
Ilave, Ayaviri o Tilali, sino también con muchas de las zonas en conflicto en
el país, según el Informe de la Defensoría del Pueblo. Este es un tema
pendiente en la agenda política nacional.
4.- Incompetencia del Estado y crisis de Ilave.
Por 24 días los pobladores de El Collao protestaron de manera pacífica contra
el alcalde de Ilave, acusándolo de diversas irregularidades. A pesar que todas
las actividades, incluidos colegios y hospitales, se encontraban paralizadas,
que la comunicación terrestre con la vecina Bolivia estaba interrumpida, y que
en otras provincia como Moho y Melgar se producían protestas similares, la
respuesta de las autoridades nacionales (salvo excepciones) fue lenta,
inoportuna, inconsistente, incompleta o, peor, nula. Hay una dramática
ausencia de Estado moderno en el Perú.
Las múltiples y variadas interpretaciones que nuestro devenir histórico han
recibido señalan una realidad concreta y clara: La Nación existe porque existe
un Estado, pero este “Estado” (como ente) es apenas virtual, empírico, con
una profunda falta de integración social.
La Nación, como sentido inmanente, está contrapuesta al Estado, pues aquella
no encaja plenamente en el modelo estatal. Esta contraposición está advertida
desde la época incaica. La conocida dicotomía basadrina entre el “Perú
179
profundo” (o “Perú real”) y el Perú Oficial, aunque no parezca evidente, ha
originado dicha contraposición. No estamos muy seguros de que en nuestro
país se pueda hablar de una Nación (pues, ha quedado evidenciado que, por lo
menos, debería debatirse la idea de que existe más de una “Nación” o varias
“micro-naciones” que conviven en difícil integración dentro del gran espacio
geográfico), pero estamos seguros de que ese antagonismo, a fin de cuentas,
ha generado una incidencia grande en la preservación de las condiciones de
subdesarrollo general.
Sin embargo, no se trata solamente de una inacción estatal-sistémica: el propio
sistema legal tiene una serie de debilidades que limitan su accionar. Debemos
recordar que la sociedad es la encargada de la ordenación para la satisfacción
de las necesidades. Ante esta situación hay dos reacciones:
a) Alejamiento del Estado (conocida como la “democracia de base”).
b) Dentro del Estado: hacia un proceso de participación democrática.
El Derecho debe tener como base la realidad y, como fin, igualmente, la
realidad. El hombre se debe convertir (de hecho, lo es) en el centro inmanente
de la esencia del Derecho, y alejarse más bien de las visiones que buscan
adecuarle a una función estática, limitada a regular el proyecto.
Debe tenerse en cuenta, así mismo, la función finalista de entendimiento del
derecho, así como una concepción historicista (es decir, la vida, la costumbre
y los usos) y así mismo debe haber una orientación del Interés Mayor
Individuo-Colectivo, buscando generarse una construcción democrática con
180
amplia participación de la sociedad, mirando y buscando aplicar, además, la
reformulación permanente del sistema normativo.
La anomia social es ciertamente una situación de disloque, que significa
sociológicamente la desorganización de las normas que rigen a un sistema
social; es por tanto el estado más crítico y expresivo de descomposición a que
puede llegar un sistema social. Bajo la anomia, hace crisis la institucionalidad
y la interacción, configurándose un quebrantamiento de orden normativo.
El ex Ministro de Educación, Marcial Rubio, indicaba que en nuestro país la
sociedad civil tiene un grado de organización bastante bajo, dejando al aparato
del Estado el control del poder frente al ciudadano individualmente
considerado. Ello produce, según el propio Rubio, una aguda concentración de
fuerzas y, de todos modos imposibilita el establecimiento de contrafuertes
sociales al arbitrio del poder público.
Cuando la anomia se presenta en una sociedad, la conciencia cívica se torna
frágil; en ese contexto, la corrupción y el conformismo con lo que venga se
convierten en patrones de vida, pues se asume que mediante su imposición
todo está permitido. Al no funcionar los sistemas de control político e insurgir
comportamientos sociales desvariados y poco comprometidos con los valores
democráticos, la crisis de la ciudadanía aparece en todos sus niveles y en todas
sus instancias.
La población que mayoritariamente no participa en la "gestión" de la
democracia- no ve expresadas sus demandas en la representación restringida
181
que en su nombre se ejerce desde los poderes del Estado. La crisis de la
democracia en el Perú afecta sustantivamente al sistema de gobierno, pro no
sólo a ella; se ha llegado a un nivel de grave tensión en las relaciones entre
clase política y sociedad (y en la clase política incluiríamos los movimientos
que no son considerados parte integrante del sistema “tradicional”),
cuestionando la representatividad y la legitimidad del sistema mismo en
cuanto a su capacidad y eficacia para responder a las demandas de la sociedad.
El caso de Ilave es una clara muestra de la decepción de la sociedad con la
capacidad de eficacia del Estado, repitiéndose la clásica actitud renuente o
inexistente respecto de la participación de los actores sociales en el ejercicio
mismo del régimen democrático, sea por su carácter elitista de la democracia
peruana, en la que sólo participan quienes detentan posiciones de poder.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha señalado que la clase política
que gobernó o tuvo alguna cuota de poder oficial en aquellos años tiene
grandes explicaciones que dar al Perú, pues los resultados de la violencia no
hubieran sido tan nefastos que ella no hubiera sido tan grave si no fuera por la
indiferencia, la pasividad o la simple ineptitud de quienes entonces ocuparon
los más altos cargos públicos. Este informe señalaba pues, las
responsabilidades de esa clase política que, debemos recordarlo, no había
realizado todavía una debida asunción de sus culpas en la desgracia de los
compatriotas a los que quisieron, y tal vez quieran todavía, gobernar. Salomón
Lerner es claro y preciso al respecto, pues indica que la clase política ignoró
el clamor del pueblo, reiterando la vieja práctica de relegar sus memoriales al
182
lugar al que se ha relegado, a lo largo de nuestra historia, la voz de los
humildes: el olvido.
Según Ciurlizza, gran parte de la crisis de la ciudadanía se origina en el
trastocamiento de valores éticos, que relativiza el respeto por las instituciones.
Es lamentable constatar que en las relaciones Estado-sociedad no se tienen
delimitadas las fronteras entre lo permitido y lo prohibido. Subsiste una
conciencia colectiva que fomenta y acepta la transgresión de normas y valores
éticos, que relativiza la trasparencia de los actos públicos y privados, creando
adicionalmente las condiciones para que se instalen formas abiertas de
inmoralidad y corrupción.
Jorge Basadre entendía el sentido del término “Patria” como un conjunto de
derechos inalienables y, al mismo tiempo, como un repertorio de deberes a
través de una inmensa diversidad de actividades, cada una de las cuales
necesita ser compatible con la legítima existencia de todos. El Perú, afirma
con acierto, a lo largo de su historia, como otras zonas del continente,
sabemos todos, cambió sus leyes, mas no sus principales realidades sociales y
económicas.
Sostienen los politólogos que las bases características del consenso, factor
esencial en los regímenes democráticas modernos, organizados alrededor de la
ciudadanía, los partidos, las asociaciones profesionales, gremiales o cívicas de
tipo nacional, regional o local, los sindicatos y los grupos de presión con
acción interbalanceada, no han ofrecido la normalidad, o la salud, o la
continuidad deseable. Más allá del centralismo, de la injusticia social, incluso
del racismo, cosas evidentes y sobre las que opinar de nuevo es llover sobre 183
mojado, existe una problemática que trasciende a las antes mencionadas y que,
como epidermis de la sociedad peruana, como manifestación estructural de
ella, como tejido social, viene afectando a ricos y pobres, limeños y puneños,
aunque, no en iguales proporciones, como debería ser evidente.
Ilave, en este contexto, es el reflejo de una sociedad estigmatizada por la
violencia y el testimonio gráfico de por qué el informe de la Comisión de la
Verdad, virtualmente, es sistemáticamente ignorado: la gente no desea
mirarse al espejo.
Señala Ernesto de la Jara que, al margen de si el alcalde asesinado haya
incurrido o no en actos de corrupción (situación que debería investigarse), lo
cierto es que cada vez son más frecuentes los casos de alcaldes que se roban
los recursos vinculados a los programas de ayuda social, que sobrevalúan
obras, que incurren en nepotismo, que tienen a su servicio grupo de matones,
que agraden a la población, etc, y encima no hacen nada.
Pero no sólo la falta de presencia del Estado es el problema en el ámbito local:
¿cuánto del territorio nacional y de los diversos sectores sociales que lo
habitan están cubiertos por los partidos políticos, gremios u ONGs? La menor
parte y cada vez menos, como hemos podido encontrar en cada visita, más aún
en zonas alejadas del país. La crisis de representatividad nacional, desde esa
perspectiva podría resumirse en lo siguiente: nadie se siente representado por
nadie.
184
El Estado no ha atendido los principales problemas que enfrenta la Región
Puno. Hemos tratado de hacer una síntesis que el Informe “Puno al 2011”, de
la Mesa de Concertación y Lucha contra la pobreza de Puno ha considerado
vigentes, las cuales este Grupo de Trabajo las nombra y recoja como
asignaciones pendientes por parte de la actuación prioritaria:
a) Dimensión política:
1.- Deficiente gestión y gerenciamiento de proyectos y políticas sociales.
2.- Excesiva centralización y dependencia política de Lima.
3.- Creciente violación de los Derechos Humanos.
b) Dimensión económica:
1.- Uso inadecuado de recursos naturales.
2.- Débil voluntad política agraria del gobierno.
3.- Altos niveles de contrabando que deterioran la industria local.
4.- Escasa producción local y de baja calidad.
5.-Contaminación ambiental.
6.-Peligro de extinción y vulnerabilidad de las especies nativas más
importantes.
7.- Elevado costo de energía eléctrica y calidad de servicio y el monopolio.
8.- Insuficiente y precaria integración y articulación en las vías de acceso y los
medios de comunicación.
185
9.-Limitación y disminución del presupuesto de inversiones para obras de
infraestructura vial.
10.- Escasa expansión de los medios de comunicación en el ámbito regional.
c) Dimensión social:
1.- Deficiencia en la formación integral de la población.
2.- Entorno socio-económico pauperizado con crisis de valores generalizada.
3.-Deterioro de las relaciones interpersonales entre los actores de la educación.
4.- Existencia de grupos poblacionales con altos niveles de desnutrición.
5.- Bajos niveles de cobertura y calidad de los servicios de salud.
6.- Bajas condiciones de habitabilidad de la viviendas del ámbito regional.
7.- Escasa cobertura de servicios básicos indispensables.
8.- Falta de elaboración de proyectos tipos, adecuado a cada zona,
conservando la identidad cultural.
d) Dimensión: concertación, participación y responsabilidad social
1.- Poca participación e involucramiento de la población en el diseño,
ejecución y vigilancia social.
2.- Desconfianza generalizada por situaciones de corrupción y engaño.
3.-Deficiente liderazgo social a nivel dirigencial.
4.- Escasa credibilidad de la gente al considerar que no se tomarán en cuenta
sus opiniones y propuestas.
186
5.- Inexistencia de control de gastos públicos por parte de la sociedad civil.
6.- Débil democracia y concertación social.
Entre los ciudadanos el sentimiento de una pérdida de la ciudadanía es
evidente y sienten que están frente a un Estado que no responde a sus
necesidades colectivas y frente a un sistema normativo concebido desde una
óptica urbana y centralista, que no está capacitado ni diseñado para dar
respuesta a las diversas realidades que es el Perú.
Basadre señalaba que siempre es oportuno aludir al cuello de botella de una
república donde funcionan tradicionalmente dos dimensiones: la sociedad de
consumo visible en las grandes ciudades, en algunas minas, en la industria
modernizada o en las haciendas agroexportadoras; y la economía con escaso
mercado interior, o de subsistencia en vastos sectores rurales de la sierra, y sin
servicios básicos, algo que, señalaba el historiador tacneño a estas alturas de la
historia en plena era de los televisores en colores, resulta un contrasentido.
5.- El problema legal: Análisis Socio Cultural desde el punto de vista del
pluralismo jurídico.
El divorcio entre el Derecho y la sociedad se ahonda porque la legislación
denominada nacional es en realidad elaborada en Lima, generalmente
basándose en experiencias foráneas o la realidad urbana. Las normas
electorales no toman en cuenta la problemática cotidiana del Perú, las
relaciones que la población establece con sus autoridades, la cosmovisión
andina o amazónica, las limitaciones geográficas. 187
Sociológicamente, según Weber, el Derecho como el ordenamiento jurídico
cuya validez está garantizada desde el exterior; cuando se produce la
posibilidad de una coerción física o psíquica de parte de una acción dirigida a
observar y castigar la infracción mediante el aparato humano destinado a este
fin.
La multiculturalidad no es un simple rezago del pasado, sino un hecho actual.
El Perú ha alojado desde tiempos inmemoriales, una gran diversidad cultural,
intentando infructuosamente una integración social en cada una de las
diferentes etapas de la historia nacional. En el país, no existen culturas puras.
Como señala el doctor Ernesto de la Jara, director del Instituto de Defensa
Legal, la diversidad cultural tiene, justamente, como límite –de acuerdo a una
concepción de los derechos humanos de corte iusnaturalista- el derecho a la
vida y a la integridad física. Esta es la concepción occidental, moderna y la
que el Perú, constitucionalmente y legalmente ha optado.
Una muestra clara de esta opción ha sido el artículo 149 de nuestra Carta
Magna, que a la sazón dice lo siguiente:
“Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de
las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro
de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario,
siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley
188
establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los
Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial”.
Hablar de Pluralismo Jurídico, según Antonio Peña Jumpa, es hablar de una
manera valorativa de identificar “lo justo” en un grupo social, pero también la
manera como este grupo frente al conflicto materializa su misma concepción
de “lo justo”. En el mismo sentido hablar de Pluralismo Jurídico es hablar de
una variedad de tipos que se confunden entre el lo “tradicional”, lo “moderno”
y lo “transnacional”.
De acuerdo a la clasificación sistematizada por Sally Engle Merry (1988), se
distingue el pluralismo jurídico en espacios sociales. El pluralismo jurídico
“clásico” se refiere a espacios sociales coloniales o postcoloniales en los que
un ordenamiento jurídico de tipo moderno u occidental (colonizador) ejerce un
dominio histórico sobre el ordenamiento jurídico tradicional o nativo
(colonizado). El pluralismo jurídico “moderno” o “contemporáneo”, en
cambio, se reproduce en espacios sociales industrializados o modernos en los
que el ordenamiento jurídico estatal se relaciona con otros ordenamientos
jurídicos aparentemente “menores” de tipo moderno como las organizaciones
sindicales, los grupos religiosos, las empresas o cooperativas, etc.
Un caso interesante, limite entre el pluralismo jurídico, es el de la Justicia de
paz es actualmente un elemento de control social, sin embargo el derecho
estatal y el aparato de justicia son sólo una de las diversas formas de control
social. El sistema Normativo nacional es amplio y también incluye, entre
189
otras, reglas morales, religiosas, sociales, las costumbres y el llamado derecho
consuetudinario.
Pero, sobre todo, en nuestro país hay una falta de integración entre etnias y
clases sociales y una ausencia de un proyecto nacional integral. La falta de
estos elementos promueve la coexistencia de diferentes sistemas normativos.
De ahí que las denuncias entabladas ante los jueces de paz sean
fundamentadas a menudo en normas de derecho consuetudinario, discrepantes
muchas veces del derecho y la ideología dominantes.
El pensamiento moderno surge de la filosofía de la ilustración, a la idea
kantiana de que los actos puedan obedecer a una ley general. La racionalidad
que aparentemente consiste en conservar y promover las condiciones para que
uno pueda hacer lo que uno quiera, exige que tales condiciones sean generales
y, por ende respetando siempre el derecho universalista, uniformizante y
homogéneo. Los individuos pueden hacer lo que quieren siempre que
mantengan la racionalidad del sistema.
En ese sentido, el desencanto post moderno plantea rechazo a la universalidad
racional y un escepticismo frente a todo aquello que constituya una
metanarrantiva. En ese aspecto, toda diversidad es admisible, todo coherencia
resulta totalitaria.
En ese sentido, se busca un reconocimiento de una pluralidad de órdenes
jurídicos que conforman una unidad por la articulación de todas las
perspectivas, las cuales, asimismo, buscan respetar las contribuciones de la
190
modernidad en materia de racionalidad y libertad. El Derecho, en ese sentido,
deberá estar atento a la diversidad cultural.
El sistema jurídico de análisis de resolución de conflictos de los aymaras está
inmerso en una estructura social, cultural y económica, los cuales se dividen
en función del interés. Según el profesor Peña Jumpa, los dos tipos de
conflictos que se observan generalmente en la zona son de tipo familiar y de
tipo comunal. Los órganos de resolución de conflictos pueden ser los
informales (de tipo familiar) y los formales (de tipo comunal).
Para el tema que nos interesa, el procedimiento de resolución de conflictos
comunal apela a los siguientes aspectos:
- Arbitraje coercitivo de un tercero que se impone a las partes.
- La solución no es negociada, es impuesta.
- Se busca la armonía de la comunidad antes que la de las partes.
- El castigo es característico de la sanción.
Miguel Giusti, en su ensayo Alas y Raíces (PUCP, 1999), entendía el
multiculturalismo como la coexistencia de grupos culturales heterogéneos
dentro de un territorio, generando una conciencia del derecho que asiste a
todas las comunidades culturales para autoafirmarse frente a las otras en
igualdad de condiciones.
Si buscamos tratar de entender el fenómeno desde el punto de vista socio-
cultural, los acontecimientos suscitados con el crimen de Robles
Callomamani, interpretados bajo los términos de "linchamiento" o
191
"ajusticiamiento", coinciden cual se trataran de un resultado judicial de pena
de muerte.
Siguiendo estos parámetros, la población de Ilave siguieron el mismo objetivo,
pero bajo formas diferentes: la pena fue promovida por autoridades informales
o "de hecho" pero tomada por ciudadanos como colectivo, se resume, según
los estudiosos, en la presencia de muchos "delitos" o "faltas" contra los
intereses de toda la población, y el procedimiento es sumarísimo, iniciado y
terminado con la decisión colectiva de capturar y asesinar a Robles pues los
presuntos "delitos" de la autoridad no pudieron ser oportunamente resueltos
por las autoridades regionales y centrales del Estado. Casos semejantes se han
dado en la actuación de las rondas campesinas y urbanas, comunidades
quechuas, aymaras y amazónicas a lo largo del territorio nacional.
El elemento común de razonamiento en el caso Ilave es el siguiente: el Estado
no puede resolver los problemas de deficiencia, corrupción o abuso de un
alcalde, entonces corresponde a la propia población hacerlo. Max Weber
hablaba de que la teoría jurídica del Estado debe necesariamente confluir con
la doctrina política del poder, es decir enmarcar el Estado dentro de la
categoría de comunidad humana en un determinado contexto que pretende per
se el monopolio del uso legítimo de la fuerza; generalmente la fuerza material,
física, por ende, coercitiva.
El poder es un monopolio que, siguiendo la lógica weberiana, puede devenir
tanto como justa, aunque no necesariamente legal (poder carismático), como
su contrapartida de virtud del carácter sagrado de las tradiciones y la
192
legitimidad de los llamado a ser autoridad (poder tradicional). En realidad, la
fuerza occidental del poder debería ser aquella que se apoya en la creencia y la
legalidad de los ordenamientos estatuidos, es decir el poder legal de carácter
racional.
Ante estas circunstancias, el elemento moderador del poder, el pueblo, se
defrauda de su propio Estado-formal y, retomando su poder de facto, decide
aplicar su propia justicia.
Dicha manera de pensar es bárbara, primitiva o salvaje para algunos, pero para
otros -los miles de ciudadanos que participan en el hecho- puede ser un acto
legítimo de justicia. Es la negación de la visión occidental de justicia y
derecho.
El pueblo o los comuneros de Ilave no cuestionan el Estado en sí, sino su
imposibilidad para resolver prácticos problemas. Es difícil desde ese punto de
vista señalar las demandas por la creación de una región autónoma aymara,
más allá de los buenos deseos y de la cohesión en torno a la protesta contra
temas concretos. De lo que hemos tomado en cuenta en Ilave, debemos señalar
que dicha población quiere defender el Estado (en este sentido, es importante
diferenciar “Estado” de “gobierno” o de “Sistema”), está convencida de la
importancia y rol de la alcaldía en su territorio (de ahí la presentación en las
últimas elecciones provinciales del 2002 de 11 agrupaciones para El Collao-
Ilave y de 9 agrupaciones para Melgar-Ayaviri), y por ello entienden que
pueden rechazar, expulsar y finalmente ajusticiar al "mal alcalde", en este caso
193
a Robles Callomamani, quien representa la no adecuada canalización del
Estado de sus problemas y anhelos.
Según la interpretación desde cánones simbólicos y/o sociológicos, esta
población, aplicó la pena de muerte o el ajusticiamiento contra la figura del
"mal alcalde", no directamente a la figura personal de Robles Callomamani.
Debemos hacer notar que nuestra interpretación se centra únicamente en el
desarrollo de los acontecimientos vinculados al levantamiento de la población,
no con los móviles concretos que llevaron al asesinato (donde, como hemos
visto, hay autores mediatos e inmediatos y presuntos responsables) Esta
persona perece al lado del cargo de "mal alcalde" porque luego de haber sido
"desvestido" del mismo pretendió seguir "usurpándolo" desafiando el poder de
la población enardecida.
La población, de acuerdo a la interpretación de Peña Jumpa, ciertamente,
también muestra sus debilidades al no encontrar otras alternativas en la
materialización de su justicia más que la muerte del "mal alcalde".
Ciertas alternativas podrían ser planteadas en medio de este, el Convenio
sobre OIT N° 169 es la única salida inmediata para solucionar los conflictos
que envuelven a comunidades campesinas y pueblos indígenas, como ocurre
en El Collao o Ayaviri. Este convenio, de cumplimiento obligatorio en el
Perú, ha permitido aplicar con flexibilidad las normas nacionales, y enfatiza
como fin supremo el bienestar de la población nativa. Esto significa que se
puede aplicar con este criterio consultas de revocatoria y también elecciones
194
municipales en las zonas pobladas por campesinos y nativos, sin apegarse a la
legislación en materia electoral y municipal.
Todo depende de la decisión de los magistrados del Jurado Nacional de
Elecciones, que es la máxima instancia en materia electoral, y de las
autoridades del Ejecutivo para reformar y aplicar las normas con aplicación de
este instrumento supranacional.
Al amparo del Convenio 169 también puede ser modificadas la Constitución
Política del Estado para hacer posible, solo en lugares habitados por
campesinos y nativos, la renuncia voluntaria de las autoridades locales, como
solicitaban inicialmente los comuneros de El Collao.
Pero este Convenio, ratificado por Perú en 1993 y por tanto de cumplimiento
obligatorio, solo es el instrumento legal cuya aplicación debe responder a una
decisión verdadera de las autoridades del gobierno de solucionar el caso Ilave.
Pero ambas trabas son solucionables. La Rosa recomienda aplicar
mecanismos de solución de conflictos dando prioridad al bienestar de la
mayoría, que los dialogantes tengan capacidad negociadora, pero sobre todo
representatividad, y que no exista supremacía en ninguna de las partes. Esto
quiere decir que debe convencerse a los comuneros de designar a un
interlocutor con esas características, mientras el Estado debe hilar fino para no
caer en los errores anteriores de nombrar a un personaje sin capacidad de
respuesta y de negociación.
195
Otro elemento concurrente a la crisis de la ciudadanía, está representado por la
debilidad de los partidos políticos y su dificultad para retomar un papel
intermediador en las relaciones Estado - sociedad.
Los especialistas del IDL insisten tanto en la necesidad de reformar la
Constitución para hacer posible la renuncia voluntaria de alcaldes y regidores,
pero además proponen reducir a tres años su periodo de gestión. Asimismo,
modificar las leyes orgánicas de los gobiernos municipales y electoral, a fin de
que el proceso de solicitud de revocatoria deje de ser tortuoso y sea alcanzable
para la mayoría de poblados.
Entre las alternativas o enseñanzas frente al caso, una simple idea consiste en
promover o "regular" actos políticos o administrativos informales o populares.
Esto significa, por ejemplo, legitimar o reconocer declaraciones de vacancias
de cargos públicos por parte de la misma población sin necesidad de largos
procedimientos legales. En ciudades como Ilave puede darse la posibilidad de
una reunión o asamblea extraordinaria, de todos los vecinos del lugar, con el
fin de decidir la vacancia de una autoridad pública como el alcalde. Se trataría
de una asamblea del distrito o la provincia, convocada por un ente neutral,
pero administrada por el propio pueblo, sus organizaciones sociales o sus
representantes familiares. Para ello, la formalidad puede resumirse a la firma
del libro de actas por todos los presentes, tal como lo suelen hacer los propios
comuneros aymaras cuando resuelven sus conflictos cotidianos.
Frente a problemas prácticos, creemos, se requieren alternativas prácticas.
Cuanto más complejos sean estos problemas o conflictos prácticos, más
196
sencillas debían ser las alternativas de solución o justicia que se formulen.
Esta parece ser la manera de pensar de la mayoría de peruanos como la
población de Ilave y de Ayaviri.
Este tema planeta algunas dificultades claras. Por ejemplo, hay un conflicto de
valores entre los diferentes grupos sociales, pues lo que quizás puede ser
bueno para unos, termina siendo barbarie para otros. Además, puede llegarse a
dar un proceso de indiferencia social, rayana con el conservadurismo, además
el hecho, (ciertamente probado) de que el todo racional esté regido por el
interés nacional.
6.- La telaraña legalista y sus consecuencias en el crimen de Ilave.
Hay algunas contradicciones que es necesario analizar y que pintan de cuerpo
entero las dificultades que tiene el sistema legal positivo para aplicarse
adecuadamente a fenómenos como el de Ilave, vistos más allá del mero hecho
criminal.
Tomemos el caso, por ejemplo del proceso de revocatoria de los alcaldes de
Ilave y Ayaviri. Estos son los cuestionamientos:
1.- Nuestra legislación, incluyendo las reglas electorales, han sido elaboradas
en castellano. Los habitantes de Ilave (como casi el 20% de la población
nacional: 16% quechua y 4% aymara) no tienen posibilidad alguna de
conocerla. Lo más grave es que hasta la fecha no hubo una manera de traducir
197
normas fundamentales, incluyendo la Constitución Política del Perú y las
normas fundamentales en materia de gobiernos locales. Tampoco la
legislación nacional es adecuadamente difundida por ningún organismo
público.
2.- Se señala que la actual Constitución de 1993 reconoce el derecho de los
ciudadanos a revocar a los alcaldes y regidores municipales, como a
presidentes y consejeros regionales elegidos por votación (artículos 2, inciso
17 y artículo 31). Pero, en la práctica, el proceso de revocatorias es en realidad
bastante alejado de la realidad de los pueblos, y tiene la apariencia de ser
orientada a que las autoridades municipales y regionales permanezcan en sus
cargos. El procedimientos es poco célere. La ley de Participación Ciudadana
(Ley 26300) ha establecido que para revocar a un alcalde es inútil el voto
favorable de la mayoría de quienes participen en las elecciones revocatorias,
pues este número debe representar a la mayoría de los miembros del padrón
electoral.
3.- El procedimiento es de corte eminentemente centralista. En las oficinas de
la ONPE se adquiere el llamado “kit electoral” (Un dato muy interesante es el
señalado por el investigador del IDL, Wilfredo Ardito, quien señala que el
95% de los peruanos ignora lo que significa el término “kit”, pero, a su
parecer, dicha situación sólo demuestra otra dificultad del Estado por
expresarse de manera comprensible). Este equipo electoral consiste de un
software, un diskette y otros implementos de fácil uso en lugares donde existe
luz eléctrica e instalaciones informáticas, es decir, según los cálculos, en
alrededor de sólo el 30% del territorio nacional.
198
4.- Aunque la revocatoria es un derecho constitucional y legal de todos los
ciudadanos, estos deben pagar por ejercerlo. Su costo no baja de 150 soles, a
lo cual se suman todos los viajes que deben hacer los ciudadanos. Quienes
hayan hecho el trámite y hayan seguido el procedimiento podrán fácilmente
darse cuenta de que se debe seguir un proceso largo para diversos momentos,
tanto para la información, adquisición del “kit” electoral, la recolección de
firmas requeridas, el proceso de verificación de los planillones ante el
RENIEC, así como las eventuales impugnaciones que puedan darse en ese
trayecto. También se da el caso de que el propio alcalde cuestionado adquiere
el “kit”, a través de un testaferro, y logra bloquear la recolección de firmas en
su contra.
5.- De los 725 equipos básicos para revocatorias adquiridos, sólo en 170
distritos (ninguna provincia o región) se ha logrado vencer todos las barreras
legales planteadas para este aspecto. De estas 170 localidades, 26 se
encuentran en el departamento de Lima. Ningún alcalde provincial será
sometido a revocatoria este año.
6.- La información al respecto se proporciona en idioma español y de manera
escrita, excluyéndose a los dos millones de analfabetos, quienes en su mayoría
son mujeres de las zonas rurales. Sin embargo, a nuestro entender, la mayor
razón por la cual los ciudadanos no han podido plantear la revocatoria de sus
autoridades es que se requiere que el 25% de los electores respalde la
solicitud. De esta forma, para una provincia como Arequipa o Trujillo se
requeriría de centenares de miles de firmas.
199
7.- Basta el ausentismo de las zonas rurales, para que las elecciones
revocatorias sean nulas. En el anterior proceso de revocatorias, de noviembre
del 2001, de un total de 628 autoridades cuestionadas, sólo pudo revocarse a
42, esto es menos del 10%, aunque en muchos de estos casos, el voto había
sido abrumador en su contra. Si el JNE hubiera mantenido su interpretación
histórica, las autoridades revocadas habrían sido 240. Existen casos de
alcaldes elegidos con el 15% o 18% de los votos válidos (como en el caso de
Ricardo Chávez Calderón o Fernando Robles Callomamani) , pero para ser
revocados se requiere de una valla tres veces mayor. Por todo ello, creemos
que a la sociedad civil, a las autoridades regionales, a los organismos de
derechos humanos corresponde solicitar al Jurado Nacional de Elecciones que
cambie la resolución 718-2001-JNE.
7.- El dilema de los Gobiernos Locales y las causales de vacancia para el
cargo de alcalde y regidores. La impotencia de la descentralización frente
al caso Ilave.
En cuanto a la declaración de vacancia del alcalde, las causales establecidas
por la legislación son tan difíciles de cumplir que, en la práctica, es imposible
declararla contra su voluntad, salvo el caso de muerte o de condena en última
instancia por un delito doloso. Los encargados de declarar la vacancia son los
propios concejales, quienes en muchos casos se encuentran en connivencia
con el alcalde. En otros, por pertenecer a un grupo rival, pretenden manipular
las causales para declarar la vacancia.
200
La salida más rápida para una situación de fuerte tensión sería permitir la
renuncia de la autoridad cuestionada. Sin embargo, los artículos 191 y 194 de
la Constitución Política del Perú expresamente establecen que los cargos de
alcalde y regidor son irrenunciables. Aunque, presionado por la turba o
aconsejado por algún familiar, Robles hubiera presentado su renuncia, ésta
hubiera sido inválida. De esta forma, como bien afirma Ardito, la Constitución
establece que uno debe seguir siendo Alcalde o regidor aún contra su voluntad
y aún temiendo por su vida y de esta forma, los cuatro regidores que
estuvieron a punto de morir a manos de las turbas estaban obligados a sesionar
con quien responsabilizaban por el crimen, el Teniente Alcalde, Alberto
Sandoval.
El artículo 194 de la Constitución reconoce, así mismo, a los Centros Poblados
del Perú, sin embargo de manera taxativa no señala que tengan autonomía
económica, política y administrativa, precisión que es necesaria toda vez que a
la fecha las Municipalidades de los Centros Poblados realizan sus tareas sin
contar con presupuesto, hecho que se genera porque el artículo 194 de la
Constitución Política, no lo desarrolla explícitamente. Este problema ha
generado una grave crisis en Puno, donde un vasto sector de las
municipalidades pertenece a dicha categoría y aún el reglamento de la nueva
Ley Orgánica de Municipalidades no ha sido publicado, hecho que dificulta la
transferencia de los recursos que deben recibir las mismas.
La Ley Orgánica, en su artículo 128, inciso 3 refiere que las funciones de las
Municipalidades de los Centros Poblados son delegadas.
Lo antes indicado hace necesario la modificatoria del artículo 194 de la
201
Constitución Política, en el sentido que se les otorgue de manera explícita la
autonomía, económica, administrativa y política.
Una de las disposiciones contenidas en la nueva Ley Orgánica de
Municipalidades y que contiene un cambio con relación a la anterior Ley
Orgánica de Municipalidades se da en relación a las causales de suspensión
del cargo de Alcalde o Regidor. En la anterior norma se señalaba de manera
textual lo siguiente:
“Artículo 29.-
Los cargos de Alcalde y Regidor se suspenden automáticamente por:
1.- Incapacidad física o mental, temporal.
2.- Por licencia autorizada por el Concejo, por un período máximo de
cuarenticinco (45) días naturales.
3.- Por impedimento legal, cuando tienen proceso penal abierto con mandato
de detención que ha quedado firme en primera o segunda instancia”.
En la actual norma se contemplan las siguientes causales de vacancia:
“ARTÍCULO 25.- SUSPENSIÓN DEL CARGO
El ejercicio del cargo de alcalde o regidor se suspende por acuerdo de
concejo en los siguientes casos:
1. Por incapacidad física o mental temporal;
202
2. Por licencia autorizada por el consejo municipal, por un período máximo
de 30 (treinta) días naturales;
3. Por el tiempo que dure el mandato de detención;
4. Por sanción impuesta por falta grave de acuerdo al reglamento interno del
concejo municipal”.
Acordada la suspensión se procederá de acuerdo a lo señalado en el artículo
24 de la presente ley, según corresponda, constituyendo el concejo municipal
instancia única.
Concluido el mandato de detención a que se refiere el numeral 3, el alcalde o
regidor reasume sus funciones en forma automática e inmediata, sin requerir
pronunciamiento alguno del concejo municipal”.
Vistas las circunstancias, era muy difícil salirse del círculo vicioso que debía
darse para cumplir el formalismo legal, mucho antes que el propio Alcalde
Robles Callomamani pudiera haber renunciado a su cargo, según las
alternativas planteadas por el sistema normativo.
El alcalde asesinado en Ilave fue elegido con el 19% de electores y pocos
meses después su movimiento se dividió en dos .Es decir que había un 81%
que no votaron por él. Esto originó – como pasa en muchos otros lugares –
una inestabilidad política desde el comienzo. Es evidente que detrás de estos
hechos hay intereses políticos. Cuando la crisis se produjo hubo que entablar
un proceso de negociación e intermediación y ahí hay que reconocer que se
203
hicieron esfuerzos importantes, pero también hubieron ausencias notorias,
entre ellas las de la principal autoridad regional.
El 17 de noviembre del año 2002, junto a las elecciones municipales se dieron
las elecciones regionales. El escenario parecía favorable para una democracia
que había que fortalecerse y extenderse. Luego de mucho tiempo, nos damos
cuenta los defectos y limitaciones que este proceso ha tenido , los cuales se
han ido agravando y haciendo patentes con la explosión de la crisis
provincialista puneña.
Con posterioridad a la modificatoria Constitucional, se expidieron diversas
normas a efecto de reforzar el proceso de Descentralización ya iniciado, entre
ellas, la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, la Ley N°
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.
Por ejemplo, La Ley N° 27680 reformó el Capítulo XIV del Título IV de la
Constitución Política del Estado sobre Descentralización. Uno de los
principales cambios que trajo esta modificatoria fue la incorporación de los
denominados Consejos de Coordinación Regional, a fin de asegurar la
participación de la sociedad Civil en la buena marcha de la gestión de los
gobiernos regionales. Esta ley no ha funcionado y no se ha aplicado
cabalmente en las crisis de Ilave, Ayaviri o Tilali.
Incluso, las autoridades regionales no se han hecho presente o sólo lo han
hecho cuando se realizaban acontecimientos administrativos o acciones de
204
escritorio. El presidente Regional de Puno David Jiménez Sardón no estuvo
presente en la delegación interinstitucional que viajó a Ilave a intentar
encontrar una salida a la crisis, rehusándose a participar aduciendo mucho
trabajo. Es decir, esta instancia de gobierno no intermedió en una situación
critica de su jurisdicción. No se puede alegar en una situación como la vivida
en Ilave que se respetó la autonomía local, como han mencionado algunos.
Basadre señalaba que, en principio, todo el enigma de una modernización
efectivamente democrática debe estar resuelto a través de la
intercomunicación real entre el Estado y la Nación, entre el hombre y su
comunidad local, regional y nacional; y a través de la marcha gradualista hacia
una autointegración que nosotros no hemos conseguido aún. Lo cual no
implica aceptar la tesis de una nación o naciones oprimidas porque ya, lejos en
el tiempo, a comienzos del siglo XVII, el Inca Garcilaso universalizó el
nombre "Perú" y lo definió al dedicar un libro inmortal "A los indios, mestizos
y criollos del grande y riquísimo Imperio del Perú, su hermano, pariente y
paisano".
Basadre, además, advierte el impulso de períodos, más o menos largos, dentro
de los que aparezca un cuadro de desintegración, al lado de tales o cuales
señales de modernización. De ello puede resultar que la fuerza vital de la
sociedad se ponga a prueba al chocar entre sí los valores modernos positivos y
las malas excrecencias tradicionales o no; y, además, el influjo de las grandes
tempestades ideológicas de nuestro tiempo. Signos alentadores deberán estar
en el aprendizaje de una capacidad de diálogo que es siempre civilizadora y
que propende a que, los de arriba y los de abajo, eviten o atenúen la cólera, los
205
traumas, los irracionalismos, el desorden mental tan generalizados en estos
días, para ir al estudio lúcido u objetivo de los problemas grandes o chicos y a
la búsqueda de sus soluciones, si ellas son viables o equitativas. Esto,
naturalmente, cuando no funcionan las consignas y las prepotencias. Este tema
es muy aplicable al proceso de descentralización y a la actuación de las
autoridades regionales en el tema Ilave.
8.- La defección del gobierno y la clase política.
Los historiadores como Basadre señalaban que hay que entender la política, no
como aventura de gente ansiosa sólo de poder personal, o llena de un cinismo
bien o mal disimulado y de una magnífica impiedad, o para entretenerse en
juegos de engolada o vaga retórica.
Sostienen los politólogos que las bases características del consenso, factor
esencial en los regímenes democráticas modernos, organizados alrededor de la
ciudadanía, los partidos, las asociaciones profesionales, gremiales o cívicas de
tipo nacional, regional o local, los sindicatos y los grupos de presión con
acción interbalanceada, no han ofrecido la normalidad, o la salud, o la
continuidad deseable.
Si nos trasladamos a instancias como el Congreso de la República
encontraremos que son pocos los parlamentarios que regresan a sus zonas
permanentemente y que tienen un nexo establecido y funcionando con sus
representados. Este ha sido un grave problema y que además, es muy evidente.
El Congreso, por ejemplo es la principal instancia de representación, la cual
206
sin embargo, a fin de cuentas no representa cabalmente a las regiones y a sus
ciudadanos.
En este contexto de ausencias resultan responsables no solamente los
funcionarios del Ministerio del Interior, como si quisiéramos que este fuera un
problema estrictamente policial. Era también un problema político donde sin
tratar de exculparse los políticos y las autoridades elegidas deberían
reflexionar sobre su rol, inclusive ahora que éste es un tema judicial
(incluyendo un tema importante del Ministerio Público). Si este es un
problema de fragilidad política, baja legitimidad, necedad y desconocimiento
de las reglas de la democracia, tendría que darse respuesta a los problemas
centrales: La distancia entre los representados y sus representantes, la
democracia que no alcanza, los políticos que no promueven ciudadanía.
La Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, en su Informe sobre
Puno, señala que uno de los graves problemas que tiene la Región – por ende,
el país – es un “gestión pública deficiente, centralista con clara ausencia de
políticas que potencien las capacidades humanas”, pues no sólo hay una
deficiente gestión y gerenciamiento de proyectos y políticas sociales, sino
también la excesiva centralización posdependencia económica y política.
No podemos hablar de una inteligencia nacional que es este momento no
existe, pero es necesario preguntarse si ante la ausencia de inteligencia
nacional, frente a hechos objetivos que servían de alerta y que fueron
informados durante 20 días por la policía, porque el gobierno decidió no
actuar? Qué ha hecho el señor ministro del Interior?, cuales fueron las
207
decisiones del Consejo de Ministros y cuales las del Presidente de la
República? Si hacemos un análisis claro y vemos que hay denuncias, reclamos
no de ahora sino de tiempo atrás, a eso sumamos los fenómenos naturales, si
vemos que estos son reclamos permanentes, que es un pueblo que se ha
levantado hace 27 días, resulta muy difícil determinar, puesto que hay que
recurrir a la sicología de masas, pero no se puede adelantar juicios aunque hay
quienes ya los han adelantado y eso hace mucho daño. Al final no llegaron, o
llegaron a destiempo, la Contraloría, el Jurado Nacional de Elecciones, el
Poder Ejecutivo, los congresistas, las autoridades regionales, las judiciales,
etc.
El caso del trabajo de los representantes parlamentarios puneños es muy claro
para reflejar que la crisis del Estado, que es también la crisis de los partidos,
es asimismo un asunto de percepción ciudadana. En casi tres años de gestión
legislativa, los cinco congresistas que representan a la región Puno
presentaron 763 proyectos, de los cuales 193 se aprobaron y convirtieron en
leyes. Pero de ese total, sólo 5 fueron iniciativas formuladas originalmente
para beneficiar en exclusiva a la población puneña. La mayoría corresponde a
adhesiones de los congresistas a propuestas multipartidarias, y otras a las que
plantea la organización a la que pertenecen. Sólo una pequeña parte
corresponde a propuestas surgidas de la iniciativa individual de los
parlamentarios.
Paulina Arpasi Velásquez, elegida con la más alta votación en su distrito
electoral (28 mil 825 votos). Desde que se instaló en el Congreso, según la
estadística que ella maneja, aprobó 37 leyes de los 117 proyectos que
208
presentó. Empero, sólo 11 de esas leyes partieron de la iniciativa de la
congresista. Y de esas normas ninguna está referida en exclusiva a la región
Puno. En cambio, sí ha logrado que pasen sus proyectos para modificar las
leyes del Fondo de Compensación Social Eléctrica y de las Comunidades
Campesinas, o la creación de patentes para los animales y vegetales oriundos
del Perú.
Leoncio Torres Ccalla presentó 90 proyectos y 22 fueron aprobados y
convertidos en ley, pero sólo siete son de su autoría. Y de esas normas dos
están relacionadas directamente con la localidad que votó por él: una, la
conversión de Puno como la Capital Alpaquera del Perú, y otra, para
considerar a la Carretera Transoceánica como Corredor Económico Social.
Gustavo Pacheco Villar presentó 63 proyectos, 27 convertidos en ley, pero de
esa cifra 9 corresponden a iniciativas personales y no partidarias o
multipartidarias. Una sola de las 9 leyes está relacionada con Puno, y se trata
de declarar a la región como la Capital Alpaquera del Perú, que propuso
también Torres Ccalla.
Rosa Yanarico presentó 192 proyectos y 27 se convirtieron en ley. De ellos
únicamente 11 corresponden a su autoría, ninguna en beneficio exclusivo de
Puno. Sus iniciativas, como las de sus colegas altiplánicos, son de alcance
nacional.
Yonhy Lescano Ancieta presentó 301 proyectos de ley, de los cuales 65 se
hicieron ley, dos de ellas referidas a Puno: la que declara de interés nacional la
209
descontaminación de la bahía interior del lago Titicaca, y la que declara de
interés y necesidad pública la construcción de la interconexión vial Iñapari-
Puerto Marítimo Sur.
En ese aspecto, la ciudadanía no ha recibido los supuestos frutos que la labor
legislativa, apreciable en cierto modo, de los parlamentarios puneños, y más
bien los considera insuficientes, pues sobre todo este es un tema de
representación y en el caso específico de Ilave, los ciudadanos consideran que
el papel de sus congresistas ha sido débil e insatisfactorio.
Pero no es este un tema sólo del gobierno o las fuerzas políticas planteadas en
el Parlamento. Hay una responsabilidad igual de compartida en las demás
agrupaciones políticas e instituciones tutelares del Estado. Por ejemplo, la ley
de partidos políticos exige presencia a nivel nacional en por lo menos 64
provincias de nuestro país con militantes activos, las preguntas que
deberían(estos personajes) intentar responderse son: ¿Qué hacían los
militantes de Unidad nacional, el APRA, Acción Popular y otros en Ilave
mientras esto ocurría?, ¿Qué propuestas políticas plantearon localmente para
ayudar a resolver el conflicto? ¿Advirtieron a su dirigencia nacional sobre lo
que podía venirse?. O sencillamente respondernos ¿Hay comités de estos
grupos políticos en esa zona?. Si la respuesta es no, se evidenciaría otra vez
que la democracia que se pregona en nuestra nación tampoco ha incorporado a
miles de peruanos que hoy reaccionan frente al sistema, establecido en la
propuesta del linchamiento simbólico de Robles Callomamani.
En el caso puneño, las razones son bastante simples: se ha colocado de
espaldas a las necesidades de la población puneña y no está dispuesto a
210
cumplir sus promesas electorales. No existe casi ninguna presencia del actual
Estado en las principales actividades económicas de la Región.
Un ejemplo de falta de tino político fue la convocatoria a licitación pública
para determinar por dónde finalmente se diseñaría la Carretera Interoceánica o
Transoceánica, que fue el detonante en Puno y que dio origen a la célebre
"marcha del Collasuyo", siendo el primer movimiento masivo de protesta
contra el gobierno de Toledo.
Otro elemento importante que contribuyó a la acelerada caída de la
popularidad del gobierno en Puno, ha sido la intensa batalla política desatada
entre distintas facciones de Perú Posible, que han llegado inclusive a violentas
agresiones físicas.
Tres peligros, según Basadre, son las que determinan la misión de las elites:
frivolidad, emigración y mero ejercicio de la fuerza, los cuales además han
atentado contra su verdadera misión, la cual es comandar, comprender las
situaciones que han surgido y adelantarse a las que van a surgir, vivir con la
conciencia del propio destino común, sentir la fe en lo que puede y debe ser.
La promesa de la vida peruana no se realizará sin la participación decisiva de
las elites que requieren una visión administrativa y económica, pero
fundamentalmente una visión humana y cariño por la masa. “Sólo las que
unieron las tres actitudes y sólo ellos, echaron las bases de una verdadera elite
nacional”, siempre de acuerdo con Basadre.
211
Sería muy interesante que la clase política reflexione sobre alguna de las
conclusiones del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en
torno a temas vinculados a su actuación, las cuales, dadas las circunstancias de
la crisis puneña, cobran vigencia importante y que este Grupo de Trabajo se
permite recoger y recomendar.
Conclusión 10: La CVR ha hallado que el conflicto puso de manifiesto graves
limitaciones del Estado en su capacidad de garantizar el orden público y la
seguridad, así como los derechos fundamentales de sus ciudadanos dentro de
un marco de actuación democrático.
Conclusión 11: La CVR asimismo ha encontrado una precaria vigencia del
orden constitucional y el Estado de Derecho, los que en momentos de la crisis
fueron vulnerados.
Conclusión 23. La CVR ha constatado que la prédica del PCP-SL pudo tener
aceptación fugaz, en razón de la incapacidad del Estado y de las elites del país
para responder a las demandas educativas de una juventud frustrada en sus
esfuerzos de movilidad social y de aspiración de progreso.
9.- La crisis del sistema judicial
212
Un tema muy importante es la falla de la justicia tradicional. Hay una imagen
atroz de ineficiencia y burocratización que conspiran contra una adecuada
marcha del sistema judicial.
Aparte de la democratización poco evidente, se ha llegado a un nivel de
mercantilización y discriminación en el acceso a la justicia que, en algunos
casos, como en los de los campesinos y ciudadanos de las zonas más alejadas
del país, es difícil , cuando no decir imposible, la aplicación concreta de la
justicia.
El Premio Nobel de Economía Douglas North señalaba que las instituciones se
componían de reglas formales, normas informales y las características de
imposición. Es la mezcla de ellas la que determina el funcionamiento y el
resultado económico. Uno de los principales costos de transacción es el hecho
de tener un sistema de administración de justicia débil e inconsistente, que
genera en la percepción del agente económico una duda de eficiencia y
aplicación correcta de las reglas establecidas.
En la ciudadanía se ha fortalecido la percepción de que en el Perú no se puede
confiar en la justicia, en consecuencia se produce una mayor inseguridad
ciudadana que contribuye al incremento de la criminalidad, en todos los
escenarios y de todas las modalidades. Esta situación conduce a un
debilitamiento del Estado de Derecho y la acentuación de la crisis social.
En el caso de la justicia más cercana al ánimo y la trascendencia de la justicia
es el de la llamada Justicia de Paz, que, según cifras oficiales, agrupa a cerca
213
de un 80% de todo el número total de los jueces a nivel nacional. La justicia
de paz constituye el fuero donde se tramita y resuelve una gran parte de todos
los conflictos entre personas en el país. Obviamente, se trata de una instancia
judicial muy popular, frecuentada mayoritariamente por personas que
pertenecen a la capa baja de la sociedad, que buscan solución a sus
controversias con parientes, vecinos y demás.
Los jueces de paz, mayormente “no letrados” o “legos” (es decir, sin estudios
académicos de Derecho o leyes) comparten y tiene en cuenta a la hora de
decidir, los valores culturales, la cosmovisión, el razonamiento y la
idiosincrasia del sector de la sociedad al cual pertenecen. Esa es la gran
diferencia con el Estado y especialmente con el Poder Judicial tradicional, que
esperan el cumplimiento de las normas estatales (positivas o “positivizadas”
por el legislador formal), las cuales , salvo muy pocas excepciones, raramente
admiten el derecho consuetudinario.
Resulta ingenuo sostener que está en manos del Ministerio Público y del Poder
Judicial investigar y sancionar el homicidio: en Ilave, ninguna de estas
instituciones tiene posibilidad de actuar sin que sus integrantes corran serio
peligro.
Lo más anecdótico es que el concepto de “justicia” ha estado presente en todas
las dimensiones posibles, sea para la aplicación de sanciones a funcionarios
que se consideraban corruptos, sea para poner límites a individuos
partidarizados, sea para convocar a nuevas elecciones, para revocar alcaldes,
para acceder a demandas sociales o para llevar a cabo una profunda
214
transformación cultural. El tema de la “justicia” en el caso Ilave es la gran
paradoja de nuestra realidad como Estado, Nación o sociedad y las graves –
urgentes- tareas que aún nos falta realizar dentro de la vorágine del desarrollo
globalizado y la esencia patriota que posee cada pequeña historia, cada
pequeña tragedia, cada pequeña responsabilidad, cada pequeño ciudadano -
vinculado de alguna manera con los hechos que este Grupo de Trabajo ha
intentado investigar, analizar o reflexionar y que, aún están presentes, como
un desafío y una posibilidad para el futuro del Perú que todos anhelamos.
CONCLUSIONES
215
CONCLUSIONES ESPECIFICAS.
1.- Los hechos acontecidos entre los días 2 y 26 de abril en el distrito de
Ilave, Provincia de El Collao, Región Puno evidencian que los procedimientos
establecidos en un estado democrático de derecho resultaron ineficaces en su
aplicación, así como las instituciones que no pudieron resolver las exigencias
de la coyuntura en dicha región.
2.- El alcalde Cirilo Fernando Robles Callomamani, si bien es cierto había
sido elegido por mayoría de votos, no gozaba de una legitimidad efectiva para
gobernar, ya que había sido elegido por 19.10% de los votos válidamente
emitidos de toda la provincia de El Collao – Ilave. Del mismo modo, el
alcalde Ricardo Chávez Calderón había sido electo con apenas un 15.80 % de
los votos validamente emitidos de la provincia de Melgar - Ayaviri.
3.- Se ha llegado ha establecer la presunción de que uno de los factores que
incitaron a los pobladores de Ilave para la comisión del alzamiento que tuvo
como consecuencia el asesinato de Robles, fue la ambición de poder desatada
por un grupo de regidores de la Municipalidad Provincial de El Collao-Ilave,
entre los que figuran Alberto Sandoval Loza, quien tenía la condición de
teniente alcalde, Teófilo Contreras Encinas, Marcelino Aguilar Arce y
Gilberto Olivera Quispe, quienes se convirtieron en oposición al cabo de un
tiempo; éstos a su vez buscaron apoyo de los dirigentes Valentín Ramírez
Chino, Rubén Pari Mamani, Edgar Larijo Cutipa, Rufino Vidal Flores, Saúl
Baldomero Buitron Condori, Wileer Hugo Foraquita Flores, Antonio Aro
216
Canaza, Raúl Quispe Mullisaca, Wilfredo Llanque Flores, Mariano Escobar
Huayta, Enrique Apaza López, Rogelio Mendoza Candia, Rogelio Quispe
Cotrado, Rudy Roque Lima, Róger Marcial Ruelas Zurita, Edgar Laime
Ramos, Albino Zapana Cueva, Edgar Alfredo Gerónimo Ocama, Mario Lucio
Vargas Jilaya, Eduardo Yujra Marca, Mauricio Ordoño Quispe, José
Bladimiro Lloque Jiménez, Henry Galo Medina Cabrera, Edgar Ocallo Apaza
Chura, Wilber Mamani Mamani, Rodolfo Muñuico Incacutipa, Florencio
Ccallo Valeriano, Wilfredo Lores Quispe, Pastor Chambilla Jinez, Mónica
Virginia Machaca Mamani, Yenny Apaza Marrón, Irma Ruiz Paredes, Elias
Coaquira Jimenez Caquira, José Antonio Maquera Atencio. Todo esto lo
corroboran las declaraciones de los heridos en el hospital; Martín Olcocarqui
Gómez, Melania Flores Yujra, Arnaldo Chambilla Maquera, Uriel Aguilar,
Juan y Sabino Mamani, las manifestaciones de la prensa, así como el
testimonio audiovisual que han sido hecho públicos y a los cuales ha podido
acceder este Grupo de Trabajo.
4.-En cuanto a la problemática de la Provincia de Melgar-Ayaviri, existe
presunta responsabilidad penal de los dirigentes que tomaron el local
municipal; en las siguientes figuras: Delito Contra la Tranquilidad Pública
penado y sancionado en el artículo 315° del Código Penal vigente, toda vez
que han incitado a la población a fin de causar disturbios y arremeter contra la
Municipalidad Provincial de Melgar –Ayaviri; Delito contra el Patrimonio,
sancionado y tipificado en el artículo 206° del Código Penal, toda vez que los
dirigentes acompañados de los pobladores empleando violencia han causado
daño al local municipal, debiendo la Policía Nacional identificar a los autores.
217
5.- Parte de la prensa hablada y televisiva de la provincia de El Collao-Ilave,
aparentemente en colusión con sus propios intereses, habrían llevado a cabo
una campaña de destrucción moral de las autoridades, azuzando a diario a los
pobladores, atribuyéndole al ex alcalde Robles Callomamani una serie de
delitos como de malversación, peculado y otros figuras delictivas que no han
sido probadas, por lo que simplemente se han dado incriminaciones subjetivas.
Los casos de las radios “Libertad” y “Armonía”, así como el Canal 10 de El
Collao son manifestaciones de este tendencioso comportamiento.
6.- El interés que primó en la participación del teniente alcalde Alberto
Sandoval Loza y el de los regidores, quiénes se convirtieron en oposición, fue
el poder, esto lo corrobora la manifestación de la esposa del extinto alcalde y
los testimonios de dichos regidores, quienes manifestaron que el malogrado
alcalde no les hacia caso y los trataba mal. Hubo una lucha evidente por el
poder, que a la postre, presuntamente se habría convertido en el detonante de
la crisis de El Collao - Ilave.
7.- Se presume que el interés que primaba en los dirigentes para apoyar a
Alberto Sandoval Loza fue promovido por el ciudadano Valentín Ramírez
Chino, quien se desempeñaba como ganadero y beneficiaba sus reses en el
camal municipal habiendo siempre discrepancias y altercados con el
SENASA. La asunción de Alberto Sandoval habría sido provechoso para este
dirigente, tratándose de alguien que estaba luchando de la mano con el que
asumiría la alcaldía de la Municipalidad del Collao-Ilave. Esto es corroborado
con la declaración testimonial que realizó el 30 de abril ante el Grupo de
218
Trabajo, en el que manifiesta que asistía a las sesiones de Concejo y que
coordinaba con el teniente alcalde Sandoval, pues ellos se conocían desde
hace mucho tiempo atrás, cuando eran compañeros de estudios universitarios
en la ciudad de Arequipa.
8.- La presunta participación de los implicados (identificados en el punto
número 3 de las Conclusiones del presente Grupo de Trabajo) se encuadra en
las siguientes figuras delictivas: Delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud
(homicidio calificado agravado); Lesiones con evidencias de tortura; Delito
contra el patrimonio en la modalidad de daños a la propiedad privada;
Violación de domicilio; Delito contra la libertad, en la modalidad de
secuestro; Delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de peligro
común - incendio; así como indicios razonables de delito de Asociación ilícita
para delinquir; todos estos previstos y sancionados en los artículos 108°, 121°,
206°, 159°, 152°,316°,317°del Código Penal vigente.
9.- De, las múltiples declaraciones que aparejan la investigación se infiere que
los tenientes gobernadores de cada comuna se encargaban de pasar listas de
asistencia para que todos los pobladores estuviesen presentes el día de la
protesta, en especial el día 26 de abril, cuando sucedieron los hechos que
tuvieron como consecuencia el asesinato del ex alcalde Robles Callomamani,
incluso se les pudo identificar por el bastón de mando, lo cual demuestra que
se encontraban lejos de desempeñar cabalmente sus funciones, conforme lo
exige el Decreto Supremo N° 004-91-IN artículo 34 inciso 1 el mismo que
señala “Coordinar con las autoridades competentes de las acciones
destinadas a mantener el orden público y las buenas costumbres”.
219
10.- Los tenientes gobernadores, presumiblemente se habrían prestado para
fomentar al caos, desorden y los desmanes, por lo cual se presume la
comisión de los delitos de Desacato previsto y sancionado en el artículo 374°
del Código Penal vigente el que a la letra dice “ El que amenaza, injuria o de
cualquier otra manera ofende la dignidad o el decoro de un funcionario
público a causa del ejercicio de sus funciones o al tiempo de ejercerlas, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años.” , pues, en
calidad de tenientes gobernadores, han ofendido e injuriado la dignidad del
alcalde, puesto que no está probado que había malversado ni cometido otro
delito, sin embargo tuvieron presunta participación en los hechos,
configurándose de esta manera el delito señalado; al no haber coordinado con
las autoridades correspondientes para mantener el orden público lo cual es
función propia de su cargo conforme se advierte de la reglamentación.
11.- Se presume, además, que los tenientes gobernadores habrían incurrido en
el delito de Omisión, rehusamiento o retardo de funcionario público en actos
de su oficio previsto y sancionado en el artículo 377° del Código Penal
vigente el que claramente señala “El funcionario público que ilegalmente,
rehusa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa
de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multa”. Sin
embargo cabe destacar que es necesario que la fiscalía ordene una ampliación
de investigación y dirija a la policía encargada para que cumpla con
individualizar a los tenientes gobernadores que hayan participado en estos
hecho los mismos que no han sido plenamente identificados.
220
12.- La presunta responsabilidad del Prefecto de Puno se acreditaría por su
ausencia, toda vez que éste ha venido coordinando desde el 05 de abril con el
Defensor del Pueblo, Presidente de Gobierno Regional, Región Policial de
Puno, Fiscal Decano de Puno, Jurado Nacional de Elecciones, Contraloría
General de la República, Comisión Nacional de Transparencia, mediante
oficios en los cuales los convocaba a una reunión de emergencia a fin de
efectuar análisis y tomar medidas sobre el paro que se está realizando en la
ciudad de Ilave. Sin embargo, de la reunión llevada a cabo en la ciudad de
Ilave, según el acta, se infiere que tan sólo se encontraban presentes el sub
prefecto de la provincia de Chucuito, representante del Prefecto Regional, el
Sub prefecto de la provincia de El Collao, la gobernadora del Distrito de Ilave.
Esto fue percibido por los pobladores como signo de desinterés por parte de
las autoridades y que no les tomaban importancia; pues solo llegaban
autoridades subalternas más no así, y en este caso específico, el Prefecto.
13.- Dicha responsabilidad le asistiría al Prefecto de Puno, EDGAR JOSUÉ
MAMANI CONDORI, y al Subprefecto de Puno REGULO MUCHO
MAMANI, en cuanto han omitido coordinar con las respectivas autoridades a
fin de preservar el orden público, ya que dentro de sus funciones está autorizar
las concentraciones públicas y, precisamente, la concentración que originó el
hecho de sangre no ha tenido autorización respectiva; sin embargo no tomaron
ninguna acción ni coordinación, conforme lo exige el DS. 004-91-IN, artículo
17° inciso 4 y artículo 26° inciso 4, por lo que presumiblemente estarían
incursos en el artículo 377° del Código Penal por el delito de Omisión,
rehusamiento o retardo de funcionario público en actos de su oficio.
221
14.- En cuanto la responsabilidad de la Gobernadora de Ilave ROSA YUJRA
MAMANI, incurre en el delito de Omisión, rehusamiento o retardo de
funcionario público en actos de su oficio, tipificado y sancionado en al
artículo 377° del Código Penal, por no haber coordinado con la autoridad
competente a fin de mantener y preservar el orden público lo cual se encuentra
dentro de sus funciones estipulado en el DS. 004-91 Art.34° inciso 4°.
15.- La Contraloría General de la República no ha evaluado hasta la fecha la
real situación financiera de la Municipalidad Provincial de El Collao - Ilave.
Por lo mismo no se ha podido verificar la comisión de ilícitos; a fin de
garantizar la presunción de inocencia que todo ciudadano tiene garantizado
como derecho constitucional. El mismo aspecto es aplicable al caso del
Alcalde Provincial de Melgar, Ricardo Chávez Calderón.
16.- La Contraloría General de la República no actuado con diligencia ante las
denuncias señaladas contra la gestión del ex alcalde de El Collao, Fernando
Robles Callomamani y contra la gestión del alcalde de Melgar, Ricardo
Chávez Calderón, las cuales, incluso, datarían según versiones que este Grupo
de Trabajo ha corroborado, desde setiembre del año 2003, sobre las cuales no
ha realizado el respectiva acción de control, a partir de indicios razonables,
mediante una verdadera investigación y que denotaría una actitud displicente y
desprovista de celeridad.
17- Hubo retraso en la actuación de la Contraloría General de la República,
que intentó ingresar tardíamente a la Municipalidad Provincial de Ilave para
222
realizar las auditorias y acciones de control correspondientes a la gestión de
Robles Callomamani; aproximadamente el 13 de abril último, justo cuando la
revuelta ya era imparable, ello a pesar de que el día 5 de abril, el congresista
Yhony Lescano había enviado un Oficio al Contralor General, Genaro Matute,
pidiendo el envío inmediato de una delegación ante la gravedad de los hechos
que en ese momento ya se suscitaban en dicha zona.
18.- Por otro lado cabe indicar que el Grupo de Trabajo, al observar que el
acervo documentario podía ser sustraído con la finalidad de obstruir las
investigaciones, por acuerdo, ofició de urgencia a la Contraloría General de la
República con la finalidad de que, en coordinación con la Fiscalía de
Prevención del Delito y la Policía Nacional de Puno, recuperaran y pusieran a
buen recaudo el acervo documentario que se encuentra en la Municipalidad
Provincial del Collao- Ilave, acción de la cual se ha hecho caso omiso.
19.- La Policía Nacional actuó correctamente el día 26 de abril, día en que se
llevó a cabo el asesinato del ex alcalde Robles Callomamani; al no usar
indiscriminadamente la fuerza. De no haber sido así, se hubiese producido una
verdadera represión, considerando que aquél día salieron a las calles entre 9
mil a 12 mil pobladores. La represión indiscriminada y el uso de armas de
reglamento hubiese incitado a una mayor tragedia.
20.- La presunta responsabilidad del Representante de la Defensoría del
Pueblo de Puno, PORFIRIO BARRENECHEA CARDENAS, debe ser
analizada dentro de la óptica de la inadecuada aplicación de sus funciones
223
establecidas dentro de los principios generales de la Ley Orgánica de
Defensoría del Pueblo se encuentra que “Articulo 1° la Defensoría del Pueblo
cuyo titular es el Defensor del Pueblo le corresponde defender los derechos
constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, y
supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la
prestación de los servicios públicos” además está facultado, en el ejercicio de
sus funciones, para: Iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte
cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y
resoluciones de la Administración Pública y sus agentes que, implicando el
ejercicio ilegítimo defectuoso, irregular, moroso, abusivo o excesivo,
arbitrario o negligente de sus funciones, afecte la vigencia plena de los
derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad”.
21.- El Representante de la Defensoría del Pueblo de Puno, señor Porfirio
Barrenechea Cárdenas, no realizó una investigación acerca de los actos
irregulares que supuestamente se denunciaban en contra del ex alcalde Robles
Callomamani; en coordinación con Contraloría General de la República. De
ello nacen justamente los desordenes. De su testimonio, tenemos que la
Defensoría tan sólo se limitó a dar aviso a la Región Policial y a la Prefectura
para que intervengan y que después, según manifiesta, han estado al tanto de
cómo se desenvolvían las cosas y que tenían conocimiento desde el primer día
de los hechos y que de ello se derivó varias visitas que han tenido la
participación de la Defensoría del Pueblo, sólo cuando se lo han solicitado. Lo
cual demuestra que nunca actuó de oficio, con la finalidad de prevenir la
tragedia que acabó con la vida del alcalde y para lo cual contaba con las
atribuciones señalada la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
224
22.- El Presidente Regional de Puno don DAVID JIMENEZ SARDON, en
coordinación con la Prefectura, Defensoría del Pueblo y Vicaría de Juli,
trataron de poner solución al tema de Ilave, haciendo una mesa de dialogo con
los dirigentes. Igualmente persuadieron al ex alcalde Robles Callomamani,
convenciéndolo que dejase el cargo por treinta días hasta que concluyan las
investigaciones de Contraloría General de la República. Sin embargo, las
posiciones intransigentes de los dirigentes impidieron la solución efectiva del
conflicto dejando que creciera al problema, al punto de llegar a ser imparable.
23.- El representante del Ministerio Público, Fiscal Provincial de El Collao,
doctor Ciro Alejo Navarro, quien estaba encargado de la provincia del Collao-
Ilave, estando la población en situación de huelga, este magistrado fue
autorizado por el Fiscal Superior encargado de la decanatura, a ser trasladado
a Puno, ausentándose de Ilave, faltando a sus obligaciones, atribuciones que se
encuentran estrictamente señaladas en la respectiva Ley Orgánica: “El
Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como
funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y
los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los
efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social,
así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la
reparación civil. También velará por la prevención del delito dentro de las
limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia de los
órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le
señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la
Nación” .Por lo que se presume la responsabilidad, al igual que del Fiscal
225
Superior encargado de la Decanatura, quien dejó sin representante del
Ministerio Público a la Provincia del Collao-Ilave, a pesar de que la Fiscalía
de Prevención del Delito no actuó de oficio, toda vez que era de publico
conocimiento las amenazas de muerte contra el alcalde. Igualmente
permitieron que las emisoras radiales y televisivas azuzaran a la población.
La desidia o el desconocimiento por parte de este órgano conllevaron a tomar
cuerpo el conato de crisis suscitado en Ilave.
24.- La participación de los Congresistas de la República elegidos por la
Región Puno fue limitada por su falta de ascendencia en la población.
CONCLUSIONES GENÉRICAS
226
1.- Ilave es un caso en el que falsas motivaciones sociales exacerbaron a la
población, culminándose en un asesinato. Es vital para la sociedad destacar los
dos elementos de estos hechos: el reclamo social y el hecho criminal. Ambos
deben ser resueltos separadamente pero con la misma fuerza y dedicación.
2.- Los hechos de Ilave deben ser analizados como un problema local, es decir
las motivaciones se gestaron en él, esto se explica porque un grupo de
regidores de oposición quisieron tomar el poder usando métodos ilegales y no
democráticos. El mal uso de las demandas sociales y, por parte de la oposición
se conectan con hechos criminales.
3.- Los actos de "justicia por mano propia", en este caso el linchamiento, han
sido considerados actos de violencia extrema aplicados de manera simbólica
por la población descontenta contra la gestión de Robles, pero siguen siendo
tema que merece ser estudiado y debatido, sobre todo por la inoperancia de los
mecanismos jurídicos competentes, los cuales plantean ideas de reflexión
sobre el grave y complejo problema ético, social, político y judicial que
plantea el hecho de que la población ilaveña fuera inducida a aplicar dichos
mecanismos.
4.- La forma en que se estructura el Estado peruano, vislumbrada con claridad
a partir de estos acontecimientos, que los hechos solo se han podido dar por la
precariedad de la democracia institucional, la marginación de la mayor parte
de la población en su mayoría rural y la escasa representatividad que otorga el
sistema electoral vigente que afecta la legitimidad de las entidades locales
para gestar gobiernos sólidos.
227
5- A pesar que todas las actividades, incluidos colegios y hospitales, se
encontraban paralizadas, que la comunicación terrestre estaba interrumpida, y
que en otras provincias se producían protestas similares, la respuesta de las
autoridades nacionales (salvo excepciones) fue lenta, inoportuna,
inconsistente, incompleta o, peor, nula. Se evidenció una dramática debilidad
e ineficacia del Estado moderno en el Perú.
6.- El caso de Ilave es una clara muestra de la decepción de la sociedad con la
capacidad de eficacia del Estado, repitiéndose la clásica actitud renuente o
inexistente respecto de la participación de los actores sociales en el ejercicio
mismo del régimen democrático, sea por su carácter elitista de la democracia
peruana, en la que sólo participan quienes detentan posiciones de poder.
7.- La legislación nacional es mayormente elaborada en Lima, generalmente
basándose en experiencias foráneas o la realidad urbana. Nuestra legislación,
incluyendo las reglas electorales, han sido elaboradas en castellano, lo cual
genera un grave problema al momento de ser aplicada a realidades
geográficas como las de Ilave o Ayaviri.
8.- El mecanismo de revocatoria previsto en la actual legislación electoral
resulta ser muy difícil de ser aplicado, pues es lento, oneroso, de difícil acceso
al poblador promedio y a las provincias.
9.- La declaración de vacancia del cargo de alcalde y regidores, así como las
causales establecidas por la legislación electorales son difíciles de aplicar a la
228
realidad nacional, y en casos como el de una autoridad cuestionada,
mecanismos como su renuncia, en la práctica, son imposibles de declarar
contra su voluntad, salvo el caso de muerte o de condena en última instancia
por un delito doloso. Los encargados de declarar la vacancia son los propios
concejales, quienes en muchos casos se encuentran en convivencia con el
alcalde.
10.- Uno de los graves problemas que tiene la Región – y, por ende, el país –
es un “gestión pública deficiente, centralista con clara ausencia de políticas
que potencien las capacidades humanas”, pues no sólo hay una deficiente
gestión y gerenciamiento de proyectos y políticas sociales, sino también la
excesiva centralización post - dependencia económica y política.
11.- Hubo una ausencia o una deficiente actuación de las principales
instituciones políticas del país en la prevención, solución y posterior reflexión
de los acontecimientos suscitados en Ilave. La responsabilidad que le compete
a las organizaciones políticas y las instituciones del gobierno no ha sido
analizada plenamente y no se percibe una capacidad autocrítica ante los
resultados establecidos.
RECOMENDACIONES
229
1.- Urgente acción por parte de la Contraloría General de la República, a fin
de que cumplan con las medidas necesarias que garanticen el apropiado,
oportuno y efectivo ejercicio de control gubernamental, para prevenir y
verificar la correcta y eficiente y transparente utilización de los recursos y
bienes de las Municipalidades Provinciales de El Collao- Ilave y la provincia
de Melgar-Ayaviri, conforme así lo exige la Ley del Sistema Nacional de
Control.
2.- Urgente acción por parte del Ministerio Público a fin de que amplíe las
investigaciones y, de ser el caso, formule las denuncias correspondientes
contra los responsables del crimen y de los daños y perjuicios generados a los
bienes públicos y privados del ámbito territorial de Ilave y Melgar, que
todavía no se encuentran comprendidos, siendo necesario que se remita una
copia del presente informe.
3.- Que se oficie al Ministerio Público a fin de que se determine la
responsabilidad del Fiscal provincial encargado de Ilave, del Fiscal Superior
decano encargado por la presunta inconducta funcional en que hubieran
incurrido al dejar en abandono la provincia del Collao - Ilave.
4.- El gobierno debe establecer, en base a la experiencia ocurrida en Ilave,
mecanismos de actuación y de alerta temprana, donde involucren a todos los
sectores que están comprendidos, a través de una coordinación ejercida por la
un Comité Multisectorial para la Mediación de Conflictos, presidida por el
Presidente del Gobierno Regional respectivo y, eventualmente, la del Prefecto
departamental; y teniendo además como miembros al Fiscal Superior Decano,
230
el Presidente de la Corte Superior de Justicia, el Representante de la
Defensoría del Pueblo, el General más antiguo de las Fuerzas Armadas de la
región y los sectores en conflicto.
5.- Restablecer los mecanismos de inteligencia y desarrollar una legislación
especial de tal manera que pueda existan responsabilidades civiles y penales
para aquellas personas que incurran en hechos de abusos de función, como los
que se dieron en el periodo fujimontesinista, toda vez que se ha corroborado
la presencia de infiltrados vinculados al narcotráfico y al contrabando, así
como reservistas del Movimiento Etno–Cacerista. De esta manera podría
contarse con la información pertinente en alerta temprana para poder actuar
preventivamente.
6.- Establecimiento de un Patrullaje disuasivo de las Fuerzas Armadas, en
coordinación con la Policía Nacional, en zonas de cierta conflictividad
regional. Mayor equipamiento de la Policía Nacional del Perú.
7.- Que el Congreso de la República con la finalidad de garantizar la
gobernabilidad democrática, y con las facultades de legislar, introduzca la
figura jurídica de la segunda vuelta en las elecciones de la autoridades
regionales y municipales, así como el voto preferencial para los regidores.
8.- La figura de la irrenunciabilidad del cargo de Alcalde y regidores debe ser
231
revisada. No es dable que se impida que un alcalde o los regidores puedan
renunciar cuando el propio Presidente de la República puede hacerlo y esta
renuncia será aceptada por el Congreso; tampoco es justo que en ambos casos
llegan por elección popular y los alcaldes y regidores no puedan tener acceso a
la renuncia, sin embargo pueden ser vacados y su vacancia no es honrosa, por
lo que se debe regular la normatividad en este extremo.
9.- Las causales de vacancia deberían ampliarse; las que ahora están
contempladas en la norma no son suficientes. Es posible que haciendo una
combinación entre una exigencia de un quórum mínimo y de una votación
calificada de dos tercios, se pueda modificar las causales de vacancia,
incorporando, además, algunas que tengan que ver con responsabilidad de
orden político, no solamente con la de orden administrativo o funcional.
10.- El Congreso de la República debe modificar el artículo 35 del Decreto
Legislativo 952, permitiéndose que a partir del presente ejercicio fiscal 2004
el Consejo Nacional de Descentralización pueda opinar técnicamente y validar
nuevos conceptos para la distribución del Fondo de Compensación Municipal
(FONCOMUN), que debe elaborar el Ministerio de Economía y Finanzas, a
efecto que se dote de mayores recursos a las Municipalidades ubicadas en
Zonas Rurales a través de una equitativa redistribución de los recursos.
11.- Inmediata expedición de una ley a través de la cual se imponga un plazo
a los Gobiernos Locales para la conformación de los Consejos de
232
Coordinación Local y para la adecuación de las municipalidades de los
Centros Poblados.
12.- Evaluación integral de los mecanismos de revocatoria de autoridades
planteados en la Ley 26300, Ley de Participación de los Derechos
Ciudadanos. Urgente expedición en el Congreso de la nueva Ley de
Participación Ciudadana.
13.- El Congreso de la República debe nombrar una Comisión que investigue
el origen y los casos sobre pedidos de revocatoria que se presentan ante el
Jurado Nacional de Elecciones, cuyas conclusiones deben servir como
elementos de juicio para expedir las leyes electorales que pretenden
modificarse.
14.- Fomento de educación electoral y legal por parte del Jurado Nacional de
Elecciones para enseñar a la población los mecanismos de participación
ciudadana y, de ser posible, este postulado sea contemplado en una ley.
15.- Descentralización del Jurado Nacional de Elecciones, para acabar con la
centralización y el exceso de carga procesal del ente electoral, a fin de aplicar
con prontitud y reflexión las sentencias vinculadas al ámbito de sus funciones.
16.- Desactivación de las Subprefecturas, Gobernaciones y Tenientes
Gobernaciones por duplicar las funciones que se encuentran contempladas
tanto en el Ministerio Público, como el Gobierno Regional y los Consejeros
Regionales y además al existir 35,000 autoridades políticas a nivel nacional
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(25 prefectos, 194 subprefectos, 1828 gobernadores, 33,000 tenientes
gobernadores) señalando que solo los tenientes gobernadores no tienen
remuneración, siendo un alto costo anual mantener estas autoridades que en
realidad no son políticas pues no gozan de la elección popular duplicando así
funciones y que además no son contemplados en la Constitución Política del
Perú, recordando que en la década pasada solo sirvieron para la campaña del
gobierno de turno.
17.- Revisión y modificación de los mecanismos legales y constitucionales
previstos para la solución de conflictos diversos.
18.- Aplicación plena nuestra normatividad del Convenio N° 169 de la OIT, a
fin de que se haga posible que, sólo en lugares habitados por campesinos y
nativos, la aplicación de mecanismos de flexibilidad legal y jurídica a fin de
enmarcar la administración de justicia a los mecanismos de pluralismo
jurídico previstos en el artículo 149 de la Constitución Política del Perú.
19.- De conformidad con el artículo 137 de la Constitución Política del Perú,
el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede
decretar el estado de excepción en la región Puno por un plazo de 60 días, a
fin de reestablecer el orden público y el principio de autoridad, en vista de
que muchos pobladores de Ilave han señalado que la mayoría de ciudadanos
no está a favor de la preservación de la paralización, pero que son obligados
bajo amenazas por los dirigentes que conducen la movilización.
20.- La Ley de Telecomunicaciones o la Ley de Radio y Televisión debería
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contemplar un organismo rector, porque es indispensable que los medios
puedan ser administrados por empresas que manejen la información con
responsabilidad, para poder informar debidamente a la opinión pública y que
esto no pueda ser materia más bien de manejos interesados o de manipulación,
como lo sucedido con el caso de las radios Libertad y Armonía, así como el
caso del Canal 10 de Ilave.
21.- Los partidos políticos deben realizar mayor presencia en todo el ámbito
nacional para contribuir con la formación cívica y democrática de los
ciudadanos y el fortalecimiento de la identidad nacional.
22.- Los líderes políticos locales, regionales y nacionales , en funciones o no,
deben replantear su relación con el ciudadano, a fin de construir una sociedad
responsable, con confianza y respeto mutuos.
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JORGE SAMUEL CHAVEZ SIBINA
COORDINADOR
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ROSA FLORIÁN CEDRON MAXIMO MENA MELGAREJO
MIEMBRO MIEMBRO
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