Cuaderno de Trabajo Nº 4

Informe Sectorial

“Conflicto de Intereses en el

Congreso Nacional”

Alberto Urzúa

Egresado de Derecho

U. Alberto Hurtado

Informe Sectorial Nº 4

Ciudadano Inteligente1

I. Regulación de la transparencia y probidad en la L.O.C. del Congreso Nacional

La función parlamentaria comprende todas las actividades que realizan senadores y

diputados para dar cumplimiento a las funciones y atribuciones que les confieren la Constitución y

las leyes. En términos generales abarca la tarea de representación popular y las diversas labores

políticas que llevan a cabo los senadores y diputados y los comités parlamentarios.

En democracia, respecto a la función parlamentaria, es creciente la exigencia de

transparencia2 y probidad

3 a fin de "inhibir cualquier tipo de comportamiento impropio por parte de

quienes han sido elegidos por la ciudadanía"4. Tanto así que expresamente la Ley Orgánica

Constitucional del Congreso Nacional, en el inciso primero del artículo 5º A, establece que los

diputados y senadores ejercerán sus funciones con pleno respeto de los principios de probidad y

transparencia, en los términos que señalen la Constitución Política, la ley orgánica constitucional y

los reglamentos de ambas Cámaras. Asimismo, el artículo sexto de la Ley sobre Acceso a la

Información Pública obliga al Congreso Nacional a sujetarse al principio de transparencia en el

ejercicio de la función pública5.

Tales deberes han forzado a cada Cámara, a través de la L.O.C. del Congreso Nacional, tener

una Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria6 encargada de velar, de oficio o a petición de

un parlamentario, por el respeto de los principios de probidad, transparencia y acceso a la

información pública, y de conocer y sancionar las faltas a la ética parlamentaria de los miembros de

1 Informe elaborado por Alberto Urzúa Toledo, egresado de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado para la

Fundación Proacceso. Contacto: betourzua@gmail.com

2 El principio de transparencia consiste en permitir y promover el conocimiento y publicidad de los actos y

resoluciones que adopten los diputados y senadores en el ejercicio de sus funciones en la Sala y en las comisiones,

así como las Cámaras y sus órganos internos, y de sus fundamentos y de los procedimientos que utilicen.

3 El principio de probidad consiste en observar una conducta parlamentaria intachable y un desempeño honesto y leal

de la función, con preeminencia del interés general sobre el particular.

4 Chile Transparente: "Comités, organismos y códigos de ética parlamentaria", documento de trabajo Nº 2 de enero de

2008, p.4.

5 Consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos, documentos de la

Administración y fundamentos de los mismos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a

través de los medios y procedimientos que establezca la ley.

6 Cada Cámara elegirá a los integrantes de estas comisiones por los tres quintos de sus miembros en ejercicio. No

podrán formar parte de ellas los miembros de la Mesa de cada Corporación. La comparecencia ante dichas

comisiones será obligatoria para el senador o diputado que hubiere sido citado, previo acuerdo adoptado por los dos

tercios de sus integrantes, en sesión especialmente convocada al efecto. Los reglamentos de cada Cámara deberán

establecer el procedimiento mediante el cual se elegirá a sus integrantes, los tipos de amonestación y el monto de las

multas que podrán imponer y el quórum para sesionar y adoptar sus acuerdos y resoluciones, los que serán públicos

cuando tengan el carácter de definitivos o así lo acuerde la comisión.

sus respectivas Corporaciones.7

Por otra parte las reclamaciones se resolverán en única instancia por la Comisión de Ética y

Transparencia del Senado o de la Cámara de Diputados, según corresponda. Aunque lo dispuesto en

los artículos 24 a 30 y 33 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la

Información de la Administración del Estado no se aplicará al Congreso Nacional ni a sus servicios

comunes.8

La ley Nº 20.285 determina que el Congreso Nacional debe incorporar las normas de

transparencia activa que obligan a los órganos del Estado a publicar en sus sitios Web determinada

información que se encuentra especificada en el artículo 7º de la Ley de Transparencia, pero además

de esa información se le exige publicar particularmente la asistencia de los parlamentarios a las

sesiones de sala y de comisiones, las votaciones y elecciones a las que concurran, las dietas y demás

asignaciones que perciban. A mayor abundamiento, la L.O.C. del Congreso Nacional establece la

publicidad de las sesiones de las Cámaras, los documentos y registros de las mismas, las actas de

sus debates, la asistencia y las votaciones serán públicas. Así también los acuerdos adoptados por

las comisiones y comités parlamentarios, así como los antecedentes considerados en sus sesiones y

la asistencia de los parlamentarios e invitados a las sesiones de las mismas. También serán públicos

los informes de comisión, desde que queden a disposición de la respectiva Sala, los que darán

cuenta de los asistentes a sus sesiones, de sus debates, de los antecedentes y documentos

considerados, de los acuerdos alcanzados y sus fundamentos esenciales y del resultado de las

votaciones, debidamente individualizadas.

Sin embargo, todo lo anterior no resultaría suficiente ya que "El principal problema ético

que se atribuye a la función parlamentaria dice relación con los conflictos de interés, entendidos

éstos como situaciones en los que el parlamentario tiene intereses personales respecto de materias

sobre las que debiese resolver con independencia y autonomía. Por lo mismo, las declaraciones de

interés, ya sea financieros o de otro tipo, representan la herramienta de regulación de la conducta

parlamentaria más relevante, en tanto permiten conocer cuándo un parlamentario se enfrenta a

7 No se pueden deducir reclamos por denegación de información ante el Consejo para la Transparencia en contra del

Congreso Nacional, ya que el Consejo se ha declarado incompetente para conocer de reclamaciones en virtud de que

la ley de transparencia no lo permite.

8 Los reglamentos deberán señalar las autoridades u organismos internos encargados de responder las consultas que se

formulen y el procedimiento a que se sujetarán los reclamos. Sin perjuicio, de las causales establecidas en la L.O.C.

del Congreso Nacional, se podrá denegar la entrega de información en virtud de las señaladas en los artículos 21 y

22 de Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado,

contenida en el artículo primero de la ley N° 20.285.

situaciones complejas.9

En ese sentido, la L.O.C. del Congreso Nacional ha intentado regular esa materia por medio

de la prohibición de promover o votar algún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a

sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el

segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán

participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas,

tengan en el asunto.10

Y también por medio de la imposición a diputados y senadores de la

obligación de efectuar, dentro del plazo de treinta días desde que hubieren asumido el cargo, una

declaración jurada de intereses11

ante un notario de su domicilio o de la ciudad donde celebre sus

sesiones el Congreso Nacional y una declaración jurada de patrimonio, en los mismos términos de

los artículos 60 B, 60 C y 60 D de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de

la Administración del Estado, ante el Secretario General de la respectiva Corporación. Los

diputados y senadores deberán actualizar su declaración de intereses cada vez que se produzca un

cambio en éstos. Además los diputados y senadores deberán actualizar su declaración de patrimonio

entre los sesenta y los treinta días que anteceden a una elección parlamentaria. En ambos casos un

facsímil de las declaraciones deberá ser publicado en los sitios electrónicos de la respectiva

Corporación.

II. Jurisprudencia del Consejo para la Transparencia

En vista de que la ley Nº 20.285 no concede competencia al Consejo para la Transparencia

para conocer de las reclamaciones sobre acceso a la información pública y de que la L.O.C. del

Congreso Nacional recientemente ha incorporado disposiciones en orden a crear en cada cámara

una Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria que resolverá en única instancia de dichas

reclamaciones, es posible a través de la jurisprudencia dictada por el Consejo para la Transparencia

pesquisar ciertos estándares de interpretación que podrían servir de parámetro para la ciudadanía

que desea controlar el ejercicio de la función parlamentaria efectuada por diputados y senadores, así

como el servicio que prestan sus respectivos asesores y que están interesados en el funcionamiento

del Congreso Nacional en general.

9 Chile Transparente: "Comités, organismos y códigos de ética parlamentaria", documento de trabajo Nº 2 de enero de

2008, p.9.

10 No regirá este impedimento en asuntos de índole general que interesen al gremio, profesión, industria o comercio a

que pertenezcan, en elecciones o en aquellas materias que importen el ejercicio de alguna de las atribuciones

exclusivas de la respectiva Cámara.

11 Se entiende por intereses los que sean exigibles para la declaración a que se refiere el artículo 60 de la ley Nº

18.575.

1. Gastos

Al respecto, la decisión A48-09 de 10 de julio de 2009, en sus considerandos:

1) Que en este caso lo solicitado son los gastos del Ministerio Secretaría General de Gobierno efectuados por

encuestas desde el año 2000 a la fecha con sus documentos de respaldo, tales como boletas, facturas o

contratos, información que en principio es de aquella a la que se refieren los artículos 5° y 10 de la Ley de

Transparencia, es decir, información pública, por lo que sólo cabe su denegación en caso de que concurra

respecto de ella alguna causal de secreto o reserva establecida en una Ley de quórum calificado, conforme lo

dispone el artículo 8° de la Carta Fundamental.

6) Que este Consejo Directivo viene en representar al reclamado que, aunque la información solicitada ya no

sea de uso cotidiano y se encuentre obsoleta, al ser información pública debe archivarse y conservarse de una

manera que facilite acceder a ella, para poder responder adecuadamente y según el tenor de la Ley de

Transparencia a las solicitudes de información que se realicen sobre ella. Lo mismo se aplica a los resultados

de las encuestas o estudios, pues una vez finalizado el respectivo periodo presidencial pasarán a ser públicos.

2. Aclaración de dichos

Al respecto, la decisión C454-09 de 19 de enero de 2010, en su considerando:

g) Que, en primer lugar solicita se le aclare las incoherencias que atribuye al Alcalde reclamado. El análisis de

esa pregunta lleva a concluir que no estamos en presencia de una solicitud de información, toda vez que por

ella se pretende que se le den explicaciones respecto de la información ya entregada al reclamante y que éste

estima disconforme con la realidad, por lo mismo ha de estimarse que ésta no se encuentra comprendida dentro

del ámbito de la Ley de Transparencia y no puede servir de base a un amparo del derecho de acceso a la

información pública.

3. Datos personales

Al respecto la decisión A147-09 de 16 de marzo de 2010, en sus considerandos:

15) Que, en consecuencia, en virtud de lo expuesto anteriormente y considerando que los terceros notificados

no se opusieron a la entrega de la información, en la forma en que ya se ha indicado, este Consejo acogerá el

presente amparo con la única salvedad de tarjar o tachar de la información a entregar el RUT y el domicilio de

don Jorge Arrate y doña Adriana Muñoz.

16) Que, a mayor abundamiento, debe hacerse presente que existe un beneficio relevante en dar a conocer la

información requerida, que supera el de mantenerla en reserva, pues se refiere a dos personas de alta

connotación pública, a saber, un ex candidato a Presidente de la República en las últimas elecciones

presidenciales y una Diputada de la República habiendo sido el primero, además, Ministro del Trabajo y

Previsión Social en 1994, cuando se autorizó la desafiliación del nuevo sistema de pensiones regulado por el

D.L. N° 3.500, de 1980.

4. Actas de votaciones

Al respecto la decisión A244-09 de 27 de octubre de 2009, en su considerando:

5) Que precisamente la autonomía sindical de la CUT y el consecuente ámbito de autorregulación con que

cuenta es consecuencia del relevante rol público que tienen las organizaciones sindicales y particularmente

ésta, en atención al alto nivel de representatividad que concentra, la que se constata justamente a través de sus

procesos eleccionarios, en los que intervienen funcionarios públicos — Inspectores del Trabajo— como

ministros de fe, actividad que es financiada con fondos del Estado y cuyas actas prueban la comisión de

servicio del funcionario para dichos fines. Todo lo anterior lleva a que este Consejo estime que el ejercicio del

derecho de acceso a la información orientado a obtener tales actas es una vía para ejercer control social sobre la

actividad de los inspectores, en tanto ministros de fe, y sobre una actividad de la organización sindical —sus

elecciones— que no puede considerarse privada. En consecuencia, resulta manifiesto el interés público de la

publicidad de la información requerida en la especie, que prima sobre las consideraciones que se esgrimen para

mantenerlas en reserva.

Y además la decisión A282-09 de 30 de octubre de 2009, en sus considerandos:

11) Que, por lo tanto, puede concluirse en virtud de la normativa y de la jurisprudencia analizada, que las

organizaciones sindicales no se encuentran obligadas a depositar en las inspecciones del trabajo respectivas

copias de las actas solicitadas por el reclamante, a saber, las de escrutinio o votación y las de instalación de las

mesas electorales. Asimismo, el órgano requerido, en este caso la Dirección Regional del Trabajo de Los Ríos,

no está obligada por ley a recibirlas y a registrarlas en forma alguna, por lo que si la reclamada alega que no se

encuentran en su poder, no puede exigírsele la información requerida, ya que las normas aplicables no le

obligan a tenerla. En estricto rigor, entonces, lo requerido por el reclamante se trataría de información de

carácter privado, pues no se encuentra dentro de ninguna hipótesis de los arts. 5° ó 10 de la Ley de

Transparencia.

12) Que lo anteriormente señalado, esto es, el carácter privado de la información no varía por el hecho de que

un funcionario público que actúe como ministro de fe, presencie las actuaciones sindicales y las certifique, en

conformidad con las funciones señaladas por la normativa y la jurisprudencia administrativa reseñada. La

información, no estando en poder del Estado, no puede ser exigida y aún, si estuviere, se deberían evaluar los

eventuales derechos de los terceros, esto es, las organizaciones sindicales respectivas, lo que no procede en este

caso.

5. Actas del Consejo Municipal

Al respecto la decisión C14-10 de 6 de julio de 2010, en su considerando:

5) Que, a mayor abundamiento, es menester concluir que las actas del Consejo Municipal, en tanto contengan

acuerdos que supongan declaraciones de juicio, constancia, conocimiento o decisión de un órgano

administrativo pluripersonal, en el ejercicio de sus competencias, constituyen actos administrativos (al tenor de

los dispuesto en los incisos 6° y 7° del artículo 3° de la Ley N° 19.880). En ese contexto, cuando estos

acuerdos afectan los intereses de terceros ajenos al servicio u organismo que los dicta, imponiéndole

obligaciones o deberes de conducta o tuvieran por finalidad crear, extinguir o modificar derechos de éstos,

dichas actas deberán mantenerse a disposición permanente del público, a través del sitio electrónico del

Municipio, en calidad de actos con efectos sobre terceros, en los términos del artículo 7°, letra g, de la Ley de

Transparencia, obligación que es directamente fiscalizable por este Consejo, según preceptúa el artículo 8° de

la Ley de Transparencia.

Así también la decisión C109-10 de 1 de junio de 2010, en sus considerandos:

2) Que no se encuentra en discusión, en el caso, la naturaleza pública de las actas del Concejo Municipal, en

virtud de la norma expresa establecida en el artículo 84 de la Ley N° 18.695, cuyo texto fue introducido por el

artículo cuarto de la Ley N° 20.285.

3) Dicha disposición establece que las actas del Concejo serán públicas una vez aprobadas, debiendo contener

éstas, a lo menos, la siguiente información:

a) La asistencia de los Concejales a la sesión respectiva (ordinaria o extraordinaria);

b) Los acuerdos adoptados en la sesión; y

c) La forma como fueron votadas.

Y por último la decisión C593-09 de 16 de abril de 2010, en sus considerandos:

d) Que si bien dichas Actas pudieran tratarse de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una

resolución, medida o política por parte de las autoridades competentes de la Facultad de Derecho de la Casa de

Estudios reclamada, no se ha constatado en el caso que nos ocupa que su comunicación o publicidad afecte el

debido cumplimiento de las funciones de dicho órgano.

e) Que asimismo este Consejo estima que es mayor el beneficio de que se hagan públicas dichas Actas a que se

mantengan en reserva, toda vez que contribuye al debate público y al control social respecto a las

contrataciones vigentes y las respectivas remuneraciones de académicos de una Universidad Estatal, por lo que

en este caso no cabe sino acoger el amparo en dicha parte.

6. Sumario administrativo

Al respecto la decisión A327-09 de 6 de noviembre de 2009, en su considerando:

7) Que tal como ya ha sido acordado al conocer el amparo A47-09 contra la I. Municipalidad de Vitacura, una

vez que un sumario administrativo está afinado el expediente sumarial adquiere el carácter de información

pública de acuerdo a los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, sin que en este caso se hayan invocado

otras causales de secreto o reserva. Por ello no cabe sino acoger el reclamo y requerir a dicha Corporación que

entregue copia de tal sumario a la reclamante y que, en el caso que no cuente con copia de dicha información,

cumpla con lo prescrito en el artículo 13 de la Ley de Transparencia derive esta solicitud a dicha Fiscalía.

7. Listado del personal A327-09

Al respecto la decisión A327-09 de 6 de noviembre de 2009, en su considerando:

8) Que la solicitud del listado actual del personal que trabaja en la Corporación Municipal de San Miguel o lo

hizo entre el 1o de junio de 2007 y hasta el 25 de agosto de este año, sean a nivel central o como dependientes

del departamento de Educación y Salud, recae información que es información pública de acuerdo a lo

establecido en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, e incluso parte de ella es información que debe

publicarse de manera proactiva en virtud de las obligaciones de transparencia activa establecidas en el artículo

7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento, particularmente en las letras d) de cada uno, salvo lo

relativo a la idoneidad, lugar de trabajo y situación actual. En virtud de esto se acogerá el reclamo en esta parte

requiriendo a la Corporación Municipal que informe lo requerido al solicitante y que publique en su página

web aquello a lo que está obligado en virtud del artículo 7° de la Ley de Transparencia y 51 del Reglamento.

8. Currículum y desempeño

Al respecto, la decisión C95-10 de 29 de junio de 2010, en sus considerandos:

7) Que este Consejo ha sentado como principio fundamental que la esfera de privacidad de aquel personal que

trabaja para la Administración del Estado, cuya nómina y remuneración debe publicarse en el sitio web de cada

servicio conforme al artículo 7o, letra d), de la Ley de Transparencia, es más reducida que la del resto de las

personas en virtud, precisamente, de las funciones que ejercen. En refuerzo de esta tesis se ha sostenido que la

Ley N° 19.733, conocida también como la Ley de Prensa, en su artículo 30 califica como hechos de interés

público los referentes al desempeño de funciones públicas. Así se estableció en el caso A47-09, de 15 de julio

de 2009, donde se ordenó entregar copia de un sumario administrativo ya concluido (criterio reiterado en las

decisiones A58-09, de 4 de agosto de 2009 y A95-09 y A327-09, ambas de 6 de noviembre de 2009). De igual

modo, se han considerando públicos los puntajes finales de las calificaciones de los funcionarios, en tanto

―mecanismo de rendición de cuentas no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad, pues se trata de

un procedimiento y de información referente al desempeño de funciones públicas, no a información referida a

la esfera privada de los funcionarios‖ (decisiones A10-09 y A126-09, de 31 de julio de 2009). Idéntico criterio

se ha aplicado respecto de otros instrumentos de medición de desempeño (decisión A323-09, de 20 de

noviembre de 2009) y los registros de asistencia (decisiones A181-09, de 15 de julio de 2009, y C434-09, de 27

noviembre de 2009).

10) Que este Consejo ha resuelto previamente la entrega del currículum vítae de particulares que se hallan en

poder de la Administración del Estado, para lo cual ha considerado el interés público comprometido, la

imparcialidad de los procesos de licitación y concurso y su control por la ciudadanía. Dicho criterio ha sido

sostenido en sus decisiones A204-09 y C501-09, en los siguientes términos:

a) ―10) Que de la revisión de los currículum vítae adjuntos en las propuestas, a la luz de lo dispuesto

por el artículo 4° de la Ley N° 19.628, sobre vida privada, es dable concluir que éstos contienen datos

personales para cuyo tratamiento o comunicación el órgano requeriría de la autorización de su titular.

Sin embargo, encontrándose esta información en el marco de un procedimiento administrativo público

y sirviendo de documentos fundantes de la resolución del mismo, este Consejo estima que dicha

información es pública, toda vez que la individualización del equipo de trabajo del oferente junto a su

experiencia laboral, permiten constatar no sólo las competencias y habilidades del equipo propuesto -

criterios que sirven para determinar al adjudicatario-, sino también la procedencia incompatibilidades

en el equipo de evaluadores, constituyendo el acceso a la información un mecanismo de fiscalización

que asegura la imparcialidad del proceso, configurando un interés público en la divulgación de la

información que este Consejo de proteger‖ (en similares términos la decisión C501-09, de 26 de

febrero de 2010, considerando 8°).

12) Que en ese sentido se ha pronunciado cierta jurisprudencia comparada, resolviendo que no obstante el

currículum vítae representa datos personales de orden confidencial, ―tratándose del currículum vítae de un

servidor público, una de las formas en que los ciudadanos pueden evaluar sus aptitudes para desempeñar el

cargo público que le ha sido encomendado, es mediante la publicidad de ciertos datos de los ahí contenidos. En

esa tesitura, entre los datos personales del currículum vítae de un servidor público susceptibles de hacerse del

conocimiento público, ante una solicitud de acceso, se encuentran los relativos a su trayectoria académica,

profesional, laboral, así como todos aquellos que acrediten su capacidad, habilidades o pericia para ocupar el

cargo público‖ (Instituto Federal de Acceso a la Información Mexicano. Resoluciones 2653/08, 5154/08,

2214/08, 1377/09 y 2128/09).

13) Que son datos necesarios para evaluar las capacidades para el desempeño de las labores encomendadas, las

siguientes: trayectoria académica, profesional, laboral y aquellos que acrediten su capacidad, habilidades o

pericia para ocupar el cargo público.

9. Liquidaciones

Al respecto, la decisión C211-10 de 27 de julio de 2010, en los considerandos:

6) Que, así, la Municipalidad de Codegua, al pagar a sus funcionarios sus respectivas remuneraciones, se

encuentra obligada a entregarles la mencionada liquidación de remuneraciones, documentos que por emanar de

dicho Municipio y encontrarse en su poder, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de

Transparencia, tienen, en principio, el carácter de información pública. Sin embargo, y atendiendo la

información específica que contienen las liquidaciones de remuneraciones tenidas a la vista, es necesario

realizar un análisis detallado de éstas, a fin de determinar la naturaleza pública o reservada de la información

que ellas comprenden.

12) Que, de este modo, la información relativa al periodo pagado, nombre, grado y escalafón del funcionario,

bienios, trienio, fecha de ingreso y los haberes de sus funcionarios y demás personal que presente servicios en

la Municipalidad reclamada, posee indudablemente el carácter de información pública, ya que corresponde a

información que los órganos de la Administración Pública deben informar en sus sitios electrónicos en

cumplimiento de las normas de transparencia activa indicadas precedentemente. Por esta razón, dicha

información, contenida en las liquidaciones de remuneraciones solicitadas, es de carácter público.

15) Que, tanto los días trabajados por cada funcionario como su jornada de trabajo, dicen relación directa con

el desempeño de sus respectivas funciones públicas así como con la contraprestación económica que percibe

por ellas, de tal suerte que esta constituye información que, de ser solicitada, debe ser proporcionada a la

ciudadanía, ya que permiten efectuar un debido control de la función pública y del destino de los recursos

confiados al órgano requerido.

16) [...] Sin perjuicio de lo indicado, la información relativa al pago de horas extras no habituales o

permanentes también tiene el carácter de pública, precisamente porque constituye una contraprestación pagada

con ocasión de la función pública desempeñada, razón por la cual, si una persona solicita información relativa

a esta materia, debe ser proporcionada por el órgano, máxime, cuando esto servirá también para que la

ciudadanía efectúe un control sobre la autoridad en relación al destino que da a los fondos públicos que se

encuentran bajo su administración. De este modo, este Consejo considera que la información que las

liquidaciones de remuneraciones de los funcionarios puedan contener sobre el pago de horas extras debe ser

proporcionada en caso que sea solicitada.

17) Que, respecto del pago de cargas familiares, si bien es cierto que el pago de este beneficio se genera a

partir de un hecho personal y particular del beneficiario –que se otorga a las personas indicadas en la letra b)

del artículo 3° del D.F.L. N° 150/81, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que regula el Sistema Único

de Prestaciones Familiares y que dice relación con el parentesco que posee con un funcionario–, éste constituye

un beneficio social financiado con fondos públicos, de modo que es de interés público conocer si se paga

cumpliéndose los presupuestos previstos al efecto, por lo que, en definitiva, se ha de considerar como

información pública que debe ser proporcionada por el órgano requerido.

23) Que, respecto de la solicitud de información consistente en el reporte del reloj control de horario de la

funcionaria del Departamento de Salud de la Municipalidad de Codegua, doña Hilda Gaete, correspondiente al

periodo comprendido entre abril de 2008 y febrero 2009, ambos meses incluidos, la Municipalidad requerida

no formuló descargo alguno. Que, este Consejo ya se ha pronunciado sobre esta materia respecto de la misma

Municipalidad en la decisión del Amparo Rol C209-10, de fecha 20 de julio de 2010. Al respecto, debe tenerse

en consideración lo dispuesto en los artículos 4°, 15 y 48, letra b), de la Ley N° 19.378, sobre Estatuto de

atención primaría de salud municipalizada; 58, letras a) y d), 61, letra a), 62 y 69 de la Ley N° 19.378; letra a)

del artículo 61 de la Ley N° 18.883, que Aprueba el estatuto administrativo de los funcionarios municipales; y,

el artículo 11 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del

Estado, de los cuales se puede concluir que todos los funcionarios municipales, incluyendo a los de atención

primaria de salud municipalizada, se encuentran obligados a registrar su asistencia a través del sistema que la

autoridad respectiva haya establecido que, en la especie, fue el sistema de reloj control. Ahora bien, la

información relativa a la asistencia de los funcionarios es necesaria para proceder al pago de las

remuneraciones mensuales, ya que es el mecanismo para determinar si se deben efectuar o no descuentos por

inasistencia.

24) Que, los registros de asistencia de los funcionarios públicos poseen el carácter de información pública, y la

Municipalidad de Codegua debería contar con los registros de asistencia del personal de salud, los cuales, a su

vez, deben ser guardados por el tiempo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 5.200, del Ministerio

de Educación, de 1929, las demás normas legales aplicables, así como en las instrucciones impartidas por la

Contraloría General a través de la Circular N° 28.704, de 1981, razón por la cual, el órgano requerido debió

haber proporcionado los registros solicitados.

25) Que, debe tenerse presente que este Consejo ha sentado como principio fundamental que la esfera de

privacidad de aquel personal que trabaja para la Administración del Estado, es más reducida que la del resto de

las personas en virtud, precisamente, de las funciones que ejercen. En refuerzo de esta tesis se ha sostenido que

la Ley N° 19.733, conocida también como la Ley de Prensa, en su artículo 30 califica como hechos de interés

público los referentes al desempeño de funciones públicas. Así se estableció en la decisión de amparo A47-09,

de 15 de julio de 2009, donde se ordenó entregar copia de un sumario administrativo ya concluido (criterio

reiterado en las decisiones A58-09, de 4 de agosto de 2009 y A95-09 y A327-09, ambas de 6 de noviembre de

2009). De igual modo, se han considerando públicos los puntajes finales de las calificaciones de los

funcionarios, en tanto ―mecanismo de rendición de cuentas no sólo ante las jefaturas, sino también ante la

sociedad, pues se trata de un procedimiento y de información referente al desempeño de funciones públicas, no

a información referida a la esfera privada de los funcionarios‖ (decisiones A10-09 y A126-09, de 31 de julio de

2009). Idéntico criterio se ha aplicado respecto de otros instrumentos de medición de desempeño (decisión

A323-09, de 20 de noviembre de 2009), los registros de asistencia (decisiones A181-09, de 15 de julio de 2009,

y C434-09, de 27 noviembre de 2009) y el currículum vítae de algunos funcionarios (decisión C95-10).

10. Ingresos y egresos de la corporación

Al respecto la decisión A327-09 de 6 de noviembre de 2009, en su considerando:

9) Que en cuanto a la petición de los antecedentes que dicen relación con los ―Ingresos‖ y ―Egresos‖ de la

Corporación debe declararse que lo requerido es información pública de acuerdo a los artículos 5° y 10 de la

Ley de Transparencia, y que incluso parte de ella debiera publicarse en virtud de lo establecido en los artículos

7° letra k) y 51 letra k) de la Ley de Transparencia y del Reglamento, respectivamente, dentro del ítem

presupuesto. En efecto, tal como se acordó en la decisión del Reclamo R23-09, contra la I. Municipalidad de

Viña del Mar, los municipios y corporaciones municipales deben cumplir con dicha obligación publicando, al

menos:

a. Presupuesto municipal aprobado por el concejo y modificaciones a éste si corresponde: ingresos y

gastos mensuales,

b. Balance de la ejecución presupuestaria,

c. Estado de situación financiera, indicándose la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha

cumplido efectivamente y

d. Detalle de los pasivos del municipio y de las corporaciones municipales, cuando corresponda.

11. Informes de auditoría

Al respecto la decisión A 57-09 de 18 de agosto de 2009, en su considerando:

13) Que la información sobre el estado de avance y las compras anexas en la remodelación del nuevo Hospital

es pública y debiera encontrarse, por regla general, en el sitio web del Servicio requerido o del que esté a cargo

de las obras, en el enlace correspondiente a compras públicas, caso en que bastaría remitir al solicitante a la

fuente, lugar y forma en que puede acceder a la información requerida, de acuerdo a lo previsto en el artículo

15 de la Ley de Transparencia.