Incluye Portada La Nueva Economía(1)

La Nueva Economa en la Nueva Constitucin del Ecuador


Servicio de Rentas Internas201 5


Servicio de Rentas Internas SRISalinas N17-203 y Santiago, Edif. AlhambraTelfono: (593) 2908578www.sri.gob.ec

Diseo, diagramacin e impresin:Publingraf Industria GrficaTelfonos: 244-2044 / 244-8570www.publingraf.comQuito - Ecuador

ISBN: 978 - 9942 - 07 - 790 - 5

Publicacin de distribucin gratuita. Los contenidos del libro se pueden difundir y reproducir, siempre que sean sin fines comerciales y con la condicin de reconocer los crditos correspondientes refiriendo la fuente bibliogrfica.

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Autores y autoras

Amoroso, Ximena Directora General del Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Andino, Mauro AlejandroViceministro de Relaciones Laborales del Ecuador

Arauz, AndrsSubsecretario General de Planificacin para el Buen Vivir del Ecuador

Carrasco, Carlos Marx

Ministro de Relaciones Laborales del Ecuador

Carvajal, SebastinInvestigador del Centro de Estudios Fiscales del Ecuador

Gori, Esteban deInvestigador del CONICET, Profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de San Martn

Jcome, HugoSuperintendente de Economa Social y Solidaria del Ecuador

Jimnez, JavierInvestigador del Centro de Estudios Fiscales del Ecuador

Long, GuillaumeMinistro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano

Muoz, PabelSecretario Nacional de Planificacin y Desarrollo del Ecuador

Oliva, NicolsDirector del Centro de Estudios Fiscales del Ecuador

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NDICE

Autores y autorasPrlogo: La reflexin econmica en un cambio de poca Ximena Amoroso

Introduccin: Por qu es fundamental estudiar la nuevaConstitucin Econmica en Ecuador?

Alfredo Serrano Mancilla

Captulo IAlgunos aportes del modelo para la configuracin del constitucionalismo del buen vivir Patricio Pazmio Freire

Captulo 2Otra tica para otra sociedad: la del sumak kawsay Ren Ramrez Gallegos

Captulo 3Por qu una nueva economa en una nueva Constitucin? Carlos Marx Carrasco

Captulo 4Los lxicos polticos en la Constitucin ecuatoriana Esteban de Gori y Guillaume Long Captulo 5Nueva poltica tributaria para el cambio de poca posneoliberal Nicols Oliva y Ximena Amoroso Captulo 6El sistema tributario de Montecristi: teora y praxis Javier Jimnez

Pez, Jos Ramn Asesor en la Superintendencia de Economa Social y Solidaria del Ecuador

Pez Prez, PedroSuperintendente de Control de Poder de Mercado del Ecuador.

Pazmio, Patricio Presidente de la Corte Constitucional del Ecuador

Ramrez, Ren Secretario Nacional de Educacin Superior, Ciencia y Tecnologa del Ecuador

Serrano Mancilla, Alfredo Coordinador del Centro Estratgico Latinoamericano de Geopoltica

Ubasart, Gemma Investigadora PROMETEO en la SENPLADES y en FLACSO-Ecuador

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Captulo 7El Ecuador de la Revolucin Ciudadana: ms poltica, nuevo Estado y mejores polticas pblicas Pabel Muoz y Gemma Ubasart

Captulo 8Hacia una Economa Popular y Solidaria Hugo Jcome y Jos Ramn Pez

Captulo 9Riesgos desatendidos del rgimen de dolarizacin Sebastin Carvajal

Captulo 10El proceso constituyente en Ecuador y la disputapor la construccin de un rgimen de acumulacin alternativo Pedro Pez

Captulo 11Cambio de la matriz productiva Andrs Arauz

Captulo 12El trabajo como centralidad social y econmica en el cambio de paradigma Mauro Alejandro Andino Alarcn y Carlos Marx Carrasco

Captulo 13Insercin econmica del Ecuador en el mundo Alfredo Serrano Mancilla

Bibliografas

Prlogo La reflexin econmica en un cambio de poca Ximena Amoroso

Que se vayan todos! es una exhortacin que denota un profundo desgarro interior. Es el grito del desahuciado, tambin de la desesperanza y de aquel que ya solo puede aspirar a un resquicio de solitaria dignidad. Ecuador, un

pas donde lo comunitario alcanza una expresin propia y sublime, clam una vez con ese grito unnime: Que se vayan todos!. Tal era el desplome moral y el descrdito de la clase llamada a conducir el timn de los intereses colectivos, tal fue (prohibido olvidar!) el rumbo de la patria en un tiempo que se escriba en letras minsculas.

En nombre de viejos postulados de la economa (como por ejemplo, el uso eufe-mstico del libre mercado o la seguridad jurdica para la tasa de ganancia del capi-tal), el pueblo ecuatoriano sufri el saqueo de sus recursos naturales, econmicos, monetarios y sociales, conoci el desarraigo y padeci la expulsin y la explota-cin de su fuerza de trabajo al servicio de los oligarcas de siempre. La aplicacin de recetas impuestas y falsos consensos fue un golpe fatal para la autoestima de un pueblo condenado a habitar un patio trasero, el botadero de las externalidades negativas de la cultura dominante.

Que se vayan todos, sin embargo, no expresa una resignacin fatalista sino que re-presenta el coraje de un pueblo, un grito de libertad, una consigna para un Cam-bio de poca. En efecto, a la encendida indignacin popular le sigui un gran rechazo electoral a la vieja partidocracia, eligiendo a la Revolucin Ciudadana como otra forma de hacer poltica, al mismo tiempo que surga un proceso cons-tituyente alumbrado por las ideas de participacin, soberana y justicia social que fragu en la feliz Constitucin de Montecristi. Un hito histrico que en el plano

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econmico supuso una ruptura decisiva con las ataduras del pensamiento ni-co de corte neoliberal y su renovacin por postulados econmicos heterodoxos, propiamente ecuatorianos, abiertos a la multiculturalidad y la diversidad que es lo propio del mapa gentico ecuatoriano. Una diversidad que nunca ms puede ser la justificacin de la desigualdad folclrica: el Buen Vivir se hace con todos y para todos, o no podr llamarse Buen Vivir. As, y frente a la obscena supremaca del capital, Montecristi el sistema econmico que encarna, propende a una relacin dinmica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado. Frente a la inicua economa de mercado, el Estado ecuatoriano tiende una mano visible y conciliadora al capital productivo comprometido con los objetivos de desarrollo en equidad, que es lo propio del sistema econmico constitucional, social y solidario.

Un balance ecunime de los aos de la Revolucin Ciudadana que inician con el proceso constituyente tendra que evidenciar que en la senda recorrida los cla-ros superan ampliamente a los oscuros. Son precisamente estos oscuros los que constituyen los prximos desafos, pero siempre partiendo del cambio de poca en marcha, de tal manera que todo lo logrado sirva como cimiento y trampoln para continuar con las transformaciones pendientes y las tensiones que amenazan las conquistas alcanzadas; y partiendo de que son varios los desafos que an debe abordar el Estado. Lograr la irreversibilidad es el gran objetivo estratgico: prohi-bido olvidar y prohibido volver atrs a la vieja y fra noche neoliberal.

El libro que el atento lector tiene entre sus manos es un esfuerzo colectivo de hombres y mujeres comprometidos para que la Constitucin de 2008 sea ms que simple retrica bienintencionada, personas cuyo trabajo ha contribuido a las transformaciones logradas en este tiempo y que tambin enfrentan las contra-dicciones propias del ejercicio de gobierno la contradiccin no existe cuando las decisiones vienen dictadas desde afuera, burlando los cauces democrticos, pero que se mantienen convencidas del poder transformador de lo pblico. En estas pginas, dedicadas a la reflexin crtica sobre las bases econmicas de la Constitucin de Montecristi, han querido compartir sus ideas sobre lo que co-nocen y hacen, y sobre lo que queda por hacer. Recibmoslas propositivamente, quiz entre ellas se avizore la senda de la continuidad hacia el desarrollo con equidad y justicia social; las claves para profundizar el Cambio de poca. Aquella que se escribe con trazos firmes y de la que maana se escribir en maysculas.

Introduccin

Por qu es fundamental estudiar la nueva Constitucin Econmica en Ecuador?

Alfredo Serrano Mancilla

Podra parecer tarde, dado el tiempo que ha transcurrido desde que se apro-b con amplio respaldo popular la nueva Constitucin de la Repblica del Ecuador en el ao 2008. Pero no lo es, porque estudiar la Constitucin exige un tiempo suficiente para ver cmo esta discurre y camina, se interpreta, se

desempea, salta obstculos, previstos e imprevistos, se reacomoda, se revitaliza, se retroalimenta, se proyecta, se consagra, se reapropia del imaginario ciudadano. Ms bien se podra decir que an es poco el tiempo transcurrido para conocer riguro-samente la Constitucin Econmica y el efecto real que ha tenido sobre el Buen

Vivir de los ecuatorianos. Es escaso el tiempo, pero es verdaderamente obligatorio este ejercicio de realizar una primera aproximacin a lo que supone este nuevo pacto social que ha permitido refundar al pas. Es indispensable llevar a cabo este anlisis sobre la Constitucin Econmica como cambio de paradigma econmico, con el fin de poner punto final a una poca para refundar una nueva; para enterrar

la larga y triste noche neoliberal, y para que seguidamente se inaugure un nuevo horizonte estratgico posneoliberal. Se hace realmente imprescindible acercarse a este texto, a esta Carga Magna, no como un documento jurdico, sino poltico, con vida propia, que cristaliza la correlacin de fuerzas sociales, culturales, histricas, polticas y econmicas en un momento determinado, que define un nuevo marco

de convivencia con nuevos objetivos, con pretensiones de instaurar un nuevo orden econmico que modifique definitiva e irreversiblemente el sistema injusto heredado

por la poca neoliberal.

La llegada de la Revolucin Ciudadana en Ecuador, encabezada por el Presidente

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Rafael Correa, supuso un cambio desde la refundacin constitucional, con una nueva propuesta para abrir un cambio de poca posneoliberal, disputando un nuevo sentido comn econmico, con horizontes renovados, con un nuevo re-lato econmico, abriendo un proceso de transformacin estructural, con otros fines estratgicos; y siempre sin descuidar la forma en que se deben resolver, en

la forma ms inmediata posible, aquellos problemas sociales heredados, que acu-ciaban al pueblo ecuatoriano en el momento de partida de este nuevo proyecto poltico, social y econmico.

La nueva Constitucin ha sido en la historia reciente ecuatoriana un pacto so-cial que demanda otra economa, una economa anclada definitivamente en un

objetivo fundamental (tal como define el artculo constitucional 275): El r-gimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinmico de los sistemas econmicos, polticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realizacin del buen vivir, del sumak kawsay. Seguidamente, el artculo a continuacin detalla otros objetivos claves para el nuevo rgimen econmico: Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencia-lidades de la poblacin en el marco de los principios y derechos que establece la Constitucin; Construir un sistema econmico, justo, democrtico, producti-vo, solidario y sostenible basado en la distribucin igualitaria de los beneficios

del desarrollo, de los medios de produccin y en la generacin de trabajo digno y estable, y la bsqueda del buen vivir de todos los ecuatorianos.

Pero este libro no tiene como objetivo un relato jurdico, y en formato esttico, de aquello que proclama la Constitucin en el mbito econmico; para ello, es fcil leer el texto. Este libro ms bien procura acercarse a la Carta Magna como una propuesta poltica, en lo econmico, como una hoja de ruta para Ecuador, que lue-go de haber transcurrido un tiempo significativo aunque an insuficiente nos

permite hacer un primer balance, desde una visin holstica e integral, con sus con-tradicciones, con las propias tensiones de cualquier proceso de cambio en marcha.

El Centro de Estudios Fiscales (CEF), dentro del Servicios de Rentas Internas (SRI), en el marco de la transicin para constituir una escuela de pensamiento econmico, ha dado un paso al frente en este complicado y necesario desafo, y

lo aborda desde mltiples miradas en lo econmico, dando como resultado este libro acerca de La propuesta econmica constitucional en Ecuador.

Son aos en los que el mundo, una vez ms, considera que estamos inmersos en una crisis sistmica del capitalismo; los postulados neoliberales van perdiendo todo tipo de credibilidad y legitimidad porque ni pudieron (ni quisieron) anticipar esta crisis, ni tampoco buscaron cmo salir de ella sin que sea a costa de la mayora social en todo el mundo. Al mismo tiempo, buena parte de Amrica Latina camina en senti-do opuesto al de la ideologa neoliberal, y precisamente por ello la regin se ha con-vertido en estos tiempos difciles en una referencia para navegar a contracorriente del statu quo en lo econmico, paliando la deuda social de la mayora ciudadana. En este contexto, en el que se produjeron tambin otras refundaciones constitucionales (como Venezuela y Bolivia), Ecuador es uno de los grandes ejemplos del cambio

de poca posneoliberal a favor de las mayoras. Por tanto, es el momento, justo y necesario, de hacer este esfuerzo de analizar, explicar y discutir la propuesta eco-nmica constitucional en Ecuador, para Ecuador, para Amrica Latina, y tambin para el mundo. Para ello, este libro se presenta modestamente como una propuesta de libro blanco para seguir leyendo y seguir escribiendo hacia delante y hacia futuro cmo sigue viviendo esta Constitucin Econmica del Ecuador a lo largo del siglo XXI. Se trata de un intento de poner a pensar a un conjunto de intelectua-les-acadmicos-polticos-militantes para abrir ventanas que nos permitan contribuir a dar a conocer qu propone econmicamente una Constitucin, la ecuatoriana, que sigue teniendo una gran importancia para el pas, pero tambin para la regin, y para otros rincones del planeta.

La idea no es ms que ayudar a entender la propuesta econmica constitucional del Ecuador desde muchas aristas; desde una mirada constitucionalista (Patricio Pazmio; Presidente de la Corte Constitucional); desde la problematizacin del Buen Vivir (Ren Ramrez, Secretario Nacional de Ciencia, Tecnologa y Educa-cin Superior); desde lo que supone un cambio de paradigma econmico pro-puesto en la nueva Constitucin (Carlos Marx Carrasco, Ministro de Relaciones Laborales); desde la resignificacin del Estado (Ximena Amoroso, Directora Ge-neral del Servicios de Rentas Internas, y Nicols Oliva, Director del Centro de Estudios Fiscales); desde una discusin de la poltica tributaria (Javier Jimnez,

Servicios de Rentas Internas); desde una explicacin del Estado y la poltica pblica (Pabel Muoz, Secretario Nacional de Planificacin y Desarrollo, y Gemma Ubasart,

investigadora del tema); desde la propuesta de economa popular y solidaria (Hugo Jcome, Superintendente de Economa Popular y Solidaria, y Jos Ramn Pez, ase-sor especialista en la cuestin); desde la exploracin de la poltica monetaria (Sebastin Carvajal, investigador del Centro Estudios Fiscales); desde la disputa por el rgimen de acumulacin (Pedro Pez, Superintendente de Control de Poder de Mercado); desde el desafo del cambio de la matriz productiva (Andrs Arauz, Subsecretaria General de Planificacin para el Buen Vivir); desde la discusin del trabajo como

centralidad econmica (Carlos Marx Carrasco, Ministro de Relaciones Laborales, y Mauro Andino, Viceministro de Relaciones Laborales); y finalmente, desde el anlisis

de la situacin del Ecuador a nivel internacional (Alfredo Serrano Mancilla, investiga-dor sobre el tema).

16 17 Patricio Pazmio Freire

Captulo 1

Algunos aportes del modelo para la configuracin del constitucionalismo ecuatoriano del Buen Vivir Patricio Pazmio Freire

1. Introduccin

Cul es la trascendencia poltica y jurisdiccional que podemos encontrar desde la vigencia de los contenidos econmicos del constitucionalismo del Buen Vivir? Podemos afirmar que uno de sus efectos sustantivos fue ampliar y consolidar el

catlogo de derechos en su dimensin unitaria, indivisible e interdependiente, ma-terializando, de manera eficaz, la vida digna. De esta manera, la validez de los derechos

conocidos como econmicos y sociales implica no solo una obligacin positiva de ac-tuacin del Estado, sino que adicionalmente resulta imperativo un manejo adecuado de la economa de polticas redistributivas, tributarias progresivas, presupuestarias planificadas y de endeudamiento transparente y sostenible, sin que esta poltica

pblica, por supuesto, implique una precondicin programtica restrictiva del goce efectivo de los derechos.

En el marco del proceso de construccin del paradigma del constitucionalismo del Buen Vivir en Ecuador, la economa, y la subsecuente gestin y diseo de la poltica

pblica en esta esfera, se ha disciplinado constitucionalmente con el propsito de dirigir al Estado y la sociedad ecuatoriana hacia un efectivo goce de derechos; por tanto, camino a la consolidacin del Estado constitucional de derechos y justicia. Es parte de esta reflexin una breve aproximacin a las principales caractersticas

de los modelos de organizacin y gestin econmica del Ecuador, destacadas en algunas cartas constitucionales, por un lado, confrontndolas, y, por otro lado,

Patricio Pazmio Freire18 19

articulndolas en continuidad y desarrollo de la nueva perspectiva de la Constitucin Econmica. Es en esta lnea de reflexin que aqu se propone un anlisis de jurisprudencia

constitucional reciente, que recrea este proceso del cambio de matriz en la cul-tura jurdica, concluyendo con una lectura de contenidos de algunos pronun-ciamientos de la Corte Constitucional respecto a la constitucionalidad de los tratados de proteccin de inversiones. Con esto, el trabajo quiere presentar a los lectores algunos componentes sustantivos logrados y que configuran aspectos

medulares del an incipiente constitucionalismo del Buen Vivir en Ecuador.

2. Entre el protagonismo del mercado o del Estado en la economa

Con el fin de la dictadura militar encabezada por Rodrguez Lara, sucedido por

la Junta Militar que orden las comisiones de juristas que elaboraron el diseo institucional plasmado en la Constitucin de 1978, legitimada por referndum popular, se marc el regreso del Ecuador a la vida democrtica. Sin embargo, la democracia no ha sido pacfica en estos 36 aos, debido a constantes avances y

retrocesos caracterizados por pugnas de poder, orquestadas por los grupos do-minantes que han encontrado en el diseo institucional de cada momento his-trico-constitucional, un nicho para la realizacin de sus particulares fines.

Por lo sealado, es menester describir la evolucin normativa de la planificacin

desde los tres ltimos cambios constitucionales, y verificar la tendencia poltica e

intereses econmicos que cada uno de ellos ha cobijado.

3. Las reformas constitucionales entre 1978-1998

El retorno al orden constitucional democrtico en 1978 desencaden una pola-rizacin de la sociedad ecuatoriana, pese a que el nuevo orden fue aprobado por mayora en referndum. En este contexto se iniciaron los primeros enfrentamien-tos desde las trincheras polticas y las facciones que organizaban la resistencia.

Dicho escenario de oposicin se encontraba en el campo econmico liderado por la derecha, de un lado, y las nuevas estructuras de poder generadas por polticas

desarrollistas en el gobierno de facto, por el otro. No obstante, el oficialismo

mayoritario de la poca contaba con una organizacin planificada que, desde el

gobierno, convirti el rol del Estado gracias a plenas facultades como interventor y regulador de la economa (Paz y Mio & Pazmio, 2008: 36).

La nueva Constitucin (1978) introdujo en la poca importantes innovaciones, como el establecimiento de una economa de planificacin del mercado, con el

objetivo de materializar la equidad y redistribucin de la riqueza. Transform la Junta Nacional de Planificacin en el Consejo Nacional de Desarrollo, des-plegando un rol importante en el ordenamiento territorial y en la generacin de polticas de articulacin espacial, y desarrollo regional basndose en la integra-cin econmica, articulada en un plan de desarrollo (1985-1988) que involucr al sector comunitario o de autogestin, adems de los clsicos sectores pblico, privado y mixto (Rodrguez, 2000: 185).

Se ubicaron los factores productivos en el sector pblico, trasladando a este la titularidad exclusiva del sector hidrocarburfero y de recursos no renovables en general, as como los servicios pblicos bsicos, entre los cuales ya se incluan los de telecomunicacin. Destaca el rol que desempea la planificacin centralizada

de la gestin pblica para el desarrollo de los derechos econmicos, sociales y culturales, as como el potenciamiento de los mecanismos de participacin directa relacionados con la consulta popular, iniciativa de proyectos legislativos y el sufra-gio universal (Paz y Mio & Pazmio, 2008: 37).

La Constitucin de 1978 marca un hito en el pas al demostrar que el Estado puede asumir un papel trascendental para lograr cambios sociales significativos,

a diferencia de la Constitucin de 1998, que impulsa un esquema de desarrollo y beneficios privilegiados para las lites econmicas.

Pero los cambios sociales que se concretaron en cada uno de estos momentos polticos no fueron producto de la concesin filntropa de las lites dominantes,

sino el resultado de arduas jornadas que contaron con la intervencin de grupos sociales que demandaban el reconocimiento de sus derechos. Es menester destacar, por ejemplo, al movimiento indgena que logr el reco-


nocimiento constitucional de 1998. Ya antes, en 1938, haba obtenido carnet de identidad social su organizacin comunitaria con la expedicin de la Ley de Comunas, donde se reconoci por primera vez a estos grupos sociales como la ms generalizada forma de organizacin en las zonas rurales de la serrana, con sus autoridades y estructura propias.

En la misma lnea, los movimientos sindicales de trabajadores asalariados consi-guieron reconocimiento de derechos laborales con la expedicin del Cdigo de Trabajo en el mismo ao 1938, lo que evidencia la importancia de los gremios en la dinmica del debate poltico, al mismo tiempo en que se declaraba la educacin gratuita como un derecho.

4. El Estado al servicio del mercado

La dcada de los noventa es crucial para el mundo econmico, con la derecha de regreso al poder unipolar. Apartndose de las inclinaciones progresistas im-plementadas en trminos sociales, la Constitucin de 1998 emprendi un largo descenso hacia el modelo de un Estado adecuado a la economa social de mer-cado, apartndose de los preceptos constitucionales de gestin desde un sistema nacional de planificacin (Nez Santamara, 2012: 345). A pesar de que esta

Constitucin asumi un ropaje progresista al haber incorporado un conjunto de derechos de los pueblos indgenas, como la administracin de justicia indgena y los derechos difusos o ambientales que posteriormente no fueron objeto de desarrollo normativo legal, incluy las normas que consolidaron el modelo neoliberal de economa, poltica y derecho.

El modelo implement la reestructuracin del andamiaje social y del sector pblico para garanta y privilegio del libre mercado y la libertad de empresa, provocando una drstica reduccin del Estado, aislndolo de las atribuciones y competencias con las que contaba a la luz del antiguo rgimen constitucional en lo concerniente a la regulacin del mercado (Paz y Mio & Pazmio, 2008: 38).

Este modelo configur la liberalizacin de los medios de produccin y la mercantilizacin del trabajo, la privatizacin del sector pblico en beneficio

de las lites propietarias y el capital, as como el progresivo endeudamiento externo y aplicacin de las polticas de ajuste estructural, dictadas por el Consenso de Washington, lo que se consolid en un diseo poltico ins-titucional que legitim un sistema econmico excluyente, concentrador y altamente inequitativo.

Los efectos fueron diversos: desde restricciones y debilitamiento de la or-ganizacin institucional del Estado a favor de la liberalizacin y privati-zacin de los servicios, la economa y los derechos, y el endeudamiento agresivo con prdida total de soberana econmica por el sometimiento a las polticas del ajuste estructural, hasta la bsqueda de inversin extranjera debidamente blindada y a cubierto con los tratados de proteccin de las inversiones. Toda la ofensiva neoliberal se mostr incapaz de articular res-puestas creativas desde la estatalidad para atender mnimamente a las cada vez ms crecientes demandas sociales, laborales y ciudadanas en general.

5. Es eficaz la proteccin de los derechos econmicos y sociales cuando

el mercado es el centro del desarrollo y la desregularizacin es el papel del

Estado?

La planificacin y la programacin constituyen un modo de ser del Estado en su uni-dad, que afecta profundamente su actividad, estructura y procedimientos, su organizacin, personal y tcnicas de accin. Faya Viesca, 1981

La planificacin es una actividad reservada a las esferas directivas de la admi-nistracin, y surge como una herramienta que permite responder al inters pblico en tanto atiende las demandas de la colectividad (Faya Viesca, 1981: 58). Sin embargo, el diseo institucional que caracteriz la Constitucin de 1998 se apart del deber de cumplir con el establecimiento de las directrices macroeconmicas y mantuvo al margen de la agenda poltica la participacin de los grandes conglomerados sociales, eliminando el CONADE, mximo rgano de planificacin del perodo anterior. As se confirmaba y aseguraba normativamente una paulatina disminucin y desmantelamiento del aparato


estatal de planificacin (Rodrguez, 2000: 186).

La disputa que el neoliberalismo emprendi en contra de la planificacin no fue

una disputa tcnica sino poltica. Al encontrar que la planificacin implicaba la

racionalizacin y regulacin del sistema por fuera de las decisiones individuales del mercado, se advirti su inconveniencia para el modelo liberal dominante, como un atentado al concepto de libertad (Dvalos, 2008).

La inclinacin por el neoliberalismo o Estado social de mercado en el diseo institucional de la Constitucin de 1998 someti la planificacin a las mareas que

generaba la garanta de la libre competencia, fundamentando la convivencia social en las libertades individuales, equiparando la democracia a los mercados competi-tivos. El ms claro reflejo de esto en el pas fueron la Ley para la Transformacin

Econmica, tambin conocida como Ley Trole I, y la Ley para la Modernizacin del Estado o Ley Trole II, que permitieron avanzar en el proceso de la privatiza-cin y concesin de empresas pblicas buscando la inversin extranjera (Bedn

y Cadena, 2003: 15).

En sntesis, mientras la carta constitucional de 1978 daba continuidad a las ten-dencias desarrollistas de los aos anteriores, modelando un Estado intervencio-nista en la esfera econmica, estableciendo un trascendental desempeo de la planificacin, vinculante e indicativa para el Estado y el sector privado, respectiva-mente, en cambio la Constitucin de 1998 adopt sucesivamente, cual tren bala, polticas y dispositivos legales que promovieron reformas para no solo debilitar, sino incluso eliminar todo vestigio del sistema de planificacin.

6. El nuevo enfoque de la economa y el mercado en la Constitucin de 2008

Anteriormente, era el mercado el que marcaba el ritmo de la agenda del Esta-do. La nueva Constitucin de 2008, que expresa grandes acuerdos democrticos, cambia la perspectiva, invierte el orden de las prioridades estatales y sociales. Es el Buen Vivir el nuevo horizonte del Estado, el paradigma por descubrir y construir.

De acuerdo a nuestra Constitucin, el ms alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitucin.Esta nueva visin tambin se encuentra impresa en el horizonte constitucional a

travs del rgimen de desarrollo. As, los constituyentes determinaron la existen-cia de lneas mnimas para utilizar los sistemas econmicos, polticos, socio-cul-turales y ambientales para garantizar los derechos del Buen Vivir (art. 11.9 de la

Constitucin de 2008).

Dnde se ubica el mercado cuando el objetivo es el Buen Vivir? Para atender esta

inquietud debemos partir del aserto de que estamos impedidos de asumir una po-sicin eminentemente utilitarista que desconozca los derechos. La Constitucin de Montecristi prescribe que el mercado y la gestin del Estado deben articularse para alcanzar objetivos sociales que hagan efectivo el Buen Vivir (Grijalva, 2013: 85). La

Constitucin elimina el canibalismo neoliberal y aquellas tesis que argumentaban que el mercado era un orden espontneo que no poda ser controlado como sostena Hayek (2011), trasladando el enfoque principal hacia el ser humano en una relacin de interculturalidad y en convivencia armnica con la naturaleza (Acosta, 2009: 20).

En congruencia con esto, la propiedad tiene funcin social y ambiental (art. 66.26), y se busca la inclusin de la economa informal representada por los

comerciantes y artesanos. Esto implica un cambio respecto a la economa social de mercado que se haba propuesto en la Constitucin anterior, y que ahora se transforma en una economa social solidaria, inspirada en la cosmo-visin de los pueblos originarios cuyo eje central de la economa es la vida (Len, 2009: 63-64).

Este nuevo ordenamiento supralegal, mandatorio sobre el carcter y naturaleza del mercado es, a no dudarlo, uno de los elementos fundamentales del constitu-cionalismo del Buen Vivir. As se disciplinan constitucionalmente los factores de

poder, otrora dominantes, del mercado y la economa ecuatoriana, para ponerlos al servicio de la gente a travs de la garanta, proteccin y eficacia de los derechos

constitucionales. Adicionalmente, recordando la terrible crisis bancaria de fines de

los noventa, el nuevo ordenamiento constitucional de la economa y el mercado establece parmetros mnimos para enfrentar y prevenir crisis econmicas, con el afn de no desatender los derechos constitucionales, tambin con una previsin de futuro (Embrid, 2012: 144-145).


7. El nuevo rol del Estado

El papel que juega el Estado no puede reducirse a un simple abstencionismo, sino que debe ser activo y vigilante para que el mercado sirva para cumplir los objetivos sociales, con interculturalidad y avenencia con la naturaleza. Para lograr este rol, el Estado ecuatoriano debe cumplir con cuatro funciones (Grijalva, 2011: 25-27):

1) Planificacin estructurada: el Estado debe articular un Plan de Desarrollo

que preste servicios pblicos que, eficiente y eficazmente, permitan el pleno

ejercicio de derechos (de ah la importancia de la gestin coordinada y efi-ciente; ver Nez, 2012: 340).

2) Gestin de sectores estratgicos: por la importancia que tienen estos sectores en el bienestar de la poblacin le corresponde al Estado administrar, regular, controlar y gestionar la energa, las telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte y refinacin de hidrocarburos, biodiversidad, patrimonio

gentico, espectro radioelctrico y agua.

3) Inclusin del sistema econmico: el que estar compuesto por formas de organizacin econmica pblica, privada, mixta, popular y solidaria, inclu-yendo organizaciones que antes eran consideradas como informales, tales como sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.

4) Priorizacin de la produccin nacional: con lo cual, para enfrentarse a la competencia desleal, el Estado puede ejercer un control de precios que priorice la participacin de la produccin nacional, puede sancionar el monopolio u oligopolio privado y el abuso de posicin de dominio del mercado.

8. Rgimen de desarrollo

Para que el objetivo del Buen Vivir sea efectivo se ha previsto, constitucionalmente,

la creacin de un sistema nacional de inclusin y equidad social. Este se compone de un conjunto de polticas, normas, programas y servicios para la garanta de los derechos y el cumplimiento del rgimen de desarrollo. El sistema se articula con el

Plan Nacional de Desarrollo y el sistema nacional descentralizado de planificacin

participativa. El Plan Nacional de Desarrollo debe abarcar parmetros mnimos que son:

1) Soberana alimentaria: para asegurar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades accedan autosuficientemente a alimentos sanos, respetando la

visin de interculturalidad.

2) Soberana econmica: que a su vez orienta un sistema econmico social y solidario; una poltica fiscal dirigida al financiamiento de servicios y bienes pblicos, la efectiva

redistribucin de la riqueza y la generacin de incentivos para la produccin de bienes y servicios socialmente necesarios y ambientalmente aceptables; un endeudamiento pblico solo cuando sea estrictamente necesario y que no afecte a los derechos del Buen Vivir, soberana ni naturaleza; un presupuesto general del Estado que establece

preasignaciones presupuestarias para sectores como la salud, educacin, educacin superior, investigacin, ciencia, tecnologa e innovaciones; un rgimen tributario que promueve la redistribucin de la riqueza y a la vez estimule el empleo digno, produc-cin de bienes y servicios con responsabilidad ecolgica, social y econmica; una po-ltica comercial enfocada en dinamizar al mercado interno e insertar estratgicamente al Ecuador en la economa mundial; un sistema financiero concebido como servicio

pblico que se enfoque en el desarrollo de los objetivos sociales del pas; sectores estratgicos, servicios y empresas pblicas donde el Estado maneje la administracin, regulacin, control y gestin de las telecomunicaciones, recursos naturales no reno-vables, transporte y refinacin de hidrocarburos, biodiversidad, patrimonio gentico,

espectro radioelctrico y agua.

3) Trabajo y produccin: en donde se reconocen como formas de organizacin de la produccin a las comunitarias, cooperativas, empresariales pblicas o privadas, asociativas, familiares, domsticas, autnomas y mixtas; se reconoce la propiedad en sus formas pblica, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mix-ta y que cumplan una funcin social y ambiental; se reconoce como formas de trabajo todas las modalidades en relacin de dependencia o autnomas; se busca democratizar los factores de produccin promoviendo el acceso equitativo de factores de proteccin. En cuanto al intercambio econmico y comercio justo,


el Estado intervendr cuando sea necesario en las transacciones econmicas para evitar la explotacin, usura, acaparamiento, simulacin, intermediacin especulativa de bienes y servicios que puedan perjudicar a la colectividad; y el ahorro e inversin proteger el ahorro interno para la inversin productiva del pas e incentivar el retorno del ahorro de los migrantes.

9. El mercado como medio y el Buen Vivir como fin

Cul es la finalidad de una economa en relacin con los derechos del Buen

Vivir? No existe combinacin ms cercana entre economa y dignidad que la

propuesta constitucional del Plan Nacional del Buen Vivir. Siempre la teora

social, y los modelos institucionales democrticos y el consenso han buscado poner las cosas en su lugar y definir el papel del Estado, la economa, el rol

del ciudadano y la democracia. En ese sentido se han ensayado a lo largo de la historia todo tipo de combinaciones: el Estado al servicio de la libertad y el liberalismo, el Estado al servicio de las libertades individuales y el mercado, el Estado y mercado al servicio del individuo y, parcialmente, de lo social; y, ahora, el Estado, mercado y sistema internacional al servicio del Buen Vivir.

La ltima propuesta es la de los constituyentes ecuatorianos y puede ser cali-ficada como desafiante e inocente a la vez. Es desafiante porque busca poner

controles a las fuerzas salvajes del mercado y a la galopante globalizacin sin conciencia sobre la dignidad. Segn Ricardo Sann, es inocente porque plantea las siguientes cuestiones:

Puede una Constitucin alterar la gigantesca balanza de poder mundial y los intereses que la determinan?... Puede una Constitucin pararse frente al consenso de Washington? Ante el sistema jurdico a la OMC y el Consejo de Seguridad de la ONU? Parece un fsforo prendido en una tormenta elctrica. La sonrisa de un nio a punto de calcinarse en medio de bombas inteligentes (Sann, 2012: 17).

Esta propuesta se enfrenta a tantos retos. Aqu nos referiremos al control de constitucionalidad de instrumentos internacionales de inversin que contradicen la finalidad de servir a la dignidad individual y colectiva.

Los inversionistas extranjeros ven con buenos ojos a las economas desreguladas porque su nivel de maniobra para concretar la acumulacin de riqueza en favor de sus empresas es mayor. El papel de la Corte Constitucional es fundamental para controlar si los tratados internacionales de inversin firmados en la dcada de los

noventa e inicios del 2000 son coherentes con la nueva Constitucin.

La Corte Constitucional para el Perodo de Transicin, en Sentencia No. 040-07-TC, analiz el tema del ordenamiento jurdico anterior a la Constitucin y consider que, conforme la clusula constitucional de derogatoria expresa, el ordenamiento antiguo no ingresa de pleno derecho al nuevo ordenamiento jurdico. A la vez, la Corte estableci un criterio de interpretacin, para que en caso de duda sobre la constitucionalidad de una norma general se procure declarar su derogatoria, al tiempo que deja claro que el uso de este mecanismo debe ser tratado mediante consulta de norma y accin de inconstitucionalidad. Finalmente, se consider que el anlisis de dicho control normativo sera un anlisis de constitucionalidad por el fondo y no por la forma, porque era imposible para el legislador del pasado saber cules seran las exigencias de las garantas normativas de la Constitucin del futuro.

Los tratados internacionales firmados y ratificados antes de la entrada en vigen-cia de la Constitucin de 2008 deben ser analizados con relacin al nuevo texto constitucional. En ese sentido, mediante dictmenes de constitucionalidad exis-ten pronunciamientos de la Corte Constitucional que sugieren iniciar un proceso de denuncia porque la finalidad de estos instrumentos est reida con la Constitu-cin. Por ello cabe hacer referencia a la importancia del control de constituciona-lidad en relacin al rol de los tratados y su efecto en la Constitucin Econmica.

9. El control de constitucionalidad de los tratados internacionales de in-versin para garantizar los derechos del Buen Vivir

El control de constitucionalidad se puede caracterizar como difuso, concentrado o mixto (Kelsen y Schmitt, 1988). Tambin se clasifica por el momento en el cual

se realiza el control, esto es: posterior, anterior y automtico.1 El control posterior

1 Ver a este respecto el Dictamen No. 0001-11-DCP-CC.


es clsico, ocurre luego de que empieza a existir la norma, y es un mecanismo que se materializa mediante los procesos de inconstitucionalidad o la consulta de norma en el sistema concentrado ecuatoriano.

El control anterior de constitucionalidad se aplica previo a que exista la norma, y se trata de un medio para el perfeccionamiento en la formacin de aquella. As por ejemplo, se ha previsto el control de constitucionalidad para tratados interna-cionales con posterioridad a su suscripcin, pero tambin antes de la ratificacin

y depsito; es decir antes de que sean derecho interno.

Finalmente, el control automtico de constitucionalidad es una facultad oficiosa

de la Corte Constitucional que puede activarse ante normas existentes. Por ejem-plo, ante normas en que, a pesar de no estar cuestionada su constitucionalidad, del estudio del caso se desprende la necesidad de realizar un juicio de constitucio-nalidad con la finalidad de declararlas contrarias a la Constitucin. Esta facultad

en Ecuador es exclusiva de la Corte Constitucional.2

Tambin pueden presentarse casos en los que la Corte Constitucional realiza el control de forma oficiosa para materializar el referido control previo. Es importante sealar

que el control posterior de constitucionalidad se realiza siempre mediante sentencia; no as el control automtico o aquel requerido para el perfeccionamiento de un acto, como la denuncia de tratados internacionales, que se ejecuta a travs de dictamen. Concentrmonos ahora en el control de constitucionalidad de los tratados interna-cionales de inversin firmados antes de la Constitucin de 2008. El control se realiz

mediante dictmenes de constitucionalidad, ya que la denuncia del tratado es una competencia del Ejecutivo, segn el art. 420 de la Constitucin. Mientras que para que los tratados entren en vigencia, conforme al art. 419 que trata temas relacio-nados al territorio y sus lmites, compromiso para modificar leyes, poltica econmica

establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, acuerdos de integracin y comercio, atribucin de competencias jurisdiccionales y el patrimonio natural, corresponde la

ratificacin del Legislativo. En temas generales, corresponde al Ejecutivo. Finalmente,

se requiere un referendo cuando lo solicita la ciudadana o el presidente, conforme lo establece el art. 420 de la Constitucin.

La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto de tratados de inversin que contienen clusulas de proteccin de capitales extranjeros y cesin de ju-risdiccin.3 Segn los tratados de inversin, la jurisdiccin internacional debe activarse ante cualquier conflicto sobre la implementacin del tratado. Estos

casos son resueltos por centros internacionales de arbitraje. Una forma de pro-teccionismo y ausencia de control caracteriza estas inversiones internacionales, que tienen por finalidad servir al capital, y tambin buscan que el Estado est

al servicio de este sistema.

Cmo puede el Estado someterse al sistema internacional de inversiones? Est al

servicio del capital cuando no hay calidad ni control de la inversin y del cumplimien-to de los derechos constitucionales de las personas, pues la privatizacin tiene como consecuencia la no intervencin del Estado.4 En caso de intervencin para control o proteccin de derechos de los ciudadanos, son el Estado y sus autoridades quienes cometen incumplimiento del tratado, sin ms consideraciones.

Los dictmenes de constitucionalidad de los tratados de inversin que ha resuelto la Corte Constitucional se han enfocado en la declaracin de incompatibilidad de todas las clusulas que se refieren a la prohibicin de ceder a instancias internacio-nales la competencia de juzgamiento en tribunales internacionales de arbitraje. Esta prohibicin est prevista en el art. 422 de la Constitucin, junto con temas que versan sobre salud, medicinas ancestrales y agua.

Cabe notar que estos pronunciamientos buscan reorientar la poltica internacional

2Ver la Sentencia No. 004-13-SAN-CC.

3 Ver las Sentencias No. 020-10-DTI-CC Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaa e Irlanda del Norte y Ecuador; No. 023-10-DTI-CC Repblica Federal de Alemania y Ecuador; No. 026-10-DTI-CC Repblica de Finlandia y Ecuador;

No. 027-10-DTI-CC Repblica Popular de China y Ecuador; No. 0029-10-DTI-CC Repblicas de Argentina, Brasil,

Paraguay y Venezuela y Ecuador; No. 030-10-DTI-CC Reino de Suecia y Ecuador; No. 031-10-DTI-CC Pases Bajos

y Ecuador; No. 035-10-DTI-CC Repblica Francesa y Ecuador; No. 038-10-DTI-CC Venezuela y Ecuador; No. 040-10-DTI-CC Repblica de Ecuador.4 Ver la Sentencia No. 003-11-SIN-CC.


del Ecuador, que estaba concentrada en la proteccin de capitales, materializando el principio de soberana. As, en estos fallos, la Corte Constitucional ha guardado plena coherencia con la Constitucin, que dispone proteger y garantizar la dignidad individual, colectiva y ambiental dentro de los parmetros del Buen Vivir.

Los derechos constitucionales no solo son un lmite al poder interno, sino que tambin funcionan como lmites para controlar el comportamiento del Estado en el sistema internacional. Estas posiciones son de tipo teleolgico, pues se concibe a la Constitucin desde su finalidad que es servir al individuo, los colectivos y la

naturaleza. De otro lado, encontramos a los tratados de inversin pensados para proteger al capital. En esta constante contradiccin entre la dignidad y el capital, en Ecuador, mediante el control de constitucionalidad, se ha tomado una deci-sin, optando por la proteccin de la dignidad prevista en la Constitucin.

La preocupacin ms grande de los sectores productivos empresariales en este tema es el riesgo de la fuga de capitales y la afectacin a la seguridad jurdica. Estos argumentos son claramente insuficientes para no tomar ninguna decisin

al respecto. Habra que preguntarse: seguridad jurdica para qu o para quines?,

principalmente sobre la base de un modelo que no responde a la voluntad cons-titucional del pueblo ecuatoriano, sino a una seguridad mercantilizada de carcter crematstico e individualista, que ha desplazado a la dignidad humana y ambiental.

La Corte Constitucional, con los mencionados fallos, ha demostrado ser co-herente con la Constitucin, al concretar una seguridad jurdica relacionada con la dignidad materializada en la integralidad de los derechos y obligaciones dispuestos por la Carta Magna.

Otro factor es el temor a la falta de capitales privados para solucionar los proble-mas sociales. Esta postura no es ms que un temor infundado, que tiene como finalidad afectar el modelo constitucional del Buen Vivir. La afirmacin del con-trol constitucional no significa que Ecuador se cierre a todo tipo de inversiones

o acuerdos comerciales, sino que ms bien busca diversificar inversiones que,

obteniendo un margen razonable de ganancia, vayan conforme al plan econmi-co del Buen Vivir, que se sujeten soberanamente al servicio de la dignidad de las

personas, pueblos, nacionalidades, colectivos y la naturaleza, como componentes sustantivos del constitucionalismo del Buen Vivir en la esfera de la economa

ecuatoriana para este siglo XXI.

10. Construyendo el constitucionalismo del Buen Vivir

Por lo dicho, estamos en condiciones de sostener que el modelo ecuatoriano podra ser descrito como un constitucionalismo del Buen Vivir. Este reconoce la influencia

de las teoras neoconstitucionales que, importadas desde el sur de Europa, ponen el nfasis en la irradiacin que ejercen los derechos y garantas constitucionales sobre el ordenamiento jurdico; y tambin se inspira en el nuevo constitucionalismo latinoamericano y una parte del constitucionalismo popular que encuentra su carac-terstica esencial en la legitimidad de los procesos democrticos altamente participa-tivos en el caso ecuatoriano se refuerza esto con el principio constitucional de la interculturalidad que da sustento al sumak kawsay o Buen Vivir.

De ah que la nocin de los derechos del Buen Vivir, que abarcan los derechos eco-nmicos, sociales y culturales contenidos en la Constitucin ecuatoriana del 2008, implican por un lado, la poderosa participacin del Estado, ya desde las instancias ejecutivas, legislativas y jurisdiccionales, en la provisin de dichos bienes, as como la relacin armoniosa del individuo con la naturaleza (Benavides, 2013: 17).

No obstante, es menester sealar que ese proyecto no se agota en la inspiracin del poder constituyente de Montecristi, ni en las influencias coyunturales de los pases de

la regin, sino que ms bien es heredera de una larga tradicin histrica que recoge las luchas libertarias del General Eloy Alfaro y su revolucin liberal, de los pueblos y na-cionalidades,5 de los movimientos campesinos y obreros,6 que se vieron cristalizadas tempranamente en el advenimiento del constitucionalismo social en la Constitucin de 19297 y su plena realizacin en la Constitucin de 1945, aunque esta fue tempra-5Que encontr desarrollo normativo en la Ley de Comunas de 1926.6Por ejemplo, una de las primeras organizaciones sindicales en la historia ecuatoriana fue la Compactacin Obrera Na-cional, aparecida en los aos treinta y ligada a la Iglesia Catlica. Al respecto ver el trabajo de Guillermo Bustos (1991).7Como instituciones de regulacin de la actividad econmica se idearon entonces las superintendencias; as como la creacin de un banco central, a ms de la instauracin de un sistema de seguridad social, indicio tambin del aporte de la Misin Kemmerer, que ayud a disear el nuevo aparataje institucional.


namente derogada por la oligarqua apenas un ao despus de su aprobacin.

Entonces, si decimos que el constitucionalismo del Buen Vivir nace de las luchas

sociales histricas del Ecuador, debemos demandar que el desarrollo jurisprudencial de este nuevo constitucionalismo afinque y consolide esta tradicin libertaria y sobe-rana, conjugndola con los elementos sustanciales de la interculturalidad, la diversi-dad, soberana y dignidad de las personas, los pueblos y la naturaleza, bajo el amparo eficaz de los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos

los derechos. Dos sentencias pueden servir como ejemplos. La primera sobre la cos-movisin andina y la segunda sobre la eficacia de los derechos sociales.

La Sentencia No. 008-09-SAN-CC resolvi el caso de la Universidad Amawtay Wasi. En este expediente se analiza la posicin del CONESUP (institucin pbli-ca que regulaba la existencia de las universidades) que ordenaba que la Universi-dad Amawtay Wasi limitara su actividad a la ciudad de Quito por cinco aos. Sin embargo, la Corte Constitucional realiz una nueva interpretacin de la Cons-titucin a travs de la interculturalidad, mediante la cual se sustent el enfoque armnico de la diversidad cultural de las catorce nacionalidades que conviven en Ecuador. Luego, el prisma del alli causai o Buen Vivir nos muestra que el antiguo

CONESUP no poda obligar a la Universidad Amawtay Wasi a homogeneizarse al saber occidental, sino que se deba respetar su cosmovisin andina y permi-tir la implementacin de sus propios mtodos de aprendizaje.

Por otro lado tenemos la Sentencia No. 148-12-SEP-CC, que se refiere a una

sentencia de la Corte Nacional que vulneraba la justicia por falta de forma-lidades. En este caso se requera de un informe pericial que permitiera la reparacin de un inmueble en el que habitaban personas adultas mayores. Sin embargo, la sentencia de la Corte Nacional impeda que se obligara a los demandados a la reparacin. Esta formalidad impeda el ejercicio del derecho a una vivienda digna, siendo este un derecho plenamente justiciable. La sen-tencia muestra la prevalencia de los principios materiales como es el caso de una vivienda digna frente a los principios inmateriales formalidad de los actos en casos de una vulneracin insoportable. Solo con el pleno goce

de los derechos se puede llegar al Buen Vivir.

Ahora bien, si intentamos un ejercicio de articulacin de estas dos sentencias podra-mos ensayar otra hiptesis sobre algunos de los factores jurdicos que alimentan el nuevo constitucionalismo en Ecuador. En el constitucionalismo del Buen Vivir ten-dramos la interculturalidad como eje central, a travs del cual no existe jerarquizacin de conocimientos sino una sinergia de saberes, al mismo tiempo que las garantas constitucionales son encaminadas al goce efectivo de derechos y la convivencia en armona con la naturaleza. Como hemos visto en este ensayo, el constitucionalismo del Buen Vivir se ha desarrollado poco a poco en la historia con las grandes batallas

sociales; mientras que se sigue dibujando con la jurisprudencia que va realizando las aspiraciones de la Constitucin de Montecristi.

11. Conclusiones

El mercado no es la medida de todas las cosas y no puede convertirse en el principal factor organizador de una sociedad y su relacin con la naturaleza. Por el contrario, en el Estado constitucional se requiere recordar constantemente la naturaleza instru-mental del mercado que emerge de los textos constitucionales, donde se convierte en un espacio social y cultural, al interior del cual la dignidad del hombre no es solamente postulada sino tambin practicada, indicando la alternativa que concilia el rechazo al Estado y el rechazo al mercado (Hberle, 1997: 44-46).

Por el efecto irradiador de los derechos constitucionales, ningn espacio del Estado queda sin su cobertura (Prieto, 2004: 51). Es el caso de la economa, que tampoco escapa de la constitucionalizacin. Y al mismo tiempo, el papel de la economa es fundamental, pues el Estado requiere de dinero para poder garantizar derechos, no solo los derechos econmicos, sociales y culturales, sino tambin los derechos de libertad (Holmes y Sunstein, 2011: 33). Por este motivo, la Constitucin de Montecristi, desde un reclamo democrtico, estable-ci un enfoque econmico que representa las necesidades sociales. El mercado dej de ser el eje y en cambio la economa se concentra, ahora, en el ser humano y el Buen Vivir. Para ello se fij un Plan Nacional de Desarrollo que orienta el

Ren Ramrez Gallegos34 35

quehacer pblico hacia la satisfaccin de derechos de una forma armnica con el medio ambiente.

Los tratados internacionales de inversin han sido considerados contrarios a la Constitucin, principalmente por ceder competencias nacionales en materia ju-risdiccional a organismos internacionales que configuraban, en consecuencia,

una afectacin al plan econmico nacional de desarrollo, hoy protegido y desa-rrollado bajo el constitucionalismo del Buen Vivir, que est ntimamente ligado a

la soberana nacional, la dignidad individual, colectiva y ambiental y una efectiva y eficaz vigencia de todos los derechos constitucionales.

Captulo 2

Otra tica para otra sociedad: la del sumak kawsay

Ren Ramrez Gallegos

Para continuar soando sabiendo que estoy soando Nietzsche, La gaya cienciaICualquier proyecto responsable tiene orientaciones ticas, utpicas y tericas que permiten delimitar el sentido del camino y asegurar la factibilidad de las expectativas que contiene. Esas orientaciones constituyen una hoja de ruta que gua las grandes decisiones que generan marcos institucionales dentro de los cuales operarn los actores sociales, polticos y econmicos, y permitirn visualizar en cada momento de la marcha si se est o no en el camino adecuado.

Si bien, a nombre de la objetividad, cuando se habl del Consenso de Washington los principios rectores no fueron colocados explcitamente, tal propuesta tena una particular forma de ver al individuo, de analizar las pautas de distribucin de los bienes pblicos, de problematizar la forma de agregacin de la eleccin social, de visualizar la relacin hombre/naturaleza, de concebir la libertad, igualdad y dems valores que rigen la convivencia social. En este artculo voy a sostener que la bsqueda de un nuevo orden social tiene que fundamentarse en un cambio de principios que permita reflexionar sobre posibles formas alternativas de ver el mundo y, por lo tanto, poten-ciales rutas diferentes de intervencin y convivencia social.

La crisis de pensamiento latinoamericano vivida en las ltimas dcadas se ha evi-denciado en la forma de intervencin homogeneizadora, que se implement en la


regin bajo el supuesto de que era viable establecer una sola receta para pacientes con diferentes sntomas y dismiles enfermedades. Muchas veces, tal problema suceda por el miedo a aventurarse a debatir conceptos y principios con los que supuesta-mente nadie estara en desacuerdo. Libertad, justicia, equidad, igualdad, democracia, entre otros, son principios que a simple vista no estn en tela de duda. No obstante, si escarbamos ms sobre tales conceptos podemos detectar abismales diferencias en la manera de definirlos, que al momento de concretarse en intervenciones pblicas

darn paso a polticas y resultados completamente diferentes.

Por ejemplo, si bien en las nuevas visiones del desarrollo la estrategia de inclusin econmica actualmente produce grandes acuerdos, como se podr evidenciar ms adelante, los resultados no sern los mismos si creemos que la libertad est asociada a la no interferencia y a la libre eleccin individual que si sostenemos que la libertad est relacionada con la no dominacin y la expansin de las capacidades y potencialidades de todas y todos los miembros de una sociedad. De la misma forma, claramente, la estrategia de inclusin y las polticas pblicas que se ponen en marcha sern diferentes si tenemos como principio rector la equidad y no la igualdad.

Lo que tratamos de sugerir es que la construccin de un nuevo pacto de con-vivencia como es la sociedad del Buen Vivir debe tener claros los principios y

las orientaciones que lo delimitan. Este artculo busca poner sobre la mesa de debate los principios y orientaciones ms evidentes que estuvieron detrs de la agenda del Consenso de Washington, colocando frente a ellos una propuesta de nuevos principios rectores, que podran dar paso a un nuevo contrato social y una visin alternativa al desarrollo en Ecuador. Para ello el texto se divide en tres partes. La segunda parte comienza por aquellos principios y justicias que definen las grandes orientaciones ticas, utpicas y tericas del proyecto de

cambio, en el marco de una nueva relacin entre Estado, mercado y sociedad civil. La tercera seccin trata de poner en evidencia el trasfondo analtico tico/normativo que sustenta los principios propuestos. Se analiza la concepcin so-bre: 3.1) el individuo; 3.2) la forma de distribucin de los bienes en la sociedad; 3.3) la eficacia, eficiencia y calidad; 3.4) los bienes y logros por ser distribuidos

y alcanzados; 3.5) la libertad; 3.6) lo pblico; 3.7) el trabajo; 3.8) la eleccin

social y la democracia; 3.9) la naturaleza; 3.10) el Estado y la cultura; y 3.11) los valores predominantes de convivencia social.

Sin lugar a dudas, el texto es incompleto. No obstante, su objetivo es empezar a su-mar esfuerzos, no solo para profundizar las crticas hacia el paradigma del CW,8 sino fundamentalmente para pensar propuestas de cambio a partir de las mismas. En este caso en particular, las propuestas de cambio han surgido en un contexto histrico par-ticular y en un tiempo determinado. A la vez, el propsito es volver a dar primaca en los debates sobre desarrollo a la disquisicin entre este, la filosofa poltica, lo poltico

y las definiciones ticas en juego. En trminos histricos y polticos el sustento de los

principios mencionados en el presente texto se encuentra plasmados en la Constitu-cin de la Repblica del Ecuador de 2008, cuyo horizonte de sociedad he denomina-do socialismo del sumak kawsay o bio-socialismo republicano (Ramrez: 2010).

II

Las orientaciones ticas que guan la propuesta de cambio en Ecuador pue-den ser resumidas en tres aristas, que se sustentan en una concepcin igua-litaria y democrtica de la justicia:9

a) Justicia social y econmica como posibilidad de un mutuo reconocimiento o reciprocidad: en una sociedad justa, todos y todas gozan del mismo acceso a los medios materiales, sociales y culturales necesarios para llevar una vida digna, que posibilite el mutuo reconocimiento como iguales entre los ciudadanos de una comunidad poltica, garantizando de esta manera la viabilidad de procesos recprocos reales.10

b) Justicia democrtica participativa y deliberativa: en una sociedad polticamente jus-ta, todos y todas deben contar con el mismo poder para decidir y deliberar sobre cues-

8Cuyos principios se basan fundamentalmente en el utilitarismo liberal. 9Estos principios han sido tomados del Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009-2013 (Senplades, 2009). 10Siguiendo a Martha Nussbaum (2007), creemos que dentro de esta justicia se debe incluir la justicia hacia las personas con discapacidad fsica y mental. Se trata de personas como todas las dems, pero hasta ahora las sociedades no las han tratado en un plano de igualdad como a los dems ciudadanos. De la misma forma, incluimos las cuestiones de justicia relacionadas con el trato que dispensamos a los animales.


tiones que afectan a su destino comn y contribuir al control colectivo institucio-nalizado, lo que debe entenderse como un principio de igualdad poltica y de poder colectivo democrtico que valore de igual forma la participacin de todos y todas.

c) Justicia intergeneracional/ecolgica: en una sociedad inter-generacionalmente justa, las acciones y planes del presente tienen que considerar a las generaciones futuras. Tal situacin implica un contrato (re)distributivo que tome en cuenta el de-venir del tiempo y el impacto ambiental y social que tienen las acciones y decisiones tomadas hoy. 11

d) Justicia transnacional pro-comunes: una sociedad mundialmente justa implica tomar en cuenta que en las opciones vitales de cada persona estn limitadas tambin por los accidentes de nacimiento y de origen nacional. En la medida en que existe el reconocimiento de bienes pblicos mundiales y la consolidacin de las interrelaciones de movilidad de personas y recursos entre pases, se vuelve evidente que para un tratamiento adecuado de la justicia internacional y cosmo-polita no solo se deben abordar los tradicionales temas de la guerra y la paz, sino tambin los de justicia econmica, redistribucin de bienes tangibles e intangibles y de igualar el peso de la participacin en los mbitos polticos globales.12

No obstante, puesto que, debido a la diversidad humana,13 no es posible ni deseable conseguir la plena igualdad, es necesario enmarcar los lmites social-mente tolerables de la desigualdad, as como los fines que es necesario procurar.

Qu desigualdad es la admisible moral y ticamente? La postura liberal repre-sentada, por ejemplo, por el segundo principio de Rawls (1958) sostiene que si un nuevo escenario de desigualdad mejora no solo las expectativas de quienes estn mejor situados sino tambin las expectativas de los ms desfavorecidos,

estos y la sociedad en conjunto deberan valorar como justa tal desigualdad. No obstante, tal postura no deja de ser conformista puesto que no necesariamente supera niveles previos de desigualdad insoportable, no rompe con relaciones de poder y de opresin entre personas, ni garantiza las bases materiales de un mutuo reconocimiento entre ciudadanos y ciudadanas, as como tampoco la emancipacin individual y social.

Afirmamos entonces que el principio rector de la justicia relacionado con la igualdad tiene que estar encarnado en el lado negativo por la eliminacin de aquellas desigualdades que producen dominacin, opresin o subordinacin entre personas; y en el lado positivo por la creacin de escenarios que fomentan una paridad que viabilice la emancipacin y autorrealiza-cin de las personas, y en donde los principios de solidaridad y fraternidad puedan prosperar y con ello la posibilidad de un mutuo reconocimiento14 (o de reciprocidad).15

Esta concrecin del principio de justicia orienta las acciones referidas hacia la institucionalizacin de las relaciones entre Estado, mercado y sociedad civil. A diferencia de viejas formas de ver al Estado, el proyecto de cambio emancipador que se propone debe basarse en la igualdad y la democracia, sustentadas en ltima instancia no en el poder estatal ni econmico sino en el poder social.

Como seala Wright (2006), esto implica un proceso de democratizacin del po-der. Tal poder consiste en la libertad y capacidad de movilizacin autnoma de la gente para realizar voluntariamente acciones colectivas cooperativas de distinto tipo en la sociedad. Esa capacidad efectiva requiere que la ciudadana organizada tenga un control real sobre los esquemas fundantes del uso, asignacin y distribu-cin de los recursos tangibles e intangibles del pas. La hoja de ruta prescribe aqu un incremento del poder social sobre la forma en que el poder estatal y los poderes econmicos condicionan y configuran la actividad econmica.

11Vale sealar que la justicia intergeneracional no solo tiene que ver con el futuro sino tambin con aquellas injusticias que se dieron en el pasado y que deben revertirse en el presente o futuro para hacer justicia. Por ejemplo, la jubilacin universal en aquellos pases en que los trabajadores informales o los excluidos nunca pudieron ser parte del mercado laboral moderno, y por lo tanto nunca tuvieron acceso a los beneficios del Estado de bienestar. 12Para un anlisis detallado sobre lo que implica la justicia transnacional, ver Nussbaum (2007).13Diversidad que es producto de caractersticas externas como el medio ambiente natural y social, o el patrimonio hereda-do legtimamente; y caractersticas personales, tales como edad, orientacin sexual, etnia, metabolismo, etc.

14Claramente, en el segundo principio de Rawls se puede dar el caso de la imposibilidad del mutuo reconocimiento condi-cin de la autorrealizacin, ya que la desigualdad puede beneficiar a todos sin romper relaciones de poder o subordinacin.15En el caso del mundo andino, el principio de la reciprocidad adquiere vital importancia en las relaciones sociales, razn por lo cual el lado positivo del criterio de igualdad mencionado adquiere una relevancia histrica adicional.


Grfico 1. Poder social

Sociedad civilautnoma

dotada de unvigoroso poder

social

Asignacin derecursos y control de

la produccin y distribucin

Estadoradicalmentedemocrtico

Podereconmico

Fuente: Wright (2006).

Los postulados mencionados conducen hacia una ruptura radical con las concepciones conservadoras del ser humano, de la sociedad, de las relaciones entre personas al interior de la sociedad y del trato del ser humano con la naturaleza. Para visualizar tal ruptura, a continuacin se describe el trasfondo analtico normativo que sustenta las orientaciones propuestas.

III

3.1. Sobre el agente del cambio: del individuo solitario-atmico al individuo social

El proyecto utilitarista liberal se fundamenta en el supuesto de que el individuo, por naturaleza, busca su propio inters y autosatisfaccin personal, y que tal com-portamiento en un sistema institucionalizado a partir del principio de mercado libre da como resultado el bienestar social. La felicidad del ser humano no depende entonces de la relacin con otro individuo, razn por la cual la autorrealizacin se puede conseguir solitariamente. A travs de un comportamiento racional egosta y en un espacio denominado mercado; y principalmente mediante el acto de com-prar, el ser humano consigue su felicidad, tanto individual como social.

lo nico que busca es su propia ganancia, y en este, como en muchos otros casos, una mano invisible le lleva a promover un fin que no estaba en sus intenciones. Y ello

no es necesariamente malo para la sociedad. Al buscar su propio inters a menudo promueve el de la sociedad ms eficazmente que si realmente pretendiera promoverlo

(Smith, 1776).

A diferencia de tal mirada defendemos que el aislamiento y la soledad del individuo son emprica y lgicamente imposibles, puesto que la realizacin de una vida plena es impensable sin la interaccin y el reconocimiento del otro, que son todos y no un grupo particular. Desde la vulnerabilidad del beb humano es evidente que no podemos vivir sin otros. No se trata de que alguien opine o defina cmo cada indi-viduo debe resolver su vida, ni tampoco que las elecciones vengan ya trazadas por una comunidad que proporciona los criterios de decisin en el mismo momento en que otorga la pertenencia individual al colectivo. De lo que se trata es de que no podemos defender nuestra vida sin defender la de los dems los presentes y nuestros descendientes, y que todos juntos debemos asegurar que cada persona y cada comunidad puedan efectivamente elegir la vida que desean, vivir y que al mismo tiempo aseguremos el ejercicio de todos los derechos de cada uno de los miembros de la sociedad.

Tal situacin obliga tambin a ver al ser humano no como un simple consumidor sino como un portador de derechos y responsable de obligaciones hacia los otros. Este principio es fundamental para entender cul es la utopa realista de lo humano que debe guiar las acciones e intervenciones de las polticas pblicas diseadas en nombre del florecimiento humano. Aqu existen al menos dos alternativas. La primera toma

como punto de referencia aquel imaginario individuo solitario, egosta y cuyo anhelo bsico es no ser interferido por nadie. La segunda tiene como referente central un individuo social y solidario que se realiza en la vida compartida con los dems.

Al tomar a la sociedad como punto de referencia y no nicamente al individuo atmico logramos resaltar el espritu colectivo y cooperativo del ser humano, en contraposicin con aquel ser egosta y aislado que nos propone la economa utilitaria liberal. Se trata de un individuo que incluye a los otros en su propia con-cepcin de bienestar. Como sostena Kant: al considerar mis necesidades como normativas para otros, o, al hacerme un fin para los otros, veo mis necesidades hacia


los otros como normativas para m. A este planteamiento solo habra que aadir un elemento: que los otros (todos y todas) puedan ver mis necesidades tambin como normativas para ellos.

En sntesis, este principio abre un espacio de realizacin del individuo, en donde este puede pensarse y recrearse en relacin con los dems; lo que implica reflexio-nar en torno a las distancias justas e injustas que lo separan de los otros, y por lo tanto puede cobrar consciencia de que ser poseedor de deberes implica necesa-riamente cumplir obligaciones o derechos hacia los otros.

3.2. Sobre la forma de distribucin de los bienes en la sociedad: de la equi-dad (asistencia) social a la igualdad, integracin y cohesin social 16

El neoliberalismo ha buscado distribuir los bienes pblicos basndose en los cri-terios de eficiencia econmica, y tomando el nombre de equidad ha realizado

asistencialismo social.17 El diagnstico neoliberal hizo hincapi en la asignacin eficiente de los recursos para producir crecimiento econmico y para impedir

una consecuencia inevitable de tal objetivo, identific a la pobreza a travs

de la asistencia social como el principal problema social sobre el que haba que intervenir. No obstante, este esquema no tom en cuenta el problema de las distancias entre los ciudadanos, el derecho a la dignidad de ganarse el propio sustento con el trabajo propio, ni tampoco el problema de la integracin social. Por ello, un cambio debe reintroducir estos planteamientos en las nuevas formas de la intervencin pblica.

En efecto, al ser el objetivo la asignacin definida como eficiente de los recursos,

que a travs del mercado promovera el crecimiento econmico tan deseado, se tena como supuesto que el bienestar de toda la poblacin crecera debido al derrame pro-ducido por el incremento del tamao del pastel. Puesto que tal situacin no sucedi,

evidencindose al contrario un proceso de pauperizacin social y que, a la vez, no se pretenda abandonar el objetivo principal de promover como criterio abso-luto de una buena economa la eficiencia de los mercados al valorar los recursos y

capacidades, legitimando o eliminando automticamente iniciativas, inversiones y proyectos, fue necesario, por razones de gobernabilidad o por mnimos recaudos morales, intentar remediar tal situacin a travs de la construccin de la pobreza como objeto privilegiado de intervencin.

En la prctica esta situacin implic la separacin entre lo econmico y lo social, e incluso de lo poltico-cultural y ambiental. A travs del asis-tencialismo, la poltica social fue experimentando diversos programas que buscaron inicialmente sacar a los pobres de la pobreza, pero que en estricto rigor lo nico que hicieron en el mejor de los casos, y en la mayora es que no se agudizara el problema y generara dificultades de gobernabilidad.

Finalmente, el neoliberalismo reconoci que solo se pretenda aliviar la pobreza extrema.

Escondindose tras el principio de la equidad, se sostuvo que una sociedad justa es aquella que mejora de alguna manera la situacin de los ms desaven-tajados. A travs de tal principio, incluso aplicado de manera inconsecuente con la formulacin liberal planteada por Rawls, se sostuvo y toler cualquier tipo de desigualdad y hasta su agravamiento, con tal de que hubiera alguna redistribucin a favor de los ms pobres de los pobres, aunque fuera aumen-tando a la vez la desigualdad entre el conjunto de los pobres y los sectores medios respecto a las lites privilegiadas.18 Esa redistribucin, presentada como acciones de donacin directa del Estado o mediadas por organizacio-nes de la Sociedad Civil, al mantener al asistido en condiciones estructurales de no poder reciprocar, lo ubic en una posicin de dependencia clientelar.

16Para un anlisis detallado sobre este tema ver Ramrez y Minteguiaga (2007)17Vale sealar que por principio de equidad me refiero aqu a la pauta distributiva de la redistribucin secundaria del in-greso, puesto que el objetivo de la poltica pblica en la era liberal era el auspicio y la no interferencia del mercado. La equi-dad fue el medio a travs del cual se trat de remediar los efectos desestructurantes que produjo el mercado. De la misma forma, vale aclarar que en esta seccin no se toma a la equidad desde el punto de vista de la diversidad. nicamente se hace alusin a relaciones sociales y econmicas. Ms adelante se har explcito el tema relacionado con la diversidad humana.

18Detrs de tales principios est la teora de la justicia promulgada por John Rawls (1999). Vale mencionar, no obstante, que se aade un componente utilitario a tal perspectiva y que por lo tanto no son fieles con la propuesta planteada por

el filsofo estadounidense. En estricto rigor, Rawls sostiene en su segundo principio que la desigualdad es permisible

solo si hay razn para creer que la prctica que incluye o da como resultado esa desigualdad obrar en provecho de todas las personas embarcadas en ella (Rawls, 1999: 88). No obstante, a lo largo del libro nos podemos percatar que se refiere

sobre todo a la igualacin de oportunidades, por lo cual la prioridad es atender a los ms pobres de los pobres, entendidos en un sentido amplio.


As, bajo dicho principio tanto los servicios sociales universales como los progra-mas de proteccin social terminaron interviniendo de una manera muy particular: dejaron de ser derechos de todos a los bienes pblicos y se convirtieron en redis-tribuciones secundarias focalizadas en los ms pobres. En este proceso, el punto de referencia de la poltica social pas a ser el individuo o la familia pobre, y dej de ser la sociedad como un todo. Dicha pauta de redistribucin, superpuesta a una estructura de expoliacin y exclusin de la distribucin primaria de los resultados econmicos, fue suplantando poco a poco el ideario de la plena igualdad, basndose en el supuesto de que la equidad subsanara la histrica exclusin de los pobres a la vez que avanzara en criterios de eficiencia al mercantilizar los bienes pbli-cos como va de acceso para los que pudieran pagar. No obstante, en su apli-cacin las polticas y programas sociales equitativos y pro-pobres adolecieron de ciertos problemas prcticos al buscar la igualacin nicamente a travs de bienes mnimos bienes de subsistencia elemental.19

Debemos recordar que el paradigma neoliberal se olvid de que existen va-lores universales y derechos humanos, y al abogar por una defensa del mer-cado postul programas sociales que terminaron fragmentando a la sociedad en tantas partes como grupos sociales pueden existir en el mundo social. Una suerte de lista infinita al ms claro estilo borgiano: pobres, indigentes, nios y

nias, grupos con necesidades bsicas insatisfechas, nios y nias trabajadoras, discapacitados, mujeres, minoras tnicas, indgenas, campesinos, desemplea-dos, personas sin vivienda, analfabetos, drogadictos, desertores, hogares que no consumen sal yodada, pobres proclives a tener muchos hijos, etc., etc., etc.

Esa visin fragmentada de la realidad, como seala Jos Luis Coraggio, es como una colcha hecha de retazos, que debera abrigar pero tiene zonas sin tela por donde entra el fro, u otras partes con retazos mal cosidos, que igualmente dejan pasar un viento que llega hasta los huesos.

En este sentido, si se une la idea de tomar al (extremadamente) pobre como punto exclusivo de referencia, en la prctica la poltica de distribuir exclusivamente medios de subsistencia parcial, con el olvido del efecto de deterioro de las capacidades que tiene el transcurrir del tiempo en condiciones lmite de supervivencia de los indi-viduos y comunidades, se observa que las brechas entre personas no pueden ser resueltas bajo este esquema. As, la asistencia a travs de la insignia de la equidad abstracta no producira ms igualdad, principio utpico que est en el corazn del proyecto que se defiende.

Por otra parte, la eficiencia actu como criterio complementario de la equidad.

Esto fue as porque al priorizar como criterio de asignacin la focalizacin dar ms a los ms pobres de los pobres, el nico gasto justificado resultaba el que

poda reducir los costos y asignar beneficios solo a aquellos que realmente lo

necesitaran de acuerdo a los criterios de las necesidades mnimas evitar la mortalidad infantil, la mortalidad materna, sacar de la extrema pobreza. La eficiencia del gasto solo se garantiza en este esquema evitando el error de

inclusin del definido (tecnocrticamente) como no necesitado, as como los

problemas de subcoberturas o filtracin de los beneficiarios.

Este tipo de asignacin del gasto potenci el abandono de la garanta del derecho universal del ciudadano (igualdad) a salud, educacin, empleo, vivienda, etc., y justifi-c la otra cara de la eficiencia del mercado: la reduccin del gasto social como con-dicin de la garanta efectiva de los derechos de todos los ciudadanos y la apertura de nichos de mercado para la organizacin y venta de bienes pblicos, orientada por la utilidad mercantil, potenciando la dualizacin social aunque an la debilitada provisin pblica pueda muchas veces seguir siendo superior a algunas formas de la provisin privada.

Por estas razones, proponemos retomar a la sociedad como unidad de observa-cin e intervencin y no exclusivamente a los individuos, y a la igualdad, integracin e inclusin social como pautas distributivas, a fin de actuar para pro-mover el espritu gregario, cooperativo y solidario del ser humano, la responsa-bilidad de sus acciones frente a los otros y la universalidad de los derechos que debe garantizar el Estado.

19Los bienes de subsistencia elemental son algo muy distinto de los bienes primarios del liberal Rawls, que incluyen la libertad de toda forma de dominacin, el acceso a posiciones de autoridad, el acceso a la educacin, a la riqueza como activos y no solo como ingreso corriente, etc. Vale mencionar, adems, que si bien se suele afirmar que los programas

de transferencia monetaria han tenido impacto en el acceso a servicios bsicos, ningn programa implementado como parte de las polticas pblicas neoliberales, y en el contexto del libre juego del mercado, ha sido reductor de los niveles de pobreza en la sociedad. A lo sumo ha contrarrestado un empobrecimiento an mayor.


Frente a la postura de distribucin de bienes mnimos de subsistencia, una propuesta alternativa debe recuperar ideales de consenso sobre mximas mora-les-sociales. Por ejemplo, no solo evitar la muerte sino prolongar una vida con calidad. Tambin creer que es posible compartir identidades diversas, construir y recuperar espacios pblicos, garantizar el acceso a la justicia, tener un trabajo adecuado que permita o garantice el derecho a ganarse el propio sustento, tener tiempo para la contemplacin, la creacin artstica y la recreacin, desear parti-cipar en pblico sin sentirse avergonzado, entre otros.

O, pregunto: debemos conformarnos con el objetivo de no morir un da antes o sentir que la vida es simplemente un proceso de resistencia que tiene como fin

alargar unas horas ms la existencia?

Siguiendo a Martha Nussbaum (2007), creemos que es preciso reconocer que existen dos umbrales que nos permiten caracterizar una vida como humana. El primero tiene que ver con las capacidades que tienen los seres humanos para realizarse y funcionar dentro de la sociedad. Si existen personas que se encuentran debajo de ese umbral, podramos estar de acuerdo en que su vida no podra llamarse humana. El segundo umbral se refiere a que las funciones y

capacidades de la persona no sean tan mnimas, ni tan reducidas, ya que aunque podramos considerar que es una vida humana no podramos afirmar que es

una buena vida o que es una vida digna de ser vivida. Claramente, un nuevo contrato social no debe basarse nicamente en evitar la muerte (mnimos) sino en auspiciar una vida digna de ser vivida (mximas).

Tal vida digna no puede ser pensada al margen de la reduccin de las distancias sociales, econmicas, polticas, sociales, ambientales, territoriales y culturales. La equidad de mnimos, al limitarse al acceso a bienes de subsistencia y no tomar en cuenta las distancias de las que parten los individuos, ha producido una sociedad desigual, poco cohesionada, y donde la probabilidad de construir dominacin y subordinacin es alta. Con ello se posterga la posibilidad de buscar un lugar co-mn en el que ciudadanos pares tengan el anhelo de convivir juntos.

Cualquier poltica social y econmica que no auspicie la posibilidad de encuentro

entre sus ciudadanos para deliberar sobre qu se entiende por bien-estar comn y cmo se consigue tiene tintes poco democrticos, como parece tener la poltica social neoliberal. En trminos poltico-ideolgicos, como seala Mouffe (2003), el explcito esfuerzo que ha llevado a cabo la izquierda hasta ahora para alcanzar un consenso de centro por ejemplo, defendiendo polticas equitativas la condujo a abandonar su lucha por la igualdad en todos los campos.20 Con ello, cualquier posibilidad de transformacin de las relaciones de poder parece haber quedado eliminada.

3.3. Sobre la eficiencia, eficacia y calidad desde la izquierda y en consonancia con la historia

En la teora neoclsica existe un supuesto trade off entre justicia entendida como equidad y eficiencia. Se suele argumentar que si se transfiere dinero de un rico a

un pobre generalmente hay costos de transaccin usualmente por la intervencin estatal que van en detrimento de la eficiencia de mercado. Esta afirmacin ha

guiado implcita o explcitamente el accionar poltico de las polticas pblicas.

No obstante, este dogma de fe, que ha inspirado de igual forma a la corriente de pensamiento de derecha como ha sido demostrado a lo largo de la historia eco-nmica y poltico-intelectual de las ltimas dcadas, contiene muchos supuestos que no se cumplen: existe asimetra de informacin, no siempre hay competencia perfecta, los precios esconden informacin importante en la valoracin de los bienes y servicios, la economa no se encuentra siempre en pleno empleo, entre otros. Sin embargo, lo ms importante para la derecha ha sido la eficiencia de mercado, puesto

que se supona que por arte de magia la redistribucin llegara, de manera que la orien-tacin de la poltica ha sido no impedir el buen funcionamiento del dios mercado.

Por el otro lado, la izquierda, en nombre de las injusticias histricas, ha tenido como su principal lucha redistribuir la riqueza sin preocuparse mucho casi nada, en algunos pases por la bsqueda de la eficiencia. Ahora bien, el primer

punto que se debe desmitificar es la existencia misma de tal disyuntiva; es decir,

20Una estrategia de la izquierda para intentar situarse ms all de la vieja izquierda y la derecha y desde all defender un nuevo tipo de progresismo de corte pragmtico.


que si se aboga por polticas distributivas necesariamente se camina en contra de la eficiencia, y viceversa. De hecho, en economas como la ecuatoriana podra

afirmarse que en algunos casos la mejor poltica redistributiva es la eficiencia

y la mejor poltica de eficiencia es la bsqueda de la justicia.

Esto me lleva al centro de la argumentacin de este escrito. Es necesario romper con la supuesta univocidad, neutralidad y ahistoricidad de estos conceptos incluido el de calidad, como mencionar ms adelante, y visibilizar su carcter problemtico y poltico. As como Amartya Sen (1975) pregunta: igualdad, de qu?, es posible y necesario preguntarse: eficiencia,

de qu?; calidad, de qu? En efecto, los conceptos no son buenos, malos

o deseables per se. En un pas con poca riqueza, los procesos redistributivos pueden llevar a igualar pobrezas. En economas con alto desempleo, la bsqueda de eficiencia puede llevar a ms desempleo al orientarse hacia la produccin con la menor cantidad de recursos posibles.

Cada ecuatoriano podra tener mayor riqueza per cpita si el sistema fuese ms eficiente. Algunas veces hay que buscar la eficiencia para luego redistribuir;

en otros casos, hay que sacrificar eficiencia por la necesidad de mayor justicia.

En Ecuador se puede sealar que hay la suficiente riqueza para superar toda la

pobreza que registra su poblacin el ingreso o consumo per cpita es, apro-ximadamente, entre dos y tres veces superior a la lnea de pobreza; pero, de la misma forma, existe un sistema econmico extremadamente ineficiente, que

imposibilita que cada ciudadano pueda recibir ms porcin del pastel del que recibe con la actual redistribucin. Es decir, cada ecuatoriano o ecuatoriana podra tener mayor riqueza per cpita si el sistema fuese ms eficiente.

Esta temtica adquiere otra dimensin cuando nos referimos a procesos pol-ticos de cambios revolucionarios en donde claramente se parte de la necesidad de transformar la sociedad. En este marco, el primer paso radica en definir

poltica y colectivamente la sociedad en la que se quiere vivir por ello, la im-portancia de establecer un nuevo pacto de convivencia en el caso ecuatoriano, como se mencion, materializado a travs de su nuevo texto constitucional aprobado en referendo popular en el ao 2008. El segundo paso radica en

ser eficaz para conseguir tal objetivo. nicamente luego de superados estos dos

objetivos se podr contestar a la pregunta: qu igualdad y qu eficiencia?

Ser eficientes en procesos de transformacin social radical sin ser eficaces en el

objetivo que se quiere alcanzar puede llevar a profundizar una sociedad injusta que se desea, precisamente, dejar atrs. As por ejemplo, si el sistema

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