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Hacia la defensa y transformación democrática de la educación pública en México

Raquel Sosa Elízaga Mayo de 2007

En México, las transformaciones económicas y sociales

introducidas por el neoliberalismo a lo largo de los últimos treinta

años han dejado un saldo de pérdida del sentido de lo público; de

olvido de los principios y derechos que deben regir la política social;

de confusión sobre los alcances de la responsabilidad social del

Estado; y, fundamentalmente, han alejado del debate público parte

significativa de los procesos de privatización, mercantilización,

iniquidad, profundización de la desigualdad y deterioro institucional

en todos los campos de la vida social.

En el caso de la educación, no obstante ser ésta una de las

materias más y posiblemente a más detalle estudiadas por los

especialistas, la excesiva fragmentación del conocimiento dificulta a

la mayor parte de los estudiosos reconstruir el sentido profundo del

desastre que observan, pero, sobre todo, les limita para plantear las

líneas de una posible transformación radical de la educación, que

supere y reconstituya las bases sobre las cuales se fincó en el

pasado y debe refundarse en el futuro su papel estratégico en el

desarrollo nacional, en la defensa de la democracia y la soberanía

nacional, y en la dignificación de la vida humana y de las

colectividades que conforman el país.

Por su parte, con pequeñas, honrosas y heroicas

excepciones, los sujetos de la educación: estudiantes, maestros,

2

padres y madres de familia, las comunidades, y la ciudadanía en

general, se han visto no sólo excluidos sino expropiados del

derecho a opinar, intervenir, evaluar y decidir las orientaciones,

programas y destino del presupuesto que han puesto en manos de

las llamadas autoridades educativas. La lucha en contra del

autoritarismo, la corrupción, la manipulación, la distorsión de los

fines educativos y la mafistización de la educación constituye uno

de los capítulos más dramáticos y significativos de la defensa de la

educación, pero, lamentablemente, no ha logrado impedir que, en la

población en general priven el desconocimiento, la desinformación,

la resignación o el temor a romper con el actual estado de cosas.

Nuestro trabajo tiene como objetivo actualizar la información y

alimentar el debate sobre la educación en México, pero, sobre todo,

proponer algunos lineamientos que permitan reorientar, en la

medida de nuestras fuerzas y posibilidades, la política educativa del

país en el sentido de la afirmación de su carácter público, gratuito,

laico, democrático y nacional, como ha sido establecido en el texto

constitucional.

Recuento de daños: los efectos del neoliberalismo en la educación

Suele pensarse que la política neoliberal en la educación se

evidencia, inicialmente, mediante la reducción de los presupuestos

educativos, particularmente a nivel básico. Debemos señalar que en

México, a partir de 1992 se comenzó por acotar en las leyes los

alcances de la obligatoriedad y gratuidad de la educación pública

establecida en la Constitución a la educación básica (primaria y

3

secundaria), dejando literalmente en el limbo a la educación media

superior y superior.1

______________________________________________________

Cuadro 1

Presupuesto educativo público: series históricas

Año Presupuesto educativo (Millones de pesos)

Porcentaje del PIB

1980 219 4.90

1990 29,423 4.02

2000 352,491 6.42*

2006 622,391 6.81*

Fuente: Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público * Incluye presupuestos público y privado ______________________________________________________

El presupuesto público federal dedicado a la educación

descendió de forma abrupta entre 1980 y 1990, y no ha recuperado

su nivel en los últimos dieciséis años. En la actualidad, asciende al

4.23% del PIB. En contraste, la participación privada ascendió

vertiginosamente del 6.8 al 23.4% del total de la inversión educativa

entre 1980 y 2006. Hoy representa el 2.58% del PIB. Durante el

sexenio que acaba de concluir, el gobierno federal sumó la

inversión pública y la privada, para presentarlas de manera

indistinta, lo que provoca la falsa percepción de un incremento de

ese orden en la inversión educativa del país.

1 En 1992 se aprobó la Ley General de Educación, así como el Acuerdo para la Modernización Educativa, que dio lugar a la descentralización educativa en el país. La reforma constitucional señalada, que limita los alcances de la responsabilidad del Estado en educación pública, data de 1993.

4

Por su parte, la inversión pública estatal ha sido

persistentemente reducida, y desde el proceso de

descentralización, no se ha incrementado sino en un 3%, que

representa hoy el 21% del total de la inversión pública en

educación. Esto deja a los estados en manos de la federación, y a

la federación, como veremos, crecientemente, en manos de

inversionistas privados y organismos internacionales.

______________________________________________________

Cuadro 2

Origen del presupuesto educativo

Año Gasto público federal

Gasto público estatal %PIB

1990 27,321 4,888.2 3.7

2000 275,874 52,030.4 5.0

2006 476,608 103,094.4 5.4

Fuente: Informe del Instituto de Evaluación para la Educación, 2006 ______________________________________________________

A partir de la descentralización educativa, la educación dejó

en los hechos de ser considerada como un derecho universal y

prioridad para el desarrollo nacional. Detener la inversión educativa,

trasladar presupuestos fragmentarios a los estados, manteniendo

un inmenso aparato central y el control de las competencias y

atribuciones sobre el sistema educativo fue el paso siguiente, lo que

significa el día de hoy abandonar a su suerte a más de treinta

millones de estudiantes y más de un millón y medio de docentes en

el país.

El repentino y violento empobrecimiento del sistema educativo

nacional equivale, en la visión de algunos expertos, a la disminución

5

de al menos el 35% del presupuesto por estados (mucho más en el

caso de los estados más pobres), ya que lo que se trasladó fue casi

exclusivamente el recurso para pagar los exiguos salarios de los

maestros, mientras que el mantenimiento y renovación de la

infraestructura educativa, como el crecimiento de la capacidad para

recibir nuevos ingresos en todos los niveles educativos

prácticamente se canceló.2

Con el incremento de la inversión privada en educación se

produjo otro fenómeno, el de la agudización de la desigualdad.

Durante los últimos veinticinco años, la contracción en la inversión

pública ha resultado en la negación de la obligación del Estado de

impartir educación; ha afectado severamente la calidad de los

servicios públicos, y anticipa la aspiración persistente de la reforma

neoliberal: el fin de la educación pública gratuita a nivel medio

superior y superior. 3

Si hablar de educación pública hoy en México significa

referirse a un terreno de deterioro continuo, insuficiencia en la

cobertura, deserción provocada, elitización de la demanda, ello no

ha sido obstáculo para que se plantee una política de cálculo

mercantil del costo-beneficio de la inversión pública. Tal como se ha

hecho en otros ámbitos, depreciar, devaluar, se convierte en el

antecedente obligado de la privatización.

2 María del Carmen Pardo, coord. Aprendizajes y dilemas de la federalización educativa en México, El Colegio de México, 2000; Bonifacio Barba, coord., La federalización educativa: una valoración externa desde la experiencia de los estados, Secretaría de Educación Pública, 2000; Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 1er Congreso Nacional de Educación. Documentos de trabajo para su discusión. La federalización de la educación básica. ¿Mecanismo apropiado para la reorganización del sistema educativo mexicano?, 2000. 3 Christopher Lubienski, “School choice and privatization in Education: An alternative analytical framework”, Journal for Critical Education Policy Studies, Volume 4, Number 1, march 2006.

6

______________________________________________________

Cuadro 3

Gasto por alumno por niveles educativos4

Año Primaria Secundaria Bachillerato Superior

1980 6 11 24 89

1990 500 1000 2200 4600

2000 6900 10600 15300 34100

2006 10058 15515 21828 48792

Fuente: Informe del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2006 ______________________________________________________

La relación de gasto entre educación superior y primaria era

en 1980 del orden de 14 a 1, mientras que para 2006, se redujo a 4

a 1, lo que sitúa el esfuerzo de inversión en educación superior en

el nivel más bajo de la historia. Este dato se explica en el contexto

del incremento de la inversión privada en educación superior, que

supera hoy al 28% de la oferta de ese nivel.5 En nuestro concepto,

la devaluación e inaccesibilidad de la educación superior para la

mayor parte de los estudiantes constituye una amenaza mayúscula

para la sustentabilidad del país, así como para su estabilidad

democrática. Hoy sólo dieciocho de cada cien estudiantes que

4 La base de cálculo del gasto por alumno, como veremos, es dudosa, pero en todo caso, incluye el pago de colegiaturas en las escuelas privadas y, en el caso de las escuelas públicas, es producto de la división arbitraria del presupuesto de gasto corriente entre el número de estudiantes. 5 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, El futuro de la educación superior en el siglo XXI, 2006.

7

ingresan a la primaria llegan a concluir estudios profesionales. La

pirámide educativa en México amenaza con ser una de las más

verticales y excluyentes del mundo.

La descentralización educativa descubrió también las

inmensas carencias del sistema educativo nacional, y abrió el paso

a la legitimación de una condición de desigualdad extrema entre

estados, que puede observarse en todos los órdenes: Oaxaca,

Chiapas, Guerrrero y Veracruz acumulan rezagos educativos de

más de quince puntos respecto al promedio nacional; las zonas

rurales y las zonas marginadas de las ciudades concentran la

mayor iniquidad en el acceso y calidad de los servicios educativos;

la deserción se ha incrementado sustancialmente, sobre todo a

partir de la secundaria, y la capacidad de absorción ha disminuido a

niveles alarmantes a nivel medio superior y superior.

______________________________________________________

Cuadro 4

Panorama de las desigualdades regionales Máximo nivel de estudios de población adulta (25 a 64 años),

2005, Porcentajes de la población total por grupos de edad normativa

Estado Sin primaria

Secundaria Bachillerato Educación superior

Distrito Federal

8.4 32.4 18.5 21.8

Oaxaca 42.2 16.3 7.6 8.4

Guerrero 38.8 18.0 10.6 10.7

Veracruz 35.1 20.0 10.9 10.7

Promedio nacional

24.0 27.1 12.1 12.6

Fuente: Instituto para la Evaluación de la Educación, Informe 2006

______________________________________________________

8

Lo que alguien podría simplemente interpretar como un

crecimiento insuficiente de los servicios educativos no es, para

nosotros, sino un acto deliberado de destrucción de la capacidad de

atender la demanda educativa: no se creó una sola universidad

pública entre 1974 y 2002; se cerró la mayor parte de las escuelas

normales del país; no se incrementó significativamente la planta de

maestros; sufrió un grave deterioro el salario y empeoraron las

condiciones de trabajo de los maestros; y se abandonó a la ruina y

destrucción la infraestructura educativa nacional.

______________________________________________________

Cuadro 5

Cobertura educativa en México, 2006

Nivel Cobertura Porcentaje

población en edad escolar

Preescolar 4,452,368

Primaria 14,548,194 10,448,484 (24.1)

Secundaria 5,979,256 11,749,125 (27.1)

Bachillerato 3,658,755 5,245,919 (12.1)

Educación superior 2,446,800 5,462,692 (12.6)

Educación abierta o n.e. 3,980,650 n.d.

Total 35,066,023

Fuentes: Informe del Instituto Nacional de Evaluación para la

Educación, 2006; Instituto Nacional de Geografía y Estadística,

Conteo de Población, 2005.

9

______________________________________________________

A estos datos hay que añadir que 3,968, 165 personas

mayores de quince años (6.3% del total de la población) son

analfabetas –y de ellos, 1,203, 390 son indígenas; insistir en que el

24% de la población adulta (10, 405,129 personas) no ha concluido

siquiera la primaria. Agreguemos, también, que, de la población que

actualmente cursa el primer grado de primaria, 28.3% sufre

desnutrición; 27.6% de los que concluyen este nivel escolar también

padecen desnutrición. Los niveles de exclusión, iniquidad y

desigualdad de la población en edad escolar son, de acuerdo con

los informes del propio gobierno federal, no sólo dramáticos, sino

indignantes.

Responsabilidades compartidas: los beneficiarios de la crisis de la

educación nacional

Lo primero que hay que señalar cuando enfrentamos el panorama

de desastre de la educación pública en México es que parte

importante de la población sabe y reconoce que los presupuestos

educativos públicos son insuficientes, pero carece en buena medida

de elementos para afirmar que lo son debido a una política

deliberada de restricción del gasto, y más aún, que si no se hubiera

producido y se produjera un derroche y una orientación tan frívola

del presupuesto, sería posible atender la mayor parte de las

necesidades y demandas educativas de la población del país.

Lo más dramático, sin embargo, es que ha calado en la

población la consigna mercantilista de que “no se valora lo que no

se paga”, y han sido los propios padres y madres de familia,

10

forzados por las autoridades escolares, quienes han debido aportar

recursos multimillonarios para sostener la educación de sus hijos.

Parte significativa del proceso de privatización de la educación se

encuentra legitimada y sancionada precisamente allí, en las

escuelas públicas, en una contabilidad oculta a la vista del público y

de la que nadie rinde cuentas, pero que constituye la aportación

silenciosa más significativa al gasto educativo nacional.

Si hacemos un ejercicio de la imaginación, no distante de la

realidad por los elementos que hemos podido recoger en una

investigación de campo en proceso, podríamos llegar a

conclusiones interesantes:

• Las cuotas de inscripción en las primarias públicas no son

menores a los $200.00 anuales. Los padres y madres de

familia deben entregar el recibo de pago como condición para

que sus hijos sean inscritos en la escuela.

• El pago de exámenes de admisión en las secundarias

asciende a un mínimo de $500.00. Recordemos que sólo

concluye sus estudios de primaria el 89.7% de los

estudiantes.

• El pago de exámenes de admisión en los bachilleratos

asciende, en términos generales, a $800.00. La insuficiente

cobertura de este nivel de estudios hace que buena parte de

los padres y madres de familia que hacen este gasto no sólo

no verán ingresar a sus hijos a la escuela, sino que no

tendrán devolución alguna del gasto realizado. Concluye sus

estudios de secundaria el 78.% de los estudiantes inscritos, y

sólo el 58% concluye el bachillerato.

11

Los gastos que deben realizar los padres y madres de familia

incluyen: uniformes, útiles escolares, aportes en mantenimiento de

las escuelas, participación en festivales y otros. El ejercicio

siguiente es apenas una indicación conservadora de algo cuya

gravedad no ha sido reconocida ni denunciada por ningún

especialista en educación.

______________________________________________________

Cuadro 6

Aportaciones de padres y madres de familia a la educación

Primaria $2,909,638,800 Secundaria $2,989,628,000 Bachillerato $2,927,004,000 Total $8,826,270,800 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de investigación de campo e información de cobertura educativa del INEE, 2006 ______________________________________________________

El presupuesto sumado de aportaciones de padres y

madres de familia en primaria y secundaria es superior a todo

el presupuesto que la administración central de la Secretaría de

Educación Pública destina a diseñar la política educativa (en

que se incluyen las llamadas Escuelas de Calidad); impartir

servicios educativos; y realizar programas compensatorios

(incluidas becas escolares de CONAFE y Oportunidades).

En el caso del bachillerato, las aportaciones de padres y

madres de familia equivale al 35% del gasto de la

administración central para proporcionar servicios educativos

de ese nivel (incluido el bachillerato tecnológico y la educación

rural); o, si lo asumimos en términos del costo anual oficicial

por estudiante, serviría para pagar el costo anual de 134,094

estudiantes de bachillerato en un año escolar.

12

Semejante atropello resulta inaceptable, no sólo porque viola

abiertamente el precepto constitucional que establece que la

educación básica es obligatoria y que toda educación que imparta el

Estado será gratuita, sino porque se trata, en estricto sentido, de un

doble cobro: si los servicios que realiza el Estado son producto de

impuestos, y el Estado tiene la obligación de prestarlos

gratuitamente, cobrar cuotas adicionales por los mismos resulta del

todo ilegal, pero además, es una forma delictiva de duplicar el

presupuesto educativo.

Podemos especular sobre los beneficiarios de este atraco, pero

sea que los recursos se utilicen en las propias escuelas o que

sirvan para beneficio particular de autoridades educativas de

cualquier nivel, la realidad es que lo que se oculta es el uso del

presupuesto educativo destinado a atender necesidades escolares

básicas. Tenemos derecho a saber cuál es el presupuesto que se

destina a la educación, escuela por escuela, y a que éste sea

suficiente para cumplir con la obligación del Estado de impartir

educación pública gratuita, de calidad y de cobertura universal.

Enseguida, debemos señalar una segunda fuente de beneficios

económicos extraordinarios y de uso discrecional del presupuesto,

que tiene que ver con la orientación que se le ha dado en los

últimos años al gasto público. En términos generales, debemos

recordar que el presupuesto educativo se distribuye en 3 ramos

administrativos: 11, que incluye la administración central, los

órganos desconcentrados y descentralizados y las entidades de

apoyo; 25, que incluye el paquete salarial y el presupuesto

educativo para el Distrito Federal; y 33, que incluye las

transferencias presupuestales a estados y municipios.

13

______________________________________________________

Cuadro 7 Presupuesto educativo, 2007

Millones de pesos Ramo 11 151,963,400,000

Ramo 25 39,922,600,000

Ramo 33 198,562,868,155

Total 390,448,868,155

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

______________________________________________________

Para los efectos de este análisis, nos concentraremos en el

Ramo 11, en que se concentran las tareas administrativas y de

conducción de la política educativa del país. Así, advertimos que, en

el Presupuesto Federal de Egresos del 2007, la distribución central

de presupuesto se presenta de la siguiente manera: del

presupuesto total autorizado, de $151,963,400,000, el 93.7 %

($142,453,633, 535) se destina a gasto corriente. Esto quiere decir,

de entrada, que la Secretaría de Educación Pública destina menos

del 6% de su presupuesto a la inversión en infraestructura

educativa, científica y cultural. Si dedica el 42% de su gasto

corriente al pago de salarios y 19.6% a servicios generales,

materiales y suministros, quedan a disposición de las decisiones de

quienes ocupen cargos de administración en la Secretaría el

equivalente al 38% del presupuesto total, esto es,

$64,081,101,747, identificados como “otros de gasto corriente”6.

Este señalamiento está ratificado en el hecho de que el 55% del

presupuesto del Ramo 11 es administrado centralmente

($84,440,332,173). De este recurso, el 28.5% se dedica a la

6 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de egresos de la Federación 2007, Ramo 11, Educación Pública.

14

educación media superior, principalmente a la educación

tecnológica; en tanto, el 47.6% se dedica a la educación superior.

Esto es, el 76.1% del presupuesto educativo se orienta a estos

niveles de estudio. La orientación tecnocratizante de la educación

se corrobora cuando revisamos que, de los proyectos de inversión

con presupuesto asignado en 2007, el 94. 7% ($17,362 millones de

pesos) se destina a infraestructura para educación tecnológica. A

éstos debemos agregar otros $13,040 millones de pesos para el

mismo fin, que se espera conseguir de crédito externo, y $18,187

millones más, para el programa Enciclomedia.

Asimismo, señalaremos que se destinan $1,584 millones de

pesos a programas de evaluación educativa (incluyendo el Instituto

Nacional para la Evaluación Educativa) y $2,139 millones de pesos

para la compra de libros de textos a ser distribuidos en las escuelas.

Podemos afirmar, entonces, que la bolsa de inversión de la

Secretaría de Educación Pública asciende en millones de pesos a:

______________________________________________________

Cuadro 8 Bolsa de inversión de la Secretaría de Educación Pública, 2007

Millones de pesos Educación tecnológica 17,362

Ed. tecnológica (crédito externo) 13,040*

Enciclomedia 18,187*

Evaluación educativa 1,584

Libros de texto (CONALITEG) 2,139

Total 69,674

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Análisis administrativo económico y de los Programas y proyectos de inversión de la Secretaría de Educación Pública, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007 *Sin asignación de recursos en el presupuesto 2007

15

______________________________________________________

Volviendo a las consideraciones anteriores, en términos de la

orientación del presupuesto educativo, tenemos que el 45.8% de los

151 mil millones de pesos de la administración central de la

educación constituye el negocio de unos cuantos proveedores,

entre los cuales destacan el Banco Mundial, Microsoft, diversos

asesores en equipo tecnológico e informático, empresas

constructoras y casas editoriales. Esta es una poderosa razón por

la cual la educación pública sea, a juicio del Banco Mundial, un

asunto que debe ser tratado por administradores de empresas, y no

por educadores. 7 Y eso es justamente lo que está ocurriendo en

México hoy: la educación tratada como negocio por empresarios y

funcionarios inescrupulosos, mientras 36 millones de niños y

jóvenes, como sus familias, soportan el peso de las ruinas en que

se mantiene al sistema educativo y aportan, con su propio esfuerzo

y sin saberlo, a la bonanza de este negocio, sin que reciban a

cambio lo que debiera ser su derecho: una educación pública,

gratuita, de calidad, de cobertura universal, laica, democrática y

nacional.

Una vez más, tan sólo para insistir en la profunda desigualdad

y polarización que enfrenta hoy al sistema educativo público del

país, señalemos que, de acuerdo a informaciones del propio

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 82% de las

escuelas del país carece de computadoras. Y que, de acuerdo con

7 Christopher Lubienski, “School choice and privatization in Education: an alternative analytical framework” en Journal for Critical Education Policy Studies, Volumen 4, Número 1, Marzo de 2006; Roberto Leher, “A new lord of Education” World Bank policy for peripheral capitalism” en Journal for Critical Education Policy Studies, Volumen 2, Número 1, Marzo de 2004.

16

esta misma entidad, el presupuesto destinado por estudiante en los

principales niveles educativos es del siguiente orden:

_________________________________________________

Cuadro 9

Comparativos de presupuesto educativo

¿¿Gasto por alumno?? La mentira institucional8

Nivel Cobertura (número de estudiantes)

Gasto por alumno (pesos)

Gasto total (pesos)

Primaria 14,548,194 10,058 146,325,735,252

Secundaria 5,979,256 15,515 92,768,156,840

Bachillerato 3,658,755 21,828 79,863,304,140

Universidad 2,446,800 48,792 119,384,265,600

Total 438,341,461,8329

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, 2006 ______________________________________________________

Los socios internacionales del negocio de la educación

Sorprende y lastima a cualquier ciudadano mexicano digno el

conocer los términos en que las agencias internacionales se

refieren a México. No sólo porque lo consideran su mejor aliado

(tercer cliente mundial del Banco Mundial y sexto del Banco

8 Es evidente que esta cifra, que supera el presupuesto educativo total, está abultada con el fin de acercarla a los requerimientos de los organismos internacionales que evalúan el desempeño de la educación básica en México. Aún sin incluir al preescolar y al posgrado, si dividimos el gasto corriente del presupuesto educativo entre la cobertura de los niveles analizados, el resultado es que el gasto promedio por alumno se sitúa en promedio en la mitad de lo anunciado. 9 Como es evidente, se trata de un error que muestra la falsedad de la presentación de informaciones por la Secretaría de Educación Pública. La cifra total del gasto por alumno es superior al presupuesto total de dicha institución. Ver cuadro 7.

17

Interamericano de Desarrollo); no sólo porque tienen y han tenido

con sus sucesivos gobiernos federales desde, al menos, 1992, un

trato que les permite intervenir directamente en la planeación,

ejecución y supervisión de las principales políticas públicas; sino,

sobre todo, porque su ingerencismo rebasa todo decoro y sus

“recomendaciones” han sido sistemáticamente impuestas sin

considerar en absoluto (o siquiera poner en conocimiento) al poder

legislativo y a los ciudadanos del país.

El Banco Mundial llegó a tener con México una cartera de

deuda por 9 mil millones de dólares (94,500 millones de pesos, al

cambio vigente de 10.50 pesos por dólar, en diciembre de 2006).

Por su parte, la deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo

era del orden de 7,600 billones de dólares (79,800 millones de

pesos). Una decisión arbitraria (como todas) de Vicente Fox redujo

la deuda con el Banco Mundial a 5, 734 millones de dólares (60,

207 millones de pesos), y la del Banco Interamericano de Desarrollo

a 3, 600 millones de dólares (37,800 millones de pesos) antes de

concluir la administración anterior. Un total de 117,600 millones de

pesos, al cambio de esas fechas.

De acuerdo a estas informaciones, el gobierno mexicano

mantiene una deuda active con el Banco Mundial y el Banco

Interamericano de Desarrollo del orden de 117,589,500 millones de

pesos (siempre al cambio de 10.5 pesos por dólar). Sin embargo,

más que la deuda, lo que le permite intervenir libremente en la

orientación de decisiones del gobierno federal es la convicción de

los funcionarios de los últimos veinticinco años de que deben

atender las recomendaciones de estos organismos para transitar a

la competitividad internacional, lo que significa convertirse en socios

18

de los grandes centros de poder y decisión internacional. El pueblo

de México está claramente ajeno a estas consideraciones suyas.

Cuadro 10

Compromisos internacionales del gobierno mexicano, 2007

(Millones de dólares)

Año Banco Mundial Banco Interamericano de Desarrollo

Total

2001 860 1,100 1,960

2002 1,322 1,000 2,322

2003 888 510 1,398

2004| 621 410 1,031

2005 1,196 2,058 3,254

2006 847 387 1,234

TOTAL 5,734 5,465 11,199

Fuente: Banco Mundial, Country partnership strategy progress report, 8 de enero de 2007.

Así, el Banco Mundial ha instruido al gobierno mexicano para

que reduzca la pobreza y la desigualdad, promueva el desarrollo

ambiental; incremente la competitividad y fortalezca las

instituciones. Estos objetivos fueron aprobados por la junta de

directores del Banco en 2004 y han sido ratificados por el gobierno

de Calderón en enero de 2007. Los acuerdos entre ambos implican

un trabajo sistemático de planeación, ejecución y supervisión de

proyectos con el gabinete presidencial; el control de los recursos y

el manejo de las finanzas públicas con la Secretaría de Hacienda y

19

el Banco de México10; y la continua asesoría pagada para orientar

programas en que, por razones legales, el Banco Mundial aún no

esté en condiciones de participar.

El Banco Mundial reconoce abiertamente haber intervenido en

la campaña electoral presidencial para trabajar con los candidatos

presidenciales (aunque manifiesta abierta simpatía y coincidencia

con Calderón) en la explicación de acuerdos previos, así como en la

preparación de nuevos proyectos para los años fiscales de 2007 y

2008.

En materia educativa, la intervención del Banco Mundial ha

sido larga, y provechosa a los fines de reorientar por completo al

sistema educativo del país, esto es, hasta donde las circunstancias

de pobreza, corrupción, manejo ilegal de los recursos públicos y

protección a la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de

la Educación lo han permitido.

10 Debemos considerar también que el Banco Mundial tiene con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo para asesorar al gobierno mexicano en asuntos financieros (Financial Sector Assessment Program, FSAP), y aunque no tiene una cartera de deuda con el FMI, ha atendido cada una de las recomendaciones hechas por este organismo para “mejorar políticas económicas, instituciones y estructuras, asegurar mayor estabilidad macroeconómica y reducir la vulnerabilidad financiera”. Banco Mundial, Ibid.

20

______________________________________________________

Cuadro 11

Convenios firmados por el gobierno mexicano y el Banco Mundial en materia educativa

Convenio Monto mill.dls. Firma Status Calidad educativa

240 Diciembre 2005

Activo

Educación terciaria

180 Diciembre 2005

Activo

Educación básica

300 Julio 2004 Activo

Educación básica

300 Marzo 2002 Cerrado

Conocimiento e innovación

300 Junio 1998 Cerrado

Educación básica

115 Junio 1998 Cerrado

Educación superior

180.2 Junio 1998 Cerrado

Educación primaria

412 Marzo 1994 Cerrado

Educación inicial

80 Septiembre 1992

Cerrado

Infraestructura científica y tecnológica

189 Mayo 1992 Cerrado

Fuente: Banco Mundial, Ibid . Como se muestra en el cuadro anterior, en los últimos quince años,

el gobierno mexicano contrajo obligaciones con el Banco Mundial

en materia educativa por un total de 1,996 millones de dólares. De

ellos, se mantienen activos convenios por un monto de 720 millones

de dólares (8,280 millones de pesos, al cambio actual, de 11.5

pesos por dólar). De acuerdo con estas informaciones, la

reorientación completa de prioridades y acciones de gobierno en

materia educativa no sólo ocurrió ya, sino que se consolida

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cotidianamente. El Banco Mundial interviene en todas las

decisiones de política educativa, desde la educación básica hasta la

educación superior en el país. Su limitación única, la imposibilidad

de efectuar convenios directos con estados y municipios, está

siendo sujeta a estudio por las autoridades hacendarias del país.

Las prioridades actuales de los organismos internacionales en

educación fueron claramente establecidas por la Directora de

Educación de la Organización de Cooperación y Desarrollo en un

seminario conjunto del Banco Mundial, el Banco Interamericano de

Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la

Conferencia Económica para América Latina (CEPAL), la propia

OCDE, el gobierno mexicano y el Centro de Investigaciones y

Docencia Económica (CIDE). 11

Bárbara Ischinger señaló como prioridades de la educación

básica acciones para mejorar la efectividad de la fuerza de trabajo

magisterial, modernización del currículum y los métodos de

enseñanza, descentralización de responsabilidades, mejoramiento

de la administración escolar y utilización de evaluaciones

educativas para determinar la orientación del gasto y establecer

presiones directas a las escuelas (sistema de users´choice o

selección de escuelas de acuerdo a calidad y rendimiento),

introducción de programas de aprendizajes de oficios desde la

secundaria, apoyo a estudiantes con discapacidad, participación

comunitaria, y mejor distribución de recursos para apoyo a

estudiantes en desventaja y a través de regiones y escuelas.

En materia de educación superior, propuso la formación de un

consejo nacional de educación terciaria, la expansión y

11 Foro Internacional sobre Políticas Públicas para el Desarrollo, México D.F., 7 y 8 de febrero de 2007.

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diversificación de la oferta educativa para alimentar el mercado de

trabajo y establecer criterios económicos en el establecimiento de

programas, ampliación del programa de apoyo a estudiantes,

participación privada en el financiamiento de la educación,

cumplimiento de recomendaciones de las agencias internacionales

de evaluación acreditadas, descentralización e innovaciones

regionales, vínculos con el mercado de trabajo (especialmente para

asegurar la participación empresarial en la educación terciaria e

incorporar requerimientos de empleadores en planes y programas

de estudio), así como medidas para reducir la iniquidad. 12 Como

puede constatarse, no hay un solo aspecto de la política educativa

del país que no esté bajo control y supervisión internacional directa.

No deja de ser lamentable, sin embargo, que especialistas y

miembros destacados de instituciones públicas se muestren tan

absoluta e incondicionalmente militantes de esta visión.

Los objetivos y prioridades de esta intervención, como

planteamos inicialmente, distan mucho de acercarse a las que

debieran ser prioridades visibles de la política educativa de un país

soberano. En palabras del ex secretario de Relaciones Exteriores

de México (país al que ahora se refiere en tercera persona del

plural) y ahora secretario general de la OCDE, la “muy modesta”

productividad de la economía mexicana” debe superarse en un

“ambiente de plena competencia en todos los sectores” y para ello,

se requieren reformas que el Gobierno mexicano debe efectuar:

Las reformas urgen en varios frentes. En el mercado laboral, en el sector salud, en las pensiones y en el sistema judicial. En materia de educación, donde es inaplazable introducir severos estándares de evaluación, enfocar el sistema a la obtención de

12 Barbara Ischinger, “Education and quality”, en Foro Internacional sobre Políticas Públicas, cit.

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resultados medibles y pertinentes y a capacitar a las nuevas generaciones para competir en un mundo globalizado y cada vez más competitivo. A nivel de mercado de bienes y servicios, donde es esencial consolidar la plena competencia en sectores como el de telecomunicaciones y el de transporte, entre otros. La libre competencia se traduce a su vez en precios más accesibles y mayor calidad y variedad de servicios; en una palabra, en una mayor competitividad. 13

Es decir, que la conducción de la política educativa ha obviado por

completo los criterios establecidos en la Constitución, y en

particular, sustituyó arbitrariamente el derecho a la educación por la

oportunidad de acceder al mercado a través de la educación. Regir

una política educativa y hacer uso de cientos de miles de millones

de pesos del presupuesto público para distorsionar de esta manera

los objetivos de la educación no es sólo una aberración, sino una

irresponsabilidad histórica.

La corrupción institucional

La ruina de la educación, como la de otras instituciones públicas, no

ha ocurrido simplemente como resultado de políticas impuestas

desde fuera, o de decisiones arbitrarias de las sucesivas

autoridades. Es el producto de la corrupción, de la perversión de los

objetivos y procedimientos institucionales en función de negocios

privados o de pequeños grupos amparados en el silencio cómplice

de algunos y la resignación de la mayoría. 13 Angel Gurría, “Palabras de inauguración”, Foro internacional sobre Políticas Públicas, cit. Su visión coincide con la expresada en el documento de la OCDE, Economic policy reforms: going for growth, 2007, que en sus notas sobre países recomienda “relocalizar los recursos educativos en la secundaria y el gasto no salarial, incrementar el costo-beneficio del gasto mediante la modernización de la currícula e incorporar los resultados de las evaluaciones para premios/sanciones a maestros y escuelas, fortaleciendo así su rendición de cuentas.”

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En estos últimos meses, han salido a la luz un número

importante de negocios públicos y privados, fraudes a la nación, en

la educación pública. Dos casos se han señalado persistentemente:

la construcción de la llamada megabiblioteca José Vasconcelos,

que debió ser cerrada pocos meses después de su inauguración

por fallas descubiertas en la construcción, y que costó al erario más

de 1,300 millones de pesos; y el proyecto Enciclomedia, que

proyectaba colocar computadoras en más de ciento veinte mil

escuelas del país y que, de acuerdo a la Auditoría Superior de la

Federación, no sólo incumplió estos compromisos, sino que sirvió

para complementar presupuestos deficitarios de la SEP, que fueron

ocultados como falsas adquisiciones para el programa. Ambos

casos han sido ampliamente expuestos en la prensa. 14

Los negocios de los funcionarios y de sus socios ocurren en el

contexto del creciente deterioro de la educación, pero han sido

posibles en gran parte por la contención y represión que priva en el

sistema educativo nacional. Han sido muy numerosas las

intervenciones de las fuerzas de seguridad pública para aplastar

movimientos de protesta de estudiantes y maestros a lo largo de los

últimos veinticinco años. En todo, la combinación siniestra de

mercantilización, privatización y abandono de las responsabilidades

del Estado en la educación ha contado con la anuencia y activa

participación del poder ejecutivo federal y de sus cuerpos

represivos.

No obstante, los movimientos de empresarios y funcionarios

corruptos coinciden, sobre todo, con la protección oficial a la

poderosa red de corrupción, manipulación y autoritarismo de que

14 Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de Educación Pública, 9 de abril de 2007.

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son víctimas los trabajadores de la educación a manos de la

poderosa y siniestra dirección del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación.

Con un millón seiscientos mil plazas, que representan algo

más de un millón de docentes, el SNTE se alimenta, en primer

lugar, del 1% de los salarios de sus agremiados, lo que representa,

según cálculos de diversos especialistas, no menos de 150 millones

de pesos mensuales. De ellos no se rinde cuentas a nadie.

Enseguida, el sindicato controla una parte significativa de la

estructura de mando del sistema educativo en el país y dispone a

su arbitrio de directores de escuela, supervisores e inspectores, así

como de un número muy significativo de “comisionados” sindicales,

la mayor parte de los cuales tienen más de diez años sin trabajar.15

Causó escándalo, a principios de este año, que alcanzara el cargo

de subsecretario de Educación básica el yerno de la dirigente

sindical, cuyos escasos méritos académicos y mala fama pública

son notorios. Es un hecho que no menos del 60% de la estructura

de mando de la SEP está en manos del SNTE.

Mas es, sin duda, la figura de la autonombrada “Presidenta”

del Sindicato, Elba Esther Gordillo, la que representa de manera

más ominosa el pacto del poder público con una corrupta dirección

sindical, como método de enriquecimiento personal y de grupo, y de

contención y represión de los trabajadores organizados. Aparecida

en el escenario público en 1972, en que saltó de su plaza de

profesora primaria en Ciudad Nezahualcóyotl a secretaria general

del Sindicato, entonces bajo el mando de Carlos Jonguitud (otro

15 De acuerdo a la Administración de Servicios Educativos para el Distrito Federal, existen no menos de diez mil comisionados en esa entidad, única en el país en la que el gobierno federal se ha negado a entregar al gobierno local la administración de la educación básica.

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corrupto dirigente), fue diputada, dirigente del PRI, delegada en

Gustavo A. Madero en la capital y principal responsable del fraude

electoral con que el PRI impuso a su candidato en cerrada

contienda en Chihuahua, en 1989.

Gordillo ha sido aliada de todos los presidentes de la

República desde Carlos Salinas, pero no fue sino hasta el gobierno

de Fox que, motivada por su ambición personal, rompió sus

vínculos con el PRI, formó un nuevo partido político con parte de la

base magisterial (PANAL), y estableció una alianza política que

condujo a consolidar el fraude electoral y la lucha feroz para impedir

que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia de la

República. Para este efecto movilizó a más de 30,000 directores,

supervisores e inspectores, quienes operaron desde las casillas el

fraude más escandaloso de los últimos veinte años.

El reciente escándalo de la reforma del sistema de pensiones

de los trabajadores al servicio del Estado, conocida como Ley del

ISSSTE o Ley Gordillo, es una muestra de la intervención e

influencia de esta nefasta dirigente en los asuntos públicos del país.

Gordillo ha reconocido públicamente que discutió la iniciativa de Ley

con la Secretaría de Hacienda antes de que el proyecto fuera

presentado ante el Congreso.

La ley, aprobada durante el mes de abril, pone en manos de

un organismo semiprivado, el Pensionissste, alrededor de 160 mil

millones de pesos que corresponden a las pensiones de los

trabajadores. El comité técnico de este organismo está conformado

mayoritariamente por representantes de los trabajadores, la

Federación Sindical de Trabajadores al Servicio del Estado

(FSTSE) y el SNTE. Ellos deberán decidir, durante los próximos tres

años, en qué se invertirán las pensiones de los trabajadores (se ha

27

mencionado la vivienda, pero también el rescate carretero, en la

industria o hasta en la Bolsa de Valores).

En tanto, a los trabajadores se les incrementarán las cuotas

mensuales, la edad de jubilación a sesenta años con treinta

cumplidos de trabajo, y se les disminuirá la pensión, en promedio,

de diez salarios mínimos, a tres.16 Pese a pronósticos en contrario,

los trabajadores han reaccionado frente a este atropello y fueron

presentados quinientos mil amparos para evitar que la ley entre en

vigor. Manifestaciones, protestas y paros han ocurrido el último

mes y medio sin que las autoridades se muestren siquiera

dispuestas a escuchar a los inconformes. 17

Muchas batallas habrá todavía que pelear para lograr

erradicar el entreguismo, la manipulación, el autoritarismo y la

corrupción que son la explicación principal del deterioro de la

educación pública. La revolución de las conciencias, como la ha

denominado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de

México, sólo ocurrirá si somos capaces de informar, analizar,

discutir, proponer los cambios que se requieren para devolverle la

dignidad y el decoro, la fuerza social y cultural, los objetivos,

contenidos y ética a la educación pública en nuestro país.

En defensa de la educación y por la transformación democrática de la educación pública en México La transformación de la educación pública en un sentido

democrático implica un esfuerzo colectivo y la promoción de un gran

consenso social que permitan, primero, poner fin a los atropellos

16 Mario Di Constanzo, Secretario de Hacienda Pública del Gobierno Legítimo de México, ha denunciado el detalle de esta operación. Ver La Jornada, abril y mayo del 2007. 17 Ver La Jornada,2 y 18 de mayo del 2007.

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que se han venido cometiendo a nombre del interés público, y

enseguida, reorientar principios, políticas y programas para

remontar los rezagos y proyectar a la educación no sólo como

derecho social universal, sino como el principal motor del desarrollo

social y garantía del ejercicio de la libertad y de la democracia.

En nuestro concepto, los lineamientos que deben

considerarse son los siguientes:

• Recuperar la soberanía en materia educativa

Ello implica poner fin a los onerosos convenios con los organismos internacionales y replantear los objetivos de la educación en función de las necesidades del desarrollo del país

• Asegurar el financiamiento indispensable para hacer

universales todos los niveles educativos

Ello significa incrementar al menos en tres puntos la inversión pública en educación, para cumplir con el derecho a la educación desde la alfabetización, el preescolar, la educación básica, media superior y superior; deberán abrirse nuevos espacios educativos, y asegurarse de que la educación pública es gratuita

• Erradicar los privilegios de los funcionarios, establecer

programas de austeridad republicana e Iniciar investigaciones para fincar responsabilidades por corrupción

Terminar con el uso de los recursos públicos para beneficio privado o de unos cuantos, así como con las decisiones discrecionales de funcionarios y dirigentes sindicales en materia educativa; con el apoyo de contralores ciudadanos, llevar a cabo una inspección física y auditoría financiera a todas las instituciones educativas del país

• Garantizar condiciones de equidad, igualdad, respeto y

tolerancia en todas las escuelas

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Erradicar la discriminación en todas sus formas, dar garantías de respeto e integración en igualdad de circunstancias a indígenas, mujeres, personas con discapacidad, personas con distintas preferencias ideológicas, sexuales o religiosas, origen nacional, condición económica o social

• Erradicar la perspectiva mercantilista de la formación

educativa y promover la formación crítica, científica, histórica y humanística en todos los niveles educativos

Eliminar la orientación tecnocratizante en la educación y la subordinación de la educación a los requerimientos de empleo determinados por las empresas; promover una amplia transformación de los contenidos de la enseñanza y de los métodos de enseñanza y aprendizaje para privilegiar la formación crítica, científica, histórica y humanística y promover valores y principios de solidaridad, amor por la patria y servicio a los semejantes

• Establecer compromisos verdaderos para la formación de los

maestros y maestras en todos los niveles educativos

Abrir nuevos espacios de formación para maestros e incrementar el presupuesto para todas las escuelas normales, a las que deberá incorporarse el nivel medio superior; promover la incorporación de los maestros a la educación universitaria y establecer como derecho de todos el de la formación y actualización permanentes

• Mejorar las condiciones de trabajo del magisterio

Garantizar un salario digno y condiciones adecuadas de trabajo para todos; erradicar los privilegios e impedir los abusos por parte de autoridades educativas y sindicales

• Asegurar el funcionamiento adecuado y condiciones de

seguridad e higiene en todos los planteles educativos

Los locales que ocupan las escuelas deberán ser propiedad de la Secretaría de Educación Pública y encontrarse en las condiciones de seguridad e higiene previstas en las normas de protección civil

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• Promover la lectura y la formación histórica, científica y humanística en todos los niveles educativos

Garantizar el acceso universal a libros y cuadernos de texto gratuitos en todos los niveles escolares; formar bibliotecas comunitarias en todos los centros escolares; estimular el contacto de los estudiantes con la investigación histórica, científica y humanística a través de los planes y programas de estudio y mediante programas de servicio social de las universidades públicas

• Promover la participación ciudadana en todas las actividades educativas, así como en el impulso a la resignificación cultural de la educación

La colectividad organizada, como la cultura de comunidades, barrios, pueblos, regiones y del país en su conjunto debe dar sentido a la educación y presidir las orientaciones de la educación, de acuerdo con una perspectiva democrática, nacional, laica y ajena a facciones, ideologías sectarias e imposiciones políticas

• Erradicar la violencia de las escuelas

Con el apoyo de padres y madres de familia, maestros y maestras y las autoridades educativas, tender un sistema de seguridad y protección a todas las escuelas del país, para evitar que en ellas se cometan delitos, se realicen o promuevan actos de violencia, o se ponga en riesgo la tranquilidad de los integrantes de las comunidades escolares