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((2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria»

Oficio núm. CGJ/D.A.L.R.1940/2018

Diputada Alejandra Gutiérrez CamposPresidenta de la Comisión de Hacienda y FiscalizaciónSexagésima Cuarta LegislaturaCongreso del EstadoPresente

Atención: Lic. Sofía Ruiz BacaSecretaria Técnica

En atención a que se remitió a esta Coordinación General Jurídica para consulta las Iniciativas a finde a fin reformar el artículo 62, primer y tercer párrafos de la Ley para el Ejercicio y Control delos RecursosPúblicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y para expedir la Ley deAusteridad Republicana para el Estado de Guanajuato, presentadas por el Grupo Parlamentariodel Partido Revolucionario Institucional y el Grupo Parlamentario del Movimiento de RegeneraciónNacional respectivamente, se envía la opinión que esta Coordinación General Jurídica emiterespecto de la citadas iniciativas y que se acompañan a esta comunicación.

Lo anterior con fundamento a lo establecido en el artículo 6 fracción V del Decreto Gubernativonúmero 172, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 188 Segunda Parte,del 25 de Noviembre de 2003, en relación con el 6 fracción IV del Artículo Primero del DecretoGubernativo número 158, por el que se reestructura la Consejería y Enlace de Gubernatura, comounidad del Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estadonúmero 103, Segunda Parte, del 28 de junio de 2016.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

AtentamenteGuanajuato, Gto., S de diciemb((2018, Año de la Educación yeJ1:mDle."*".J

c.c.p. Lic.LuisErnesto Ayala Torres. Secretario de Gobierno. Para su conocimiento. Presente.

Coordinación General JurídicaBoulevard Guanajuato. S/N, Colonia Pozuelos, 36089, Guanajuato, Gto. Tet. (473) 731 0472: 7310022: 7310361 Y7310376

guanajuato.gob.mx

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Asunto: Opinión de la Iniciativa a fin de reformar el primer y tercerpárrafo del artículo 62 de la Ley para el Ejercicio y Control delos Recursos Públicos para el Estado y los Municipios deGuanajuato.

Antecedentes: El 18 de octubre de 2018, las diputadas y los diputadosintegrantes del Grupo Parlamentario del Partido RevolucionarioInstitucional, presentaron iniciativa a fin de reformar el primer ytercer párrafo del artículo 62 de la Ley para el Ejercicio yControl de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipiosde Guanajuato.

1. IntroducciónEnsu exposición de motivos los iniciantes refieren:

[...]

La tesis que plantea el Grupo Parlamentario del Partido RevolucionarioInstitucional a través de esta Iniciativa, consiste en algo distinto del merocontrol que a través de una pluralidad de instrumentos ejerce el CongresoLibrey Soberano del Estado de Guanajuato; pues trasciende al marco jurídico quegenere una sana disciplina presupuestaria y administrativa. Se relaciona máscon la posibilidad de profesionalizar verdaderamente lo concerniente al diseño,elaboración, ejecución y control del Presupuesto Anual de Egresosen los TresPoderesdel Estadoy losOrganismosPúblicosAutónomos.

Con las condiciones jurídicas actuales que permite el artículo 62 de la ley encomento, provoca un presupuesto no estable; origina un contextopresupuestario incierto, lo cual va en contra de los principios de disciplinaadministrativa y financiera. Siendo esto un procedimiento y prácticainadecuada para un sistema financiero transparente, profesional ydemocrático.

Consiste en disciplinar el diseño, elaboración y ejecución del presupuesto deegresos; y eliminar resabios que pongan en riesgo la sana transparencia ydemocracia de nuestras instituciones en el manejo y control del presupuesto

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[...]

de egresos, pues no debe limitarse a un ínfimo rango de simple gasto público yporcentaje de traspasos; sino al hecho de la corresponsabilidad y sano sistemafinanciero transparente y democrático del ejercicio y control del gasto de losPoderes y Organismos Autónomos. Esta corresponsabilidad deviene en lacorrecta elaboración del presupuesto anual.

Se trata pues de promover la disciplina y profesionalización en el diseño delpresupuesto apegado a una realidad social y financiera y no a una ficción quegenera distorsión e incertidumbre presupuestaria, así como tensiones ydesconfianzas políticas con el monto permitido en la ley, equivalente a norebasar el 6.5% de los presupuestos anuales de quien los otorga y de quien losrecibe, para libremente y sin pedir autorización del Congreso del Estado,realizar traspasos; principalmente en el ejercicio del presupuesto del PoderEjecutivo.

[...]

En conclusión, se trata con la reforma, de propiciar procedimientostransparentes, ciertos, bien informados, aplicables y obligatorios a todos lospoderes y a cada uno de los organismos públicos autónomos. Por ende, resultanecesario, útil y efectivo para lograr esta disciplina, reducir al uno por ciento elmargen de traspasos de montos de los presupuestos anuales sin que seanautorizados por el congreso del estado.

[...]

De lo anterior se desprende que a principal intención del iniciante es generarprocedimientos transparentes, ciertos, bien informados, aplicables y obligatorios atodos los poderes y a cada uno de los organismos públicos autónomos.

2. ComentariosElartículo 62 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, señala:


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Artículo 62. ElTitular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría podráautorizar a las Dependencias y Entidades a realizar traspasos entre sí, que enconjunto no rebasen un monto equivalente al 6.5% de los presupuestosanuales de quien los otorga y de quien los recibe, respectivamente. Cuando seanecesario realizar traspasos por montos superiores, se requerirá autorizacióndel Congresodel Estado.

Enel casodel presupuesto municipal, el presidente municipal podrá realizar lostraspasos a que se refiere el párrafo anterior, sólo por causa grave, dandocuenta de inmediato al Ayuntamiento.

Quedan exceptuados del límite porcentual mencionado, los ramoscorrespondientes a provisiones salariales y económicas y deuda pública, asícomo los recursos transferidos por la Federacióno el Estadoy los provenientesde donativos y de recuperaciones de seguros, cuando tengan un destinoespecífico.

ElÓrgano de Gobierno de los Poderes Legislativo y Judicial y de los OrganismosAutónomos, se sujetará a lo previsto en el primer párrafo de este artículo.

Desde el nacimiento de la institución presupuestaria, a finales del Siglo XVIII, laactividad de conformación del presupuesto se ha enmarcado en una serie deprincipios, los que a su vez han ido también evolucionando -a la par que elpresupuesto-, acorde a la situación económica y política. Señalan Corona y Díazque:

Enel pensamiento clásico existía una gran preocupación por la fijación de unosprincipios presupuestarios asentados fundamentalmente en la concepcióndecimonónica del parlamentarismo democrático y en la teoría hacendística dela época. Sin embargo los cambios operados en el último siglo en elpensamiento financiero y en las instituciones políticas, han tenido comoconsecuencia importantes modificaciones a los principios presupuestarios.'

1CORONA, Juan F. y OíAZ, Amelia, Introducción a la Hacienda Pública, España,Ariel Economía, 2000, p. 79.

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Luego, los principios pueden clasificarse como: políticos, contables y económicos;ubicándose el principio de especialidad en la primera categoría -político-;Sergio Francisco de la Garza, citando a Gabino Fraga, consigna que uno de losprincipios rectores del presupuesto de egresoses el de especialidad, que significaque «... Ias autorizaciones presupuestales no deben darse por partidas globales,sino detallando para cada caso el monto cutorlzocoe-, esto es, que los recursossean aplicados conforme al texto de las partidas señaladas en el mismo.

Por su parte, Corona y Díaz, consignan que el principio de especialidad, setraduce en una autorización para gastar, concedida al ejecutivo a través delpresupuesto, pero no como una autorización general de gasto, sino especial ycondicionada, destacando que dicho principio presenta tres acepciones: (i)principio de especialidad cualitativa -conforme al cual en la ejecución delpresupuesto los recursos deben ser asignados exactamente para los objetivosfijados en el presupuesto y no para otros-; (ii) principio de especialidadcuantitativa -según el cual en la ejecución del presupuesto los recursos debenasignarse en una cantidad específica-; y (iii) principio de especialidad temporal-según el cual la autorización es válida para un periodo de tiempodeterminado-.

No obstante, la práctica presupuestaria ha conducido a una interpretaciónbastante flexible de este principio, considerándose adecuado recurrir a lastransferencias entre distintas partidas, siempre y cuando se atengan a normas deprocedimiento que garanticen un mínimo de racionalidad y de cumplimiento demandato parlamentario contenido en el presupuesto.'

Dicho principio se encuentra previsto en la legislación local, en el artículo 57de laLey para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y losMunicipios de Guanajuato.4

2 DE LA GARZA, Sergio Francisco,Derecho Financiero Mexicano, Porrúa, México, 1994, p. 137.3 Op. Cit. CORONA, Juan F.y DíAZ, Amelía, pp. 79 Y80.4 Artículo 57.- Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto de egresosquelo autorice se determine por ley posterior o se realíce con cargo a ingresos excedentes. Para que procedauna erogación y ésta sea lícita, deberá sujetarse al texto y suficiencia de la partida. Tampoco podrán


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Así, esta concepción doctrinaria es la que da pauta a la regulación que la figuradel «traspaso» se encuentra en la legislación de la entidad. La figura de traspaso,es definida en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, en suartículo 3, fracción XLI,de la forma siguiente:

XLI.Traspaso: Losmovimientos que consisten en trasladar el importe totalo parcial de la asignación de una clave presupuestaria a otra, previaautorización de la autoridad facultada de conformidad con las leyes yreglamentos aplicables; y

Por su parte, la Ley del Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal delaño 2018, consigna como facultad para la Secretaría de Finanzas, Inversión yAdministración:

Reasignación de gasto públicoArtículo 55. Conforme a lo dispuesto en los artículos 595, 626, 667 Y 678 de laLeypara el Ejercicio, la Secretaríapodrá:

utilizarse las partidas para cubrir necesidades distintas a aquéllas que comprenden su definición, salvo lodispuesto en el artículo 149 de la ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de losMunicipios.

5Artículo 59. Enfunción de la productividad y eficiencia de la Administración Pública del Estado, el Ejecutivo,por conducto de la Secretaría, podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas yconceptos de gasto de las dependencias y entidades, cuando ello represente la posibilidad de obtenerahorros y economías. En el caso de la Administración Pública Municipal, esta atribución la tendrá elAyuntamiento.

los remanentes por concepto de ahorros y economías que se generan en los términos del párrafo anterior,así como los que resulten por concepto de un costo financiero de la deuda pública menor al presupuestado,se destinarán en primer lugar a corregir desviaciones del balance presupuestario de recursos disponiblesnegativo, y en segundo lugar a programas prioritarios o a gastos de inversión de conformidad con las reglasde procedimiento que para el efecto se expidan.

los Poderes legislativo y Judicial y los Organismos Autónomos, por conducto de su Órgano deAdministración, tendrán las atribuciones antes señaladas.


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6 Artículo 62. ElTitular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría podrá autorizar a las Dependenciasy Entidades a realizar traspasos entre sí, que en conjunto no rebasen un monto equivalente al 6.5% de lospresupuestos anuales de quien los otorga y de quien los recibe, respectivamente. Cuando sea necesariorealizar traspasos por montos superiores, se requerirá autorización del Congresodel Estado.

Enel casodel presupuesto municipal, el presidente municipal podrá realizar los traspasos a que se refiere elpárrafo anterior, sólo por causagrave, dando cuenta de inmediato al Ayuntamiento.

Quedan exceptuados del límite porcentual mencionado, los ramos correspondientes a provisiones salarialesy económicas y deuda pública, así como los recursos transferidos por la Federación o el Estado y losprovenientes de donativos y de recuperaciones de seguros, cuando tengan un destino específico.

ElÓrgano de Gobierno de los Poderes Legislativo y Judicial y de los Organismos Autónomos, se sujetará a loprevisto en el primer párrafo de este artículo.

7 Artículo 66. El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría o en su caso, los Ayuntamientos, podránreservarse lasministraciones de fondos a las Dependenciasy Entidades cuando:

l. No envíen la información que les sea requerida, en relación con la ejecución de sus programas y elejercicio de sus presupuestos;11. Del análisis del ejercicio de sus presupuestos y en el desarrollo de susprogramas aprobados, resulteque no cumplen con las metas previstas o bien, se detecten desviaciones en su ejecución o en la aplicaciónde los recursos correspondientes;111. Las Entidades no remitan sus estados financieros, previamente aprobados por sus Órganos deGobierno, cuando éstos les sean requeridos por la Secretaría o Tesorería. Ello podrá motivar la inmediatasuspensión de las subsecuentes ministraciones de recursos que por el mismo concepto se hubierenautorizado;IV. En el manejo de sus disponibilidades financieras, no cumplan con las normas que emita laSecretaría o el Ayuntamiento en materia presupuestaria;V. Lasentidades cuenten con autosuficiencia financiera;VI. Lasministraciones ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento;VII. Lasentidades no remitan la información referente a la aplicación de lasministraciones;VIII. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas; yIX. Engeneral, no ejerzan suspresupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables.

8 Artículo 67. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría y, en su caso, el Ayuntamiento porconducto de la Tesorería, efectuarán las reducciones, diferimientos, cancelaciones o ajustes a los montos delos presupuestos aprobados de las dependencias y entidades, cuando se presenten contingencias que


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l. Autorizar a las dependencias y entidades, a realizar traspasos entre sí, queen conjunto no rebasen el monto equivalente al 6.5% de los presupuestosanuales de quien los otorga y de quien los recibe;

11. Reservarselasministraciones de fondos a lasdependencias y entidades;

repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados. Para los efectos de este artículo, los ajustesy reducciones a los presupuestos de egresosse aplicaran en los rubros de gasto en el siguiente orden:

l. Gastosde comunicación social;11. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términosde lo dispuesto por el artículo 93 de la presente Ley;y111. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepcionesextraordinarias.

Encasode que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podránrealizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programassocialesy de inversión prioritarios.

Así mismo, el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, ajustará las erogaciones correspondientesa aportaciones y participaciones para los Municipios, cuando éstas sufran variación en relación a los ingresospronosticados por este concepto.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo deberán tomarse en cuenta las circunstanciaseconómicas y socialesque priven en el Paísy en la Entidad, así como los alcancesde los conceptos de gasto.Los ajustes y reducciones que se efectúen en observancia de lo anterior, deberán realizarse en formaselectiva, optando preferentemente por aquellos programas de menor impacto social y económico, sinafectar lasmetas sustantivas del gasto social y de los principales proyectos de inversión.

Del ejercicio de esta facultad, el Ejecutivo y los ayuntamientos notificarán al Congreso al presentar losinformes financieros trimestrales y la cuenta pública.

Tratándose de los Poderes Legislativo y Judicial y de los Organismos Autónomos, en el ámbito de susrespectivas competencias, las reducciones, diferimientos, cancelaciones o ajustes a los montos de suspresupuestos, serán determinados por el Órgano de Gobierno respectivo aplicándose, en lo conducente, lodispuesto en este artículo.


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111. Efectuar reducciones, diferimientos, cancelaciones o ajustes a los montosde los presupuestos aprobados de las dependencias y entidades, cuando sepresenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresospresupuestados; cuyos ajustes y reducciones deberán aplicarse en el orden delos rubros de gasto señaladosen la Leypara el Ejercicio; y

IV. Determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas yconceptos de gasto de lasdependencias y entidades, cuando ello represente laposibilidad de obtener ahorros y economías; cuyos remanentes deberánaplicarse al orden establecido por la Leypara el Ejercicio.

Esto es, el principio de especialidad del presupuesto tiene una excepcionreglada, que esel traspaso, acotado por mandato de la propia ley aprobada poreste Congreso del Estado, a movimientos de recursos públicos presupuestalespara satisfacer necesidades propias de la función pública, supeditado a laautorización expresa de la Secretaría de Finanzas,Inversióny Administración y altope porcentual fijado del 6.5%,los cuales además serán materia de informaciónal Congreso del Estado,a través de la cuenta pública.

Así,el traspaso a) Estáprevisto en la Ley (principio de legalidad); b) Se orienta aactividades propias de la función pública (principio de orientación de gastopúblico); e) Se requiere autorización expresa del órgano hacendario estatal(Secretaría de Finanzas,Inversióny Administración); y d) La facultad está limitadaal 6.5%de los montos presupuestarios de las dependencias y entidades (no deltotal del presupuesto anual aprobado).

Se estima que aún cuando la intención expuesta en las consideraciones de laexposición de motivos por el iniciante -como ya se consignó- se soportafundamentalmente en:

En conclusión, se trata con la reforma, de propiciar procedimientostransparentes, ciertos, bien informados, aplicables y obligatorios a todos lospoderes y a cada uno de los organismos públicos autónomos.

Consideramos que la finalidad relativa a la transparencia, no va ligada con ladisminución del monto de autorizaciones para traspasosque prevé la Ley para el


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Ejercicio y Control de los RecursosPúblicos en el monto del 6.5%desde 2012 -previo a ese año era del 7.50;0-.

Lo anterior, porque esta posibilidad de realizar traspasos presupuestarios hasta el«techo» del 6.5%, obedece a la necesidad de contar con un margen queposibilite el ejercicio presupuestal ante reducciones, diferimientos ocancelaciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias yentidades, los cuales pueden obedecer a situaciones económicas locales, perotambién a reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptosde gasto que se den en el Presupuesto de Egresosde la Federación y que nosimpacten con tal repercusión.

Baste señalar que en la exposición de motivos de la Iniciativa de Ley delPresupuestoGeneral de Egresospara el Estado de Guanajuato para el siguienteejercicio fiscal-2019-, se consigna:

111.Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendolos montos de Deuda Contingente.

A efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 5,fracción 111,de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y losMunicipios, a continuación de describen los riesgos relevantes de las finanzaspúblicas.

Con base en el desafiante entorno económico nacional e internacionalque se plantea para el ejercicio 2019, asociado a factores tanto económicoscomo políticos, se estima los siguientes riesgosque podría enfrentar la entidad.

Enmateria de ingresos

• Disminución en los ingresos por recursos federales con respecto a lopronosticado. Loanterior, derivado de:

• Un menor ritmo de crecimiento de la economía mexicana, que se traduzca enmenores ingresos federales, y por consiguiente, en una reducción de losingresosque reciben las EntidadesFederativasvía Participaciones Federales.

• Bajacotización en los precios internacionales del petróleo o un bajo dinamismode la plataforma de producción. Una afectación negativa en estas variables


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impactan adversamente el nivel de ingresos federales petroleros, generandopresiones a las finanzas públicas, lo que se traduce en menores ingresos paralas Entidades Federativas.

• Modificaciones Fiscales y Presupuestales del Gobierno Federal. Esto porquesigue latente la volatilidad observada en los mercados financieros que hangenerado presiones en lasfinanzas públicas nacionales.

Acciones de mitigación: fortalecimiento de la recaudación estatal, así como deltrabajo conjunto con los órdenes de gobierno federal y municipal.

Enmateria de gasto público

• Reintegro de recursos federales no devengados o comprometidos. Encumplimiento de lo dispuesto en Ley de Disciplina Financiera de las EntidadesFederativasy los Municipios.

• Bajo ritmo de ejecución de los procesos y proyectos presupuestados.

Acciones de mitigación:• Orientar el gasto público hacia proyectos de inversión preparados, para que su

ejecución se realice en tiempo y forma.• Implementar mecanismos de coordinación intergubernamental, a fin de

mejorar la eficiencia de los procesos de contratación y ejecución de losrecursos públicos.

• Establecer indicadores de gestión de desempeño que permitan identificardesviacionesde la planeación y actuar en consecuencia.

• Fortalecer la capacidad de gestión de los recursos federales por convenio.


Enmateria de deuda pública y calidad crediticia:

• Incrementos en las tasas de interés. Los créditos vigentes contratados porGobierno del Estadoy que constituyen la deuda pública estatal, están pactadosen tasa de interés variable, por lo que un incremento considerable en las tasasde interés pudiera provocar que el presupuesto estimado para cubrir el costofinanciero de la deuda pública no seasuficiente.

Acciones de mitigación: Prever un margen razonable en la estimación delpresupuesto con baseen las proyecciones de las tasas de referencia, evaluar lacontratación de coberturas y cambio en tipo de tasa.

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• Baja de la calificación soberana. Ante un escenario de una disminución en lacalificación del país se puede afectar a la baja, de manera inmediata, lascalificaciones de todas las entidades federativas, incluido el Gobierno delEstadode Guanajuato.

Acciones de mitigación: Monitorear los indicadores que toman en cuenta lascalificadoras a fin de aminorar la posibilidad de una baja de calificación.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y losMunicipios define la Deuda Contingente como cualquier Financiamiento sinfuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria osubsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismosdescentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria yfideicomisos, locales o municipales y, por los propios Municipios con susrespectivos organismos descentralizados y empresasde participación municipalmayoritaria.

Con base en dicha definición se determina que actualmente elGobierno del Estado no tiene registrada Deuda Contingente, si bien es ciertoque el Estadoes garante subsidiario de los créditos contratados por la mayoríade los municipios, estos tienen una fuente o garantía de pago definida que norepresenta un riesgo para la entidad.

No obstante lo anterior, todos los financiamientos y obligaciones delEstadoy susmunicipios se encuentran inscritos en el Registro Estatal de DeudaPública, así como en el Registro Público Único de Financiamientos yObligaciones de Entidades Federativas a cargo de la Secretaría de Hacienda yCrédito Público, por lo cual tanto el Estado como la Federación dan puntualseguimiento a cada uno de los créditos inscritos.

Con estas acciones estratégicas en materia de deuda pública, elGobierno del Estado de Guanajuato, espera hacer frente al escenario queplantea el ejercicio fiscal 2019.

Ante el escenario que se tiene previsto, se estima necesario no variar elporcentaje establecido en el artículo 65 de la Ley para el Ejercicio y Control de losRecursosPúblicos, pues se limitaría la capacidad de respuesta ante contingenciasde gasto y ejercicio de recursos.


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Por lo que hace a la intención de mayor transparencia, consignada por losiniciantes, se encuentra ya prevista en: (1) las obligaciones que prevé tanto la LeyGeneral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como la Ley deTransparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato;(iI) la presentación de la cuenta pública al Congreso del Estado; y (iIi) la difusiónde la cuenta pública a través del portal de la Secretaría de Finanzas,InversiónyAdministración, pues la Secretaría publica en su página de internet, de manerainmediata a su presentación, la cuenta pública anual integrada, misma quepuede consultarse en: http://sed.guanajuato.gob.mx/CuentaPublica/public/maindestacando que en la página de internet del Congreso del Estado, en elapartado de Congreso abierto, se contiene también el vínculo a la liga de lacuenta pública: http://www.congresogto.gob.mx/congreso_abierto.

4. Conclusiones• Elprincipio de especialidad del presupuesto tiene una excepción reglada,

que es el traspaso, acotado por mandato de la propia ley aprobada poreste Congreso del Estado, a movimientos de recursos públicospresupuestales para satisfacer necesidades propias de la función pública,supeditaado a la autorización expresa de la Secretaría de Finanzas,Inversión y Administración y al tope porcentual fijado del 6.5%,los cualesademás serán materia de información al Congreso del Estado, a través dela cuenta pública.

• Eltraspaso:a) Estáprevisto en la Ley (principio de legalidad);b) Se orienta a actividades propias de la función pública (principio deorientación de gasto público);e) Se requiere autorización expresa del órgano hacendario estatal(Secretaría de Finanzas,Inversióny Administración); yd) La facultad está limitada al 6.5%de los montos presupuestarios de lasdependencias y entidades (no del total del presupuesto anual aprobado).

• Esnecesario contar con un margen que posibilite el ejercicio presupuestalante reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas yconceptos de gasto de las dependencias y entidades, los cuales puedenobedecer a situaciones económicas locales, pero también a reducciones,diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto que se


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den en el Presupuesto de Egresosde la Federación y que nos impactencon tal repercusión.

• Por lo que hace a la intención de mayor transparencia, esta encuentraasidero en:

a) Las obligaciones que prevé tanto la Ley General de Transparencia yAcceso a la Información Pública, como la Ley de Transparencia y Accesoa la Información Pública para el Estadode Guanajuato;

b) La presentación de la cuenta pública al Congreso del Estado;y

e) La difusión de la cuenta pública a través del portal de la Secretaría deFinanzas, Inversión y Administración, pues la Secretaría publica en supágina de internet, de manera inmediata a su presentación, la cuentapública anual integrada, misma que puede consultarse en:http://sed.guanajuato.gob.mx/CuentaPublica/public/main destacandoque en la página de internet del Congreso del Estado, en el apartado deCongreso abierto, se contiene también el vínculo a la liga de la cuentapública: http://www.congresogto.gob.mx/congreso_abierto.

Guanajuato, Gto. 5 de diciembre de 2018.


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Asunto: Opinión de la Iniciativa a fin de expedir la Ley de AusteridadRepublicana para el Estado de Guanajuato.

Antecedentes: El 25 de octubre de 2018, el diputado Ernesto Alejandro PrietoGallardo, integrante del Grupo Parlamentario del Movimientode Regeneración Nacional, presentó Iniciativa a fin de expedirla Ley de Austeridad Republicana para el Estado deGuanajuato.

1. IntroducciónEnsu exposición de motivos el iniciante manifiesta:

[...] reconocemos como indispensable para la reconstrucción de lainstitucionalidad del estado, asícomo constitucionalmente viable y socialmentenecesario incorporar la austeridad como principio conductor de laadministración y eje estratégico del gasto público, estableciéndola como unprincipio de observancia obligatoria para todo servidor público y transversal atodo el Gobierno del Estado.

[...]

Laausteridad permitirá erradicar el conjunto de excesosque la clase política sehabía otorgado de forma ilegal y en claro perjuicio de la sociedad, así comoconsumar los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez ytransparencia en la asignación y el ejercicio de recursos públicos. Esto es unode los motores de la transformación que estamos llevando a cabo por mandatopopular.

[ ...]

Lascifras del dispendio son exorbitantes, año con año salen a la luz escándalosde derroche de recursos en bienes y servicios suntuosos, como los son,enunciativamente, seguro médico particular, automóviles nuevos, camionetasblindadas, choferes, y en muchos casos comidas y bebidas, comportamientosque durante décadas se consideraron normales entre los políticos y

gobernantes.Coordinación General Jurídica

Gobierno del Estado de Guanajuato

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[oo.]

Conforme a lo anterior, la austeridad, como expresión del derecho popular acontar con un gobierno honrado y eficaz, comprende:

• La reducción del gasto corriente respecto de los salarios y prestacionesde los altos funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, al Legislativo y alJudicial, Ayuntamientos, organismos paramunicipales, órganosautónomos y demás entidades del estado de Guanajuato a adoptarprincipios estrictos de austeridad. Al respecto, la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 127 elesquema de control salarial, mismo que será desarrollado en una leyreglamentaria que establecerá lasdirectrices enunciadas en esta Ley.

• La incorporación de todos los funcionarios a los sistemas públicos deseguridad social y la consecuente prohibición de establecer regímenesprivilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así comocontratar a cargo de recursos públicos, seguros privados de gastosmédicos, de vida o separación, o cualquiera que seasu denominación.

• Evitar el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando lasfunciones del estado sin crear nuevas plazas. De este modo, el estadoaprovechará cada uno de los empleos que mantenga, mismos quedeberán estar plenamente justificados en el ejercicio de una funciónque aporte valor a la economía.

• Limitar el uso de vehículos propiedad del estado al cumplimiento defines de utilidad pública y servicio directo a la población, los que sólopodrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad sejustifique por ser medio directo para el cumplimiento de una funciónpública.

• Restringir el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimoposible la contratación de espaciospublicitarios.


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• Establecer límites al número de viajes oficiales de cada ente público,prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase oequivalente. Así mismo, se establecerán reglas para topar los gastos dehospedaje y alimentación del servidor público comisionado.

• Establecer límites para que no se excedan los montos erogados en elejercicio presupuestal inmediato anterior en los gastos por servicios detelefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles,arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario,remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienesinformáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifasoficiales o la inflación.

De ello, se aprecia que se busca elevar a rango de una ley diversas medidas queson propiamente materia de diversas disposiciones administrativas que pormandato de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para elEstado y los Municipios de Guanajuato corresponde emitir a cada uno de losPoderes del Estado, losOrganismos Autónomos del Estado, los ayuntamientos y lasdependencias y entidades de las administraciones publicas estatal y municipales.

Artículo 55.- Los sujetos de la Ley serán responsables de la estrictaobservancia de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplinapresupuestal, para optimizar la aplicación de recursos en conceptos de gastocorriente.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los sujetos de la Ley porconducto de la Secretaría, la Tesorería o el Órgano de Administración segúncorresponda, deberán emitir los lineamientos generales de racionalidad,austeridad y disciplina presupuestal, a más tardar el treinta y uno de enero decada año.

Asimismo, deberán establecer en las disposiciones administrativasrespectivas, medidas permanentes para la reducción y racionalización del


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gasto corriente, previendo un uso eficaz y transparente de los recursospúblicos.

Los ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de loslineamientos y medidas a que se refiere este artículo, deberán destinarseconforme a lo previsto en el artículo 59, segundo párrafo de esta Ley.

2. Comentarios2.1 De la denominación de la propuesta de Ley, así como de su exposición demotivos -en la que el iniciante aduce que es necesario incorporar la austeridadcomo princioio=, se estima necesario establecer con precisron unadenominación del principio de «austeridad republicana», aunado al hecho deque de la consulta a la doctrina y la propia Iniciativa que a nivel nacional sediscute en el Congreso de la Unión sobre la misma meterle.' no se cuenta conuna definición de dicho principio.

y es que si una Ley se encuentra basada en un principio, es indispensableconocer qué se entiende por el mismo.

2.2 Encuanto a la previsión de que todos losservidores públicos deberán ajustarsea un tabulador que tendrá como tope máximo el ingreso bruto del Presidente dela República, esta se encuentra condicionada a la Ley Federal deRemuneraciones de losServidoresPúblicos, Reglamentaria de losArtículos 75y 127de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -la cual deberíahaber establecido los parámetros objetivos necesarios para determinar la cuantíadel salario del Presidente de la República-, contra la cual la Comisión Nacionalde los Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad,señalando entre otros, lossiguientes argumentos:

[...] existe un imperativo categórico constitucional para que el legisladorordinario desarrolle los siguientes elementos constitucionales:

. [...]

1Gaceta Parlamentaria de fecha 11 de septiembre, anexo 11, http://gaceta.diputados.gob.mx;'


GTO 5

Grandeza de México

• Establecer los parámetros objetivos necesarios para determinar lacuantía del salario del Presidente de la República,de manera que, al seréste el límite máximo, su salario no pueda ser disminuido hasta elpunto en el que dejen de garantizarse remuneraciones por eldesempeño de su función, empleo, cargo o comisión, y proporcionalesa sus responsabilidades del resto de los servidores públicos.'

• Establecer las medidas, los criterios y las reglas objetivas para fijar lacuantía de las remuneraciones de cada uno de los servidores públicospertenecientes a los tres niveles de gobierno, es decir, a la federación,entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de laCiudad de México de susentidades y dependencias.

• Lo anterior, atendiendo a que, cada Ente público ejerce funciones yfacultades diferenciadas, y por tanto lleva a cabo tareas y actividadesdistintas, por lo que, para determinar una remuneración debenestablecerse parámetros diferenciados para cadaactividad.

En este sentido, dicha Ley Federal de Remuneraciones no desarrolla las bases yprincipios constitucionales para hacer efectivo su contenido, configurándose enuna regulación imprecisa, lo que se traduce en incertidumbre jurídica, al noseñalar los parámetros para fijar el sueldo que constituye el límite máximo paradeterminar el salario de todos los trabajadores al servicio del Estado.

Por lo cual se estima que al sujetar el mencionado tabulador a una previsión deuna Ley que se encuentra controvertida por inconstitucionalidad, debe llevar aesa Soberanía a ponderar la pertinencia de suestudio y posible aprobación antesde conocer la determinación de nuestro Máximo Tribunal, en cuanto a laconstitucionalidad de la Ley materia de la acción de inconstitucionalidadreferida.

Acción de inconstitucionalidadhttp://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Acciones/Acc_lnc_2018_105.pdf, pp. 75-76.

105/2018,


GTO 6

Grandeza de Mé)(ico

2.3 Encuanto a la previsión propuesta respecto que todos los servidores públicosdel estado gocen de los beneficios de la seguridad social, esto ya se encuentraestablecido en la Leyde Seguridad Social para el Estado de Guanajuato:

Sujetos de aseguramientoArtículo 7. Sonsujetos de aseguramiento del régimen de seguridad social:

l. Lostrabajadores del Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato;

11. Los trabajadores de los Poderes Legislativo y Judicial del estado deGuanajuato; y

111.Lostrabajadores de los organismos constitucionales autónomos.

Por su parte, respecto a establecer o cubrir con recursos públicos haberes deretiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, la propia Ley de SeguridadSocial para el Estado de Guanajuato contempla cuales son los seguros yprestaciones que comprende el régimen de seguridad social:

Tipos de seguros y prestacionesArtículo 6. El régimen de seguridad social comprende los seguros yprestaciones siguientes:

l. Segurode riesgosde trabajo;

11.Segurode invalidez;

111.Segurode vejez;

IV. Segurode jubilación;

V. Segurode muerte;

VI. Segurode vida;


GTO 7

Grandeza de México

VII. Seguro de retiro;

VIII. Préstamos personales; y

IX. Préstamos con garantía hipotecaria.

Respecto a la contratación de seguros privados de gastos médicos y de vida porparte de los entes públicos estatales, la Iniciativa busca eliminar ciertasprestaciones a las que los servidores públicos se han hecho acreedores a lo largode los años, sin distinguir de forma alguna entre los que se encuentran en losniveles tabulares más altos y aquellos que tienen percepciones menores>,

Asimismo, para el caso de esta Iniciativa se advierte conveniente tomar encuenta que adicional al salario, el trabajador tiene derecho a recibirprestaciones, las cuales pueden derivar de un acto voluntario del empleador o deun hecho consuetudinario, las cuales pueden ser consideradas como conquistasobtenidas por los trabajadores o por circunstancias que la relación laboral haimpuesto para su bienestar o mejoramiento personol.'

Estas prestaciones pueden llamarse «prestaciones de previsión social», las cuales:«son adicionales al salario, a las obligaciones patronales, a los servicios de lasinstituciones de seguridad social y no están condicionadas al cumplimiento demetcsa'. Para Morales Ramírez, estas prestaciones se pueden clasificar, con basea la Ley del Impuesto sobre la Renta (LlSR),en dos tipos: expresas y análogas.

Siendo las expresos.s

3 En este sentido, en el Poder Ejecutivo del Estado, las personas servidoras públicas a partir del nivel 05 del tabuladorgeneral pueden acceder al otorgamiento de un apoyo económico para la contratación de un seguro de gastos médicosmayores, el cual por otra parte, está supeditado a la suficiencia presupuestal correspondiente.4 BARAJAS Montes de Oca, Santiago, Derechos del Trabajador Asalariado, México, 2000, Cámara de Diputados, UNAM,pp. 20-21.5 MORALES Ramírez, María Ascención, El salario y la previsión social entre el derecho social y el fiscal, México, 2008 IIJUNAM, P 140.6lbidem, pp. 140-141.


GTO 8

Grandeza de México

• Indemnización por riesgos de trabajo o enfermedades en contratoscolectivos y contratos ley; jubilaciones, pensiones o haberes de retiro,incluidos los fondos de pensiones complementarias a las establecidas enlas leyes de seguridad social.

• Reembolso de gastos médicos, hospitalarios, dentales y de funeral.

• Subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores osus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas.

• Habitación.

• Cuotas de seguridad social a cargo de los trabajadores, pagadas por elpatrón.

• Fondo de ahorro.

• Seguro de gastos médicos.

• Seguro de vida.

Lasonóloqos:'

• Las que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes o porlos contratos de trabajo.

Lo cual se corresponde con la definición que el artículo 7 párrafo quinto de la LlSRda de la previsión social

Artículo 7....

Para los efectos de esta ley, se considera previsión social las erogacionesefectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidadespresentes o futuras. así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadoreso de los socios o miembros de las sociedades cooperativas, tendientes a su

7 Ibídem, pp. 141.


GTO 9

Grandeza de México

superación física. social. economlca o cultural. que les permitan elmejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia. En ningún caso seconsiderará previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personasque no tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros desociedadescooperativas.

Por lo que las prestaciones que los servidores públicos del estado reciben ya seaen dinero o en especie como consecuencia de la prestación de un serviciopersonal subordinado, pueden considerarse como parte integrante de su salario,de acuerdo a este argumento, por lo que habría que plantearse la posibilidad deque este pueda afectarse o reducirse unilateralmente.

2.4 La iniciativa refiere que solo losservidores públicos con alta responsabilidad enmateria de seguridad, seguridad pública, procuración de justicia, y seguridadmunicipal podrán disponer con cargo al erario de servicios de escolta; alrespecto, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato,contempla ya esta previsión tanto para funcionarios estatales como municipales,abarcando aspectos de temporalidad, circunstancias en las que no se otorgarála protección y el carácter confidencial de la información relacionada con dichaprotección, por lo que se estima innecesaria esta previsión toda vez que podríagenerar una antinomia con la Ley especial de la materia de seguridad pública.

Protección y seguridad de servidores públicosArtículo 37. Contarán con protección y seguridad personal durante el tiempode su encargo o al gozar de licencia, así como por un periodo de tres años alcesar en sus funciones, siempre y cuando no sea removido por una causagraveimputable a ellos, los siguientes servidores públicos:

l. Gobernador del Estado;

11.Secretario de Gobierno;

111.Secretario de SeguridadPública;


GTO 10

Grandeza de México

IV. Subsecretario de SeguridadPúblicade la Secretaría;y

V. Comisario General de las Fuerzasde SeguridadPúblicadel Estado.

La protección y seguridad personal será otorgada de manera proporcional alperiodo laborado, que en ningún casoserá superior a tres años.

Protección y seguridad de servidores públicos municipalesArtículo 37-1. El Y el funcionario municipal que de manera exclusiva y directaejerzan la dirección de las funciones en materia de seguridad pública tendránderecho a protección y seguridad personal durante el tiempo de su encargo.

Al término de las funciones de las autoridades señaladas,o al gozar de licencia,siempre y cuando no sean removidos por una causagrave imputable a ellos, elAyuntamiento otorgará, con recursos propios, la protección y seguridadpersonal, la cual será de manera proporcional al periodo laborado sin queexcedade un año.

Naturaleza de los datos de protección y seguridad

Artículo 40. Losdatos de identificación de los servidores públicos a los que seotorgue protección y seguridad, así como el número y datos del personal,bienes y equipo de seguridad será información de carácter confidencial.

Suficiencia para las medidas de protección y providenciasArtículo 41. Las medidas de protección se otorgarán siempre que no secomprometa la suficiencia de recursos humanos y materiales para la prestacióndel servicio de seguridad en el Estadoo municipios y bajo ninguna circunstanciase permitirá que los recursos humanos y materiales destinados a la protección,sean utilizados para atender asuntos personales, siendo su única función laseguridad del servidor o exservidor público. La infracción a lo dispuesto en esteartículo serámotivo del retiro de lasmedidas de protección.

En el caso de los exfuncionarios, las medidas de protección se cancelarán demanera inmediata cuando cambien su residencia fuera del Estado o se


GTO 11

Grandeza de México

incorporen a otra área de la administración pública que por su naturaleza lesotorgue una protección similar.

Limitantes de las medidas de protección y providenciasArtículo 42. Ningún servidor público podrá tener medidas de protección pordos cargos diversos, por lo tanto, cesará la protección, si se es nombrado enuno nuevo que seasujeto de protección conforme a este título.

2.5 Respeto a la previsión en cuanto al gasto para la difusión de propagandaoficial, es necesario considerar el carácter que la Constitución Política de losEstadosUnidosMexicanos le otorga en el párrafo octavo del artículo 134:

Artículo 134. Losrecursoseconómicos...

[...]

Lapropaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundancomo tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias yentidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenesde gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos,educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluiránombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizadade cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estrictocumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo elrégimen de sancionesa que haya lugar.

De igual forma, no debe dejarse a un lado el último párrafo del citado artículo, elcual prevé que las leyes en susrespectivos ámbitos garantizarán el cumplimientode las disposiciones relativas a la propaganda gubernamental, como también delas que aseguren la aplicación imparcial, en todo tiempo, de los recursospúblicosa cargo de los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, losmunicipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, sin queinfluyan en la equidad de la competencia entre lospartidos políticos.


GTO 12

Grandeza de México

En ese sentido, el Congreso de la Unión emitió la Ley General de ComunicaciónSocial, la cual tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse losEntes Públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumplacon los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, yrespete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio queestablezcan los presupuestos de egresos respectivos.

La cual es aplicable para las dependencias y entidades de la administraciónpública y cualquier otro Ente Público de los tres órdenes de gobierno -Federación, entidades federativas y municipios-.

Por lo que se estima que las previsionescontenidas al respecto en la Iniciativa quese opina, deben estar contenidas en la legislación que emita esa Soberanía a finde llevar a cabo la armonización con la LeyGeneral de Comunicación Social.

No se omite comentar que dicha Ley General de Comunicación social fuecontrovertida por estimarse inconstitucional, admitiendo la Suprema Corte deJusticia de la Nación tres acciones de inconstitucionalidad presentadas por elSenado de la República, el partido Movimiento Ciudadano y la ComisiónNacional de los Derechos Hurnonosé.mismas que aún no han sido resueltas porese Máximo Tribunal.

8 1. Acción de inconstitucionalidad 52/2018, promovida por diversas personas que se ostentan como integrantes de laCámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la que impugnan la Ley General de Comunicación Social, LeyReglamentaria del Octavo Párrafo del Artículo 134 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos.

2. Acción de inconstitucionalidad 53/2018, promovida por Dante Alfonso Delgado Rannauro, Jorge Alvarez Máynez,Alejandro Chanona Burguete, Janet Jiménez Solano, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Jessica María GuadalupeOrtega de la Cruz, Martha Angélica Tagle Martínez, Juan Ignacio Samperio Montaño, Christian Walton Alvarez y PilarLozano Mac Donald, quienes se ostentan, respectivamente, como Coordinador, integrantes y Secretaria General deAcuerdos de la Comisión Operativa Nacional del Partido Político Movimiento Ciudadano, en la que combaten elDecreto por el que se expide la LeyGeneral de Comunicación Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11de mayo de 2018.

3. Acción de inconstitucionalidad 55/2018, promovida por Luis Raúl González Pérez, quien se ostenta como Presidentede la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de: 111. La norma general cuya invalidez se reclama y elmedio oficial en que se publicó la LeyGeneral de Comunicación Social en su totalidad. Por otra parte, en lo particular losnumerales 4, fracción VI, en la porción normativa se considera que son los que pueden ser captados simultáneamentepor gran cantidad de individuos, 5, último párrafo, 20, 27, 29, segundo párrafo, 35, 37, 45 Y Segundo Transitorio de laLeyGeneral de Comunicación Social.


GTO 13

Grandeza de México

De igual manera, dicha legislación general iniciará su vigencia el día primero deenero de 2019.

2.6 Encuanto a la pretensión de legislar en materia del uso de tiempos oficiales enmedios de telecomunicación -radio y televisión-, debe tenerse enconsideración que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión el legislar enesa materia:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a XVI ....

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la

información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la

banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de

las aguas de jurisdicción federal.

[...]

Eneste contexto, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión regula eluso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redespúblicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, losrecursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los serviciospúblicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y laconvergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y elproceso de competencia y libre concurrencia en estossectores.

Asimismo, establece que es a la Secretaría de Gobernación a quien lecorresponde administrar los tiempos del Estado:

Artículo 217. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:


GTO 14

Grandeza de México

l. Ordenar y administrar la transmisión de los tiempos de Estado en lostérminos previstos en esta Ley, así como, en su caso, aquellos previstos enotras disposicionesaplicables;

[oo.]

Artículo 251. Losconcesionarios de uso comercial, público y social que prestenel servicio de radiodifusión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias encada estación y por cada canal de programación, con una duración de hastatreinta minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temaseducativos, culturales y de interés social. Los tiempos de transmisión seránadministrados por la Secretaría de Gobernación, la que oirá previamente alconcesionario y de acuerdo con ellos fijará los horarios a lo largo de sus horasde transmisión.

El Ejecutivo Federal señalará las dependencias que deberán proporcionar elmaterial para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por laSecretaríade Gobernación.

Losconcesionarios de uso social estarán exentos del impuesto establecido en laLey del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés públicopor ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominiodirecto de la nación.

Eneste sentido, se recomienda llevar a cabo la ponderación de si las legislaturasestatales, en este caso el Congreso del Estado de Guanajuato tiene la facultadpara legislar en materia de telecomunicaciones y específicamente del uso detiempos de Estado, al estar expresamente reservado para el Congreso de la Unióny regulado por una Ley Federal que le da la facultad de su administración a laSecretaría de Gobernación.

2.7 Sepropone una porción normativa que establece la obligación de los Poderesdel Estado, los ayuntamientos los órganos para municipales y los órganosautónomos para que emitan disposiciones administrativas para dar cumplimientola Leyde Austeridad Republicana para el Estadode Guanajuato.


GTO 15

Grandeza de México

De igual manera, se busca que la Secretaría de Finonzos?y sus equivalentes en elPoder Ejecutivo (sic), Legislativo y Judicial así como los municipios y organismosautónomos emitan lineamientos y mecanismos de control y de seguimiento delejercicio presupuestario.

La vigente Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado ylos Municipios de Guanajuato, ya contempla en su artículo 55 la previsión de quelos Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Organismos Autónomos del Estadoy los ayuntamientos emitan lineamientos generales de racionalidad, austeridad ydisciplina presupuestal:

Artículo 55.- Lossujetos de la Leyserán responsablesde la estricta observanciade los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, paraoptimizar la aplicación de recursosen conceptos de gasto corriente.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior. los sujetos de la Ley porconducto de la Secretaría. la Tesorería o el Órgano de Administración segúncorresponda. deberán emitir los lineamientos generales de racionalidad.austeridad y disciplina presupuestal. a más tardar el treinta y uno de enero decada año.

Asimismo, deberán establecer en las disposiciones administrativas respectivas.medidas permanentes para la reducción y racionalización del gasto corriente.previendo un uso eficaz y transparente de los recursos públicos.

9 La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, establece la denominación de laautoridad hacendaria del Estadocomo: Secretaría de Finanzas,Inversión y Administración:

Artículo 13.- Constituyen la Administración PúblicaCentralizada del Poder Ejecutivo:

1.- ...

11.-LaSecretaría de Finanzas, Inversión y Administración;

[...)


16

Grandeza de México

Lineamientos que, los tres Poderes del Estado han venido emitiendo, teniendo enconsideración las características específicas del ejercicio de los recursos públicospara el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

2.8 Finalmente, en cuanto a establecer en esta propuesta de Ley elincumplimiento de las disposiciones contenidas en la misma como una faltaadministrativa grave, se debe considerar que la Ley General deResponsabilidades Administrativas es el instrumento normativo que distribuye lascompetencias entre los órdenes de gobierno para establecer lasresponsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, lassanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las quecorrespondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, asícomo los procedimientos para su aplicación.

Entre los objetos de esa Ley, se encuentra el establecer las Faltas administrativasgraves y no graves de los servidores públicos, por lo cual cabría cuestionarse lapertinencia de legislar sobre una materia que está reservada de manera exclusivapara el Congreso de la Unión:

Artículo 73. ElCongresotiene facultad:

Ia XXiX-U ....

XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre losórdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas delos servidores públicos, susobligaciones, las sancionesaplicables por los actosu omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particularesvinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como losprocedimientos para su aplicación.

[ ...]


4. Conclusiones• Se busca elevar a rango de una ley diversas medidas que son propiamente

materia de diversas disposiciones administrativas que por mandato de la

GTO17

Grandeza de México

Ley para el Ejercicio y Control de los RecursosPúblicos para el Estado y losMunicipios de Guanajuato corresponde emitir a cada uno de los Poderesdel Estado, los Organismos Autónomos del Estado, los ayuntamientos y lasdependencias y entidades de las administraciones publicas estatal ymunicipales.

• Es necesario establecer con precisión la acepción y los alcances delprincipio de «austeridad republicana», ya que de la consulta a la doctrina yla propia Iniciativa que a nivel nacional se discute en el Congreso de laUnión sobre la misma meterlo.'? no se cuenta con una definición de dichoprincipio.

• En cuanto a la previsión de que todos los servidores públicos deberánajustarse a un tabulador que tendrá como tope máximo el ingreso brutodel Presidente de la República, esta se encuentra condicionada a la LeyFederal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria delos Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos -la cual debería haber establecido los parámetros objetivosnecesarios para determinar la cuantía del salario del Presidente de laRepública-, contra la cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanosinterpuso una acción de inconstitucionalidad.

• Se estima que al sujetar el mencionado tabulador a una previsión de unaLey que se encuentra controvertida por inconstitucionalidad, debe llevar aesa Soberanía a ponderar la pertinencia de su estudio y posibleaprobación antes de conocer la determinación de nuestro MáximoTribunal, en cuanto a la constitucionalidad de la Ley materia de la acciónde inconstitucionalidad referida.

• En cuanto a la previsión propuesta respecto a que todos los servidorespúblicos del estado gocen de los beneficios de la seguridad social, esto yase encuentra establecido en la Ley de Seguridad Social para el Estado deGuanajuato.

• Respecto a la contratación de seguros privados de gastos médicos y devida por parte de los entes públicos estatales, la Iniciativa busca eliminarciertas prestaciones a las que los servidores públicos se han hechoacreedores a lo largo de los años, sin distinguir de forma alguna entre los

10 Gaceta Parlamentaria de fecha 11 de septiembre, anexo 11, http://gaceta.diputados.gob.mx;'


GTO18

Grandeza de México

que se encuentran en los niveles tabulares más altos y aquellos que tienenpercepciones menores.

• Las prestaciones que los servidores públicos del estado reciben ya sea endinero o en especie como consecuencia de la prestación de un serviciopersonal subordinado, pueden considerarse como parte integrante de susalario, de acuerdo a este argumento, por lo que habría que plantarse laposibilidad de que este pueda afectarse o reducirse unilateralmente.

• La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato,contempla ya la previsión respecto a la protección tanto para funcionariosestatales como municipales, abarcando aspectos de temporalidad,circunstancias en las que no se otorgará la protección y el carácterconfidencial de la información relacionada con dicha protección, por loque se estima innecesaria esta previsión toda vez que podría generar unaantinomia con la Leyespecial de la materia de seguridad pública.

• ElCongreso de la Unión emitió la Ley General de Comunicación Social, lacual tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse losEntes Públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Socialcumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia yhonradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones deejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

• Por lo que se estima que las previsiones contenidas al respecto en laIniciativa que se opina, corresponderse a la legislación que emita esaSoberanía a fin de llevar a cabo la armonización con la Ley General deComunicación Social.

• Encuanto a la pretensión de legislar en materia del uso de tiempos oficialesen medios de telecomunicación -radio y televisión-, debe tenerse enconsideración que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión el legislaren esa materia.

• En este sentido, se recomienda llevar a cabo la ponderación de si laslegislaturas estatales, en este caso el Congreso del Estado de Guanajuatotiene la facultad para legislar en materia de telecomunicaciones yespecíficamente del uso de tiempos de Estado, al estar expresamentereservado para el Congreso de la Unión y regulado por una Ley Federalque le da la facultad de su administración a la Secretaría de Gobernación.


GTO 19

Grandeza de México

• La vigente Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para elEstado y los Municipios de Guanajuato, ya contempla en su artículo 55 laprevisión de que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, losOrganismosAutónomos del Estado y los ayuntamientos emitan lineamientos generalesde racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

• La Ley General de Responsabilidades Administrativas es el instrumentonormativo que distribuye las competencias entre los órdenes de gobiernopara establecer las responsabilidades administrativas de los ServidoresPúblicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos uomisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particularesvinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientospara su aplicación.

• Entre los objetos de esa Ley, se encuentra el establecer las Faltasadministrativas graves y no graves de los servidores públicos, por lo cualcabría cuestionarse la pertinencia de legislar sobre una materia que estáreservada de manera exclusiva para el Congreso de la Unión.

Guanajuato, Gto. 5 de diciembre de 2018.


de 9

OPINIÓN JURÍDICA

Guanajuato, Guanajuato. 5 cinco de diciembre de 2018 dos mil

dieciocho.

MARCO LEGAL

ÚNICO. Atribución para emitir opiniones jurídicas. El Pleno del Tribunal

de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, de conformidad con la

atribución consagrada en la fracción XVI del artículo 25 de la Ley Orgánica

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato (en adelante

la Ley Orgánica del Tribunal) está facultado para emitir opinión jurídica de

iniciativas o proyectos sobre ordenamientos administrativos, a petición del

Ejecutivo o del Congreso del Estado, que sean considerados para efectos de

iniciativa.

En atención a lo anterior el Pleno, por conducto de la Presidencia de

este Órgano de Justicia, procede en forma respetuosa a emitir opinión

jurídica sobre la Iniciativa de Ley de Austeridad Republicana para el Estado

de Guanajuato, formulada por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo,

integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.

Los comentarios que integran el presente documento, en función de los

alcances y efectos que se pretenden dar a la iniciativa, solo constituyen

opinión jurídica de este Órgano Jurisdiccional.

ANTECEDENTES

PRIMERO. Recepción de solicitud para opinión jurídica. Con fecha de 7

siete de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, se tuvo por recibida en la

Secretaría General de Acuerdos, por parte de la Comisión de Hacienda y

de 9

Fiscalización del Congreso del Estado de Guanajuato, para efecto de opinión

jurídica de este Tribunal.

SEGUNDO. Despacho de la correspondencia del Tribunal. Con

fundamento en el artículo 27 fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal,

por parte de la Secretaría General de Acuerdos de dicho Órgano de Justicia,

se listó como asunto la petición referida en el punto que antecede para los

efectos conducentes.

TERCERO. Vista al Pleno del Tribunal. Posteriormente, en la Sesión

Ordinaria celebrada el 14 catorce de noviembre del año en curso, se dio

cuenta al Pleno del Tribunal, y se remitió un tanto de la misma a los

Magistrados que lo integran, para efecto de recabar sus consideraciones, y

posteriormente conformar la opinión jurídica respectiva. Lo anterior con

fundamento en lo previsto por el artículo 27 fracción XI, de la Ley Orgánica

del Tribunal; en consecuencia se conformó la actual opinión jurídica.

Por lo que, una vez conjuntados los comentarios vertidos por los

Magistrados de cada una de las Salas de este Órgano de Justicia, mediante

Sesión Ordinaria de Pleno número 46, celebrada el 5 cinco de diciembre de

2018 dos mil dieciocho, se realizó la presente opinión jurídica, en los

términos que más adelante se detallan.

-DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS-

Este Tribunal coincide con los iniciantes en que resulta indispensable

incorporar la austeridad como principio conductor de la administración

pública de observancia obligatoria para todos los servidores públicos del

Estado.

Se comparte también con que la austeridad permitirá erradicar excesos

de la clase política que se había otorgado en perjuicio a la sociedad, sin

embargo debe puntualizarse que la clase política no abarca a todos los

de 9

servidores públicos –operativos, mandos medios, e incluso algunos mandos

altos-, que incluso han ingresado al servicio público a través de servicio civil

de carrera o por méritos en el servicio público y que no tienen otra clase

de privilegios sino solo los derechos que la ley les reconoce. Por lo que, si

bien la ciudadanía ya está cansada de aquellos grupos de poder que

cuentan con privilegios excesivos y que utilizan el gasto público para fines

diversos al bien común, el considerar o aumentar erróneamente la idea de

que todas las personas que laboran dentro de la administración pública

derrocha los recursos y cuentan con prerrogativas excesivas como seguro

médico particular, automóviles nuevos, camionetas blindadas, choferes,

comidas y bebidas, tampoco contribuye a que la ciudadanía tenga confianza

en las instituciones.

Ahora bien, la gran mayoría de las disposiciones que aquí se proponen

ya se encuentran reguladas por diversos ordenamientos legales en el Estado,

contemplando incluso su operatividad, y si bien se señala en la iniciativa que

el propósito de ésta es dotar de herramientas para hacer eficiente el gasto

público y destinarlo de manera justa al interés general, se considera que no

se contemplan mecanismos para su cumplimiento y su evaluación.

-DEL CONTENIDO DE LA INICIATIVA DE LEY-

Sobre el articulado de la iniciativa que nos ocupa, se establece lo

siguiente:

Respecto al artículo 1º, debe considerarse que en el Estado de

Guanajuato ya existe la regulación de la aplicación de medidas de

austeridad en el ejercicio del gasto público en la Ley para el Ejercicio y

Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de

Guanajuato, la cual mandata que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y

Judicial, los Ayuntamientos y los Organismos Autónomos, en el ámbito de

su competencia, emitirán las disposiciones administrativas que sean

necesarias para asegurar su adecuado cumplimiento.

de 9

Además, la Ley del Presupuesto General de Egresos del ejercicio

fiscal correspondiente regula la asignación, ejercicio, control y seguimiento

del gasto público estatal, por lo que debe cuidarse en general la

sobrerregulación de los tópicos de austeridad que en esta ley se tocan.

Incluso, en los ordenamientos legales antes citados se regula de una

manera más amplia el tema a lo abordado por la norma cuya iniciativa se

analiza.

El artículo 3º ya se encuentra previsto tanto en la Constitución local

como en la iniciativa de Ley de Remuneraciones, siendo ésta última la que

entonces debería contener no solo el enunciamiento de contar con un

tabulador sino establecer los parámetros sobre los que habrán de

realizarse dichos tabuladores, ya que la obligación de contar con el

mencionado tabulador ya se encuentra prevista en el artículo 137 fracción

V de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y en la Ley del

Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio

Fiscal 2018 en su artículo 19, en la que incluso, dichos tabuladores son

parte de la misma ley.

Por otra parte, al regularse como tope máximo de ingreso bruto del

Presidente de la República, se invoca como hecho notorio que la Ley

Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el

Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de noviembre de 2018, ha sido

impugnada a través de la demanda de acción de inconstitucionalidad

105/2018, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el

22 de noviembre de 2018, de forma particular sus artículos 5, 6, 7, 8, 12,

13, 14, 15, 16 y 17, así como los numerales 217 Bis y 217 Ter

adicionados al Código Penal Federal, lo cual es consultable en la página

institucional del propio organismo

http://www.cndh.org.mx/Acciones_Inconstitucionalidad, por lo que es

indispensable que para emitir cualquier determinación respecto a este

rubro, debe esperarse el resultado que dicha acción tenga, y decidir en

definitiva su procedencia.

de 9

En lo que concierne al artículo 4º, al desprenderse que esta

iniciativa de ley guarda estrecha relación con la Ley de Remuneraciones

de los Servidores Públicos, debe considerarse que esta última considera

como servidores públicos a toda persona que de manera temporal o

permanente desempeña una función, empleo, cargo o comisión… lo que

implica aumentar al padrón de inscritos en la seguridad social del estado,

en virtud de que hay prestadores de servicios bajo el régimen de

honorarios asimilados a salarios que se encuentran bajo un régimen civil y

no laboral. Por lo que tendría que adecuarse el presupuesto previsto para

ello, considerando además que la seguridad social abarca lo establecido

en el artículo 123 apartado B, fracción XI de la Constitución Política

Federal, siendo lo siguiente:

La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases

mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales;

las enfermedades no profesionales y maternidad; y la

jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el

derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán

trabajos que exijan un esfuerzo considerable y

signifiquen un peligro para su salud en relación con la

gestación; gozarán forzosamente de un mes de

descanso antes de la fecha fijada aproximadamente

para el parto y de otros dos después del mismo,

debiendo percibir su salario íntegro y conservar su

empleo y los derechos que hubieren adquirido por la

relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán

dos descansos extraordinarios por día, de media hora

cada uno, para alimentar a sus hijos. Además,

disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de

de 9

medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio

de guarderías infantiles.

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a

asistencia médica y medicinas, en los casos y en la

proporción que determine la ley.

e) Se establecerán centros para vacaciones y para

recuperación, así como tiendas económicas para

beneficio de los trabajadores y sus familiares.

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones

baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los

programas previamente aprobados. Además, el Estado

mediante las aportaciones que haga, establecerá un

fondo nacional de la vivienda a fin de constituir

depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer

un sistema de financiamiento que permita otorgar a

éstos crédito barato y suficiente para que adquieran

en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o

bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar

pasivos adquiridos por estos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán

enteradas al organismo encargado de la seguridad

social regulándose en su Ley y en las que

corresponda, la forma y el procedimiento conforme a

los cuales se administrará el citado fondo y se

otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.

El artículo 8 señala el destino de los vehículos oficiales, sin

embargo, esto se realiza de manera mínima. Lo anterior se encuentra ya

regulado en el artículo 61 respecto de las medidas de racionalidad,

austeridad y disciplina presupuestal en la Ley del Presupuesto General de

Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018 y en el

artículo 102 ter de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos

Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de manera más

de 9

completa en las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina

presupuestal de los poderes, dependencias y organismos de la

administración pública estatal, en las que incluso se regula lo relativo a la

asignación de dotación de combustible y mantenimiento de los vehículos.

Con dichas disposiciones, ya se encuentra cumplido incluso el mandato

establecido en el artículo 12 de la ley cuya opinión se expresa.

En el mismo caso se encuentra lo previsto en el artículo 10 de la

iniciativa de ley que nos ocupa relativo a la autorización de viajes

oficiales, pues ya las normas antes aludidas regulan lo que refiere a este

rubro, incluyendo las disposiciones de racionalidad enunciadas,

adicionándose la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

para el Estado de Guanajuato, que establece en su artículo 26 fracción IX

que tendrá que ponerse a disposición de los ciudadanos a través de los

portales institucionales la información relativa a los gastos de

representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión

correspondiente.

En lo que refiere al artículo 13, únicamente se limita a enunciar el

imperativo de emitir lineamientos y mecanismos de control y de

seguimiento del ejercicio presupuestario con el fin de cumplir con la ley.

Empero, esto ya se lleva a cabo de manera por demás amplia a través del

Sistema de Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados, en el que

existe toda una metodología no solo de planeación, programación y

presupuestación sino que incluye el monitoreo y evaluación del mismo.

Es decir, la iniciativa de ley que se analiza contiene propuestas que

ya se encuentran concretadas en normatividad vigente y no introduce

cuestiones novedosas en mecanismos de monitoreo, transparencia,

evaluación, sanción y/o estímulos. De igual manera, tampoco propone

medidas de prevención o sanción ante su incumplimiento y mucho menos

incentivos positivos para el mejor desempeño, eficiencia y eficacia de los

servidores públicos ante la austeridad. Asimismo, falta establecer

mecanismos de evaluación del cumplimiento de la ley, para que en

mediano plazo se pueda ver si ésta logró su objetivo o detectar áreas de

oportunidad.

de 9

No se comparte lo establecido en el artículo 13 propuesto en la

iniciativa de ley, ya que sin tener una conducta determinada y contrario a

los principios establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas

para el Estado de Guanajuato, califica el incumplimiento a las disposiciones

contenidas en la ley como faltas graves, sin tomar en cuenta que dicha

calificativa le corresponde a una autoridad e instancia en particular

dependiendo de la conducta cometida y de lo que señala la referida Ley

Disciplinaria, por lo que dicho artículo es contrario al artículo 14

Constitucional que establece en lo conducente que “Nadie podrá ser

privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme

a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho...”, por lo que con este

artículo 13 se estaría prejuzgando a los servidores públicos a la comisión

de una falta grave sin haber analizado siquiera el supuesto de infracción.

A manera de cierre, este órgano de justicia refiere que en caso de

aprobarse esta iniciativa y convertirse en ley, debe acompañarse con otras

reformas como la de profesionalización del servicio público, la de

seguridad social y la del ejercicio y control del gasto. Asimismo, resulta de

vital importancia dotar a la ley de mecanismos de vigilancia, monitoreo,

sanciones y estímulos para que pueda tener resultado.

Además debe considerarse que se parte de la premisa que

precisamente se quiere erradicar en el imaginario colectivo, referente a que

todos los servidores públicos son retribuidos de manera excesiva y cuentan

con prerrogativas y privilegios excesivos, cuando generalmente esto solo

ocurre en esferas altas de poder donde impera la discrecionalidad, por lo

que debe analizarse muy bien que las disposiciones que se pretendan

incluir no redunden en cargas excesivas de trabajo sin remuneraciones

dignas ni mecanismos de desempeño favorables que incentiven la eficiencia

y eficacia de los servidores públicos y por el contrario, causen un

desánimo sobre todo en los niveles operativos que generalmente no gozan

de privilegios y en ocasiones ni siquiera de las remuneraciones suficientes

para su sustento.

de 9

En último lugar, se hace referencia a los artículos transitorios,

específicamente al artículo SEGUNDO que indica que los entes públicos

deberán adecuar los presupuestos dentro de los 30 días siguientes

contados a partir de la publicación del Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Guanajuato, sin tomar en cuenta que la elaboración de un

presupuesto institucional es complejo y ya han pasado los tiempos

mandatados por la ley para su elaboración y presentación, por lo que se

deberán analizar los tiempos y considerarlos para determinar las acciones

conducentes para evitar conflictos en la presupuestación.

Evidencia Criptográfica - Hoja de Firmantes

Información de Notificación:

Asunto: Oficio 3382-18 Se remite opinión jurídica TJA.

Descripción: Se emite opinión jurídica de la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana

Destinatarios:UNIDAD DE CORRESPONDENCIA - Unidad de Correspondencia, Congreso del Estadode Guanajuato

Archivo Firmado: File_871_20181206204259525.pdf

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

FIRMANTENombre: ERIKA YOLANDA CERÓN RAMÍREZ Validez: Vigente

FIRMANo. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.00.fd Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 07/12/2018 02:43:35 a. m. - 06/12/2018 08:43:35 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

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OCSPFecha (UTC/CDMX): 07/12/2018 02:44:38 a. m. - 06/12/2018 08:44:38 p. m.

Nombre del Respondedor: Servicio OCSP AC Poder Legislativo del Estado de Guanajuato

Emisor del Respondedor:AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DELESTADO DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.31

TSPFecha (UTC/CDMX): 07/12/2018 02:44:41 a. m. - 06/12/2018 08:44:41 p. m.

Nombre del Emisor de Respuesta TSP: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1

Emisor del Certificado TSP: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia

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CONSTANCIA NOM 151Índice: 62215078

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Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTENombre: GASPAR ZÁRATE SOTO Validez: Vigente

FIRMANo. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.00.49 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 07/12/2018 05:48:35 p. m. - 07/12/2018 11:48:35 a. m. Status: Válida


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Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.31

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Datos Estampillados: YXcKtNrMnp/bwldSyf/Y3aswRfU=


Fecha (UTC/CDMX): 07/12/2018 05:49:41 p. m. - 07/12/2018 11:49:41 a. m.




de 6

OPINIÓN JURÍDICA

Guanajuato, Guanajuato. 5 cinco de diciembre de 2018 dos mil

dieciocho.

MARCO LEGAL

ÚNICO. Atribución para emitir opiniones jurídicas. El Pleno del Tribunal

de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, de conformidad con la

atribución consagrada en la fracción XVI del artículo 25 de la Ley Orgánica

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato (en adelante

la Ley Orgánica del Tribunal) está facultado para emitir opinión jurídica de

iniciativas o proyectos sobre ordenamientos administrativos, a petición del

Ejecutivo o del Congreso del Estado, que sean considerados para efectos de

iniciativa.

En atención a lo anterior el Pleno, por conducto de la Presidencia de

este Órgano de Justicia, procede en forma respetuosa a emitir opinión

jurídica sobre la Iniciativa a efecto de reformar el artículo 62 –primer y

tercer párrafos- de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos

Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, formulada por

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

Institucional.

Los comentarios que integran el presente documento, en función de los

alcances y efectos que se pretenden dar a la iniciativa, solo constituyen

opinión jurídica de este Órgano Jurisdiccional.

de 6

ANTECEDENTES

PRIMERO. Recepción de solicitud para opinión jurídica. Con fecha de 7

siete de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, se tuvo por recibida en la

Secretaría General de Acuerdos, por parte de la Comisión de Hacienda y

Fiscalización del Congreso del Estado de Guanajuato, para efecto de opinión

jurídica de este Tribunal.

SEGUNDO. Despacho de la correspondencia del Tribunal. Con

fundamento en el artículo 27 fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal,

por parte de la Secretaría General de Acuerdos de dicho Órgano de Justicia,

se listó como asunto la petición referida en el punto que antecede para los

efectos conducentes.

TERCERO. Vista al Pleno del Tribunal. Posteriormente, en la Sesión

Ordinaria celebrada el 14 catorce de noviembre del año en curso, se dio

cuenta al Pleno del Tribunal, y se remitió un tanto de la misma a los

Magistrados que lo integran, para efecto de recabar sus consideraciones, y

posteriormente conformar la opinión jurídica respectiva. Lo anterior con

fundamento en lo previsto por el artículo 27 fracción XI, de la Ley Orgánica

del Tribunal; en consecuencia se conformó la actual opinión jurídica.

Por lo que, una vez conjuntados los comentarios vertidos por los

Magistrados de cada una de las Salas de este Órgano de Justicia, mediante

Sesión Ordinaria de Pleno número 46, celebrada el 5 cinco de diciembre de

2018 dos mil dieciocho, se realizó la presente opinión jurídica, en los

términos que más adelante se detallan.

de 6

-DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS-

I. Como una observación general, el Pleno sugiere que en la

exposición de motivos se haga alusión sobre el impacto administrativo,

jurídico, presupuestario y social, así como sobre el elemento genérico a

considerar, en la presente iniciativa de ley, en cumplimiento y alcance al

artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo1. Puesto que

agregar esta circunstancia en la exposición de motivos complementaría

la razón de ser de la iniciativa y se procuraría atender formalmente el

artículo antes referido.

II. Aunado a lo anterior también se recomienda se contemple en la

exposición de motivos un apartado que refleje en lo específico que la

iniciativa tendrá un impacto en el presupuesto. Tal razón particular, en

consecuencia se deberá ver reflejado en su momento en el dictamen

que el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaria de Finanzas,

Inversión y Administración, presente al Congreso del Estado, en términos

del artículo 37 bis de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos

Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.2

1 “Artículo 209. Las iniciativas de ley o modificaciones deberán contener una evaluación de impacto, en

donde se considere al menos lo siguiente: I. El impacto jurídico; II. El impacto administrativo; III. El impacto presupuestario; y IV. El impacto social. Sin menoscabo de incorporar otros de acuerdo a las distintas temáticas de la iniciativa, tales como el impacto ambiental o de género.” 2 “Artículo 37 bis. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, realizará una estimación del

impacto presupuestal de las iniciativas de ley o decreto que se presenten ante el Congreso. Dicha estimación formará parte del dictamen que apruebe el Congreso. Asimismo, realizará estimaciones sobre el impacto presupuestario de las disposiciones administrativas en el ámbito de competencia de la administración pública estatal que impliquen costos para su implementación, incluidos los anteproyectos de reglamentos, decretos y acuerdos que se sometan a consideración del titular del Poder Ejecutivo, conforme a las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría. En todos los casos, cuando la iniciativa o anteproyecto tenga un impacto en el Presupuesto, se deberá señalar la fuente de financiamiento factible de los nuevos gastos. La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de la legislación estatal, se realizará en el marco del principio de balance presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetarán a la capacidad financiera del Estado.”

de 6

-DEL CONTENIDO DE LA INICIATIVA DE LEY-

Para el análisis del artículo 62, primer y tercer párrafo de la ley

referida, es necesaria la transcripción del mismo:

“Artículo 62. El titular del Poder Ejecutivo, por conducto

de la Secretaría podrá autorizar a las Dependencias y

Entidades a realizar traspasos entre sí, que en conjunto no

rebasen un monto equivalente al 1% de los presupuestos

anuales de quien los otorga y de quien los recibe,

respectivamente. Cuando sea necesario realizar traspasos

por montos superiores, se requerirá autorización del

Congreso del Estado.

En el caso…

Quedan exceptuados del límite porcentual mencionado,

los ramos correspondientes a provisiones salariales y

económicas y deuda pública, en el entendido que una vez

definido su destino, se informe de manera inmediata a este

Congreso; así como los recursos transferidos por la

Federación o el Estado y los provenientes de donativos y

recuperaciones de seguros, cuando tengan un destino

específico.”

(Lo resaltado es propio.)

Este órgano de justicia considera respecto al porcentaje propuesto

en el artículo 62 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos

Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que debe

mantenerse como se encuentra en la vigente Ley por las consideraciones

siguientes:

El porcentaje propuesto para que las dependencias y entidades

puedan realizar traspasos entre sí, se reduce considerablemente en

de 6

comparación con el que se encuentra normado, es decir, del 6.5% al 1%

del presupuesto anual de ambas, lo que provocaría que en casos no

previstos como casos fortuitos o de fuerza mayor o bien, en el caso de

epidemias o desastres naturales no se puedan realizar traspasos en

beneficio de la ciudadanía para subsanar eventualidades como las ya

referidas.

De igual manera, con tal disposición las dependencias, entidades y

organismos que tengan los presupuestos menores se verán limitados al

poder contar únicamente en un caso apremiante con el 1% del

presupuesto anual, constituyendo montos reducidos para poder realizar

traspasos entre sí.

En la Ley Vigente ya se establece la excepción que cuando rebase

dicho monto se pueda realizar pero con autorización del Congreso, lo que

se considera positivo tratándose de un ejercicio de contrapesos entre el

Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, esto permite que el Congreso actúe de

forma autónoma y ejerza su función de control frente al Ejecutivo

haciendo modificaciones al presupuesto.

Aún y cuando se establece en la iniciativa -sobre la que este

Tribunal se pronuncia- que la reducción del porcentaje de traspaso entre

dependencias y entidades abona a reducir la discrecionalidad en

decisiones presupuestarias por parte del Ejecutivo, -que es quien tiene la

facultad de elaborar el presupuesto-, el porcentaje vigente ya prevé un

tope y es por ello que se establece la limitante a la facultad de

modificar el presupuesto. Por lo que, se considera que el porcentaje actual

robustece el sistema de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder que

es característico de los sistemas presidenciales. Como indica Alonso

Lujambio3, el Ejecutivo “monopoliza la presentación del proyecto de

presupuesto pero, a la vez, tiene forzosamente que ser

presentado anualmente y puede ser enmendado por el Legislativo, de

modo que ahí no hay ventaja significativa para el presidente”.

3 Lujambio, Alonso (1996), “Estudio introductorio”, en A. Lujambio (ed.), Poder Legislativo: Gobiernos

divididos en la federación mexicana, México, UAM/IFE/Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, p. 276

de 6

Dado lo anterior, lo que se puede robustecer es el establecimiento

de mecanismos institucionales para regular las modificaciones al

presupuesto entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya que ambos intervienen en

la aprobación y modificación del presupuesto.

Evidencia Criptográfica - Hoja de Firmantes

Información de Notificación:

Asunto: Oficio 3381-18 Se remite opinión jurídica TJA.

Descripción:Se emite opinión jurídica de la iniciativa de reforma al artículo 62 de la Ley para elEjercicio y Control de los Recursos Públicos.

Destinatarios:UNIDAD DE CORRESPONDENCIA - Unidad de Correspondencia, Congreso del Estadode Guanajuato

Archivo Firmado: File_871_20181206203911991.pdf

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

FIRMANTENombre: ERIKA YOLANDA CERÓN RAMÍREZ Validez: Vigente

FIRMANo. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.00.fd Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 07/12/2018 02:40:48 a. m. - 06/12/2018 08:40:48 p. m. Status: Válida


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Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.31

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Fecha (UTC/CDMX): 07/12/2018 02:41:54 a. m. - 06/12/2018 08:41:54 p. m.




FIRMANTENombre: GASPAR ZÁRATE SOTO Validez: Vigente

FIRMANo. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.00.49 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 07/12/2018 05:47:45 p. m. - 07/12/2018 11:47:45 a. m. Status: Válida


Cadena de Firma:

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OCSPFecha (UTC/CDMX): 07/12/2018 05:48:50 p. m. - 07/12/2018 11:48:50 a. m.



Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.31

TSPFecha (UTC/CDMX): 07/12/2018 05:48:53 p. m. - 07/12/2018 11:48:53 a. m.




Datos Estampillados: 6sbUaXEbncNP9ldiP6+2+JRkRc0=


Fecha (UTC/CDMX): 07/12/2018 05:48:53 p. m. - 07/12/2018 11:48:53 a. m.




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