Garant­as espec­ficas:

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GARANTIAS PROCESALES. INVALIDEZ DE LOS ACTOS. La regla de exclusión y las llamadas prohibiciones probatorias. Garantías específicas:. Detención de personas Allanamiento de domicilio y otros lugares privados Utilización de agentes encubiertos - PowerPoint PPT Presentation

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  • GARANTIAS PROCESALES. INVALIDEZ DE LOS ACTOS. La regla de exclusin y las llamadas prohibiciones probatorias

  • Garantas especficas:Detencin de personas Allanamiento de domicilio y otros lugares privados Utilizacin de agentes encubiertos Derecho a no declarar contra si mismos. Confesiones policiales y judicialesDerecho a contar con un abogado defensor Garanta contra el doble juzgamiento Garanta de la progresividad del juicio Derecho a una acusacin Derecho a la doble instancia Derecho a un tribunal imparcialPresuncin de inocencia Derecho a un juicio rpido

  • REGLA DE EXCLUSINEN EL DERECHO ARGENTINO

  • CSJNCharles Hnos. (1891)

    Hechos: Personal de aduanas haca una investigacin por contrabando y en esas circunstancias se pretende acusar a los responsables de la firma, valorando como prueba de cargo documentacin ingresada a la causa sin constar de que modo fue adquirida por los investigadores. Holding:Que autnticos o falsos, ellos no pueden servir de base al procedimiento ni de fundamento al juicio: Si lo primero, porque siendo el resultado de una sustraccin y de un procedimiento injustificable y condenado por la ley, aunque se haya llevado a cabo con el propsito de descubrir y perseguir un delito o de una pesquisa desautorizada y contraria a derecho, la ley, en el inters de la moral y de la seguridad y secreto de las relaciones sociales, los declara inadmisibles; y si lo segundo, porque su naturaleza misma se opone a darles valor y mrito alguno.

  • CSJN Montenegro, Luciano (1982)

    Hechos: Confesin obtenida en declaracin prestada en sede policial bajo apremios ilegales, sus dichos permitieron esclarecer un hecho ilcito que no haba sido denunciado. As se ubic un comercio de discos fonogrficos cuya duea admiti haber sido asaltada y despojada. En el domicilio del acusado se comprob que haba all guardados parte de los efectos robados, entre ellos un anillo tipo alianza grabado, con iniciales y una fecha, lo que concordaba con la declaracin de la damnificada.

  • Obiter: 3) Que el recurso extraordinario cuya denegacin motiva esta queja somete al tribunal "el conflicto entre dos intereses fundamentales de la sociedad; su inters en una rpida y eficiente ejecucin de la ley y su inters en prevenir que los derechos de sus miembros individuales resulten menoscabados por mtodos inconstitucionales de ejecucin de la ley" segn lo definiera la Corte Suprema de los Estados Unidos ante un caso similar ("Spano vs. New York", 360 U.S. 315-1958).4) Que tal conflicto se halla resuelto en nuestro pas desde los albores de su proceso constituyente cuando la Asamblea de 1813, calificando al tormento como "invencin horrorosa para descubrir los delincuentes" mand quemar los instrumentos utilizados para aplicarlo (ley del 19 de mayo de 1813, "Asambleas Constituyentes Argentinas", t. I, p. 44), decisin que se concret en la prohibicin contenida en el art. 18 de la Constitucin de obligar a alguien a declarar contra s mismo, sobre cuya base esta Corte, a lo largo de su actuacin, ha descalificado las confesiones prestadas bajo la coaccin moral que importa juramento (Fallos, t. 1, p. 350 y t. 281, p. 277 -Rev. LA LEY, t. 146, p. 10-).

  • Holding: 5) Que el acatamiento por parte de los jueces de ese mandato constitucional no puede reducirse a disponer el procesamiento y castigo de los eventuales responsables de los apremios, porque otorgar valor al resultado de su delito y apoyar sobre l una sentencia judicial, no slo es contradictorio con el reproche formulado, sino que compromete la buena administracin de justicia al pretender constituirla en beneficiaria del hecho ilcito.

  • CSJN Fiorentino, Diego (1984):

    Hechos: ), Diego E. Fiorentino fue detenido por una comisin policial el 24 de noviembre de 1981 cuando ingresaba con su novia en el hall del edificio de departamentos de la calle Junn 1276 de esta Capital, y al ser interrogado reconoci espontneamente ser poseedor de marihuana que guardaba para consumo propio en la unidad C del primer piso de dicho inmueble, donde viva con sus padres, por lo que habra autorizado el registro domiciliario. De ese modo se secuestraron en su dormitorio 5 cigarrillos y 5 colillas de picadura de cannabis sativa (marihuana) y 38 semillas de la misma especie.

    Holding: 7 - Que, en consecuencia, establecida en el sub lite la invalidez del registro domiciliario, igual suerte debe correr el secuestro practicado en esas circunstancias. Ello es as porque la incautacin del cuerpo del delito no es entonces sino el fruto de un procedimiento ilegtimo, y reconocer su idoneidad para sustentar la condena equivaldra a admitir la utilidad del empleo de medios ilcitos en la persecucin penal, haciendo valer contra el procesado la evidencia obtenida con desconocimiento de garantas constitucionales (doc. de Fallos:. t. 46, p. 36), lo cual "no slo es contradictorio con el reproche formulado, sino que compromete la buena administracin de justicia al pretender constituirla en beneficiaria del hecho ilcito" (Fallos: t. 303, p. 1938 -Rev. LA LEY, t. 1982-D, p. 225)

  • C.N.F. Crim.y Corr. Monticelli de Prozillo (1984)

    Hechos :El 31 de mayo de 1982, a las 2,50 horas, el subinspector Pizarro detuvo a Eduardo R. Tiscornia y Luis Biondi, por resultar sospechosos de haber cometido diversos delitos. Pocos minutos ms tarde (a las 3,30 horas), los oficiales instructores dan cuenta de que Tiscornia espontneamente ha reconocido su participacin en diversos asaltos a mano armada, involucrando tambin a una tal "Tosi" o "Teresa" que viva en la calle Nogoy 4676, piso 1. A las 5.30 horas el oficial ya nombrado, se constituy en ese domicilio y detuvo a Teresa B. Monticelli. Muy poco despus, a las 7 horas, la instruccin labr un acta en la que constan dichos vertidos espontneamente -segn se dice-, por la detenida Monticelli, en los que admite su participacin en distintos hechos delictivos, suministrando detalles de su ejecucin y afirmando haber llevado a su domicilio un arma que le entreg "Ricardo", luego de realizado el ltimo robo. En horas de la maana, siempre del 31 de mayo de 1982, se asienta una consulta que se habra efectuado al juez de la causa y se establecen una serie de medidas que ste habra dispuesto. A fs. 56/57 obra fotocopia de un acta labrada a las 13 horas del mismo 31 de mayo de 1982 (mecanografiada a fs. 54), por el subinspector Carlos M. Pizarro, quien dice haberse constituido junto a los testigos Germn Millaner y Luis A. Yavagnilio en el domicilio de la calle Nogoy 4676, piso 1, siendo all atendidos por Mara A. Cavalieri, madre de la procesada Monticelli y haber secuestrado del interior de un placard de la vivienda una pistola marca "Browning Patent", calibre 7,65.Al declarar ante la instruccin a fs. 51/52 y ante el juez a fs. 335, el oficial Pizarro dice que la seora Cavalieri le franque el ingreso a la vivienda "sin oponer reparos".

  • IntroduccinCon la conclusin sentada anteriormente acerca de la ilegalidad del allanamiento practicado en el domicilio de la procesada, se resuelve slo una parte de la cuestin, pues qu debe hacerse con la prueba obtenida a travs de dicho procedimiento? Represe que en el caso se cuenta con un acta de secuestro que cumple con todos los requisitos legales, y con los dichos de 2 testigos hbiles que afirman haber presenciado como la polica encontr un arma de guerra en la vivienda de la Monticelli. En los Estados Unidos se. denomina "exclusionary rule" (regla de exclusin) al principio segn el cual no resulta judicialmente vlida la evidencia obtenida ilegalmente, habindose generado un profuso debate sobre el acierto y alcances de esta doctrina.

  • Fundamentos:

    En 1914 al decidir la causa "Weeks vs. United States" (232 US., 383), la Corte Suprema norteamericana estableci que no era admisible ante los Tribunales Federales una prueba lograda por funcionarios federales a travs de un registro o secuestro ilegtimo, fundando esta conclusin en que: 1. se deban desalentar los procedimientos ilegales de la polica. Esta regla se extendi a los procesos estatales en el caso "Mapp vs. Ohio", 367 US., 643, 1961, luego de una polmica evolucin (v. "Wolf vs. Colorado", 338 US., 25, 1949; "Rochin vs. California", 342 US., 165, 1952; "Irvine vs. California", 347 US., 128, 1954; "Breithaupt vs. Abram", 352 US., 432, 1957),2. aadindose un argumento tico respecto de la necesidad de preservar la integridad de la funcin judicial y el carcter ejemplar de los actos del Estado.

  • Crticas: De los dos fundamentos que sustentaban la doctrina, utilitario el uno (erradicar prcticas ilegales de la polica) y moral el otro (la justicia no puede servirse de prueba mal habida), se ataca con nfasis al primero, afirmndose que es estril e ineficaz para conseguir su objetivo, siendo necesaria una demostracin acabada de su bondad ante el alto costo que se acarrea a la sociedad: el dejar en libertad a un alto nmero de criminales culpables, no tenindose ninguna evidencia emprica de que realmente la regla impida la conducta ilegal de los oficiales ejecutores de la ley (v. voto del Chief Justice Burger en "Rivens vs. Six Waknown Mamed Agents", 403 U.S., 388, 1971). Este punto de vista puede complementarse de la siguiente manera. Si la polica acta ilegtimamente ser sancionada por su proceder, pero el rechazo de la prueba que se adquiera nada hace para castigar al funcionario que ha obrado mal, mientras que puede librar al acusado malhechor. Priva a la sociedad de su remedio contra un violador de la ley porque sta ha sido quebrantada por otro (v. voto del Justice Jackson en "Irvins vs. California" ya citado).

  • Respuestas: Sin embargo, existen lmites en la persecucin penal. El descubrimiento de la verdad debe ser efectuado en forma lcita, no slo porque hay de por medio un principio tico en la represin del delito (dictamen del doctor Gauna en la citada causa "Fiorentino")