Fuerzas Armadas de la República del Perú

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Las Fuerzas Armadas del Perú tienen tres institutos: el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Área. Todos ellos tienen autonomía orgánica y funcional entre sí, lo que corresponde a sus particularidades de organización y acción bélica. Sin embargo, están sometidos a un solo comando que es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, órgano que planifica la parte militar de la Defensa Nacional y que, llegado el –caso asume el mando militar de las instituciones para caso de conflicto armado, tanto externo como interno. Cada institución de las Fuerzas Armadas tiene su propia Ley Orgánica y también tiene la suya el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La finalidad principal de las Fuerzas Armadas es garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la Republica. Marcial Rubio amplía este concepto: “La independencia debe ser entendida como la protección contra todo intento exterior de imponer su voluntad sobre el Perú. La soberanía como la garantía de que las decisiones del Estado peruano rijan internamente con supremacía y la integridad territorial de la República es la intangibilidad del territorio, que no puede ser ocupado por potencias extranjeras o liberado por fuerzas de ninguna naturaleza”. Las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno en estado de emergencia, cuando el Presidente de la República así lo dispone; y lo asumen plenamente en caso de decretarse el estado de sitio. De hecho, durante los años de violencia terrorista, las Fuerzas Armadas a través del Comando Conjunto y de sus Jefes Políticos-Militares, ejercitaron el control del orden interno en todas las zonas a declaradas en emergencia. En la práctica, la frecuencia con que las Fuerzas Armadas han tomado el control del orden interno, las ha convertido en una especie de institución policial en el interior del país. Consideramos que aquellos es un error que afecta las finalidades principales que les asigna la Constitución. El control del orden interno, salvo circunstancias demasiado graves e inusuales, debe mantenerse en manos de las autoridades políticas; debe ser la Policía la fuerza pública que auxilie en las labores coercitivas y coactivas. Para ello, desde luego, la Policía deberá estar adecuadamente organizada y contar con los recursos humanos, materiales y económicos que le permitan cumplir dicha función. Cuando las Fuerzas Armadas toman el control del orden interno, se empieza a vivir una situación en la que los objetivos militares empiezan a tener mayor importancia ponderada que los no militares en las decisiones de la autoridad política. No pude ser de otra manera, puesto que las tareas militares no completan la administración política de poblaciones civiles. Esta

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Las Fuerzas Armadas del Perú tienen tres institutos: el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Área. Todos ellos tienen autonomía orgánica y funcional entre sí, lo que corresponde a sus particularidades de organización y acción bélica. Sin embargo, están sometidos a un solo comando que es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, órgano que planifica la parte militar de la Defensa Nacional y que, llegado el –caso asume el mando militar de las instituciones para caso de conflicto armado, tanto externo como interno.Cada institución de las Fuerzas Armadas tiene su propia Ley Orgánica y también tiene la suya el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.La finalidad principal de las Fuerzas Armadas es garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la Republica. Marcial Rubio amplía este concepto: “La independencia debe ser entendida como la protección contra todo intento exterior de imponer su voluntad sobre el Perú. La soberanía como la garantía de que las decisiones del Estado peruano rijan internamente con supremacía y la integridad territorial de la República es la intangibilidad del territorio, que no puede ser ocupado por potencias extranjeras o liberado por fuerzas de ninguna naturaleza”.Las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno en estado de emergencia, cuando el Presidente de la República así lo dispone; y lo asumen plenamente en caso de decretarse el estado de sitio. De hecho, durante los años de violencia terrorista, las Fuerzas Armadas a través del Comando Conjunto y de sus Jefes Políticos-Militares, ejercitaron el control del orden interno en todas las zonas a declaradas en emergencia.En la práctica, la frecuencia con que las Fuerzas Armadas han tomado el control del orden interno, las ha convertido en una especie de institución policial en el interior del país. Consideramos que aquellos es un error que afecta las finalidades principales que les asigna la Constitución. El control del orden interno, salvo circunstancias demasiado graves e inusuales, debe mantenerse en manos de las autoridades políticas; debe ser la Policía la fuerza pública que auxilie en las labores coercitivas y coactivas. Para ello, desde luego, la Policía deberá estar adecuadamente organizada y contar con los recursos humanos, materiales y económicos que le permitan cumplir dicha función.Cuando las Fuerzas Armadas toman el control del orden interno, se empieza a vivir una situación en la que los objetivos militares empiezan a tener mayor importancia ponderada que los no militares en las decisiones de la autoridad política. No pude ser de otra manera, puesto que las tareas militares no completan la administración política de poblaciones civiles. Esta situación puede tornarse negativa, particularmente cuando se pretende la existencia de un Estado de Derecho con organización democrática y participación del pueblo.

La Constitución peruana utiliza el concepto en un sentido político. Las Fuerzas Armadas es una entidad donde no se discute y no se vota. Prima el orden jerárquico, la subordinación y la disciplina.Las instituciones castrenses no pueden tomar acuerdos que sean obligatorios para la sociedad o sus partes; aplicará sus decisiones dentro de sí misma y, hacia la sociedad, ejecutarán la política y los encargos que le dé el Gobierno.

La Constitución, al prohibir que las Fuerzas Armadas ingresen al debate público, persigue evitar, como lo hemos visto en párrafos anteriores, que éstas se aparten de su rol tuitivo en defensa de la independencia, soberanía e integridad del territorios nacional y de la subordinación que le deben al poder constitucional. Un comunicado público cargado de adjetivos y de contenidos evidentemente políticos, está ingresando precisamente en donde la Constitución prohíbe ingresar: la deliberación, el debate y la confrontación de posiciones.Es por ello que los principios de no deliberancia y de sometimiento al poder constitucional tienen su último fundamento en que las Fuerzas Armadas tiene en su conjunto el más grande poderío material de que se dispone en un Estado, pero no por ella misma, sino por cargo del

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pueblo constituyente; es un aparato del Estado. Por consiguiente, el poder armado solo debe utilizar en la forma y con las características que le imponga el Gobierno.

Las finalidades fundamentales de las Fuerzas Armadas se hallan establecidas en el artículo 166 de la Constitución. Sin embargo se les suele encargar estas dos tareas adicionales de colaboración con la sociedad. Ellas son:

- Participación en el desarrollo económico y social del país, colaborando desde la construcción de infraestructura (los ingenieros militares que construyen carreteras, por ejemplo), hasta la organización de la población y su capacitación en lugares alejados (zonas de frontera o zona de selva, por ejemplo). Las Fuerzas Armadas, por sus propias funciones, tiene personal en zonas sumamente alejadas del territorio donde no llegan otras reparticiones del Estado.

- Participan en la defensa civil, que es un sistema destinado a prevenir y responder ante las emergencias civiles que se presentan en la sociedad, desde accidentes ocasionales, hasta grandes catástrofes producidas por fenómenos naturales.

Aunque la historia bélica del Perú tiene antecedentes desde los orígenes del imperio incaico, su actual origen, organización y diversificación se dio en la década de los años 1950. El Perú obtuvo la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y decidió organizar su poderío bélico y de seguridad en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú.Las fuerzas armadas del Perú habituadas y entrenadas en operaciones bélicas por décadas de terrorismo y narcotráfico, enfrentaron un conflicto armado con Ecuador durante el gobierno de Alberto Fujimori en 1995, que dio como resultado un breve pero intenso enfrentamiento que finalizó con el Acuerdo de Paz de Itamaraty, apoyado por numerosos países y organizaciones internacionales. Debido a la lucha contra el narco-terrorismo, Perú es uno de los países de Latinoamérica con mayor inversión en implementación de material bélico, pero sin llegar al armamentismo.

MisiónLas fuerzas armadas de la República del Perú están encargadas de defender la soberanía del Estado y la seguridad de los peruanos. Planean, preparan y coordinan la dirección y conducción de las operaciones militares conjuntas de las Instituciones Armadas en el cumplimiento de los objetivos de la política de Defensa Nacional en observancia de los principios de interoperabilidad, eficiencia y accionar conjunto.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas efectúa el planeamiento, preparación, coordinación, dirección y conducción de las operaciones militares conjuntas de las Instituciones Armadas en cumplimiento de los objetivos de la Política de Defensa Nacional, asegurando su máxima eficacia en concordancia con los recursos logísticos y presupuestales asignados, y en observancia de los principios de interoperatividad, eficiencia y accionar conjunto. Presta asesoramiento al Ministro de Defensa en temas de carácter militar. Su actividad se ciñe a los preceptos constitucionales, a la ley del Ministerio de Defensa, al Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, y a la norma legal y reglamentaria en la materia. VisiónEl Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, líder en el ámbito Regional, organizado en base a mantener la excelencia operativa, administrativa y científica, tecnológicamente innovador, convicción para contribuir proactivamente en el Desarrollo Nacional, el Orden Interno y el Mantenimiento de la Paz en el Frente Externo con presencia internacional en Misiones de Paz y Seguridad Hemisférica; utiliza para el desarrollo de su misión el potencial humano y recursos

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materiales enmarcados dentro de los principios de eficacia, eficiencia y economía, con personal altamente calificado con una sólida disciplina y valores morales, líder en el campo de la Defensa y Desarrollo Nacional, acorde con las exigencias actuales, organizado sistemáticamente y preparado orgánicamente para afrontar los retos futuros.

ValoresEl Personal Militar y Civil que labora en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se distingue en sus acciones comportándose con: a. Honestidad, Integridad y Legalidadb. Veracidad y Transparenciac. Laboriosidad y Dedicación al Trabajod. Disciplina y Responsabilidad

OrganizaciónLas fuerzas armadas del Perú se hallan bajo la autoridad del Presidente de la República por medio del Ministerio de Defensa, coordinados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Libro blancoTodas las fuerzas armadas de Latinoamérica, en sus respectivas páginas web, y desde hace algunos años, vienen publicando el denominado Libro blanco de la Defensa Nacional. En el denominado libro blanco, se hace un detallado análisis de la visión del Perú en el mundo y se tocan temas como la globalización, la política del estado peruano con respecto a la seguridad y defensa nacional, así como del sistema de seguridad y defensa nacional del Perú. Además se toca lo referente al Ministerio de Defensa del Perú, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, la proyección internacional de las Fuerzas Armadas del Perú, la reforma del sector defensa y los recursos económicos destinados a la defensa nacional del Perú

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN LA CONDUCTA ÉTICA DEL PERSONAL DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

a. RESPETO: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de sus funciones, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento.

b. PROBIDAD: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal.

c. EFICIENCIA: Brinda calidad de servicio en el ejercicio de sus funciones, con los recursos asignados en el momento y tiempo establecido, en beneficio de la Institución.

d. IDONEIDAD: Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. La cuestión de los roles de las fuerzas armadas

e. LEALTAD Y OBEDIENCIA: Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución.

f. JUSTICIA: Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido.

g. SOLIDARIDAD: Como seres humanos de naturaleza sociable, tenemos la obligación moral de promover el bienestar de todos los seres humanos, y no sólo del nuestro. El

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egocentrismo es el que nos impulsa a sobresalir sin importarnos el prójimo, esta actitud trunca al ser humano como persona y conlleva a estancar su propia realización.

h. EQUIDAD: Implica actuar con justicia y ponderación en nuestras relaciones con el Estado, con nuestros superiores, con los subordinados y con la ciudadanía en general.

i. ACEPTACIÓN DE EFECTOS COLATERALES: La aceptación es un principio que debemos cultivar en nuestro diario vivir, ya que todas nuestras acciones no son acertadas y probablemente éstas provocarán efectos colaterales perjudiciales.

j. TRASCENDENCIA: Todo ser humano tiene en sí mismo una apertura a la trascendencia. Es consciente de una sed de inmortalidad que lo impulsa a buscar lo más noble y sublime, hasta alcanzar su encuentro total con aquel que lo llamó a la vida y a su amistad.

k. COMPROMISO: Cuidar que las obligaciones asignadas y contraídas se cumplan oportunamente y en los plazos establecidos.

l. CORDIALIDAD: Actuar con franqueza, sinceridad y amabilidad en el trato con el personal interno y externo de la Institución.

m. INTEGRIDAD: Tener un comportamiento intachable, alineado con la rectitud y la honestidad, dignas de credibilidad, fomentando una cultura de confianza y verdad.

n. LEGALIDAD: Sujetar la actuación funcional al cabal cumplimiento de la normativa constitucional, legal y reglamentaria aplicable.

o. PRUDENCIA: Actuar con sensatez y buen juicio a fin de evitar acciones que pudieran poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos y la misión institucional.

p. PULCRITUD: Cuidar la imagen personal, dentro y fuera de la institución, esforzarse por mantener una adecuada conducta, expresión y comunicación en el ejercicio de sus funciones.

El rol de las fuerzas armadasLos escenarios de posible conflicto que se ha revisado y la existencia de amenazas activas y latentes a la seguridad nacional determinan la incuestionable necesidad de que el Perú cuente con unas fuerzas armadas con la capacidad operativa adecuada para defender los intereses nacionales. Salvo opiniones radicales, existe un amplio consenso acerca de que las fuerzas armadas deben estar permanentemente en condiciones de cumplir su misión primordial de defensa. Pero el consenso se debilita sensiblemente cuando el debate aborda la cuestión de los roles militares en una sociedad como la nuestra y, en innegable dependencia de este tópico, la cuestión de cómo un país relativamente pobre en recursos económicos puede garantizar el poder militar necesario.Esto último coloca el tema de los roles de las FFAA en un plano material concreto y específicamente ante la disyuntiva de admitir que los institutos armados deben limitarse a existir en previsión de enfrentar una amenaza de guerra exterior o interna, tesis de la unicidad del rol castrense, o admitir que pueden y deben actuar otros roles adicionales, creando el espacio de debate acerca de cuáles deben ser tales roles.No obstante las situaciones de conflicto activo o latente entre estados de la región en los últimos años (guerra entre Perú y Ecuador en 1995 y tensión militar entre Colombia y Venezuela desde 1999, por ejemplo) predomina entre los analistas adscritos a entidades académicas norteamericanas de defensa la idea de que "los ejércitos de América Latina no tienen una verdadera misión de guerra que cumplir" y que los ejércitos en esta región se han convertido "en algo más que fuerzas policiales bien armadas, cuya principal tarea es preservar el orden". Este punto de vista aprueba y promueve que las fuerzas militares se involucren en otras actividades distintas de la primordial de la defensa externa. Plantean, por tanto, que las fuerzas armadas pueden y deben actuar una pluralidad de roles institucionales.Pero otro núcleo de analistas, tanto en Estados Unidos como en ámbitos latinoamericanos, sostiene la idea central de que la misión primordial de las fuerzas armadas es evitar la guerra, por ello deben estar preparadas para ganarla. En esta posición coinciden civiles y militares que

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opinan en el sentido de que "El fin primordial de las FFAA es garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República...". Sólo admiten que las fuerzas armadas podrán colaborar en la atención de emergencias y desastres naturales, extraordinaria y transitoriamente. Estos analistas plantean, en contraposición a los anteriores, que las fuerzas armadas deben actuar un rol único, orientado a la defensa externa y al restablecimiento del orden interno.En el medio nacional Fernando Rospigliosi es el ensayista civil que más consistencia ha mostrado en la defensa del rol único de las FFAA, al afirmar que actividades como la construcción de carreteras, alfabetización y acciones de tipo social no son parte de las funciones de las fuerzas armadas y por lo tanto deben estar prohibidas, y que "Las fuerzas armadas no deben participar en desarrollo porque se vinculan a la política". Otras razones que Rospigliosi aduce para sustentar esta posición son que la participación militar en el desarrollo de infraestructura no proporciona un ahorro al estado y más bien produce corrupción y competencia desleal con la iniciativa privada, y que no es claro que la "acción cívica" sea eficaz, necesaria ni rentable desde el punto de vista económico.A partir de estas orientaciones los roles militares Implican maximizar la participación de los medios humanos y materiales de los institutos militares en el desarrollo y la "acción cívica" para contribuir al bienestar general de la sociedad.El cuestionamiento actual a este paradigma militar apunta en sentido favorable a los partidarios del rol único, respaldando que los institutos armados actúen solamente en cumplimiento de funciones "propiamente militares", de defensa, dejando de lado la actuación para cumplir otro tipo de funciones. Sin embargo, el cuestionamiento del pluralismo que respalda los roles "no propiamente militares" de las fuerzas armadas, no resiste el análisis como cuestión de principio.Enclaustrar a los militares en tareas propias únicamente de su misión primordial de defensa externa y restablecimiento del orden interno tendría como consecuencia indeseable reforzar la escisión entre la sociedad civil y la "sociedad militar", en lo que el Perú tiene mala experiencia y que sustentó la idea acendradamente castrense de que los militares eran una casta social y, en un extremo, la convicción irreal y sustantivamente anti-democrática de que la particular cultura organizacional corporativista y organicista de los militares constituía una especie de salvaguarda de la unidad nacional ante el pluralismo naturalmente conflictivo de la sociedad representada en el sistema de partidos políticos. Hasta bien avanzada la década de 1970 primó la idea de que los militares eran una tecnocracia providencialmente extraña al disenso y, sobre esta base, configuraron su ideología de formar parte de "instituciones tutelares".

Gobierno MilitarDe todas las formas de gobierno autoritarias vigentes, la que mayor presencia y continuidad ha tenido es el gobierno de los militares, llamado por algunos “régimen militar”,-para expresar el carácter institucionalizado de los militares en el poder.La ideología que los inspira, por lo general es conservadora, pero como se ha indicado, hay juntas de gobierno militares reformistas e incluso revolucionaria marxistas. A los regímenes militares se les llama “militarismo”, pero hay diferencias entre ambos conceptos. Como indica Benjamín Rottenbach, el militarismo se refiere a “los casos cuando los militares, acompañados a veces por ciertos civiles simpatizantes, imponen a la marcha del gobierno una orientación que responde a puntos de vista militares. El militarismo es una actitud respecto a los negocios públicos que concibe la guerra y la preparación de la guerra como los instrumentos principales de la política exterior.Un régimen militar, entonces, no tiene que ser necesariamente militarista y de hecho la mayoría no lo son.

El Poder Militar

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El poder militar se sustenta externamente en la fuerza, para utilizar la expresión Galbraith, es el poder condigno por excelencia, y también como dice Russell, es el “poder desnudo”. Al respecto debemos señalar que el poder militar es parte del poder del Estado, uno de sus elementos, pero es también un poder que está al interior de otro poder, como lo está el poder de la burocracia.

Sin embargo, el poder militar genera sus propias “potencialidades de poder” y su naturaleza es condigna no sólo porque se expresa en toda la sociedad, sino porque se ejerce al interior de la institución militar.En la organización militar, la estructura burocrática es rígida, se sustenta en una larga tradición histórica y en la necesidad no cuestionada de la obediencia. Su estructura jerarquizada determinada por un sistema de ascensos y por un conjunto de normas internas (reglamentos) es una prueba de ello. La capacidad condigna interna y externa de ese poder no es su única característica, dicho poder genera sus propios mecanismos internos basados en la compensación y el condicionamiento.

Dice Galbraith: “Existe una expresión eficaz del poder cuando el individuo se somete a los fines de otros no sólo voluntariamente, sino en el sentido de virtud inherente. La expresión suprema, desde luego, es cuando la persona ignora que está siendo controlada. Esto al máximo nivel, es la realización del poder condicionado; la creencia hace que la sumisión sea no un acto consciente de voluntad, sino una manifestación normal, natural, de la conducta aprobada. Los que no se someten son disidentes. En nuestro tiempo, tal sumisión es, en gran medida, un logro del estamento militar, el más poderoso, con mucho, de los procesos autónomos del gobierno.

El poder militar se sustenta en la obediencia absoluta, el otro poder similar es el de las congregaciones religiosas, pues la obediencia se convierte en un voto como el de la castidad. Es un compromiso absoluto. La institución militar, y la religiosa, son las únicas organizaciones que radicalmente no aceptan cuestionamiento de los grados inferiores. De hecho los de grado inferior deben someterse a los de grado superior. La personalidad, en otros términos el individuo, al decir de Galbraith, tiene poca importancia en la instituciones militares. La organización militar tiene recursos para acrecentar su poder condigno.

Las instituciones armadas poseen industrias dedicadas a la producción de armas, y si carecen de esta tecnología, tienen presupuestos que le permite adquirir armas. Esta disponibilidad para producir armas o adquirirlas de países productores, radica en la necesidad de conseguir cada vez más modernas tecnologías sofisticadas, destinadas a la guerra y les otorga mucha independencia de los otros poderes del Estado. Incluso aunque el presupuesto militar dependa del presupuesto global del Estado, su capacidad industrial y tecnología le otorga autonomía económica, considerada básica para acrecentar el poder bélico.

El poder militar, por lo que se ha expuesto, es condigno, compensatorio y condicionado. Sus fuentes básicas son la propiedad y la organización.Al interior de la rígida y jerarquizada organización militar se desarrolla todo un sistema de creencias propias de la institución. Este sistema constituye un cuerpo de doctrina, es aceptado como si fuera un “dogma de fe”, entre sus miembros todo es permitido al interior y en torno de los principios doctrinarios, pero nada es posible fuera de ellos. La doctrina está ligada al desarrollo histórico y a los valores asumidos por la organización militar de cada país, pero más allá de las particularidades nacionales, hay una universalidad, que se expresa en los lazos de dependencia, y muchas veces, dominación, entre la doctrina desarrollada para la organización militar y sus vínculos con el desarrollo de una tecnología sofisticada para asegurar su poder condigno. Esta “doctrina universal” es “vendida” como un producto definido y acabado, y bajo

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la creencia que se sustenta en postulados científicos debidamente comprobados, vale decir objetivos.

Tradicionalmente la antigua geopolítica y la teoría del “poder nacional”, son teorías ideológicas revestidas de cientificidad.

El análisis científico de estas teorías, hecho por politólogos y polemólogos, ha podido demostrar el carácter condicionado de la geopolítica, para justificar el dominio expansionista militar y del “poder nacional”, para poner al Estado y a las instituciones militares, en cuanto poder del Estado, por encima del individuo, es decir la libertad.

Respecto a las relaciones norteamericanas con los ejércitos latinoamericanos, se conoce mucho sobre la “Doctrina Monroe”, el llamado “monroísmo”, que se expresa en la frase “América para los Americanos”, y sintetiza la ideología TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca). De acuerdo a esta doctrina el TIAR, en cuanto alianza militar continental tiene como objetivo fundamental defender el continente americano contra cualquier agresión externa. Sin embargo, el TIAR ha estatizado siempre al servicio de los intereses norteamericanos en la región y ha servido más como una práctica anticomunista, desde la perspectiva norteamericana, o en todo caso antisoviética. La prueba de esta tendencia fue fehaciente durante la “Guerra de las Malvinas” en donde Estados Unidos colaboró y prefirió defender los intereses de su socio mayor de la OTAN, Gran Bretaña, antes que aplicar la doctrina para el interés continental.

No es sólo la doctrina el único factor de aglutinamiento de la institución militar, existen otras creencias básicas para la consolidación de su poder. Ellas son:

1) La existencia vital e incluso necesaria de un enemigo específico. Este enemigo puede ser otro país.

2) El concepto de patriotismo como un valor fundamental, porque de hecho existe un enemigo. Las formas de patriotismo varían según los casos. El patriotismo es una ideología y un estado de ánimo, como el chauvinismo, y no hay que confundirlo con el heroísmo, que consiste en ofrecer la vida, o en estar dispuesto a ofrecerla en defensa de la independencia territorial, en defensa de una sociedad o nación.

3) La existencia inminente del enemigo hará que la organización militar tienda al control de la información, y de esta manera lograr mayor condicionamiento social.

Hay una serie de informaciones que tienen carácter “reservado” y la revelación de su “secreto” se considera de sumo peligro para la “seguridad de la nación”, aquí se confunde seguridad militar con seguridad nacional.

En el fondo el concepto de “seguridad nacional” es también ideológico, porque en realidad se trata de la seguridad de la organización militar y de la élite burocrática que controla los recursos del poder militar.

¿Se puede hablar entonces de un “quinto poder” del Estado? ¿El Poder Militar?

En efecto, el poder de los militares, no es sólo el poder de la organización militar en cuanto tal, está relacionado con la totalidad de la vida política, con la acción política. Aunque teóricamente se sostenga que los militares o las instituciones armadas son apolíticos.

Toffler sostiene que la organización militar se desarrolla y obedece a las masivas “olas” por las que está pasando la humanidad, y también se adecua a la economía como a la tecnología

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creadas en cada una de estos periodos. Las guerras de una sociedad agrícola, de otra industrial y de la última electoral, están vinculadas al modo de crear riqueza y dependen de la estructura y de los mecanismos tecnológicos. Cuando entremos definitivamente al sistema de producción de la “Tercera Ola”, es decir a la “sociedad electronal”, aquella en donde predomina un mundo de ordenadores y el poder se sustente esencialmente en el conocimiento, se habrá modificado los sistemas militares y el modo de hacer la guerra y la doctrina que los justifica.

Las relaciones entre civiles y militares en el PerúEl análisis de las relaciones entre los sectores civiles y los sectores militares en el Perú significa aceptar la existencia de dos fuerzas sociales, cuyas vinculaciones generan situaciones que afectan al conjunto de la sociedad.

Este reconocimiento se funda en la constatación de que dichas fuerzas sociales mantienen una permanente tensión y pugna por el control del poder gubernamental.

En el Perú el problema de las relaciones militares y civiles radica en que históricamente no se ha resuelto el conflicto entre ambas fuerzas sociales por el control del poder gubernamental. La sociedad civil busca la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder constitucional, mientras que los militares luchan por no poder su poder político y privilegios sociales que se derivan de su influencia en el control del poder, que les permite una autonomía frente al poder constitucional.

La forma como ha evolucionado la disputa por el control del poder gubernamental, entre las fuerzas sociales en pugna, ha definido las características de las relaciones entre civiles y militares.

Éstas han condicionado el desarrollo del sistema político y la evolución de las tendencias democráticas y autoritarias en el ejercicio del poder gubernamental.

El control del poder político por parte de los militares tiene su origen en la manera como el imperio español organizó sus colonias, que devinieron posteriormente en las actuales repúblicas latinoamericanas y el Perú hoy.

Durante la Colonia, el poder político y el poder militar estuvieron unificados bajo el control y la administración de los militares. Si ciertamente en este periodo hubo una administración civil, cuya máxima jerarquía fue el Virrey, como representante del Rey, en la realidad el poder total se concentraba en el sector militar.

Los militares constituyeron una casta que gozaba de los máximos privilegios. Controlaron instituciones económicas, sociales y políticas. Fueron el sostén del imperio español.

Son razones históricas de carácter estructural las que produjeron la formación de estas dos fuerzas sociales antagónicas. De un lado, los militares que concentraron todo el poder y, de otro, los civiles que buscaban un ordenamiento social y político, delimitando las funciones de los militares al ámbito puramente castrense.

Con el advenimiento de la independencia en 1821, el Perú heredó de la Colonia dos problemas referentes a las relaciones entre los militares y los civiles. Primero, el relacionado con la concentración del poder político y la representatividad del Estado en funciones públicas a cargo de los militares y, el segundo, referido a que el sector militar constituía una institución que no se subordinaba al poder constitucional que definía al Estado peruano.

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El primer problema, se puede decir que históricamente ha sido resuelto, restringido la función de los miembros de las Fuerzas Armadas al ámbito puramente castrense. Así, actualmente, por mandato constitucional, los militares en actividad no pueden cumplir ninguna función pública, que no sea propia de su ámbito jurisdiccional. No tienen derecho a voto en un proceso electoral y no pueden participar como candidatos en elecciones políticas. Es decir, constitucionalmente, y en la práctica, se ha separado la función pública del Estado a cargo de los civiles, de la función militar a cargo de las Fuerzas Armadas.

En cambio, el segundo problema del sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder constitucional resuelto. Esta situación, como se ha señalado, nació con la Colonia, y la sociedad peruana lo arrastra hasta el presente. Es probable que su solución no se produzca en un breve plazo.

Este proceso ha permitido a las Fuerzas Armadas el desarrollo de instituciones autónomas y paralelas civiles, que no se someten al poder constitucional.

Poseen su propio sistema judicial, asistencial y médico, un régimen económico, laboral, cesantía y otras prerrogativas, aún después de dejar el servicio activo.

Estos privilegios de que gozan los militares se sustentan en su control directo e indirecto del poder político. Indirecto, influyendo y presionando a los gobiernos civiles elegidos democráticamente. Directo, asumiendo el control gubernamental a través de golpes de Estado, donde la constante ha sido que ocurran cuando los sectores civiles avanzaban en una mayor democratización de la sociedad, y se consideraba que peligraba los privilegios de que gozan los miembros de las Fuerzas Armadas y los intereses de los sectores sociales que ellos representan y protegen.

Esta pugna, entre el sector militar y el sector civil por el control del poder político para el manejo del Estado, y la resistencia de las Fuerzas Armadas a someterse al poder constitucional, constituye el principal factor que impide que el Perú modernice su sistema económico y social y se avance en la democratización de la sociedad en su conjunto.

Este proceso dio lugar a que en el Perú desde la instauración de la República se desarrollará un conflicto entre las tendencias autoritarias y democráticas en el sistema político y el ejercicio del poder gubernamental, fenómeno que mantiene su vigencia y con el cual ingresamos al nuevo siglo.

Los militares tradicionalmente defendieron al sector social oligárquico, cuyo poder económico radicó en el control de la gran propiedad agrícola y su explotación bajo el sistema de hacienda. En efecto, este sector social constituyó la base social del poder de los militares. Representantes del sector oligárquico gobernaron el país hasta la década de 1960.

Durante este periodo se formó en el Perú un caudillismo militar, que sucesivamente, en unos casos, mediante golpes de Estado y, en otros, en alianzas con sectores civiles asumieron el ejercicio del poder gubernamental, recuperando así para las Fuerzas Armadas la concentración del poder militar y político del país.

El fenómeno del caudillismo militar, de gran trascendencia en la realidad social y política del país, ha sido caracterizado por los científicos sociales como un proceso en el cual aparece el estereotipo del “hombre fuerte” que se atribuye cualidades propias y providenciales para lograr el ordenamiento y la estabilidad de la República, ante la supuesta incapacidad de los civiles. En este sentido, el caudillo militar abusó del poder, consolidando la tendencia

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autoritaria, buscando su permanencia en él a través de áreas cautivas del Estado. El caudillo militar irrumpe en la escena política como el salvador que pone fin a la crisis que vive la Republica, pero en realidad lo que buscaba era mantener el sistema y no se pusieran en riesgo los privilegios del sector militar y los intereses de la oligarquía.Sin embargo, a fines de esta década de 1960 ocurrieron sucesos que cambiaron significativamente el escenario nacional. El 03 de octubre de 1968 se produjo un golpe militar, liderado por el general Juan Velasco Alvarado, que puso fin al dominio político, social y económico de la oligarquía tradicional. Este golpe de Estado, a diferencia de los anteriores liderados por caudillos, con excepción de lo ocurrido en 1962, dirigido por el general Ricardo Pérez Godoy, fue de carácter institucional. Se autodenominó Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada.

Este gobierno impuso un modelo corporativo y dictatorialmente modificó la estructura social del país eliminando a la oligarquía terrateniente, al suprimir su base económica que eran las grandes propiedades agrícolas o haciendas, las que expropió y autoritariamente transformó en cooperativas agrarias de producción bajo la administración a sus trabajadores. Esta reforma agraria limitó la propiedad privada sobre la tierra agrícola hasta 15 hectáreas en la costa y 45 en la sierra. El Perú, así se convirtió en el único país del sistema capitalista donde se prohibió la libre disponibilidad de la tierra agrícola.

Se suspendió la vigencia de los partidos políticos y toda forma de proceso electoral. Se persiguió, deportó y encarceló a los dirigentes políticos. Todos los funcionarios y funciones públicas pasaron a depender de militares y la única forma de participación y movilización de la ciudadanía debía hacerse a través de lo que el gobierno militar denominó Sistema Nacional de Movilización Social. Los científicos sociales lo definieron como gobierno populista.

Este gobierno recuperó para los militares la concentración del poder político y la representatividad de la función pública del Estado a cargo de las Fuerza Armada. Es decir, una vez más la pugna por el control del poder político la ganaron los militares con el uso de la fuerza, quienes sometieron a la sociedad civil a su tutela, manteniéndose así el histórico problema de la pugna entre civiles y militares por el control del Estado.

El desgaste político de los militares tras 12 años de permanencia en el poder y las crecientes tendencias democráticas en Latinoamérica, que obligó a los militares a regresar a sus funciones puramente castrenses, permitió que a partir de 1980 se restablecieron en el Perú los gobiernos civiles elegidos democráticamente: Régimen político que se mantiene hasta el presente, habiéndose producido cuatro elecciones presidenciales. En 1980 se eligió al presidente Fernando Belaunde Terry, en 1985 a Alan García Pérez, en 1990 a Alberto Fujimori, vuelto a reelegir en 1995.

Los militares han recuperado su poder político en el control y dominio del aparato del Estado en el periodo del presidente Alberto Fujimori, quien consiguió el apoyo en la Fuerza Armada para perpetuarse en el poder. En 1992 el presidente Alberto Fujimori produjo autogolpe, disolviendo el Congreso de la República. Se elaboró una nueva Constitución Política del Estado, donde se incorporó la figura de la reelección presidencial, la que fue aprobada por un estrecho margen mediante un referéndum duramente cuestionado.

En efecto, a partir de estos sucesos el gobierno adquirió una connotación cívico-militar, que se respaldó cada vez más en un sector de las Fuerzas Armadas para perennizarse en el poder. Este gobierno se caracterizó por su autoritarismo y por la permanente violación del Estado de Derecho y el orden constitucional.

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En este contexto se desarrollan las relaciones entre los civiles y las Fuerzas Armadas en el Perú.

Históricamente, amplios sectores de la sociedad ha buscado permanentemente fortalecer el sistema democrático para que nuestra sociedad logre un desarrollo con equidad social y rostro humano.

En este proceso, la gobernabilidad civil, representativa de la voluntad de la mayoría ciudadana, ha sido interrumpida por regímenes militares. A este fenómeno se le ha denominado el proceso pendular.

La instauración de dictaduras militares encontró en la civilidad su principal obstáculo, a la que buscó acallarla destruyendo sus organizaciones sociales y políticas y eliminando su liderazgo. Sin embargo, la lucha de los sectores civiles permitió el restablecimiento de gobiernos elegidos democráticamente.

Las Fuerzas Armadas han agudizado su conflicto con la actividad cuando ha cuestionado gobiernos elegidos democráticamente, actuando como un poder paralelo. Sobre todo cuando los sectores civiles han exigido la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder constitucional.

Las Fuerzas Armadas ganan mayor espacio en el sistema social y político si el gobierno civil se vuelve dependiente de ella. Esto ocurre, en primer lugar, si el gobierno elegido mediante votación popular, por el mal ejercicio del poder político pierde el apoyo de la población. En efecto, busca legitimar medidas anticonstitucionales y antidemocráticas. En estas situaciones se reprime a quienes lideran o se identifican con la defensa de la constitucionalidad y la democracia.

En cambio, existe una complementariedad en las relaciones entre los sectores civiles y las Fuerzas Armadas, cuando ambas son respetuosas y se subordinan al poder constitucional. En este campo de mutua colaboración, la integración de dichos sectores se vuelve imprescindible para la paz y el desarrollo nacional.

La defensa del poder constitucional y la gobernabilidad democrática ha constituido la principal fuente de tensión entre la civilidad y las Fuerza Armada. Cuando la institución militar aumenta su intervención y control de la sociedad civil, transgrediendo el orden constitucional, se acrecienta la ingobernabilidad, que se trata de detener mediante la represión y el uso de la fuerza.

Las Fuerzas Armadas forman parte de la estructura del Estado, y por tanto debe estar subordinada, respetar y defender al gobierno elegido democráticamente.

Sin embargo, se están produciendo situaciones en que el gobierno civil elegido democráticamente, busca en la Fuerza Armada el apoyo para mantenerse en el poder. Para ello, se interviene, controla, mediatiza y somete a todos los poderes instituciones del Estado, quitándoles la autonomía e independencia que establece la Constitución Política del Estado.

A las Fuerzas Armada corresponde defender y proteger el Estado de Derecho. Es imprescindible el respeto a la Constitución Política y el respeto a los poderes e instituciones del Estado.

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Ninguna Fuerza Armada puede ser concebida como un poder autónomo, que actúe al margen de lo que establece la Constitución y las leyes del Estado. Toda Fuerza Armada tiene y debe estar subordinada a la constitucionalidad y la institucionalidad política del país.

Durante el “fujimorismo”, el gobierno intervino y controló otros poderes e instituciones del Estado, como el Congreso de la República, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal de Constitucional, y el J.N.E. entre otros.

Es criticable que las Fuerzas Armadas emiten pronunciamientos y comunicados respaldando medidas anticonstitucionales. Sobre todo, cuando estos comunicados tienen implicancias políticas y afectan el rol de la prensa y pretenden poner restricciones a la libertad de expresión.

De otro lado, es permanente la preocupación de la sociedad civil por el fortalecimiento de la democracia. Esta tendencia es irreversible en el desarrollo de la sociedad moderna. Los sectores civiles libran una dura batalla por el fortalecimiento del sistema y las instituciones democráticas.

Se ha logrado que en la Constitución Política del Estado, vigente a partir de 1993, se incorporen instituciones de la democracia directa como son: la iniciativa popular, el referéndum, la revocatoria y la rendición de cuentas, aunque aplicables sólo a acaldes y regidores de los municipios locales, elegidos democráticamente mediante elecciones universales y directas.

Otro es aspecto que es preocupante de la relación entre los sectores civiles y las Fuerzas Armadas, es el respeto por los Derechos Humanos. Se han hecho constantes denuncias sobre violación de los derechos humanos, hechos en los que se encuentran involucrados algunos miembros de las Fuerzas Armadas, como fueron los caso del secuestro y desaparición de un grupo de estudiantes y de un profesor de una universidad conocida como “La Cantuta” y las denuncias sobre una matanza atribuida a los militares en una vivienda de un barrio popular conocido como los “Barrios Altos”.

No obstante que los propios jueces militares sentenciaron a prisión los miembros de las Fuerzas Armadas responsables de estos hechos, el Congreso de la República mayoritariamente fujimorista aprobó una ley de amnistía para todos ellos, dejando sin efecto las sanciones que les correspondías. Estas amnistías se hizo extensiva a los militares presos por haberse alzado contra el autogolpe del presidente de Alberto Fujimori. Por tanto, en ese proceso se mezcló a los militares que defendieron la democracia y el Estado de Derecho, con militares culpables de crímenes y delitos comunes. Esa decisión gubernamental fue considerada una afrenta a la dignidad de los militares comprometidos con los principios democráticos.

En el Perú, existió una política de amedrentamiento para evitar denuncias e investigaciones sobre la violación de los derechos humanos, sobre todo los cometidos por algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Esto como es lógico, se agudizó ene l contexto de un gobierno autoritario y dictatorial.

Lo expuesto tiene que hacer con la libertad de opinión y de expresión. Estos derechos están garantizados por la Constitución Política del Estado. Sin embargo, la libertad de expresión también es una permanente fuente entre los sectores civiles y las Fuerzas Armadas. Esto tiene su explicación en la manera como se concibe y aborda la realidad.

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Los sectores civiles buscan que se conozca la verdad, se individualice a los responsables y se les sanciones, para lo cual exigen una transparente investigación a cargo de los tribunales civiles a los que compete esa función jurisdiccional.

En cambio, las Fuerzas Armadas, por su naturaleza, hacen uso de los conceptos de reserva y secreto para cuidar la información, sobre todo referida a las acciones gubernamentales y de la propia institución militar. Trata de cuidar su imagen de un modo equivocado.

A criterio de los militares no se debe investigar ni informar sobre faltas y delitos de función de algunos de sus miembros. Estos hechos se consideran reservados. Existen muchos casos de periodistas enjuiciados en tribunales militares, torturados y desaparecidos por haber estado investigando hechos que los militares han considerado secretos.

En la medida que el gobierno se apoya más en las Fuerzas Armadas acrecienta su autoritarismo y por tanto, nuestro país se convierte en un escenario de violación de los derechos constitucionales.

En el campo de la defensa nacional se ha experimentado una mayor complementariedad en las relaciones entre civiles y las Fuerzas Armadas.

Esta colaboración e integración mutua se ha visto sobre todo cuando el Perú ha tenido problemas fronterizos. Asimismo, esta colaboración se produce durante las actividades cívicas que los militares cumplen, sobre todo, en las regiones más empobrecidas del país, participando en el arreglo de la infraestructura pública, como son carreteras, locales escolares, así como cumpliendo con labores sanitarias y de asistencia médica. Las Fuerzas Armadas contribuyen con programas educativos de alfabetización y capacitación de jóvenes a través del servicio militar obligatorio. Asimismo, existe el Centro de Altos Estudios Nacionales, como un esfuerzo de integración de civiles y militares en el estudio de la realidad nacional y la formulación de propuestas para una política gubernamental.

Existe el consenso de que debe fortalecerse y mejorarse la relación entre sectores civiles y las Fuerzas Armadas. Esto se logrará cuando se resuelva el histórico problema de la pugna entre ambas fuerzas sociales por el control político del Estado y que ocurrirá sólo cuando los militares se sometan al poder constitucional y reconozcan como titulares del poder a las autoridades civiles que emanen de un gobierno democráticamente elegido.

Otros aspectos que deben ser considerados en el análisis de las relaciones entre los sectores civiles y las Fuerzas Armadas son de carácter psicológico y cultural y se refieren a la actitud frente a la vida y el mundo de los valores. Por naturaleza en los civiles hay una cultura de libertad, por consiguiente son más permeables a la acrítica y la asumen, en la generalidad de los casos, con mayor flexibilidad. Además, en la sociedad donde también hay jerarquías las relaciones mando-obediencia son flexibles.

En cambio, en el mundo castrense las órdenes son verticales y la obediencia al superior forma parte consustancial de la formación militar.A diferencia del civil, que cultiva una cultura de la libertad, el militar posee una cultura de la autoridad que constituye un principio que no debe ser discutido, lo que le restringe su percepción y el ejercicio de la libertad. Para el civil la autoridad no es un principio sino una institución, que es el contexto en que se desarrolla. Por el contrario, para el militar la autoridad y la razón de Estado son superiores a la libertad.

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Estas dos distintas visiones del mundo y de relaciones sociales, en gran medida dan lugar a que en diversos casos se produzcan conflictos entre los sectores civiles y las Fuerzas Armadas.

Cuando los militares asumen funciones y responsabilidades políticas, tienen que enfrentarse a una dinámica y a valores distintos de aquellos que constituyen la esencia de su formación, porque quien participa en política está expuesto a la crítica y si no comprende esta situación tendrá dificultades para adaptarse al mundo de la sociedad civil, a la que debe someterse, en cuanto también forman parte de su estructura de autoridad.

Hay sociedades donde este fenómeno expresa un fenómeno expresa un proceso de integración de ambas formas de autoridad, pero en otras, como en el Perú, están en conflicto, el cual podrá ser superado en la medida en que el militar reconozca que forma parte de una relación de libertad y autoridad, de una manera más amplia que un modelo de autoridad institucional.

A la sociedad peruana le queda todavía un largo camino por recorrer, antes que resuelva el histórico problema de la resistencia de las Fuerzas Armadas a someterse al poder constitucional, que impide el proceso de democratización de la sociedad y da lugar a que se mantenga vigente el conflicto por el poder entre las élites civiles y militares.

Sin embargo, se pueden dar importantes pasos para avanzar en el proceso de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder constitucional y al gobierno civil elegido democráticamente. En este sentido hemos advertido algunos indicadores positivos. Es un hecho constatado de que ciertos sectores de la oficialidad militar son conscientes de que la Fuerza Armada es una institución cuya finalidad es la defensa del territorio y de la soberanía nacional y que no deben intervenir en los asuntos políticos del Estado que le corresponde al gobierno civil. Este hecho debe tomarse en cuenta para cualquier análisis de las relaciones entre civiles y militares. Por tanto, se necesita fortalecer y desarrollar las funciones propias de la actividad castrense, que están lejos de una función política y de cargo público.

La tendencia observada está relacionada con otras. El 75% de los peruanos, según encuestas publicadas en los medios de comunicación, están de acuerdo que la mejor forma de gobierno para la sociedad peruana es la democracia. Pero debe advertirse también que a pesar de estos deseos existe otro factor mucho más complejo que tiene que ver con el desarrollo y consolidación de una cultura democrática. En el Perú existe una combinación entre la cultura política parroquial, la cultura de sujeción y la cultura de participación. En el primer caso, se produce una yuxtaposición y tensión de culturas políticas locales, con base en la villa, el clan, la etnia con la región, lo que significa que no se puede hablar todavía de una cultura democrática a nivel nacional. En los otros casos, se advierte que los peruanos conocen y tienen conciencia de su existencia como comunidad política, aunque todavía predomine la pasividad en cuanto a la participación institucional.

Esta situación está influyendo en el cambio del comportamiento político de la población peruana, que todavía se debate entre una tendencia contra valores autoritarios por un lado, y democráticos por otro, lo que genera tensiones y conflictos en el sistema. Estas modificaciones indican que estamos entrando a una cultura de participación, toda vez que amplios sectores sociales piensan y creen que el sistema sociopolítico puede cambiar por diversos medios: procesos electorales, manifestaciones públicas, peticiones, a través de grupos de presión, partidos políticos y otros mecanismo propios de la democracia directa, como si el referéndum, la iniciativa popular en la formación de leyes y la revocatoria de autoridades.

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El Perú es una sociedad en transición a la democracia, en donde la cultura política parroquial, de sujeción y de participación, surgen en forma de mosaicos de poder y a veces como compartimientos estancos que desarrollan su propia dinámica, aunque en algunos casos se yuxtaponen y colisionan. Esta situación será superada cuando se consolide definitivamente una cultura de participación sustentada en valores democráticos.

La cultura política parroquial se sustenta en la tradición y la costumbre. La cultura de sujeción, que todavía tiene una fuerte presencia en la sociedad, corresponde a una estructura autoritaria y centralista. La cultura de participación, que se está desarrollando aceleradamente, pertenece a una estructura democrática.

El cambio de actitud política de los militares no se producirá por una decisión aislada al interior de la Fuerzas Armadas, sino que está vinculada al cambio de actitud política de todo contexto social. El comportamiento autoritario también se manifiesta en las élites políticas civiles y ello refuerza la tendencia autoritaria que existe en la sociedad. La cultura de participación, como las manifestaciones de actitudes democráticas está contribuyendo al desarrollo de la estructura de participación política.

La sociedad y el Estado peruano no uno solo, al que pertenecen civiles y militares, quienes se someten al poder constitucional y al gobierno elegido democráticamente, por tanto el Estado Derecho. El reconocimiento a este proceso es la condición necesaria para el desarrollo, la modernización, la paz y el fortalecimiento de la democracia en el país.

Este reconocimiento significa la concreción de un mandato normativo, que encierra los principios fundamentales de la democracia, único sistema político que nos puede acercar al ideal de simetría y de no arbitrariedad, ideal que nos indica el rumbo no sólo de la historia del Perú sino de toda la humanidad. El desarrollo de la democracia en el Perú requiere la identificación de todos los sectores sociales con las posibilidades de disenso y consenso que son consustanciales a la ciudadanía, incluyendo a los militares, cuyo estatuto ciudadano sería negado por la exclusión de participar en el conocimiento y la intervención de la solución de los problemas nacionales. Pero queda claro que evitar la politización de las fuerzas armadas no tiene por condición excluir a sus integrantes de los problemas de la vida nacional.La cuestión de si la participación militar en diversos asuntos concernientes al desarrollo económico y social produce o no un ahorro al estado o si la "acción cívica" es o no necesaria, eficaz y económicamente rentable, como cuestiona Fernando Rospigliosi, no es un asunto de principio sobre el ámbito de competencia de las fuerzas armadas sino materia de una evaluación empírica y de que, como resultado, el estado circunscriba y planifique adecuadamente las actividades militares concernientes y ejerza los controles pertinentes.

Enfoques de los roles de las fuerzas armadas en América LatinaPero el argumento verdaderamente insostenible de los partidarios del rol único militar es que la participación de los institutos armados en el desarrollo debe ser prohibida porque los vincula a la política. La politización de las FFAA a través de su participación en el desarrollo económico y social del país es un hecho incontrovertible, sobre todo en los últimos ocho años, pero ha sido posible solamente porque no se ha regulado dicha participación y en consecuencia las unidades militares pudieron convertirse en organizaciones de asistencialismo social con fines proselitistas en provecho del proyecto político del gobierno. Esta es una situación perfectamente superable si normas legales establecen con claridad los ámbitos de intervención militar en pro del desarrollo, las competencias funcionales de los institutos

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castrenses al respecto y la correspondiente restricción de competencia inequitativa con la empresa privada.La vinculación de las fuerzas armadas a la política no es incorrecta sino deseable si se adhiere al objetivo de integrar a los militares y sus instituciones al ordenamiento democrático de la vida nacional. Por supuesto se trata de comprometer a las fuerzas armadas en la solución de los problemas nacionales desde la perspectiva del estado y el bienestar general y no desde los intereses particulares de una facción política de la sociedad. Lo contrario mantendría o reforzaría la disociación entre la sociedad civil y el estamento militar, debilitando el desarrollo de la conciencia democrática en el personal castrense.La participación de los institutos armados en la ejecución de políticas del estado en perspectiva del desarrollo nacional no debiera circunscribirse al desarrollo de la infraestructura, a la integración del territorio y a la "acción cívica", etc. Aceptando que se propone reforzar la vinculación de las fuerzas armadas con la política del estado, por elemental consideración el cumplimiento de la función estatal de subsidiariedad debiera incluir a las fuerzas armadas en la lucha nacional contra la pobreza y la marginalidad.Asimismo, por principio de cautela responsable de la seguridad nacional, ningún gobierno debiera obviar la participación de representantes de los institutos militares en los procesos de información previos a la toma de decisiones del más alto nivel sobre políticas a las que se vinculan directamente consideraciones de defensa, como son o pudieran ser políticas en materias energética, de fronteras, de telecomunicaciones, aeroespacial, portuaria, entre otras.Esta posición implica, naturalmente, el planteamiento de que las fuerzas armadas deben ser deliberantes en una acepción muy propia, contrariando el sentido común negativo pero acrítico que se ha formado en el tema. Para ser coherente con la demanda de incluir a las fuerzas armadas en la democracia es necesario extraerlas del guetto de la no opinión a donde las ha arrojado la inútil exclusión civil temerosa del golpismo.No significa que las fuerzas armadas deban abrirse a procesos de deliberación intra institucional, que obviamente lesionarían su cohesión y las asimilaría a los partidos políticos, sino que deben participar, mediante sus representantes institucionales autorizados, emitiendo opinión estrictamente ceñida al campo de competencia castrense en materia de seguridad nacional, ante las instancias de decisión del estado, cuando los asuntos en deliberación política involucran aspectos de seguridad nacional. Es, por otra parte, lo que siempre ha ocurrido cuando el ministro de Defensa recoge la opinión militar respecto de los asuntos sectoriales, para transmitirla al gobierno. Salvo que se piense que el ministro de Defensa puede interpretar por ciencia infusa y talento clarividente la percepción castrense de los problemas nacionales que conciernen a su misión institucional. O peor aún, que se piense que los militares en las estructuras de sus institutos armados no deben ocuparse de los problemas nacionales que conciernen a esa misión.Esto remite directamente a la cuestión de los roles de las fuerzas armadas, apuntando en sentido favorable a la posición que plantea la pluralidad de roles de los institutos armados.No obstante, pudiera aún subsistir entre los adversarios del pluralismo de roles militares la argumentación de que la pluralidad de roles puede motivar una cierta desprofesionalización militar o, en sentido más estricto, la distracción castrense de su preparación permanente para la defensa.Al respecto creo que nada indica que esto tenga que suceder. Por el contrario, la participación militar en la formación de decisiones de estado en asuntos con implicancias en la defensa nacional mejoraría significativamente el nivel de conocimiento necesario para el planeamiento estratégico operativo; y las actividades de contribución al desarrollo, particularmente de integración del territorio y desarrollo de infraestructura, pueden aprovecharse como parte de la instrucción propiamente militar, como también las actividades de defensa civil.

Los roles militares pertinentes

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El rol primordial y principal de las fuerzas armadas es la defensa de la integridad territorial y de la soberanía del estado nacional, de amenazas activas y latentes, provengan éstas de agentes o vectores externos o internos. Esto incluye el restablecimiento del orden interno cuando la amenaza activa sobrepasa la capacidad de intervención policial.La perennidad de este rol debiera ser indiscutible, pero hay académicos que opinan ha caducado la "misión de guerra" de las fuerzas armadas, no será excesivo reiterar que en países como el Perú todavía y por un tiempo indeterminado la subsistencia del estado nacional exige mantener una estrategia militar disuasiva hacia el "frente externo" y un dispositivo militar de restablecimiento del orden interno (defensa interior del territorio, en términos militares), para enfrentar amenazas activas y latentes a la seguridad nacional, que pudieran provenir de otros estados o de la subversión.

Un segundo rol asociado al primordial es el de lucha contra el tráfico ilícito de drogas. En es un rol militar altamente pertinente en Latinoamérica y el Perú no sólo por la naturaleza grave de la amenaza narcotraficante a la seguridad nacional y a la estabilidad social, sino porque abre un terreno de posibilidades de entrenamiento del personal y de modernización de equipos militares.De acuerdo con fuentes oficiales desde 1990 hasta que en abril de este año se suspenden las actividades de interdicción aérea, la Fuerza Aérea del Perú realizó 101 intervenciones de aeronaves en vuelo sospechosas de participar del tráfico ilícito de drogas: 42 aeronaves fueron intervenidas, 37 neutralizadas en el aire, 3 neutralizadas en tierra y 19 fueron destruidas por sus propios tripulantes a consecuencia de la interceptación. El costo de la intervención de la Fuerza Aérea en la lucha contra el narcotráfico, en ese período, alcanza la muy considerable suma de US$ 80.438.345, de los cuales poco más de 47 millones de dólares constituyen el costo operativo de las aeronaves utilizadas, casi 18 millones de dólares ha sumado el gasto efectuado en el área de personal (pasajes, viáticos y racionamiento) y 15 millones y medio de dólares se ha sufragado en gastos de infraestructura y combustible terrestre.Adicionalmente, en el marco de la participación institucional contra el narcotráfico la FAP ha experimentado pérdida y daño de equipos en el orden de la destrucción de dos aviones A-37B (marzo de 1998 y agosto del 2001), daño reparable de un tercer A-37B y destrucción total de dos aviones T-27 Tucano (diciembre de 1998 y marzo del 2001). Y la invaluable pérdida por fallecimiento de tres oficiales pilotos (marzo de 1998 y agosto del 2001) y de un instructor norteamericano.Estos datos permiten apreciar objetivamente que la participación de la Fuerza Aérea del Perú en la lucha contra el narcotráfico, si bien ha generado hasta abril de este año el exitoso abandono progresivo y virtualmente total del transporte aéreo de droga desde las más de 400 pistas de aterrizaje que podrían operar clandestinamente en los 833.822 kilómetros cuadrados de las zonas de vigilancia y control, ha obtenido este destacable logro al elevado precio de la distracción de sus recursos económicos en el orden de los 80 millones de dólares (en diez años), la pérdida total de cuatro aeronaves y la muerte de tres pilotos.

Los otros roles pertinentes de las fuerzas armadas tienen un sustento constitucional: contribución al desarrollo económico y social del país, y participación en la defensa civil.El cumplimiento de la misión de los institutos armados es capitalmente preparar la fuerza para afrontar la eventual efectividad de una amenaza a la seguridad nacional. Esto quiere decir que las fuerzas armadas insumen recursos humanos, logísticos, organizativos, etc., que en resumen pueden medirse en términos de recursos económicos procedentes del presupuesto de la República, en un permanente ejercicio de preparación que es, esencialmente, su razón de ser.Pero así como una parte de la preparación militar es directamente para combatir, otra cierta proporción de las actividades regulares de preparación de la fuerza implica el entrenamiento de la ingeniería militar, el entrenamiento en la movilización de unidades y dependencias, en transporte y traslado de personal, equipos y organizaciones de logística, en control del

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territorio, en comunicaciones, en control de población, en atención de salud y evacuación, etc. Esta parte de la preparación asume una importancia creciente en el mundo actual, pues las características centrales de una fuerza militar eficiente son: movilidad, flexibilidad y gran capacidad de reacción.Desde este punto de vista se entiende que varias de las actividades de preparación de la fuerza involucran tareas que pueden generar un doble beneficio. Por una parte servir a los fines del entrenamiento militar; por otra, a los propósitos del desarrollo nacional. En un país de muy limitados recursos presupuestales, como el nuestro, el doble beneficio generado debería comprender permanentemente que el entrenamiento de los ingenieros militares y del personal de sus unidades considere la construcción y rehabilitación de carreteras, como una contribución a la expansión de la frontera vial del país; que el entrenamiento de los pilotos de transporte no se realice con aviones inútilmente vacíos sino que incluya el traslado de pasajeros y carga a y desde lugares remotos sin interés para la aviación comercial, o sirviendo aquellas poblaciones sin recursos para pagar pasajes a valor del mercado; o que unidades de reconocimiento de distintos institutos realicen ejercicios conjuntos en zonas de frontera, en el marco de operativos de represión del contrabando.

Los cuestionamientos a la forma cómo estas actividades duales han venido realizándose en el pasado reciente, y al impacto de sus aspectos económicos en el mercado nacional, no los descalifica sino que, más bien, sugiere reformularlos en atención a criterios de participación subsidiaria del estado en las actividades económicas y restricción de un ámbito legal de competencia leal con la iniciativa privada.Por otra parte las actividades duales de entrenamiento y preparación de la fuerza pueden significar una fuente de recursos económicos de utilidad para compensar las limitaciones presupuestales de los institutos armados.

2.3.1 Problemas del rol socioeconómico de las fuerzas armadasEs así que por las razones expuestas un segundo rol pertinente de las fuerzas armadas es contribuir al desarrollo económico y social del país. Pero justificar a futuro este rol exige operar modificaciones en su forma actual.En el rubro de participación del sector Defensa en el desarrollo del país se ubican actividades muy diversas y algunas de ellas no califican apropiadamente en la categoría.Los tres institutos armados brindan atención médica y odontológica a poblaciones socialmente deprimidas, en diversas zonas del territorio nacional; apoyan la refacción de centros escolares y locales comunales; brindan apoyo en material y víveres a poblaciones damnificadas; apoyan actividades de alfabetización, brindan apoyo de aeronaves para evacuación en casos de emergencia.

Una tercera parte de las actividades son propiamente productivas de bienes y servicios, y califican como actividades empresariales. Así, la Marina de Guerra produce miles de toneladas de productos hidrobiológicos congelados en la estación naval de Paita, al punto que el aumento del procesamiento ha generado un aumento de la demanda de personal, debiendo contratar trabajadores civiles.También cuenta allí con una planta productora de hielo en escamas y brinda servicios de muelle, de carga y descarga y de abastecimiento de hielo para embarcaciones pesqueras. En Ucayali tiene un programa de crianza de alevinos en convenio con el Ministerio de Pesquería. En la misma zona ejecuta trabajos de mantenimiento de carreteras y calles. El SIMA fabrica partes para muelles y obras portuarias, puentes metálicos; realiza obras civiles para ingeniería de producción y para infraestructura de transporte urbano, carretero y de aeródromos; habilita túneles; construye botes y talleres flotantes, etc.

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El Ejército participa, con sus unidades de ingeniería, en la ejecución de proyectos del plan vial nacional y en el programa de caminos locales y protección ambiental, con el financiamiento de organismos públicos. En construcción, conservación, rehabilitación y mejoramiento de carreteras, en asfaltados de pistas en zonas urbano marginales, en construcción y mejoramiento de aeródromos, un presupuesto de aproximadamente 30 millones de soles. Además ejecuta obras de camino carrozable por administración directa; en convenio con municipalidades ejecuta obras de pistas y veredas; y desde abril del 2001 realiza trabajos del programa de conservación vial con un presupuesto de 8 millones de soles.

La Fuerza Aérea brinda servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves nacionales y extranjeras, militares y civiles, así como aporta servicios de fotografía aérea para la confección del catastro rural de todos los valles del país en apoyo del programa de titulación PETT, y para el completamiento del catastro urbano en apoyo de la COFOPRI.

Naturalmente se cuestiona que los institutos armados, bajo cubierta de contribuir al desarrollo económico y social, participen en la producción de bienes y servicios, y que por ello desplacen del mercado a las empresas privadas en un ejercicio que es calificado de competencia desleal toda vez que los institutos armados tendrían estructuras de costos de producción con varios rubros subsidiados indirectamente por el estado, utilizarían recursos presupuestales como capital de trabajo, tendrían equipos, materiales y personal con costos de operación y de mantenimiento cargados al presupuesto sectorial, y emplearían bienes de capital de los institutos militares, lo que les permitiría omitir la formación de capital de inversión.

Estos son cuestionamientos realmente gravitantes y todo indica que irrefutables, pero de ellos es posible inferir que las fuerzas armadas no deben participar en absoluto en la producción de bienes y servicios en los rubros en que actúa la empresa privada, o bien, que la participación de las fuerza armadas en la actividad productiva no es inaceptable en principio, pero que debe experimentar un "sinceramiento" para desvelar su carácter netamente empresarial (por tanto, lucrativo) y que debe normarse para adecuarla a los términos de la leal competencia en el mercado, normando asimismo el origen y destino de los recursos comprometidos.

2.3.2 La renovada importancia del rol de conservación de la pazLa vigencia de las estrategias militares disuasivas en los países latinoamericanos demanda la permanente preparación de las fuerzas armadas para la contingencia de la guerra, externa o interna. Pero en los últimos seis o cinco años ocurre que las fuerzas armadas cuentan cada vez con menos recursos económicos para mantener su estado de preparación, en relación a la necesidad del flujo creciente de recursos que supone la preparación para una guerra que inevitablemente sería cada vez más sofisticada en uso de tecnologías y cada vez más costosa.

Así, el propósito de mantener el estado conveniente de preparación de fuerzas ha determinado que un número creciente de países latinoamericanos genere, al margen de su estrategia militar disuasiva, una estrategia militar de cooperación funcional a las estrategias militares de intervención que caracterizan a las grandes potencias y a los bloques militares de interés global. De manera que se renueva la importancia del rol militar en misión de conservación de la paz, generalmente con el auspicio de la Organización de Naciones Unidas.

La actividad militar de conservación de la paz es un rol muy pertinente por cuanto ayuda a los países a mantener sus fuerzas armadas bien adiestradas y experimentadas en operaciones reales a pesar de las limitaciones presupuestales en sus lugares de origen. Pero además puede favorecer la interacción entre fuerzas armadas posiblemente rivales favoreciendo la distensión.

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El tema de los roles de las fuerzas armadas concluye aquí en plantear la necesidad y conveniencia de mantener, además de su rol primordial y principal en defensa (lo que incluye la lucha contra la subversión y el narcotráfico) el rol modificado de contribución al desarrollo económico y social del país, y el de participación en misiones de conservación de la paz, en el entendido que los roles secundarios pueden aportar recursos para mantener la operatividad y el entrenamientos adecuados de las fuerzas en función de su rol primordial.

El delicado equilibrio que debe establecerse entre las necesidades de seguridad nacional, las capacidades operativas estratégicas y tácticas de las fuerzas armadas existentes y las limitaciones de su poder militar en función de los recursos económicos disponibles en una proyección del mediano plazo cuando menos, debiera permitir precisar la dimensión de fuerzas armadas que el Perú necesita.

La cuestión del "dimensionamiento" de las fuerzas armadasUn aspecto capital del "dimensionamiento" de las fuerzas armadas concierne al "tamaño" del efectivo de personal de sus institutos. Pero más allá de la superación del exceso de altos oficiales en el futuro inmediato las interrogantes subyacentes a la previsible reducción del efectivo de los institutos militares son dos: ¿cómo establecer la dimensión de las fuerzas armadas en el Perú?, y ¿cuál debe ser esa dimensión?Responder la primera pregunta conduce a establecer con claridad el proceso mediante el cual es posible arribar a una definición cualitativa y cuantitativa de las fuerzas armadas requeridas por el país. Este proceso comprende determinar cuatro hipótesis de poder militar.La primera es la hipótesis del poder militar deseable, que implica especificar los medios humanos, materiales y económicos aplicados, idóneos en el mediano plazo para afrontar con éxito seguro cualquier amenaza activa o la activación de una amenaza latente a la seguridad nacional. Necesariamente la hipótesis del poder militar deseable comprende especificaciones del proceso de modernización militar constante que debe ser pautado en ese mediano plazo.

La segunda es la hipótesis del poder militar aceptable, que implica especificar los medios humanos, materiales y económicos aplicados, necesarios y suficientes para afrontar con algunas ventajas pero sin seguridad total de éxito cualquier amenaza activa o la activación de una amenaza latente a la seguridad nacional, si es que hasta en el mediano plazo o ante la presentación de una crisis no se ha logrado materializar el poder militar deseable. También comprende especificaciones del proceso de modernización militar constante que debe ser pautado en ese mediano plazo.

La tercera es la hipótesis del poder militar existente, que implica especificar los medios humanos, materiales y económicos aplicados necesarios y suficientes para ejercer un impacto disuasivo de la actividad de amenazas a la seguridad nacional en período de paz y sin presencia de crisis. Implica mantener sólo una disposición de medios que no cause recelos internacionales o tensiones innecesarias que por efecto indeseable pudieran activar amenazas latentes o conflictos larvados. Comprende especificaciones para mantener la operatividad humana y material en períodos acumulados y sucesivos.

La cuarta es la hipótesis del poder militar disponible, que implica especificar los medios humanos, materiales y económicos aplicados necesarios y suficientes para ejercer un impacto disuasivo de la actividad de amenazas a la seguridad nacional en período de paz y sin presencia de crisis, bajo la consideración de que elevar el poder militar disponible al nivel del poder militar existente sólo requiere completar el efectivo y un mínimo de medios materiales de las fuerzas operativas.

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La factibilidad de obtener unas fuerzas armadas ubicadas en la dimensión del poder militar deseable depende de factores políticos internos y externos interrelacionados, que se traducen en resistencias de decisores gubernamentales y en limitaciones económicas, bajo la consideración de priorizar recursos orientados al desarrollo y no a la defensa, y no coadyuvar a una eventual carrera armamentista. Por lo tanto, es sumamente difícil que las fuerzas armadas logren "dimensionarse" en el nivel de su poder militar deseable.

El poder militar aceptable constituye el umbral real, políticamente compatible y (en el extremo de una eventual crisis de seguridad nacional) económicamente sustentable, de una dimensión óptima de fuerzas armadas cuando, como en el caso peruano, la estrategia nacional en el campo militar es una estrategia de disuasión. El planeamiento militar y de la modernización militar seguramente consideraría como una meta de gestión altamente exitosa arribar en el mediano plazo a tener unas fuerzas armadas cuya dimensión comprenda recursos humanos y materiales y un proceso de modernización y mantenimiento de la operatividad, necesarios y suficientes para afrontar con ventajas aunque sin seguridad total de éxito cualquier amenaza activa o la activación de una amenaza latente a la seguridad nacional.

Es pertinente señalar que el poder militar aceptable como dimensión de las fuerzas armadas en el marco de una estrategia militar de disuasión no exige la seguridad de éxito enfrentando una amenaza a la seguridad nacional, precisamente porque el supuesto lógico y psicológico de la disuasión es la incertidumbre y el temor del eventual enemigo acerca de sus posibilidades de éxito en imponer sus propios objetivos en el campo militar.

Pero el poder militar aceptable es una dimensión de las fuerzas armadas que sólo se justifica como previsión de recursos para acciones ante una amenaza activa e inmediatamente efectiva a la seguridad nacional. En tiempos de normalidad la dimensión de las fuerzas armadas varía entre el umbral del poder militar existente y la base del poder militar disponible, considerando que el tránsito de éste a aquél requiere únicamente completar personal y material de las fuerzas operacionales; en tanto que los planes de contingencia de los institutos armados debieran prever la pauta para alcanzar en caso de emergencia, en el mínimo tiempo posible, el estado del poder militar aceptable.

Jalonado en esta breve exposición el proceso que conduce a establecer cómo debe definirse la dimensión de las fuerzas armadas en el Perú, es preciso abordar la interrogante: ¿cuál debe ser esa dimensión? La respuesta es clara y sencilla, pero además conlleva el riesgo de ser elusiva: depende de una decisión política.En efecto, el "dimensionamiento" de las fuerzas armadas sólo puede ser definido cualitativa y cuantitativamente a partir de una decisión del más alto nivel de gobierno, en el Perú a través del Consejo de Defensa Nacional, que precise los obstáculos, riesgos y amenazas que enfrentan o pueden enfrentar en el mediano plazo los intereses nacionales, los objetivos del estado y, por consiguiente, la seguridad nacional, emitiendo a partir de estas consideraciones una directiva de planeamiento estratégico para la defensa. Sólo a partir de esta directiva es que la instancia de planeamiento conjunto de las fuerzas armadas podrá elaborar sus planes de mediano y largo plazos y sus planes de acción inmediata, consolidando sus requerimientos de medios humanos, materiales y económicos aplicados.

La capacidad peruana de poder utilizar su incrementado poder militar como medio de presión en la sombra sobre las negociaciones diplomáticas es el factor que propicia la inflexión de la antes irreductible posición maximalista ecuatoriana. El caso prueba fehacientemente que el aumento del poder militar es eficaz en la defensa de los intereses nacionales, y sugiere que el poder militar necesario debe adecuarse a la previsión de las características de teatros de eventuales conflictos y a la magnitud de la guerra que podría desarrollarse en ellos.

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Un tercer núcleo de elementos de juicio a tener en cuenta para definir el poder militar requerido es el que proporciona la naturaleza hipotética de desenvolvimiento del conflicto bélico en un también hipotético escenario de guerra convencional total en el frente externo.

El problema económico o la cuadratura del círculo del nuevo "dimensionamiento “y de la modernización de las fuerzas armadasLos estudiosos del tema militar en el Perú coinciden en que es imperativo transformar a las fuerzas armadas dotándolas de más personal profesional y medios tecnológicos modernos, considerando que la preparación para cumplir su rol fundamental de defensa exige el manejo de sistemas de información y de electrónica, y de equipos bélicos crecientemente sofisticados y de costoso mantenimiento. Este aspecto clave requiere recursos económicos que nuestro país muy difícilmente puede dotar, aún efectuando una enérgica racionalización de los medios humanos y materiales y no obstantes el uso más eficiente posible del gasto.El presupuesto asignado al sector Defensa en el Perú muestra una variación decreciente en los últimos 13 años. En 1989 su participación porcentual en el presupuesto general de la República era del 14,26%; en 1992 era del 12,90%; en 1994 alcanzaba al 10,56%; en 1996 era del 10,76%; en 1998 era del 8,95%; en el 2000 alcanzaba al 9,35% y para el presente año es del 8,76%.Según otras fuentes, de 1999 al 2001 el presupuesto de las fuerzas armadas peruanas aumenta solamente 0,1% respecto del PBI: del 3,5% al 3,6%, mostrando que en el marco de la reducción porcentual de la participación del sector Defensa en el presupuesto general de la República, el monto asignado específicamente a las FFAA varía incrementándose insignificantemente a costa de los recursos asignados a las otras entidades pertenecientes al sector y que no forman parte de los institutos militares.El presupuesto del sector Defensa, considerando los recursos ordinarios, alcanza a 2.881 millones de soles, producto del recorte efectuado en 424 millones de soles por intervención del Ejecutivo y de la Comisión de Presupuesto del Congreso. De ese presupuesto el 82,65% correspondería a gastos rígidos y sólo quedaría el 17,35% para otros gastos. Los rubros de gasto insuficientemente atendidos en el presente ejercicio presupuestal serían pólizas de seguro para vehículos y aeronaves, desarrollo de operaciones anti-drogas y contra el terrorismo, vestuario para tropas, material explosivo y municiones para instrucción, mantenimiento y reparación de radares, aeronaves, buques, vehículos porta tropa y blindados, entre otros.

Esta situación presupuestal es otro indicador de que en la actualidad el nivel de operatividad de las fuerzas armadas, sobre todo de equipos bélicos vitales, se ha reducido a niveles incompatibles con los requerimientos de cautelar la seguridad nacional ante las amenazas activas, menos todavía frente a las amenazas latentes.

Los analistas de la problemática económica de los institutos armados coinciden en reconocer que será muy difícil que el nuevo gobierno realice recortes presupuestales en el área, pero que es igualmente difícil que disponga de recursos para ampliar la dotación presupuestal. En esta perspectiva las fuerzas armadas afrontan un deplorable panorama en el corto y tal vez en el mediano plazo, en lo concerniente a su capacidad operativa de cumplir la misión de defensa que los intereses nacionales requieren.

Por supuesto que la racionalización del gasto de las fuerzas armadas, sobre todo el concerniente al material bélico que ya no cumple estándares de costo/beneficio en su utilización primaria, la reformulación y reducción del gasto en aspectos administrativos y el redimensionamiento de las estructuras militares pueden aportar un ahorro que ayudaría a detener el deterioro de la capacidad operativa militar. Pero no aportaría a sustentar económicamente la transformación institucional en los aspectos de profesionalización de su

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efectivo y acceso a tecnología militar compatibles con el objetivo ampliamente compartido de una reducción cuantitativa del tamaño de los institutos, manteniendo a la vez competencia suficiente en la defensa nacional.

El problema de los recursos económicos para sustentar las fuerzas armadas que el Perú necesita ahora y en el mediano plazo debe ser pensado creativamente y sin prejuicios ideológicos o subjetividades de coyuntura, tratando de percibir las oportunidades que surgen de la crisis presente. La consideración de las amenazas a la seguridad nacional, de los roles institucionales militares, de la modernización y redimensionamiento castrense deben pesar en el análisis.

La estrechez de los recursos presupuestales hace inviable un nuevo "dimensionamiento" de las fuerzas armadas con el nivel de poder militar adecuado y la modernización de las mismas. Por consiguiente es imprescindible idear o evaluar otras fuentes de recursos económicos y de financiamiento de ambos procesos.

Hacia la nueva institucionalidad militarExiste consenso respecto de que el momento presente se abre a la oportunidad de operar una profunda e irreversible reforma de las relaciones entre el poder civil y el poder militar, superando la época en que los militares eran objeto sólo de un control subjetivo por los titulares del poder político en el estado, generalmente a través de la cooptación de los altos mandos y manteniendo su autonomía que establecía el poder fáctico de los militares en el ámbito político, para pasar a una situación caracterizada por el control objetivo de los militares, es decir por la subordinación corporativa, volitiva e institucionalizada de todas las jerarquías castrenses al poder civil en el marco de la ley.

5.1 El control civil de los institutos armadosConcretar el control objetivo de los militares y por ende de las fuerzas armadas requiere efectuar cambios que ya se anuncian o se han iniciado. Estos cambios se ubican en los planos político, de fiscalización, de control y de re-institucionalización.En el plano político el cambio se anuncia con la definición de la política de Defensa como marco ideológico y teleológico de las fuerzas armadas. Pero si bien se ha elaborado un proyecto de Libro de la Defensa del Perú, superando el inexcusable vacío antes existente y generando contenidos muy escasamente conocidos, respecto de lo que cabe todo tipo de reservas.

En el plano de la fiscalización parlamentaria efectiva del sector Defensa y de los institutos armados, aparentemente la Comisión de Defensa, Orden Interno e Inteligencia, del Congreso, ha fracturado la cultura de la complacencia que la caracterizó en los años anteriores y se apresta a ejercer sus funciones con pulcritud y energía.

En el plano del control de la ejecución del presupuesto e ingresos propios de los institutos armados, es laudable que al fin la Contraloría General de la República haya ingresado a los institutos armados para ejercer las funciones de las que ninguna entidad estatal debiera sustraerse.

En lo concerniente a la re-institucionalización de las fuerzas armadas hay varios aspectos que sugieren emitir e intercambiar opinión y, si es necesario, debatir.

Estructura de las Fuerzas Armadas de Perú: organización, medios y equipamiento. El Ministerio de Defensa (MINDEF) se encarga de formular y ejecutar la política de Defensa Nacional para el cumplimiento de los mandatos que la Constitución y las leyes, que asignan al

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sector, a través de la modernización y fortalecimiento institucional, la formación, calificación y entrenamiento de los recursos humanos y la renovación y optimización de los materiales; todo ello sobre la base de los principios de convergencia e interoperabilidad, eficiencia y transparencia administrativa y el respeto al Estado de Derecho.

COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADASEl CCFFAA, creado el 1 de febrero de 1957, tiene la misión de realizar el planeamiento, preparación, coordinación, dirección y conducción de las operaciones militares conjuntas de las instituciones armadas, en cumplimiento de los objetivos de la Política de Defensa Nacional, que son: disponer de elementos de maniobra con capacidad suficiente para enfrentar con éxito las amenazas en el frente externo e interno, contar con una fuerza armada capacitada para la ejecución de las operaciones militares, tener elementos de maniobra con capacidad suficiente para consolidar y mantener la pacificación nacional, participar activamente en el desarrollo de rondas de conversaciones y en la integración de las Fuerzas Armadas del Perú a la comunidad internacional, disponer de personal altamente capacitado, motivado y listo para el cumplimiento de la misión y desarrollar un eficiente, coherente y coordinado proceso de toma de decisiones que permita el cumplimiento de su misión. En lo que a organización se refiere, está conformado, tras una reestructuración interna realizada a inicios de 2008: • 1 DIEMCFFAA (División de Personal, Derechos Humanos, Asuntos Civiles y Doctrina Conjunta): Se encarga de las áreas de Personal, Asuntos Civiles y Derechos Humanos, así como de la elaboración y revisión de las Doctrinas Conjuntas.• 2 DIEMCFFAA (División de Inteligencia): Asume la planificación y coordinación y asesoría, tanto en el frente interno y externo, en Inteligencia y Contrainteligencia.• 3 DIEMCFFAA (División de Operaciones): Tiene a su cargo el planeamiento estratégico operativo y la conducción de las operaciones militares en el frente interno y externo, así como en los regímenes de excepción. Se encarga de coordinar la participación de la Fuerzas Armadas en el Sistema de Vigilancia de Fronteras y en los Procesos Electorales.• 4 DIEMCFFA (División de Logística): Supervisa y coordina el apoyo logístico a las operaciones militares, manteniendo actualizada la situación de existencias y la de operatividad del equipamiento de las Fuerzas Armadas y recomienda lo necesario para desarrollar conceptos, doctrina, procedimientos y diseños para alcanzar y mantener un efectivo nivel de estandarización, homologación, normalización y mantenimiento del material y la logística de la Fuerzas Armadas.• 5 DIEMCFFA (División del Estado Mayor Conjunto): Encargado de planificar, coordinar y asesorar en los aspectos de medidas de confianza mutua, operaciones de paz, cooperación internacional y asuntos antárticos, así como lo referente a los convenios y tratados internacionales.• 6 DIEMCFFAA (División de Comando y Control): Es un órgano del Estado Mayor que tiene a su cargo las operaciones de comunicaciones y guerra electrónica en apoyo a las Conjuntas de las Fuerzas Armadas.• 7 DIEMCFFAA (División de Preparación de la Fuerza): Supervisa y evalúa la instrucción y el entrenamiento conjunto de las Fuerzas Armadas.• 8 DIEMCFFAA (División de Operaciones de Información): Conduce las operaciones de información conjuntas, desarrollando acciones para ganar y explotar, defender o atacar información y sistemas de información.

En diciembre de 2004, el CCFFAA estableció la organización que permitirá el desarrollo de las operaciones, las conjuntas y acciones militares que deban realizar las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad y defensa nacional, tanto en el frente externo como en el frente interno, conforme lo establece la Constitución, y para facilitar el planeamiento, preparación, coordinación, conducción y control en los niveles estratégico y operacional. A tal efecto, se crearon 7 comandos operacionales y 3 especiales, que reciben dirección estratégica del

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Presidente de la República, a través del Jefe del CCFFAA, y son responsables ante este del cumplimiento de sus funciones:

Comando Operacional del Norte (CON) con CG en Piura: Agrupa a la Región Militar del Norte (RMN), a la I Zona Naval (COMZOUNO) y el Ala Aérea Nº 1 (ALAR 1). Su área de responsabilidad comprende la línea de frontera con Ecuador, desde el Hito Grau (Tumbes), por el Oeste, y la Cordillera Campanquiz, por el Este.Comando Operacional del Sur (COS) con CG en Arequipa: Está conformado por la Región Militar del Sur (RMS), la III Zona Naval (COMZOTRES) y el Ala Aérea Nº 3 (ALAR). Abarca las fronteras con Chile y Bolivia.

Comando Operacional del Centro (COC) con CG en Lima: Encuadra a la Región Militar del Centro (RCM), la II Zona Naval (COMZODOS) y al Ala Aérea Nº 2 (ALAR). Sus unidades están a cargo de las operaciones contrasubversivas y patrullas de combate en la zonas declaradas en Estado de Emergencia, siendo su objetivo primordial el de capturar a los mandos de Sendero Luminoso, neutralizar sus remanentes y afianzar la presencia del Estado.

Comando Operacional de la Amazonía (COFA) con CG en Iquitos: Agrupa a la Región Militar del Oriente (RMO), la V Zona Naval (COMZOCINCO) y el Ala Aérea Nº 5 (ALAR 5). Se encarga, tanto en el frente interno como externo, de la vigilancia de fronteras, acción cívica y otras que se le asignen.

Comando Operacional Marítimo (COMA): Su función en el ámbito externo se circunscribe al control del mar y las operaciones navales en apoyo a la maniobra estratégica conjunta, siendo responsable del dominio marítimo y del soporte administrativo de la Escuadra, tanto al Norte (Paita-Sechura) como al Sur (Islay-Mollendo). Asume la responsabilidad del planeamiento y conducción de las operaciones para la Defensa Interior del Territorio (DIT).

Comando Operacional Aéreo (COA): Se encarga de planificar y dirigir las operaciones requeridas para alcanzar la superioridad aérea y brindar apoyo táctico y logístico en soporte de la maniobra estratégica conjunta.

Comando de Defensa Aérea (CODA): A cargo del Sistema de Defensa Aérea y de las Operaciones de Vigilancia e Interdicción contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID).Comando Especial de Ucayali (CE-U), ubicado en Pucallpa (Ucayali): En su área de responsabilidad, realiza operaciones contrasubversivas y patrullas de combate, acción cívica y apoyo a los comités de Autodefensa, así como de vigilancia de la frontera con Brasil.

Comando Especial del Valle de los Ríos Apurimac y Ene (VRAE), creado a fines de 2007: Su área de operación comprende la confluencia de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Junín), zona donde operan los remanentes de Sendero Luminoso. Dispone de unos 6.500 efectivos la 2ª Brigada de Infantería (Ayacucho) y la 31ª Brigada de Infantería (Huancayo), apoyada por elementos de la Comandancia de Operaciones Especiales (COMFOES), de la 1ª Brigada de Fuerzas Especiales (BRIFE) y del Grupo de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea (GRUFE), así como por un Destacamento Aéreo conformado 2 An-32B Cline y 4 Mi-17-1B Hip H.Comando Especial de Reservas Generales (CERRGG): Se encarga de planear, organizar, dirigir y conducir las operaciones y acciones militares conjuntas en el frente externo.

SERVICIO MILITAR Personal de las Fuerzas ArmadasTotal: 115.171Oficiales: 12.094

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Suboficiales: 44.331Tropa: 58.746

ARMADAPersonalTotal: 21.521Oficiales: 1.944Suboficiales/Técnicos: 15.831Tropa: 3.746

ESTRUCTURALa Marina de Guerra dispone, como órganos de línea, de la Comandancia de Operaciones del Pacífico (COMOPERPAC) y la Comandancia de Operaciones de la Amazonía (COMOPERAMA), así como de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI).

COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DEL PACIFICO (COMOPERPAC)ESTRUCTURACreada en 2000 sobre la base de la Comandancia General de Operaciones Navales (COMOPERNAV) y la Comandancia General de Zonas Navales, agrupa a las comandancias operativas, dependencias y servicios ubicados en el área del Pacifico y en las jurisdicciones de la I, II y III zonas navales. Las comandancias operativas de COMOPERPAC son las fuerzas de Superficie (COMFAS), Submarinos (COMFASUB) Aviación Naval (COMFUAVINAV), Infantería de Marina (COMFUINMAR) y Operaciones Especiales (COMFOES).

FUERZA DE SUBMARINOSESTRUCTURAEl núcleo de la Fuerza de Submarinos, que tiene a su cargo las operaciones de ataque y de apoyo a las fuerzas especiales, es el Escuadrón de Submarinos, siendo los órganos de soporte la Escuela y la Estación de Submarinos.

FUERZA DE AVIACION NAVALESTRUCTURAEl ente operativo de la COMFUAVINAV) es el Grupo Aeronaval Nº 1 (COMGROUNO), el cual tiene a su cargo las misiones de guerra antisubmarina y antibuque, patrulla marítima y guerra electrónica, transporte y apoyo táctico. Está conformado por el Escuadrón Aeronaval de Ataque (ESCUATA) y por el Aeronaval de Exploración (ESCUAEX). Los de Apoyo, dependientes de la Comandancia de Aviación Naval, son:• Escuadrón Aeronaval de Instrucción• Escuadrón Aeronaval de Transporte• Escuadrón Aeronaval Multipropósito• Escuela de Aviación Naval• Arsenal Aeronaval

FUERZA DE INFANTERIA DE MARINAESTRUCTURALa Brigada Anfibia es el órgano de ejecución de la Fuerza de Infantería de Marina (COMFUINMAR), siendo su misión la de realizar operaciones anfibias, terrestres, ribereñas y de comando. Está acantonada en Ancón, 48 km. al Norte de Lima, y está conformada por:

• Batallón de Infantería de Marina Nº. 1 Guarnición de Marina.• Batallón de Infantería de Marina Nº. 2 Guardia Chalaca.• Agrupamiento de Apoyo de Combate (AAC).

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• Batallón de Vehículos Tácticos.• Batallón de Comandos.• Batallón de Infantería de Marina de Selva Nº. 1 (Iquitos).• Batallón de Infantería de Marina Nº. 3 (Tumbes).• Batallón de Infantería de Marina Nº. 4 (Ucayali).• Batallón de Infantería de Marina Litoral Sur (Arequipa).

En su estructura orgánica se encuentra además la Compañía Histórica Capitán de Navío Juan Fanning, la cual realiza marchas, evoluciones y coreografías sincronizadas con armas.

FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALESESTRUCTURALa misión de COMFOES es efectuar operaciones, tanto ofensivas como defensivas, de guerra no convencional en mar, tierra o aire. Está conformada por:

• Grupos de Operaciones Especiales: GOE-Centro (Lima), GOE-Norte (Caleta La Cruz-Tumbes), GOE-Nororiente (Iquitos) y GOE-Sur (Arequipa).• Unidad de Desactivación de Explosivos (UDE)• Escuela de Operaciones Especiales• Grupo de Salvamento y Buceo (GRUSAL)• Estación de Operaciones Especiales

COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DE LA AMAZONIA (COMOPERAMA)ESTRUCTURALa Comandancia General de Operaciones de la Amazonia y V Zona Naval, que entró en operaciones el 2 de enero del 2002, se encarga del resguardo de las fronteras con Brasil, por el río Yavari; con Colombia, por el río Putumayo; y con Ecuador, por el río Napo, es decir más de 10.000 km. de ríos navegables en una cuenca, que sólo en territorio peruano abarcan más de 950.000 km2. Asimismo, tiene a su cargo la planificación y realización de las operaciones de control y vigilancia del tráfico fluvial, antidroga y contrasubversiva. Sus unidades más importantes son:

• Flotilla de la Amazonia.• Escuadrón Aeronaval de la Amazonia.• Escuela de Operaciones Ribereñas (EOR).• Escuela de Reclutas.

FLOTILLA DE LA AMAZONIAESTRUCTURASu misión es la de conducir y controlar las actividades de las unidades navales asignadas, a fin de obtener el óptimo grado de alistamiento para efectuar operaciones de control del tráfico fluvial, así como de las misiones asignadas, tanto para el frente interno como para el externo.

DIRECCION GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS (DICAPI)ESTRUCTURACreada el 5 de agosto de 1919, tiene la misión de controlar y vigilar las actividades marítimas, fluviales y lacustres, así como la protección de los recursos naturales y del medio ambiente.

PRINCIPALES BASES NAVALES1. COMOPERPAC opera desde las bases navales del Callao y Chimbote, apoyadas por las Estaciones Navales de Paita (Piura), La Cruz (Tumbes), Mollendo y San Lorenzo.

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2. COMFUAVINAV está ubicada en la Base Aeronaval del Callao y dispone de la Estación Aeronaval de San Juan de Marcona (Ica); mientras que COMFUINMAR tiene su sede en la Base Naval de Ancón. COMOPERAMA está en la Base Naval de Iquitos, a orillas del río Nanay, y opera con las estaciones navales Capitan de Corbeta Manuel Clavero (Iquitos) y de Pucallpa. DICAPI actúa a través 11 capitanias marítimas (Callao, Chancay, Chimbote, Huacho, Mollendo, Paita, Pimentel, Pisco, Salaverry, San Juan y Supe); así como 4 fluviales (Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado y Yurimaguas) y 1 Lacustre (Puno).

PERSONAL Total: 77.500Oficiales: 8.500 Suboficiales/Técnicos: 22.000Tropa: 47.000

ESTRUCTURALas regiones militares (RM) son los órganos del Ejército asignados a una zona del territorio nacional para realizar, de acuerdo a los planes vigentes, las operaciones militares, tanto en el frente externo como en el frente interno. Estas son:

• REGIÓN MILITAR DEL NORTE (RMN): CG en Piura. Su ámbito jurisdiccional abarca los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes. Está conformada por: 9ª Brigada Blindada (Tumbes), 1ª Brigada de Caballería (Sullana, Piura), 1ª Brigada de Infantería (Tumbes), 7ª Brigada de Infantería (Lambayeque), 32ª Brigada de Infantería (Trujillo) y 6ª Brigada de Selva (Bagua). Adicionalmente, encuadra a la 1ª Brigada de Artillería Coronel Jose Joaquín Inclán, operacional desde febrero de 2010, con el Grupo de Comando y Observación Nº 111 y a los de Artillería de Campana Nº 1 Dos de Mayo, Nº 111 Mariscal La Mar, Nº 121 Sargento Mayor Fermin Nacarino y Nº 502 Capitan Adolfo King.

• REGIÓN MILITAR DEL CENTRO (RMC): CG en Fuerte General de División EP Rafael Hoyos Rubio en el distrito del Rimac (Lima). Comprende a los departamentos de Ancash, Lima, Huanuco, Ica, Junín, Huanuco, Pasco, San Martín y Ucayali. Agrupa a la 18ª Brigada Blindada (Lima), 1ª Brigada de Fuerzas Especiales (Lima), 3ª Brigada de Fuerzas Especiales (Tarapoto) y 1ª Brigada de Aviación del Ejército (Lima). Su estructura incluye a dos unidades históricas: La Legión Peruana de La Guardia, acantonada en la Fortaleza del Real Felipe (Callao), y al Regimiento de Caballería Nº 1 Glorioso Húsares de Junín, ubicado en el Cuartel Barbones (Lima), que se encarga de la custodia y escolta del Presidente de la República.

• REGIÓN MILITAR DEL SUR (RMC): CG en Arequipa. Conocida como la Región de Hierro, comprende los departamentos de Apurimac, Arequipa, Cuzco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna. Sus unidades tácticas son: 3ª Brigada Blindada (Moquegua), 3ª Brigada de Caballería (Tacna), 4ª Brigada de Montaña (Puno) y 5ª Brigada de Montaña (Cuzco). A estas unidades se suma la 3ª Brigada de Artillería Coronel Francisco Bolognesi, creada en noviembre de 2009, conformada por el Grupo de Comando y Observación Nº 113 y los Grupos de Artillería de Campaña Nº 113 Mariscal Eloy G. Ureta, Nº 122 Capitán Hernando De Lavalle, Nº 123 Cabo Alfredo Maldonado y Nº 501 General Roque Saenz Peña. Su organización incluye al Agrupamiento de Artillería Antiaérea Coronel Jose Galvez, con la Batería de Comando y Comunicaciones Nº 4 y los grupos de Cohetes Antiaéreos Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4. Además cuenta con la 113ª Brigada de Servicios (Arequipa).

• REGIÓN MILITAR DEL ORIENTE (RMO): CG en Fuerte Soldado Alfredo Vargas (Iquitos). Su ámbito de operación comprende al departamento de Loreto y encuadra a un número no

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revelado de batallones de Infantería de Selva (BIS).

• REGIÓN MILITAR DEL VRAE: CQ en Base Contraterrorista de Pichari (Cuzco), creada en enero de 2009 a fin de combatir y neutralizar a los remanentes de Sendero Luminoso. Su ámbito de operación comprende los Departamentos de Ayacucho, Cerro de Pasco, Junín –a excepción de las localidades de Alegre, Colonia, Misión Ivotsoteni, Montes, Nuñez, Pedro Lopez, Poveni, Rateri y Shiriatari (Satipo) y el distrito de San Ramón (Chanchamayo)– y Huancavelica; así como los distritos de Pichari y Kimbiri, que pertenecen a la provincia de La Convención (Cusco). Está conformada por la 2ª y 31ª brigadas de Infantería y la 22ª Brigada de Ingeniería.

1ª BRIGADA DE AVIACION DEL EJÉRCITOESTRUCTURACreada en 1973 bajo la denominación de Grupo de Aviación Ligera (GALE), se encarga del transporte de personal y carga, así como de proporcionar apoyo táctico a las fuerzas terrestres. Está conformada por los batallones de Asalto y Transporte Nº 811 y 812, el Batallón de Reconocimiento y Asalto Nº 811, el Escuadrón de Aviones Nº 811 y la Escuela de Aviación.

FUERZA AÉREAPERSONALTotal: 16.150Oficiales: 1.650 Suboficiales/Técnicos: 6.500 Tropa: 8.000

ESTRUCTURAOperacionalmente, la FAP asigna al Comando de Operaciones (COMOP) la misión de preparar, mantener y dirigir las unidades asignadas, a fin llevar a cabo con la máxima eficiencia, la batalla aérea mediante acciones ofensivas y defensivas, así como ejercer la vigilancia y control del espacio aéreo nacional. Sus unidades tácticas son:

• Ala Aérea Nº 1 (ALAR 1): CQ en Piura. Encuadra a los grupos aéreos Nº 6 (Chiclayo), Nº 7 (Piura) y Nº 11 (Talara).• Ala Aérea Nº 2 (ALAR 2): CQ en Lima. Está conformado por los los grupos aéreos Nº 3 y Nº 8, así como la Dirección de Aerofotografía (DIRAF).• Ala Aérea Nº 3 (ALAR 3): CQ en Arequipa. Dispone de los grupos aéreos Nº 2 (Vitor), Nº 4 (La Joya) y Nº 51 (Pisco).• Ala Aérea Nº 5 (ALAR 5): CG en Iquitos, constituido únicamente por el Grupo Aéreo Nº 42 (Moronococha).• Otras unidades dependientes del COMOP son el Grupo de Defensa Aérea (GRUDA) y el Grupo de Fuerzas Especiales (GRUFE).

PRINCIPALES BASES El Cuartel General de la FAP se ubica en el distrito de Jesús María (Lima), en tanto que el COMOP tiene su sede en la Base Aérea de Las Palmas (Lima). Las principales bases aéreas son: La Joya (Arequipa), Pedro Ruiz Gallo (Chiclayo), Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias (Lima), Moronococha (Iquitos), Capitán FAP Renan Elías Olivera (Pisco), Capitán FAP Guillermo ****** Iberico (Piura), El Pato y Capitán FAP Victor Montes Arias (Talara), y Capitán FAP Guillermo Protzell del Castillo (Vitor). Además, dispone de las bases aéreas de Juanjui y San Ramón, así como la Base Logística de Punta Lobos.

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PARTICIPACION DEL PERU EN MISIONES DE PAZLa participación de efectivos militares peruanos en operaciones de paz se remonta a junio de 1958, cuando se envió a 10 observadores al Líbano y al denominado Batallón Perú, conformado por 497 efectivos, a las Alturas del Golán (Israel-Egipto) en 1973. Desde entonces han ido al Golfo Pérsico (1988-89), Sahara Occidental (1992), Namibia (1989), Sierra Leona (2000) y Timor Occidental (2000). El Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz (CECOPAZ), dependiente de la División de Comando y Control (6 DIEMCFFA) del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), se encarga de la capacitación y entrenamiento de todo aquel personal que conformará las delegaciones participantes en las misiones de estas actividades. En la actualidad, mantiene desplegados observadores en Congo (MONUC), Costa de Marfil (ONUCI), Eritrea-Etiopia (MINUEE), Liberia (UNMIL) y Sudan (UNMIS); y a una Compañía de Infantería Reforzada –denominada Compañía Perú– conformada por 205 efectivos en Haití (MINUSTAH). El Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz (CECOPAZ), acantonado en la Base se Infantería de Marina (Ancon), se encarga de la capacitación y entrenamiento de todo aquel personal que conformará las delegaciones participantes en las misiones de Operaciones de Paz y depende de la 6ª DIEMCFFAA del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA).

¿Para qué necesitamos a las fuerzas armadas?El cuestionamiento de las fuerzas armadas ha escalado posiciones relevantes en la opinión pública nacional, al punto que importantes formadores de opinión llegan a considerar que deben ser reducidas a una mínima expresión, sobre la base de la percepción de que nuestro país no está inmerso en una situación de conflicto con otro estado, y que no enfrenta ni es previsible que enfrente amenazas a su seguridad nacional.

Características de la Fuerza Armada que queremos

NacionalSignifica que la Fuerza

Armada es de todos los peruanos y no de un

gobierno en particular. Existe para defender los intereses nacionales y no los del gobierno de turno.

InstitucionalSignifica que los militares

deben respetar las normas de su propia institución y buscar el desarrollo y el

perfeccionamiento de ésta.

Con Valores ÉticosSignifica que sus miembros

no serán corruptos ni tolerarán entre ellos a nadie

que lo sea. El honor, que significa la cualidad de siempre cumplir con el

deber que la sociedad le exige, deberá ser su

principal característica.

Sujeta al control democrático

Plantea una Fuerza Armada respetuosa del orden jurídico, que no participe en política y que no sólo respete la democracia sino que crea en ella. El mejor método de control democrático es la educación en

LegítimaSignifica que la Fuerza

Armada reciba su mandato directamente de la

sociedad, para lo cual precisamente las consultas

en todas las regiones del país sobre qué política de seguridad y defensa y qué

tipo de fuerza armada debemos tener,

ModernaLa Fuerza Armada debe

invertir en armamento de acuerdo a las posibilidades

del país, pero el armamento que se adquiera debe ser de última generación. Si no se puede adquirir tanques se

adquirirán antitanques, pero estos deberán ser los

más modernos y más

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democracia del cuadro de oficiales, suboficiales y tropa.

constituyen una herramienta de

legitimación.

eficientes.

Adecuada al medio geográfico

El material del Ejército debe estar en relación con

las características del medio geográfico donde se espera usarlo. No se debe olvidar que además de los

desiertos de la costa, el Perú es un país montañoso

y selvático. Por lo tanto sería necesario desarrollar

doctrinas de guerra de montaña y de selva

además de la doctrina de guerra en el desierto.

Integrada a la civilidadSignifica que los militares son ciudadanos y que no deben distinguirse de los civiles por tener mayores

prerrogativas o privilegios. No deben conformar una

corporación que busque el beneficio propio. En

determinado momento de su carrera deberán

estudiar una maestría en una universidad civil a fin de que se integren con la

civilidad.

Expresión de un país pluricultural

La Fuerza Armada debe tener miembros de todas

las culturas que existen en el país entre los soldados,

los sub-oficiales. Las diferencias culturales deben respetarse y ser motivo de

orgullo y deben existir unidades de tropa

proveniente de un mismo grupo cultural que exhiba

en el uniforme alguna prenda o distintito propio

de su cultura.

Adecuada a la amenaza (disuasiva)

La Fuerza Armada en un país con los problemas de pobreza como el Perú, no

debe estar sobredimensionada, sino

que debe tener la capacidad necesaria para enfrentar las amenazas

realmente existentes. Esto significa que debe ser

disuasiva y para serlo debe ser suficiente, vale decir que no necesariamente

tiene que tener una superioridad frente a un eventual adversario, sino

que basta con no ser marcadamente inferior para resultar disuasiva.

Con doctrina de acción conjunta

La Fuerza Armada debe luchar una sola guerra y no

una el Ejército, otra la Marina y una tercera la

Fuerza Aérea, diferentes todas y con mandos que

coordinan pero no reciben órdenes sino de sus

respectivos comandos institucionales. Para que los tres institutos peleen

una sola guerra es necesaria una doctrina de

operaciones conjunta y tener un solo jefe en el teatro de operaciones.

ProfesionalSignifica que la tropa debe

ser profesional. Para esto el soldado debe cumplir con

dos requisitos. Debe tener el entrenamiento adecuado de acuerdo a las pautas de los ejércitos más modernos

y eficientes y debe poder vivir y mantener a su familia

de su sueldo. Cuarenta y ocho soles cincuenta para la

tropa en general y cien soles para los que se hallan en zonas de emergencia no

constituyen un sueldo decente y no se puede esperar tener soldados profesionales con eso.