REPUBLICA DOMINICANAUNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

Facultad de Ciencias Económicas y SocialesDivisión de Post-Grado

Maestría en Administración de EmpresasEconomía Dominicana

MAD - 862

Tema

RESUMEN LIBRO: 40 ANOS DE ECONOMIA DOMINICANA.AUTOR: CARLOS DESPRADEL

Sustentante

JUAN ISIDRO MORETA GUERRERO

Facilitador

PROF. RAFAEL BELLO MOTA. M.Sc.

Santo Domingo, D.N. 1 de marzo del año 2010

LA POLITICA ECONOMICA EN EL GOBIERNO DE LOS 12 ANOS DEL DR. JOAQUIN BALAGUER (1966 – 1978)

Luego de regresar del exilio el Doctor Joaquín Balaguer se presentó como

candidato presidencial del Partido Reformista, el cual había sido fundado en

1964. Su oponente más cercano lo fue el Prof. Juan Bosch candidato del PRD,

quienes no presentaron una campaña ofensiva, dando paso así al régimen de

los doce años. El partido Reformista obtuvo un total de 759,887 votos, además

de contar con el apoyo de los Estados Unidos, los grupos poderoso de la nación

y militares con pretensiones de poder.

Al llegar al poder el Doctor Joaquín Balaguer se dispuso organizar la

economía del país, para esto recibió prestamos a bajos intereses del gobierno

de Estados Unidos. Se fomento la inversión extranjera a través del crédito y la

supresión de los impuestos. El régimen de los doce años dio paso a las

multinacionales, instalándose de esta forma multinacionales tales como: Golf &

Western, Falcombridge, Rosario Resource, Phillips Morris, Shell Petroleum,

Codetel y algunos Bancos Internacionales.

El largo periodo gubernamental del presidente Balaguer, que va desde

1966 hasta el 1978, lo podemos dividir en tres etapas bien definidas desde el

punto de vista económico. La primera etapa, que duro un poco mas de dos anos,

fue un periodo de consolidación, durante el cual se tuvieron que superar los

problemas económicos, sociales y políticos que se derivaron de la Guerra de

Abril. Durante esos primeros años, la economía dominicana tuvo un lento

crecimiento, pues las inversiones que se estaban iniciando todavía no tenían

tiempo para rendir sus frutos.

La segunda etapa que se caracterizo por un rápido crecimiento, se inicio

con la llegada del año 1969 y se mantuvo hasta que se produjo el primer gran

aumento de los precios internacionales del petróleo, en 1974. Durante esos

cinco anos (1969 – 1973), el crecimiento del Producto Interno Bruto fue superior

al 11%, promedio anual. Este auge fue favorecido no solo por las políticas

económicas que se vio interrumpido por el alza de los precios internacionales del

petróleo.

Las medidas económicas favorecieron la instalación del Primer Parque

Industrial de la República Dominicana, esta fue ubicada en el sector de Herrera.

Al fomentar la inversión extranjera y conceder exoneraciones para las

maquinarias, muchos productos fueron producidos en el país por tanto las

importaciones casi fueron nulas. Otro aspecto económico de gran importancia

fue el surgimiento del sector Zonas Francas, la primera se instaló en la Romana

en 1970, a partir de esta actividad económica se fue generando empleomanía

hacia las diferentes provincias creando así un movimiento económico que activó

la vida provincial.

El gasto público estuvo dirigido fundamentalmente a las obras de

infraestructura, además, numerosos consorcios y empresas principalmente

norteamericanas recibieron concesiones ventajosas y estímulos para invertir en

el país. A partir de la década de 1970 la economía dominicana sufre un cambio

hacia una economía de servicios, pasando de esta forma la agricultura y la

ganadería a un segundo plano.

La tercera etapa del gobierno del doctor Balaguer, se puede fijar a partir

1974 y se extiende hasta finales de su mandato en el año 1978. Durante esta

tercera etapa, la economía dominicana sufrió los avatares del aumento del

precio del petróleo, lo que provoco una deceleración del crecimiento. Así vemos

como la tasa de crecimiento del PBI, pasa de un formidable 12.1% en 1973, a

5.2% en 1975, cuando todo parecía indicar que la economía dominicana

necesitaba con urgencia de un cambio de orientación y de nuevos estímulos, a

la luz de los cambios que se habían producido en la economía internacional.

De hecho, Balaguer fue el gran constructor. Concentro el grueso de las

construcciones en los centros urbanos, especialmente la ciudad capital, a la cual

le cambio su fisonomía. Esta gran concentración del gasto publico en

inversiones se produjo a expensas de una virtual congelación de los salarios de

los servidores públicos, así como, del descuido de una serie de servicios

sociales esenciales, lo que era necesario para paliar la desigual distribución del

ingreso que intensifico el propio modelo de desarrollo adoptado. Con la reforma

de las leyes agrarias trato de eliminar el latifundio y elevar la productividad del

campo, asentó campesinos a través del Instituto Agrario Dominicano y concedió

préstamos. Sin embargo fue la Industria Azucarera la que más aporte dio a la

economía de la nación. Otra cosa que no podemos dejar de mencionar es la

política de construcción que llevó a cabo en todas las provincias.

Balaguer procedió a fortalecer el aparato económico nacional. Su política

económica se basó en el fomento del sector agrario, incentivo de la producción

industrial y estímulo a la inversión extranjera. El modelo fue aprovechado con los

precios relativamente bajos del petróleo, pero altos para el café, azúcar, cacao.

El grueso de los fondos del presupuesto estuvo dirigido hacia la agricultura

debido a la necesidad de cubrir la demanda interna y evitar las importaciones.

Se introdujeron las leyes agrarias que aplicarían una reforma en el sector

agrícola; estas leyes protegían al pequeño campesino por el Estado. Fueron

rechazadas por los latifundistas, y su puesta en práctica resultó muy limitada.

La ley No. 299 de Incentivo y Desarrollo Industrial y otras facilidades

otorgadas por el Gobierno, respondía al modelo de sustitución de importaciones

que se implemento en la America Latina, impulsadas por el pensamiento de Raúl

Prebisch y otros economistas de la CEPAL. El incentivo industrial fue uno de los

propósitos fundamentales de los gobiernos de Balaguer. Mediante la ley sobre

Incentivo y Promoción Industrial se exoneró del pago de impuesto a las

maquinarias y a las materias primas para las nuevas industrias. El problema con

esta ley fue que, como siempre sucede, en nuestro país este modelo se

comenzó a aplicar con un desfase de mas de diez años y además, se mantuvo

por un espacio de tiempo más largo de lo aconsejable, hasta el punto de que, ya

para finales de ese Gobierno era impostergable la búsqueda de actividades que

pudiesen dar nuevos impulsos a la economía.

En poco tiempo, cientos de nuevas industrias se instalaron. Ya para el

1975 el gobierno se había consolidado en el poder con gran estabilidad y

crecimiento económico. Se estableció una clase media que fueron personas

beneficiadas por concesiones y privilegios que les otorgó el gobierno. Ya para

los finales de la era de los doce años del Presidente Balaguer se caracterizo por

mantener una disciplina monetaria, como lo demuestra el hecho de que el medio

circulante solo creció en un 15.3% durante los últimos 27 meses que le restaban

a su mandato. Esto le permitió al gobierno poder paliar esos años difíciles de la

economía dominicana.

Sin embargo, esta disciplina monetaria, correcta para las circunstancias

que enfrentaba el país, se tradujo en una significativa reducción del crecimiento

económico de la Nación. Bastaría con recordar, que después de haber

experimentado crecimientos económicos superiores al 10.0% anual en los cinco

años anteriores al choque petrolero del 1974, se redujo a tasas entre el 5.2 y

4.4% en los dos años siguientes, y apenas a un 2.1%, par el 1978. Este bajo

crecimiento era convidado un desastre para la mayoría de los dominicanos en

especial para el sector empresarial que se había acostumbrando a los altos

beneficios que acompañaron los años de bonaza, razón por la cual, con

frecuencia, llevaban criticas al Presidente sobre la austera política monetaria

seguida por el Banco Central.

Precisamente, una de las debilidades institucionales que tenía el país en

esos años, era que la clase empresarial no entendía las complejidades de la

microeconomía, y por tanto, muchas veces limitaba sus evaluaciones a la

políticas económicas del Gobierno, exclusivamente en función del nivel de sus

ventas.

LA POLITICA ECONOMICA EN EL GOBIERNO DE DON ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ (1978 – 1982)

En el área económica, el gobierno de Don Antonio Guzmán no pudo

exhibir los mismos resultados, como no lo hubiera podido exhibir ningún otro

presidente que hubiese gobernado nuestro país o cualquier otro país en vías de

desarrollo, durante esos difíciles años que sucedieron al segundo choque

petrolero de finales de la década del 1979.

Este aumento en los precios del petróleo se recrudeció después de la

reunión de la OPEP de 1980, donde los principales países productores del

mundo, liderados por Arabia Saudita, decidieron seguir controlando la

producción de esta vital fuente de energía, para así poder aumentar su precio, el

que llegó hasta 39.5 dólares el barril, nivel que equivalía a mas de 60.0 dólares

para el año 2004.

Este aumento desproporcionado del precio del petróleo, provocó una

paralización del crecimiento económico de las grandes potencias; un aumento

de la inflación mundial, que llegó a un 20% en algunos países desarrollados de

Europa; un incremento de las tasas de interés internacionales, que también

alcanzaron el 20% en algunos mercados financieros, y una agudización del

desempleo, nunca antes visto desde la Gran Depresión del 30.

En la Republica Dominicana los efectos del alza del petróleo no pudieron

ser más negativos. La factura petrolera pasó de aproximadamente, 190 millones

de dólares en 1978, a más de 314 millones en 1979, y a cerca de 500 millones

en cada uno de los años subsiguientes. Si se toma en consideración que para el

año 1978 las exportaciones totales de bienes apenas alcanzaron los 675

millones de dólares y que todavía el turismo, las zonas francas y las remesas

eran de poca significación, entonces, podemos apreciar lo que represento para

la economía dominicana tener que desembolsar, anualmente, uno 300 millones

adicionales, sólo para pagar el incremento de los precios internacionales del

petróleo.

Se incrementó la carga de la deuda externa como consecuencia de los

altos niveles que alcanzaron las tasas de interés en los mercados

internacionales. Para poder apreciar la presión que causaron en la Balanza de

Pagos del país los altos precios del petróleo, bastaría señalar que las

importaciones totales pasaron de 860 millones de dólares en 1978, a 1080

millones en 1979, y a cerca de 1,500 millones en el 1980. A pesar de todas esas

adversidades, la economía dominicana pudo crecer en un 5.0% en el año 1979 y

en un 6.1% en el 1980.

Poco a poco el país comenzó a hacer uso indirecto del financiamiento

internacional, a través, de cartas de crédito para importaciones, que eran

instrumentadas por bancos locales, con el respaldo de bancos comerciales del

exterior. En otras palabras, el déficit comercial que estaba sufriendo el país

como consecuencia del los altos precios del petróleo, se fue financiando

indirectamente a través de la apertura de cartas de crédito, que el Banco Central

aceptaba con el compromiso de honrarlas a vencimiento, o sea, en el futuro.

En el primer semestre del 1978, la política fiscal se apartó de la línea

moderada que había mantenido durante todo el gobierno de Balaguer. Esto se

debió, entre otras cosas a que se trataba de un año electoral difícil para el

Gobierno, por lo que el gasto publico se vio presionado al alza, lo que unido a

una disminución de los ingresos, provoco un déficit fiscal de aproximadamente

un 3.0% del PBI, por primera vez en mas de una década.

Así inicio en materia fiscal el gobierno de Don Antonio Guzmán, además

tuvo que enfrentar la gran demanda por cargos públicos proveniente de la

militancia del Partido Revolucionario Dominicano. El gasto corriente también se

vio afectado por el aumentó de prácticamente todos los precios que produjo el

choque petrolero. En este sentido, debe recordarse que la inflación del 1979 fue

de un 9.2% y la del año siguiente llegó al 16.7%.

Por todas estas razones, el gasto corriente rápidamente aumento de unos

21.5 millones de pesos mensuales a julio del 1978, a unos 37.0 millones para

julio del 1980, lo que equivale a un incremento de mas del 70% en tan solo dos

años.

La primera medida importante que adopto el nuevo Gobierno en el campo

fiscal, fue la concertación de un financiamiento con la banca internacional por la

suma de 185 millones de dólares que se suscribió el 20 de diciembre de 1978,

aunque los fondos no ingresaron hasta junio del 1979. La intención de dicho

préstamo fue tratar de reprogramar y consolidar los vencimientos de algunos

créditos externos tomados en los últimos años del gobierno de Balaguer, por

varias instituciones autónomas del Gobierno, principalmente CORDE. Es

interesante observar que del total del prestamos, un 40%, o sea 73.2 millones se

destinaron a la CDE.

La economía dominicana enfrentaba dos situaciones difíciles a principios

del 1980: el primero era de carácter fiscal. El incremento del gasto corriente,

provocado por los aumentos de salarios ocurridos en 1978 y 1979, unido a las

cargas derivadas del incremento de los precios internacionales del petróleo y

sus derivados, además de los graves daños ocasionados por el huracán David y

la tormenta Federico, habían producido un aumento sustancial del gasto, no solo

en el Gobierno Central, sino también en le Sector Publico. Para el año 1979, el

déficit del Sector Publico Consolidado, es decir, del Gobierno Central y de los

organismos descentralizados (CEA, CDE, INESPRE, CORDE y otras) había

llegado a un 6.2% del PBI de acuerdo cálculos del FMI. Esta cifra resultaba

excesiva y había urgente necesidad de reducirla.

Para enfrentar ambos déficit, el fiscal y el externo se requería la adopción

de medidas, así como para frenar el crecimiento de los medios de pagos. Dentro

de esta estrategia, al Gobierno Central, le correspondía enfrentar el primero y al

Banco Central tomar medidas para reducir el déficit externo, así como el medio

circulante. Estos eran unos objetivos que nadie estaba dispuesto a aceptar de

buena gana, pues tradicionalmente la población y los empresarios quieren que

se busquen soluciones a los problemas, pero sin tomar prestado y sin que se

reduzca el consumo.

Afortunadamente, en el año 1981 el país tuvo un factor positivo a su favor

dado por los altos precios a que llego el azúcar en los mercados internacionales;

incluso la producción se había recuperado luego de la fuerte caída que había

tenido después del paso del huracán David. En ese año la Republica

Dominicana llego a exportar azúcar crudo por un valor de 513 millones de

dólares, cifra superior en 223 millones a la alcanzada en el año anterior.

Para el año 1982, el manejo de la economía se perfilaba mucho más

difícil. En el caso de la azúcar, el precio había llegado a 46.0 centavos la libra en

1981, mientras que para 1982 había disminuido a tan sólo 13.5 centavos. Igual

sucedía con el oro, cuyos precios disminuyeran de 800 dólares la onza, en 1981,

a menos de 370 la onza para 1982. Asimismo, la Falconbrige, había llegado a

exportar hasta 100 millones al año, se encontraba temporalmente fuera de

producción por falta de demanda mundial, al recibir 420.3 millones menos que el

año anterior, mientras se mantenían altos los precios del petróleo y por tanto, la

factura petrolera, a pesar de que el consumo domestico había descendido.

En 1982 también se iba a sumar otro gran constreñimiento, pues a pesar de las

medidas restrictivas aplicadas en 1981, el Banco Central había acumulado

atrasos en el canje de divisas por una suma considerable de dólares, por lo que

la banca internacional estaba mostrando una actitud de mucha cautela con el

país, en lo que concernía a la apertura de nuevas cartas de crédito. El país

había agotado el margen de tolerancia de la banca comercial internacional, por

tanto iba a ser imposible continuar haciendo uso del mecanismo de los atrasos

de pagos de cartas de crédito vencidas, como forma de enfrentar la demanda

creciente de importaciones.

LA POLITICA ECONOMICA EN EL GOBIERNO DEL DR. SALVADOR JORGE BLANCO (1982 – 1986)

Los nuevos objetivos de la política económica de la Republica

Dominicana (1982 – 1986) fueron explorar y evaluar todas las alternativas

posibles de políticas cambiarias: la ampliación del mercado libre por el lado de

las importaciones; tipo de cambio más realista para las exportaciones; un

acuerdo de ajuste estructural con el Banco Mundial; acuerdos de facilidad

ampliada o de stand – by con el Fondo Monetario Internacional; la legalización

de un tipo de cambio múltiple; prohibiciones de importaciones; una devaluación

formal a través de un cambio en la legislación monetaria creando un nuevo tipo

de cambio mas realista.

De todas estas opciones se tomo la del acuerdo con Fondo Monetario

Internacional. Las razones por las cuales era necesario llegar a un acuerdo con

el Fondo se debía a los niveles de atraso con la banca comercial por 367.2

millones de dólares, sin incluir en esa cifra, 45.0 millones realmente pagados por

el Bando de Reservas. Este monto era tan grande, que los bancos

internacionales habían prácticamente cerrado el crédito a la banca nacional, lo

que hacia muy difícil las operaciones comerciales del país.

Las negociaciones con el FMI se iniciaron durante el último cuatrimestre

del 1982. Como era de esperarse, estas fueron sumamente difíciles, pues los

intereses de ambas partes negociadoras respondían a motivaciones diferentes.

La preocupación principal del FMI era ayudarnos a resolver el problema de

atrasos de pagos en nuestra deuda externa y no la de buscar el desarrollo de la

economía a corto plazo, como era el interés del gobierno dominicano, además

de tratar de que la economía nacional pudiese seguir creciendo y no se agravara

el desempleo. El Gobierno procuraba que el proceso de ajuste fuera gradual,

para así permitir el crecimiento de la economía, mientras que el FMI requería un

ajuste de choque, resolviera el problema de los atrasos a corto plazo.

Para finales del mes de octubre del 1982 ya se tenía en principios un

acuerdo entre el Gobierno y el FMI, el cual reflejaba en la Carta de Intenciones

que habían firmado los principales integrantes del equipo económico. Se había

acordado un Programa de Facilidad Ampliada con tres años de duración. Por su

parte, el FMI se comprometía a facilitar a la Republica Dominicana la suma de

371.3 millones de DEG que equivalían a unos 450 millones de dólares en tres

años, que era la duración que contemplaba el programa.

Por otra parte y como componente esencial de los acuerdos con el FMI, el

8 y 9 de diciembre del 1982 se sostuvieron una serie de reuniones con la banca

internacional, en la ciudad de New York. Luego de un largo proceso de

discusiones internas entre los técnicos finalmente se suscribió el 15 de

septiembre de 1983, mediante el cual se reprogramaron 486.3 millones de

dólares de la deuda que se tenia con la banca comercial internacional.

A pesar de los términos obtenidos, el resultado de esa negociación ha

sido cuestionado por algunos analistas. Por una parte, el Banco Central asumió

una deuda que se había originado por importaciones del sector privado, dicha

deuda afectaría la política monetaria del Banco en el futuro.

Una de las medidas de ajuste económico que se adoptaron como parte

de los acuerdos con el FMI, fue permitir a los bancos comerciales el aumento de

las tasas de interés pasivas, de un 1 hasta un 2% mensual. Asimismo, se le

permitió a las instituciones financieras emitir certificados que devengan intereses

más acorde con los que prevalecían en los mercados internacionales.

En materia cambiaria, la Junta Monetaria permitió a los bancos

comerciales comprar y vender dólares directamente al público lo que introdujo

un nuevo elemento en el sistema cambiario dominicano, pues los bancos podían

participar abiertamente en el mercado paralelo de divisas. De ahí surgió una

competencia entre la banca y las casas de cambio por el control del mercado de

divisas, lo que junto con los déficit externos, produjo presiones al alza de la tasa

de cambio. Esta depreciación de la moneda pronto se convirtió en un punto

central de la atención de la política económica, ya que la misma, afectaba

negativamente todos los costos de la economía. Ante la realidad del mercado, la

Junta Monetaria decidió legalizar las operaciones de las casas de cambio en

agosto del 1983, bajo la reglamentación del Banco Central y la supervisión de la

Superintendencia de Bancos.

Durante la primera visita de Estado de un Presidente Dominicano a los

Estados Unidos, le toco tal privilegio al Dr. Jorge Blanco, el cual aprovecho para

pedirle al gobierno estadounidense que le concediera un préstamo puente, que

pudiese ser usado en lo que llegaba un acuerdo definitivo con el FMI. La

respuesta fue negativa, basada en el argumento de que el Tesoro

Norteamericano solo podía otorgar estos recursos a muy corto plazo y

condicionado a una seguridad absoluta de que los fondos serian reembolsados

al término de ese plazo. Sin embargo, tan pronto concluyo el viaje del Presidente

se iniciaron gestiones frente al Congreso de los Estados Unidos, las cuales

después de un intenso cabildeo de varios meses de duración, tanto en el

Senado como en la Cámara de Representantes, se logro que se aprobara una

donación a la Republica Dominicana por la suma de 50 millones de dólares, la

cual unida a 45 millones que se habían aprobado previamente, constituían un

aporte significativo para la estabilidad económica de nuestro país. El total de la

ayuda norteamericana sumo más de 200 millones de dólares durante esos tres

años (1983 – 1985), lo que se trataba de una suma considerable.

La Iniciativa Para la Cuenca del Caribe (CBI) fue un programa creado

durante la administración del presidente Reagan que ofrecía a los países de la

Cuenca del Caribe (Centroamérica y las islas del Caribe), la entrada de sus

productos libre de impuestos al mercado norteamericano, de todos los productos

originarios de dicha Región.

La Republica Dominicana fue el principal beneficiario de esta iniciativa,

pues fue el país de la Región que mayor atracción de inversiones extranjeras

recibió como consecuencia de la implementación de dicho programa comercial,

y también, el que pudo aumentar sus exportaciones al mercado norteamericano

con mayor rapidez. En parte debido a que todavía muchos países

centroamericanos tenían serios conflictos internos y una situación política

inestable.

La aprobación del CBI en julio de 1983 y su puesta en vigencia el 1 de

enero 1984, junto con la devaluación del peso dominicano fueron, por tanto, los

dos factores que mas influyeron el desarrollo de la zonas francas de exportación

en los años posteriores, y en consecuencia, en la creación de cientos de miles

de nuevos empleos productivos, especialmente, en la mano de obra femenina.

A los pocos días del regreso del presidente Jorge Blanco al país, la Junta

monetaria hizo un último esfuerzo para introducir medidas que permitieran

arribar a un rápido acuerdo para el segundo año del programa con el FMI. Una

de la medida mas impopular fue traspasar al mercado libre prácticamente todas

las importaciones del país, excepto los hidrocarburos, por lo que algunos

productos a los cuales hasta esa fecha el Banco Central le otorgaba divisas

oficiales a la par con el dólar, subieron los precios.

Esta ultima medida, unida al alto nivel en que se encontraba la tasa de

cambio, cercano a los 3.00 pesos por dólar, así como la acumulación de

frustraciones que venían arrastrando el pueblo desde hacía mucho tiempo,

provocó un levantamiento en los barrios populares, que se tradujo en saqueos a

propiedades privadas y enfrentamientos con las fuerzas del orden lo que costó

un alto numero de vidas humanas. Realmente se trató de una tragedia nacional

que marcó el vértice de la crisis económica que se padeció durante esos difíciles

años.

Luego de la revuelta de abril 1984, se nombro un nuevo equipo

económico en el Banco Central el cual tenia la tarea de buscar algún tipo de

acuerdo con el fondo que fuese posible aplicar sin someter a la población a

nuevos ajustes económicos, que les agravara la ya difícil situación que estaba

atravesando la nación. Tras varias visitas a Washington del equipo económico,

finalmente se pudo llegar a un acuerdo especial que el propio Director Gerente

del FMI llamo “Acuerdo Puente”, que no era otra cosa que una salida temporal

hasta que el gobierno estuviese en condiciones de poder comprometerse a

cumplir un acuerdo más riguroso dentro de los estándares del FMI, como podía

ser un acuerdo stand – by.

A este acuerdo temporal, se llegó en el mes de agosto del 1984 y el

mismo solo daba un respiro, pues permitía al país mostrar a la comunidad

internacional que se tenía algún tipo de acuerdo con el FMI, lo que facilitaba en

algo el desembolso de recursos para enfrentar la crisis.

Todas las medidas anteriormente señaladas, solo servían como paliativo

y no como soluciones definitivas de los grandes problemas que enfrentaba al

país; soluciones que tenían que buscarse, inevitablemente, dentro de un

acuerdo más formal con el FMI. De ahí, que ya para los últimos meses de 1984,

se volvieron a intensificar las negociaciones con ese organismo internacional las

cuales culminaron dos días antes de la Noche Buena.

Finalmente el acuerdo stand – by fue aprobado en el Directorio Ejecutivo

del FMI el 15 de abril del 1985 y se estableció que estaría sujeto a revisiones

trimestrales, tal y como es costumbre de esta institución. El cumplimiento de

estas medidas de ajuste por parte del Gobierno permitió que la tasa de cambio

se redujera de 3.29 que había llegado en febrero 1985, a 3.00 en agosto de ese

mismo año. Cuando el gobierno del Dr. Jorge Blanco concluyo su gestión,

agosto de 1986, ya la tasa se había estabilizado alrededor de 2.80, lo que

demostraba que el gobierno había podido controlar la crisis económica. Con una

inflación para julio de ese mismo año de tan solo 0.38% y para agosto había sido

negativa.

LA ADMINISTRACION DEL DR. JOAQUIN BALAGUER EN EL GOBIERNO DE LOS 10 ANOS (1986 – 1996)

El regreso del doctor Balaguer al Palacio Nacional para iniciar su periodo

como nuevo Presidente de la Republica, se produjo el 16 de agosto del 1986, el

mismo encontró una situación económica tanto en el plano nacional como en el

internacional, completamente distinta a la que enfrento en 1966. En esta nueva

ocasión, la economía dominicana estaba estabilizada luego de haber pasado por

un fuerte periodo de ajuste bajo un estricto programa stand – by con el Fondo

Monetario Internacional. Asimismo, la economía internacional se estaba

recuperando, después de varios años de altos precios del petróleo que ya

habían vuelto a niveles normales.

La tasa de cambio se encontraba en equilibrio desde hacia varios meses

alrededor de 2.80 pesos por dólar y la inflación estaba completamente

controlada. Sin embargo, el crecimiento de la actividad económica era muy

reducido, debido a las múltiples medidas restrictivas adoptadas dentro del

programa de ajuste.

En este escenario, el presidente Balaguer decidió reactivar la economía a

través del gasto público en inversiones, es decir, siguiendo el mismo esquema

que aplicó durante su gobierno de los 12 años, el cual lamentablemente, no era

el más apropiado en esta nueva realidad. Solo a manera de ejemplo podemos

apreciar que durante el primer semestre del año 1987 el gasto total del Gobierno

llegó a los 1,642 millones de pesos lo que representaba un aumento de un

33.4% sobre los niveles que había alcanzado esta variable en igual período del

año anterior, es decir, bajo el gobierno de Jorge Blanco.

Esta expansión del gasto gubernamental se reflejó de manera principal en

los gastos de capital, y más específicamente, en aquellos destinados a las

construcciones las cuales en los primeros seis meses de 1987 fueron más de

seis veces superiores a las alcanzadas en igual periodo del año anterior. Este

extraordinario incremento del gasto en construcciones se pudo lograr sobre la

base de una reducción del gasto corriente el cual disminuyó en más de 25%, en

igual periodo. Pero también fue posible debido a que el gobierno de Balaguer se

opuso a pagar la amortización de la deuda pública que encontró al llegar al

Poder.

Otro elemento que se había deteriorado mucho en los últimos años había

sido la situación de las empresas públicas, especialmente, la Corporación

Dominicana de Electricidad y el Consejo Estatal del Azúcar. En el caso de la

CDE, los gastos en la adquisición del combustible que requería para sus

generadores, comenzaron a incrementarse a partir del aumento de los precios

del petróleo ocurrido unos años atrás. Esto represento para la CDE un aumento

considerable al pasar de 200 millones en 1984 a unos millones 600 millones en

1985, lo que obligó al gobierno a subsidiar a esa empresa con unos 200

millones, para así evitar que todo ese aumento se traspasara a los

consumidores.

En el caso del azúcar la situación era aún peor, debido a las múltiples

distorsiones que se habían producido en los mercados internacionales durante

los últimos años. Los países de la Comunidad Económica Europea habían

creado una serie de subsidios a sus productores domésticos del azúcar de

remolacha lo que había estimulado considerablemente la producción domestica,

hasta el punto que de ser un continente importador de azúcar, se convirtió en

poco tiempo en un gran exportador neto al mercado mundial.

El único mercado rentable para la Republica Dominicana pasó a ser el de

los Estados Unidos de America. Sin embargo, en ese mercado también se

ofrecieron incentivos a los productores y se garantizaron precios mínimos de

venta a principios de 1980, lo que estimuló el aumento de la producción

domestica no sólo de azúcar, sino también, de los llamados edulcorantes, o sea,

sustitutos del azúcar, entre los que se destacó el jarabe de maíz de alta fructosa.

Así que los EE.UU., fueron disminuyendo gradualmente las compras de azúcar

dominicana, mediante la imposición de cuotas de importación cada vez menor.

Para atender la precaria situación económica por la que atravesaba el

CEA, agravada por la disminución de la cuota preferencial norteamericana, el

Poder Ejecutivo introdujo en el Congreso Nacional un proyecto de ley con el

propósito de darle liquidez a esa empresa estatal. Se autorizó al CEA a

traspasar al Banco Central en calidad de ventas alrededor de 17.7 millones de

metros cuadrados de terrenos pertenecientes al Ingenio Monte Llano, por un

valor de 502.5 millones de pesos, bajo el argumento de que esos terrenos

podrían ser vendidos posteriormente por el Banco para proyectos turísticos,

instalaciones de zonas francas industriales o cualquier otro proyecto de interés

social o económico.

Para la fecha que se hizo la operación, el medio circulante se encontraba

en los 2,200 millones, por lo que el primer desembolso de 251 millones

representó un incremento del circulante de más de un 11%. Por lo que ese

financiamiento contribuyo al aumento de la emisión monetaria sin respaldo,

como cualquier otra operación de financiamiento del Banco Central.

En 1990 sucedió en el ámbito internacional un acontecimiento que

aceleró la crisis económica del país, cuando estallo la Guerra del Golfo que

inició el gobierno de los Estados Unidos contra Iraq, luego que este ultimo país

invadiera a su vecino Kuwait bajo el argumento de que su territorio le pertenecía,

y con ello, los grandes depósitos de petróleo de esa nación. La Guerra del Golfo

se llevó a cabo en la zona del mundo con mayores reservas de petróleo, por lo

que el precio internacional de los hidrocarburos se elevó súbitamente pasando

de 16.8 dólares el barril, a 35.9 dólares en apenas cuatro meses.

Como consecuencia de esto, el Gobierno había recrudecido sus controles

y se estaba procediendo a cerrar los bancos de cambio y a perseguir a sus

propietarios, dentro de lo que se llamó “Operación Duarte”. Esta famosa medida

del Gobierno buscaba devolver a la moneda dominicana el valor que había

perdido.

Las medidas económicas del Gobierno del Dr. Balaguer para finales del

1990 se podían resumir en: desmantelar la “Operación Duarte”, flexibilizar los

controles cambiarios, se eliminaron los controles de precios y los sometimientos

a comerciantes y se adoptaron otras medidas económicas que podían

implementarse por la vía administrativa. También, jugó también un importante

papel, el hecho de que el aumento de los precios internacionales del petróleo

sólo duró unos pocos meses y la economía entró en un largo periodo de

prosperidad la cual se mantuvo hasta finales de esa década.

Para la reforma arancelaria del 1990 se sostuvieron muchas reuniones en

el Palacio Nacional con el propósito de buscar un consenso para la ejecución de

los puntos acordados luego de la firma del Pacto de Solidaridad Económica.

Como consecuencia de todas esas reuniones, el 13 de septiembre del 1990, el

Presidente de la Republica dictó el Decreto No. 339, por medio del cual, se

eliminada el anterior régimen arancelario y se creaba un reglamento para la

ejecución de un nuevo arancel aduanero, con carácter provisional hasta tanto

fuese promulgada la ley correspondiente.

Posteriormente, en fecha 4 de agosto de 1993, tras largo debate, el

Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley “Arancel de Aduanas de la

Republica Dominicana”. Es justo reconocer que tanto el Decreto No. 339 como

la referida Ley, obedecieron a la necesidad imperiosa que tenía el país de

incorporar su sistema aduanero a los avances que se habían producido con el

comercio internacional. Además, unificaron los gravámenes arancelarios, se

disminuyeron los niveles de tasas en sentido general, se aplicó un sistema ad

valorem, en lugar de uno específico, se crearon sólo ocho categorías de tasas

con un tope máximo del 35% y se eliminaron todas las concesiones de

exoneración de gravámenes arancelarios contemplados en numerosos decretos

y leyes.

Este cambio le permitió al gobierno aumentar la recaudación de 615

millones en 1990 a 4,588 millones en 1992, o sea, que tan sólo en dos años las

recaudaciones se multiplicaron siete veces y media, sin incluir la aplicación del

ITEBIS en al aduanas.

El 1 julio de 1991, tras un largo período de negociaciones con el Fondo

Monetario, el Presidente Balaguer se dirigió a la Nación para anunciarle que

había llegado a un acuerdo con esa institución internacional y que en los

próximos días el gobierno iba a enviar la Carta de Intención. Los frutos de esta

negociación vinieron en las elecciones del 1994, ya que fue reelecto con un

mayor apoyo de los votantes.

El 22 de noviembre del 1991, la República Dominicana llegó a un acuerdo

con las naciones acreedoras dentro del Club de París. En esta segunda ocasión

el monto renegociado fue de 926 millones de dólares y los principales

acreedores eran Estados Unidos, España, Japón, Alemania y Francia. Los

términos negociados fueron muy favorables para el país.

Luego de haber sometido la economía a un necesario proceso de ajuste,

el gobierno de Balaguer se dedicó a concluir una serie de reformas

fundamentales en las cuales venía trabajando durante los últimos años. Lo

primero fue lograr que el Congreso Nacional aprobara la reforma arancelaria que

se estaba aplicando por Decreto Presidencial. Esto se logró en agosto del 1993,

después de un prolongado debate en ambas cámaras legislativas. Lograr la

aprobación congresional no fue tarea fácil. Incluso provocó, entre otras cosas,

una separación de las asociaciones empresariales aglutinadas en El Consejo

Nacional de Hombres de Empresa.

La otra reforma sumamente importante fue la tributaria, mediante la cual

se introdujeron cambios significativos a la Ley de Impuestos Sobre la Renta. La

Principal modificación fue el establecimiento de un impuesto máximo de un 25%

sobre las rentas, tanto de personas físicas como jurídicas, con el cual se

redujeron sustancialmente las tasas impositivas existentes a la fecha, que

llegaban hasta un 46%. Pero también fue significativa a la eliminación de la

doble tributación, que penalizaba al contribuyente obligándolo a pagar impuestos

sobre la renta sumamente elevados, hasta 70% de sus ingresos.

Otro elemento importante en el proceso de recuperación de la economía

fue la renegociación de la deuda externa pública con la banca comercial,

especialmente, con bancos internacionales. El total de la deuda pública con al

banca comercial extranjera ascendía a unos; 1,185 millones de dólares. Dicha

renegociación fue realizada utilizando un conjunto de instrumentos financieros

que ofrecía el mercado, entre ellos los llamados Bonos de Descuento, que se

emitieron para cambiarlos por parte de la deuda por concepto de capitales

adeudados. También estaban los llamados Bonos Intereses en Atraso (PDI), que

fueron cambiados, como su nombre lo indica, por parte de los intereses en

atraso a esa fecha.

El origen de las zonas francas industriales orientadas hacia la

exportación, se remontan en nuestro país al principio del año 1969, cuando

ejecutivos del Central Romana Corporación sugirieron la creación de industrias

con alto contenido de mano de obra con fines de exportación hacia el mercado

norteamericano. Ya para marzo de 1969 se promulgo el Decreto 3461 que

autorizaba la creación de un parque industrial en la ciudad de la Romana, donde

comenzó a operar la primera zona del país, en febrero del 1970.

Con la Iniciativa Para la Cuenca del Caribe lanzada por el presidente

Reagan en febrero de 1982, que entró en vigencia en enero de 1984, las zonas

francas industriales recibieron un estimuló adicional, sobre todo, porque para

ese mismo año se logró que los Estados Unidos le otorgara un tratamiento

especial a las manufacturas textiles procedentes de los países de la Cuenca del

Caribe.

Bastaría con señalar, que del 1986 al 1988 comenzaron a operar 101

nuevas empresas, lo que fue creando las bases para un aumento importante de

estas exportaciones, que se reflejó con más intensidad a partir del 1992, cuando

las exportaciones de zonas francas pasaron de los 1,194 millones de dólares,

que se registraron en ese año, a 4,100 millones para 1998. Para 1998 ya el país

contaba con 496 empresas en operación dentro de los 43 parques industriales

que existían en esos momentos. Estas empresas ofrecían empleos directos a

195,200 personas, sin contar los cientos de miles de empleos indirectos.

Así como las zonas francas dieron un formidable impulso a las

actividades económicas en los últimos ocho años de la década del 1990,

también el sector turismo hizo su aporte en la misma dirección. En la década del

1980, se construyeron en todo el país 13,654 nuevas habitaciones. En contraste,

durante la década del 1990 se construyeron 32,873 nuevas habitaciones, es

decir casi dos veces y media más.

De acuerdo a estimados del Banco Central, en 1990 la actividad turística

proporcionaba a la economía dominicana aproximadamente unos 725 millones

de dólares. En apenas cinco años estos ingresos se habían mas que duplicado,

y ya para el año 2000, habían llegado a unos 2,895 millones, es decir, cuatro

veces más, en apenas una década. Para el año 2000 la Republica Dominicana

contaba con 51,916 habitaciones hoteleras concentradas principalmente en las

provincias de La Altagracia y Puerto Plata.

En 1994 culminaron las negociaciones comerciales que se llevaron a

cabo dentro de la llamada Ronda de Uruguay del GATT, que duró siete años y

medio, durante los cuales los países pertenecientes a este acuerdo, se sentaron

a discutir la forma en que podían reducir las barreras al comercio mundial de

bienes y servicios, principalmente mediante la disminución de sus tarifas

arancelarias, aunque también, con otras medidas liberadoras de trabas

comerciales.

Otro objetivo de esa ronda de negociación, fue dar origen a una

institución internacional que estableciera procedimientos para que se cumplieran

esos acuerdos, la cual se denominó la Organización Mundial del Comercio

(OMC).

En el caso de la Republica Dominicana, inexplicablemente, se tomó la

decisión de someter una lista de aranceles consolidados sumamente simple, la

cual se limitó a señalar que el país se comprometía a cumplir una consolidación

(tasa arancelaria) a un nivel máximo del 40% ad – valorem, para todos los

productos, ya fuesen agropecuarios o no, lo que contrastaba significativamente

con la posición que habían presentado los otros países. Luego de varios

encuentros y reuniones, esto dio paso a lo que fue la Rectificación Técnica, lo

que permitió que nuestro país pudiese proteger ocho productos agropecuarios

sumamente sensitivos (arroz, azúcar, leche en polvo, frijoles secos, ajo, carne

de pollo, maíz y cebolla). Sin esa Rectificación Técnica, la producción de esos

rubros alimenticios no hubiera podido sobrevivir en estos años de apertura

económica, lo que hubiese significado una perdida incalculable para nuestra

economía.

Los pasos previos a la integración económica dictaba que la Republica

Dominicana debía iniciar de inmediato, negociaciones para un acuerdo de libre

comercio, de alcance parcial, con el Mercado Común Centroamericano, así

como con CARICOM, es decir, iniciar un proceso de apertura económica con

países que tuviesen un nivel de desarrollo similar al nuestro, pues de esta forma,

se podría ir identificando las ramas de actividades donde teníamos debilidades

para competir y así tomar las medidas correctivas necesarias sin que

tuviésemos que pagar un costo muy elevado. Estos aprestos concluyeron en

1997, cuando se dieron los primeros pasos para negociar un acuerdo de libre

comercio, primero con CARICOM, y posteriormente, con los países

Centroamericanos.

PRIMERA ADMINISTRACION DEL DR. LEONEL FERNANDEZ REYNA (1996 – 2000)

Ningún otro presidente inicio su período gubernamental en condiciones

tan favorables, como las que tuvo el Dr. Leonel Fernández, cuando asumió la

primera magistratura del Estado, el 16 de agosto del 1996. En esa ocasión la

inflación era muy reducida como lo evidencia el hecho de que a ese mes de

agosto el índice de precios al consumidor mostraba un crecimiento anual de tan

sólo un 4.8%. Asimismo, la moneda nacional se encontraba completamente

estable, el crecimiento del PIB fue en ese año de 1996 el más alto que había

registrado el país en los últimos 20 años y los precios del petróleo se

encontraban alrededor de los 21.30 dólares el barril, niveles muy por debajo a

los que habían llegado en los primeros años de la década del 1980 y más

recientemente en el año 1990, cuando superaron los 35.00 dólares, causando

graves trastornos a la economía mundial.

Quizás el único elemento desfavorable para el gobierno del presidente

Fernández era la estrechez presupuestaria con que se había manejado el Dr.

Balaguer, especialmente en lo que se refería al nivel de los gastos corrientes, lo

que no le permitía cubrir una serie de servicios públicos básicos. Es por ello que

al principios del Gobierno se tomó una decisión muy importante que

aparentemente no fue bien sopesada y discutida dentro del equipo económico,

esta fue la iniciativa de someter al Congreso Nacional una reforma tributaria muy

profunda que aparentemente no era necesaria en ese momento para mantener

equilibradas las finanzas públicas, ni tampoco contaba con un mínimo apoyo de

las asociaciones empresariales. Siempre se dijo que esta fue una sugerencia de

la Fundación Economía y Desarrollo, que desde hacía mucho tiempo venía

abogando por esta reforma.

Como elemento central se proponía una reducción significativa de las

tasas arancelarias, con el propósito de abrir más el mercado doméstico a la

competencia internacional, para favorecer a la clase importadora. Esta parte de

la propuesta produciría una disminución del 35.0% de lo que se recaudaba por

esa vía. Además, la Reforma proponía una reducción de las tasas del Impuesto

Sobre la Renta para establecer una tasa única del 10%.

Para compensar estas disminuciones de ingresos fiscales, la Reforma

proponía un aumento del ITEBIS de un 8 a un 12%. Además, de la ampliación

de la base impositiva de este impuesto, mediante la eliminación de varias

exenciones existentes a la fecha y la inclusión de algunos servicios. Se proponía

un aumento sustancial del Impuesto Selectivo al Consumo sobre las bebidas, la

cerveza y los cigarrillos. Recibiendo una oposición tenaz no sólo de diferentes

asociaciones empresariales, sino también, de los partidos políticos de la

oposición, de los sindicatos y del público en general.

Por lo tanto, dicha administración necesitaba otro elemento para poder

sostener un crecimiento tan extraordinario de las importaciones durante esos

años. Este vino dado por el alto endeudamiento externo en que incurrió el sector

privado, incluyendo la banca comercial, especialmente, en la segunda mitad de

ese periodo. Por un lado, el Banco Central dio muestras de que estaba decidido

a mantener la estabilidad de la tasa de cambio y así lo pudo lograr. Esto le

proporcionó confianza a los entes económicos en la moneda nacional. Por otra

parte, las tasas de interés se mantuvieron muy elevadas durante casi todo ese

período, por lo que resultaba mucho más rentable a las empresas y a las

personas, endeudarse en dólares.

En esta coyuntura, los bancos comerciales también decidieron tomar

préstamos en dólares para canalizarlos hacia sus clientes tanto en dólares como

en pesos. Hasta cierto punto, el Banco Central estimuló este endeudamiento

pues en varias ocasiones había fijado topes a la cartera de los bancos en

moneda local, pero no en moneda extranjera, por lo que muchos bancos

obtuvieron recursos externos por encima de los niveles prudenciales, pues así

podían atender las solicitudes de crédito de sus clientes. Este endeudamiento

contribuía muy poco o nada con el aumento de la producción y la productividad.

La política seguida por el Banco Central en este periodo, consistía en

mantener un alto crecimiento de los medios de pago para sostener un aumento

de la demanda y la productividad. Si embargo, cada vez que esa abundancia de

liquidez amenazaba la estabilidad cambiaria, entonces el Banco utilizaba una

serie de instrumentos a su disposición para frenar el exceso de liquidez y así

evitar la desestabilización de la tasa de cambio.

Aunque la política del Banco Central fue efectiva para controlar la

inflación y la depreciación de la moneda, sin embargo, tuvo costos financieros

muy altos para las empresas y para el propio Banco, pues durante esos años las

tasas de interés se mantuvieron bastante elevadas e incluso mostraron una clara

trayectoria oscilante, alternando períodos de alza con períodos de baja, que no

favorecían la programación financiera de las empresas.

Por otra parte, desde que el Dr. Fernández asumió la primera

magistratura del Estado mostró gran interés en que la República Dominicana

abandonara la posición aislacionista que había tenido en el pasado.

Consecuente con esta posición, a principios de 1997 el presidente Fernández

anunció la decisión de iniciar de inmediato negociaciones con CARICOM, con el

propósito de lograr acuerdos de libre comercio antes de que concluyera el año.

Asimismo, informó sobre la disposición de negociar acuerdos similares con los

países centroamericanos tan pronto concluyera las negociaciones con los

primeros.

Por razones diversas, las negociaciones con los miembros de CARICOM

no pudieron avanzar con la celeridad que demandaba el gobierno dominicano,

por lo que se decidió dejarlas en suspenso e iniciar, inmediatamente,

negociaciones con los países centroamericanos. De hecho, en la Cumbre de

Jefes de Estado de Centroamérica celebrada en noviembre del 1997, los

presidentes instruyeron a sus funcionarios para que iniciaran negociaciones

tendientes a la pronta suscripción de un tratado de libre comercio entre

Centroamérica y la República Dominicana.

Finalmente, el 16 de abril del 1998, los Presidentes de los países

Centroamericanos y el presidente Fernández, firmaron un Tratado de Libre

Comercio, que se consideró “histórico” pues se trataba del primer acuerdo de

libre comercio firmado por la República Dominicana. Si embargo, este fue un

acto protocolar que reflejaba la determinación de los Jefes de Estado, ya que

para que este Tratado pudiese entrar en vigencia, se requería completar las

negociaciones de una serie de aspectos vitales, lo que tomó varios meses de

arduas conversaciones.

En la práctica, la culminación de las negociaciones no se pudo lograr

hasta noviembre del 1998, cuando se aprobaron tanto las listas negativas, las

normas de origen, el tratamiento a las zonas francas, así como otros aspectos

igualmente sensitivos. Una vez acordados estos temas, el Tratado entró en

vigencia en octubre del 2001.

A corto y mediano plazo estas negociaciones han favorecido más a

Centroamérica que a la Republica Dominicana, pues los productores del Istmo

estaban mejor preparados para aprovechar estas nuevas oportunidades

comerciales, dada la experiencia que habían acumulado durante los largos años

que tenían operando como área de libre comercio. Así lo demuestra el hecho de

que durante el año 2002, las exportaciones de Centroamérica hasta la República

Dominicana, aumentaron 48.3% millones de dólares, mientras que las nuestras

hacía esa Región tan solo se incrementaron en unos 15.9 millones. De esta

forma, nuestro déficit comercial con el Istmo llegó a los 111.0 millones para ese

año. Dicho acuerdo también sirvieron para evidenciar nuestras debilidades

competitivas.

Una de las consecuencias directas del acuerdo de libre comercio con

Centroamérica, fue la presión que se creó internamente para que se llevara a

cabo una nueva reforma arancelaria, que le permitiera a los productores

nacionales, especialmente a los industriales, poder competir en igualdad de

condiciones con sus homólogos centroamericanos, mediante la reducción de los

impuestos de importación que gravaban a los insumos y a las maquinarias. En

adicción, la disminución de los aranceles siempre se había mantenido dentro de

los sectores importadores, por lo que este sector también se sumó a esos

reclamos, aunque por razones diferentes.

Aunque se avanzó mucho en la discusión de esta delicada pieza

legislativa, la misma no pudo ser aprobada durante el gobierno del presidente

Fernández y fue en el próximo gobierno de Hipólito Mejía, cuando finalmente se

aprobó en diciembre del 2000. De forma que el nuevo arancel estableció una

tasa máxima del 20% para los bienes de consumo, lo que fue un paso muy

importante, pues en el acuerdo de libre comercio posteriormente negociado con

los Estados Unidos, las desgravaciones arancelarias se aplicaron a partir de un

20%, lo que le proporcionará mas tiempo a las industrias nacionales para irse

preparando a enfrentar la fuerte competencia que vendría de esa gran economía

del norte.

Para el proceso de la Capitalización de las Empresas Publicas se aplicó

el modelo seguido por Bolivia y otros países en vías de desarrollo, pues tenía la

característica que el Estado seguiría como propietario de por lo menos un 50%

del capital de las empresas y que el socio privado sólo le correspondía una

participación del 50% restante, como aporte de capital fresco que serviría para el

rescate financiero de las empresas.

Para estos fines el presidente Fernández sometió al Congreso Nacional el

proyecto de Ley General de Reforma de Empresas Públicas, que luego de un

amplio debate, fue aprobada en fecha 24 de junio de 1997. Esta Ley, la 141-97,

sólo se aplicaba a las empresas que integraban la Corporación Dominicana de

Empresas Estatales (CORDE), La Corporación Dominicana de Electricidad

(CDE), El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y los hoteles que conformaban la

Corporación de Fomento de la Industria Hotelera. Por lo tanto, la privatización o

capitalización de cualquier otro patrimonio del Estado no estaba bajo el ámbito

de esta Ley y no podían llevarse a cabo sin la previa autorización del Congreso.

La Ley contemplaba la creación de una Comisión que se encargaría de

todo lo concerniente a su aplicación. Para estos fines se creó la Comisión de

Reforma de la Empresa Publica (CREP), que desde sus inicios dirigió el doctor

Antonio Isa Conde.

En cuanto a las empresas de CORDE, el proceso de capitalización tan

sólo se pudo completar en la Compañía Anónima Tabacalera y la Habanera, que

fueron adjudicadas al consorcio español Cita Caribe, así como Molinos

Dominicanos y del Norte, que fue otorgado al Grupo Maya, con resultados más

satisfactorios. Al final del proceso se llegaron a “reformar” 20 empresas por un

monto superior a los 11,160 millones de pesos, de los cuales el 92.5%

correspondió al sector eléctrico.

POLITICA ECONOMICA EN EL GOBIERNO DE DON HIPOLITO MEJIA DOMINGUEZ (2000 – 2004)

Las primeras medidas tomadas por la administración de Don Hipólito

Mejía Domínguez fue la de establecer un impuesto fijo por galón de combustible.

Esta medida fue complementada con otras relacionadas con el consumo de

hidrocarburos, las cuales tuvieron un impacto inmediato. Ya que las

recaudaciones por concepto del diferencial del petróleo pasaron de un promedio

mensual de 176 millones de pesos, que se habían recaudado en el periodo

enero-agosto, a un promedio mensual de 429 millones para septiembre-

diciembre de ese mismo año. Posteriormente, el Congreso Nacional aprobó, en

noviembre de ese mismo año, la Ley de Hidrocarburos, que eliminó

definitivamente la discrecionalidad en el establecimiento de los precios

domésticos de los combustibles, pues esa ley estableció que en lo adelante se

haría un ajuste semanal de los precios de los hidrocarburos, que se calcularían

sobre la base de la variación de los precios de paridad de importación y

establecía un monto fijo de diferencial por galón para cada tipo de combustible.

La otra acción que tomó el Gobierno en sus primeros meses de gestión,

fue lograr para el 26 de diciembre del 2000, la aprobación de un nuevo arancel

de Aduanas que se venía discutiendo desde hacía muchos años. El nuevo

régimen estableció cinco tasas arancelarias básicas de 0, 3, 8, 14 y 20% para

las importaciones, manteniendo algunas exenciones para rubros agropecuarios

muy sensibles y estratégicos.

A fin de compensar la disminución de la recaudaciones que el nuevo

arancel traería, las Cámaras Legislativas también aprobaron en la misma fecha,

una importante y controversial modificación del Impuesto Sobre la Renta, cuyo

elemento principal fue el establecimiento de un pago 1.5% sobre los ingresos

brutos de las empresas, que funcionaría como anticipo al pago de dicho

impuesto. Esta modificación del Impuesto Sobre la Renta, causo grandes

disgustos en la clase empresarial del país, pues era evidente que en algunos

casos, ciertas empresas no podían tener beneficios, como eran aquellas de

reciente creación que todavía no habían alcanzado el punto de equilibrio o

aquellas que enfrentaban problemas coyunturales.

La reforma fiscal de diciembre del 2000, también aumento de un 8 a un

12%, la tasa del impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y

Servicios (ITIBIS), lo que constituía una pesada carga para los contribuyentes.

Asimismo, estableció nuevas tasas de impuestos selectivos para algunos

vehículos, así como otros bienes de consumo como las bebidas, las cervezas y

los cigarrillos.

Como siempre ha sucedido cada vez que aumentan súbitamente los

precios internacionales del petróleo, el alza ocurrida en el 2000 golpeó de nuevo

en forma severa a la economía de los Estados Unidos, para perjuicio no sólo del

pueblo norteamericano, sino también, de todas las economías que mantienen

una gran interdependencia con esa Nación.

En caso de la República Dominicana nuestras exportaciones al mercado

norteamericano habían mantenido un crecimiento anual promedio superior al 5%

en los últimos cinco años anteriores al 2001. Sin embargo, en el 2001 las

exportaciones totales del país cayeron en 403 millones de dólares, entre ellas,

232 millones de productos provenientes de nuestras zonas francas. Este fue el

segundo gran choque externo que tuvo que enfrentar la economía dominicana,

en apenas dos años, pues además de tener que pagar 634 millones adicionales

por la compra de petróleo, ahora veíamos disminuir nuestros ingreso por

concepto de exportaciones, en mas de 400 millones de dólares.

Para el inicio del Siglo XXI, el turismo se había convertido en la actividad

que más ingresos de divisas proporcionaba a la economía dominicana. Los

ingresos por este concepto habían crecido a una tasa anual promedio superior al

12% en los últimos cinco años, hasta el año 2000. Lo que significaba que, en

promedio, los dominicanos recibíamos todos los años alrededor de 250 millones

de dólares adicionales, los que utilizábamos para poder comprar parte de la

creciente cantidad de bienes que importamos.

El 11 de septiembre del 2001 sucedió un acontecimiento que estremeció

la humanidad, al producirse un ataque terrorista en dos de las principales

ciudades de los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de New York,

donde quedaron completamente destruidas las torres gemelas del Centro de

Comercio Mundial, con la pérdida de vida de miles de ciudadanos indefensos.

Con estos ataques, el terrorismo internacional, no sólo había infligido una

profunda herida a ese país, sino que también, causó un gran daño al turismo

mundial, pues los viajeros se sintieron de pronto inseguros en cualquier parte del

mundo.

En el caso dominicano, en el segundo y tercer trimestre del 2001 se había

producido una contracción de flujo turístico del 5.7 y 5.6% respectivamente. En

el cuarto trimestre la reducción fue de un 22.1%. De esta forma, para el último

trimestre del 2001, es decir, después del 11 de septiembre, los ingresos por

concepto de turismo cayeron a tan sólo 521 millones de dólares, inferiores en

más de 150 millones a lo que habíamos recibido el trimestre anterior, que ya

estaba menguado. Esta situación no se recuperó sino hasta dos años después,

ya que en el 2002, los ingresos fueron incluso más bajos que los que recibimos

dos años antes por esta actividad. Los ingresos de turismo, en lugar de seguir

creciendo al 12% anual como lo venían haciendo en los últimos años, de pronto

comenzaron a reducirse, precisamente en el momento que más se necesitaban

para poder hacer frente al aumento de la factura petrolera.

Para el mes de junio del 2001, el Gobierno había tomado la decisión de

recurrir a los mercados de financieros internacionales para colocar una emisión

e bonos soberanos por la suma de 500 millones de dólares. Esta había sido una

sugerencia de la Fundación Economía y Desarrollo, que también asesoraba el

Gobierno en asuntos económicos.

La colocación finalmente se logró el 20 de septiembre de ese año, tan

solo nueve días después de los acontecimientos terroristas ocurridos en New

York ese mismo mes. Al concluir el 2001 el crecimiento de la economía

dominicana había sido de un 2.7%. Esta tasa aunque muy inferior a las que

había tenido la nación en los últimos seis años, resulto ser 5 veces más altas

que el promedio de los países de la America Latina, que también atravesaban

por una situación difícil. Este resultado se vio favorecido por el influjo de los 500

millones de dólares provenientes de los Bonos Soberanos, especialmente, en el

último trimestre, cuando se acentuó el repunte de las construcciones públicas.

El comportamiento de la actividad económica fue muy cambiante durante

el 2002, pues los recursos provenientes de los Bonos Soberanos determinaron

que así fuese. En los primeros dos trimestres de ese año, el crecimiento de la

economía fue de un 4.3 y 7.6%, respectivamente. Estas altas tasas de

crecimiento se debieron al incremento del gasto publico, que fue financiado con

parte de los recursos de los Bonos Soberanos que se habían depositado en el

Banco Central, en espera de que el Gobierno se los fuera requiriendo. De esta

forma, los gastos de capital se incrementaron en 23.0%, con relacional año

anterior, concentrándose la mayor parte de este gasto, en los primeros ocho

meses del año.

Esta activación de la economía inmediatamente se tradujo en un

incremento de las importaciones, aunque ligeramente, pero como los ingresos

de divisas por concepto de turismo y zonas francas se mantenían deprimidos, el

resultado fue un incremento del déficit en la cuenta corriente de la Balanza de

Pagos, que no pudo ser financiado por ingresos en la cuenta de capital, por lo

que una buena parte de ese déficit tuvo que ser cubierto con el uso de Reservas

Internacionales Brutas, las cuales cayeron de 1,340 millones de dólares a que

habían llegado en diciembre del 2001, como consecuencia de la entrada de los

Bonos Soberanos, a tan sólo 828 millones en diciembre del 2002. Esto significó

una perdida de 512 millones de dólares, suma incluso mayor que el monto de los

Bonos. Esta caída de las reservas a su vez provocó una reducción de la emisión

monetaria, y con ello, del crecimiento de la economía, lo que sucedió en la

segunda parte del año 2002, cuando el crecimiento del PBI se volvió a reducir a

tasas del 2.0 y 2.7%, respectivamente, en los últimos dos trimestres del año.

Por otro lado la banca comercial enfrentaba sus propios problemas.

Debido a crecientes dudas sobre la estabilidad de la moneda nacional, los

clientes estaban cambiando sus depósitos en pesos por depósitos en dólares,

hasta el punto de que estos últimos pasaron de un 30 a un 39% del total,

durante el 2002. Por otra parte, en los últimos meses de ese año, se

incrementaron en la ciudadanía los rumores sobre la solidez de algunos bancos

importantes del sistema y sobre el retiro que se estaba produciendo en sus

depósitos.

Para principio del 2003, el entonces gobernador del Banco Central Frank

Guerrero Prats informo en una reunión a tres miembros de la Junta Monetaria,

que en los últimos meses los depositantes de BANINTER le habían retirado

alrededor de 9,000 millones de pesos, y que por estas razones, el Banco Central

había tenido que salir en auxilio de dicho bando, facilitándole recursos por unos

5,500 millones, en adición al uso de las reservas de Encaje Legal a que tenía

derecho. BANINTER mantenía antes del retiro de esos depósitos, un buen

índice de solvencia y que esta había sido la razón por la cual las autoridades del

Banco Central habían decidido salir en su rescate, sin hacer ruido.

La búsqueda de una satisfactoria se complicaba aún más, debido a que

para esos días el tema cambiario también estaba ocupando la atención de los

miembros de la Junta Monetaria, pues la tasa de cambio se había colocado

alrededor de los 22.0 por dólar, como consecuencia, entre otras cosas, del

aumento que se había producido en la emisión monetaria resultado de los

recursos otorgados a BANINTER. Por lo tanto, el tema cambiario estaba

íntimamente relacionado con la incipiente crisis bancaria, y también, requirió la

realización de numerosas reuniones de las Autoridades Monetarias con agentes

de cambio, empresas remesadotas y bancos comerciales.

Para marzo 2003, ya se había acordado, en principio, la absorción de

BANINTER por parte del Banco del Progreso, sobre la base de un contrato de

venta que contemplaba una auditoria independiente para determinar la

verdadera situación del banco. Cuando la referida auditoria se realizó a

profundidad, se descubrió que la verdadera situación de BANINTER no era la

que reflejaban las informaciones entregadas a la Superintendencia de Bancos.

Esa auditoria realizada por el Banco del Progreso arrojó que BANINTER

escondía en sus informes contables un banco paralelo que era en realidad

mucho mayor que el visible, pues una gran parte de las operaciones de

depósitos y de créditos no se registraban en los libros oficiales del banco.

Frente a esta realidad no prevista en el contrato de venta, el Banco del

Progreso decidió no continuar con la operación, pues incluso, corría el riesgo de

ser arrastrado por un retiro masivo de depósitos. Por esta razón, y ante la

imposibilidad de buscar otra salida a este caso, la Junta Monetaria designó,

finalmente, en el mes de abril, una comisión interventora para que se hiciera

cargo de BANINTER. La situación era tan grave; que se estaba ante la

presencia de malas prácticas contables y de un fraude colosal llevado a cabo en

el banco más del país.

Antes de la crisis, BANINTER se consideraba como el tercer banco más

grande del país, pues sus libros arrojaban activos por unos 26,000 millones de

pesos. Sin embargo, cuando se le sumaba el banco paralelo, que era de unos

55,000 millones, las operaciones totales alcanzaban los 81,000 millones, lo que

lo convertía en la realidad en el banco más grande de la República Dominicana,

incluso algo superior a la suma del segundo y tercer banco del país, es decir del

Banco de Reservas y el Banco Popular.

En una visita oficial realizada a Washington en el 2003, el presidente

Mejía se reunió, con el Señor Eduardo Aninat, quien era Subdirector Gerente del

Fondo Monetario Internacional, al cual se le explicó la nueva situación que se le

había presentado a la República Dominicana y se le dijo que estábamos

considerando la posibilidad de solicitar asistencia del FMI. No se trató de una

solicitud formal, pero si de un primer contacto al mas alto nivel, que poco tiempo

después se formalizó por los canales correspondientes.

Posteriormente, el 14 de junio del 2003 llegó al país una amplia misión del

Fondo para comenzar formalmente las negociaciones. Así se inició un difícil

período de conversaciones que se prolongó por 41 días, pues a medida que

avanzaban las negociaciones se iban presentando nuevos acontecimientos en el

sector financiero, como fueron los problemas surgidos por malas prácticas

contables, préstamos vinculados y otras anomalías tanto en el Banco Mercantil,

como en el Banco Nacional de Crédito (BANCREDITO), los cuales agravaron la

ya difícil situación financiera del país, pues el Banco Central también tuvo que

salir en auxilio de estas dos instituciones.

Mientras se llevaban a cabo las negociaciones con el Fondo Monetario, el

Banco Central tuvo que continuar asistiendo a los tres bancos con problemas, lo

que al final del proceso le representó un enorme costo 109,150 millones de

pesos. El monto de la asistencia financiera a estos tres bancos no precedente en

nuestra historia y superaba en más de tres veces el monto total de la emisión

monetaria del país, antes de la crisis. Representaba alrededor de un 20% del

PBI, con lo que superaba a cualquier otra crisis bancaria del Continente.

Finalmente, el 25 de julio concluyeron las negociaciones, y el 29 de

agosto, el Directorio del FMI aprobó un programa Stand – By de dos años de

duración con un apoyo financiero de aproximadamente 600 millones de dólares.

El programa acordado con el FMI era muy restrictivo, lo que se reflejaba

en una reducción del PBI de un 3.0% en el 2003, y apenas una recuperación de

0.5%, en el 2004. Asimismo, se había proyectado que la inflación en el 2003

sería de un 35.0%, debido al aumento de la tasa de cambio, aunque se

esperaba que fuese inferior al 10% en el siguiente año.

Los subsidios a la electricidad y al GLP llegaron a representar una parte

considerable del gasto público, que fue aumentando en la medida en que la tasa

de cambio siguió subiendo, y por tanto, el costo de importación del petróleo y

sus derivados. Sólo a manera de ejemplo, en el Presupuesto Nacional del 2004

se contemplaron gastos por concepto de estos subsidios por la suma de 6,350

millones de pesos, la cual en la realidad, resultó ser mucho mayor. Estos

subsidios tuvieron que otorgarse para no cargar más el peso del ajuste sobre los

sectores de menores ingresos relativos.

La causa principal de la crisis bancaria fueron las malas prácticas

contables y los fraudes ocurridos en algunos bancos del sistema, así como la

incapacidad de los gobiernos para detectarlos oportunamente. Por tanto, la

verdadera culpa del gobierno del presidente Mejía, había sido el no haber

detectado a tiempo esas irregularidades, no en su manejo presupuestario o en el

gasto excesivo, por lo menos, hasta el 2002.

Otras de las causas por lo cual ocurrió se debe encontrar en la debilidad

institucional de las autoridades, en este caso la incapacidad de la

Superintendencia de Bancos durante los últimos gobiernos para detectar las

irregularidades que estaban cometiendo los bancos. También, en la debilidad de

las auditorias externas que hacen empresas privadas de prestigio, las cuales se

exigen y se pagan, precisamente para tener seguridad de que no se están

cometiendo irregularidades en los procedimientos contables. Además, otra

buena parte se debe al excesivo poder que han logrado concentrar algunos

sectores económicos, lo cual los hace prácticamente invulnerables. El enorme

poder acumulado por determinados grupos empresariales en las últimas

décadas, ha obligado a los políticos a buscar de sus respectivos partidos o sus

tendencias, lo que generalmente ha tenido un alto costo para el Estado, pues

estos apoyos políticos nunca son gratuitos.

Durante los 41 días que duraron las negociaciones con el FMI ocurrieron

algunos acontecimientos como los de BANCREDITO y Banco Mercantil, que

provocaron un aumento del crédito del Banco Central, así como de la colocación

de nuevos certificados de dicha institución. Esto incrementó el déficit

consolidado del Sector Público, lo que obligó a tener que buscar recursos

fiscales adicionales, a los que ya se habían consensuado tanto con la misión del

FMI, como con el sector empresarial. De ahí surgió la idea de gravar al único

sector que se estaba favoreciendo con la crisis, es decir, a los exportadores de

bienes y servicios que se beneficiaban de una tasa de cambio mucho más alta

que la prevaleciente hasta antes de la crisis, lo que les permitía recibir muchos

mas pesos, por la misma cantidad de dólares exportados.

Como consecuencia de ese razonamiento, algunos asesores del

Gobierno propusieron la creación de un impuesto del 5% sobre las

exportaciones, que equivalía a una reducción de la tasa de cambio de la misma

magnitud. La tasa de cambio rondaba en esos momentos alrededor de 35.0

pesos por dólar. El impuesto del 5% equivalía a la reducción de la tasa de

cambio a 33.2 pesos por dólar, la que todavía resultaba sumamente atractiva

para los exportadores. Esto no basto para que dicha medida tuviera la oposición

de la Dirección General de Impuestos Internos, de la Banca Comercial, de los

Senadores y demás Legisladores, los Hoteleros y los dueños de las Zonas

Francas.

Debido a las dificultades que tuvo Unión Fenosa para el cumplimiento de

los acuerdos contractuales: las altas deudas con las empresas generadoras de

energía, esto a su vez, generaba otra dificultad en el suministro de energía a los

consumidores. Todas estas variables se presentaron como el principal obstáculo

para la sostenibilidad financiera del sector eléctrico. La situación se había

deteriorado hasta el punto, de que poco antes del viaje del presidente Mejía a

Madrid, el cual había recibido una honrosa invitación que le hacían los Reyes de

esa Nación para el 13 de septiembre del 2003, la empresa Edenorte tenía serias

dificultades en el suministro de energía a la región norte del país e incluso se

temía que pronto se declararía en bancarrota, dejando sin energía a esa

importante región.

Frente a esta grave situación y a la víspera del viaje a España del

Presidente de la Republica, el Gobierno decidió comprar las acciones que tenía

Unión Fenosa, tanto en Edenorte como en Edesur: por instrucciones del

presidente Mejía, estas negociaciones las llevaron a cabo con la mayor reserva

el Secretario de Finanzas y el Director de la Corporación Dominicana de

Empresas Eléctricas Estatales.

Tan pronto el FMI conoció la noticia de la compra del Edenorte y Edesur,

se produjo una conmoción que tuvo repercusiones sumamente graves para la

continuidad del programa que hacía pocos meses se había acordado con esta

institución. La primera reacción del FMI fue tratar de que el Gobierno revirtiera la

compra. Lamentablemente se había producido un hecho que lo dificultaba, ya

que inmediatamente se llegó a un acuerdo entre el Gobierno y Unión Fenosa,

esta ultima procedió a cancelar el préstamo que le había concedido el BID

tiempo atrás, precisamente para poder completar el monto de la capitalización.

Esta fue una de las razones que el Secretario de Finanzas esgrimió para

sostener que era imposible dar marcha atrás a la operación, pues entre otras

cosas, también se tendría que cancelar el pago realizado al BID, lo que era

prácticamente imposible.

Las repercusiones de esta compra fueron funestas para el Gobierno y

para todo el país. No solo se había suspendido el acuerdo con el FMI, lo que

volvía a traer intranquilidad en el mercado cambiario, sino que además, esta

compra fue interpretada por algunas personas en el exterior, como una señal de

que la República Dominicana quería echar hacia atrás el proceso de

capitalización que se estaba llevando a cabo a escala internacional, el cual lo

habían acordado prácticamente todos los países del mundo, por lo que se había

constituido en uno de los principales objetivos de la política económica trazada

por las grandes potencias mundiales. Por lo tanto, los organismos

internacionales de financiamiento y algunos gobiernos de naciones extranjeras

consideraron que había que enviar un mensaje contundente a esta pequeña isla

del Caribe.

Ya para el 15 de octubre vino al país una misión de expertos

internacionales para que evaluara el impacto que había tenido la compra sobre

las finanzas públicas, el sector eléctrico y la gobernabilidad de la República

Dominicana. En el informe sometido por el Panel de expertos el 25 de noviembre

del 2003, se confirmaba el impacto negativo que la compra había tenido sobre el

monto de la deuda publica bruta del país, la cual había aumentado en unos488.4

millones de dólares, pues además del pago realizado y los compromisos de

pago contraídos, el Gobierno absorbió parte de los pasivos de las compañías

adquiridas.

El Panel también encontró que el precio de compra ascendente a 348.7

millones de dólares, se decidió exclusivamente sobre la base del valor en libro

que no se tomo en consideración el valor presente neto del futuro flujo de caja

de las compañías, tal y como se hizo cuando Unión Fenosa adquirió el 50% de

las acciones de las Edes en el 1999.

Luego de haberse superado el impasse que se creó como consecuencia

de la compra de Edenorte y Edesur, se reanudaron las negociaciones con el BID

en Washington para solicitarle ayuda financiera para poder mitigar los efectos

sociales que tendrían las medidas de ajustes económicos sobre los segmentos

mas empobrecidos del país. De esta forma, el 23 de enero del 2004, el

Directorio Ejecutivo del BID aprobó en una reunión extraordinaria el préstamo de

200 millones.

Este préstamo contemplaba tres componentes. El primero, era asegurar

un contexto macroeconómico consistente con los objetivos del programa con el

FMI. El segundo componente, era asegurar la disponibilidad de financiamiento

para una ejecución oportuna de los programas sociales prioritarios dirigidos

amortiguar el impacto del ajuste fiscal sobre la población, y el tercer

componente, tenía como objetivo evitar que se pudiesen entorpecer las reformas

que había en marcha en los sectores de educación, salud y asistencia social. Un

primer desembolso de ese préstamo por la suma de 150 millones de dólares

ingresó en ese mismo mes de enero y sus efectos fueron sumamente

provechosos.

Tan pronto el FMI hizo de público conocimiento que había llegado a un

acuerdo con el gobierno de la República Dominicana, la tasa de cambio

comenzó a disminuir de 52.0 pesos por dólar a que había llegado en el mes de

enero, hasta 45.0 que promedió en el mes de abril. Las únicas razones que

estaban provocando el alza de la tasa de cambio eran la salida de capitales y la

especulación que estas expectativas creaban en el mercado cambiario.

Esta situación llevó a algunos funcionarios a recomendar al presidente

Mejía la adopción de medidas drásticas contra la especulación cambiaria, tal y

como lo habían tratado de hacer, en situaciones semejantes, primero el

presidente Jorge Blanco y posteriormente el presidente Balaguer, dentro de la

tristemente recordada “Operación Duarte”. Así que se sostuvo una reunión en el

Palacio Nacional, con la presencia de miembros del Gabinete, así como de altos

jefes militares y policiales que sinceramente creían que tenían el poder par

controlar la especulación.

Las reacciones no se hicieron esperar. Inmediatamente la noticia llegó a

los organismos internacionales, se prendieron todas las luces rojas. Por tanto,

no quedo mas remedio de echar hacia atrás dicha decisión. Finalmente, el

presidente Mejía, al igual que Balaguer en su momento, entendió que esa no era

la vía mas expedita par controlar la tasa de cambio y tomó una serie de acciones

que revertía la operación, las que fueron recibidas con satisfacción por el FMI y

otros organismos financieros internacionales, con lo cual ese capitulo de la crisis

económica quedó resuelto, aunque había dejado sus malos sabores en algunos

círculos nacionales y extranjeros.

En la cumbre de Jefes de Estado celebrada en Miami en el año 1994, con

la participación de 34 países, los gobiernos del continente habían expresado el

compromiso de iniciar un proceso que culminara con la conformación de un

área de libre comercio que cubriría desde Alaska hasta la Patagonia. Las

negociaciones formales se iniciaron en 1998, pero no fue hasta el 2002 cuando

se comenzó a negociar los aspectos puntuales referentes al acceso a mercados

que son la médula de cualquier acuerdo de libre comercio. Para ese entonces,

se había acordado, que las negociaciones deberían concluir en enero del 2005 a

fin de que el Acuerdo pudiese entrar en vigencia a finales de ese mismo ano.

Tanto en la Asociación de Industrias como en la Junta Agro empresarial,

las reuniones eran interminables, pues cada sector quería garantizar la mayor

protección posible. Por su parte, el Gobierno utilizó prácticamente la misma

organización que se había creado para negociar con Centroamérica y

CARICOM, quedando por lo tanto, la mayor responsabilidad en la Secretaria de

Estado de Relaciones Exteriores, la cual se mantuvo en permanente consulta

con el sector privado, como era tradición.

Las negociaciones con los Estados Unidos se llevaron a cabo en apenas

tres meses, cuando a Chile, un país mucho más preparado que nosotros le

habían tomado más de dos años. Para estos fines, el presidente Mejía designó

como jefa negociadora a la Secretaria de Industria y Comercio, Sonia Guzmán,

que si bien no tenía experiencia en este tipo de negociaciones se trataba de una

de las mejores funcionarias del Gobierno, quien tenía un fino tacto y además una

gran firmeza de carácter. La Secretaria Guzmán y su equipo negociador hicieron

todo lo que les fue posible, y en términos generales, llevaron a cabo unas

negociaciones satisfactorias, dentro de las circunstancias.

La República Dominicana consintió adherirse al acuerdo negociado por

los centroamericanos, es decir aceptó los textos del acuerdo, pues en la realidad

no tenía muchas otras opciones, pero pudo negociar aspectos puntuales en

materia de liberalización de bienes. Asimismo, negoció una serie de reservas en

las áreas de servicios, inversiones y compras gubernamentales, que fueron

positivas.

En materia arancelaria, que era el punto más importante, la República

Dominicana accedió a liberalizar de manera inmediata un monto inferior al 80%

del comercio, que habían negociado los centroamericanos, cuidándose de

proteger; en el marco de lo posible, aquellos productos más sensibles.

Sin embargo, en materia azucarera los resultados fueron perjudiciales

para nuestro país, pues lo lógico hubiese sido excluir de las negociaciones, todo

lo referente al comercio de azúcar y demás edulcorantes, como el jarabe de

maíz rico en fructosa, pues estos productos estén altamente subsidiados y

protegidos en numerosas naciones desarrolladas, y por tanto, solo a través de

una negociación con carácter mundial, donde también intervengan las naciones

europeas, se puede llegar a un acuerdo satisfactorio y justo para todas las

partes. Esta había sido una posición de consenso que por décadas habían

mantenido incluso los productores y el propio gobierno de los Estado Unidos.

En términos generales, al finalizar el periodo de transición, el cual será de

10 años para los productos industriales y de hasta 20 años para algunos

productos agropecuarios, todo el comercio con los Estados Unidos estará libre

de aranceles. Sin dudas el TLC con los Estados Unidos iniciará una nueva etapa

par el país con grandes retos, oportunidades y amenazas, que requerirían de

grandes transformaciones en le aparato productivo nacional, así como en el

funcionamiento de las instituciones públicas.

La primera revisión del nuevo acuerdo con el FMI estaba programada

para ser realizada sobre la base del cumplimiento de las metas acordadas para

el mes de marzo del 2004, es decir, el trimestre anterior a las elecciones

presidenciales de ese año. El Presidente dio instrucciones de que quería que se

cumpliera con lo acordado, por lo que se sabia que las repercusiones negativas

que tendría el incumplimiento del programa con el FMI.

Sin embargo, para sorpresa de algunos, las metas fiscales no se

cumplieron, especialmente, las referentes al gasto público, que parecía estar

completamente controlado, de acuerdo a lo que explicaban con regularidad el

Director de Presupuesto. La razón, existían unos gastos que correspondían a

desembolsos de prestamos externos que ingresaban al país no en efectivo, sino

a través de importaciones, como eran, por ejemplo, las importaciones de

tuberías que se adquirían para los múltiples acueductos que se estaban

construyendo en esos momentos; equipos para hospitales o para la

construcción; instalaciones de líneas de transmisión de electricidad; equipos

militares, etc.

Estas fueron las razones fundamentales por las cuales el Gobierno no

pudo cumplir con las metas acordadas con el FMI durante el primer semestre del

2004, a pesar de los empeños en lograr esa meta. Por estas razones, se dieron

instrucciones para que se suspendieran de inmediato todas las importaciones

financiadas con prestamos externos hasta tanto del Gobierno pudiese

compensar dichos gastos con nuevos ingresos fiscales.

SEGUNDA ADMINISTRACION DEL DR. LEONEL FERNANDEZ REYNA (2004 – 2008)

INFORME DE LA ECONOMIA DOMINICANA 2005

Durante los años 2003-2004 la economía dominicana estuvo afectada por

los desajustes macroeconómicos derivados de la crisis financiera ocasionada

por la quiebra de 3 bancos privados. La situación económica se deterioró aún

más por la imposibilidad del Estado Dominicano de cumplir con las metas

estipuladas en los 2 acuerdos que el país suscribió con el Fondo Monetario

Internacional, en agosto 2003 y febrero 2004, lo cual se tradujo en pérdida de

confianza y caída pronunciada del valor del peso. Para corregir estas

distorsiones en la economía, las nuevas autoridades del país, negociaron un

nuevo Acuerdo Stand-By con el FMI, el cual tendrá una duración de 2 años

(2005-2006).

No obstante, antes de que el Acuerdo entrase en vigencia, en la segunda

mitad del 2004, se verificó una desaceleración en el ritmo de crecimiento de los

precios internos, asociado a la revaluación experimentada en la tasa de cambio.

Esto como consecuencia de un aumento en la confianza y al mantenimiento de

una estricta política monetaria combinada con importantes ajustes fiscales,

fundamentalmente a partir de agosto de ese mismo año. Para reforzar la senda

de recuperación económica iniciada en el 2004, se ha diseñado un Programa

Monetario y Financiero para el 2005 consistente con el Programa

Macroeconómico definido en el nuevo Acuerdo con el FMI. Este Programa,

contempla un estricto control de los agregados monetarios combinado con una

política fiscal austera, para lograr una meta de inflación notablemente inferior a

los niveles de cierre del 2004.

Con la incipiente recuperación económica de trasfondo, las expectativas

en cuanto al entorno internacional para el año 2005 son de una desaceleración

del ritmo de crecimiento de la economía mundial, de acuerdo a las proyecciones

del Fondo Monetario Internacional. El PIB mundial, basado en esta fuente,

deberá crecer 4.3% en 2005. Varios factores tienen incidencia en esta

desaceleración, entre los que sobresalen las expectativas en torno al precio

internacional del petróleo para el 2005, la debilitada demanda interna en la Zona

Euro y una desaceleración en el consumo doméstico en los Estados Unidos.

Es importante señalar que se espera un precio promedio por barril de

petróleo superior al que prevaleció en el 2004, como resultado de nuevos

recortes en la producción de los miembros de la OPEC. De acuerdo a las más

recientes estimaciones de nuestra canasta, elaboradas por el Departamento

Internacional del Banco Central de la República Dominicana, el costo de la

factura petrolera para el país rondará los US$48 promedio por barril para el

2005. Esto así, porque más de un 70% de la factura petrolera de la República

Dominicana está compuesta por derivados del petróleo y no por crudo. En el

contexto local, para el año 2005, con la implementación y cumplimiento del

nuevo Acuerdo con el FMI, se espera que la economía dominicana afiance el

proceso de recuperación que mostró durante el último trimestre del 2004. En

efecto, se estima un crecimiento económico de 2.5% en términos reales, lo cual

aún por debajo del crecimiento potencial de la economía, incorpora las

restricciones fiscales en materia de gasto público y la reactivación de la

demanda interna por el aumento del consumo y la inversión privada,

fundamentalmente.

Se proyecta, además, que la tasa de inflación a diciembre del 2005 se

coloque en un rango comprendido entre 12-15%. Esta proyección incorpora los

ajustes de las tarifas de energía eléctrica ocasionados por la reducción de los

subsidios, así como ajustes trimestrales a los precios de los combustibles, como

establece la Ley, conforme varíe el IPC.

Como se mencionó anteriormente, en los últimos cinco meses del 2004,

la implementación de la política monetaria junto al aumento de la confianza

permitió contraer la base monetaria y reducir las tasas de interés de los

instrumentos de política del Banco Central, al tiempo que se generaba una

reducción en la tasa de cambio. Para el 2005 se espera que, con la eliminación

del excedente monetario, los movimientos en las tasas de interés estén

asociados a las condiciones prevalecientes en el mercado de dinero,

principalmente, lo cual facilitará el envío de señales sobre la postura de la

política monetaria al mercado por parte del Banco Central.

Por otro lado, la reactivación económica, junto a la entrada en vigencia

del acuerdo multifibras en el 2005, inducirían a una reducción del superávit de

cuenta corriente de ese año. El mantenimiento de una cuenta corriente

superavitaria durante el 2005, crearía las condiciones para que la reactivación

de las importaciones no generen mayores presiones sobre el mercado

cambiario, al tiempo que el Banco Central incrementa sus reservas

internacionales.

En el aspecto fiscal, la meta de déficit de 0.7% del PIB establecida en el

Acuerdo con el FMI, para el sector público no financiero, implica un manejo

austero del gasto público, fundamentalmente en el gasto de capital. Al combinar

el déficit del sector público no financiero de 0.7% del PIB con el déficit cuasi

fiscal de 3.2%, el sector público consolidado refleja un déficit 3.9% del PIB, lo

cual implica un esfuerzo fiscal de más de 3.0% del PIB en un solo año.

En sentido general, el Programa diseñado implica una estrecha

colaboración en los ámbitos fiscal y monetario para asegurar el cumplimiento de

las metas establecidas en el mismo. El cumplimiento de dichas metas será

crucial para poder asegurar el éxito dentro del marco del Acuerdo con el Fondo

Monetario Internacional y para afianzar la recuperación económica que se ha

logrado desde mediados del 2004.

Variable Meta 2005, Inflación 12-15%, Crecimiento PIB 2.5%, Reservas

Internacionales Netas US$350.0 millones, Balance Sector Público No

Financiero, 0.7% del PIB, Cuenta Corriente de Balanza de Pagos 2.2% del PIB.

INFORME DE LA ECONOMIA DOMINICANA 2006

La economía dominicana en los últimos dos años ha estado inmersa en

un proceso de consolidación de la recuperación iniciada a finales del año 2004.

Se ha mantenido una estrecha coordinación de las políticas monetarias y

fiscales, con el objetivo de cumplir con las metas y criterios establecidos en el

Acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este desempeño

de las autoridades permitió la recuperación de la confianza por parte de los

agentes económicos, que se verificó en una aceleración del crecimiento del

Producto Interno Bruto y una inflación de un solo dígito para el año 2005.

En cuanto al entorno internacional, las proyecciones del FMI para el

crecimiento mundial en 2006 se encuentran en torno a un 4.25%, lo que indica

que en términos reales, la economía mundial mantendrá un crecimiento similar

al obtenido en el año 2005. En el Programa se contempla para Estados Unidos,

principal socio comercial de la República Dominicana, un crecimiento real de

aproximadamente 3.25% en 2006.

El petróleo será una variable determinante en este año, tanto en el

comportamiento del producto mundial como de la inflación, es importante para la

efectividad de la política económica darle especial seguimiento al

comportamiento de los precios internacionales de dicho bien. En cuanto al

contexto local, el Programa Monetario para el presente año 2006 tiene como

meta principal mantener la tasa de inflación en un rango comprendido entre 6-

8%, orientado a cumplir con holgura las metas establecidas en el Acuerdo con el

FMI. El diseño del programa se elaboró sobre la base de una estrategia de

política basada en un enfoque de metas monetarias, orientada a controlar los

agregados monetarios con el fin de cumplir el objetivo de inflación establecido

por este Banco Central.

Las proyecciones de crecimiento para la economía dominicana en el año

2006 apuntan a una expansión del Producto Interno Bruto Real. Por el lado de la

demanda, las reducciones observadas en el presente año en la tasa de interés y

en la inflación continuarán generando incentivos para el incremento de la

inversión y del consumo privado. Asimismo, la inversión pública deberá mostrar

un mayor dinamismo en 2006, año en que se celebrarán elecciones

congresionales y municipales. Por el lado de la oferta, sectores como

Comunicaciones, Comercio y Hoteles, Bares y Restaurantes se proyectan como

los sectores que mostrarán un mayor dinamismo en el año próximo.

En 2006, la actividad económica dominicana continuará

desenvolviéndose en el marco del Acuerdo Stand-By con el FMI. El acuerdo,

establecido inicialmente por un período de 28 meses, establece pisos

acumulados para el resultado operacional del SPNF y para las reservas

internacionales netas. Asimismo, establece techos acumulados para la

contratación de deuda externa por el sector público y para los activos internos

netos del Banco Central y mantiene un tope continuo para la acumulación bruta

de atrasos externos del sector público. Para el cierre de 2006 se espera, de

acuerdo al programa que el SPNF registre un superávit cercano a 0% del PIB y

que acumule cero atrasos. A esa misma fecha, las RIN deberán tener un mínimo

de US$650 millones y los activos internos netos del Banco Central no deberán

superar los RD$20,009 millones al concluir el año entrante.

En cuanto a la tasa de inflación para diciembre de 2006 se espera una

tasa en el rango de 6%-8%, consistente con lo establecido en el Acuerdo Stand-

By. Esta proyección tiene entre sus supuestos un incremento del promedio del

precio del petróleo, cualquier efecto que pueda tener la reforma tributaria y las

presiones estacionales sobre el tipo de cambio sobre el Índice de Precios al

Consumidor.

En el sector externo, se ha tomado en cuenta la entrada en vigencia del

Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos representaría

un reto que podría transformarse en desvío de las proyecciones que mantiene el

Banco Central sobre el comportamiento de la Balanza de Pagos para 2006.

En el área fiscal se contempla, en el marco del Acuerdo Stand-By, un

balance para el sector público no financiero (SPNF) equivalente a 0.0% del

Producto Interno Bruto. En 2006, entrarán en funcionamiento las modificaciones

que se le hicieron al código tributario, recientemente promulgadas por la

Presidencia de la República.

Finalmente, es importante señalar que los principales riesgos que afectan

este escenario macroeconómico para el año 2006, son el comportamiento de los

precios internacionales del petróleo, el alza de las tasas de interés a nivel

mundial y su impacto en la economía global. Las autoridades monetarias, sin

embargo, se encuentran confiadas de que la economía se mantendrá operando

en un sendero de estabilidad y que estos riesgos no tendrán mayores efectos

sobre el escenario base.

Variable Meta 2006, Inflación 6-8%, Crecimiento PIB 5.5%, Reservas

Internacionales Netas US$650.0 millones, Balance Sector Público No Financiero

0.0% del PIB, Cuenta Corriente de Balanza de Pagos -3.0% del PIB.

INFORME DE LA ECONOMIA DOMINICANA 2007

Por tercer año consecutivo, la economía dominicana exhibió un

crecimiento sólido al registrar un aumento de 8.5% en el período enero-

diciembre de 2007. En promedio la economía, medida por el Producto Interno

Bruto (PIB) real base 1991, creció 9.5% durante los últimos tres años. Durante el

año recién finalizado casi todos los sectores mostraron un comportamiento

dinámico, sobresaliendo servicios de intermediación financiera (25.6%),

comunicaciones (14.9%), comercio (13.9%); energía y agua (9.7%), transporte

(6.8%), enseñanza (5.7%) y otras actividades de servicios (5.2%). Asimismo, el

sector manufacturero local registró un aumento de 4.8% y los sectores

construcción, hoteles bares y restaurantes y agricultura crecieron 3.2%, 3.7% y

1.2%, respectivamente. En contraste con el comportamiento de estas

actividades, se observaron caídas en los sectores minería (-1.4%) y zonas

francas (-10.0%).

Por el lado del gasto, el consumo privado mostró un incremento de 12.3%

como resultado de una mejora notable en los indicadores del mercado de trabajo

en un entorno de estabilidad cambiaria y moderada inflación.

Otros factores que contribuyeron al dinamismo del consumo privado

fueron el aumento de 31.4% observado en el crédito bancario al sector privado y

la expansión de 22.0% registrada por las importaciones de bienes de consumo

valoradas en dólares. Al cierre de 2007, la inflación alcanzó 8.88%,

manteniéndose en un dígito a pesar de que la economía enfrentó un entorno

internacional desfavorable. Este logro de la inflación de un dígito indica que la

política monetaria del Banco Central se ejecutó con prudencia. Esto se confirma

si se observa que la inflación, excluyendo el impacto de las alzas de precios de

los combustibles, fue de 5.68 por ciento. Es importante señalar que un factor

determinante en el incremento de la inflación en los últimos dos meses del año

fue el choque provocado por la ocurrencia de las tormentas Noel y Olga que

afectaron el sector agrícola.

En cuanto al mercado de trabajo, la Encuesta Nacional de Fuerza de

Trabajo de octubre de 2007 arrojó una tasa de desocupación ampliada de

15.5%, lo que implica una disminución de 0.1 punto porcentual en relación con la

verificada en abril del mismo año y 4.2 puntos porcentuales con respecto a

octubre de 2007. Esto se reflejó en la creación de 392,113 nuevos empleos

desde abril de 2004 a octubre de 2007. Por otro lado, la tasa

de desocupación abierta reflejó una disminución de 0.3 puntos porcentuales al

pasar de 4.6% a 4.3% de abril a octubre 2007.

En el sector externo, el saldo de cuenta corriente de 2007 fue negativo en

US$2,230.8 millones como consecuencia, principalmente, de un incremento en

el déficit de la balanza comercial de bienes. En términos absolutos, las

importaciones totales ascendieron a US$13,817.1 millones, registrando un

aumento de US$1,640.0 millones con respecto a lo observado en el año anterior.

Cabe destacar que el déficit de cuenta corriente refleja en parte, el ajuste en la

valoración de las importaciones nacionales realizado por la Dirección General de

Aduanas, el cual viene registrándose desde octubre del año 2006. Otro factor

que influyó en el comportamiento de las importaciones fue el valor de la factura

petrolera que aumentó en US$479.3 millones durante el 2007.

Por el lado de las exportaciones, incluyendo zonas francas, las de bienes

nacionales crecieron en US$627.0millones en el periodo considerado. Estas

exportaciones fueron impulsadas por el aumento de las mercancías generales

(45.2%) como resultado del incremento de la demanda mundial de níquel. Otro

factor determinante en la expansión de las exportaciones nacionales fue el

crecimiento de los productos menores no tradicionales, los cuales aumentaron

en US$263.8 millones durante 2007. En contraste con este comportamiento, las

exportaciones de zonas francas se redujeron en US$115 millones, lo que implica

una caída de 2.5 por ciento.

En la balanza de servicios, el turismo generó ingresos adicionales por

US$108.7 millones, lo que se corresponde con un aumento de 1.7% en el

número de visitantes y de 3.1% en el gasto promedio de los turistas, en tanto

que la estadía promedio se mantuvo alrededor de 9 noches al igual que el

pasado año. Las remesas familiares, por otro lado, crecieron 10.8%,

representando un 7.4% del PIB y un 89% del total de transferencias registradas

en balanza de pagos.

En el 2007, el país recibió también grandes flujos de capitales externos

como se observa en la cuenta de capital de la balanza de pagos. Según cifras

preliminares, la cuenta de capital y financiera finalizó el año con un balance

positivo de US$2,554.5 millones, superior en US$764.0 millones al registrado en

2006. Se destaca a lo interno de esta cuenta el desempeño de la inversión

extranjera directa la cual registró un nivel sin precedentes de US$1,698.0

millones.

Las operaciones fiscales del Gobierno Central, sobre la base devengada,

correspondientes al período enero - diciembre 2007, arrojaron un balance

superavitario ascendente al monto de RD$1,619.4 millones, lo que contrasta con

el déficit de RD$12,979.0 millones generado durante enero-diciembre 2006. El

balance del Sector Público no Financiero (SPNF) consolidado alcanzó un

superávit de RD$1,450.7 millones. Esto se logró a pesar de que el Gobierno

aumentó el ritmo de gasto público a fines del 2007, para atenuar los efectos

devastadores de las tormentas Noel y Olga, cuyos daños en los diversos

sectores de la economía, según la evaluación de la CEPAL se estiman en unos

RD$14,125.0 millones. En el período en estudio, los ingresos totales del

Gobierno Central, sobre base devengada, aumentaron en 25% con respecto al

mismo período del año 2006, al pasar de RD$188,857.5 millones a

RD$236,011.5 millones. El gasto del Gobierno Central, excluyendo el residual o

discrepancia estadística, ascendió a RD$241,320.6 millones, para un incremento

absoluto de RD$36,138.3 millones y 17.6%, en comparación con igual período

del 2006.

La política monetaria implementada por el Banco Central logró mantener

la inflación en un dígito conforme a lo establecido en el Programa Monetario de

2007. Este objetivo se logró utilizando como instrumento principal las

operaciones de mercado abierto, llevadas a cabo en un entorno internacional

adverso caracterizado por persistentes alzas de los precios internacionales del

petróleo y de los bienes primarios como maíz, sorgo y trigo, entre otros. La

política monetaria del 2007 permitió una expansión de 13.7% en la emisión

monetaria, indicador que funge como variable operativa en el esquema de metas

monetarias. Este crecimiento de la emisión fue consistente con el Acuerdo

Stand-by con el FMI. Durante el año 2007, el sector financiero mantuvo un

comportamiento dinámico en consonancia con la estabilidad macroeconómica

que ha exhibido el país y la mayor confianza en la economía mostrada por los

agentes económicos. Como resultado, los activos y pasivos totales del sector a

diciembre de 2007 registraron incrementos de 13.6% y 14.9%, respectivamente,

con respecto a igual período del año anterior.

Uno de los factores que contribuyó al crecimiento de los activos del

sistema financiero fue la reducción de tasas de interés que se observó en 2007.

Al 31 de diciembre de 2007 las tasas de interés pasivas anuales de la banca

múltiple, las asociaciones de ahorros y préstamos y los bancos de ahorro y

crédito se situaron en 6.64%, 7.31% y 9.38%, respectivamente, disminuyendo en

1.05, 0.67 y 0.79 puntos porcentuales, respectivamente, con relación a

diciembre 2006. Las tasas activas de interés promediaron 15.34%, 13.50% y

29.03%, evidenciándose en la banca múltiple y las asociaciones de ahorros y

préstamos niveles inferiores a los registrados en diciembre 2006, cuando

alcanzaron 16.44% y 16.04%, respectivamente.

En lo que respecta al marco regulatorio que rige el sistema financiero, en

el primer trimestre del año se sometió al Congreso Nacional el Proyecto de

Modificación de la Ley Monetaria y Financiera, cuyos cambios responden

principalmente a la necesidad de continuar adecuando dicha ley a las mejores

prácticas internacionales.

INFORME DE LA ECONOMIA DOMINICANA 2008

El año 2008 se caracterizó por un deterioro progresivo de las condiciones

financieras a nivel internacional desatado por el colapso del mercado inmobiliario

estadounidense, particularmente en las denominadas hipotecas subprime. El

inadecuado análisis de riesgo combinado con la innovación financiera en un

ambiente de creciente desregulación, facilitaron la repercusión de esta crisis

sobre todo el sistema financiero estadounidense y las principales entidades

financieras del mundo. Como consecuencia, se generó una profunda crisis de

liquidez y un limitado acceso al crédito, que han provocado una desaceleración

de la actividad económica a nivel global. Asimismo, los altos precios del

petróleo, alimentos y metales, que prevalecieron durante gran parte del año,

exacerbaron la incertidumbre inherente al manejo de la política económica,

particularmente para economías emergentes como la dominicana.

En este contexto, el Producto Interno Bruto (PIB) de la República

Dominicana, medido en términos reales, experimentó un crecimiento de 5.3%

durante el año 2008. Esta expansión fue el resultado del desempeño de las

actividades económicas: comunicaciones (19.9%); servicios de intermediación

financiera y seguros (13.7%); energía y agua (10.3%); comercio (5.0%); otras

actividades de servicios (4.8%); transporte (4.2%) y hoteles, bares y

restaurantes (3.4%). Por otro lado, actividades como explotación de minas y

canteras (-30.3%), agropecuaria (-3.4%), zonas francas (-1.1%) y construcción

(0.4%) experimentaron disminuciones con respecto al PIB real alcanzado en

2007. Según informaciones preliminares, en el contexto de la región

centroamericana, República Dominicana, ocupa la segunda posición en registrar

el mayor crecimiento económico, solo superado por Panamá (9.2%). El

crecimiento experimentado por la economía dominicana desde la óptica del

gasto, fue explicado principalmente por la demanda interna. El consumo final, se

expandió en 7.1% y la formación bruta de capital creció 9.2 %, ambos resultaron

inferiores al crecimiento registrado en el 2007. Por otro lado, las presiones

inflacionarias en la República Dominicana exhibieron grandes contrastes a lo

largo del 2008. Durante los primeros seis meses del año, la economía

dominicana experimentó fuertes presiones inflacionarias en un entorno

caracterizado por el incremento histórico de los precios del petróleo y de otros

bienes básicos a nivel internacional, así como de un sobrecalentamiento en la

demanda interna tanto pública como privada. En el segundo semestre del año,

sin embargo, la crisis financiera internacional se agudizó, iniciando un proceso

de descenso sostenido y estabilización de los precios del petróleo lo que

eventualmente se tradujo en caídas en la inflación doméstica durante el último

trimestre del año.

Con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica, las

autoridades monetarias adoptaron un conjunto de medidas restrictivas

orientadas a reducir la inflación vía una menor demanda interna. Los efectos de

estas medidas, entre las que se incluyen tres aumentos en la tasa de política

monetaria (overnight), modificaciones importantes en la metodología de cálculo

y en la composición del encaje legal y venta de reservas internacionales,

contribuyeron a que la inflación cerrará en 4.52% en 2008, luego de haber

alcanzado 10.76% durante los primeros nueve meses del año y 8.88% en 2007.

En adición al logro de una baja inflación, el mercado cambiario dominicano se

mantuvo relativamente estable, tal y como se observa en el hecho de que el tipo

de cambio experimentó una depreciación de apenas 3.46%, la segunda menor

depreciación a nivel latinoamericano después de Guatemala.

En el sector externo, la cuenta corriente de la balanza de pagos fue

deficitaria en 2008 en US$4,436.8 millones, monto equivalente a 9.7% del PIB.

Los principales determinantes del resultado deficitario de cuenta corriente fueron

los precios internacionales del petróleo y de los alimentos, ya que

aproximadamente 53.6% del incremento del déficit entre 2007 y 2008 puede ser

explicado por el aumento en el valor de las importaciones de petróleo y de

alimentos. En cuanto a las exportaciones nacionales, éstas se redujeron en

US$231.0 millones (-8.8%) debido principalmente a la caída en US$606.4

millones de las exportaciones de ferroníquel. El mayor déficit de cuenta corriente

fue financiado por la cuenta de capital y financiera, particularmente por los

mayores influjos de inversión extranjera directa, la cual alcanzó un nivel sin

precedentes de US$2,884.7 millones en el periodo considerado.

En el área fiscal se registró un déficit en el Balance del Sector Público no

Financiero (SPNF) de 3.4% del PIB. Este resultado refleja las erogaciones

adicionales en la primera mitad del año por subsidios al gas licuado de petróleo,

al sector eléctrico y a los productos de la canasta básica, debido a las alzas de

los precios internacionales del petróleo y de los alimentos, junto al incremento

del ritmo de gastos para paliar los efectos negativos de los cuatro fenómenos

atmosféricos que afectaron al país durante el 2008.

Por otro lado, el déficit cuasi-fiscal del Banco Central alcanzó 1.3% del

PIB, nivel inferior a lo proyectado en el Programa Monetario para este año. El

sector financiero mantuvo durante 2008 una evolución favorable, aunque con

cierto grado de desaceleración a partir del tercer trimestre del año. El sector

mantuvo su fortaleza y estabilidad sustentada en la estabilidad macroeconómica

exhibida por el país a pesar de las turbulencias del mercado internacional. Los

activos y pasivos totales del sector financiero mostraron un crecimiento de

11.0% y 11.7%, respectivamente, con relación a diciembre de 2007. El

crecimiento de los activos estuvo sustentado por el aumento de la cartera de

préstamos, mientras el aumento de los pasivos fue el resultado de un mayor

financiamiento externo y un incremento en las captaciones del público vía los

valores en circulación. El patrimonio del sistema se incrementó en un 10.1 por

ciento.

La cartera de crédito se mantiene como el renglón de mayor crecimiento y

ponderación dentro de los activos totales del sector al registrar una expansión de

17.7% en 2008. En el caso de los pasivos, el incremento registrado al 31 de

diciembre de 2008 se explica por el aumento de los valores en circulación de

31.4% y de los fondos tomados a préstamos por el sector de RD$4,924.9 en

diciembre de 2007 a RD$16,517.6 millones en diciembre de 2008. A esa fecha,

el patrimonio del sector financiero aumentó en 10.1% lo que consolida la

fortaleza patrimonial observada en los últimos años.