¿Estamos preparados para la Paz?

Comentarios al capítulo VI del libro “Nuestra Guerra sin Nombre”1, titulado Estado,

control territorial paramilitar y orden político en Colombia (Notas para una economía política del paramilitarismo,

1998-2004), de Francisco Gutiérrez, investigador asociado al Instituto de Estudios

Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia, y Mauricio Barón, Antropólogo de la

Universidad Nacional de Colombia.

Por Jorge Ferney Cubides Antolinez

Estudiante Maestría en Historia UPTC 15ª promoción, Cód. 1132752

1 AGUILERA, Mario; GUTIÉRREZ, Francisco; LÓPEZ, Andrés et.al. NUESTRA GUERRA SIN NOMBRE. Instituto de Estudios

Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI, Universidad Nacional de Colombia y Grupo Editorial Norma; Bogotá, D.C., 2006

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¿ESTAMOS PREPARADOS PARA LA PAZ?

El fenómeno paramilitar en Colombia no es nuevo. A lo largo de la historia, y de forma

particular durante el sigo XX, Colombia se configuró como un país de regiones montado

sobre un sistema de guerras y negociaciones permanentes en las que lo político no

siempre se asoció a lo social. El problema de la tierra como marco más o menos común en

casi todas las pugnas territoriales y militares tuvo antecedentes de contrainsurgencia que

no pueden desconocerse. Hablar de las FARC en sus inicios, en la década del 50, podría

sugerir que más que insurgente, la concepción inicial fue contrainsurgente; pero –desde

luego- habría que hablar también de los chulavitas, los pájaros, el MAC, la triple “A”…

todas, formas de autodefensa.

En el caso contemporáneo, el fenómeno se estudia de manera independiente debido a la

autonomía relativa con que se mantienen, a pesar de que también en sus inicios

estuvieran asociados a determinados actores sociales, principalmente ganaderos y mineros

en zonas de colonización.

El texto de Gutiérrez y Barón estudia este fenómeno desde una perspectiva amplia, pero

tomando como referente el caso de Puerto Boyacá, en donde –según advierten- hicieron

un vasto trabajo de campo que incorporó elementos de historia oral como eje central y

que, como resulta obvio, contrastó archivos oficiales (judiciales, especialmente) y notas de

prensa.

Argumentan los autores que el caso de las autodefensas (mal llamadas “paramilitares”)

está ligado universalmente al problema de la provisión de seguridad y su tendencia

privatizadora, y que para el caso colombiano no puede establecerse una diferencia muy

categórica entre estos grupos y los demás movimientos armados ilegales, pues sus formas

de reclutamiento, organización, estructuración y lucha son las mismas. La diferencia entre

unos y otros se da en la medida en que la autodefensa ilegal fue incentivada por leyes que

permitieron en la década de los ochenta la creación legal de grupos de autodefensa que,

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con el tiempo, fueron transitando hacia la ilegalidad debido a las necesidades cada vez

más apremiantes de determinadas zonas geográficas y, correspondientemente, de

determinados sectores económicos y sociales, con carácter local, en donde el alcance de

las Fuerzas Armadas oficiales del Estado no logró ejercer control sobre la insurgencia.

De otra parte, dicen los autores, puede establecerse una diferencia en la concepción

política de grupos de autodefensa y de guerrillas, debido a que los primeros no tenían

intereses de orden partidista, sino que fluctuaban de acuerdo con los intereses propios de

sus protegidos como estrategia de oposición a la opresión de la guerrilla, principalmente

en las regiones periféricas donde la cohabitación con la ilegalidad era prácticamente

obligada2, mientras que las FARC sí estaban comprometidas políticamente con sectores

radicales de izquierda.

Como se planteó al inicio de este ensayo, el fenómeno paramilitar en Colombia no es

nuevo; pero sí resulta nuevo, dentro del esquema de funcionamiento de los grupos

contrainsurgentes latinoamericanos, el hecho de que en nuestro país este fenómeno se

haya asociado al narcotráfico. Un antecedente claro sobre este aspecto es el MAS (Muerte

a Secuestradores), grupo armado que fue creado por el narcotráfico hacia 1981.

Pues bien, efectivamente uno de los factores que influyeron notoriamente en el

surgimiento de los grupos de autodefensas que hoy en día delinquen en nuestro territorio

fue la confluencia de intereses que se dio en torno a la seguridad de terratenientes

ganaderos, narcotraficantes y población civil, componentes que tenían el mismo enemigo

común: la guerrilla. Esto explica de algún modo por qué en sus comienzos el

establecimiento militar participó abiertamente en la conformación de grupos de

autodefensa y, una vez en la ilegalidad, fue aparentemente complaciente con su accionar,

situación sobre la que todavía no existe mucha claridad y que merece estudio aparte.

Sin embargo, en este aspecto de la interacción paramilitarismo-Estado, hay una realidad

que es evidente: por un lado, las autodefensas eran aliadas del Estado en la lucha contra

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la subversión; pero, por el otro, eran enemigas en la lucha contra las drogas “…el Ejército

mantenía una dependencia estratégica de los paramilitares en una guerra prolongada sin

ganador, claro, que se adelantaba en paralelo con la guerra (global) contra el narcotráfico,

en la que los paras eran enemigos”3.

Dentro de dicho panorama, Gutiérrez y Barón establecen una periodización del fenómeno

paramilitar que inicia con la descripción de la situación en Puerto Boyacá, en donde –en

los primeros años de la década del ochenta- el frente cuarto de las FARC había penetrado

con mucha fuerza, desdoblándose luego en dos para dar surgimiento al frente once,

estructuras delictivas que implementaron el secuestro extorsivo como medio de

sostenimiento y que agobiaron de manera cada vez más intensa a la población.

Si bien el Ejército había logrado desplazar en varias oportunidades a la guerrilla, tan

pronto como las tropas se retiraban, la guerrilla retornaba al territorio y retomaba el

control, lo que acabó por solucionarse a través de grupos de autodefensa que fueron

creados inicialmente por la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del

Magdalena Medio (ACDEGAM), con apoyo inicial del MAS. Esta alianza trabajo en tres

frentes claros: la eliminación del apoyo social de las FARC, que era el partido comunista, la

acción armada contra población afecta a las FARC y la creación de una fuerza con poder

de combate que estaba subordinada operacionalmente al Ejército. Esta primera etapa

estuvo esencialmente centrada en la función de seguridad y autodefensa.

En una segunda etapa cronológica, que arranca desde mediados de los ochenta, se

incorpora a la estructura de las autodefensas el problema del narcotráfico, cuya

vinculación se da debido a las grandes inversiones en bienes raíces que personajes como

Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar estaban haciendo en el Magdalena Medio, con

lo que entraron a formar parte de la lista de ganaderos y terratenientes de la región que

había que proteger.

2 Cfr. Gutiérrez, FRANCISCO y Barón, MAURICIO. Op. Cit. pág. 278 3 Op. Cit. pág. 282

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Esta vinculación del narcotráfico tuvo repercusiones en la estructura paramilitar, que se

sintieron principalmente en cinco aspectos: el primero, se produjo un distanciamiento

entre los grupos de autodefensa y sus fundadores y promotores (ganaderos y militares,

principalmente); segundo, se mejoraron sustancialmente las condiciones de financiación y,

con ellas, el armamento y los medios logísticos, así como la instrucción y la formación de

los cuadros; tercero, la desconfianza de los grupos de autodefensa liderados por Ramón

Isaza frente a Pablo Escobar produjeron un rompimiento con los grupos de autodefensa

liderados por Henry Pérez, lo que provocó una primera disputa interna; cuarto, Rodríguez

Gacha empezó a consolidar un poder político sobre las autodefensas, desplazando a sus

fundadores y, obviamente, cambiando la concepción del movimiento, y quinto, la función

de seguridad y la calidad de la misma decayó notablemente en detrimento de los

ganaderos y hacendados, lo que generó también un distanciamiento entre éstos, que

habían sido sus promotores, y los actuales líderes paramilitares.

En una tercera etapa, que abarca los últimos años del ochenta y los primeros del noventa,

algunos líderes paramilitares que estaban viendo minada su base social y que veían ya el

inminente enfrentamiento entre narcos y Estado, decidieron romper vínculos con éstos y

declararse la guerra. También este período marca una pauta de cambio en el

comportamiento del Ejército frente a las autodefensas, a las que, vinculadas al

narcotráfico, empezó a atacar, particularmente en acciones que desarrolló la Brigada XIV,

con sede en Medellín, pero con jurisdicción sobre el territorio de influencia paramilitar.

Todo ello, condujo a un resquebrajamiento de las autodefensas y a una búsqueda de

autonomía que, finalmente, generó rupturas y disputas.

En la cuarta y última etapa de las señaladas por los autores, y que iniciaría a mediados de

los noventa, se logra por fin restablecer una línea de mando que le da unidad nuevamente

a las autodefensas y que podría ubicarse en 1996. Se caracteriza esta etapa por la

interrelación que se estableció con grupos de autodefensa de otras regiones,

particularmente del Urabá, donde estaba Castaño, y por la creación en 1997 de las

Autodefensas Unidas de Colombia “AUC”, proyecto que aparentemente pretendía crear un

ejército con cobertura nacional, pero que fracasó debido a las pugnas internas.

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Frente a este panorama, los autores se plantean las siguientes preguntas: 1. ¿Tiene la

guerra colombiana algún contenido social o es sólo un conflicto entre dos o más ejércitos

más o menos idénticos?, 2. ¿Cómo están relacionadas la criminalidad y la provisión

privada de seguridad?, y 3. ¿Cómo se relacionan los métodos usados para manejar e

implementar violencia organizada con el orden social?

Los análisis de estas respuestas permiten sugerir un panorama que requeriría, desde mi

percepción personal, un estudio más amplio del fenómeno en otras regiones y no sólo éste

de Puerto Boyacá. El caso de Urabá, de Arauca y de otras zonas del Magdalena permitiría

articular mejor las hipótesis de trabajo, sobre todo en torno a los procesos de diálogo que

se iniciaron en 2002 y las diversas etapas que, desde entonces, se han dado en la

desmovilización de las autodefensas, su reinserción y reincorporación a la vida civil y el

actual fenómeno de nacimiento de bandas emergentes conformadas por desmovilizados.

Si bien las conclusiones de Gutiérrez y Barón son importantes y tienen total vigencia, hay

aspectos en los que valdría la pena profundizar, sobre todo cuando se tiene, como ellos lo

advierten, un cúmulo importante de testimonios orales.

Es claro sí que las autodefensas de hoy no responden a su concepción original y que las

técnicas de sostenimiento y financiación se han convertido en criminales. Es decir, que

para la base social de sus zonas de operación, estos grupos son un enemigo más y no la

solución en seguridad y protección frente al enemigo antiguo.

Toda vez que la realidad ha demostrado empíricamente que las FARC tienen un aparato

militar fuerte, pero un inexistente movimiento de masas que las respalde, mientras que

con las autodefensas ocurre precisamente lo contrario, vale la pena que la reflexión se

haga en términos de comprender que el Estado ha tomado el control, si no en todo el

territorio colombiano, sí por lo menos en gran parte de él y casi en la totalidad de las

áreas urbanas, y que se puede hacer más desde la legalidad para que Colombia llegue a

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un gran consenso y pueda alcanzar, ojalá en un término inmediato, un acuerdo de paz

total.

La “santísima trinidad” de las autodefensas, definida por Gutiérrez y Barón, como “el

progreso regional, la protección a la propiedad y el individualismo” son factores posibles

sin lucha armada. Todo depende de una concepción pluralista en la que prime el interés

general del pueblo colombiano para que los procesos de desmovilización que se han

iniciado desde que Uribe Vélez asumió el poder puedan encontrar respuestas en la política

social del Estado, con beneficio común para el país y para sus habitantes.

La pregunta entonces es: ¿estamos preparados para la paz?. El debate está abierto.

-Sogamoso, Boyacá, noviembre 30 de 2006