EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS...a través de un motivo de casación basado en la infracción del...
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CASACION PENAL S.P.No. 359=2010 Página 1 de 32 CERTIFICACION La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil doce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados: R. ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO CALIX H. y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO; dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley, contra la sentencia de fecha veinte de septiembre de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló 1º. CONDENANDO al acusado J. M. R. G., a la pena de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de POSESIÓN DE VEHÍCULO ROBADO en perjuicio de la ... (...). 2º. CONDENANDO al acusado J. M. R. G., a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL; asimismo, DECLARO la responsabilidad civil del condenado J. M. R. G.. 4º. No CONDENO al acusado en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley, el Abogado C. D. P., en su condición de Apoderado Legal del señor J. M. R. G.. SON PARTE: El Abogado C. D. P., Defensor Privado del señor J. M. R., como parte recurrente y la Abogada M. E. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día miércoles treinta de abril de dos mil ocho, el señor L. G. Z., motorista de la ... (...), en compañía de otra persona, conducía el vehículo marca Toyota, camioneta Land Cruiser, Prado, motor número 1KZ-1580068, serie JTEBY25J7O-0054826, color silver, placa PCD-...; cuando transitaba por el bulevar que conduce de Villanueva a la ciudad de San Pedro Sula, a inmediaciones de las bodegas de Keymart, como a las nueve y media de la noche, fue interceptado por cuatro personas que se conducían en un vehículo pick up, Frontier, quienes le atravesaron dicho vehículo y la persona que iba en la paila, los encañonó con un arma de grueso calibre, obligándolo a entregar el vehículo, propiedad de ..., para luego llevarlos hasta la carretera que conduce hacía El Progreso, dejándolos abandonados, a él y a su acompañante, en unas cañeras por la empresa embotelladora Agua Viva, sin el vehículo y sus pertenencias. SEGUNDO: Ese mismo día, el vehículo propiedad de ..., y que le fuera despojado al señor L. G. Z., fue conducido y escondido en la casa de habitación del señor J. M. R. G., sita en la colonia La Unión, pasaje Augusto C. Coello, de ésta ciudad de San Pedro Sula. Personándose, agentes de la Dirección General de Investigación Criminal, a dicho lugar el día dos de mayo de dos mil ocho, como a las
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CASACION PENAL S.P.No. 359=2010
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CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de
Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN
NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho
días del mes de octubre del año dos mil doce, por medio de la
SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados: R. ANTONIO
HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO
CALIX H. y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO; dicta sentencia
conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto
Constitucional e Infracción de Ley, contra la sentencia de
fecha veinte de septiembre de dos mil diez, dictada por el
Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de
Cortés, mediante la cual falló 1º. CONDENANDO al acusado J.
M. R. G., a la pena de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el
delito de POSESIÓN DE VEHÍCULO ROBADO en perjuicio de la ...
(...). 2º. CONDENANDO al acusado J. M. R. G., a las penas
accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL;
asimismo, DECLARO la responsabilidad civil del condenado J.
M. R. G.. 4º. No CONDENO al acusado en costas procesales,
personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el
Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional
e Infracción de Ley, el Abogado C. D. P., en su condición de
Apoderado Legal del señor J. M. R. G.. SON PARTE: El Abogado
C. D. P., Defensor Privado del señor J. M. R., como parte
recurrente y la Abogada M. E. G., en su condición de Fiscal
del Ministerio Público, como parte recurrida. HHEECCHHOOSS PPRROOBBAADDOOSS
PRIMERO: El día miércoles treinta de abril de dos mil ocho,
el señor L. G. Z., motorista de la ... (...), en compañía de
otra persona, conducía el vehículo marca Toyota, camioneta
Land Cruiser, Prado, motor número 1KZ-1580068, serie
JTEBY25J7O-0054826, color silver, placa PCD-...; cuando
transitaba por el bulevar que conduce de Villanueva a la
ciudad de San Pedro Sula, a inmediaciones de las bodegas de
Keymart, como a las nueve y media de la noche, fue
interceptado por cuatro personas que se conducían en un
vehículo pick up, Frontier, quienes le atravesaron dicho
vehículo y la persona que iba en la paila, los encañonó con
un arma de grueso calibre, obligándolo a entregar el
vehículo, propiedad de ..., para luego llevarlos hasta la
carretera que conduce hacía El Progreso, dejándolos
abandonados, a él y a su acompañante, en unas cañeras por la
empresa embotelladora Agua Viva, sin el vehículo y sus
pertenencias. SEGUNDO: Ese mismo día, el vehículo propiedad
de ..., y que le fuera despojado al señor L. G. Z., fue
conducido y escondido en la casa de habitación del señor J.
M. R. G., sita en la colonia La Unión, pasaje Augusto C.
Coello, de ésta ciudad de San Pedro Sula. Personándose,
agentes de la Dirección General de Investigación Criminal, a
dicho lugar el día dos de mayo de dos mil ocho, como a las
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ocho con treinta minutos de la mañana, encontrando cubierto
con una sábana el portón de acceso, obstaculizando la vista
desde afuera de la casa, del vehículo propiedad de .... Una
vez en la vivienda el señor J. M. R. G., los atendió,
procediendo abrir el portón para que pudiera ser retirado por
medio de una grúa de dicho lugar el vehículo, por los agentes
de la policía de investigación, y a la vez le dieron captura
al señor R. G.. CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO I.- El Recurso de Casación por
Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley,
reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede
su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la
procedencia o improcedencia del mismo. II. El recurrente
Abogado C. D. P., Procedió a formalizar su Recurso de
Casación por Infracción de Precepto Constitucional e
Infracción de Ley, de la manera siguiente: ”PRIMER MOTIVO DE
CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. El
Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de
Cortés, en la Sentencia Condenatoria dictada contra el
imputado J. M. R. G., cometió infracción del precepto
constitucional comprendido en el artículo 89, que
literalmente establece:”TODA PERSONA ES INOCENTE MIENTRAS NO
SE HAYA DECLARADO SU RESPONSABILIDAD POR AUTORIDAD
COMPETENTE”. Vicio que lo hizo violentar lineamientos de la
ley constitucional vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE. En el
artículo 361 del Código Procesal Penal, se instituye el vicio
en la Sentencia Definitiva cuando se comete infracción del
precepto constitucional, veamos: EXPLICACIÓN DEL PRIMER
MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL.
El motivo por Infracción de Precepto Constitucional, que
proclamamos es el contentivo a LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, el
cual lo relacionamos con el artículo 2 del Código Procesal
Penal y 89 del propio Texto constitucional, al amparo del
artículo 361 de la ley procesal, en relación al delito de
POSESIÓN DE UN VEHÍCULO ROBADO, por el cual fue condenado mi
representado J. M. R. G., por cuanto el Tribunal de Sentencia
de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de
Cortés, ha formulado un relato fáctico en base a enunciados
donde indica auxiliarse de las reglas de la sana crítica,
contentivas de las máximas de la experiencia y de la lógica,
de los cuales no existe corroboraciones inmediatas de la
prueba evacuada en juicio que hagan verosímil esos
enunciados; en consecuencia se contradicen con la multitud de
extremos fundamentales en relación con su versión de los
hechos, ya que no se encuentran corroboradas por ningún medio
probatorio o indiciario, por lo que, de la prueba practicada
no existe base razonable para dictarse un pronunciamiento de
culpabilidad, conculcándose el principio de presunción de
inocencia. Previamente debemos recordar, que nuestro sistema
casacional no queda limitado al análisis de cuestiones
jurídicas y formales y a la revisión de las pruebas, en
virtud de que el recurso de casación puede interponerse en
todo caso, fundándose en la infracción de un precepto
constitucional, de modo que a través de la invocación del
Artículo 89 de la Constitución de la República de Honduras
(fundamentalmente, en cuanto se refiere al derecho a la
presunción de inocencia), es posible que la Sala de lo Penal
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controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que
se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar
la presunción de inocencia y la razonabilidad de las
inferencias realizadas por el Tribunal de Sentencia. Por ello
a través de un motivo de casación basado en la infracción del
derecho a la presunción de inocencia, se puede cuestionar no
solo el cumplimiento de las garantías legales y
constitucionales de la prueba practicada, sino la declaración
de culpabilidad que un Tribunal de Sentencia haya deducido de
su contenido. Por tanto el acusado J. M. R. G., tiene abierta
una vía que permite a la Sala de lo Penal hacer una la
revisión íntegra, entendida en el sentido de posibilidad de
acceder no solo a las cuestiones jurídicas, sino también a
las fácticas en que se fundamenta la declaración de
culpabilidad, a través del control de la aplicación de las
reglas procesales y de valoración de la prueba. Así pues, que
no solo se debe comprobar que el Tribunal de Sentencia ha
dispuesto de la precisa actividad probatoria para la
afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone
constatar, para determinar sí existió por haberla realizado
con observancia de la legalidad en su obtención y práctica en
el Juicio Oral y Público bajo la vigencia de los principios
de inmediación, oralidad, contradicción, concentración y
publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedeció a
criterios lógicos y razonables que permitan su consideración
de prueba de cargo. Pero no acaba aquí la función casacional
en las impugnaciones referidas a la vulneración del derecho
fundamental a la presunción de inocencia, pues la Sala de lo
Penal puede realizar una función valorativa de la actividad
probatoria, actividad que desarrolla en los aspectos no
comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que
se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la
inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad
probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción
de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia
de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los
elementos del tipo penal, con examen de la denominada
disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de
formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los
principios de inmediación, oralidad, contradicción,
concentración y publicidad. Además, el proceso racional,
expresado en la sentencia, a través del que de la prueba
practicada resulta la acreditación de un hecho y la
participación en el mismo de una persona a la que se imputa
la comisión de un hecho delictivo. En efecto, la valoración
de la prueba una vez considerada como prueba regularmente
obtenida bajo los principios que permiten su consideración
como tal conforme a lo que establece el artículo 336 del
Código Procesal Penal, esto es por su práctica en condiciones
de regularidad y bajo los principios de inmediación,
oralidad, concentración y contradicción, se desarrolla en dos
fases. 1) La percepción sensorial de la prueba. 2) Su
estructura racional1[1]
. La primera está regida por la
1[1] “Control de Logicidad, reglas Lógicas.- Si bien la estimación
valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas de la sentencia son
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inmediación, por la presencia del Tribunal de Sentencia ante
el que se desarrolla la actividad probatoria atento, por
tanto, a lo que en el juicio se ha dicho y al contenido de la
inmediación, la seguridad que transmite la prueba e, incluso,
las reacciones que provoca en el caso de la prueba testifical
su comparecencia y declaración. La segunda aparece como un
proceso interno del juzgador por el que forma su convicción a
través de lo percibido, incorporando a esa percepción los
criterios del sentido común, la experiencia y la lógica que
le llevan a la convicción. En este sentido, la Jurisprudencia
Hondureña ha establecido que: “…Esta Sala De Lo Penal observa
que el control de casación por infracción de precepto
Constitucional, consistente en infracción al derecho de
defensa, debe limitarse a dos aspectos esenciales: a)
Comprobar si las partes han tenido igualdad De oportunidades
procesales para aportar medios de prueba, formular
alegaciones e impugnar resoluciones que le son adversas; b)
Con respecto a la prueba de reproche determinar si esta ha
sido legalmente obtenida e incorporada al juicio; y, b)
Verificar la racionalidad de la motivación de los juicios e
inferencias lógicas alcanzadas por el juzgador…” (Sentencia
de fecha quince de abril de dos mil ocho, recaída en el
recurso de Casación No. 130=2007).-“…Esta Sala de lo penal
estima que efectivamente cuando se alega en casación, la
violación del derecho de Presunción de Inocencia, el control
del recurso debe consistir en: a) Una ponderación o juicio
sobre la prueba, consistente en verificar la existencia de
prueba de cargo legalmente obtenida e incorporada al juicio;
y, b) La verificación de la racionalidad de las inferencias
derivadas de la prueba directa o indirecta, a efecto de
constatar la razonabilidad o arbitrariedad de estas a la luz
de las reglas de la sana crítica…” (Sentencia de fecha doce
de febrero del año dos mil ocho, recaída en el Recurso de
Casación Penal registrada bajo el No. 164-07).-“…Por otra
parte Este Tribunal en reiteradas sentencias ha sentado pauta
de jurisprudencia, en cuanto a la intangibilidad del cuadro
fáctico fijado por el juzgador de instancia. Los hechos
probados se derivan de la valoración de la prueba de
conformidad a las reglas de la sana crítica. Corresponde
únicamente al Tribunal de Casación, determinar el iter lógico
del juzgador…” (Sentencia de fecha veintitrés de agosto de
dos mil seis, recaída en el recurso de Casación No.
1708=2004). Consecuentemente debemos entender que el único
límite a esa función verificadora de la racionalidad lo
constituye la inmediación en la percepción de la actividad
probatoria, (es decir, la percepción sensorial de la prueba
practicada en el juicio oral, en el sentido de lo que la
inatacables en casación, está en cambio sujeto a control el proceso
lógico seguido por el Juez en su razonamiento. El Tribunal de casación
realiza bajo este aspecto un examen sobre la aplicación de las reglas de
la sana crítica en la fundamentación de la sentencia, verificando si en
su fundamentación se han observado las reglas fundamentales de la
lógica, la psicología y la experiencia.” Fernando de la Rúa.-La Casación
Penal. El Recurso De Casación En El Nuevo Código Procesal Penal De La
Nación Editorial LexisNexis. Argentina.- segunda Edición. Páginas 153 y
154.
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prueba dice y que es oído por el Tribunal de Sentencia, y
cómo las circunstancias que rodean su evacuación y
constatación afirman o niegan los hechos incriminatorios),
sin embargo esa limitación no impide que la Sala de lo Penal
se vea limitada para --“Verificar la racionalidad de la
motivación de los juicios e inferencias lógicas alcanzadas
por el juzgador” -- o que es lo mismo, establecer si la
racionalidad de la motivación del Tribunal De Sentencia en
cuanto a la valoración de la prueba, surge de inferencias
lógicas, de las máximas de la experiencia o del sentido
común; en definitiva, corresponde a la Sala de lo Penal, en
cuanto al ámbito del control (en relación a las pruebas)
determinar si la pena impuesta por el Tribunal de Sentencia
al imputado J. M. R. G., se ha alcanzado conforme a los
procedimientos que garantizan un Debido Proceso, o por el
contrario se ha alcanzado mediante la vulneración del derecho
a la presunción de inocencia, siendo este el caso que nos
ocupa, donde se pide un reexamen de la prueba de cargo tenida
en cuenta por los Jueces de Sentencia donde por mayoría
condenan a mi representado, reexamen que deberá hacerse desde
los aspectos, de que, las motivaciones que se le hacen, son
insuficientes, y que la prueba que sirve de pilar para el
fallo condenatorio no fue debidamente razonada y motivada;
todo se pide a la Sala de lo Penal, en garantía de la
efectividad del recurso de casación invocado, mediante el
cual la Sala de lo Penal es garante para verificar la
razonabilidad de la argumentación del Tribunal de Sentencia a
fin de que las conclusiones sean acordes a las máximas de
experiencia, reglas de la lógica y sentido común.
DEMOSTRACIÓN IDÓNEA DEL VICIO DENUNCIADO. En este motivo de
casación, formalizado por vulneración de la presunción
constitucional de inocencia, el recurrente plantea la falta
de racionalidad del juicio de inferencia construido por el
Tribunal de Sentencia por mayoría para condenar a J. M. R.
G., estimando el recurrente que existen alternativas más
favorables respecto a la conclusión de su autoría a la cual
concluyó el Tribunal de Sentencia, ya que esta resolución
judicial se deriva de juicios o razonamientos ilógicos, que
inclusive no pueden encuadrarse dentro de los raciocinios
inherentes a las máximas de la experiencia, que dicen
alcanzar los juzgadores al momento de valorar dichas pruebas
conjuntamente con el resto de pruebas evacuadas en juicio
oral y público para no darle credibilidad a la declaraciones
testificales de la ciudadana R. G. G., esposa del acusado
quien bajo el principio de inmediación declaró “que ese día
estaba sola con mis hijos en la casa y como a las once de la
noche sonaron el portón y miré afuera y miré a una persona
que le pidió que abriera el portón para meter el carro y le
dije que no, y entonces me dijo que si no abría iba a tener
problemas, después abrí el portón y me encerré en la casa, el
hombre metió el carro y se fue; esa persona con anterioridad
vivía en los apartamentos, (G.) dijo que accedió a eso por
miedo, pero no tenemos nada que ver, al día siguiente cuando
mi esposo ( J. M. R.), llegó y me preguntó por el carro le
dije que un muchacho había llegado y que la amenazó si no
dejaba que lo metiera, en ese mismo momento llegó de nuevo el
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muchacho y mi esposo salió a platicar con el después entró a
la casa y dijo que teníamos que tapar el portón y que no
avisáramos a la policía por que íbamos a tener problemas con
ellos, al día siguiente cuando llegó la policía ella no
estaba en la casa porque llevó a uno de sus hijos al seguro
social pues estaba delicado de salud; manifestó que hace
trece años que está casada con el acusado, agregó que aparte
de ellos en ese mismo pasaje vivía ese muchacho refiriéndose
que al depósito de ese carro en su garaje y además hay otras
personas. Allí vive la madre de su esposo la cual tiene 21
años de vivir, que su esposo trabaja en la empresa ultra-
entregas, donde estaba trabajando, cuando llegaron esas
personas en el vehículo, por lo cual, lo vio hasta el día
siguiente en que su esposo regreso a casa pues tenía turno de
noche: manifiesta que la persona que llegó a tocarle el
portón es alto, delgado, trigueño, y lo conoce como J. V., al
que miró en el porch y reconoció porque había vivido en los
cuartos; MANIFIESTA QUE J. LE HABLO EN FORMA AGRESIVA y que
no le comunicó a su esposo de esos hechos por que era muy
tarde y por miedo nadie salió y además no tenía celular ni
teléfono fijo, además el ambiente en el pasaje donde vive es
muy peligroso, ni la policía entra, que actualmente viven en
el mismo pasaje pero en otra casa, NO DENUNCIO ESTOS HECHOS A
LA POLICÍA POR QUE EL MUCHACHO (J. V.), les dijo que si
denunciaban los mataría a todos y que los iban a estar
vigilando. No se van de ese sector por que su esposo dijo que
podían tomar represalias en contra de su mamá que vive en la
casa de al lado, manifiesta G. que su esposo es una persona
excelente y no tiene ningún vicio, el que llevó el vehículo
pasó por la casa después del hecho, manifiesta la testigo que
tienen 21 años de vivir en allí con su esposo, quien no ha
pertenecido a ninguna agrupación ilícita, su esposo es
supervisor de ultra entregas, la persona de nombre J. vivió
en los apartamentos un poco tiempo, el comportamiento de esta
persona era normal y tranquilo, además no observó si esta
persona portaba arma, sintió temor por la forma en que le
habló cuando tocó el portón, los inquilinos para ingresar al
portón lo hacen por el portón grande estos portones pasan
cerrados bajo llave, cuando J. abandonó el apartamento solo
le dijo que iba a dejar el apartamento y le entregó las
llaves, manifestó que el momento de los hechos iba acompañado
de otra persona, y que para esa fecha en que sucedieron los
hechos los apartamentos ya estaban ocupados por otros
inquilinos, que no se realizó ninguna otra diligencia
tendiente a identificar a esta persona es decir a J. V., y
que el día que llegó la policía como no se encontraba en la
casa entre las nueve y diez de la mañana se enteró de la
detención de su esposo por una vecina que encontró en el
Registro Nacional de las Personas”. Declaración anterior que
acreditaba la modalidad de cómo había acontecido los hechos
por ser una de las personas que tuvo contacto directo con el
señor J. V., conteniendo un relato fáctico, jurídico y datos
incuestionablemente acreditados obrantes en las actuaciones y
no contradichos por otros medios de prueba, lo que acredita
que la hoy ciudadana testigo R. G. G., AL MOMENTO EN QUE
FUERON A DEJAR EL CARRO, CEDIÓ IMPULSADA POR UN MIEDO
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INSUPERABLE MISMO QUE FUE EXTENDIBLE A MI REPRESENTADO J. M.
R. G. quien también fue intimidado, tal como lo establece el
artículo 25 del código penal vigente cito: tampoco incurre en
responsabilidad penal 1) quien obra impulsado por fuerza
física irresistible o miedo insuperable, si vemos las
deposiciones de la testigo vemos las frases rendidas:… Dijo
que accedió a eso, por miedo”…… “Y le dije que no, y entonces
me dijo que si abría no iba a tener problemas”,….“Sintió
temor por la forma en que le habló cuando tocó el
portón”,……“y dijo que teníamos que tapar el portón y que no
avisáramos a la policía por que íbamos a tener problemas con
ellos”……NO DENUNCIO ESTOS HECHOS A LA POLICÍA POR QUE EL
MUCHACHO (J. V.), les dijo que si denunciaban los mataría a
todos y que los iban a estar vigilando……Extremos que en la
sentencia dictada por mayoría no fueron tomados en
consideración sino que las narraciones de la deposición y
respectiva valoración transcritas en la misma fueron
mutilados con el propósito de orientar una sentencia
condenatoria, Lo que revelaría, sin lugar a dudas, la
equivocación del Tribunal de Sentencia en la confección de
esa narración condenatoria.-Tal infracción constitucional, en
este caso, sin duda sería grave y evidente. Y por ello, se
contempla en la Ley Procesal y Constitucional, a pesar de
constituir una verdadera excepción en un régimen, como el de
la Casación, en el que se parte de que, en principio, todo lo
relativo a la concreta función de valorar el diferente peso
acreditativo del material probatorio disponible corresponde,
en exclusiva, a los jueces de sentencia. Pero como
anteriormente lo he manifestado, precisamente por esa
excepcionalidad del motivo, la jurisprudencia hondureña,
permite “…Verificar la racionalidad de la motivación de los
juicios e inferencias lógicas alcanzadas por el juzgador…”,
Por ello, para que el vicio se demuestre, tiene que ser de
tal magnitud que evidencie la irracionalidad a la que arriba
el Tribunal de Sentencia en su fallo judicial, en este orden
de ideas, si nos remitimos a la declaración de la testigo R.
G. G., reúne todas las garantías para ser considerado lícito
y válido, fue conteste ante su deposición ante el tribunal de
sentencia, no tuvo signos de decaimiento u falsedad, no tenía
un interés como deponente más que decir la verdad de cómo
habían acontecido los hechos imputados, y las circunstancias
que vivió como víctima de la intimidación; consecuentemente,
el juicio que exponga el Tribunal para desacreditar o no
darle validez a la deposición de la testigo, ha de referirse
a extremos esenciales, que pongan en duda la verdadera
trascendencia del contenido de la narración en sus dichos, es
decir, que cualquiera que sea el pronunciamiento alcanzado
por los jueces de sentencia, debe ser de total certeza, que
equivale a decir, que no sea parcial, dudoso o probable, ni
carente de sustento fáctico y jurídico, ya que no puede
desacreditar dicho testimonio, negarles tal consistencia
probatoria, sin respaldarse en una fundamentación o
motivación sólida y que Además no ha de venir, a su vez,
enfrentada ese razonamiento, a él resultando, de otros medios
de prueba también disponibles por los Juzgadores, que
justificarían que su decisión es errónea, por existir, otra
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solución que no consideró lógicamente en el ejercicio de la
tarea valorativa que le es propia, en consecuencia, se
acreditaría la equivocación evidente, al negarles el mayor
crédito a esta deposición testifical de la ciudadana R. G.
G..( lo subrayado y entre paréntesis es nuestro). De igual
manera depuso la ciudadana S. R. H.:, quien advertida del
falso testimonio manifestó que se ese día estaba durmiendo y
escuchó que sonaban el portón bien fuerte y me levanté, Y
ABRÍ LA PERSIANA, Y MIRE A UN HOMBRE QUE TOCABA EL PORTÓN EN
FORMA AGRESIVA, no escuché lo que conversaron, después
escuche que abriera el portón y le dijo que no, entonces la
amenazó diciéndole que si no abría el portón le pasaría algo
después (G.) ella salió le sacó llave al portón y se volvió a
meter a su casa, entonces ese muchacho metió el carro y se
fue en otro carro, a ese muchacho (J. V.), ya lo había visto
en el pasaje. Manifestó que vive en un apartamento enfrente
de la casa de la vecina (G. G.), dice que la distancia en que
estaba ubicada la persiana de su apartamento está enfrente
dice que el hombre que amenazaba a la señora G. le hablaba
fuerte, describe a la persona como una persona delgada, alta,
trigueña, manifiesta que el ambiente del pasaje es un lugar
peligroso, que tuvo que trasladarse de vivienda por TEMOR, se
le pregunto si ella había denunciado los hechos a la policía
esta manifestó que no lo había hecho por temor a represalias
y se mudó de casa por temor a que la hubiera visto. En
definitiva, no se trata únicamente la declaración a la que se
alude pudieran dar pié, ocasionalmente, a unas conclusiones
probatorias distintas de las alcanzadas por el Tribunal de
instancia, sino de que, en realidad, su fuerza probatoria, no
permite que sean desvirtuados con meros fundamentos ilógicos,
sino que su consistencia probatoria solo puede destruirse con
otros testimonios o documentos análogos o pruebas que
demuestran más allá de la duda razonable su incredibilidad
jurídica, ya que si no es bajo este escenario legal, pueda
que se produzca una argumentación insalvable entre el
contenido de estas pruebas testificales de carácter
fehaciente, y las afirmaciones fácticas y jurídicas a las que
llega la Sentencia condenatoria por mayoría recurrida, de
modo tal que se haga evidente el error de éstas, es decir, -
la irracionalidad de la motivación de los juicios y las
inferencias ilógicas alcanzadas por el juzgador-, que no
pueden apoyarse en otras pruebas, de la misma fuerza
acreditativa, que desvirtúen válidamente la eficacia de las
declaraciones; en este sentido si nos remitimos a la
motivación de la sentencia, que contiene los razonamientos de
los jueces, estos desvirtúan la prueba referida alegando que:
“…en el numeral Quinto de la sentencia, en la valoración de
la prueba, el tribunal por mayoría refiere: “a las
declaraciones antes analizadas, estos juzgadores no le dan
credibilidad alguna, pues han sido depuestas con el ánimo de
favorecer al acusado, cuando al rendir su declaración se
advierte una contradicción entre ellas, en cuando a que la
primera dice que ella salió y le quitó la llave al candado
que tenía el portón, entró de nuevo a su casa, y no volvió a
salir, la testigo R. H., dice que salió dos veces, en la
primera conversó con la persona que metió el carro a la casa
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y la segunda vez que salió le quitó la llave al candado que
tenía el portón y volvió a entrar a su casa. Esta misma
testigo R. H., dice que ella vio todo desde el apartamento
donde vivía, pero nunca salió, pero también dice que desde
esa posición donde estaba logró ver en la parte de abajo del
pasaje que había un carro que apagaba y encendía las luces es
decir hacia cambio de luces, como podía ver lo que pasaba
afuera de su apartamento, sin salir, en cambio la señora G.
Rivera esposa del acusado dice que la persona que ingresó la
camioneta a su casa, llegó acompañado de cuatro personas que
andaban en un carro pequeño, pero este carro la testigo R.
H., no lo vio y estaba según la esposa del imputado
estacionado enfrente de la casa , de todo lo anterior se
colige, como antes se dijo. Que están faltando a la verdad,
que sus declaraciones son con ánimo de exculpar al acusado,
por lo tanto no se les puede dar ningún valor probatorio”.
(lo subrayado es nuestro).Partiendo de este silogismo,
debemos comprender que el Tribunal de Sentencia, acepta la
existencia fáctica y jurídica, de la declaración de la
ciudadana R. G. G. Y S. R. H., las cuales cuestiona en el
sentido de que:1).-ambas deposiciones son tendientes a
favorecer al imputado, valoración subjetiva y argumentativa
insuficiente para determinar un grado de culpabilidad, pues
el hecho de ser la esposa y la vecina en su orden no implica
que exista la tendencia de favorecer al imputado, argumento
inquisitivo que el tribunal se aleja de la imparcialidad de
que todo testigo es hábil para declarar tal como lo refiere
el artículo 226 del Código Procesal Penal. 2) subjetivamente
refiere que la testigo R. H., no pudo observar los hechos por
que nunca salió de su apartamento. 3) Que ambas testigos se
contradicen al manifestar que una vio un carro en el pasaje
haciendo cambio de luces, y la otra vio el carro con cuatro
individuos, concluyendo de todo lo anterior se colige, como
antes se dijo. Que están faltando a la verdad, que sus
declaraciones son con ánimo de exculpar al acusado, por lo
tanto no se les puede dar ningún valor probatorio.”Al
contrastar estas supuestas contradicciones manifestadas por
el tribunal en la sentencia en su sentencia condenatoria por
mayoría, LA DEFENSA ADVIERTE, que las mismas son
inexistentes, en vista que en el acta del debate, no se
advierte contradicción alguna ambas testigos manifiestan y
son coincidentes en la hora que escuchan cuando tocan el
portón, ambas advierten la presencia del individuo sospechoso
que obligó a la esposa de mi representada a introducir el
carro a la casa de habitación, no entiende la defensa de
dónde el tribunal de sentencias por mayoría en su sentencia
argumenta en forma subjetiva que la señora R. G. G., ingresó
dos veces a la casa, y la otra manifiesta que una vez, no
aparece consignado en el acta del debate tales aseveraciones,
no existiendo TALES CONTRADICCIONES por no haber; en lo que
respecta a la declaración de la ciudadana S. R. H., no
advierte la defensa de donde sustenta el argumento el
tribunal de sentencias para decir que “la testigo vio un
carro que estaba haciendo luces al final del pasaje”, cuando
en el acta del debate nunca se es mencionado esos argumentos,
por el contrario manifiesta que había otro carro nada más,
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igual como lo menciona la señora G.; la subjetividad de que
sustenta el fallo condenatorio el tribunal de sentencias no
tiene límites al referir que la testigo S. R. H., no pudo
observar lo que acontecía porque nunca salió de su
apartamento desacreditándola de esa forma, sin embargo OMITE
MALICIOSAMENTE, que la testigo al inicio de su deposición
refiere ABRÍ LA PERSIANA Y MIRE A UN HOMBRE, el adjetivo
calificativo de ABRÍ, demuestra que la testigo tenía
posibilidad de observar con sus sentidos los eventos que
acontecían a su rededor elementos contestes con lo depuesto
por la señora G., al coincidir tanto en la sustancia como los
elementos de prueba aportados en el debate de juicio oral y
público. Tomando en consideración que mi representado NI TAN
SIQUIERA ESTABA EN SU CASA CUANDO ACONTECIERON ESTOS HECHOS
YA QUE QUEDO ACREDITADO EN EL DEBATE DE JUICIO ORAL QUE SE
ENCONTRABA DE TURNO EN LA EMPRESA ULTRA-ENTREGAS.-En el
numeral SEXTO de la valoración de la prueba, el tribunal de
sentencias refiere que mi representado J. M. R. G., en el uso
de defensa material, refirió que el día de los hechos este se
encontraba en su trabajo porque se encontraba de turno y que
el día siguiente que regresó su esposa le manifestó que la
habían amenazado para introducir el vehículo automotor en la
casa, y refirió que un individuo como J. V. había introducido
el vehículo refiere el tribunal que esta tesis exculpatoria
solo ratifica lo que los agentes de investigación refieren
que encontraron el vehículo y que el señor M. les abrió la
puerta y que el momento de llegar al lugar encontraron el
portón de la casa tapado con una sábana para que no se
pudiera ver el vehículo. La temeridad del tribunal para no
dar valor probatorio a este testimonio como defensa material
del señor J. M. R. G., la argumenta bajo lo siguiente:
”argumento al que estos juzgadores por mayoría, no le dan
ninguna credibilidad, pues en el decurso del proceso, no
existió prueba alguna que sustentara esta tesis, sino que por
el contrario nos ha llevado al convencimiento de que fue con
su consentimiento que permitió el ingreso a su casa del
vehículo propiedad de la Asociación Hondureña Productora del
Café que el treinta de abril en horas de la noche se lo
habían despojado al señor L. G. Z., quien lo conducía y que
de la misma forma procedió a colocar la sábana en el portón
de acceso, para obstaculizar desde afuera , la visión del
vehículo, que se encontraba en el interior de su casa. Senda
aseveración que al contrastarla con la prueba aportada, el
tribunal falta a la valoración de la prueba debido a que se
reprodujo las declaraciones de los agentes de investigación
criminal a las cuales el tribunal les da entera credibilidad,
R. F. C. al referir en primera instancia: 1. que si conocían
al señor J. como un sujeto investigado en la comisión de
delitos de robo de vehículos, y que este es un sujeto
peligroso. (Ver acta del debate en la página 5), 2. que al
momento de requerir a mi representado este prestó toda su
colaboración y manifestó que la sábana ubicada en el portón
fue colocada por instrucciones del pandillero J. V., quien
los había amenazado, 3. que la modalidad de las personas que
se dedican a este tipo de delitos es que en su generalidad se
encuentran otras evidencias en las casas sin embargo en la
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casa de mi representado no habían evidencias alguna, ni
tampoco se encontraron las llaves de la camioneta, en ese
mismo orden de ideas rindió su declaración el agente de
investigación K. M., quien manifestó que hicieron una requisa
sobre la casa de habitación y no encontraron ninguna
evidencia vinculada ni con miembros de pandillas, ni otras
evidencias relacionadas con el robo de vehículos, y que esta
familia había sido amenazada en su defensa material J. M. R.
G., refiere que ese día no estaba en su casa que estaba
trabajando en la empresa, extremos acreditados mediante otros
medios de prueba documentales, que tuvo conocimiento de los
hechos hasta el día siguiente, y que el salió de la casa y le
reclamó a J. V., quien al día siguiente lo amenazó ver acta
de debate página tres.-“SALÍ Y LE RECLAME A CARLOS Y ME DIJO
QUE SI SACABA ESE CARRO DE LA CASA MATARÍA A MI ESPOSA E
HIJOS, QUE HIZO USTED DESPUÉS, ME QUEDE ENCERRADO EN LA
CASA”. Estas versiones fueron confirmadas por todos los
testigos NO HABIENDO OTRO MEDIO DE PRUEBA QUE PUEDA
CONTRADECIR O INFERIR OTRO ELEMENTO DE COMO SUCEDIERON LOS
HECHOS, por lo que el tribunal de sentencias violenta los
principios de lógica, sentido común y la reglas de máximas de
la experiencia humana como reglas de la sana crítica, para
llegar a su “CONVICCIÓN”, que aduce llegar si no tiene ningún
medio probatorio durante todo el proceso que demuestre que el
consentimiento del ingreso de ese carro a la casa de mi
representado se hizo con su autorización o la voluntad libre
o si esta estaba viciada tal como quedó evidenciado, por lo
que la subjetividad prevalece en el injusto fallo proferido,
en su sentencia la cual no transcribe los testimonios en
forma íntegra violación en la estructura de la sentencias.
Con el único propósito de condenar a mi representado. Por eso
digo, que la convicción judicial obtenida debe estar a salvo
de la existencia de cualquier duda razonable, y tiene que
basarse en la fuerza inculpatoria que se derive de los
elementos indiciarios; en sí, esta convicción debe estar
asentada sobre un juicio de racionalidad, de tal naturaleza
que no deje hueco para conclusiones de signo diferente, que
asimismo puedan estar firmemente basadas sobre una valoración
acomodada a las reglas del criterio humano. El enlace preciso
y directo que se viene exigiendo para dar viabilidad
probatoria a los elementos indiciarios o presunciones, nos
tendría que llevar a una conclusión firme y sólida que no
admitiese la posibilidad de verificación casacional en virtud
de que la motivación del Tribunal de Sentencia no refleja en
su razonamiento otras alternativas más favorables, derivadas
de una infracción a precepto constitucional. Pues bien,
entrando en el tema planteado, lo insólito de este caso es la
aparición de razonamientos que no tienen soporte probatorio
ni directo o indiciario que en grado de presunción,
establezcan que las deposiciones de las testigos sean FALSAS
bajo los únicas tres suposiciones contradictorias, sin tocar
realmente el hecho en sí de que llegó un hombre de nombre J.
V., y que introdujo el vehículo automotor, en este sentido
más que argumentar inconsistencias nacidas de meras
especulaciones, hipótesis y reflexiones absurdas e
imaginarias, era deber del Tribunal de Sentencia explicar y
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poner de manifiesto el propósito real de las deposiciones
rendidas por los testigos, acreditando el material probatorio
que le permitía razonar lógicamente cuales eran los elementos
objetivos y subjetivos, de donde se deduce la falta de
consistencia inequívoca para acreditar la falsedad de las
deposiciones y el dolo en el actuar del imputado; sin
embargo, los razonamientos expuestos sobre estas inferencias
que arrojan los Jueces de Sentencia en su fallo por mayoría,
solo demuestran, como lo hemos dicho la irracionalidad de la
motivación de los juicios y las inferencias ilógicas
alcanzadas por el juzgador veamos cómo pretenden explicarlas
de la siguiente manera: La valoración de la prueba deberá ser
en su conjunto siendo que el tribunal no puede ni debe tomar
en forma aislada un elemento probatorio para enervar el
estado de inocencia sino es contradicho por otro de igual o
mejor validez, de allí deviene obligado a que la prueba
aportada como ser la testifical se contraponga o desmienta la
tesis de la defensa, véase que depusieron como testigos los
ciudadanos L. G. Z., quien claramente no vincula a mi
representado en los hechos imputados, es más concatenado este
medio de prueba testifical con la prueba documental
consistente en las deposiciones del ciudadano J. R. R. R.,
gerente de la empresa Ultra Entregas, juntamente con la
prueba documental de las guías de movilización del día de los
hechos 30 de abril 2008 demuestran que el joven J. M. R. A.,
se encontraba laborando, no obstante el tribunal de sentencia
tergiversa lo probado por este medio de prueba y lo convierte
en indicio incriminatorio cuando lo que debió haber hecho es
valorarlo a favor de mi representado. Violentando el
principio de la presunción de inocencia. Las declaraciones de
los ciudadanos R. F. C. , K. J. M. G., agentes de
investigación, que obra a los numerales SEGUNDO: TERCERO: en
su valoración, en la sentencia condenatoria el tribunal de
sentencia las mutila la deposición rendida por estos
testigos, siendo advertido por el VOTO PARTICULAR de la
honorable juez, de esto tendremos que decir que existe una
deslealtad para con la justicia por parte de los jueces que
condenaron al joven J. M. R. G., debido a que omitieron poner
en su numerales el contenido total de dichos testimonios y no
tomar partes aisladas en perjuicio de mi representado,
obviaron manifestar que M., prestó toda la colaboración al
momento de realizar el comiso del vehículo, que del contenido
de la deposición del testigo refiere que el acusado les dijo
que el vehiculó lo habían ido a dejar unos pandilleros, QUE
EL DÍA EN QUE FUERON A DEJAR EL VEHÍCULO AUTOMOTOR EL NO SE
ENCONTRABA SI NO SU ESPOSA Y QUE FUERON AMENAZADOS Y QUE UNO
DE LOS HOMBRES RESPONDÍA AL NOMBRE DE J., y que ellos como
agentes de investigación ya estaban investigando al
sospechoso conocido como J., que es un tipo peligroso que se
dedica al robo de vehículos entre otras actividades ilícitas,
lo que acredita la existencia de dicho sospechoso y su
peligrosidad. (Ver voto disidente). así mismo manifiesta que
procedieron a verificar lo manifestado por el acusado
trasladándose a la empresa ULTRA ENTREGAS, extremos que
concatenados con los medios de prueba aportados a folio 40
del expediente de mérito, y a folio 57, sobre la declaración
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testifical del gerente de ultratregas y las guías de
movilización acreditan que lo versado por mi representado J.
M. R. A., en coincidente con las declaraciones de cargo son
favorables siendo verosímil y exculpatorio a favor de mi
representado. -Otro extremo a aportar es que los agentes de
investigación R. F. C. , K. J. M. G., refieren que la zona
donde acontecen los hechos es una zona considerada como
peligrosa por la actividad delincuencial que circundaba dicho
sector, que la policía siempre que realiza operativos en
dicho sector lo hace con gran resguardo policial por el alto
índice de peligrosidad, y si la policía observa esos
elementos, no digamos las personas que por necesidad deben
vivir en dicho sector no quedando otra alternativa de que
sobrellevar esas vicisitudes al no tener los recursos
suficientes para vivir en otro sector. Es así que la defensa
invocó el artículo 25 del código penal vigente en vista que
como CAUSA DE INCULPABILIDAD, se configuran todos los
requisitos fundamentales para su aplicación, al ver el
silogismo TAMPOCO INCURRE EN RESPONSABILIDAD PENAL. 1) quien
obra impulsado por fuerza física irresistible o miedo
insuperable, este último va inherente a lo más íntimo del ser
humano, en indescriptible y no se puede percibir sino a
través de elementos exógenos del comportamiento humano,
deberá ser provocado por un hecho real y existente y un grave
e inminente peligro al bien jurídico personal de la vida o
afectación gravosa, véase la deposición de los testigos,
todos son coincidentes en referir la existencia del individuo
J. V., extremos reforzados por los agentes de investigación
que manifiestan que ya estos tenían los antecedentes de este
como un individuo peligroso, así mismo refieren que la zona
donde dejaron el vehículo automotor es una zona peligrosa
COLONIA LA UNION, ( ver internet colonia la unión una zona
peligrosa). Y sobre todo las declaraciones de la señora R. G.
G. Y SU ESPOSO J. M. R., cito:“Dijo que accedió a eso, por
miedo”……“Y le dije que no, y entonces me dijo que si habría
iba a tener problemas”,……“Sintió temor por la forma en que le
habló cuando tocó el portón”,…….“y dijo que teníamos que
tapar el portón y que no avisáramos a la policía por que
íbamos a tener problemas con ellos”……NO DENUNCIO ESTOS HECHOS
A LA POLICÍA POR QUE EL MUCHACHO (J. V.), les dijo que si
denunciaban los mataría a todos y que los iban a estar
vigilando………De las cuales el Tribunal De Sentencias en su
fallo condenatorio por mayoría guarda silencio. No así en el
voto disidente o particular de la Honorable Juez. E. O. V.
Quien estableció claramente LA AUSENCIA DE DOLO por parte de
mi representado y la ausencia del ánimo de lucro elementos
básicos del delito precitado. Dicho razonamiento sobre la
prueba aludida, dice alcanzarla el Tribunal de Sentencia
aplicando razonamientos inherentes a las máximas de la
experiencia y de la lógica, por lo que, establecemos, que si
es una regla de la sana crítica contentiva de las máximas de
la experiencia es la que aplican, ello quiere decir, que no
es del desconocimiento de los jueces que; “Las llamadas
normas de la experiencia, son aquellas nociones que
corresponden al concepto de cultura común, aprehensibles
espontáneamente por el intelecto como verdades
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indiscutibles…” (…) son ciertas normas de estimación y
valoración inducidas de las realidades prácticas de la vida,
que son fruto de la observación de los hechos que acaecen en
la vida social. (De la Plaza). (…) son juicios generales, no
privativos de la relación jurídica de que se trate, fundados
en la observación de lo que comúnmente acontece y que, como
tales, pueden hacerse en abstracto por cualquier persona sana
de mente y de un nivel medio cultura. (Chiovenda). (…) Son
juicios hipotéticos de contenido general, sacados de la
experiencia; sean luego leyes, tomadas de las Distintas ramas
de la ciencia, o aun simples observaciones de la vida
cotidiana. (Stein). Siendo así, en primer lugar, ¿qué
razonamiento lógico utilizando las máximas de la experiencia,
hace arribar al Tribunal de Sentencia de que LAS DEPOSICIONES
DE LAS TESTIGOS R. G. G., S. R. H. son falsas? y en segundo
lugar, de dónde extraen esas conclusiones que dicen son
contradictorias.? Si contrastamos la sana crítica y las
máximas de la experiencia la pregunta a hacernos es ¿Cuál ES
LA CONDUCTA HUMANA RAZONABLE EXIGIBLE A UNA PERSONA QUE SE
ENCUENTRE EN LA SITUACIÓN QUE UN DELINCUENTE COMO J. V.
INTIMIDE A SU FAMILIA E INTRODUZCA UN VEHÍCULO AUTOMOTOR EN
SU CASA, SOBRE TODO SI LA ZONA DONDE RESIDE TIENE UN ALTO
INCIDE DE VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD? QUE ADEMÁS A FALTA DE
RECURSOS ECONÓMICOS NO PUEDAN IRSE DE DICHO SECTOR Y SU MADRE
RESIDA TAMBIÉN EN ESE SECTOR DESDE HACE 21 AÑOS?.-ESTOY MAS
QUE SEGURO QUE LA CONDUCTA GENERALIZADA DE UN CIUDADANO COMÚN
SERIA LA QUE HIZO MI REPRESENTADO, PUES ANTE LA EVENTUAL E
INMINENTE Y GRAVE PELIGRO A SU VIDA SOBRE TODO EN SU CASA DE
HABITACIÓN EXTENDIBLE LA AMENAZA A SUS HIJOS Y ESPOSA.
CUALQUIER PERSONA HUBIERA HECHO EL MISMO COMPORTAMIENTO. DE
PROTECCIÓN. NO DEBIENDO PENALIZAR ESTA CONDUCTA POR QUE
PRECISAMENTE EL LEGISLADOR LA REFIRIÓ COMO UN CAUSA DE
INCULPABILIDAD DE MIEDO INSUPERABLE. ART 25 CPV. La
experiencia humana y las estadísticas nos demuestran que
solamente una extorsión vía teléfono afecta el ánimo de las
personas cediendo a las pretensiones de los delincuentes, no
digamos que le lleguen a la casa y lo intimiden para realizar
determinado acto, situaciones que sufrió mi representado y su
familia, ante la inseguridad ciudadana que nos abate en
nuestro país. Los Jueces de Sentencia afirman haber extraído
las conclusiones de sentencia condenatoria bajo el
razonamiento que le hacen a estas pruebas: “…el tipo o
elemento objetivo del delito de posesión de vehículo robado,
consisten en la acción de tener a la disposición o haber
adquirido un vehículo automotor de ajena pertenencia que es
el elemento material sobre el que recae dicha acción , este
se encuentra determinado por la existencia del bien jurídico
protegido cual es la propiedad. En el presente caso , se
probó la existencia del bien mueble ajeno propiedad de la
Asociación Hondureña Productores de Café (...), consistente
en un vehículo marca Toyota, camioneta land cruiser, prado,
motor número 1KZ15800068, serie JTEBY25J70-0054826, color
silver placas PCD-..., mismo que el día miércoles treinta de
abril del dos mil ocho como a las nueve y treinta de la noche
le fue despojado al señor L. G. Z. quien era el que conducía
, por cuatro personas que se transportaban en un vehículo
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pick up frontier que andaban fuertemente armados. “El tipo
subjetivo, tendencial o intencional consiste en el
apoderamiento de los bienes muebles de ajena pertenencia. Sin
duda que el dolo y la intención que tenían los acusados al
estar en posesión del vehículo, el cual era de ajena
pertenencia . No es otra cosa que obtener un beneficio de
dicho vehículo automotor. No queda duda pues que la intención
que tenía el acusado al estar en posesión del vehículo de
ajena pertenencia a sabiendas que el mismo era robado, no era
otra de la de obtener un beneficio de cualquier naturaleza,
por lo que el elemento subjetivo del tipo se cumple a
cabalidad”. En lo que respecta a los elementos objetivo y
subjetivo -consistente en el apoderamiento de un bien mueble
vehículo automotor de ajena pertenecía– es necesario acotar
que la Defensa ha pretendido establecer que esa conducta se
encuentra amparada bajo una causa de inculpabilidad
establecida en el artículo 25 numeral 1, referente al miedo
insuperable, del código penal vigente. Que tal circunstancia
de los dos elementos cognoscitivo y volitivo, del dolo,
infiriéndose además que la intencionalidad de mi representado
no era la de cometer la acción delictiva que se le atribuye
ni mucho menos la obtención de algún beneficio o lucro, por
lo cual al valorar la prueba el tribunal tuvo que tomarlo en
su conjunto pues no se advierte el elemento de antijurídica y
la culpabilidad del acusado y por ende la imposición de la
una sanción penal.-Si las máximas de experiencia que dicen
utilizar, son verdades indiscutibles, estas, no pueden
provenir de argumentos sostenidos en la ambigüedad, en la
incertidumbre o irrealidad etc., sino de las pruebas e
indicios, únicas que valoradas en forma conjunta y armónica
(conforme a lo que establece el artículo 336 del Código
Procesal Penal) puede emanar, las nociones que atañen al
correcto entendimiento humano, es decir, a la cultura común,
la lógica y las máximas de la experiencia, todas
aprehensibles espontáneamente por el intelecto como verdades
indiscutibles; en este caso lo podríamos decir, que la
irracionabilidad que utilizan los jueces para motivar su
fallo en el sentido de que existe falsedad de la declaración
y la ausencia de la causa de inculpabilidad invocada, se
limita porque esa conjetura de los jueces de sentencia,
procede de la irracional de las ideas que exhiben en las
explicaciones que le hacen a la prueba referida, aconteciendo
dicho defecto al saber humano en el presente caso, por tres
vías diferentes: 1) Es una mera observación que le conciben a
las supuestas contradicciones de las cuales se deriva su
falta de credibilidad, llegando a establecer argumentos que
nunca se reprodujeron en el debate.-2) Es una reflexión
general sin relación jurídica de lo que contiene las
deposiciones con relación a las demás deposiciones de los
testigos como la prueba documental; la cual no se contradice
sino confirma la tesis de la defensa de como acontecieron los
hechos y; 3) Es un cálculo hipotético, que llega al punto de
convertirse en contradictorio, ya que no solo enuncian la
falsedad de la declaración de las testigos R. G. G. Y S. R.
H., sino que luego le dan validez a las declaraciones DE LOS
CIUDADANOS R. C. Y K. M., J. R. R. R., dándoles entera
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credibilidad a las mismas cuando de la simple lectura de las
mismas se colige que no son contradictorias ni se oponen
entre si acreditando los requisitos de la causa de
inculpabilidad invocada, en consecuencia exponen dos
pensamientos que no pueden convivir mutuamente, por ser uno
falso y otro verdadero, lo que convierte su conclusión en
Confusa y contradictoria, rompiendo con ello, la armonía y
continencia de la Decisión o conclusión asumida sobre la
valoración de los testimonios.-Sobre este extremo supongamos
que podríamos deducir un millón de situaciones y todas sean
similares a las expuestas por el Tribunal de Sentencia, pero
tampoco hacen verdadera la conclusión, únicamente le otorgan
una dudosa probabilidad; estos razonamientos ilógicos tienen
su diferencia fundamental con los razonamientos lógicos,
porque solo a través de estos alcanzamos la certeza2 (siempre
y cuando los datos que contengan las premisas sean ciertas),
mientras que con argumentos ilógicos, expresamos una
probabilidad.-Por eso alegamos que en el presente caso, los
Jueces de Sentencia utilizando una forma lacónica para
sostener sus premisas, concluyen que los testimonios son
falsos y siendo así no acreditan la consistencia
incuestionable de los datos que dicen utilizar para construir
esas premisas; veamos algunas de esas inconsistencias:a)Será
lógico asociar el comportamiento de una persona cuando de su
deposición son debidamente derivados de las pruebas allegadas
al debate, y en base a esto se establezca irresponsablemente
que mi representado tenía en posesión del vehículo de ajena
pertenecía, sin ver el elemento subjetivo del elemento
cognoscitivo o doloso de la acción delictiva; b)Será
suficiente razón lógica, exigirle a una persona denunciar
hechos constitutivos de la comisión de una acción delictiva
cuando en esta hay un aflicción intelectiva que limita y
coarta su voluntad como ser LA AMENAZA A SU INTEGRIDAD FÍSICA
PERSONAL Y DE LOS SUYOS, constituyendo un miedo insuperable
de al cual el tribunal guarda silencio.-c)Bueno, véase si
será lógico justificar el dolo, si durante todo el proceso se
ha demostrado la actividad laboral de mi representado, que al
momento de los hechos se encontraba laborando y que a
consecuencia de ello no se encontraba al momento de la
introducción de ese vehículo en la propiedad. Sino que tiene
conocimiento un día después de los mismos. Y que no denunció
los mismos por temor.-d)Será suficiente razonamiento,
entender que no es lo mismo vivir en la colonia la unión
donde no hay presencia policial que vivir en los lugares
residenciales con cercas perimetrales donde hay seguridad
permanente y que ante un evento como este tener el mismo
comportamiento de la denuncia.-Tales vicios a la lógica
judicial plasmados en la sentencia definitiva recurrida, nos
determina fehacientemente, que dichos datos no otorgan
fundamentos irrebatibles de la existencia de una falta de
credibilidad, sino referencias ilógicas, que infringen el
2“La motivación es una operación lógica fundada en la certeza y el juez
debe observar los principios lógicos supremos o “leyes supremas del
pensamiento” que gobiernan la elaboración de los juicios dan base cierta
para determinar cueles son, necesariamente, verdaderos o falsos”.-
Fernando de la Rúa. Pág. 154.
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precepto constitucional que debe construirse alrededor de la
situación de inocente reconocida al imputado, por lo que, a
ningún juez se le está permitido desplazar la necesaria
valoración jurisdiccional, acerca de la procedencia de la
racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de
la actividad probatoria en que supuestamente fundan su
motivación judicial para llegar a una conclusión; en suma,
vemos que el fallo recurrido adolece de inopia motivacional
porque en puridad, los Jueces han hecho mención genérica de
circunstancias e impedimentos, cimentando ello en una
apariencia de fundamentación que convierte en desproporcional
y arbitrario lo resuelto acerca por el Tribunal de Sentencia
para condenar a mi representado.-Por eso, nos preguntamos,
porqué el Tribunal de Sentencia no hizo uso en la motivación
de su fallo de los aspectos legales establecidos en la ley
penal referentes a las causas de inculpabilidad invocadas en
el artículo 25 numeral 1, que nos hubiera podido permitir en
base a las reglas de las máximas de experiencia, que razones
lógicas y suficientes son las que determinan saber
coherentemente cuando una conducta de una persona responde a
su intención o cuando ese acto es falso; la respuesta es
obvia, fueron meras conjeturas las esgrimidas y esas no son
producto de las máximas de experiencia, ni mucho menos,
pueden catalogarse como indicios o presunciones.-Para
determinar la posible falsedad de los testimonios en sus
supuestas contradicciones, el Tribunal de Sentencia debía no
solo mencionar o figurarse dicha situación irregular, sino
por el contrario analizar la prueba suficiente que demostrara
en grado de certeza su teoría (en el presente caso no existe;
dicho material probatorio), o razonar suficientemente si
existían indicios que en base a las reglas de las máximas de
la experiencia, demostraran más allá de la duda razonable,
cómo, cuándo, dónde y porqué acontecían las supuestas
irregularidades detectadas las cuales no se reflejan ni obran
en acta alguna del debate sino que fueron manipuladas en la
estructura de la sentencia. En el caso que me ocupa, por lo
tanto, podríamos aplicar una evaluación lógica a los
razonamientos expuestos por los Jueces de Sentencia para
desacreditar la prueba de descargo, en el entendido que los
razonamientos -no lógicos- por ellos utilizados, no solo
dependen de la relación premisas-conclusión, como hemos
comentado anteriormente, sino que también podremos constatar
si estos razonamientos nos permiten “…verificar la
racionalidad de la motivación de los juicios e inferencias
lógicas alcanzadas por el juzgador…”; tenemos entonces dos
cualidades diferentes para que un razonamiento lógico sea
válido -evaluación lógica- y -exactitud de las premisas, ya
que resulta evidente que la utilidad de estos procedimientos
de razonamientos lógicos son una herramienta fundamental en
el método científico, por lo que una conclusión alcanzada
mediante un razonamiento lógico puede ser empleada como
premisa para el siguiente, permitiendo así la construcción de
grandes árboles de conocimiento racional. De esta forma se
entienden dos características básicas de la ciencia: 1.si se
demuestra que una premisa es falsa o que es lo mismo ilógica,
todos los razonamientos posteriores son ilógicos, y, 2. Si se
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emplea el razonamiento verdadero o bajo la certeza, los
resultados de las conclusiones alcanzadas son lógicos.-Por
todo lo expuesto más arriba, comprobemos que un razonamiento
es ilógico cuando es contradictorio o no resulte coherente,
por ello, para saber si un razonamiento es razonado
(principio de la recta razón), debemos emplear una validación
lógica y, para saber si es ilógico, debemos comprobar la
veracidad de las premisas, en este orden de ideas, es por
todos conocido que los Tribunales de Sentencia, deben emplear
razonamientos para dictar sentencia, y estos, no siempre son
lógicos, ya que a pesar de que siguen la estructura de un
razonamiento lógico, desarrollan un argumento mediante el
cual consiguen engañar a las personas a las que va dirigido
la conclusión del fallo judicial, pero que al ser tan
evidentes, por utilizar razonamientos absurdos se les puede
denunciar por la vía de casación, por razón del cual se
demostrará en forma idónea, el libertinaje a la lógica
esgrimida en la sentencia recurrida.-Que todos estos
razonamientos y las conclusiones que conjetura, además de
haber obtenido dichos razonamientos por los defectos a la
lógica anteriormente expuestos, también el Tribunal de
Sentencia las obtiene bajo la premisa de que EL IMPUTADO NO
APORTO PRUEBA QUE SUSTENTARA SU TESIS, pero ¿CÓMO? iba a
probar la Defensa estos escenarios, si como lo he afirmado en
el motivo de casación, el mismo Tribunal de Sentencia no solo
MUTILÓ LA CAPACIDAD DE PROBAR TODOS ESTOS EXTREMOS DECISORIOS
EXTRAJO DE LAS DEPOSICIONES LO QUE LE INTERESABA, DESCARTANDO
TODO LO QUE LE BENEFICIABA A MI REPRESENTADO, A PESAR QUE
TODAS LAS DECLARACIONES NO LE SON AFECTABLES A MI
REPRESENTADO sino que del mismo modo (el principio de
inoponibilidad en el recurso de casación es que me permito
explicar), solo expresa que se les ha infringido el Derecho
Constitucional De La Presunción de inocencia, ya que no sido
tratado con dignidad, ni mucho menos se le ha respetado su
derecho a ser considerado inocente.-RECLAMACIONES HECHAS PARA
SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da
fundamento a la Infracción de Precepto Constitucional
expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto
mismo de la Sentencia, y por tanto, por su naturaleza no era
posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que
la interposición del presente Recurso. ALCANCE DE LA PETICION
DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la
Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido,
declarar HA LUGAR el Motivo de Casación por Infracción de
Precepto Constitucional, SE ANULE la Sentencia recurrida y se
dicte sentencia absolutoria.” III. EL RECURRENTE DESARROLLO
SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY DE LA MANERA
SIGUIENTE:”MOTIVO DE CASACIÓN: Violación De La Ley Penal por
APLICACIÓN INDEBIDA del artículo 218-D, del Código Penal
Vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 párrafo primero
del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: De
conformidad al análisis y estudio minucioso del caso que nos
ocupa y al abocarnos al contexto de la fundamentación
Jurídica de la sentencia recurrida y estando obligados a
respetar por disposición legal la santidad e integridad de la
sentencia, encontramos que el Tribunal de Sentencia de San
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Pedro Sula, departamento de Cortes, califica jurídicamente
los Hechos Probados y fundamentación jurídica de la siguiente
manera: Hechos Probados.-“…SEGUNDO: Ese mismo día el vehículo
propiedad de ..., y que le fuera despojado al señor L. G. Z.,
fue conducido y escondido en la casa de habitación del señor
J. M. R. G., cita en la colonia La Unión, pasaje Augusto C.
Coello de esta ciudad de San Pedro Sula. Personándose agentes
de la Dirección General de Investigación Criminal, a dicho
lugar el día dos de mayo del dos mil ocho, como a las ocho
con treinta minutos de la mañana, encontrándose cubierto con
una sábana el portón de acceso, obstaculizando la vista desde
afuera de la casa, del vehículo propiedad de .... Una vez en
la vivienda del señor J. M. R. G. los atendió procediendo a
abrir el portón para que pudiera ser retirado por medio de
una grúa de dicho lugar el vehículo, por los agentes de la
policía de investigación, y a la vez le dieron captura al
señor R. G.…”. Fundamentación Jurídica.“…CUARTO: Una vez
determinado que el acusado es responsable penalmente a título
de autor, de un delito de POSESIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, al
tenor de lo que disponen los artículos 217, 218 y 218 D, del
Código penal, la pena que se deberá imponer al mismo será de
NUEVE A DOCE AÑOS de reclusión, pena que debe ser
individualizada tomando en cuenta las circunstancias que
pueda concurrir de acuerdo a lo establecido por el artículo
69 del Código penal como más adelante se dirá. SEXTO: En
consecuencia estos juzgadores, concluyen que en el presente
caso, se estima que la pena a imponer al acusado debe estar
comprendida dentro del término mínimo y medio de la pena
abstracta establecida para el tipo penal aludido, POSESIÓN DE
VEHÍCULO ROBADO, en relación al Artículo 218 D, del Código
penal. Para estos juzgadores el acusado J. M. R. G., por no
tener antecedentes penales y considerado con un grado mínimo
de peligrosidad, la pena a imponérsele debe ser de la mínima
de la pena abstracta considerada para el delito en mención;
pena que de acuerdo al Artículo 218 D del Código Penal,
oscila entre los NUEVE A DOCE AÑOS de reclusión. En
consecuencia a criterio de estos juzgadores debe imponérsele
la pena de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSIÓN....”. Tal como puede
inferirse el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, condena
a mi representado a la pena de NUEVE AÑOS DE RECLUSIÓN,
fijando el tipo penal o figura penal como POSESIÓN DE
VEHÍCULO ROBADO, calificación que reprochamos, no solo porque
el legislador no califica esta figura penal como POSESIÓN,
sino porque la doctrina más relevante, la cual fue acogida
por el legislador en el tipo penal al cual nos referimos (
Artículo 218 -D del Código Penal ) la denomina como
RECEPTACIÓN DE VEHÍCULO DE PROCEDENCIA DOLOSA, O QUE ES LO
MISMO RECEPTACIÓN DE VEHÍCULO DE PROCEDENCIA ROBADA, HURTADA
O ABANDONADA, EN ESTE ULTIMO CASO LA DOCTRINA LA DENOMINARÍA
COMO DE PROCEDENCIA SOSPECHOSA; por lo que, es incorrecto,
calificar los hechos imputables como POSESIÓN en los términos
que se pronuncian los Jueces de Sentencia, ya que la POSESIÓN
debe implicar un APODERAMIENTO y no una simple tenencia; y es
que la calificación de posesión, que califica el Tribunal De
Sentencia, tiene que ir aparejada a un ánimo doloso de
ocupación del domino de la cosa robada, hurtada o abandonada
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y no a un simple ocultamiento; en pocas palabras, al
establecerse en este delito la conducta “… quien oculte o por
cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue
robado, hurtado o abandonado…” significa que la conducta
desplegada por el hechor de ocultar el vehículo robado debe
configurar un ánimo de ocupación del dominio de la cosa
robada; a esta interpretación se allega, cuando se analiza el
tipo penal que nos ocupa, en vista que si el legislador, hace
uso de la vocal “o” , este vocablo, no infiere una
diferencia, separación o distanciamiento de dos conductas
humanas, sino, por el contrario, significa equivalencia o
copulación de dos conductas humanas, donde el legislador la
emplea para explicar que el ocultamiento incumbe que la
conducta humana desplegada tiene que ir dirigida a la
ocupación o receptación de una cosa mediante un convenio con
el ladrón del vehículo para despojar del dominio a su
propietario, es decir, una transacción dolosa con el ánimo
del receptor de obtener el dominio de la cosa robada y no un
simple ocultamiento como en el caso de marras.-En estos
términos se pronuncia el legislador, ya que al darse lectura
al artículo 218- D del Código Penal, se observa sin mayor
esfuerzo alguno, que la conducta que severamente castiga el
Estado de Honduras, tiene que construirse desde la
perspectiva subjetiva y objetiva del tipo penal “ como un
acto donde se transfiera o adquiera un vehículo que fue
robado, hurtado o abandonado”, consecuentemente, la
ocultación, a la cual se refiere el legislador en el Artículo
218- D del Código Penal, no debe radicarse o interpretarse,
como aquella, donde simplemente el imputado guarda o esconde
una cosa robada, sino que la ocultación debe implicar un
animus de transacción dolosa de despojar del dominio a su
verdadero tenedor o propietario, ya que cuando la transacción
haya sido realizada de buena fe no constituye delito.-Solo
véase Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, que a la
sentencia recurrida se le denuncia, de aplicación indebida,
ya que, no se establece en los hechos probados de la
sentencia recurrida, ningún razonamiento que explique alguna
circunstancia, prueba o indicio (por lo menos se haga patente
en grado de presunción a dolo directo o indirecto) que mi
representado, haya guardado u ocultado a sabiendas en su casa
de habitación un vehículo robado, y que lo haya hecho, con el
ánimo de apoderarse del mismo o que es lo mismo, los Jueces
de Sentencia, no indican en la sentencia recurrida elementos
objetivos y subjetivos del tipo penal ( sin predeterminar el
fallo), que sirvan para configurar la existencia del tipo
penal sancionado, por ejemplo; no se refieren en nada, a si
hubo algún tipo de transacción, donde se fijara algún precio
por el objeto robado, o si el imputado era una persona asidua
a comprar cosas robadas, o si sabía plenamente que el
vehículo era robado, ya que estos extremos hubieran servido
para establecer por lo menos por la vía de presunción, la
existencia del delito sancionado en el Artículo 218- D del
Código Penal; y es que, cuando el legislador se refiere a
algún tipo de transacción, implica que el imputado tiene que
tener orientada su conducta delictiva para ocultar con ánimo
de lucro alguna cosa robada, hurtada o abandonada, y que ese
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ánimo o capacidad de disfrutar de ese bien, se dirija a
despojar dolosamente a su legítimo propietario del dominio
del mismo; por lo que, si analizamos los hechos probados de
la sentencia recurrida, los Jueces de Sentencia indebidamente
pretenden equiparar la simple ocultación de un efecto o
instrumento del delito a un apoderamiento o receptación de
vehículo robado o como ellos le llaman “posesión” ( termino
inapropiado) sancionado en el Artículo 218-D del Código
Penal; aplicación que consideramos indebida, en vista que se
viola la ley de forma directa, al aplicar una norma diferente
a los hechos probados planteados en la sentencia o como lo
afirma la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en
su jurisprudencia: “…CUANDO SE ALEGA COMO VICIO DE LA
SENTENCIA “APLICACIÓN INDEBIDA”, ESTA SALA PENAL HA
ESTABLECIDO “QUE ESTA SE ORIGINA CUANDO EL JUZGADOR, EN EL
MOMENTO DE APLICAR LA LEY, APLICA UNA PROPOSICIÓN JURÍDICA
QUE NO CORRESPONDE A LA SITUACIÓN FÁCTICA QUE SE HA
PLANTEADO…” sentencia de fecha 12/2/2008, recaída en el
Recurso de Casación Penal N.190=2007- “…ESTE TRIBUNAL,
haciendo un análisis del motivo en esta forma de infracción,
al confrontar este con los hechos declarados probados de la
sentencia, ENCUENTRA QUE NO SE PRODUCE UNA ARMONÍA ENTRE ESOS
HECHOS DECLARADOS PROBADOS Y EL TIPO PENAL APLICADO,
SURGIENDO COMO CONSECUENCIA UNA DISCORDANCIA ENTRE EL HECHO
OCURRIDO Y LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL MISMO…” (Sentencia
del cinco de agosto de dos mil tres, recaída en el recurso de
casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma
número 2989=02). En otras palabras, si se aplica una norma
diferente a los hechos probados se comete además de la
infracción de ley citada, una grave transgresión al principio
de legalidad, ya que los Jueces de Sentencia infringen lo
establecido en el Artículo 11 del Código Penal, donde
establece que: “ Las autoridades judiciales no podrán crear
ningún tipo de figuras delictivas” como acontece en el caso
que nos ocupa, donde un simple ocultamiento de una cosa
robada, se le pretende imponer una norma penal muy diferente
a la así consignada en los hechos probados.-Es cierto que mi
representado tenía guardado el vehículo, también no es menos
cierto que el vehículo era robado, pero no es menos cierto,
que los jueces de sentencia aplican indebidamente una norma
penal que no tiene ninguna aplicación a los hechos estimados
como probados, por el contrario en la forma en que los
construyen en los hechos probados pareciera que los Jueces de
Sentencia los subsumen en una conducta menos agravada como lo
es el delito de encubrimiento, sancionado en el Artículo 388
numeral tercero del Código Penal, dado que si bien es cierto,
el objeto o cuerpo del delito se trataba de un vehículo, este
a su vez, también es un instrumento o efecto del delito, y en
vista de que los elementos objetivos y subjetivos del
artículo 218-D no corresponden a los hechos Probados no se
puede subsumir un ocultamiento, a una receptación de cosa
robada ya que como hemos reiterado la receptación implica el
actuar doloso de las personas con ánimo de lucro.-El voto
disidente interpreta correctamente el Artículo 218-D del
Código Penal, por lo que a continuación citamos los
argumentos que utilizó el juez para dictar sentencia
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absolutoria a favor de nuestro patrocinado:“…PRIMERO: En el
caso que uno de los jueces no esté de acuerdo con la decisión
adoptada por los restantes miembros del Tribunal, después de
la deliberación, en la Sentencia podrá emitir su “ voto
particular disidente” así lo señala el artículo 338 numeral 7
del Código Procesal Penal, en cuanto a los requisitos de la
sentencia se refiere. SEGUNDO: Agotada la prueba propuesta
por las partes y al analizarla de forma conjunta he llegado a
la convicción sobre lo siguiente: El Ministerio Público acusó
al señor J. M. R. G. de un delito de POSESIÓN DE VEHÍCULO
ROBADO basándose en que durante la diligencia de allanamiento
realizada en la casa de habitación del acusado, ubicada en la
Colonia La Unión, de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés,
fue encontrada la camioneta de lujo, color silver, marca
Toyota, año 2007 motor JKZ1580068, CHAZIS JTEBY251700054826,
propiedad de la ... APROCAFE, misma que con anterioridad
había sido despojado desposeída a los señores L. G. Z. Y
ASTERIO REYES en Villanueva, en las cercanías de las bodegas
KEY MART, y que fuera encontrado en el interior de un garaje
antes mencionado y cubierto por una sábana, argumentando la
defensa que efectivamente allí se encontraba dicho vehículo,
pero que dicho señor estaba cubierto por una causa de
inculpabilidad, al cual está establecida en el artículo 25
del Código Penal, que no incurre en responsabilidad penal,
quien obra impulsado por un miedo insuperable, determinado
que el miedo es la perturbación del ánimo, es el recelo o
aprehensión que uno tiene de que le suceda una cosa contraria
a lo que desea, la doctrina refiere que el miedo es aquel que
altera la capacidad de decisión, tomando en cuenta que se
encontraba en una zona de influencia de grupos antisociales,
como lo es la mara 18.- En el presente caso el agente fiscal
ha sustentado su tesis acusatoria en la existencia del delito
de POSESIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, tipificado en el Artículo 218
D del Código Penal vigente que a la letra dice: “Será
sancionado con la pena de reclusión de nueve a doce años
quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un
vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan
los casos en que la transacción se haya realizado de buena
fe”. TERCERO: Este tipo de delitos, es considerado por la
doctrina dominante como un tipo de especial también conocido
como receptación de delitos, el cual va dirigido a sancionar
conductas realizadas con ánimo de lucro y con conocimiento de
la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden
socio-económico por parte del actor, el que no habrá
intervenido ni como autor ni como cómplice , y ayude a los
responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o
reciba, adquiera u oculte tales efectos. En el caso de autos,
indudablemente se ha producido una lesión al bien jurídico
propiedad resultando, que con la concurrencia de cualquiera
de los tres presupuestos que se mencionan en el tipo penal
referido, se lesiona el patrimonio de quien originariamente
detenta la titularidad del bien, apreciándose que la posesión
ejercida por la persona que realiza la acción de ocultar,
transferir o adquirir un vehículo robado, hurtado o
abandonado, es a todas luces ilícita, configurándose así, el
elemento objetivo del tipo, tomado en consideración que el
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sujeto activo puede ser cualquier persona que no haya
intervenido ni como autor ni como cómplice en el delito del
que proceden los efectos. En el presente caso, el delito
precedente es el robo de vehículo.-Es prudente, entonces
detenerse, analizar si la acción atribuible al acusado, es
subsumible en los presupuestos establecidos para su
realización dolosa o culposa; tomado como punto de partida
que la definición doctrinaria de delito, reconocida por
nuestro ordenamiento penal es “delito, es toda acción u
omisión, típica, antijurídica, culpable y punible. Esto
indiscutiblemente se pone de manifiesto en la regla 13 de
nuestro Código Penal, al establecer que el delito solo puede
ser realizado por acción o por omisión, y que necesariamente
debe ser doloso o culposo, determinando que el delito es
doloso cuando el resultado responde a la intensión que se
tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o esta obligado a
saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la
posibilidad de que se produzca un efecto constitutivo de
delito y culposo cuando es el resultado de una imprudencia,
impericia o negligencia o cuando es producto de la
inobservancia de una ley, reglamento, órdenes, resoluciones o
deberes atendiendo a las circunstancias y la situación
personal del delincuente y será punible, el delito culposo
solo en aquellos casos en que estén expresamente determinados
por la ley. En primer momento del análisis, habrá de
descartarse la culpa, tomado como base que no está
taxativamente tipificada la posesión de vehículo robado, en
nuestro Código Penal. En tal razón, debemos partir de que se
trata de un delito de carácter doloso y entonces proceder al
análisis del dolo. Habiéndose admitido la satisfacción plena
de una acción, que se integra en los elementos objetivos del
tipo y en el hecho por el realizado, es de capital
importancia ejecutar un análisis de los elementos subjetivos
del tipo como circunstancias, “sine qua non”, para derivar en
la culpabilidad del acusado por la acción realizada, en el
caso concreto. Este elemento subjetivo, se identifica de
manera general, a través de un elemento cognitivo y un
elemento volitivo, a fin de configurar el dolo del sujeto
activo en función de la acción por el realizada. El elemento
cognitivo implica necesariamente el efectivo conocimiento de
la norma de prohibición y el elemento volitivo, en la
voluntad de realizar la acción, a pesar de tener ese
conocimiento de restricción. A estos, hay que añadir un
tercer elemento, la intencionalidad del autor para poder
determinar la imputación subjetiva a fin de obtener un
resultado.-En el delito objeto de análisis, solo es punible
la comisión dolosa, siendo necesario el conocimiento de que
los efectos proceden de la comisión de un delito contra el
patrimonio o el orden socioeconómico y el ánimo de lucro.-Se
puede concluir según la teoría seguida por nuestro Código,
que el actuar dolosamente trae aparejada la tipicidad por
cuanto el agente ha querido el resultado, dicho en otras
palabras cuando el autor ha tenido la intensión de lesionar
determinados bienes jurídicos tutelados por nuestra ley
penal, conociendo y queriendo el resultado, por tanto
teniendo conciencia de los elementos objetivos de la conducta
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prohibida. En el caso de autos, los medios de prueba
evacuados en juicio, no nos permiten inferir que el señor J.
M. R. G., supiese con exactitud que el automóvil que se
encontró en su garaje fuese de procedencia ilícita. Por otra
parte, cabe considerar entonces, en toda su extensión, que
además de conocer los elementos de la situación típica, es
necesario que exista el querer, es decir que el actor de
forma voluntaria realice la acción a sabiendas y mediando la
aceptación del resultado querido para obtener un beneficio o
una finalidad de lucro, lo que no se probó durante el debate,
pues por el contrario, con las declaraciones de los testigos
de cargo, L. G. Z., R. C., Y K. M., y la versión de los
testimonios aportados por la defensa, relacionada a la prueba
documental aportada, se evidenció que el encausado permitió
que se ocultara un vehículo robado en su garaje, bajo el
influjo del miedo insuperable, que le causó el saber que UN
GRUPO IRREGULAR O ILÍCITO, que permanentemente mantiene su
presencia y sus actuaciones delictivas, con métodos violentos
y lesivos a los habitantes de la Colonia La Unión, podría
realizar actos dañinos contra su familia, en cumplimiento de
las amenazas que le fueron proferidas por el señor J. miembro
del grupo ilícito que se encargó de introducir el vehículo ya
descrito en su garaje. Tal circunstancia anula, los dos
elementos cognoscitivo y volitivo, del dolo, infiriéndose
además que la intencionalidad del señor J. M. R. G., no era
la de cometer la acción delictiva que se le atribuye, ni
mucho menos la obtención de algún beneficio o lucro, por lo
cual, al valorar la prueba en su conjunto, y a la luz de la
aplicación de la sana crítica, no es posible apreciar a lo
largo del proceso la antijuricidad y la culpabilidad del
acusado, y en consecuencia, la imposición de la sanción
penal. CUARTO: El artículo 339 del Código Penal, dice que no
habiendo pruebas suficientes para condenar al imputado, el
Tribunal dictara sentencia absolutoria; y, ante la
imposibilidad del órgano obligado a probar la culpabilidad
del acusado, mismo que no fue capaz de crear el mínimo de
certeza con relación a sus pretensiones y siendo que no se
acreditó a mi criterio la existencia del dolo por parte del
acusado y por tanto no se trata de un hecho típico imputable
a su persona, por lo cual no es posible condenar al señor J.
M. R. G. como responsable del delitos de POSESIÓN DE UN
VEHÍCULO ROBADO, en perjuicio de la Asociación de Productores
de Café ..., por lo que debió emitirse sentencia
absolutoria”. INTERPRETACIÓN QUE SE PRETENDE: No obstante que
no se está de acuerdo con la condena impuesta ya que al igual
que el voto disidente debió ser absolutoria, pero que para
alegar este Motivo De Casación Por Infracción De Ley debo
obligadamente por cuestión procedimental, respetar la
integridad y santidad de la sentencia recurrida; me permito
en consecuencia establecer la interpretación que conforme a
la ley debe regular el artículo 218-D del Código Penal:
veamos: El fundamento de este delito de receptación de
vehículo robado, hurtado o abandonado se encuentra en que
sirve para castigar aquellos actos orientados a perpetuar la
ilicitud cometida por el autor del delito precedente (teoría
del "mantenimiento de la ilicitud"), ya que lo que pretende
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el legislador es que no se estimule la comisión de los
delitos contra el patrimonio o el orden socio-económico al
hacer más difícil para sus autores (los del delito
precedente) deshacerse del objeto u objetos del delito, no
dándoles oportunidad para lucrarse o aprovecharse del objeto
robado; por lo que dicha infracción delictiva requiere para
su apreciación tal como se preceptúa en el artículo 218-D los
siguientes requisitos: a) perpetración anterior de un delito
contra el patrimonio específicamente un vehículo. b) ausencia
de participación en él del imputado, ni como autor ni como
cómplice. c) un elemento subjetivo, que éste posea un
conocimiento cierto de la comisión del delito antecedente. d)
que se aproveche para sí de los efectos provenientes de tal
delito, con ánimo de enriquecimiento propio, a través de una
transacción. Ahora bien, en el caso de mi representado J. M.
R. G. ese conocimiento de la comisión antecedente de tal
delito, no es establecida en los hechos probados, por el
contrario se establece su colaboración para con la policía,
proporcionándoles toda la información que le fue solicitada
en el sentido de identificar la persona que llevó dicho
vehículo a su casa de habitación, por lo que el tribunal
aplica indebidamente esa norma penal, al no corresponder esa
norma penal a los hechos estimados como probados, por otro
lado, al no y tener probado que el imputado conocía del
delito de robo, en un grado de certeza que significa un saber
por encima de la simple sospecha o conjetura, no podía
equiparar la simple ocultación del vehículo, como un
conocimiento exacto que implicara que el imputado conocía
todos los detalles o pormenores del delito antecedente, por
lo que, tampoco la simple sospecha de ese conocimiento puede
comprenderse incluidas en los hechos probados ya que en la
aplicación de esa norma penal, son las pruebas e indicios las
que deben indicar con seguridad que el imputado J. M. R. G.
orientó su conducta a:“… quien oculte o por cualquier acto
transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o
abandonado…” Por lo que el hecho psicológico que infieren los
jueces de sentencia, es difícil que pueda ser acreditado por
prueba directa en contra de mi representado, debiendo los
jueces de sentencia no suponer en grado de duda, sino de
certeza a través de una serie de pruebas e indicios, de cómo
y cuándo aconteció el ocultamiento del vehículo, y cómo y
cuando esas circunstancias de ocultamiento fueron dirigidas a
perpetrar una transacción por parte del imputado para obtener
un lucro, ya sea para la compra o cualquier modo de
adquisición del vehículo robado, por lo que al ser evidentes
e inverosímiles las explicaciones aportadas por los jueces de
sentencia en los hechos probados y la norma aplicada para
subsumirlos, no se justifica que la simple tenencia del
vehículo robado, haya sido ejecutada a título de dolo, para
receptar un vehículo robado al tenor de lo establecido en el
artículo 218-D del Código Penal vigente, pues, la
personalidad del adquirente hoy acusado J. M. R. G. o de los
vendedores o transmitentes del bien mueble robado no se ha
probado, siendo desproporcionado el fallo dictado, ya que no
corresponde con el valor real, de los hechos probados que se
estima en la sentencia condenatoria.-En el caso que nos
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ocupa, existe una absoluta ausencia de prueba sobre la
participación de mi representado en el delito de receptación,
por lo que procede un fallo absolutorio a su favor, lo que es
posible si se considera probado la insuficiencia en los
hechos probados sobre la concurrencia de los elementos del
delito, que siendo así, no hacen posible mantener el fallo
condenatorio, el cual debe ser revocado”. RECURSO DE CASACIÓN
POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR EL ABOGADO
C. D. P., APODERADO DEFENSOR PRIVADO DEL SEÑOR J. M. R. G.;
PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL;
NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 218-D DEL CÓDIGO PENAL. I.
Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal, que
“Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o
doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren
probados en la sentencia, se haya infringido un precepto
penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba
de ser observada en la aplicación de la ley penal o un
principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”.
De esta norma se puede determinar la configuración del
recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal:
A) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos
probados son el relato de un acontecimiento histórico
penalmente relevante, declarado por el Tribunal de Sentencia,
mismos que se formulan a partir de la valoración hecha a los
medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los
Juzgadores han podido apreciar de manera directa,
colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por
ello, el artículo 369 del Código Procesal Penal, en su tercer
párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de
los hechos probados, lo cual se conoce como Principio de
Intangibilidad de los Hechos Probados. B) Falta de
Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo como
consecuencia de la infracción de un precepto sustantivo o de
Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: 1)
Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que
corresponde al caso; 2) Errónea aplicación de una norma
sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en
ella como hipótesis; 3) Errónea interpretación judicial de la
norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la
Doctrina Legal; 4) Errónea deducción de las consecuencias de
la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y 5) Error acerca
de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la
Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de
casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una
revaloración jurídica del material fáctico descrito en la
sentencia, contenido en la formulación de hechos probados
realizada por el Tribunal de Instancia. De allí que a la Sala
de lo Penal, tratándose del motivo invocado por el libelista,
sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de
la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia, su misión se
limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la
sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por
Infracción de Ley debe estructurarse, o partir su alegación,
de los hechos probados que contenga la resolución
cuestionada, puesto que el vicio en esencia, consiste en que
la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva
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de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a
la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos
probados). II. Argumenta el Censor, que la sentencia
impugnada ha violentado la norma sustantiva contenida en el
artículo 218-D del Código Penal, referente al Tipo Penal de
Ocultación, Transferencia o Adquisición de Vehículos
Automotores Robados, Hurtados o Abandonados, por considerar
que los hechos declarados probados no se ajustan al ámbito
situacional de la norma enunciada, indica que el Tribunal de
Sentencia erróneamente título al tipo penal como Posesión de
Vehículo Robado, ya que el legislador no sólo reprocha la
posesión del objeto del delito (Vehículo Automotor), sino que
además reprocha el ánimo de lucro con el que actúa el sujeto
activo, más sin embargo, en los hechos probados no se
describe que el acusado haya actuado con ese dolo requerido
por el tipo penal. III. Resolviendo lo planteado por el
Censor, compete realizar el análisis jurídico del tipo penal
que se denuncia ha sido indebidamente aplicado por el
Tribunal de Sentencia. Es importante señalar que el
legislador, mediante Decreto número 125-2003, de fecha 27 de
agosto del 2003, incluyo seis tipos penales en el Capítulo I
del Título VII del Libro Segundo del Código Penal, entre
ellos el delito de Ocultación o Receptación de Vehículos
Automotores de Origen Ilícito, contenido en el artículo 218-D
y que es una calificación agravante al tipo penal contenido
en el artículo 388.3 del Código Penal, ergo el delito de
Ocultación o Receptación de Vehículos de origen Ilícito fue
erróneamente agregado por el legislador en el Título que
Protege el Bien Jurídico “La Propiedad”, siendo el lugar
correcto, conforme al esquema del Código Penal, el Capítulo
XII del Título XIII, que corresponde a los delitos que
protegen la Administración Pública, que es el bien jurídico
que justifica la existencia del tipo penal en mención.
Establece el artículo 218-D del Código Penal que: “Será
sancionado con pena de reclusión de nueve a doce años, quien
oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo
que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos
en que la transacción se haya realizado de buena fe”, que
pretende castigar todos aquellos actos tendientes a perpetuar
la ilicitud cometida por el autor del delito precedente,
haciendo más difícil llegar a aprovecharse del objeto del
delito original. A) Son elementos objetivos del tipo Penal:
1) Sujeto Activo: El delito puede ser realizado por cualquier
persona, sin que requiera calificación especial, pero deberá
de ser una persona distinta a la que cometió el robo o hurto
del vehículo; 2) Sujeto Pasivo: Conforme al bien jurídico
protegido, el sujeto pasivo es el Estado de Honduras; 3)
Verbos Rectores: Son tres los verbos rectores del tipo penal:
i) Ocultar un Vehículo Robado, Hurtado o Abandonado, lo que
constituye el FAVORECIMIENTO REAL del delito, por cuanto la
acción de ocultar no es más que el esfuerzo de imposibilitar
a los operadores de justicia poder localizar el objeto del
delito (Vehículo robado o hurtado), reinvindicar sus efectos
perniciosos e incluso capturar a los responsables; ii)
Transferir el Vehículo robado, hurtado o abandonado, que
implica traspasar (transferir) a un tercero la propiedad, la
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posesión o el uso y goce del vehículo automotor,
independientemente que se obtenga o no algún tipo de
beneficio (Con o sin ánimo de lucro); Generalmente esta
conducta tiene por objeto el BLANQUEO DEL BIEN MUEBLE, es decir,
el tráfico de la propiedad, simulando una procedencia lícita
donde el tercero que adquiere desconoce el verdadero origen
del bien, más también puede ocurrir que dicho tercero conozca
el origen ilícito, con lo cual igualmente concurriría el
delito, donde el que transfiere y el que adquiere se
convertirían ambos en sujetos activos; iii) Adquirir el
Vehículo robado, hurtado o abandonado, que no es otra cosa
que la RECEPTACIÓN DE VEHÍCULOS CON PROCEDENCIA ILÍCITA, en donde el
adquirente, conociendo que el vehículo procede de un robo o
un hurto, lo hace suyo. B) Son elementos Subjetivos del tipo
Penal: El tipo penal exige que el sujeto activo actúe con
dolo, es decir, que sepa que el vehículo es el producto de un
robo o un hurto, siendo indiferente que esté enterado de la
fecha en que ocurrió éste, los autores o la persona
perjudicada, y que además quiera ocultar, transferir o
adquirir el mismo. Es muy importante subrayar, que en el caso
de las conductas de “ocultar” o “transferir” no se requiera
ánimo de lucro como integrante del elemento volitivo del
dolo, en cambio, en la conducta de “adquirir” si se requerirá
ánimo de lucro, que implica buscar obtener algún provecho con
la acción. C) Son Características del tipo Penal: 1) Según su
Estructura: i) Tipo Penal Especial, por contener los
elementos básicos del tipo penal general del artículo 388.3
del Código Penal aumentando la pena en virtud del objeto
material del delito: Vehículos Automotores; ii) Tipo Penal
Compuesto: En virtud de que describe tres modelos de
comportamientos a partir de sus tres verbos rectores, cada
uno de ellos conformando una descripción típica distinta; 2)
Según su Contenido: i) De Mera Actividad: Por no requerir
resultado alguno, es indiferente entonces que el ocultamiento
del vehículo haya sido efectivo o que al haberlo transferido
se haya podido disimular su procedencia o que al haber
adquirido el vehículo se haya o no obtenido un provecho; ii)
Tipo Penal de Consumación Permanente: Atinente solo al verbo
rector de “Ocultar”, debido a que dicha conducta se renueva
de manera continua mientras la acción se esté ejecutando;
iii) Tipo Penal de Consumación Instantánea: Referente a los
verbos rectores “transferir” y “adquirir”, por ser supuestos
de hecho cuya realización se agota en un solo momento; iv)
Tipo Penal de Comisión o Acción: Los tres verbos rectores
describen conductas de carácter comisivo; v) Tipo Penal
Cerrado: El tipo penal determina con precisión los tres
supuestos de hecho que le configuran, de tal manera que las
conductas prohibidas se desprenden con claridad en la norma;
3) Según el Sujeto Activo: i) Tipo Penal Unisubjetivo: Debido
a que las conductas descritas pueden ser ejecutadas por una
sola persona; ii) Tipo Penal Común: El Sujeto activo no
requiere tener ninguna cualidad especial; 4) Según el Bien
Jurídico Tutelado: i) Tipo Mono ofensivo: En vista que
protege un bien jurídico determinado, tal cual es la
Administración Pública, la que para efectos penales y en un
sentido lato, debe de entenderse como el correcto desempeño
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del Estado en todas las actividades que realiza, las que
deben de caracterizarse por su legalidad, eficacia,
eficiencia, probidad, economía, prontitud, imparcialidad,
igualdad y publicidad, que son la letra viva de un Estado
Democrático de Derecho, siendo una de esas actividades la
efectiva investigación, persecución y castigo de todos los
delitos que corresponda al Estado de Honduras conocer y
resolver; ii) Tipo Penal de Amenaza: Al requerirse para su
consumación la puesta en peligro del bien jurídico protegido.
IV. El Recurso es de Recibo: Contrario al criterio del
Tribunal de Sentencia, considera esta Sala de lo Penal, que
los hechos declarados probados no se subsumen en el tipo
penal, contenido en el artículo 218-D del Código Penal, en
virtud de que ninguno de los tres verbos rectores que rigen
la conducta criminosa son atribuidos al acusado: A) En el
primer hecho probado se da a conocer el origen ilícito del
bien mueble, señalando que en fecha treinta de abril del año
dos mil ocho, cuatro personas interceptaron al señor L. G.
Z., mismo que se conducía en el Boulevard que conduce a Villa
Nueva, Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés,
despojándolo intimidatoriamente del vehículo marca Toyota,
tipo Camioneta, modelo Land Cruiser prado, Motor 1KZ-1580068,
serie JTEBY25J70-0054826, color plata, con placa de
circulación PCD-.... B) En el segundo hecho probado, el
Tribunal de Sentencia señala que en ese mismo día (30 de
abril del 2008), el vehículo referido en el hecho primero fue
conducido por alguien de identidad indeterminada hasta la
casa del acusado, donde ese alguien lo escondió, es decir,
que la acción de conducir y esconder no es atribuida al
acusado, sino que a un tercero, tampoco señala que el acusado
tuviese conocimiento previo o simultaneo de ello o que tales
acciones hayan sido realizadas con su conocimiento o con su
consentimiento previo o simultaneo. Sigue relatando el
segundo hecho probado, que dos días después, la policía de
investigación llegó a casa del acusado, apreciando que el
portón de acceso estaba cubierto con una sábana que impedía
poder divisar desde el exterior el vehículo robado, sin que
se señale la persona o personas que colocaron dicha sábana a
efecto de perfeccionar el ocultamiento del vehículo.
Finalmente, el hecho probado señala que el acusado atendió a
la policía, que les abrió el portón de la vivienda y que fue
detenido. V. En Conclusión, los hechos declarados probados no
se subsumen en el ámbito situacional del tipo penal, por
cuanto en ellos no se describe que el acusado J. M. R. G.,
haya tenido una participación a título de autor o de
cómplice, por lo que es procedente, declarar con lugar el
Recurso de Casación por indebida aplicación de la norma
sustantiva contenida en el artículo 218-D del Código Penal.
RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL
INTERPUESTO EL ABOGADO C. D. P., EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR
PRIVADO DEL SEÑOR J. M. R. G. DENUNCIANDO VIOLACIÓN DEL
ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. PRECEPTO
AUTORIZANTE ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Esta
tipología es la más amplia de las que regula la ley procesal
y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura
al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el
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artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma
constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título
debe de denunciar la infracción de una garantía de carácter
procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o
al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la
infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el
momento de emitir la sentencia, esto es debido a que si bien
la normativa Procesal Penal establece la infracción de
precepto Constitucional como motivo de casación, las normas
Constitucionales susceptibles de ser examinadas son aquellas
referentes a derechos fundamentales, que guarden relación con
el derecho penal o las formas del juicio, en consecuencia,
deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas
constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que
eventualmente pudieran verse afectas, producto de la
persecución penal. En una buena técnica, se debe optar a esta
Vía Recursiva cuando no sea posible denunciar el vicio, a
través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al
ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de
amplio espectro, en contraposición con los Recursos de
Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y
Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley
taxativamente establece los motivos fundamentadores. La
esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional,
es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la
Constitución de la República frente a las demás normas
legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter
judicial, como ser las sentencias. II. El Censor señala, que
se ha violentado el artículo 89 superior que contiene el
principio material de Inocencia cuando, por mayoría de Votos,
el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, ha condenado a su
representado mediante una sentencia con insuficientes
motivaciones, ya que la prueba que sirve de pilar para el
fallo condenatorio no fue debidamente razonada ni motivada;
denuncia que la resolución impugnada adolece de falta de
racionalidad del juicio de inferencia construido por el
Tribunal, puntualizando su reclamo respecto a la valoración
probatoria hecha a las declaraciones testificales de las
señoras R. G. G. Y S. R. H., esposa y vecina del acusado,
aquejando que las supuestas contradicciones que los
Juzgadores aprecian en estas declaraciones son inexistentes,
además suma a su reclamo, la indebida valoración a la
declaración del propio acusado, contra la cual no hay prueba
en contrario. Finalmente, reciente el Recurrente que en la
sentencia no se hayan transcrito la literalidad de las
declaraciones recibidas, sino que solo partes seleccionadas
con el afán de condenar a su representado. III. El Principio
de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido
proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto,
descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que
constituye su objeto mediante los medios probatorios que las
partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella,
que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento
sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico
para adquirir la certeza, que se define como la firme
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convicción de estar en posesión de la verdad; para el
pronunciamiento de la Sentencia Condenatoria, en donde se
desafora a la persona acusada de su estado material de
inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio,
sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones
y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado
con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable.
Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el
Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que
el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la
persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra
reconocido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana
de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la
Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es
ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Art.
1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el
derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado
una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los
hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición
jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a
favor del imputado, establece claramente una presunción legal
juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la
producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el
acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia
de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al
ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción
penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a
la defensa del acusado le atañe censurar la actividad
probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las
formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a
favor del aquel. Lo anterior, no impide a la defensa producir
prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado,
que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional,
sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”
(Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de Mayo del 2011,
en el Expediente 304-2010). En sede de casación, al alegarse
la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo
Penal, tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada
formación de la convicción de culpabilidad, así pues deberá
de determinarse: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas
fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos
fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso
Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio
con sujeción a los principios de oralidad, inmediación,
contradicción, concentración y publicidad; incluye también
verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la
etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el
cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal;
c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del
Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas
descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento
Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a
criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba
practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el
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debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que
hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo
penal reprochado, así como la participación en el hecho del
acusado y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto
el fallo de fecha cinco de abril del 2011, en el Expediente
042-2009 de la Sala de lo Penal). IV. El Recurso es de
Recibo: La Sala de lo Penal, en estudio de la fundamentación
probatoria aprecia la existencia de un indebido racionamiento
que raya con las reglas de la sana crítica que imposibilita
desaforar al acusado de su estado material de inocencia, más
sin embargo, siendo que esta Sala de lo Penal, ha declarado
procedente el Recurso de Casación por Infracción de Ley
sustantiva, no se internara en el desarrollo de los
argumentos, dado que en definitiva la pretensión principal
del Censor ha sido concedida. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación
de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados
de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley
de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360.
361, 362 y 369 del Código Procesal Penal: FALLA: Declarar CON
LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley Sustantiva
en su motivo único, presentado por el Abogado C. D. P., como
Defensor Privado. En consecuencia, CASA LA SENTENCIA de la
siguiente manera: PRIMERO: SE ABSUELVE, de toda
responsabilidad penal al Señor J. M. R. G., como autor
responsable de un delito consumado de POSESIÓN DE VEHÍCULO
ROBADO en perjuicio de la ... (...). SEGUNDO: SE REVOCAN las
medidas cautelares impuestas al acusado J. M. R. G., con
ocasión del presente proceso criminal. Y MANDA: Que con
certificación del presente fallo, se remitan las presentes
diligencias al Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula,
Departamento de Cortés, para que se proceda a acatar lo
resuelto. Redactó: El Magistrado CALIX HERNANDEZ.
NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- R. ANTONIO HENRIQUEZ
INTERIANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.-
MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.-
FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida a solicitud de la Abogada M. M., en su condición de
Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa,
Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de
diciembre del año dos mil doce.- Certificación de la
sentencia de fecha dieciocho de octubre del año dos mil doce,
recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso
en este Tribunal No. SP-359-2010.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
