miércoles 26 de agosto del 2015 Nº 6825 $10 eleconomista.mx

uNa seleccióN de

Lourdes FloresEl Economista

Monterrey, NL. AUTORIDADES DEL gobierno mexicano y funcionarios de Estados Unidos se reunieron en el Condado de Cameron para in-augurar el primer cruce ferrovia-rio que conectará a las ciudades de Brownsville con Matamoros. La construcción del West Rail Bypass

International Bridge inició en di-ciembre del 2010.

Se diseñó con el objetivo de am-pliar la capacidad regional de trans-porte, mejorar la calidad del aire y reducir la congestión urbana al ale-jar el tráfico ferroviario de las áreas más pobladas de ambas ciudades fronterizas.

Participaron en su construcción el Condado de Cameron en conjunto

ConeCtará a las Ciudades de Brownsville y MataMoros

Inauguran cruce de puente ferroviario

Caso Gordillo P E R U J O

La obra tendrá un costo cercano a 130 millones de pesos en el tramo nacional.

con TxDOT y Union Pacific Railroad.Este puente internacional, con

paso a desnivel ferroviario al po-niente de Brownsville eliminará cruces del tren a desnivel dentro de la ciudad, y así se reducirá el conges-tionamiento vehicular en el área, in-dica un documento de Texas Border Master Plans.

“El proyecto fue apoyado median-te fondos de la Ley de Reinversión y Recuperación estadounidense, y del Departamento de Transporte de Es-tados Unidos, además de aportacio-nes estatales y locales”, informa un comunicado del departamento de Comercio de Estados Unidos.

Se espera que el número de cru-ces ferroviarios se duplique de siete a 14 diarios. La empresa ferrocarrile-ra a cargo de la operación del puente será Unión Pacific.

El gobierno mexicano y funcionarios de Estados Unidos se reunieron en Cameron para la apertura del West Rail Bypass International Bridge

DE ESTE LADODel lado de México, el libramiento se conecta con la Línea F Monterrey-Matamoros en el kilómetro 314 y la carga se trasladará a través de Kan-sas City Southern México.

La alcaldesa de Matamoros, Le-ticia Salazar, comentó que el puente tendría un costo cercano a 130 mi-llones de pesos en lo que se refiere al tramo mexicano.

En el 2011, el valor total del co-mercio entre Estados Unidos y Mé-xico que cruzó por el Valle Bajo del Río Grande en Brownsville fue de 13,500 millones de dólares, es de-cir, 8,000 millones de dólares en ex-portaciones y 5,500 millones de dó-lares en importaciones, según datos proporcionados por el Texas Border Master Plans.

maria.flores@eleconomista.mx

“No se investiga a IP por alzas de precios”

Karina HernándezEl Economista

LA COMISIóN Federal de Compe-tencia Económica (Cofece) informó que no existe alguna investigación sobre una posible manipulación y coordinación de aumento de pre-cios que podría estar llevando a ca-bo el gremio empresarial debido a la depreciación del peso frente al dólar.

Alejandra Palacios, presidenta de la Cofece, aclaró: “que una sola em-presa eleve los precios no se conside-ra una práctica monopólica absoluta. Para que nosotros intervengamos en un mercado y abramos una investi-gación necesitamos tener un indi-

cio de que son varias empresas de un mismo sector y se pusieron de acuerdo y manipularon precios”, explicó.

La Cofece advirtió a las cáma-ras y asociaciones a no recomendar o coordinar entre sus agremiados un alza generalizada de precios ni a manipularlos, pues en caso de de-tectarse conductas anticompetitivas se aplicarían multas de hasta 10% de los ingresos de la empresa.

La comisionada recalcó que si durante un monitoreo de mercado se observan alzas abruptas y se de-tecta a algún grupo de empresas del mismo gremio, se actuará.

karina.hernandez@eleconomista.mx

El gremio mantiene precios pese a paridad: Cofece

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Durango, Guerrero, Querétaro y Tlaxcala, entre los afectados

Habrá presión financiera en 13 entidades

Reformas hechas a pensiones han sido insuficientes o requieren modificaciones estructurales de fondo.

una selección de

signos vitales

Alberto Aguirre aam@mexico.com

Los dramas de La Maestra

D ejar la habitación que ocupa desde hace 800 días en la Torre Médica de Tepepan sería, en todo caso, “un ac-

cidente” procesal, mas no el objetivo de la estrategia jurídica para demostrar la inocen-cia de Elba Esther Gordillo Morales.

Tras las rejas o en arraigo domiciliario, la ex presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cree que podrá convencer a los dos jueces que resolverán so-bre su situación jurídica, sobre la viabilidad de su exoneración. Pero de la mano de su abogado, Marco Antonio del Toro Carazo, emprendió una serie de acciones a lo largo de los últimos seis meses, tendientes a “resolver un problema fa-miliar”. Su palabra estaba en juego.

¿El nacimiento de su bisnieta? ¿La boda de su nieto Othón? ¿La convalecencia de su ex pa-reja, Francisco Arriola? ¿La atención médica de Francisco Yáñez? La defensa de La Maestra ven-tiló públicamente el parte médico de su cliente y también el presunto conflicto de interés invoca-do por Juan Díaz de la Torre para excusarse co-mo testigo de cargo.

“Ni es mi amigo ni le guardo cariño”, respon-dió Gordillo Morales. El juez sexto de procesos penales federales, Alejandro Caballero Vértiz, citó a un careo al dirigente magisterial con su antecesora. Pero Díaz de la Torre tramitó un am-paro... ¡para protegerse de la justicia federal!

“Más que un drama, ésta parece una comedia de absurdos”, admitió recientemente el abo-gado que encabeza el equipo que defiende a La Maestra. En cualquier caso, su contribución a este enredo judicial es notable: en 18 meses pro-movió medio centenar de recursos de apelación y amparos, aunque se ha desistido de los más graves en las semanas recientes.

“Aquel que corre es porque no tiene la ra-zón. Los que apuestan a un juicio rápido saben que van a perder”. A ese apotegma se atuvo el abogado Del Toro Carazo hasta hace seis meses cuando su estrategia sufrió un ajuste dramáti-co: la promoción de un incidente fue el comien-zo de un ríspido intercambio entre la defen-sa, la PGR y el juzgador, sobre la salud y la edad de Gordillo Morales, quien podría ser condena-da a más de 15 años de prisión en caso de que se acreditara su responsabilidad en la trama finan-ciera supuestamente urdida para malversar las cuotas de los maestros sindicalizados.

Ahora se sabe que Gordillo Morales quiso la prisión domiciliaria para acompañar a su hija, las senadora Mónica Arriola, en la segunda parte del tratamiento al que es sometida, desde princi-pios del año. El primer tramo ocurrió en Houston, Texas, en el mismo centro médico donde se inter-nó hace cinco años.

En su resolución, el juez admitió que La Maestra es adulto mayor, tal como requiere el artículo 55 del Código Penal Federal. Sin embar-go, la defensa se desistió del incidente respecto de lo relacionado con el estado de salud, aspecto que inicialmente constituía la base de la petición

solicitada. Otro error estratégico que tuvo con-secuencias funestas. Y es que Caballero Vértiz invocó al párrafo tercero del artículo 55, que lo obliga a apoyar su valoración en dictámenes de peritos. Por eso, adujo, estaba “materialmen-te imposibilitado para efectuar la evaluación del riesgo de fuga” dado que resulta impracticable realizar los estudios periciales respectivos.

“Es ridículo pensar que puede probarse pe-ricialmente si hay o no riesgo de fuga. ¿Qué ti-po de perito serviría para ello? ¿Perito en qué? ¿En fugas, acaso, en seguridad? Más que absur-do, es inexplicable”, afirmó el abogado, quien también corrigió al Consejo de la Judicatura Fe-deral, que en la víspera había liberado una nota informativa en la que afirmó que la solicitud fue declarada improcedente “debido a que las par-tes no aportaron dictámenes periciales idóneos tendientes a establecer si la indiciada, al conce-dérsele tal beneficio, pudiera optar o no por sus-traerse de la acción de la justicia”.

A mediados de la semana pasada, la defen-sa de Gordillo Morales consideraba que exis-tían “altísimas probabilidades” acerca del be-neficio de la prisión domiciliaria; y aunque ya tenían preparada una casona en un club cam-pestre de la zona de Contadero, en Cuajimal-pa, calculaban que la excarcelación de la polé-mica ex lideresa magisterial demoraría algunas semanas o un mes, cuando mucho. En ese lap-so, la PGR debería establecer las medidas de se-guridad procedentes. Ayer, Del Toro Carazo re-currió la negativa del juez sexto de Distrito de Procesos Penales Federales. Y este mediodía, en Washington DC, comenzarán los trámites para exponer el caso de Gordillo Morales ante la Co-misión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y la CNDH?

Tres días después de haber sido remitida al reclusorio norte, la ex lideresa magisterial pre-sentó una queja en la oficina del ombudsman, por presuntas arbitrariedades ocurridas durante su detención en el aeropuerto internacional de Toluca y su traslado a la ciudad de México. Ese trámite también quedó en suspenso, por el de-sistimiento de la inculpada.

E F E C T O S S E C U N DA R I O SBOTADURAS. A mediados de la semana se es-pera el arribo del director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a puertos gallegos. Pa-ra ser exactos: en los astilleros de Navantia, una empresa del gobierno español, donde será en-tregado el primero de los dos floteles encarga-dos a los artesanos de las Rías Baxas en tiempos calderonistas. Dentro de un mes sería puesto a flote el segundo navío, armado en el astillero de Hijos de Barrera, consorcio del que la paraestatal mexicana es el socio mayoritario. Allá, la expec-tativa por la presencia del funcionario mexicano es grande, pues tendrá que encarar la molestia con Pemex, luego de que incumpliera el com-promiso de reactivar la construcción de buques en el alicaído puerto ibérico.

Fernando FrancoEL EConoMisTA

UN TOTAL de 13 gobiernos estatales enfrenta-rán presiones financieras importantes en corto o mediano plazo por la insuficiencia de sus sis-temas de pensiones, debido a que las reformas hechas a éstos son insuficientes, o bien, requie-ren de modificaciones estructurales de fondo, de acuerdo con la consultoría aregional (ar).

Se trata de Durango, Guerrero, Baja Califor-nia, Chiapas, Nayarit, Colima, Morelos, Queré-taro, Tlaxcala, Yucatán, Michoacán, Tabasco y San Luis Potosí.

“El principal factor en esta situación es la ca-rencia o la deficiencia en las reformas que reali-zaron, las cuales no les han permitido adecuar-se a las condiciones demográficas, económicas, políticas y sociales que actualmente se viven en cada estado”, refirió la consultoría.

En el caso de Durango y Guerrero, sus refor-mas no son suficientes para darles viabilidad en el largo plazo. El primer estado debe tomar me-didas a la brevedad, de no hacerlo, corre el ries-go de presentar problemas financieros en el cor-to plazo. En Baja California, Chiapas y Nayarit las reformas se han pospuesto por presiones políti-cas o sociales.

El resto de los ocho estados necesitan refor-mas en su sistema de jubilaciones en el corto pla-zo. Colima, Morelos y Querétaro no tienen un esquema formal como tal, por lo que el pago lo fondean con gasto corriente.

De acuerdo con la calificadora Moody’s, aun-que los pasivos pensionarios son manejables, ya ejercen presión financiera en algunos casos que, de no corregirse, forzarán a 14 entidades a pagar mediante contribuciones adicionales en la próxi-ma década.

Conforme a información de aregional, sólo 12 entidades pueden garantizar el pago a sus jubila-dos en el largo plazo. Cuatro de ellas: Baja Cali-fornia Sur, Distrito Federal, Hidalgo y Quintana Roo están afiliadas al ISSSTE.

El resto (Aguascalientes, Campeche, Gua-najuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sinaloa y Sonora) realizaron reformas exitosas.

fernando.franco@eleconomista.mx

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