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El desastre de México:violencia, inseguridad e impunidad

José Antonio Ortega SánchezEduardo García Valseca

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A. C.

El desafío de EnriquePeña Nieto

El desastre de México:violencia, impunidad e inseguridad

José Antonio Ortega SánchezEduardo García Valseca

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A. C.

Primera edición 2013

© Derechos ReservadosConsejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A. C.

© José Antonio Ortega Sánchez Eduardo García Valseca

Esta obra no debe ser reproducida sin autorización del autor

Impreso y hecho en MéxicoPrinted and Made in Mexico

Índice

Carta abierta ............................................................................................. 7

Introducción ........................................................................................... 21

La desastrosa herencia del sexeniode Felipe Calderón Hinojosa ............................................................... 31

De lo que Felipe Calderón no es responsable ............................ 33De lo que Felipe Calderón sí es responsable .............................. 50

La contribución de los políticos priístas ............................................ 71La herencia del antiguo régimen ................................................. 75Los gobernadores del PRI: entre cómplices, negligentes y erráticos ..................................... 80Tamaulipas: trío de impunidad .................................................... 92Coahuila: zona de confort para los Zetas ................................. 121Veracruz: montaje de un crimen ................................................ 127Tabasco: un priísta ejemplar ....................................................... 141Chihuahua: paraíso de violencia e impunidad ........................ 145Sinaloa: vínculos más allá de la amistad .................................. 161Nuevo León:de modelo empresarial a modelo de violencia ........................ 167Durango: el legado de impunidad y el giro ............................. 187Quintana Roo: paraíso de extorsión y violencia ...................... 197Estado de México: singulares e inexplicables operadores ....................................... 209

Y la contribución de los demás ......................................................... 219Los políticos del PAN no puedenarrojar la primera piedra ............................................................. 221

Michoacán: un modelo izquierdista de narco-estado ............. 233

Cómo salir de la pesadilla .................................................................. 241La actual política de seguridad:el riesgo de un desastre mayor ................................................... 243Lo que no hay que hacer ............................................................. 269Lo que sí hay que hacer ............................................................... 273

¿Cuántos fueron asesinados durante el gobierno de Calderón? .................................................... 279

Notas ..................................................................................................... 293

Carta abierta

carta abierta • 9

C. Licenciado Enrique Peña Nieto Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos:

Soy ciudadano mexicano. Mis antecedentes familiares permitie-ron arraigar en mí el patriotismo, el valor civil y el amor a la verdad. Aprendí a entender que el sistema político mexicano tiene factores positivos al servicio de los mexicanos y negativos al servicio de los grupos de poder fáctico.

Mi esposa y yo fuimos víctimas de un secuestro cruel y doloroso que marcó hondamente a ella, quien murió hace meses. Ella me dejó como ejemplo la valentía, la pasión por la justicia y la verdad; por ende, este libro surge como si lo hubiéramos escrito los dos.

Después del secuestro investigamos y recurrimos a las autorida-des. Pudimos constatar en vivo, con angustia e indignación: la im-punidad, la falta de voluntad política, la evasiva o la mentira como respuesta. También hubo especialistas de las fuerzas armadas que nos abrieron los ojos para caer en la cuenta de que la técnica utiliza-da en nuestro secuestro y de otros muy similares –anteriores y pos-teriores– corresponde al modus operandi del grupo armado de corte guerrillero TDR-EP Tendencia Democrática Revolucionaria – Ejército del Pueblo. Aunque cabe la posibilidad de que alguien, conocedor de esa forma de delinquir la haya clonado con la misma crueldad haciendo creer que eran guerrilleros.

La experiencia del secuestro, y sobre todo el calvario posterior al hecho, nos llevó a hacer gestiones no sólo con autoridades de Mé-

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xico sino también en el Congreso de los Estados Unidos de Nortea-mérica para que conocieran la realidad de nuestro país. Mi esposa y yo dimos seguimiento por meses y meses al problema de la vio-lencia, a la estrategia del Presidente Felipe Calderón Hinojosa y sus resultados. Por ello decidí publicar este libro, con datos obtenidos de autoridades, especialistas, académicos, medios de comunicación, líderes sociales y de otras víctimas, con el propósito fundamental de contribuir a la solución de estos problemas.

Compromiso con la sociedad

En el proceso electoral del 2012 estuve de acuerdo con todos aquellos que promovieron el voto útil a favor de usted, Presidente Enrique Peña Nieto, porque quedé decepcionado del Presidente Fe-lipe Calderón Hinojosa y estaba, y estoy, convencido de que Andrés Manuel López Obrador siembra el odio y la violencia, la desconfian-za y la mentira.

Hoy, en virtud del proceso democrático, que quedó demostrado fue legítimo (aun cuando no perfecto), usted es el Presidente de to-dos los mexicanos; sin embargo la credibilidad de su gobierno está cuestionada, tanto por la acción de varios gobernadores y grupos políticos del PRI como por la insidiosa campaña promovida por López Obrador.

Presidente Enrique Peña Nieto: usted tiene una oportunidad enorme, análoga a la que tuvo el Presidente Vicente Fox Quesada, porque representa para muchos mexicanos la esperanza de prose-guir el cambio del sistema político, de realizar la anhelada reforma de justicia, de remover el enorme obstáculo de la impunidad. Este libro está dedicado a usted porque su estrategia de imagen se ha centrado en ser el que sí cumple los compromisos.

Hoy lo invito a que su compromiso en materia de paz, de seguri-dad, de justicia, de fortalecimiento de las instituciones y de cumpli-

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miento de la ley, sea claro y contundente para que la sociedad pueda apoyarlo pero también pueda evaluarlo conforme a este compromiso.

Para cumplir, lo primero es conocer la realidad, por cruda que sea. En esta carta no puedo sino describir lo más significativo. Los datos, las cifras, los hechos, están en el libro.

Después de casi tres décadas, cuando comenzaron a generarse condiciones para desatarla como parte de una aparente estrategia de control, la violencia criminal en México ha llegado a límites que po-nen en riesgo la gobernabilidad que ya se ha visto afectada en algu-nos lugares, pues son varios los municipios en los que el poder de los grupos criminales está por encima del poder del ayuntamiento que acaba plegándose a los criminales, sea por incapacidad, complicidad o por terror. El caso de Michoacán es elocuente, pero no el único.

Durante el sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari se percibió que la estrategia era dejar que los cárteles criminales se eli-minaran entre sí aunque hubiera muertos por acciones violentas de las disputas entre ellos. La amarga realidad reciente es que los muer-tos no son sólo de los diversos cárteles por el control de los territo-rios, pues entre las víctimas de la violencia hay cientos de militares, marinos, policías y también civiles inocentes.

El grado de impunidad ha permitido que personas ligadas a los cárteles cometan delitos graves de extorsión, secuestro, homicidio doloso, robo a mano armada, extorsión a empresarios, “cobro” de impuesto, “derecho de piso”, todo esto con amenazas mortales que muchas veces han cumplido. También están involucrados en los se-cuestros, que en el sexenio del Presidente Felipe Calderón llegaron a la peor cifra de nuestra historia y, sobre todo, en el número de vícti-mas asesinadas durante éstos.

La impunidad de esa violencia criminal ha contagiado a pandillas juveniles en todo el territorio nacional, pues han pasado del pleito callejero a la violencia con armas, al asalto a mano armada y a un vandalismo cuyos límites ya están fuera de toda definición.


La violencia y el crimen organizado no son esencialmente pro-ductos de la pobreza –que es el argumento fácil para darle largas al problema, pues la solución de la pobreza es de largo plazo–, sino el resultado de la impunidad, que a su vez es fruto de mecanismos arraigados de complicidad de numerosos servidores públicos de las instituciones de seguridad y justicia con los criminales y, sobre todo, de la protección política a grupos criminales.

FCH: resultados cuestionables

El Presidente Felipe Calderón nunca enfrentó seriamente el pro-blema de fondo, lo que hizo fue multiplicar el presupuesto de segu-ridad pública para armamento, equipo sofisticado, aumentos sala-riales sin haber depurado previamente a la Policía Federal y otras instituciones relacionadas con la justicia y el combate al crimen. Ca-si no tuvo ningún logro significativo en la denuncia, persecución y castigo de la protección política de algunos grupos criminales.

El equipamiento y los mayores recursos económicos son necesa-rios, pero no dieron resultados porque no hay una verdadera Doctri-na Policial; no se hizo una estrategia basada en labor de inteligencia; no se entendió el papel tan importante de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior del país y no se perfeccionó la Ley en orden a la eficacia, sino para compensar presiones de enemigos tradicionales del Ejército.

No hay un programa serio para inculcar la ética en la Policía y en muchas de las filas de las Fuerzas Armadas. No hay transpa-rencia ni auditoría social ni vigilancia ciudadana. Sí hubo muchos operativos, algunos exitosos, otros fracasados y otros para consu-mo de la opinión pública a través de escenas planeadas para actua-ciones en los medios de comunicación y, cuando fueron exitosos en la captura de alguna figura clave del crimen, no se procedió al desmantelamiento.


Infinidad de casos se quedaron sin resolver por falta de voluntad política, como el secuestro del que fuimos víctimas mi esposa y yo, a pesar de que había elementos suficientes de investigación.

Se ha minimizado la labor de los grupos terroristas que han rea-lizado varios secuestros, para no reconocer su existencia y evitar así la atención mundial sobre México.

Los gobernadores, particularmente algunos del Partido Revolu-cionario Institucional (PRI), evadieron su responsabilidad legal de combatir y abatir los delitos del fuero común: homicidio doloso, extorsión, secuestro, asalto con violencia. Pretextaron que, como se trataba de crimen organizado, todo le correspondía a la Procuradu-ría General de la República (PGR).

Por su parte, el Gobierno Federal se olvidó de esos delitos y se concentró en la guerra contra el narcotráfico, que era el interés prio-ritario de los Estados Unidos para controlar las crecientes cantida-des de tráfico de narcóticos.

La actuación del titular de la Secretaría de Seguridad Públi-ca, ingeniero Genaro García Luna, en muchos casos benefició claramente a grupos criminales, o se ensañó contra algunas per-sonas. Cuando alguien trató de señalarle sus errores a García Luna, como lo hizo el comandante Javier Herrera Valles, que era Jefe de la Policía Territorial a nivel nacional, la reacción de éste fue encarcelarlo con fundamento en dichos de testigos fal-sos, dizque testigos protegidos. Afortunadamente un tribunal federal en segunda instancia –después de cuatro años de cárcel– dictó sentencia absolutoria y orden de libertad a favor de este Comandante.

Otros que tuvieron acceso a información sensible fueron asesina-dos sin que sepamos por quién ni por qué. Y cuando los reflectores de la desconfianza pública apuntaban a García Luna, como mago in-ventaba algún acontecimiento espectacular para desviar la atención y tratar de reivindicarse.


El caso más significativo es la emboscada en Morelos por parte de policías federales disfrazados de civiles contra funcionarios de la embajada norteamericana, con el evidente propósito de asesinarlos con armas de alto poder.

Inmediatamente la dependencia a cargo de García Luna inventó un supuesto operativo para perseguir a unos secuestradores, y ha-brían confundido a los vehículos diplomáticos con los delincuentes. Toda la atención de medios nacionales e internacionales (principal-mente los estadounidenses) se centró en unas cuantas horas en ese hecho, pero al día siguiente, García Luna montó un escenario con su Policía Federal para distraer la atención: puso en marcha un macro operativo en Jalisco para, presuntamente, atrapar a Nemesio Ose-guera Cervantes, alias “El Mencho”, presunto jefe del llamado Cár-tel de Jalisco Nueva Generación.

En los reportes de la Policía Federal hubo muertos, pero no se detuvo a nadie. Lo que sí ocasionó fueron estallidos de violencia de bandas criminales que incendiaron vehículos en las carreteras estatales. Los juegos de pirotecnia desviaron la atención mediática y en unos días la agresión a los funcionarios norteamericanos pasó a segundo término.

Por cierto, Señor Presidente Enrique Peña Nieto, yo vivo en Es-tados Unidos, conozco a varios congresistas, comunicadores y em-presarios.

Hice aquí mi vida por temor de regresar a México –como lamen-tablemente lo han hecho decenas de mexicanos– y puedo afirmarle que aquí se califica el hecho como muy grave y la expectativa está dirigida a usted para que el nuevo gobierno sí pueda investigar, es-clarecer y castigar este intento de asesinato, y dar una explicación real no al Presidente de los Estados Unidos, sino a la ciudadanía americana, en la que millones de mexicanos inmigrantes quieren sa-ber por qué policías federales trataron de matar a funcionarios de alto rango del Gobierno de los Estados Unidos.


Su compromiso, nuestro compromiso

Sin embargo, señor Presidente, lo más grave ha sido la protec-ción política deliberada al crimen organizado por parte de algunos gobernadores del Partido Revolucionario Institucional en varios es-tados de la República, lo cual ha levantado la percepción entre mu-chos ciudadanos del pago de sumas enormes de dinero para grupos y propósitos políticos. Eso contribuyó a generar un estado de ánimo nacional contra el Gobierno Federal, el cual sí asumió la decisión de combate a la delincuencia. Y esa inercia permanecerá mientras la ciudadanía no perciba acciones reales, resultados palpables del combate a la inseguridad.

Deliberadamente evité publicar este libro antes de las elecciones presidenciales del 2012, pues hubiera sido utilizado por el Partido Acción Nacional y la alianza en torno a Andrés Manuel López Obra-dor. El problema de la seguridad es del Estado. El Gobierno Federal es cabeza del Estado. Ahora este Gobierno lo encabeza usted y esos grupos protegidos o coludidos exigirán impunidad.

En medio del escenario de un escenario sin control, también se dio un esfuerzo singular para frenar esa violencia.

El General Mario Arturo Acosta Chaparro, quien fue asesinado cobardemente, y cuyo homicidio permanece impune, estaba reali-zando una importante labor con conocimiento de las más altas au-toridades de México: contactar a los más importantes grupos crimi-nales para ir acotando su actividad y para abatir la violencia. Esos grupos lo respetaban, por temor y por admiración de su valor civil.

Ojalá no contemple su gobierno la falsa estrategia de pactar con los grupos criminales delimitando sólo los territorios de cada uno para bajar la violencia cruel y aparatosa, sin disminuir ni el con-sumo ni el tráfico de drogas, ni otros delitos graves que agravan y lesionan a la población aunque no salgan en los noticieros. Eso sería sólo posponer y evadir la solución de fondo.


El caso del General Tomás Ángeles Dauahare, militar con un gran reconocimiento en las filas castrenses, encarcelado durante meses sin fundamento alguno, dejó una enorme duda, pues llegó a ser con-siderado como posible titular de la Secretaría de Seguridad, en lugar de García Luna. Las autoridades encargadas de investigar delitos contra el narcotráfico utilizaron, una vez más, dichos de tesigos pro-tegidos para tratar de inculparlo con la delincuencia organizada y algunos de sus jefes.

Esa estrategia sirvió de pretexto para detener a otros generales y oficiales. La inocencia del General Ángeles Dauahare se comprobó y salió libre. Al haber utilizado a los mismos testigos para inculparlos, se espera que los otros militares también sean liberados.

Este caso, además de desprestigiar internacionalmente a todo el Ejército mexicano es un reto para su gobierno, esclarecer ese caso es prioritario en su agenda en materia de justicia. Además, y no se puede soslayar, usted debe marcar con firmeza el rumbo que debe seguir el Ejército, hoy parcialmente contaminado, pero en su mayo-ría confiable para la seguridad interior y para la seguridad nacional.

Presidente Enrique Peña Nieto: usted ha provocado una gran ex-pectativa con la propuesta y posterior iniciativa de creación de la Comisión Nacional Anticorrupción –en sustitución de la Secretaría de la Función Pública– como instrumento del Estado para abatir la opacidad. Créame que me entusiasma su compromiso y pugnaré porque muchos ciudadanos le den seguimiento.

Sólo me atrevo a preguntarle con respeto ¿El Ejecutivo Federal o la Comisión Anticorrupción, en su momento, va a investigar a los ex gobernadores del PRI, mencionados en este libro? ¿Va a perse-guir el macro fraude detrás del endeudamiento y la “tolerancia” del secuestro por parte del ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional de ese partido, Humberto Moreira?

¿Va a cuidar la relación con ellos, a pagarles su apoyo y a ayudarle a limpiar su imagen con investigaciones superficiales o arregladas?


Enfatizo que lo que esperamos diversos grupos de mexicanos que se han acercado a usted para proponer, para exigir, para su-mar y ayudar, es que ponga fin a la impunidad y se castigue a los culpables.

Muchos empresarios, líderes sociales, eclesiásticos, políticos de todos los partidos, que ven la situación con realismo y esperanza, no están buscando beneficios personales, no son lambiscones, ni ingenuos: son mexicanos que respetan la institución presidencial y la democracia y quieren que su gobierno tenga la fuerza, la autori-dad, la base social para hacer los cambios pendientes. Esperan que marque usted su distancia de políticos que no tienen credibilidad aunque tengan mucho poder y mucho dinero, y que privilegie la capacidad profesional, la política visionaria de futuro, y el respe-to profundo a los anhelos más sentidos y profundos del pueblo mexicano, como es la gobernabilidad con reforma de la justicia y abatimiento de la violencia y la impunidad, la construcción de la paz social.

También anhelamos una reforma educativa real; el desarrollo económico con empleo y sobre todo con justicia social, pues la mi-tad de los mexicanos está en la pobreza y de ellos, 25 millones en la miseria. Ese es un reto urgente, grave e inaplazable.

Su fuerza para ganar estuvo en los votos, su fuerza para gobernar está en la participación ciudadana; en la capacidad del gobierno de dar respuestas eficaces a las exigencias de la sociedad, más allá de las presiones típicas de los políticos.

Presidente Enrique Peña, deseo lo mejor para usted, México re-quiere de un Presidente fuerte y justo. México es y seguirá siendo mi compromiso, nuestro compromiso y lo que haga usted por México. Aquí, en Washington, con todas mis limitaciones, lo reconoceré; y si algo me parece que perjudica a México, con lealtad y firmeza se lo diré, aunque mi voz sea débil comparada con la de los poderes fácticos, que ciertamente no quieren cambios verdaderos.


En síntesis

Las personas de México y de los Estados Unidos con los que he comentado –vinculados a órganos o dependencias relacionadas con las leyes, con la justicia y con el combate al crimen– destacan los siguientes puntos:

1.- Es indispensable mantener el combate al crimen organizado con toda la fuerza del Estado, dando mayor protección y seguridad a la ciudadanía. Claro con una mejor estrategia. Por cierto, con todo respeto señor Presidente, su estrategia no convence.

2.- El nuevo gobierno requiere una estrategia, con labor de inte-ligencia, depuración a fondo de las instituciones de seguridad y en especial de las policías con labor preventiva, y cambiar de mentali-dad para privilegiar la formación ética y respetar el derecho huma-no de todos los mexicanos a la paz, la justicia y la seguridad.

3.- Organizar a las dependencias de los gobiernos federal y esta-tal, Secretarías de Salud, Educación. Desarrollo Social y Sedena; y organizaciones de la sociedad civil para la prevención efectiva de la violencia, el delito, la complicidad y las adicciones, especialmente de los adolescentes y jóvenes de todo el país.

4.- No caer en la tentación de pactar con los grupos criminales y terroristas. Avanzar sustantivamente, en el abatimiento de la violen-cia, y por tanto, obligar con ese ejemplo a todos los gobernadores a cumplir con voluntad política y eficacia su primera responsabi-lidad, la procuración de justicia y la garantía de la seguridad de la población, mediante la persecución y castigo de los delitos que más agravian a la sociedad; con metas públicas para abatir esos delitos e indicadores medibles y confiables. Para que la ciudadanía pueda saber qué autoridades –federales y estatales– sí cumplen y cuales no, con nombre y apellido.

5.- Recuperar la gobernabilidad lo cual exige ejercer el monopolio legítimo de la fuerza del Estado para recuperar territorios y respal-


dar a los gobiernos legítimos municipales. Y por ello las Fuerzas Armadas deben ser depuradas, respaldadas jurídica, política y so-cialmente para que vuelvan a recuperar todo su respeto.

6.- Evitar la manipulación y control de la información en los me-dios, ya que eso lo llevaría al descrédito; tenga en cuenta que la per-cepción social de los acontecimientos ya no es exclusivamente a tra-vés de la prensa, la radio y la televisión.

7.- Coordinarse con el gobierno de los Estados Unidos de Nor-teamérica y otros del Continente sin menoscabo de la autonomía y soberanía de México. La futura coordinación tiene una condición esencial e insustituible, así lo piensan la mayoría de los congresistas norteamericanos y es el absoluto y total esclarecimiento del evidente intento de asesinato de funcionarios de la Embajada Norteamerica-na por parte de la Policía Federal.

Lo invito cordialmente a leer este libro.

AtentamenteEduardo García Valseca

Introducción

introducción • 23

Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República en me-dio de la mayor crisis de seguridad del país en tiempos de paz y resolverla es su mayor desafío, lo reconozca o no.

La crisis no es producto del azar, factores externos o pretendidos “factores sociales”.

El desastre de seguridad pública de México es obra principal-mente de elementos de la clase política.

Ni siquiera cabe atribuir la crisis a la prohibición de las drogas o para ser más precisos, del narcotráfico. La prohibición tiene casi un siglo en México ¿Por qué antes no se produjo una ola de violencia como la que está en curso?, ¿por qué no hay una violencia compara-ble en la gran mayoría de naciones del mundo donde también existe prohibición?

La ola de violencia sólo puede explicarse por las políticas erró-neas de los gobernantes, por la negligencia e incompetencia de casi todos y la corrupción y la colusión con grupos criminales.

Una justificación del Presidente Felipe Calderón Hinojosa y miembros de su partido fue que los anteriores gobiernos federales encabezados por militantes del PRI fueron quienes engendraron y permitieron el desarrollo de los grupos de delincuencia organizada. Incluso negó reconocimiento a su antecesor, el Presidente Vicente Fox Quesada, a pesar de que provenían del mismo partido.

24 • introducción

Aunque sin ser totalmente cierta la premisa, los dos tuvieron el poder formal para ejercer toda la fuerza del Gobierno y del Estado, pero no tuvieron el poder real para someter a los grupos del viejo sistema político priísta, e incluso trataron de negociar con algunos de ellos.

Por eso, Calderón Hinojosa siempre encontró un discurso para justificar la herencia de desastre en materia de seguridad que dejó al Presidente Enrique Peña Nieto.

Es cierto que si bien la responsabilidad central recayó en el titular del Ejecutivo Federal, también la hubo en otros. También es cierto que Calderón Hinojosa heredó una pesada carga de problemas, pero antes que recibirla de los ex presidentes priístas –quienes también tienen su grave responsabilidad en todo esto– la recibió de manos su predecesor inmediato en el cargo, de un miembro de su propio partido político.

Al Presidente Felipe Calderón le estalló en la cara una bomba de tiempo que le dejó Vicente Fox, quien después para ocultar su grave responsabilidad tiró una cortina de humo con varias declaraciones para no reconocer sus omisiones, entre ellas la de la promoción de la legalización de la mariguana.

La opinión pública de México y muchos observadores extranjeros han asumido la idea de que Felipe Calderón es culpable de la ola de violencia porque sin, supuestamente, medir las consecuencias y sin la debida preparación, declaró una guerra a los grupos criminales.

Esta noción absurda se basa en la falsa suposición de que si Cal-derón Hinojosa no hubiera desatado la pretendida ofensiva contra los grupos criminales, estaríamos muy tranquilos, nos habríamos ahorrado más de 60 mil muertos. Y lo peor es la propuesta implícita: para estar en paz hay que dejar tranquilos a los grupos criminales, hay que permitirles hacer cuanto gusten.

Y la noción de la declaración de guerra de Calderón Hinojosa es absurda por muchas razones: porque la gran mayoría de las muer-


tes no son resultado del enfrentamiento entre agentes del orden y criminales; porque no hay lógica en atribuir la matanza entre grupos criminales a la represión legal de los mismos y porque es falso que durante su mandato, Felipe Calderón haya hecho más contra el nar-cotráfico y los narcotraficantes de lo que hicieron sus predecesores.

Esta crítica, que comparten desde los enemigos políticos acérri-mos de Felipe Calderón hasta críticos moderados, es en realidad complaciente con el ex Presidente. Después de todo, esta versión lo coloca como alguien que hizo lo que la ley le obligaba, aunque de manera poco prudente.

La realidad es otra. Los verdaderos errores del Presidente Felipe Calderón son más graves de lo que los partidarios de este mito le atribuyen. Sus verdaderos errores fueron:

• El haberse movido contradictoriamente, entre el continuar la política de dejar que los criminales se masacren entre sí e inter-venciones para intentar contener la violencia;

• La continuación de la política de perseguir a unos criminales y así favorecer a sus rivales, a los que persiguió con mucho menos denuedo;

• Haber porfiado hasta el final de su mandato en sostener a co-laboradores altamente ineficaces y no pocos de ellos sospecho-sos de graves actos de corrupción y complicidad;

• Haberse negado a asumir plenamente el liderazgo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a proponer un programa que obligara a los gobernantes locales a sumarse a la lucha para frenar la violencia y recuperar las corporaciones policiales cap-turadas por los grupos criminales;

• No haber actuado consecuentemente contra los gobernantes locales protectores de los delincuentes y/o negligentes;

• Y, por supuesto, haber encubierto a sus predecesores en el car-go por su grave responsabilidad en la crisis de seguridad, es-pecialmente a Vicente Fox Quesada.


• Haber pactado con algunas las fuerzas de la llamada “familia revolucionaria” caracterizadas por la impunidad, como el Sin-dicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el sindicato petrolero.

Pero con las erróneas políticas de Felipe Calderón, solas, no ha-bría bastado para producir una crisis como la que sigue en curso. Los demás actores políticos hicieron una contribución decisiva, in-cluyendo a ciertos poderosos priístas.

Parte de la herencia que los presidentes Vicente Fox y Felipe Cal-derón recibieron fue la política de dejar que los criminales se ma-ten entre sí. Ésta fue inaugurada por el Presidente Carlos Salinas de Gortari, con lo que sembró la semilla del “Estado fallido” en México, pues el poder público empezó a renunciar a su monopolio –irrenun-ciable– sobre el uso de la fuerza legítima en contra de la violencia. Y esto es más grave que la bien conocida y vieja práctica corrupta de proteger a los narcotraficantes, que casi cumple la centuria de vida.

Pero la principal contribución de los políticos priístas a la actual crisis de seguridad no es esa, cuando disponían de la Presidencia de la República, sino lo que muchos gobernantes locales del PRI hicie-ron en los últimos 12 años. Los grupos criminales simplemente no habrían podido cobrar la fuerza que cobraron sin la protección de no pocos gobernadores, quienes en algunos casos devinieron en ver-daderos socios del hampa organizada, más que meros gobernantes que reciben sobornos.

Estos gobernadores fueron decisivos en consolidar dos de los rasgos, hoy por hoy, más perniciosos de los grupos criminales: su extensión hacia actividades delictivas más allá del narcotráfico y la captura de algunas estructuras del Estado, en particular las policíacas.

Todo un mundo se fue abriendo a los capos, originalmente só-lo narcotraficantes. Ellos se fueron apoderando de un giro criminal tras de otro, para –finalmente– entender que su negocio no era el


tráfico de drogas, sino la violencia, gracias a la cual pueden obtener cuanta renta ilegal o legal deseen ¿Para qué limitarse a un negocio que –pese a todas las exageraciones– no llega ni al 2% del PIB, cuan-do que es posible obtener una rebanada mucho más generosa de la renta nacional?

Para los grupos criminales, y sus socios con poder político y eco-nómico, no es sólo la extorsión permanente y sistemática –cobro de “derecho de piso”–, negocio en veloz expansión, sino el uso de la violencia y la corrupción para incursionar en las actividades econó-micas legales: el apoderamiento de concesiones y empresas comple-tas, el control monopólico de determinados ramos, la minería ilegal, el acaparamiento de la venta de bienes y servicios al Estado y de las licitaciones de obra pública.

El otro mundo que los gobernantes locales le abrieron a los narcos fue el del control de las policías locales. Ya no se trató, como en el pasado, de tener a los mandos en la nómina, sino a toda la plantilla. Tal gasto no es despilfarro: se trata de que cada policía tenga bien claro quién es el jefe en cada territorio.

No sólo políticos panistas y priístas son responsables del desas-tre de la seguridad pública. Los políticos del Partido de la Revolu-ción Democrática podrán decir mucho de cómo sería el país si ellos tomaran el poder, pero las palabras sobran, pues en Michoacán ya demostraron en la práctica lo que en realidad sucedería: la instaura-ción de un Estado-gángster y no sólo un narco-Estado.

Aunque el proceso inició desde el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel en Michoacán, fue bajo el periodo de Leonel Godoy Rangel y su primo, cuando el grupo criminal “La Familia” se convirtió prime-ro en un poder paralelo al formal en varios municipios y después en el poder real en decenas de ellos.

Gobernar un país herido por la violencia y la inseguridad, amena-zado por los grupos criminales cada vez más ubicuos, depredadores y desafiantes, y agraviado por gobernantes negligentes y coludidos


con los peores delincuentes, es el tigre que Enrique Peña se sacó en la rifa electoral.

Tan pronto ha iniciado su mandato, el Presidente Enrique Pe-ña Nieto se ha tenido que enfrentar con desafíos adicionales, específicamente con la aparición de grupos de civiles armados que se autodenominan “autodefensas”, cuyos integrantes dicen haber tomado las armas para defenderse de los grupos criminales.

Estos “grupos de autodefensa” han proliferado rápidamente, has-ta estar presentes en decenas de localidades del país. Su surgimiento tiene causas verdaderas y sentidas en la mayoría de los casos, pero muchas de estas agrupaciones han cometido atropellos, incluso ase-sinatos, no muy distintos a los perpetrados por los grupos crimina-les de los que dicen defenderse.

Por lo hasta hoy publicado en diversos medios y por las acciones desarrolladas por algunas de esas organizaciones parecen más una suerte de fachada de los verdaderos grupos criminales para seguir encubriendo sus ilícitas actividades.

Ante los problemas ya previstos como ante los imprevistos, la política de seguridad pública del Presidente Peña Nieto ha terminado por definirse y, por desgracia, es fundamentalmente equivocada y su aplicación crea el peligro real de que el proble-ma de inseguridad e ingobernabilidad en México se torne más grave.

Siete son los ejes de esa política:1. “Prevención social” de la violencia y el delito.2. Creación de una Policía nacional.3. Control de la información para aparentar que el problema se

está resolviendo.4. Indiferencia ante el decisivo problema de la impunidad.5. Desdén hacia la política de metas para reducir el crimen.6. Tácticas dilatorias ante la problemática de las policías locales.7. Pasividad y claudicación ante los grupos armados ilegales.


A continuación vamos a explicar cuál es la herencia que el Pre-sidente Enrique Peña Nieto ha recibido en materia de seguridad y por qué las políticas que ha elegido para hacerle frente son peligro-samente equivocadas, así como cuáles son las políticas alternativas que el país requiere.

La desastrosa herencia del sexeniode Felipe Calderón Hinojosa

la desastrosa herencia del sexenio de felipe calderón hinojosa • 33

De lo que Felipe Calderón no es responsable

Toda evaluación que se haga de la administración del sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa debe partir de un hecho incuestio-nable: entregó a su sucesor un país más inseguro del que recibió de su antecesor; incluso si, como es el caso, a Calderón Hinojosa se le heredó una bomba de tiempo.

Veamos algunos hechos, según la propia estadística oficial. Entre 2006 y 2012 en el país aumentaron:

• 123% los homicidios dolosos y 414% los atribuibles al crimen organizado.

• 248% los secuestros.• 91% las extorsiones.• 51% los robos con violencia.Reconocer este empeoramiento de la seguridad no significa que

todo de cuanto se culpa a Felipe Calderón sea cierto. Y aquí no im-porta si la persona del ex presidente es tratada con justicia por las críticas. El verdadero problema es que si las críticas más populares se toman por acertadas y se convierten en la base de la política del gobierno, la consecuencia práctica será un desastre mucho mayor al que heredó Felipe Calderón.

No es nuestro propósito defender la política del expresidente, cuyos aciertos son ampliamente superados por sus errores, según prueban los resultados. Al mostrar la falsedad de las acusaciones

34 • la desastrosa herencia del sexenio de felipe calderón hinojosa

más frecuentes que se le hacen, buscamos impedir que las mismas sean la base de las políticas de gobierno.

La acusación falaz más socorrida que se hace al Presidente Feli-pe Calderón y que proviene de la izquierda –aunque otros actores políticos la han hecho suya– es que desató una “guerra” contra los narcotraficantes que cobró más de 66 mil muertes, disparó diversos delitos e incurrió en graves y generalizadas violaciones a los dere-chos humanos.

La conclusión lógica de esta acusación es: si Calderón Hinojosa hubiera dejado tranquilos a los grupos criminales, el país se habría ahorrado más de 66 mil muertes, así como la escalada delictiva que lo abruma y los abusos de poder cometidos por las fuerzas arma-das y la Policía. Pero sobre todo, de la acusación se infiere que para poner fin a todos esos males hay que dejar tranquilos a los grupos criminales, permitirles hacer cuanto gusten.

Hay otras críticas que sostienen que Felipe Calderón en lugar de la lucha frontal contra los grupos criminales debió: primero haber reformado a los cuerpos policiales locales que estaban debilitados e infiltrados por el crimen organizado y/o debió seguir una estrategia no basada en el uso de la fuerza sino en acciones contra el lavado de dinero y/o debió haber actuado contra la supuesta causa de raíz de la violencia (pobreza, marginación, desigualdad en los ingresos).

Ya analizaremos esas críticas también equivocadas; pero, prime-ramente, cabe refutar la acusación principal, la de la “guerra”. Esta acusación es falaz por las siguientes razones:

• La gran mayoría de las muertes que cobró la ola de violencia entre 2007 y 2012 no resultó de confrontaciones entre las fuer-zas del orden y los grupos criminales.

• Fueron los grupos criminales los responsables de la casi totali-dad de esas muertes. La gran mayoría de los caídos eran per-sonas que participaban en actividades delictivas; sin que ello, por supuesto, justifique su asesinato.


• Es absurdo atribuir esa escalada en las disputas entre grupos criminales a las acciones legales del gobierno, tendientes a tra-tar –precisamente– de contener la violencia criminal.

• Las acciones del gobierno no apuntaron principalmente a des-articular las actividades de narcotráfico; antes bien, por el con-trario, el tráfico de drogas no se vio sustancialmente afectado, más bien fortalecido.

• Consecuentemente carece de sentido el señalamiento de que como el gobierno perjudicó a los grupos criminales en su acti-vidad principal, estos derivaron hacia otros giros delictivos en perjuicio del conjunto de la población.

• Más absurdo aún resulta atribuir la expansión de los grupos criminales mexicanos más allá de las fronteras nacionales, a esa inexistente afectación del narcotráfico en el país.

Y no sólo refutamos esta acusación central, sino que sostenemos que la ola de violencia, cuyos responsables son los criminales, es resultado también de la combinación de las políticas de los go-biernos anteriores al del Presidente Felipe Calderón, los propios errores de éste y el papel jugado por los gobiernos locales en los últimos años. La clase política toda y no sólo Calderón Hinojosa es la culpable de la grave crisis de violencia e inseguridad que golpea a México.

Y su responsabilidad no es por haber actuado contra los crimina-les; sino precisamente por no haberlo hecho o por hacerlo de manera ineficaz y torcida.

La magnitud de la crisis y sus autores

Respecto a la magnitud y calidad de la violencia, considerar los datos duros debe ser la base de cualquier juicio que busque la ver-dad. En tal sentido estos son los datos principales que deben tomar-se en cuenta:


• Entre 2007 y 2012 en México se cometieron 104,825 homicidios dolosos según cifras oficiales del Sistema Nacional de Segu-ridad Pública1, pero en virtud de la falsificación de datos en que incurren los gobiernos de algunas entidades federativas, la cifra real por nosotros estimada es de 131,4042.

• La cifra real de homicidios dolosos entre 2007 y 2012 es un 76.64% superior a la cifra oficial entre 2001 y 2006 durante el gobierno de Vicente Fox (74,389) y un 46.54% mayor a la ha-bida durante el gobierno de Ernesto Zedillo entre 1995 y 2000 (89,674).

• La diferencia entre el periodo 2007-2012 y el periodo 2001-2006 es de 57,015 homicidios. Pero debe considerarse que desde dé-cadas atrás y particularmente entre 1998 y 2006 había una ten-dencia declinante en la incidencia de homicidios en México. De haberse mantenido esa tendencia entre 2007 y 2012, habría habido una incidencia de 58,218, es decir, 73,186 menos de los que en realidad hubo. Alrededor del 90% de los homicidios adicionales corresponden a la ola de violencia desatada por el crimen organizado (precisamente la cifra de 66,410 por noso-tros estimada).

• Según el gobierno de Felipe Calderón entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010 se registraron en el país 34,612 homicidios atribuibles a los grupos criminales, pero oficialmente se desig-naron por “rivalidad delincuencial”, término poco afortunado que ha dado lugar a confusiones. Respecto a 2011 el gobierno reportó 12,903 homicidios de este tipo entre enero y septiem-bre, pero después se negó a seguir dando información pública al respecto. Nuestra estimación para todo el sexenio es, cabe repetir, de 66,410 homicidios atribuibles al crimen organizado.3

• Las primeras cifras del gobierno (34,612 homicidios ocurridos entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010) presentó virtu-des y defectos. Las virtudes son dos: primera, reconocía canti-


dades superiores a las de los conteos realizados por diferentes medios de comunicación; segunda, estableció tres clasificacio-nes: ejecuciones, muertes producto de enfrentamientos (ya sea entre delincuentes o de estos con agentes de las fuerzas del orden) y muertos en ataques contra autoridades públicas. La primera categoría acapara el 89.31% de los casos (30,913), la segunda participa del el 9.11% (3,153) y la tercera del restante 1.58% (546).

• Hay dos errores de método y concepto en este conteo: primero, no distinguir entre caídos en enfrentamientos entre delincuen-tes y caídos entre enfrentamientos de delincuentes con agentes del orden; segundo, se incluyen las muertes de delincuentes caídos en enfrentamientos con agentes del orden (aunque no se precisen cuántos son) cuando que según las convenciones internacionalmente de estadística criminal estas muertes no pueden considerarse homicidios, a menos que se tratara de ejecuciones extrajudiciales.

• Pese a esto errores, las cifras son muy reveladoras acerca de que la gran mayoría de las muertes no son resultado de enfrenta-mientos entre delincuentes y fuerzas del orden ni de enfrenta-mientos entre delincuentes, sino de agresiones contra personas, sean delincuentes o no, que no ofrecieron resistencia armada.

• Por nuestra parte estimamos que de los 66,410 homicidios atri-buibles al crimen organizado entre 2007 y 2012, el 4.82% (3,204) corresponde a policías y soldados asesinados en enfrentamien-tos y a servidores públicos muertos por atentados de los inte-grantes de grupos criminales; el 5% (3,320) a personas inocen-tes (desde familiares de delincuentes hasta individuos sin el menor vínculo con éstos, como víctimas de secuestro, personas asesinadas por error, ciudadanos que se negaron a la extorsión y víctimas de atentados terroristas); el 90.17% (59,882) eran de-lincuentes, en su gran mayoría dedicados a la venta de drogas


al menudeo y también en su gran mayoría no opusieron resis-tencia cuando fueron asesinados.4

Por tanto, la idea que el gobierno mató a las más de 60 mil vícti-mas de la ola de violencia, carece del menor fundamento.

Asimismo, la versión de que muchas de las víctimas –ni siquiera se estima cuántas– fueron asesinadas por grupos paramilitares del gobierno con el propósito de “limpieza” social, es fantasiosa y care-ce de la menor evidencia. Es igualmente falaz señalar que los grupos que han cometido estos crímenes no son las escuadras de sicarios al servicio de los cárteles de la droga, sino bandas dedicadas a matar “pobres” para así acabar con la pobreza. Los grupos de sicarios es-tán bien identificados, no hay nada de misterioso en ellos. El “mis-terio” es pura fabricación.

Además de los homicidios propiamente dichos, están las muertes de delincuentes en enfrentamientos con fuerzas del orden. Según el Eército entre diciembre de 2006 y hasta julio de 2012, había dado muerte a 2,893 delincuentes en esas circunstancias.5 Además están los delincuentes caídos en enfrentamientos con elementos de la Se-cretaría de Marina y de la Policía Federal y de las policías locales. El total de esta categoría podría llegar a los 4 mil muertos. Si todas o parte de estas muertes figuran en las cuentas de “rivalidad delin-cuencial”, entonces la cifra de muertes atribuibles al crimen organi-zado sería menor a la que hemos calculado, pero por el momento no hay forma de saber exactamente cuál es, precisamente por la confu-sión introducida por la PGR.

Al respecto, hay señalamientos de que una parte de estas muertes no ocurrieron mientras los delincuentes resistían al uso legítimo de la fuerza por parte de los agentes del orden, sino que fueron ejecuta-dos extrajudicialmente. No dudamos de que haya habido ejecucio-nes extrajudiciales, pero se desconoce la magnitud de esta violación muy grave a las garantías individuales, condenable e inadmisible bajo cualquier circunstancia.


Asimismo, el ejército reconoce haber dado muerte a 47 civiles inocentes por confusión o debido a balas perdidas disparadas por militares durante enfrentamientos con criminales.6 Están también los civiles inocentes asesinados por marinos y policías federales y locales.

Si asumimos, hipotéticamente que un tercio de los delincuentes muertos en enfrentamientos en realidad fueron ejecutados extraju-dicialmente y si esa cantidad se suma a la de civiles inocentes ase-sinados por agentes, la cifra difícilmente representa el 1.5% de los más de 65 mil muertes que cobró la ola de violencia. No soslayamos la gravedad de estas muertes, sino que dejamos claro que es falso atribuir la mayoría de muertes a los agentes del Estado.

Una batalla ficticia

Ahora bien, la acusación más frecuente de quienes culpan a Cal-derón Hinojosa por la ola de violencia no es que agentes del Es-tado hayan asesinado a 65 mil personas, sino que, al perseguir las fuerzas del orden a los cárteles del narcotráfico –por órdenes el ex Presidente Felipe Calderón–, se provocó que éstos pelearan entre sí, con el saldo conocido. Específicamente se asegura que la violencia se desató en ciudades y municipios como consecuencia del desplie-gue de fuerzas federales, sobre todo militares, y tras de la captura de capos de las organizaciones criminales; pues ello desata pugnas por suceder a los jefes capturados o muertos. También se culpa de la violencia a los grandes decomisos de drogas y dinero, así como las acciones de destrucción de cultivos ilícitos

Estas críticas son equivocadas por las siguientes razones:1. No es verdad que el despliegue masivo de policías federales y

soldados preceda las escaladas de violencia en ciudades y mu-nicipios. Basta con cotejar en líneas de tiempo la evolución de la estadística de asesinatos atribuibles a los grupos criminales


con las intervenciones federales, para constatar que no existe la correlación que se pretende y menos aún la supuesta relación causa-efecto.7 Cuando se iniciaron las intervenciones, ya fuera en Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas, la zona metropolitana de Torreón, Coahuila o el puerto de Acapulco, Guerrero la vio-lencia ya tenía tiempo de venir escalando. Casi todos los ope-rativos fueron en reacción ante la violencia criminal. Y si esas intervenciones no frenaron la escalada de violencia o tardaron en hacerlo, esa es otra discusión.

2. Quienes presentaron la escalada de violencia casi como una evidencia de que el gobierno estaba haciendo bien las cosas contra los narcos, no fueron los críticos sino precisamente los colaboradores de Calderón Hinojosa, cuyo discurso fue elabo-rado con enorme torpeza. Pero el que esos voceros guberna-mentales hayan sostenido algo, eso no indica que por ese sólo hecho haya sido verdad.

3. Tampoco es verdad que tras las detenciones o muertes de jefes criminales o tras de decomisos importantes de drogas y dinero haya escalado la violencia, lo cual también se puede constatar con el cotejo en líneas de tiempo entre ejecuciones, por un lado, y de detención o muerte de capos o bien de aseguramientos, por el otro.8

4. Pero la idea de que las acciones de represión legal del go-bierno al narcotráfico y a la delincuencia en general son las que provocan la violencia, es bastante absurda e inmoral. Es absurda porque contradice la lógica y la experiencia, tan-to internacional como nacional. Y véase, si no, lo absurdo del razonamiento: yo narco, enojado como estoy porque el go-bierno me decomisó 200 millones de dólares, de puro coraje mando asesinar –no a los agentes que intervinieron en el decomiso– sino a 200 narcomenudistas al servicio de un capo que es enemigo mío ¿No es, acaso, este razonamiento un monumental disparate?


Y quítense 200 millones de dólares y póngase en lugar lo que se guste (la detención de operadores o capitanes criminales, aseguramiento de drogas o precursores) y el absurdo sigue siendo portentoso.

5. Además, la premisa de que cuando los narcos –y en general los delincuentes– riñen es sólo porque el gobierno los molesta, se contradice con la experiencia internacional y nacional. Para empezar, los delincuentes siempre riñen porque, además de ser criminales carentes de todo escrúpulo, compiten. Y si bien es cierto que la rivalidad entre empresarios legales se dirime mediante mejor calidad de bienes y servicios y menores pre-cios, en el mundo del hampa la competencia se hace mediante las armas. Es cierto que hay pactos y treguas, pero también que constantemente se violan, sobre todo a partir de la percepción de que mediante la violencia se puede superar al hampón con el que se pactó y ahora se busca traicionar.Bajo el gobierno del Presidente Álvaro Uribe en Colombia, como también bajo su sucesor Juan Manuel Santos, el gobier-no desató la mayor ofensiva contra el narcotráfico habida en la historia de ese país, con los mayores decomisos de cocaína ¿Acaso eso disparó la violencia en el país sudamericano?9 Todo lo contrario: mientras más se golpeaba a los narcos en todos sentidos menor era la incidencia de homicidios, la cual sigue descendiendo.En Canadá, en los años noventa la violencia entre narcos, la llamada “Quebec Biker war”, fue frenada mediante la combi-nación de una fuerte presión policial que entorpeció el tráfi-co de drogas y la detención de los principales responsables. La policía canadiense no siguió otro método para controlar la violencia que el seguido por policías de distintos puntos del mundo: entorpecer el narcotráfico, hasta que los narcos prefieran reducir el nivel de violencia al ver comprometi-


do su negocio. La policía sabe que es imposible erradicar el narcotráfico, pues éste se sostiene gracias a los consumido-res, pero también saben que el mismo interés económico de los narcos puede ser utilizado para que auto-contengan su capacidad de violencia. Para los pocos que se resistan, que-da al Estado el recurso de encarcelarlos, de hacer efectivo el monopolio del uso de la fuerza legitima contra la violencia. En México, la Operación Cóndor lanzada en la segunda mi-tad de la década de los setenta, fue la mayor operación, has-ta ahora, contra el narcotráfico en el mundo, al grado de que México pasó de proveer el 80% de la heroína consumida en Estados Unidos al 25%.10 Eso no produjo ninguna matan-za entre narcos ni represalias contra gobernantes, policía o ejército. En noviembre de 1984 en Jiménez, Chihuahua se dio el mayor decomiso de marihuana en la historia -récord aún no superado-, se aseguraron 8 mil toneladas. Cierta-mente hubo represalias, como fue el asesinato del agente de la agencia norteamericana contra las drogas (Drug Enfor-cement Administration, DEA), Enrique “Kiki” Camarena Salazar, con lo que se provocó un conflicto binacional; pero salvo, esta reacción que tuvo lógica –atentar contra el prin-cipal responsable del decomiso–, no se desató ninguna ola de violencia entre narcos como la de ahora, ni mucho menos. En 1975, en un supuesto enfrentamiento con agentes de la Po-licía Judicial Federal, murió el entonces máximo capo Pedro Avilés (aunque hay versiones verosímiles que se trató de una ejecución extrajudicial).11 En consecuencia no se desató una ola de violencia, como tampoco tras la muerte en un operativo policial del capo Pablo Acosta en Ojinaga, Chihuahua en 1986.

Tras la captura en 1989 del máximo capo Miguel Ángel Félix Ga-llardo –más importante de lo que hoy es Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo Guzmán”–, ciertamente se desató una matanza, pero esas


muertes se podrían haber evitado si gobernantes y jefes policiales lo hubieran querido.

Eran las épocas cuando jefes policiales controblaban a las bandas de delincuencia organizada sin ningún pudor.

El narcotráfico no fue golpeado, sino fortalecido

Hay otra premisa completamente falsa en este razonamiento: que el gobierno de Calderón Hinojosa realizó el mayor esfuerzo hasta ahora habido contra el narcotráfico en México. La verdad es que tér-minos de aseguramiento de droga y erradicación de cultivos ilícitos, los resultados de la administración del Presidente Felipe Calderón está entre los más mediocres de las últimas cuatro administraciones federales. El negocio del narcotráfico está intacto en México, muy lejos del drástico debilitamiento logrado en Colombia en los últimos 10 años.12

En México entre 2000 y 2010 la producción de heroína creció en 1,795%. El mercado interno de drogas no sufrió el menor problema de abasto y hay más puntos de venta en las calles que nunca antes. Los mercados que son abastecidos por narcos mexicanos no sufrie-ron ni la más pequeña escasez. De modo ¿que en dónde queda la gran acción de Calderón Hinojosa contra el narcotráfico que supues-tamente habría provocado la violencia?

Tampoco es verdad que los cárteles hayan sufrido un desmante-lamiento sin precedentes debido a la muerte y captura de sicarios, traficantes y capos.

Es un hecho que ningún otro gobierno abatió tantos de esos cri-minales y que la administración de Felipe Calderón capturó o dio muerte a importantes capos. Es cierto también nunca antes se extra-ditó a Estados Unidos a tantas cabezas del narcotráfico y que nunca habían sido detenidos, consignados, juzgados y condenados tantos responsables de narcotráfico.


Pero respecto a las detenciones y castigo de delincuentes cuando se examinan los detalles, el esfuerzo no parece tan extraordinario como decía la propaganda gubernamental.

Bajo la administración del Presidente Felipe Calderón fueron cap-turados o muertos varios de los capos más importantes de los seis principales cárteles: Nazario Moreno “El Más Loco” o “El Chayo” y Jesús Méndez “El Chango” de “La Familia”; Arturo y Alfredo Bel-trán Leyva de la escisión del Cártel de Sinaloa; José Antonio Acosta Hernández “El Diego” del Cártel de Juárez; Ezequiel Cárdenas Gui-llén “Tony Tormenta” y Jorge Eduardo Costilla Sánchez del Cártel del Golfo; Jesús Zambada García ‘El Rey’ del Cártel de Sinaloa y Heriberto Lazcano, el máximo líder de “Los Zetas”.

Sin embargo, bajo administraciones anteriores a la del Presiden-te Felipe Calderón hubo golpes semejantes: la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo, Joaquín Guzmán Loera (si bien no tenía en-tonces el peso de ahora) y Amado Carrillo Fuentes, quien estuvo presos sólo 9 meses, bajo la administración de Carlos Salinas; la cap-tura y extradición de Juan García Ábrego, máximo líder del Cártel del Golfo bajo la administración de Ernesto Zedillo; la detención de Ossiel Cárdenas Guillén, entonces máximo líder del Cártel del Gol-fo, y de Benjamín Arellano Félix, máximo líder del Cártel de Tijuana, durante el gobierno de Fox.

Y respecto al número de condenados por narcotráfico, la cifra de 20,101 en 2010 parece muy por encima de la de 2006 al final de la administración de Fox (12,674) y la de 1999 casi al final de la admi-nistración de Zedillo (7,469). Pero este aumento tiene que ver con la detención de traficantes al menudeo, debido al crecimiento ex-plosivo del mercado interno en los últimos 15 años. Resulta que de los 20,101 narcotraficantes condenados en 2010 sólo 1,531 recibieron condenas de 7 o más años, mientras que en 2006 fueron 2,922 y en 1999 fueron 2,303 los narcotraficantes condenados a 7 o más años de cárcel: hay una baja incluso en cifras absolutas.13


Pero lo más importante es el resultado neto de las detenciones y muertes de narcos durante la administración de Calderón Hinojosa. El tráfico de drogas no se vio trastocado y –lo que es más importan-te– no se comprometió seriamente la capacidad de violencia de los grupos criminales.

Por otra parte, el que los narcotraficantes mexicanos hayan exten-dido sus tentáculos a otras naciones, incluidas las de América Cen-tral, no es porque hayan huido despavoridos de México, pues no han huido. La prueba es que ningún capo ha sido detenido o muerto fuera del país. En cualquier negocio la expansión es señal de éxito y muy rara vez resultado de condiciones adversas en el mercado originalmente conquistado.

Y esta falsa premisa, a su vez, se basa en una premisa mayor y de pretensiones más universales: la verdadera causa de la ola de vio-lencia en México es la prohibición de las drogas. La cual se mantuvo durante el sexenio de Calderón Hinojosa.

Esta premisa hace de algo, en principio posible –que las prohibi-ciones favorezcan la violencia al crear mercados ilegales–, una cosa ya no digamos probable, sino inexorable y de validez universal: la prohibición de las drogas siempre conduce a olas de violencia como las que sufre México. Lo cual es un completo despropósito.

El punto no es siquiera la postura moral que adoptemos sobre el derecho de los individuos adultos a decidir que producir, vender, comprar y consumir, sino el determinar si la prohibición siempre y en todo lugar produce olas de violencia como la que vive México.

Para dilucidar esto cabe hacerse preguntas simples, pero fun-damentales: si la prohibición produce olas de violencia como la de México ¿por qué no las hay en la mayor parte de países del mundo en las que también hay prohibición? ¿por qué no las hay en Europa o en Estados Unidos donde existen los mercados más grandes? ¿por qué la ola desciende en Colombia en lugar de ascen-der o mantenerse?


La respuesta a las interrogantes es: porque lo que provoca olas de violencia como en México y en América Central y como antes en Colombia, no es la prohibición en sí, ni que las naciones sean productoras de drogas o zonas de tránsito, sino la incapacidad del Estado para controlar la violencia, incapacidad que suele responder en primer término a la falta de voluntad política. Por eso, por esa debilidad, es que los Estados no pueden ni con la violencia de los cárteles de la droga, ni con el secuestro, la extorsión u otros delitos. Con prohibición o sin ella, si esos Estados no se fortalecen –en lo único que su única función legítima: proteger vidas, propiedades y libertades– la violencia va a seguir.

La falacia del Nirvana

Las otras críticas erróneas contra Calderón Hinojosa no se centran tanto en culparlo de haber provocado la violencia al haber osado ac-tuar contra los grupos criminales, sino por no haber adoptado otras estrategias alternativas al choque frontal. Sus argumentaciones son ejemplos claros de la llamada “falacia del Nirvana”, que es un “error lógico consistente en comparar situaciones reales contra situaciones utópicas, irrealizables e idealizadas”.14

La idea de que el Presidente Felipe Calderón antes de actuar con-tra los grupos criminales debió reformar a las policías locales, es de una ingenuidad realmente conmovedora. El argumento parece razonable, dado que uno de los principales motivos aducidos para recurrir a las fuerzas armadas es que las policías locales, de varios puntos del país, habían sido capturadas por los grupos criminales.

La idea de que Calderón Hinojosa debió haber dedicado los dos o tres primeros años de su gobierno para reformar o refundar esas policías para después, entonces sí, irse con todo contra los grupos criminales, ignora lo más importante: la existencia misma de esos grupos criminales.


Estos dedicaron demasiado tiempo y dinero en capturar corpora-ciones policiales locales como para contemplar con los brazos cru-zados cómo su inversión se iba al bote de la basura. De hecho, desde los primeros intentos de reformar las policías hubo una violenta re-acción de los grupos criminales.

Pero con todo, imaginar soluciones mágicas haciendo abstracción de los grupos criminales no es lo más importante. Si Calderón Hino-josa en lugar de movilizar al Ejército para intentar someter a los gru-pos criminales que habían desencadenado una matanza, se hubiera concentrado en reformar a las policías –aún suponiendo que ante ello los capos se hubieran quedado con los brazos cruzados– ¿había que dejar a los sicarios masacrar sin el menor obstáculo? ¿de cuán-tas decenas de miles de muertos más a la cifra de 65 mil estaríamos hablando ahora?

Ni Felipe Calderón Hinojosa ni quién hubiera sido Presidente de la República en lugar de él, habría podido simplemente entrar en receso mientras el país ardía en llamas. Recurrir al Ejército no era una opción. Era eso o permitir que el país se convirtiera en infierno de anarquía y violencia, que tardaría décadas de superar, como pre-cisamente le sucedió a Colombia.

Precisamente en eso consistió la bomba de tiempo que Calderón Hinojosa recibió de sus predecesores y sobre todo del Presidente Vicente Fox Quesada. Éste entregó un país en calma, pero sólo en apariencia. Bajo la delgada y maquillada piel había un cuerpo que sufría una severa septicemia. Bajo el gobierno de Fox Quesada hubo alrededor de 10 mil ejecuciones cometidas por los grupos crimina-les. En 2005 y 2006 hubo decenas de ataques incluso con granadas contra puestos policiales en Guerrero. En Michoacán se desató una “guerra” entre grupos criminales y en muchos municipios de ese estado ya se cobraba “derecho de piso” a miles de personas.

En los últimos 20 años las organizaciones del narcotráfico sufrie-ron una transformación, cuyo rasgo principal es haber pasado de


bandas toleradas por el gobierno, dedicadas al tráfico de drogas y con una relativamente baja capacidad de violencia, a grupos que recurrían a mucha más violencia que en el pasado, que no se limita-ban al tráfico de drogas y cuyos jefes ya no se creían sirvientes de los políticos y policías que los protegían, sino sus amos.

Esto sólo pudo ser posible porque los gobernantes abdicaron a su facultad de ejercer el monopolio del uso de la fuerza legítima en contra de la violencia; siguieron la política de dejar que los crimi-nales se mataran entre sí, permitieron que los cárteles de la droga se fueran apoderando de otros giros criminales y además toleraron que corporaciones policiales completas fueran cooptadas por el cri-men organizado. Y si los capos ya no se conformaron con tener en su nómina a jefes policiales, sino a miles de sus subalternos, fue para que a éstos no les quedara duda a quienes tenían que obedecer.

Este proceso se inició bajo el gobierno del Presidente Carlos Sa-linas de Gortari que primero toleró la violencia, gracias a la cual obtuvo la hegemonía criminal sobre Tamaulipas el Cártel del Golfo de Juan García Ábrego y después la sangrienta disputa entre los her-manos Arellano Félix y Joaquín Guzmán. Pero el modelo quedó ple-namente establecido cuando el gobierno de Salinas de Gortari per-mitió que Amado Carrillo Fuentes se apoderara de Ciudad Juárez, en una “guerra” que se inició en abril de 1993 con el asesinato del anterior dueño de la “plaza” Rafael Aguilar Guajardo y que culminó en 1996.

Este proceso perverso prosiguió bajo las administraciones de los presidentes Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Qusada, pero en la segunda llegó a su clímax, cuando los jefes de los grupos criminales probaron en la práctica que podían conseguir lo que qui-sieran mediante la violencia y que no debían temer a enfrentarse con los agentes del orden, incluyendo los militares.

La otra crítica que se hace a Calderón Hinojosa, respecto a que en lugar de recurrir al Ejército debió haber privilegiado la lucha para


afectar los activos de los grupos criminales, a fin de “pegarles don-de más les duele” –el bolsillo–, no es menos ingenua y fantasiosa. Ingenua, porque si de veras se les pega a los criminales en donde más les duele, según la lógica de que pegar provoca una reacción violenta, entonces la respuesta tendría que haber sido todavía más violenta; y fantasiosa porque jamás, en ningún lugar del mundo, la lucha contra el blanqueo de activos de los grupos criminales ha teni-do como resultado la desarticulación de éstos o la severa limitación de su capacidad de violencia.

Y respecto a la crítica de que el Presidente Calderón Hinojosa de-bió actuar contra las supuestas causas profundas de la violencia y el narcotráfico que serían la pobreza, el desempleo, la marginación, la falta de oportunidades y la desigualdad en los ingresos, cabe hacer las siguientes observaciones:

• La idea de que los aludidos “factores socio-económicos” son los determinantes del crimen y la violencia es un mito carente de la menor base científica. A refutar ese mito se dedicó la obra “¿Pobreza = crimen?”.15

• Aun en el supuesto de que a mayor pobreza, mayor violencia, una ola como que ahora padece México tendría que haber es-tallado cuando el país era mucho más pobre.

• Calderón, partidario del mito de pobreza=violencia, gastó más de mil millones de pesos de los contribuyentes en programas de supuesta prevención que, como todos los de sus tipo, no sirvió para nada. En donde con mayor énfasis se pusieron en práctica estos pro-gramas equivocados de regalar dinero y construir canchas de-portivas, fue en Ciudad Juárez, sin ningún éxito. La violencia bajó en esa ciudad tan pronto el gobierno combatió realmente a los grupos delictivos y capturó a los principales jefes de la maquinaria de sicarios del cártel que hasta hace poco contro-laba la “plaza”.


Derribados los mitos en que se basan los reproches equivocados hacia las decisiones tomadas po el Presidente Felipe Calderón, pa-semos a analizar sus verdaderas y muy graves responsabilidades.

De lo que Felipe Calderón sí es responsable

De lo que Felipe Calderón sí es responsable es de haber sido inefi-caz en su obligación de controlar la violencia y restablecer el orden.

Es responsable de haber seguido una política contradictoria, que se movió entre continuar la política nefasta de sus predecesores de dejar correr la matanza entre criminales e intentar frenarla.

1. Haber continuado con la política de perseguir a unos crimina-les y a otros no tanto.

2. Haber porfiado hasta el final de su mandato en sostener a cola-boradores altamente ineficaces y algunos de ellos sospechosos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, a pesar de que en su momento hubo trabajos periodísticos de investi-gación que alertaron y de reclamos sustentados de ciudadanos y organizaciones civiles en contra de la actuación de esos fun-cionarios.

3. Haberse negado a asumir plenamente el liderazgo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y haber propuesto un progra-ma que obligara a los gobernantes locales a sumarse a la lucha para frenar la violencia y recuperar las corporaciones policia-les capturadas por los grupos criminales.

4. No haber actuado contra los gobernantes locales protectores de los delincuentes y/o negligentes.

5. Haber encubierto a sus predecesores en el cargo por su grave responsabilidad en la crisis de seguridad, especialmente a Vi-cente Fox y a sus cómplices.

6. Haber autorizado medidas masivas e indiscriminadas que violaron garantías individuales del conjunto de la población y


haber sido negligente para prevenir y frenar los abusos en que incurrieron militares y policías federales.

7. Haber preferido la política del reproche hacia Estados Unidos en lugar de construir una alianza eficaz con el país vecino.

8. No haber actuado con decisión contra los grupos terroristas y la violencia política. Vamos explicar estas afirmaciones.

Una política contradictoria ante la violencia del crimen organizado

La causa inicial principal de que estallara la ola de violencia du-rante el gobierno de Calderón Hinojosa, fue la política de los ante-riores gobernantes de haber permitido que operaran milicias priva-das ilegales (los “ejércitos” de sicarios), dejar que los delincuentes se mataran entre sí y haber castigado a un número insignificante de estos delincuentes altamente peligrosos.

Esa fue la herencia nefasta que el Presidente Vicente Fox y sus predecesores le heredaron al Presidente Felipe Calderón, quien no rompió del todo con esa política: unas veces dejó correr la violencia y otras ordenó intervenciones de fuerzas federales para frenarla.

Los ejemplos más claros y significativos de cómo Calderón Hi-nojosa dejó correr la violencia y luego intentó frenarla, cuando los cadáveres se apilaban, son Tijuana y Ciudad Juárez.

Tijuana fue para el capo Joaquín Guzmán no sólo un codiciado objetivo sino una obsesión, dada su larga disputa con los hermanos Arellano Félix, dueños de la “plaza”.

Él intentó todo para apoderarse de Tijuana hasta que en 2008 encontró el medio para conseguirlo, cuando la organización de sus enemigos ya estaba debilitada. Cooptó a Teodoro García Simental, uno de los principales lugartenientes de los Arellano; a éste le pro-metió dejarle administrar la plaza si usaba la información que dis-


ponía y a su banda de sicarios para exterminar a sus antiguos amos, quienes lo habían encumbrado.

García Simental desató entonces una matanza que le dejó a Guz-mán Loera el camino casi completamente libre en Tijuana. Una vez que este carnicero concluyó su macabra misión y cuando era iden-tificado por la opinión pública como el responsable del asesinato de cientos de personas (y haberlas deshecho en ácido) –información que el propio Guzmán se encargó en divulgar–, entonces el capo le indicó a la policía en donde se escondía el sicario y fue capturado.

Así “El chapo Guzmán” mató tres pájaros de un tiro: desmanteló al Cártel de Tijuana, tomó la plaza y se deshizo de un carnicero poco fiable que si había traicionado a sus anteriores amos, a quienes todo les debía, algún día haría lo mismo con él.

Lo que ocurrió después es una historia más conocida: la inciden-cia criminal y no sólo los asesinatos fueron declinando.

En Tijuana no se impuso el estado de derecho, simplemente un capo le quitó a otros el control de la plaza. La pregunta obligada es: ¿por qué el gobierno del Presidente Felipe Calderón no paró a Gar-cía Simental y a sus sicarios cuando la matanza comenzaba, en lugar de hacerlo cuando estaba concluida? Porque así calculó hacerlo.

Historia parecida es la de Ciudad Juárez. A finales de 2007 Joa-quín Guzmán decidió librar una “guerra” para arrebatarle el control de la ciudad fronteriza a la organización de Vicente Carrillo Fuentes. Las hostilidades se habían roto entre los dos capos desde 2004, pe-ro debieron pasar tres años para que se iniciara la toma de Ciudad Juárez que era más complicada que la toma de Tijuana.

La violencia fue creciendo desde finales de 2007 hasta llegar al clímax en 2011. En los años 2008, 2009 y 2010 Ciudad Juárez se con-virtió en la ciudad más violenta del mundo según el estudio compa-rativo que realizamos. En 2011 pasó del primero al segundo lugar y en 2012 probablemente pasó hasta el lugar 19 entre las 50 ciudades más violentas del mundo.


El punto de inflexión de la violencia en Ciudad Juárez es el mes de agosto de 2011, cuando fue capturado el máximo jefe de sicarios del Cártel de Juárez, José Antonio Acosta Hernández “El Diego”.

Aquí hay otra pregunta obligada: ¿por qué no se le detuvo an-tes? ¿por qué Calderón Hinojosa no paró la violencia que creció en Ciuad Juárez durante casi cuatro años? Y la respuesta es: porque así lo decidió.

WikiLeaks difundió un cable en enero de 2009 remitido por el entonces Cónsul estadounidense en Ciudad Juárez, Raymond Mc Grath, quien escribió:

Una percepción generalizada es que el Ejército se siente cómodo de-jando que los cárteles de Sinaloa y Juárez hagan la guerra entre ellos por el control de la plaza y minen sus respectivas fuerzas. Como co-rolario, existe la teoría de que a los militares les gustaría ver que gane el cártel de Sinaloa.16

En esencia el análisis del cónsul estaba en lo correcto, pero se queda-ba corto en la apreciación del hecho. El Ejército en México no se manda solo; si actuó como actuó fue porque así lo ordenó quien era entonces su Comandante Supremo: el Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Frente a otros estallidos de violencia, sobre todo en la segunda mitad de su administración, Calderón Hinojosa fue más oportuno en ordenar la intervención de las fuerzas federales y mayor el es-fuerzo de éstas por contener la violencia, en lugar de sólo contem-plarla. Tal fue el caso de Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.

Pero en otros casos la intervención tardó demasiado en producir-se, cuando ya habían pasado meses y años de matanza; como fueron los casos de Guerrero y la región de La Laguna.

Persecución selectiva

Uno de los componentes esenciales del esquema corrupto de pro-tección de los gobernantes hacia los criminales que ha imperado en


México, ha sido simular que se les combatea todos, cuando en reali-dad se les pega a unos para favorecer a otros. Para hacer más creíble esta simulación, el grupo favorecido no está exento de golpes, pero comparativamente esos son menos o provocan menor perjuicio que los reservados a los rivales, a los no protegidos.

Ejemplo de esto es la persecución legal en contra de los antiguos jefes del Cártel de Juárez, lo que favoreció a la organización de Ama-do Carrillo en tiempos del Presidente Carlos Salinas de Gortari. O la persecución en contra de los Arellano Félix para favorecer a La Fede-ración encabezada por Joaquín Guzmán y los Beltrán Leyva, durante la administración de Vicente Fox.

Otro componente del esquema ha sido inducir desde el poder la concentración organizativa del narcotráfico, porque así –se jus-tifican sus artífices– se logra mejor control y hay menos disputas y menos violencia entre narcos. Tal fue el caso de la creación del Cártel de Guadalajara entre finales de los setenta y principios de los ochenta, bajo las administraciones de los presidentes José López Portillo y de Miguel de la Madrid. Lo mismo ocurrió con la creación de La Federa-ción tras la fuga de Joaquín Guzmán bajo el gobierno de Vicente Fox.

No poseemos evidencia incontrovertible de que Felipe Calderón haya protegido a Joaquín Guzmán y se haya beneficiado económi-camente de manera muy amplia como habría correspondido, de ser el caso. Pero es obvio que la organización del capo, la más poderosa del país, ha sido la menos golpeada y que la estrategia selectiva de Calderón Hinojosa frente a la violencia benefició a Guzmán. Y esto para no hablar de que no recapturó al capo que Fox Quesada dejó escapar.

“En corto” o de manera indirecta se trató de justificar la conducta de Calderón Hinojosa frente al “Chapo Guzmán” aduciendo que la alianza con éste permitía someter a los grupos criminales más vio-lentos y que más daño causaban a las personas inocentes, como es el caso de “Los Zetas”. Pero de entrada, el problema es que al final del


sexenio del Presidente Felipe Calderón esta organización criminal no había sido desmantelada y la muerte de su principal líder ocurrió de manera fortuita.

Este tipo de justificaciones, que los gobernantes no se atreven a hacer en público –pues la política que justificarían es ilegal y crimi-nal– nos recuerdan las justificaciones de conductas análogas de los gobernantes colombianos y en particular de César Gaviria cuando era Presidente de la República. Él recurrió a una alianza con el Cár-tel de Cali y otros enemigos de Pablo Escobar para acabar con él. Se justifica esto aduciendo que a un criminal como Escobar no se le po-día combatir con la fuerza pública solamente y con métodos legales. Es el máximo desdén a las leyes.

Otro problema de favorecer a un grupo criminal frente a otro, es que el favorecido –por supuestamente ser menos malo– resulta al final tan malo como el que más y no respeta los “acuerdos” de no actuar contra inocentes. Esto no es una posibilidad teórica, es justa-mente lo que sucedió con la “Familia Michoacana”. En diciembre de 2006 el Presidente Felipe Calderón ordenó su primera intervención militar en Michoacán, con la cual se buscaba ahuyentar a “Los Ze-tas” y favorecer a “La Familia”, supuestamente un cártel “bueno” que era aliado de Joaquín Guzmán.

Poco a poco Calderón Hinojosa se fue dando cuenta que el cár-tel “bueno” extorsionaba a un número creciente de michoacanos y cometía secuestros para obtener rescates, con la complicidad del gobierno estatal. El colmo fue el atentado con granadas en contra de civiles inocentes el 15 de septiembre de 2008, acción con la cual “La Familia” buscó inculpar a “Los Zetas”, los cuales al inicio de la movilización del ejército se habían replegado, pero para mediados de 2008 estaban de vuelta disputando palmo a palmo el territorio michoacano.

El problema más importante de esa política nefasta de combatir a unos criminales y favorecer a otros, es que además de inmoral,


corrupta y criminal es la fuente de la ola de violencia, al hacer que el Estado permita la existencia de fuerzas armadas distintas a la suya. Esa política ya costó 65 mil vidas ¿Para qué sirvió entonces? ¿quere-mos más de eso?

Mantener hasta el final a colaboradores altamente ineficaces

A la luz de los resultados, ninguno de los colaboradores de pri-mer nivel de Calderón Hinojosa en el área de seguridad tuvo un desempeño eficaz y quien tuvo el peor desempeño fue el ex Secreta-rio de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien no sólo dirigió la Policía Federal sino que era por ley el responsable de diseñar la política de seguridad pública del gobierno.

La terquedad del Presidente Felipe Calderón respecto a García Luna comenzó desde su designación. Pese a la opinión contraria del gobierno de Estados Unidos, del Ejército y de la Iglesia Católica, Calderón Hinojosa porfió en nombrar a Genaro García.

Esa fue la peor elección que Calderón podía hacer, pues ya enton-ces García Luna acumulaba un negro historial:

• Fue señalado como uno de los protectores de bandas secues-tradores, entre ellas, la de Daniel Arizmendi, el llamado “mo-chaorejas”.

• Intentó fabricar delitos en contra de José Antonio Ortega Sán-chez –quien lo denunció– y sus familiares, con la complicidad del entonces Procurador General de la República, Rafael Ma-cedo de la Concha.

• Sus colaboradores fueron señalados como protectores de di-versas bandas de plagiarios, entre éstas la que privó de la liber-tad a las hermanas Ernestina Sodi y Laura Zapata.17

• Fue señalado también de brindar protección al capo Joaquín Guzmán Loera, entre otros narcotraficantes.


• Como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) fue notoriamente incompetente, tanto frente a los secuestros como ante la ola de violencia del crimen organizado que creció durante el sexenio del Presidente Vicente Fox Quesada.

• Fabricó evidencia en contra de la ciudadana francesa Florence Cassez para incriminarla en secuestros que ella no cometió, lo que dio lugar a un conflicto diplomático entre México y Francia.

Ya como Secretario de Seguridad Pública, el desempeño de Gena-ro García Luna fue más desastroso:

• Diseñó la política de dejar que los narcos se mataran entre sí y de propinar golpes selectivos a los enemigos de Joaquín Guz-mán. Aunque en teoría uno de los principales objetivos de esta política era desarticular a “Los Zetas” y capturar a su máximo líder Heriberto Lazcano, la Policía Federal no estuvo ni cerca de atraparlo. Funcionarios de la DEA sospechan que García Luna brindaba protección a Lazcano.

• Mantuvo en puestos claves a corruptos incondicionales suyos, como Édgar Enrique Bayardo del Villar, comisionado de la Po-licía Federal, detenido en 2008 por sus ligas con capos del nar-cotráfico.

• Colaboradores suyos podrían estar implicados en el secuestro de Eduardo García Valseca que se inició el 13 de junio de 2007 y concluyó el 24 de enero de 2007. Inicialmente se supuso que los autores del secuestro eran miembros de un grupo terrorista y aunque esta hipótesis no se descarta, la conducta de los cola-boradores de García Luna ha sido muy sospechosa: trataron de disuadir a la víctima de continuar con su exigencia de investi-gación y castigo de los responsables y fueron muy negligentes en la investigación –si es que hicieron alguna– pese a que les fueron allegadas diversas evidencias.

• Fue absolutamente negligente en responsabilidades que com-petían exclusivamente al gobierno federal, como combatir el


tráfico y trata de personas y proteger a los migrantes ante los secuestros masivos perpetrados por “Los Zetas” y otros gru-pos criminales. Y esto, por lo publicado recientemente, mien-tras los altos funcionarios de la Policía Federal se enriquecían inexplicablemente.

No asumir plenamente el liderazgo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Durante el sexenio anterior, se vivió un juego de mutuas recrimi-naciones entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas sobre la responsabilidad en el combate al crimen organi-zado y la violencia.

Los gobernantes locales se lavaron las manos alegando que el combatir el narcotráfico era una responsabilidad exclusiva del go-bierno federal, mientras que éste respondía que la mayoría de los delitos cometidos por los grupos criminales eran del fuero común, homicidios y secuestros. Además, el gobierno del Presidente Felipe Calderón sostuvo que la acción de los grupos criminales era faci-litada porque ellos habían capturado a muchas policías locales, se entiende que con la complacencia de gobernadores y alcaldes.

En esto, la razón asistía al gobierno federal. Si los gobernantes locales no hubieran permitido que los grupos criminales se apode-raran de las policías y hubieran cumplido su obligación de preve-nir y perseguir los delitos del fuero común, cometidos o no por el crimen organizado, entonces la desastrosa política de los gobiernos federales de dejar que los criminales se maten entre sí y de favorecer a un cártel persiguiendo a sus rivales, no habrían bastado para que estallara en el país una crisis de seguridad como la que estalló.

Los gobiernos locales no sólo no reaccionaron ante el aumento de la violencia, sino que se mostraron más negligentes que nunca, como se constata al observar como se desplomaron no sólo las tasas


de castigo de los delitos más graves como el homicidio –que es una parámetro relativo–, sino cómo las condenas descendieron en térmi-nos absolutos, sobre todo en muchas entidades federativas goberna-das por el Partido Revolucionario Institucional.

Pero en donde el Presidente Felipe Calderón erró en forma garra-fal, fue en no haber actuado como correspondía a la máxima auto-ridad política del país, en no proponer una política para reaccionar ante la violencia que involucrara a las autoridades locales, al tiempo que se acometía con toda la determinación la reforma de las policías locales, además de las procuradurías de justicia y las administracio-nes de los penales.

El marco idóneo para un pacto de esta naturaleza era el Sistema Nacional de Seguridad Pública, creado desde 1996. Si la ley estable-ce que este sistema y las reuniones del Consejo Nacional de Seguri-dad Pública han de ser presididas por el Presidente de la República no es para que éste cumpla un papel simbólico u ornamental, sino para que actuara como líder, con respeto a las competencias de los distintos niveles de gobierno o lo que se quiera, pero líder al fin y al cabo.

Calderón Hinojosa tendría que haber propuesto un plan nacional a partir de objetivos y metas de reducción de la incidencia delictiva en general y la violencia en particular, así como para abatir la impu-nidad, todo a cumplirse en plazos perentorios y con sanciones para quienes no cumplieran. Pero no quiso hacer esto ni tampoco se lo propuso su Secretario de Seguridad Pública –responsable de diseñar la política criminal–.

Es cierto que al final de su sexenio el Sistema Nacional de Seguridad Pública se impuso metas de reducción de la incidencia criminal, como hemos venido insistiendo desde el año 2000 y también que estableció un cronograma para la refundación de las policías mediante la creación de mandos únicos estatales. Pero esto fue en realidad una caricatura de lo que habíamos propuesto: ante el incumplimiento de la reducción de


la incidencia criminal y ante el incumplimiento del cronograma para depurar policías, no hubo sanciones para los incumplidos.

¿Qué incentivo puede haber entonces para cumplir? ¿Para qué cumplir si a los responsables se les premia su incompetencia permi-tiéndoles continuar en sus puestos, pese a sus negativos resultados? ¿Cómo se iba a resolver entonces la crisis de inseguridad y violencia incentivando a los que fracasan por ineptitud y/o corrupción? ¿Có-mo podría el Presidente Felipe Calderón reclamar el incumplimien-to de los gobernadores si él mismo sostuvo hasta el final a un por-tento de incompetencia e incumplimiento como lo fue su secretario Genaro García Luna?

No actuar contra los gobernantes locales protectores de los delincuentes

Cabe insistir en dos hechos que explican en gran medida el desas-tre de inseguridad que ha sufrido México:

• Primero, con las nefastas políticas de los gobernantes federa-les, de dejar correr la violencia y pegar a unos criminales para favorecer a otros, no habría bastado para que hubiera un pro-blema de este tamaño; resultaba indispensable lo que hicieran o dejaran de hacer los gobernantes locales.

• Segundo, contar con la protección o al menos la indiferencia de esos gobernantes locales es asunto decisivo para los grupos criminales, pues de no ser así no habrían gastado tanto esfuer-zo y tanto dinero en capturar instituciones locales completas. En el nuevo esquema del crimen organizado en México, a los grupos criminales no le basta tener en la nómina a autoridades federales: las locales son indispensables para el libre operar de las bandas de sicarios, para apoderarse de otros giros crimina-les además del narcotráfico y para imponer exacciones a vastos sectores de la población.


Además de inducir a las autoridades locales a pactar un plan nacional para abatir el delito en general, violencia e impunidad, como el antes referido, el Presidente Felipe Calderón tendría que haber utilizado los amplios poderes constitucionales y legales de que disponía para actuar contra los gobernantes que protegían a los grupos criminales o les dejaban hacer cuanto quisieran, como también a los ex gobernantes que habían procedido de la misma manera.

De esto Calderón Hinojosa casi nada hizo, con lo que se tornó encubridor de la corrupción de esos gobernantes locales.

Calderón Hinojosa no tenía alternativa, tenía que investigar y perseguir a esos malos gobernantes y ex gobernantes, porque a eso la ley lo obligaba. Pero prefirió violarla por omisión. En lugar de investigar y perseguir a los corruptos, prefirió malversar los dineros de los contribuyentes en espiar a quienes lo criticamos en ejercicio de nuestros derechos constitucionales.

Es verdad que al final del mandato del Presidente Felipe Calde-rón la Procuraduría General de la República inició una investigación contra los ex gobernadores de Tamaulipas, pero una sola gaviota no hace verano. Además, la intención no era hacer cumplir la ley, sino usar las averiguaciones para tratar de influir en el proceso electoral de 2012, ya fuese para beneficiar a un determinado candidato y per-judicar a otro o para intentar negociar impunidades con el futuro gobierno.

El caso más escandaloso de esta omisión criminal de Calderón Hinojosa fue respecto a Michoacán. El llamado “michoacanazo”; esto es, la detención de 11 presidentes municipales y 16 funcio-narios estatales en mayo de 2009, podría parecer que sí actuó de acuerdo a lo que la ley lo obligaba pero fue saboteado por un juez venal. También podría suponerse que había –al menos en el caso de Michoacán– la intención de llegar hasta las últimas consecuen-cias cuando el Ejecutivo Federal solicitó a la Cámara de Diputados


el desafuero del diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática Julio César Godoy, medio hermano del entonces go-bernador Leonel Godoy.

Pero no fue así, estas acciones tenían una intencionalidad política y no la de hacer justicia. Lo más lejos que Calderón Hinojosa quiso llegar fue acusar a Julio César Godoy por su complicidad con “La Familia”, lavado de dinero e implicación directa en el asesinato de 14 policías federales.

Pero el Presidente Felipe Calderón no quiso ejecutar la orden de aprehensión contra el ex diputado perredista, ni quiso acusar pe-nalmente al gobernador Leonel Godoy, pese a que disponía de evi-dencia suficiente para hacerlo. Se trataba de un constante descrédito mediático para intentar colocar a su hermana Luisa María Calderón como gobernadora de esa entidad. También fracasó y arrastró a su partido.

En el plano federal evitó dañar seriamente la credibilidad del PRD. ¿Por qué? Porque Calderón Hinojosa no quería malograr la realización de su más grande sueño: llevar a la Presidencia de la Re-pública a Marcelo Ebrard Casaubon, jefe de Gobierno de la Ciudad de México –entonces principal personero de Hugo Chávez en Méxi-co– apoyado por una alianza electoral entre el partido del entonces Presidente, el Partido Acción Nacional y la izquierda. La realidad es contundente para evidenciar el tamaño del fracaso de Calderón Hinojosa.

El daño que el Presidente Felipe Calderón hizo al permitir la impunidad de los gobernantes locales corruptos es mucho mayor al que a primera vista podía suponerse, pues lo que hizo fue in-centivar a todos los corruptos a seguir enriqueciéndose mediante la venta de protección no sólo a narcotraficantes, sino a secues-tradores y extorsionadores. Si estos criminales con poder político sabían que no serían castigados ¿qué incentivo tendrían para dejar de delinquir?


Haber encubierto a sus predecesores, especialmente a Vicente Fox

Mucho pudo haber hecho Calderón Hinojosa en este terreno para dejar muy claro que no podría haber ya impunidad de los gober-nantes del máximo nivel. Baste citar dos casos: aclarar la matanza en Ciudad Juárez en los años noventa y aclarar la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal federal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.

La “guerra” por Ciudad Juárez de la organización criminal de Amado Carrillo cobró más de mil muertes, entre ejecutados y dos centenas de desaparecidos. Quienes permitieron esto, desde Car-los Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León y sus cola-boradores hasta el entonces gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, debieron ser llamados a cuentas. Pero esto, Felipe Calderón, igual que Vicente Fox, jamás lo intentó. Esa impunidad es la raíz de la matanza mucho mayor que después se desataría entre 2008 y 2011.

Y ni que decir de la investigación sobre las autoridades involucra-das, primero en evadir a Joaquín Guzmán y, después en protegerlo para que se convirtiera en máximo capo, con la misión de intentar crear un cártel del narcotráfico realmente merecedor del nombre.

Lejos de hacer justicia, el Presidente Felipe Calderón se rodeó de varios de los involucrados en estos casos.

Negligencia ante violaciones graves a derechos humanos

No sobra insistir: recurrir a las fuerzas armadas para hacer frente a la violencia desatada por los grupos criminales no era para el Pre-sidente Felipe Calderón una opción entre muchas. Era eso o el caos total, una matanza mucho peor a la habida.


Ciertamente hay un riesgo al recurrir a las fuerzas armadas, dado su considerable poder letal y a que su papel normal no es el de po-licía. Pero no es cierto que los militares, por el sólo hecho de serlo, han de violar derechos humanos.

Siempre es altamente factible evitar que los militares cometan abusos, si se toman con debida diligencia medidas preventivas y correctivas. Tampoco es verdad que debido a lo precipitado de las decisiones de ir movilizando contingentes militares en este punto del país y luego en aquel, era inevitable que hubiera abusos. Es per-fectamente posible aún en esos casos girar las consignas y las reglas de combate precisas y adecuadas.

Es un hecho que bajo Calderón Hinojosa se vivió la peor situación de derechos humanos desde la cadena de atrocidades perpetradas por la Policía Judicial Federal bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que entonces motivó la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Este conjunto de abusos no requieren ser exagerados –como ha-cen los calumniadores que acusaron a Calderón Hinojosa ante la Corte Penal Internacional– para ser graves y absolutamente inacep-tables. Aunque hubo correcciones y se previnieron mayores abusos por parte de la Administración federal, el hecho incontrovertible es que éste fue negligente en el tema.

Pero además hubo directrices del gobierno del Presidente Cal-derón que de entrada eran ilegales y que favorecieron los abusos, como fue persistir y profundizar la política de medidas masivas e indiscriminadas de supuesta “prevención”, como son los rete-nes y volantas. Estas acciones violan las garantías individuales al libre tránsito, la inviolabilidad personal y la presunción de inocencia (al tratarnos a todos como delincuentes). No importa si quienes hacen los retenes son militares o policías, el abuso es el mismo. Son además absolutamente ineficaces para prevenir o perseguir delitos. El que antes ya existieran los retenes, no es


excusa para que Calderón Hinojosa hubiera continuado con esa práctica anticonstitucional.

Reproche hacia Estados Unidos en lugar de alianza

Desde hace décadas han sido constantes las mutuas recrimina-ciones entre el gobierno de México y el de Estados Unidos sobre el narcotráfico. Hay declaraciones de hace muchos años que, salvo por una advertencia, se puede creer que son actuales.

Lo novedoso bajo la administración de Felipe Calderón fue que el gobierno mexicano culpara al estadounidense por la violencia, debido a que permitió la venta de armas, incluyendo aquellas con las que los grupos criminales masacran. Además, no faltan los viejos y anacrónicos reproches al “consumo creciente de drogas en Estados Unidos”, cuando que la realidad es que se mantiene una larga ten-dencia declinante del consumo en el país vecino.

El reproche por las armas se dirige específicamente al levanta-miento de la prohibición de la venta de fusiles de asalto en 2004, que estaba vigente desde 1994. Gracias a que en el país vecino se venden AR-15 y AK-47, los pobres narcos no tuvieron otra que usarlas para matarse entre sí.

La argumentación de Calderón Hinojosa y otros políticos que cul-pan a las leyes estadounidenses, son absurdas. Por ejemplo, la prohi-bición de la venta de fusiles de asalto en Estados Unidos entre 1994 y 2004 no impidió que los grupos criminales cometieran alrededor de 12 mil asesinatos en ese lapso, precisamente con ese tipo de armas. Antes de 1994 la libre venta de armas de asalto en Estados Unidos no provocó en México una matanza como la del sexenio calderonista.

Todo este discurso de culpar a Estados Unidos no tenía ningún fundamento serio, se trató de una cortina de humo para ocultar su pésima política. Por supuesto que los Estados Unidos y su gobierno, no son los culpables de la violencia en México.


Un gobierno sensato y responsable, como el de Colombia en los últimos 11 años, en lugar de hacer recriminaciones a Estados Uni-dos, habría construido una sólida alianza –no en espera de la cari-dad del “buen vecino”– apelando, precisamente, al interés propio estadounidense, a su propia seguridad. De haberse dado esa alianza México se habría beneficiado ampliamente con información de in-teligencia, entrenamiento, recursos y toda suerte de ayuda, mucha mayor a la casi simbólica de la Iniciativa Mérida.

Si no hubo un Plan México (como el Plan Colombia) es porque Calderón Hinojosa no quiso.

Con esto México perdió la oportunidad de una ayuda invaluable, que habría salvado miles de vidas.

Tolerar la violencia política

Los jefes de los grupos criminales fueron aprendiendo a depen-der casi por entero de su capacidad de violencia para conseguir lo que deseaban y a no temer al gobierno, pese a la superioridad del poder de fuego de éste.

Pero la “minoría ridícula” –como el Presidente Felipe Calde-rón motejó a los grupos criminales responsables de más de 65 mil muertes– no sólo aprendió de su propia experiencia directa. Los capos aprendieron también, como lo hace cualquier ser racional, de la observación y la imitación de las experiencias ajenas. ¿De dónde sacaron los narcos que la violencia en México sí paga, que se pueden cometer actos ilegales y violentos impunemente? Pues de los grupos de izquierda, principalmente, aunque también los hay priístas que en los últimos años han venido escalando sus ac-ciones de ilegalidad, desorden y violencia, sin que los gobernantes no izquierdistas los detengan. No podemos esperar que los gober-nantes izquierdistas vayan a frenar a sus propios compañeros de tropelías.


Esta violencia va desde el extremo del terrorismo simple y pu-ro a un conjunto de acciones que podríamos llamar “terrorismo de baja intensidad”, mediante el cual, para citar un ejemplo foráneo, llegó al poder por vía democrática Evo Morales. Ese terrorismo de baja intensidad consiste en los conocidos bloqueos de vías de comu-nicación, los allanamientos de instalaciones públicas y privadas, la privación ilegal de la libertad de servidores públicos y particulares, la destrucción de propiedad, los enfrentamientos con la Policía, los motines en forma e incluso el asesinato.

Y si nos referimos a estas acciones como “terrorismo”, es porque así lo define la ley. El Código Penal Federal en su artículo 139 tipifica así al terrorismo:

“Se impondrá pena de prisión de seis a cuarenta años y hasta mil doscientos días de multa, sin perjuicio de las penas que corres-pondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fue-go, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públi-cos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación” [el énfasis es nuestro].

Los grupos terroristas izquierdistas de México, los del terroris-mo de alta intensidad, han sido los grandes mentores del hampa sin pretextos ideológicos y políticos. Ellos les enseñaron a los de-lincuentes sin pretensiones, a cometer asaltos bancarios, cómo se-cuestrar, cómo maltratar a las víctimas de secuestro, como montar “muros” y hacer contra-inteligencia y un sinfín de técnicas y triqui-ñuelas de la operación clandestina. Los terroristas mexicanos, a su vez, han tenido buenos maestros en las selvas sudamericanas y los campos de entrenamientos de Cuba donde fueron adiestrados Pero


sobre todo los terroristas mexicanos mostraron a los delincuentes comunes como salir impunes.

Desde el gobierno de Carlos Salinas hasta el de Felipe Calderón, los gobernantes han hecho lo que ha estado de su parte para garanti-zar a los terroristas mexicanos y a sus socios extranjeros impunidad por sus crímenes.

Al final de su administración el Presidente Carlos Salinas se negó a aplicar la ley contra el autonombrado Ejército Zapatista de Libera-ción Nacional y se puso a negociar con estos asesinos. No sólo eso. En 1994 un grupo de investigadores dio con la ubicación de los autores de atentados con explosivos y de los secuestros de Alfredo Harp Helú y Ángel Losada, eran los terroristas del Partido Revolucionario Clandestino Unión del Pueblo que después se convertiría en Ejército Popular Revolucionario, el EPR. Pero Salinas de Gortari ordenó que no los detuvieran.

Pese a la violación de la Ley de Amnistía por parte del EZLN, el Presidente Ernesto Zedillo no se atrevió a cumplir con su obligación legal, la de ordenar que el Ejército marchara sobre la “zona de con-flicto” en Chiapas y desde entonces una parte de esa entidad fede-rativa y del territorio nacional se encuentra sustraída a la soberanía del Estado mexicano. Zedillo Ponce de León también fue incapaz de cumplir con su obligación legal de someter a los grupos terroristas que le declararon la guerra.

El Presidente Vicente Fox hizo un esfuerzo todavía mayor para beneficiar a los grupos terroristas. Trató, aunque sin éxito, de forma-lizar la entrega de una parte del territorio nacional al grupo armado ilegal ELZN; frenó las iniciativas de las áreas de inteligencia y se-guridad nacional para detener a los integrantes de los otros grupos terroristas que seguían cometiendo secuestros y atracos; desató una persecución contra operadores de la “guerra sucia” de los setentas, mientras que a los terroristas en receso que aquellos persiguieron han disfrutado de las mieles de la participación política legal desde


hace décadas; dejó correr el motín en la ciudad de Oaxaca, que se prolongó durante los 5 últimos meses de su mandato y era dirigido por los cuadros de los grupos terroristas, precisamente.

Felipe Calderón no quiso quedar atrás en garantizar la impuni-dad de los terroristas y al respecto hizo su mayor esfuerzo:

• Se negó a profundizar la investigación sobre un tráfico de ar-mas en favor del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que tuvo lugar en 2005 y en el cual estuvieron involucrados gober-nantes del Distrito Federal, Venezuela y Cuba.

• No hizo investigar y detener a los terroristas responsables de decenas de secuestro bajo su mandato, entre ellos el de Eduar-do García Valseca (aunque tampoco se descarta la hipótesis de que sus plagiarios hayan sido colaboradores de Genaro García Luna, quienes se habrían hecho pasar por terroristas al saber que éstos tienen la impunidad garantizada).

• Ordenó no acusar a los terroristas del EPR de los sabotajes con explosivos contra instalaciones de PEMEX perpetrados en 2007 y que provocaron pérdidas por más de 2 mil millones de pesos, unos 150 millones de dólares.

• Ordenó no investigar las denuncias que en 2008 y en 2009 pre-sentamos ante la PGR en contra de terroristas mexicanos ligados a las FARC, entre ellos contra Rogelio Ortega, funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero, mencionado –en comuni-caciones entre los jefes de la organización terrorista colombia-na– como socio en la realización de secuestros en México.

• Ordenó no detener a Lucía Morett de las FARC, tras de que en julio de 2009 la Interpol dictó contra ella una orden internacio-nal de captura por lavado de dinero y terrorismo y le permitió huir a Venezuela, donde ha permanecido desde entonces pro-tegida por el gobierno de ese país.

• Ordenó no detener a los terroristas responsables del secuestro del ex candidato presidencial panista (además de señalado en


algunos medios como traficante de influencias y abogado de personeros de los narcos), Diego Fernández de Cevallos.

Y frente a los terroristas de baja intensidad, Calderón Hinojosa no fue menos benévolo. Los vándalos izquierdistas cometieron tro-pelías una y otra vez, sin que se hiciera nada contra ellos durante su gobierno. Calderón ni siquiera tuvo el valor para detener a An-drés Manuel López Obrador cuando éste, al frente de sus incondi-cionales, impidió el funcionamiento del Congreso de la Unión, con el fin de que no se discutiera una iniciativa de reforma en materia energética. Iniciativa que el propio Presidente Felipe Calderón había propuesto.

Calderón Hinojosa ordenó no se detuviera e indiciara a los seu-do-estudiantes responsables de haber incendiado una gasolinera en Chilpancingo, Guerrero el 12 de diciembre de 2011 –incidente en el que perdió la vida un empleado del establecimiento– para no mo-lestar a los terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), con quienes estaban ligados aquellos seudo-estudiantes ase-sinos.

Con sus omisiones frente a la violencia política, Calderón Hinojo-sa no sólo dejó impunes crímenes que por sí mismos son muy gra-ves, sino que con ello además contribuyó al clima general de violen-cia en el país.

En suma, la responsabilidad de Felipe Calderón en la crisis de inseguridad de México es más grave de la que suelen imputarle sus amigos izquierdistas.

Pero Calderón no es el único responsable de este desastre. El resto de la clase política también hizo su parte…

La contribución de los políticos priístas

la contribución de los políticos priístas • 73

Los políticos del Partido Acción Nacional (PAN), no pocas veces, han dicho que la ola de violencia que azota a México es una heren-cia del antiguo régimen priista y que corresponde a los políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) la responsabilidad cen-tral de la actual situación.

Los políticos priistas han respondido que culpar al PRI, partido que perdió la Presidencia de la República en el año 2000, es mera excusa para la ineptitud de los políticos panistas que gobernaron el país entre 2001 y 2012. Además han sostenido que mientras el PRI gobernó a México no hubo nada parecido a la matanza en curso y, por tanto, que no se les puede culpar de la misma.

¿Quién tiene la razón? O mejor aún ¿Cuánto hay de cierto o falso en estas acusaciones cruzadas? ¿Qué importancia tiene dilucidar las responsabilidades que corresponden a los políticos de las distintas facciones?

Nosotros sostenemos:1. La responsabilidad central de no haber impedido y sobre

todo revertido la ola de violencia durante el mandato de Felipe Calderón corresponde a ese gobierno. Puede enten-derse que no hubiera una respuesta eficaz al inicio de la anterior administración, pero después del segundo o tercer año de gobierno ya no había lugar para las excusas. Los po-

74 • la contribución de los políticos priístas

líticos que no disponen del poder se la viven luchando por obtenerlo a sabiendas de lo que entraña gobernar; llegaron al poder porque lo anduvieron buscando afanosamente, nadie los forzó. Y si consideraban que el desafío era muy grande y los problemas irresolubles, entonces ¿para qué querían el poder?, ¿para sólo disfrutar de las nada escasas mieles de mandar?

2. En estricta lógica, antes que culpar a los regímenes priístas por la herencia que Calderón Hinojosa recibió, los panis-tas tendrían que haber culpado al inmediato predecesor, al también panista Vicente Fox Quesada.

3. Pero aún cuando en la herencia de violencia, impunidad, ineptitud y corrupción hay responsabilidad de Fox Quesa-da, esto no significa que no recaiga también en los anterio-res gobiernos federales priístas y en particular en los más cercanos en el tiempo, los de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, pues bajo ellos se comenzó a gestar el actual problema.

4. Por supuesto también hay responsabilidad, aunque com-parativamente menor, en los gobiernos anteriores al de Carlos Salinas, por su extrema corrupción. En descargo de esos gobiernos debe admitirse que cuando menos no fue-ron tan insensatos como para seguir la política de tolerar que los criminales se masacraran entre sí, orientación que por décadas siguieron, pero no por virtudes cívicas, sino por el cálculo político y el “principio de autoridad” que fue la columna vertebral del credo del antiguo régimen (o de la mayoría de los gobiernos de éste).

5. Pero la responsabilidad decisiva de los políticos priistas en la actual ola de violencia y crisis de seguridad no estriba en el antiguo régimen. Su grave responsabilidad es más ac-tual, en función de que en los últimos 12 años y a pesar de


haber perdido la Presidencia de la República la mayoría de los gobiernos locales han sido priístas.

6. La mayoría de entidades federativas con los mayores ín-dices de violencia e inseguridad han sido precisamente las gobernadas por el PRI durante la mayor parte de los últi-mos 12 años. Y eso no habría sucedido si esos gobernantes hubieran actuado con eficacia e integridad, como la ley los obligaba.

La herencia del antiguo régimen

A partir de mediados de los años treinta cuando la vida política se estabilizó en el país y hasta mediados de los años setenta del siglo XX, México disfrutó de un nivel relativamente aceptable de seguri-dad pública, sin que la situación fuera ideal ni mucho menos.

El hecho es que al iniciar los años setenta el país prácticamente no sufría secuestros ni asaltos bancarios, ciertamente en la segunda mitad de los sesenta se dieron los primeros pero en una cantidad muy escasa. Entonces nadie conocía horrores como el secuestro ex-prés, los atracos en el transporte urbano de pasajeros, el secuestro masivo de migrantes, el pago del “derecho de piso” o los atracos en el transporte público o establecimientos diversos, que devienen en prolongadas privaciones de la libertad plagadas de atrocidades.

Desde mediados de los treinta se inició una tendencia clara hacia la declinación de los homicidios dolosos. Si hacia 1935 la tasa era de 70 por cada 100 mil habitantes para 1970 se encontraba en alrededor de 20 por cada 100 mil habitantes.

La delincuencia distaba de ser sofisticada en todo ese periodo. Pe-ro con la irrupción de los grupos armados clandestinos de ideología izquierdista, las cosas empezaron a cambiar.

El control del crimen durante los primeros gobiernos del antiguo régimen combinaba acciones apegadas a la ley con abusos como la


tortura y condiciones atroces en las prisiones. Por supuesto había policías que protegían delincuentes, como dio cuenta Luis Spota en su novela “Lo de antes”, publicada en 1968. Pero el problema no era generalizado ni sistémico, a diferencia de lo vendría a partir de la segunda mitad de los años setenta.

Por lo que hace al narcotráfico, desde tiempos de la “revolución mexicana” los hombres del poder vendían protección a los trafican-tes y siguieron haciéndolo hasta el fin del antiguo régimen. Pero hasta inicios de los sesenta el narcotráfico era una actividad criminal de una importancia mucho menor, en comparación con la que tuvo a partir de los años setenta.

Justamente a inicios de 1960 el narcotráfico se empezó a tornar en una actividad cada vez más rentable en el mundo. En esa década se vivió una epidemia de consumo de heroína en Estados Unidos y luego en Europa, para poco después darse un boom del consumo de diferentes drogas en el marco de un llamado “movimiento contra-cultural”.

Como resultado del programa de erradicación del cultivo de amapola en Turquía a inicios de los setenta y de golpes propinados a la llamada “conexión francesa”, México se convirtió en el principal abastecedor de opio, heroína y mariguana para el mercado estadou-nidense.

Como consecuencia de este proceso, políticos como Leopoldo Sánchez Celis, ex gobernador de Sinaloa, gestaron la idea de crear un verdadero cártel de las drogas, es decir, una sola organización que centralizara todo el narcotráfico con protección estatal. Estos planes se vieron interrumpidos con la Operación Cóndor lanzada entre finales del sexenio de Luis Echeverría y principios del de José López Portillo, que tuvo como resultado una drástica caída en la producción de goma de opio y heroína. Si hacia 1975 México aporta-ba el 80% de la heroína consumida en Estados Unidos para 1979, la contribución de México cayó al 25%.


Hacia 1979 con la participación de mandos militares y civiles se retomó la idea del cártel de narcotráfico y así se fundó el Cártel de Guadalajara. El capo que quedó al mando del Cártel fue Miguel Án-gel Félix Gallardo, pero quien realmente controlaba la organización al tiempo que utilizaba el poder del Estado para proteger a esa gran empresa del narcotráfico era José Antonio Zorrilla Pérez, a la sazón máximo jefe de la policía política, de la Dirección Federal de Seguri-dad (DFS) entre finales del sexenio de José López Portillo y al inicio de la administración de Miguel de la Madrid. Imposible que ambos ex presidentes no supieran y aprobaran las actividades de Zorilla.

Con esto se produjo un salto cualitativo en el proceso de corrup-ción del sistema de justicia penal en México y en particular de la policía. Con Zorrilla, la policía política, además de cumplir con sus tareas represivas –legales e ilegales– se transformó en una organiza-ción criminal, no sólo en una corporación policial corrompida que protegía criminales.

Pero no sólo se trataba de la DFS. Desde mediados de los años setenta diversas corporaciones e instituciones de seguridad pública entraron en un acelerado proceso de descomposición. Con el arribo de Arturo Durazo, la policía de la capital del país también se con-virtió en una corporación controlada por un grupo de jefes crimi-nales, que después se conocería como “La Hermandad”. Ésta fue la responsable de la escalada criminal que azotó al Distrito Federal a partir de 1983. “La Hermandad” organizó al hampa capitalina y la hizo actuar como una verdadera empresa criminal. Los jefes policia-les hicieron que las distintas bandas innovaran y desarrollaran nue-vos giros criminales como el robo al transporte de carga, el robo de vehículos y su comercialización a gran escala, los asaltos y fraudes contra bancos, la falsificación de documentos y los atracos contra transeúntes.

La peste rápidamente se propagó al resto del país. A inicios de los años ochenta integrantes del Batallón de Radio Patrullas del Estado


de México (BARAPEM) cada fin de semana atracaban a miles obre-ros de las zonas industriales del Valle México, tras de que cobraban sus sueldos.

Integrantes de esa corporación, creada para supuestamente com-batir los atracos bancarios, se volvieron en los asaltabancos más ac-tivos del país. Y todo tolerado por los gobernantes. Esa es la “edad de oro” de la que tanto se ufanan los políticos priistas.

Asimismo, desde inicios de los años setenta, con el ingreso a los penales de narcotraficantes adinerados, las prisiones transitaron del viejo esquema de cárceles-basurero, en los que literalmente se arro-jaba a los internos como desechos, al esquema de las cárceles-botín, en los que se impuso la extorsión generalizada de internos y visi-tantes, la venta de privilegios, los tráficos de drogas, alcohol y el autogobierno.

En esa época se terminaron de establecer los rasgos esenciales del esquema de corrupción sistémica de las instituciones de seguridad y de las policías en particular:

• Reclutamiento de agentes entre los sujetos más inescrupulosos y no pocas veces auténticos psicópatas y sádicos.

• Bajos sueldos que habrían de ser redondeados mediante la co-rrupción.

• Pirámide de extorsión en el que se bombea dinero de los nive-les bajos de la jerarquía hacia los altos.

• Asignación de los mandos y permanencia en los mismos, no en función de los resultados para reducir crimen e impuni-dad, sino de la incondicionalidad hacia los mandos políti-cos y de participar a éstos los beneficios de la protección al hampa.

• Persecución de unos delincuentes para favorecer a los rivales y así simular que “se combate al crimen”, lo cual no excluye traicionar en algún momento a los delincuentes que por un tiempo se ha protegido.


• Participación directa de agentes en delitos graves como asesi-natos por encargo, secuestros, tráfico y trata de personas, vio-laciones, atracos y trasiego de drogas.

• Violación de derechos humanos mediante la tortura y malos tratos; desapariciones forzadas e involuntarias; ejecuciones ex-trajudiciales, violación y abuso sexual de detenidos, sobre todo de detenidas; represalias contra familiares, incomunicación, retención ilegal, fabricación y “siembra” de evidencia; deten-ciones arbitrarias, operación de retenes que violan las garan-tías de libre tránsito, presunción de inocencia e inviolabilidad personal; allanamientos de morada y saqueo de los lugares ca-teados.

• Simulación de depuraciones mediante el despido o encarce-lamiento de unos policías corruptos para poner en su lugar a otros iguales o peores.

• Todo esto generó una espiral de impunidad en prácticamente todo el país.

Es de destacar que ya desde entonces, como hasta ahora, el pro-blema de la inseguridad pública y la corrupción policíaca relativa a ella en México no se reduce ni mucho menos al narcotráfico y su vio-lencia. De hecho en las últimas cuatro décadas, los principales pro-blemas de inseguridad no son con relación al narcotráfico. Y debe destacarse esto porque no pocos ingenuos creen que la mera legali-zación de las drogas resolverá de manera instantánea los problemas de inseguridad y violencia.

Parte decisiva de la herencia de corrupción y violencia del an-tiguo régimen priísta es la política de dejar que los criminales se masacren entre sí. Como ya se indicó, esa política fue inaugurada por el gobierno de Carlos Salinas. Primero dejó correr las matanzas en Tamaulipas para que Juan García Ábrego se hiciera del control en ese estado y la región del Golfo de México. Después fue permisivo ante la pugna entre Joaquín Guzmán y los hermanos Arellano Félix


y finalmente dejó el camino libre para que Amado Carrillo desatara una matanza para apoderase de Ciudad Juárez.

Pero según se indicó, esta herencia no es lo peor de la aportación de los políticos priistas al actual desastre de la seguridad pública en México, sino la actuación más reciente de sus gobernantes locales.

Los gobernadores del PRI: entre cómplices, negligentes y erráticos

Las entidades federativas de México que más se han visto afectadas por la delincuencia y la violencia son aquellas en las que, la mayor parte del tiempo de los últimos 12 años, han sido gobernadas por el PRI. Asimismo la mayoría de las ciudades que figuran entre las 50 más violentas del mun-do, se encuentran en estados que han sido gobernados por priístas.

Entre 2000 y 2010 (año éste en el cual la mayoría de entidades federativas tuvo sus cifras más elevadas de homicidios), en la Re-pública Mexicana la tasa de homicidios doloso aumentó en 79% en números redondos. Pero en 10 entidades federativas el incremento fluctuó entre el 164% (Baja California) y el 1,381% (Chihuahua). De esas 10 entidades federativas durante la mayor parte del periodo 2000-2010, siete estuvieron gobernadas por el PRI: Chihuahua, Nue-vo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Nayarit y Coahuila.

Asimismo, en 2011 de las diez entidades federativas con las tasas de homicidio doloso más elevado, ocho entidades han estado go-bernadas por priístas la totalidad o la mayor parte del tiempo del período 2000-2011: Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Colima. Y en 2012, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (que deben tomarse con reserva por el “rasurado” en que incurren varias procuradurías), igualmente 8 de las 10 entidades federativas con las mayores tasas de homicidios han sido gobernadas la mayor parte del tiempo del período 2000-2012 por gobernadores priístas.


Tabla 1 Variación de la tasa de homicidio (por cada 100 milhabitantes) en las entidades federativas entre 2000 y 2010

Posición en

variación tasaEntidad federativa Tasa 2000 Tasa2010 Variación%

1 Chihuahua 14.31 211.96 1,380.75

2 Nuevo León 3.21 21.41 567.30

3 Tamaulipas 8.03 43.02 435.99

4 Sinaloa 19.75 90.51 358.32

5 Aguascalientes 1.48 6.33 326.92

6 Durango 18.50 73.31 296.26

7 Nayarit 13.15 49.96 279.91

8 Coahuila 4.92 18.16 269.24

9 Sonora 8.75 27.98 219.77

10 Baja California 18.49 48.79 163.84

11 Colima 8.29 19.69 137.41

12 Jalisco 7.69 14.61 90.07

13 Guanajuato 4.70 8.17 73.88

14 Zacatecas 7.09 10.40 46.62

15 Distrito Federal 8.24 11.99 45.54

16 Michoacán 12.22 17.04 39.46

17 Morelos 22.63 31.46 39.01

18 San Luis Potosí 11.05 14.62 32.33

19 Baja California Sur 7.31 8.63 18.09

21 Guerrero 45.43 48.10 5.88

22 Hidalgo 5.14 5.03 -2.25

23 Querétaro 4.41 4.05 -8.31

24 Campeche 7.96 7.18 -9.86

25 México 20.81 17.79 -14.51

26 Veracruz 6.73 5.63 -16.36

27 Tabasco 11.10 8.93 -19.52

28 Puebla 11.29 7.18 -36.38

29 Quintana Roo 28.00 17.67 -36.89

30 Oaxaca 37.57 19.25 -48.75

31 Chiapas 32.39 10.70 -66.96


Posición envariación tasa

Entidad federativa Tasa 2000 Tasa2010 Variación%

32 Tlaxcala 29.09 4.87 -83.25

20 Yucatán 1.57 1.84 17.56

Indicador nacional 14.21 25.40 78.77

Nota: Las fuentes de los datos son el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y las procuradurías generales de justicia de los estados. Los cálculos son nuestros. La Metodología de los cálculos se encuentra en el capítulo final ¿Cuántos fueron asesinados durante el gobierno de Calderón?.


Tabla 2 Incidencia del homicidio (por cada 100 mil habitantes)en 2011 y 2012

Entidad 2011 2012

Tasa Posición Tasa Posición

Aguascalientes 6.65 30 3.59 32

Baja California 25.07 11 17.89 13

Baja California Sur 6.44 31 5.20 29

Campeche 7.08 28 8.16 26

Chiapas 12.68 21 11.64 23

Chihuahua 130.83 1 57.45 2

Coahuila 26.30 9 27.23 9

Colima 25.57 10 39.47 5

Distrito Federal 12.42 22 8.76 25

Durango 65.49 4 37.54 6

Guanajuato 11.28 23 13.85 18

Guerrero 72.08 2 68.04 1

Hidalgo 7.87 26 5.04 30

Jalisco 20.68 12 15.79 15

México 16.97 17 13.65 19

Michoacán 19.80 14 17.40 14

Morelos 31.39 8 48.06 4

Nayarit 51.76 5 22.37 10

Nuevo León 46.41 6 30.58 7

Oaxaca 17.98 16 12.32 22

Puebla 10.61 24 10.91 24

Querétaro 6.72 29 6.71 27

Quintana Roo 16.29 18 14.76 17

San Luis Potosí 15.46 19 15.06 16

Sinaloa 71.73 3 52.39 3

Sonora 20.21 13 18.38 12

Tabasco 10.00 25 5.43 28

Tamaulipas 42.31 7 30.08 8

Tlaxcala 7.41 27 4.88 31

Veracruz 13.18 20 12.58 21


Yucatán 2.68 32 1.89 33

Zacatecas 19.66 15 13.10 20

Indicador nacional 25.11 19.01

Nota: Las fuentes de los datos son el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y las procuradurías generales de justicia de los estados. Los cálculos de 2011 son nuestros y la Metodología de los cálculos se encuentra en el capítulo final ¿Cuán-tos fueron asesinados durante el gobierno de Calderón? Los datos de 2012 son del SNSP.


Tabla 3 Entidades federativas de México que figuraronen el ranking de las 50 Jurisdicciones más violentas

del mundo en 2010 y 2011

RANKING 2010 RANKING 2011

Posición Entidad Tasa Partidogobernante

Posición Entidad Tasa Partidogobernante

1 Chihuahua 172 PRI 5 Chihuahua 94 PRI

5 Durango 93 PRI 19 Durango 63 PRI

9 Sinaloa 81 PRI 17 Sinaloa 69 PRI

23 Nayarit 49 PRI 28 Nayarit 43 PRI

30 Guerrero 44 PRD 18 Guerrero 66 PRD

40 Morelos 32 PAN

44 BajaCalifornia

30 PAN

46 Tamaulipas 29 PRI 31 Tamaulipas 42 PRI

29 Nuevo León 43 PRI

Fuente: www.seguridadjusticiaypaz.org.mx

Tabla 4 Ciudades de México que figuraron en el rankingde las 50 urbes más violentas del mundo en 2010 y 2011

RANKING 2010 RANKING 2011

Posición Ciudad Tasa Partidogobernante

Posición Ciudad Tasa Partidogobernante

1 Juárez 229 PRI 2 Juárez 148 PRI

5 Chihuahua 113 PRI 8 Chihuahua 83 PRI

8 Mazatlán 89 PRI 15 Mazatlán 69 PRI

9 Culiacán 88 PRI 13 Culiacán 74 PRI

13 Tepic 80 PRI 16 Tepic 68 PRI

14 Durango 78 PRI 9 Durango 80 PRI

17 Torreón 68 PRI 7 Torreón 88 PRI

21 Tijuana 53 PAN

23 Acapulco 51 PRD 4 Acapulco 128 PRD

34 Reynosa 36 PRI


36 NuevoLaredo

35 PRI 28 NuevoLaredo

49 PRI

38 Cuernavaca 35 PAN 47 Cuernavaca 31 PAN

43 Matamoros 28 PRI

18 Veracruz 60 PRI

38 Monterrey 40 PRI


De acuerdo al ranking que el Consejo Ciudadano para la segu-ridad Pública y la Justicia Penal, Asociación Civil (CCSPJP), sobre las 50 las jurisdicciones subnacionales (entidades, estados, depar-tamentos, etcétera) más violentas del orbe, en 2010 figuraron 8 en-tidades federativas de México y en 2011 figuraron siete. De estas entidades salvo tres (Baja California y Morelos gobernadas por el PAN y Guerrero, gobernada por el PRD) las demás tuvieron go-biernos priístas la mayor parte del tiempo del periodo 2000-2011 (y sobre todo en la etapa que va de 2007 a 2010 cuando más creció la violencia).

Caso similar es el del ranking de las ciudades más violentas del mundo, también elaborado por el Consejo Ciudadano. En 2010 figuraron 13 urbes de México entre las más violentas del mundo y una, Ciudad Juárez tuvo el primer lugar mundial De esas 13 ciudades, 10 correspondieron a entidades federativas gobernadas por el PRI, 2 a gobernadas por el PAN y a una gobernada por el PRD.

En 2012 hubo 9 ciudades mexicanas en el ranking de las 50 más violentas del mundo. En los respectivos estados, en los últimos 12 años el PAN ha sido la fuerza gobernante en una urbe y el PRD en otra, mientras que en las siete restantes la fuerza gobernantes fue el PRI.

Cabe destacar que algunas, como Durango, desaparecieron de esta tabla, al ofrecerse ya resultados de las acciones institucionales.


Tabla 5 Ciudades de México que figuraron en el ranking de las 50 urbes más violentas del mundo en 2012

Posición Ciudad Tasa Partido gobernante

2 Acapulco 142.88 PRD

5 Torreón (metropolitana) 94.72 PRI

8 Nuevo Laredo 72.85 PRI

15 Culiacán 62.06 PRI

18 Cuernavaca (zona metropolitana) 56.08 PAN

19 Juárez 55.91 PRI

32 Chihuahua 43.49 PRI

36 Victoria 37.78 PRI

47 Monterrey (área metropolitana) 30.85 PRI



Y la situación con otros delitos como secuestros, extorsión y robo no es muy distinta. Pero el que la mayoría de las entidades federa-tivas sean las gobernadas por el PRI no es casualidad. Es resultado de la negligencia, la impunidad y la corrupción de políticos de ese partido político.

En México la tasa de homicidio venía descendiendo hasta alcan-zar el punto más bajo en la historia entre 2004 y 2007 con tasa de 11 homicidios por cada 100 mil habitantes. Pero la tasa repuntó a partir de 2008 hasta llegar a 25 en 2010 y 2011.

Nota: Elaboración propia a partir de cifras estimadas sobre homicidios y la esta-dística judicial penal del INEGI.

La baja que venía teniendo la tasa de homicidios hasta 2007 res-pondió en buena medida al aumento de la tasa de castigo de este delito. Si en 1997 impuso sentencia condenatoria a los responsables

Gráfica 1 Tasa de homicidio y tasa de castigo de homicidio en México 2000-2011


de 29 de cada 100 homicidios, para 2005 se castigaba ya a 42 de cada 100 homicidios. Pero con el disparo de la violencia a partir de 2008, la tasa de castigo se desplomó hasta llegar a su punto más bajo en 2010, con apenas 15 sentencias condenatorias por cada 100 homici-dios.

Podría suponerse que la baja de la tasa, que es un parámetro rela-tivo, era consecuencia lógica del aumento de los homicidios, mien-tras que las condenas crecieron lentamente o se mantuvieron en los mismos números de años anteriores. Pero si tal fuera el caso, los go-bernadores y sus procuradores de justicia habrían respondido muy mal, pues ante una crisis de violencia debieron reaccionar intensifi-cando la persecución de los homicidas, precisamente para contener la violencia.

Pero la realidad fue peor en comparación con los anteriores su-puestos. En cifras absolutas las condenas no crecieron lentamente y ni siquiera mantuvieron sus cifras de años precedentes, sino que descendieron. Esto no hizo sino favorecer la violencia al crecer la impunidad.


Nota: Elaboración propia a partir de cifras estimadas sobre homicidios y la esta-dística judicial penal del INEGI.

Mas el descenso no fue igual en todas las entidades federativas, sino –precisamente– la mayoría en las cuales creció más la violencia homicida los gobernantes… eran priístas.

Como se puede apreciar en la tabla, las entidades federativas (Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Durango) en las que mayor ha sido el crecimiento de la violencia, los gobernantes priístas dejaron caer la procuración de justicia y no sólo no hicieron más por perseguir a los homicidas, como era su obligación y no sólo no mantuvieron, cuando menos, los números de condenas de a los anteriores, sino que descendieron ¿Por qué?.

Porque los señores gobernadores y sus procuradores simplemen-te se lavaron las manos ante la ola de violencia. Y ¿por qué lo hicie-ron? negligencia, cobardía, corrupción o por las tres juntas.

Gráfica 2 Evolución de homicidios y condenas por homicidioen México 2000-2011


Tabla 6 Condenas por homicidio entre 2005 y 2010

ENTIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Diferencia 2005-2010 absolutos

Diferencia2006-2010 %

Chihuahua 326 289 261 224 243 157 -169 -51.84

Oaxaca 252 194 212 182 192 130 -122 -48.41

Tamaulipas 241 237 138 139 95 135 -106 -43.98

Sinaloa 183 138 208 174 183 119 -64 -34.97

Michoacán 263 267 217 189 247 172 -91 -34.60

Veracruz 304 366 310 341 224 201 -103 -33.88

Coahuila 115 95 90 86 93 78 -37 -32.17

Nayarit 92 89 84 94 78 63 -29 -31.52

Zacatecas 50 58 67 58 48 36 -14 -28.00

Durango 77 90 70 67 91 56 -21 -27.27

Guerrero 199 186 165 200 221 145 -54 -27.14

Hidalgo 83 82 102 88 113 61 -22 -26.51

Chiapas 218 250 232 214 250 184 -34 -15.60

Puebla 128 121 100 176 95 112 -16 -12.50

Distrito Federal 563 533 546 557 538 531 -32 -5.68

Querétaro 62 55 71 79 58 60 -2 -3.23

Tabasco 99 88 73 78 100 96 -3 -3.03

Quintana Roo 66 35 45 68 61 66 0 0.00

San Luis Potosí 96 105 102 132 114 102 6 6.25

Nuevo León 151 155 153 162 179 168 17 11.26

Baja California 193 146 191 172 184 218 25 12.95

Morelos 59 78 77 89 60 67 8 13.56

México 345 364 321 353 476 415 70 20.29

Sonora 187 209 274 273 287 231 44 23.53

Tlaxcala 12 11 11 8 16 15 3 25.00

Yucatán 31 30 32 38 25 39 8 25.81


Campeche 23 33 42 21 32 29 6 26.09

Colima 39 58 36 61 33 55 16 41.03

Guanajuato 109 134 132 154 151 157 48 44.04

Jalisco 209 265 251 271 288 333 124 59.33

Aguascalientes 14 21 22 21 18 24 10 71.43

BajaCalifornia Sur

14 16 11 14 23 31 17 121.43

Indicadornacional

4803 4798 4646 4783 4816 4286 -517 -10.76

Fuente: INEGI

A continuación vamos a dar una panorama de esa realidad de ineficacia, negligencia y corrupción de los peores gobiernos estales priístas, basados en información pública, salvo algunos pocos datos que aquí se revelan.

Tamaulipas: trío de impunidad

En resumen ¿Cuál es la realidad criminal que ha caracterizado a Tamaulipas en los últimos años? La siguiente:

• Es una de las 10 entidades federativas del país con las tasas más elevadas de homicidios dolosos.

• Forma parte de las 50 jurisdicciones subnacionales (estados) más violentas del mundo.

• Entre 2000 y 2010 el homicidio doloso aumentó en 436%. En este delito, Tamaulipas es la tercera entidad federativa con la mayor alza en el período.

• Tuvo tres de las 50 ciudades más violentas del mundo –Mata-moros, Nuevo Laredo y Reynosa– (en 2010).

• Entre 2000 y 2012 han sido asesinados 11 periodistas en el es-tado. Es la entidad federativa donde más periodistas han sido asesinados.


• En 2011 y en 2012 tuvo la tasa de secuestro más alta del país.• Entre 2000 y 2012 las tasas de secuestro aumentaron en 8846%

según las propias cifras del gobierno estatal, pero consideran-do las cifras reales, en 2012 hubo 16 veces más secuestros que los habidos en 2000.

• La tasa real de secuestros en Tamaulipas (66 por cada 100 mil habitantes) y que incluye el plagio de migrantes, es la tercera más alta que país, sólo superada por las tasas de Tabasco y Veracruz, otras entidades federativas gobernadas por el PRI.

• Tamaulipas es uno de los estados más afectados por la extor-sión permanente (pago de “derecho de piso”) y el despojo a cargo de grupos criminales.

• El 42% de los reos que se evadieron durante el sexenio del Pre-sidente Felipe Calderón, lo hicieron de prisiones de Tamauli-pas.

• La policía de Tamaulipas es tan corrupta y tan ineptos sus de-puradores, que en 7 años han sido despedidos el equivalente a dos veces la plantilla total.

• Los tres gobernadores priístas anteriores al actual están suje-tos a investigación por el gobierno estadounidense, o al me-nos lo estaban por la PGR hasta noviembre de 2012 por su contubernio con el crimen organizado. A inmuebles de dos de esos ex gobernadores priístas (Tomás Yarrington y Euge-nio Hernández) ya les fueron practicado cateos y han sido asegurados diversos bienes hasta que su origen lícito sea de-mostrado.

• Pero a Tomás Yarrington se le señala, además de su protección a los grupos criminales, de estar implicado en el asesinato del candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, hermano del actual mandatario estatal y que se cometió en 2010, poco antes de los comicios, en los que el ase-sinado parecía ser seguro vencedor.


El 25 de agosto de 2010, las imágenes de 72 migrantes asesinados y que previamente habían sido secuestrados, dieron vuelta al mun-do. De pronto millones de personas de distintos países se enteraron de una mala manera sobre la existencia de un estado situado en Mé-xico, llamado Tamaulipas.

De todas las imágenes de violencia que el mundo ya había reci-bido sobre México, esta era la más sobrecogedora, por la magnitud de la matanza y la condición de las víctimas: migrantes, principal-mente centroamericanos, personas humildes, inocentes y pacíficas, que sólo transitaban por México con el afán de realizar sus sueños de progreso en los Estados Unidos.

A los pocos meses, abril de 2011, nuevas imágenes de horror, otra vez provenientes de Tamaulipas, sacudieron al mundo. Fueron des-cubiertas fosas clandestinas con un número de cadáveres que fue creciendo día tras día, hasta llegar a la cifra de 193.

Esta vez, además, el mundo se horrorizó también por la magni-tud de la masacre y por el perfil de las víctimas. En su gran mayoría se trataba de personas inocentes de nacionalidad mexicana que se transportaban a Tamaulipas en autobuses, con el propósito de inten-tar cruzar la frontera con Estados Unidos o para realizar pequeños negocios en el estado fronterizo.

Fueron sucediéndose las denuncias en Guanajuato, Querétaro, Puebla y Oaxaca sobre la desaparición de familiares que se dirigían a Tamaulipas o estaban en territorio tamaulipeco. De este modo, Ta-maulipas presentaba la imagen de una suerte de “agujero negro” donde las personas desaparecían y nunca se volvía a saber de ellas.

Pero esta era sólo una faceta de la violencia que se fue apoderando de Tamaulipas debido a la protección, colaboración activa o disimu-lo que los grupos criminales obtuvieron de parte de los gobernantes priístas. Esta tolerancia no es nueva, viene desde finales de los años ochenta cuando autoridades priístas y policías a su servicio tolera-ron que la banda de Juan García Ábrego exterminara a sus rivales en


ciudades fronterizas o las matanzas practicadas por sus sucesores Osiel Cárdenas Guillén y los que vinieron después de él.

Pero el año de máxima violencia homicida fue 2010, cuando es-talló abiertamente la “guerra” por el control del territorio entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, que anteriormente había sido un grupo de sicarios del primero. En virtud de que el gobierno de Tamaulipas maquilla cifras, según hemos demostrado, en 2011 nuestra estima-ción es que las cifras reales de homicidio deben ser muy similares a las de 2010 y que en 2012 la situación distó de haber mejorado: la masacre no se detiene. En cualquier caso desde el año 2000 los ho-micidios se han multiplicado por 5.

Además de que Tamaulipas figura entre las 50 jurisdicciones sub-nacionales con las tasas más elevadas de homicidios del mundo y tres de sus ciudades han figurado entre las 50 más violentas del or-be, tiene también primacía en secuestro.

Tamaulipas es una de las 3 capitales mundiales del secuestro, pues las otras dos (también gobernadas por el PRI) son Veracruz y Tabasco. Entre 2000 y 2011 los plagios crecieron en 1,578%.

En 2012, de los 20 municipios de más de 100 mil habitantes con las más elevadas tasas de secuestro en el país, cinco correspondieron a Tamaulipas, entre ellos Tampico, con el primer lugar y una tasa 22 plagios por cada 100 mil habitantes que fue 20 veces más elevada que la tasa nacional. Pero estos datos refieren los secuestros denun-ciados ante la procuraduría estatal: faltan los denunciados ante la PGR, los resueltos por el Ejército y la Marina mediante operativos de rescate de las víctimas y la cifra oculta.

En efecto, el drama del secuestro en Tamaulipas es mucho más grave de lo que revelan estas cifras. Muchos secuestros no son denunciados, porque la mayoría de los tamaulipecos saben que gran parte de los funcionarios de la procuraduría local están al servicio de los grupos criminales que precisamente cometen los secuestros.


En 2010 el Ejército mexicano rescató en el estado a 173 personas que habían sido secuestradas y sus casos no figuran ni en los regis-tros de la Procuraduría estatal ni en los de la PGR. En 2011 una cifra similar de personas fue rescatada por las fuerzas armadas. Conside-rando la cifra oculta, la cifra real de plagios debe ser del doble de los secuestros denunciados

Sin embargo, aún esta cifra deja fuera la mayor parte de la reali-dad del secuestro en Tamaulipas. El estado es uno de los tres don-de más migrantes indocumentados son plagiados en forma masiva (como los 72 asesinados en San Fernando en agosto de 2010), junto con Tabasco y Veracruz. En 2010 en Tamaulipas fueron secuestrados 2,118 migrantes. Esta sola cifra, aún sin considerar las otras cifras referidas además de la oficial, lleva la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes hasta los 65.


Tabla 7 variación de la incidencia de secuestro entre 2000 y 2012 en las entidades federativas (Tasa por 100 mil habitantes)

Entidad 2000 2012 Variación %

Aguascalientes 0.11 0.00 -100.00

Baja California 1.89 1.58 -16.54

Baja California Sur 0.24 0.00 -100.00

Campeche 0.00 0.59

Chiapas 0.71 0.47 -34.56

Chihuahua 0.16 2.30 1,305.29

Coahuila 0.04 1.24 2,755.89

Colima 0.37 1.52 313.51

Distrito Federal 1.55 1.27 -17.80

Durango 0.35 5.29 1,431.32

Guanajuato 0.17 0.38 119.84

Guerrero 1.30 3.83 194.81

Hidalgo 0.27 2.43 805.42

Jalisco 0.43 1.49 247.82

México 0.50 1.46 194.46

Michoacán 0.73 5.48 653.72

Morelos 2.25 5.91 162.64

Nayarit 0.76 3.48 358.01

Nuevo León 0.05 2.22 4,158.99

Oaxaca 1.77 2.53 42.79

Puebla 0.33 0.80 137.77

Querétaro 0.69 0.71 3.32

Quintana Roo 0.21 1.71 700.04

San Luis Potosí 0.04 1.64 3,660.25

Sinaloa 1.18 1.68 42.22

Sonora 1.71 0.37 -78.60


Tabasco 4.42

Tamaulipas 0.44 7.31 1,577.87

Tlaxcala 0.00 0.41

Veracruz 0.06 1.53 2,548.13

Yucatán 0.00 0.00

Zacatecas 0.30 1.88 536.56

Indicador nacional 0.63 1.93 204.00

Nota: Las cifras consideran tanto los secuestros denunciados ante las procuradu-rías de las entidades federativas como ante la PGR.


Tabla 8 Municipios con la mayor incidencia de secuestros en 2011

Posición Municipio Entidad federativa Secuestros Población Tasa

1 Tampico Tamaulipas 67 295,006 22.71

2 Victoria Tamaulipas 36 333,517 10.79

3 Zacatecas Zacatecas 13 140,632 9.24

4 Morelia Michoacán 65 747,333 8.70

5 Cuernavaca Morelos 30 371,594 8.07

6 El Mante Tamaulipas 7 117,284 5.97

7 Cárdenas Tabasco 15 260,048 5.77

8 Zitácuaro Michoacán 9 163,151 5.52

9 Durango Durango 32 604,510 5.29

10 Acapulco Guerrero 42 818,853 5.13

11San Juan BautistaTuxtepec Oaxaca 8 160,250 4.99

12 Uruapan Michoacán 15 329,798 4.55

13 Tepic Nayarit 18 397,787 4.53

14 Nuevo Laredo Tamaulipas 17 395,315 4.30

15 Solidaridad Quintana Roo 7 168,829 4.15

16 Ciudad Madero Tamaulipas 8 198,884 4.02

17 Comalcalco Tabasco 8 200,414 3.99

18 Oaxaca de Juárez Oaxaca 10 262,697 3.81

19 Hidalgo del Parral Chihuahua 4 108,478 3.69

20 Centro Tabasco 24 673,093 3.57

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública [http://www.estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/mondrian/tes-tpage.jsp]

Para dar una idea de lo absolutamente extraordinario de la inci-dencia de los secuestros en Tamaulipas (además de Tabasco y Vera-cruz), quepa comparar con la realidad de los secuestros en Colom-bia, la nación que hasta hace poco mantenía los máximos récords en incidencia de este delito. En 2000 Colombia alcanzó la máxima cifra de su historia –3,572– para una población entonces de 40 millones de habitantes, lo cual significó una tasa de 9 secuestros por cada 100


mil habitantes, aunque en varios departamentos colombianos la ta-sa fue muy superior a la nacional.

Gráfica 3 Comparativo de tasas de secuestro entre 10 estadosmexicanos en 2010 y 8 departamentos colombianos en 2000

Fuentes: Datos de secuestros de migrantes son de la Comisión Nacional de Dere-chos Humanos (CNDH); datos de secuestros en México (salvo los de migrantes) son del SNSP y datos de Colombia son del Ministerio de Defensa.

Pero como se puede apreciar en la gráfica, en 2000 ocho departa-mentos tuvieron tasas entre los 13 y los 40 secuestros por cada 100 mil habitantes, pero esto cuando el país vivía una guerra civil no declarada y el Estado colombiano no tenía el control de al menos


un cuarto del territorio nacional, debido a la acción de grupos de guerrilleros, paramilitares y sicarios del narcotráfico, así como de-lincuentes comunes que aprovechaban la situación. Pero ni en esa condición tan caótica departamento alguno de Colombia alcanzó la tasa de secuestros de Tamaulipas –y menos aún las tasas de Vera-cruz y Tabasco–. De hecho en la historia del mundo no hay nada como lo ocurrido en los últimos años en esos 3 estados.

Además, entre 2003 y 2011 fueron asesinados en Tamaulipas 81 secuestrados.

Otra faceta de la violencia son las agresiones contra la prensa, destacadamente el asesinato de periodistas. Entre febrero del año 2000 y octubre de 2012 habían sido asesinados en el país 81 pe-riodistas, 11 de los cuales habían caído en Tamaulipas, estado en el cual hay otros 3 informadores desaparecidos. Pero aunque ele-vada esta cifra no da cuenta cabal de la magnitud de la agre-sión perpetrada por el crimen organizado contra los periodistas, con la complacencia de los gobernantes priistas de Tamaulipas.

En ocasiones se dice que la prensa en Tamaulipas se autocensura y no relata la violencia. Pero lo que sucede es que mientras las agresio-nes contra periodistas se fueron propagando en distintos puntos del país, en Tamaulipas la mayor parte de ellas tuvieron lugar en apenas cinco años. Siete de los 11 asesinatos de periodistas en Tamaulipas sucedieron entre 2000 y 2005 y esos siete representaron la tercera parte de los periodistas asesinados en México en esos años. Cabe señalar que entre los 36 periodistas asesinados entre 1983 y 2000, cuatro perdieron la vida en Tamaulipas.

Entre 2000 y 2006, además de los asesinatos, se perpetraron con-tra los informadores de Tamaulipas 33 agresiones que fueron desde amenazas hasta golpizas y atentados a balazos.

Esta cadena de agresiones no fue resultado de la casualidad. Se trató de una campaña sistemática. Mucho antes de que se iniciara la ola de violencia en el país en 2008, en Tamaulipas los grupos cri-


minales ya habían acallado a la prensa local, literalmente a sangre y fuego.

Y en esta violencia como en toda, los gobernantes priístas de Ta-maulipas dejaron a los criminales actuar con absoluta impunidad.

Con la complacencia de los gobernantes priístas, Tamaulipas se ha ido convirtiendo en un territorio donde los grupos criminales actúan como una autoridad paralela de facto, que impone sus re-glas y usa la violencia para hacerlas cumplir, controla caminos y en algunas zonas ejercen control territorial en forma directa o a través de corporaciones policiales completas a su servicio y obtienen ren-tas no sólo mediante tráficos ilegales y delitos patrimoniales, sino directamente mediante exacciones en perjuicio de la población en general.

Decenas de miles de personas en Tamaulipas, en su mayoría em-presarios y trabajadores por su cuenta, son víctimas de la extorsión permanente. Pagan “cuotas” o “derecho de piso” como si se tratara de impuestos, pero la negativa o el retraso puede costar la destruc-ción de su negocio o la vida. Parte de la extorsión son las formas sofisticadas y masivas que el secuestro ha adquirido en Tamaulipas.

Mientras que en la mayor parte del país la extorsión masiva y permanente es relativamente nueva, en Tamaulipas los grupos cri-minales la practicaban desde hace una década. De Tamaulipas la peste se propagó a diferentes puntos de la geografía nacional.

Desde al menos 2001, primero miles y después decenas de miles de habitantes del estado y visitantes se han visto sometidos a ex-torsión permanente, además de la eventual que cometen hampones mediante llamadas telefónicas amenazantes, realizadas al azar. Al principio fueron sometidos delincuentes comunes y personas en ac-tividades ilegales, pero después personas inocentes en su gran ma-yoría. En 2010, 20 mil personas sólo en Nuevo Laredo manifestaron haber sido víctimas de extorsión, de acuerdo a la encuesta de victi-mización levantada por el INEGI en todo el país.


Algunos ejemplos del alcance de la extorsión en Tamaulipas son:1. “En la ciudad de México [en 2005], un grupo de 30 tamauli-

pecos ataviados con pasamontañas pidieron audiencia con el procurador [Rafael] Macedo de la Concha, para demandarle su intervención para frenar la ola de violencia. Incluso entregaron a la PGR un tabulador de la ‘cuota’ impuesta por este grupo de narcotraficantes a empresarios legalmente establecidos y a los que tienen actividades ilícitas como los polleros, contrabandis-tas y hasta vendedores ambulantes. Todos fueron víctimas de la organización de Osiel Cárdenas Guillen, incluido su brazo armado Los Zetas, cuyo reinado de terror era parte del legado que [el ex gobernador Tomás] Yarrington dejó en Tamaulipas”.

2. “Las prácticas de extorsión del hampa asentada en Tamaulipas generaron que la industria de juegos y sorteos cancelara en for-ma absoluta su operación en esa entidad [2008], lo que implicó el cierre de 12 salas, pérdidas por 100 millones de dólares y la cancelación de 2 mil empleos directos.”

3. “La industria aseguradora en México reconoció que las extor-siones al gremio se incrementaron en el último año y medio, pero declinaron dar cifras (…) Recaredo Arias, director de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), dijo que hay algunas ‘ciudades críticas’, sobre todo en las entida-des de la Frontera Norte (…) Los funcionarios de aseguradoras relataron que hay diversas modalidades de extorsión como el que los delincuentes citan a los ejecutivos y ‘ofrecen’ protec-ción a ellos, a su familia y a la compañía a cambio de una cuota mensual; por lo general en dólares (…) Dijeron que las regio-nes con la mayor cantidad de extorsiones hacia estas empresas son: Reynosa, Ciudad Juárez y Tampico, Tamaulipas.”

4. “Las compañías aseguradoras están dispuestas a cerrar sus ofi-cinas ante el problema de la inseguridad, sobre todo en aque-llas plazas en las que el crimen organizado amenaza y pide


cuotas (…) El director de una aseguradora, que por seguridad solicitó omitir su nombre, que participó en la 20 Convención de Aseguradoras, dijo que el problema es en todo México y afecta no sólo a una compañía sino a varias que reciben amena-zas y la exigencia del llamado ‘derecho de piso’ (…) Ante ello, reconoció, la empresa está considerando cerrar sus oficinas en aquellas plazas donde se presenta este problema; ‘si me siguen dando lata como me han estado dando lata, cerramos Tampi-co’, porque ‘no vamos a pagar’, advirtió.”

5. “Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Al menos 7 mil comercios de la frontera norte de México cancelaron sus afiliaciones a las cá-maras de Comercio, debido a las bajas ventas provocadas por la inseguridad y la difícil situación económica.”

6. “Julieta, tianguista desde hace 15 años, relata que hace tiem-po entró al negocio de la venta de ropa estadounidense com-prada en Reynosa, Tamaulipas (…) Desde hace año y medio no son los policías federales, estatales o municipales los que les cierran el paso y controlan el movimiento en la Jarachina y en otros tres tianguis de Reynosa. Son los sicarios, la gente del cártel del Golfo (CDG), los que cobran derecho de piso, los que cobran por cada tráiler y cada paca cargada y descar-gada en la Jarachina, los que controlan la entrada de camio-nes y la salida a carretera de autobuses y tianguistas de todas partes del país que acuden a surtirse a ese lugar cada semana “Cuando vas para allá y les compras cinco, 10 ó 20 pacas de ropa de la buena, o de la que sea, cada paca entre nueve y 15 mil pesos, te comprometes luego a decirles quién eres, de dón-de vienes, cómo te pueden localizar y sobre todo, a quién le vas a vender si es que tu idea es colocar las pacas por tu cuenta, es decir, revenderlas cerradas para que otro tianguista las compre y las mueva por su cuenta’, continúa Mariano. ‘Les tienes que decir a quiénes les vendes las pacas que no vas a usar tú. Ellos


anotan todo; tus números de teléfono, en dónde te localizan y también anotan los datos de tus compradores. Así tienen el control de todo, de lo que te venden y de a quiénes les vendes’, agrega.”

7. “Hombres armados que dicen formar parte de un poderoso cártel de las drogas han amenazado con atacar perforaciones en pozos aislados de gas natural en el norte de México a menos que paguen el ‘derecho’ para operar, dijeron dos fuentes de la industria (…) El año pasado, en dos ocasiones, hombres con armas automáticas manejaron hasta sitios donde se realizaban trabajos en la cuenca de Burgos, en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, ambos fronterizos con Estados Unidos, donde serían perforados nuevos pozos de gas (…) En un caso, los sos-pechosos de pertenecer a cárteles de la droga pidieron el 10 por ciento de lo que Pemex pagaba por el contrato de gas, precisó el ejecutivo de la empresa.

8. “En la cuna del cártel del Golfo, los integrantes de la delin-cuencia organizada no sólo incursionan ya en giros como la venta de pollo o la invasión de predios urbanos, sino que la propia sociedad ha empezado a contratarlos como cobradores de deudas o como ejecutores de venganzas. “(….) Antonio propietario de un mini súper al sur de Ciudad Victoria, reconoce que desde mediados de 2008 tiene a los de ‘la maña’ como sus proveedores de pierna y muslo de pollo de Estados Unidos (…) Otro empresario confirmó que muchos comercios de la capital del estado y de los municipios vecinos son obligados a com-prar la pierna y el muslo que vende la delincuencia organizada. “(…) En municipios como Tampico y Reynosa, los taxis piratas son considerados otro negocio del cártel (…) otra de las activi-dades del crimen organizado es la ‘protección’ de invasiones de predios urbanos.”


9. “Empresarios de Monterrey dijeron que el Ejército ya no vigila la zona aledaña a la capital de Tamaulipas desde que inició el nuevo gobierno federal, lo cual es aprovechado por el crimen para cobrar ‘derecho de paso’.”

Pero los grupos criminales no sólo están desarrollando un des-pojo masivo y sistemático de propiedades urbanas en Tamaulipas, sino también rurales. El asesinato del empresario Alejo Garza Tamez hizo evidente en el país y el mundo este drama:

El pasado 13 de noviembre [de 2010], un grupo criminal pidió a Alejo Garza Tamez, padre de la mujer y dueño de un negocio de madera en el rancho San José, localizado en la comunidad de Padilla (Tamauli-pas), que le entregara la propiedad.Los criminales le dieron un plazo de 24 horas para cederles la propie-dad, y Garza Tamez, aficionado a la caza, se negó.Optó por decir a sus empleados que no acudieran al día siguiente a trabajar al rancho, ubicado a unos 15 kilómetros de Ciudad Victoria, y se apostó en la propiedad fuertemente armado (…) Al parecer, el empresario murió tras ser atacado con granadas en el interior del rancho.

Pero Don Alejo no fue la única víctima de despojo:Calculan en miles las propiedades abandonadas para evitar al crimen organizado; la semana pasada, el empresario Alejo Garza murió al enfrentarse con un grupo de sicarios que pretendía apoderarse de su rancho.Un funcionario de la Procuraduría General de Justicia de Tamauli-pas, que pidió el anonimato reveló que los cárteles de las drogas que sostienen enfrentamientos desde principios de año se apoderan de las propiedades para instalar en esos lugares sus centros de operación (…) Puso como ejemplo el caso de un rancho ubicado en el municipio fronterizo de Mier, donde recientemente murieron abatidos por las fuerzas federales una veintena de sicarios y recordó la muer-


te de los 72 inmigrantes centroamericanos que fueron asesinados en una bodega ubicada en una finca cercana al municipio de San Fernando.Según una fuente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (URGT), muchos ganaderos han optado por abandonar sus propieda-des o cambiar de actividad para evitar ser víctimas de la delincuencia organizada.Es un flagelo que a todo mundo está golpeando; los ganaderos han dejado de ir a los ranchos y se dedican a otra cosa y por tanto la acti-vidad ha venido para abajo. Están abandonando los ranchos”, dijo a la prensa el dirigente de los ganaderos Alejandro Gil, que cree que las propiedades abandonadas podrían ser unas cinco mil.

Además, los grupos criminales de Tamaulipas, sobre todo “Los Zetas”, pusieron en práctica la modalidad especialmente depreda-dora de secuestro, pues con la misma los hampones no se apoderan de una parte del patrimonio de la víctima, sino de la totalidad del mismo. El modus operandi se explica en el reportaje que a continua-ción se cita:

Los fiscales antidrogas y antisecuestros de la Procuraduría General de la República (PGR) tienen en la mira a una veintena de abogados de despachos privados y notarios públicos del noreste del país, que presuntamente están al servicio del grupo delictivo de “Los Zetas”, que fue brazo armado del cártel del Golfo.Los profesionistas, de acuerdo con las investigaciones ministeriales, realizan las negociaciones con los familiares de las víctimas de algún secuestro perpetrado por algún sicario de esa organización delictiva principalmente en el estado de Tamaulipas.Los notarios se encargan de protocolizar los bienes y las propiedades de los familiares de las víctimas de un plagio para escriturarlos a nombre de algún integrante de Los Zetas. Esa es la nueva modalidad en que se paga el rescate de alguna persona que fue secuestrada por sicarios de ese grupo criminal.”


El disparo de los secuestros, particularmente de migrantes, es el re-sultado de que los grupos criminales y no la fuerza pública local ten-gan el control de los caminos de Tamaulipas:En las carreteras del estado de Tamaulipas impera la ley del crimen organizado.Agentes federales entrevistados por Grupo Reforma señalaron que es en todo el estado, y no sólo en la región de San Fernando, donde hace unos días fueron halladas 10 narco fosas con 72 cuerpos, es donde los cárteles interceptan vehículos para asaltar a sus ocupantes, plagiar-los y hasta para reclutar sicarios.’La maña’, como se conoce a integrantes del crimen organizado, ins-tala falsos retenes y recorre las carreteras sin ser molestada, todo esto, gracias a la corrupción y ausencia de vigilancia, según explicaron policías asignados más de un año en Tamaulipas.Tras el hallazgo de las fosas en San Fernando, Grupo Reforma publicó que, desde hace al menos un año, el crimen organizado ha sembrado el terror en las carreteras de ese municipio.Según denuncias interpuestas en Guanajuato, Michoacán, Queréta-ro y San Luis Potosí, a su paso por Tamaulipas, nueve autobuses han sido interceptados por comandos para plagiar a sus pasajeros con la intención de incorporarlos a sus filas.No obstante, según relatos de los federales y de sobrevivientes de he-chos similares, muchos parecen terminar en fosas clandestinas por-que se han negado a colaborar con el narco.’La (Policía) municipal no tiene capacidad o están coludidos’, enfati-zó ayer un agente federal.

Parte del control territorial ejercido por los grupos criminales les ha permitido el robo sistemático de combustible de los ductos de PEMEX. Tamaulipas es la tercera entidad con más tomas clandestinas (todas las del país causan pérdidas por más de 1,200 millones de dólares al año).

Pero ni los secuestros en sus diferentes variedades, ni las extor-siones permanentes ni los asesinatos –todos ellos delitos del fuero


común– serían fáciles de cometer para los integrantes de los grupos criminales si las autoridades de Tamaulipas no les garantizaran im-punidad.

En 2011 por cada 100 homicidios sólo se impusieron sentencias condenatorias a los responsables de 16 en el país, pero en Tamau-lipas fue al 9%; se castigó al 6% de los responsables de robo y en el estado a 4 y en la república, supuestamente, se castigó el 84% de los secuestros y en Tamaulipas ni al 20%.

Pero la impunidad no para ahí. El que una pequeña parte de los delincuentes estén presos no es en Tamaulipas garantía de que compurgarán sus penas. El 42% de los reos que se evadie-ron durante el sexenio de Calderón Hinojosa, lo hicieron de pri-siones de Tamaulipas (397 de 937 hasta septiembre de 2012).

En una sola fuga, se evadieron 151 reos del penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en diciembre de 2010.

Pero el desastre de la inseguridad pública en Tamaulipas no es producto sólo de la negligencia e ineptitud de sus gobernantes, sino de la corrupción de al menos los tres gobernadores anteriores al que está en funciones, a su contubernio con los grupos criminales, de quienes no sólo fueron protectores, sino socios.

Los indicios y evidencias de ello se han ido acumulando con el paso de los años. Quepa mencionar aquí los hechos más destacados:

1. “Osiel Cárdenas Guillén –quien lideró al cártel del Golfo y creó su brazo armado, “Los Zetas”– prácticamente controló Tamaulipas, con base en una intrincada red de complicida-des. Ésta alcanzaba al sobrino del gobernador Manuel Ca-vazos Lerma, Gilberto Lerma Plata y a los principales jefes policiacos estatales y federales, revela una averiguación pre-via abierta hasta hoy en día en la Procuraduría General de la República de más de 1 mil 500 fojas, donde se concentra la historia de la organización criminal considerada como la más violenta de México.


“Entre los ‘empleados’ al servicio de La Compañía –como Osiel identifica al cártel que lideró– se encontraba Humberto García, entonces director de Seguridad Pública estatal; el ex procura-dor del estado, José Guadalupe Herrera; Juan Carlos Gonzá-lez Sánchez, a la sazón comisionado en la Policía Ministerial de Matamoros; Armando San Miguel Tienda, exjefe de grupo de la Policía Ministerial; el ex secretario particular del director de la Policía Judicial Federal, el Chino, Rodolfo León Aragón; el comisionado de la Policía Federal de Caminos, Juan César Casillas Escobar; y los subinspectores Francisco Durán Juárez, Roberto Estrada Velázquez, Alberto Dueñas Montecillas y los oficiales Marco Antonio Ochoa Contreras y Luis Rodolfo Ren-dón Valdez. Todas las corporaciones policiacas incluso tenían que ‘pedir permiso’ al cártel para salir a divertirse en los bares tamaulipecos.“José Luis [‘N’] amplía su declaración el 17 de febrero de 2000 ante los agregados de la PGR en San Antonio, Texas, en la que dice que por su actividad conoce a las personas de confianza de Osiel, entre ellos a Gilberto Lerma Plata, sobrino del ex go-bernador de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, quien ‘pro-porciona información de los movimientos de la policía judicial del estado y mantiene contacto directo con los comandantes de la PFP de las ciudades de Miguel Alemán, Camargo, Valle Hermoso, San Fernando, Victoria’.“Identifica a Humberto García, ex director de Seguridad Públi-ca en la administración de Cavazos Lerma, y primo hermano de Juan García Abrego; Rogelio García García, el Roger, Jor-ge Costilla Sánchez, Juan Carlos González Sánchez, la Torta, quien fue dado de baja de la policía judicial del estado y regre-só a trabajar dándole un billete al licenciado Herrera, hermano del procurador de Tamaulipas; Juan Carlos González Sánchez, hermano del narcotraficante Roberto González Sánchez, quien


comanda a un grupo de la policía municipal comisionado en la Policía Ministerial que controla a los grameros de Matamoros; Argelio Treviño Cantú, compadre de Humberto García.“También a Armando San Miguel Tienda, exjefe de grupo de la Policía Ministerial; al ex secretario particular del director de la Judicial Federal, el Chino, Rodolfo León Aragón, cuya fun-ción es proteger los cargamentos de cocaína de Matamoros a Miguel Alemán y Valle Hermoso.“A Jesús Zacarías Espino López, miembro del escuadrón encargado de matar gente por órdenes de Osiel Cárdenas; Mario Alberto Castillón Ruiz, jefe del grupo responsable de la seguridad de la gente de Osiel, conformado por Mario Arman-do Ramírez Treviño, Eduardo Varela Cabrera, Saúl González López, Alejandro Estévez García y Samuel Flores Borrego, éste último efectivo de la policía municipal que controla las patru-llas que vigilan la casa de los familiares de Osiel.“Alberto Marboni Garza, exjefe de grupo de la policía judi-cial en Matamoros, responsable de proporcionar información a Osiel sobre los grupos especiales de investigación sobre el narcotráfico en la zona de operaciones el cártel del Golfo.“Martín Cuevas Medrano, ex comandante en Valle Hermoso testigo del homicidio de los hermanos Treviño perpetrado por órdenes de Osiel, a quienes ejecutaron por no pagar a tiempo las cuotas por el derecho de piso.“Como testigos protegidos que revelan la historia y la estruc-tura del cártel del Golfo se encuentran agentes de la Drug En-forcement Administration (DEA) y del Federal Bureau of In-vestigation (FBI) que realizaron investigaciones en México.”

2. “[El testigo protegido] Francisco Alberto Vázquez Guzmán, Rufino, habla respecto de cómo operaba el cártel la corrupción con funcionarios del gobierno de Tamaulipas. El dinero se re-partía a manos llenas, relata, y a cambio se obtenla protección


e impunidad. No escapó de su memoria Guadalupe Herrera Bustamante, ex procurador del estado de Tamaulipas. De él afirma en un testimonio fechado en septiembre de 2007 que Ariel Herrera, el Tigre, miembro del cártel del Golfo, es herma-no de Guadalupe, a quien el gobernador Eugenio Hernández Flores nombró procurador del estado, y después, orgullosa-mente, su asesor. Elocuente es el testigo Rufino al señalar a Guadalupe Herrera como pieza del cártel del Golfo desde el sexenio que encabezó en Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma: “En una conversación en la que conocí a Juan José Muñiz Sali-nas, alias el Comandante Muñiz, en la que [participaba] Ariel Herrera Bustamante, alias el Tigre, y Vicente Castillo Sáenz, alias Mano, escuché que el Chava Gómez le preguntó al Tigre si ya le habían entregado los treinta mil dólares al ‘procu’, re-firiéndose al procurador general de justicia del estado de Ta-maulipas, Guadalupe Herrera Bustamante, comentándome posteriormente Chava Gómez que ese dinero se le mandaba para que no se realizara ninguna investigación en contra del cártel del Golfo y les giran órdenes a los comandantes de la Policía judicial para desviar la investigación relacionada con el enfrentamiento que tuvieron los hermanos Treviño, a quienes habían levantado en Valle Hermoso, Tamaulipas, el 2 de agos-to de 1998...”

3. “Este crecimiento del narcotráfico empezó a florecer durante el sexenio de Manuel Cavazos Lerma (1992-1998), pero fue con Yarrington cuando tuvo el mayor repunte y vivió un proceso de descomposición sin precedente (…)“’Es un hecho que el gobernador Yarrington se convirtió en el brazo político de la organización (del narcotráfico) que opera en Tamaulipas’, aseguró entonces el diputado federal por el Partido del Trabajo, Juan Antonio Guajuardo Anzaldúa, quien presentó un legajo de fotografías de los principales colabora-


dores de Yarrington en el gobierno estatal como Humberto Zo-lezzi y Max Cortázar en compañía de narcotraficantes como Oscar Malherbe, sucesor de Juan García Ábrego, Juan Manuel Lizardi y Sergio Gómez, un antiguo socio de Osiel Cárdenas Guillén, a la postre jefe del cártel del Golfo y con quien también se ha relacionado al gobernador.”

4. “Cuando en 1995 [Tomás Yarrington] arribó a la presidencia municipal se le empezó a vincular con el narcotráfico. En la re-vista Vertical, de Matamoros, el periodista Julio Alberto Rubio publicó el 29 de enero de 1996 que el entonces ex alcalde y en ese momento dirigente estatal del PRI negaba ‘enfáticamente tener ligas con los narcotraficantes, pero las evidencias lo hun-den’.“’En esa época el alcalde de Matamoros recibió apoyos de Ia banda de Juan García Ábrego, entonces jefe del cártel del Gol-fo (…) En reciprocidad por los apoyos que recibió de esa or-ganización, Yarrington designó como secretario de Seguridad Pública a Sergio Puig Canales, ‘ampliamente identificado con grupos de traficantes’, documenta. Y refiere lo publicado por Eduardo Valle, El Búho, en su libro El segundo disparo (Gri-jalbo) quien identifica a Puig Canales como amigo de Ricardo Aguirre Villagómez, lavador del cártel del Golfo, y además acusado por un subalterno de utilizar las patrullas para el trá-fico de drogas por Matamoros.

5. “En 2003 se conoció un reporte del FBI, el cual señala que por lo menos desde agosto de 2002 tenían informes sobre la relación de Osiel Cárdenas con varios gobernadores, principalmente el de Tamaulipas, Tomás Yarrington.”

6. “El semanario Proceso publicó en abril de 2004 que la PGR y el ejército investigaban al gobernador de Tamaulipas junto con varios policías, jefes policíacos y funcionarios del gabinete, por su sorprendente riqueza y sus presuntos nexos con el cártel


del Golfo. El subprocurador Vasconcelos confirmó a la revista que la investigación estaba ‘a la mitad’, pero que ésta es ‘as-cendente’, y aunque dijo que en ese momento Yarrington’ no tenia carácter de ‘indiciado’, si era una investigación similar a la que hicieron ‘en Quintana Roo en el caso de Mario Villanue-va, quien resultó ser el principal protector del cártel de Juárez’.“Un mes antes de esa publicación, el 4 de marzo, el ex poli-cía ministerial de Tamaulipas, Rubén Hernández López, envió una carta desde la prisión de Reynosa donde estuvo recluido, a Karen Tandy, la administradora general de la Agencia Anti-drogas de Estados Unidos (DEA), en la que acusó al entonces procurador, Francisco Cayuela Villarreal, de ser ‘el recaudador de dinero del narco para financiar las aspiraciones presiden-ciales del priísta Tomás Yarrington’.“Acusado del secuestro y asesinato del empresario regiomonta-no José Antonio Cervantes Espeleta, Hernández López relató al semanario Proceso que había acompañado en diversas ocasiones a Cayuela cuando iba a la frontera ‘a recoger un millón de dóla-res por semana, de las comandancias de la Policía Ministerial’.“‘El licenciado Francisco Tomás Cayuela Villarreal me informó que el dinero provenía de las cuotas que se cobran a los nar-cos, apara que puedan trabajar en Tamaulipas. Esa cantidad de dinero supuestamente va a ser utilizada por el gobernador To-mas Yarrington Ruvalcaba en su empaña política para la Pre-sidencia de la República’, explica en la carta cuyo extracto fue publicado en el semanario.“El 1 de febrero de 2005, ya de lleno en sus aspiraciones presiden-ciales y a un mes de abandonar el gobierno de Tamaulipas, Yarrin-gton recibió otro revés. En esta ocasión [a través de un desplegado publicado a plana completa en Reforma], un empresario, quien dijo llamarse Rogelio Villa García, señaló que el narcotraficante Osiel Cárdenas era el patrocinador de la campaña del gobernador.”


7. “Rubén Hernández López, quien el año pasado acusó al en-tonces procurador Francisco Cayuela Villarreal, de ser el re-caudador de dinero del narco para financiar las aspiraciones presidenciales del priísta Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue asesinado con arma de fuego este martes al interior del penal de Reynosa.”

8. “La investigación de la PGR estaba justificada. Desde hacía tiempo el gobierno de Yarrington es motivo de escándalos, en parte detonados por sus propios colaboradores. Uno de los principales protagonistas era Max Castillo, primer procurador de la administración tamaulipeca.“Antes de asumir el cargo, Castillo fue secretario del ayunta-miento de Matamoros, cuando Yarrington fungió como presi-dente municipal de esa jurisdicción. Famoso en la entidad por su defensa legal de personajes relacionarlos con el narcotráfico, en su lista de clientes figuró nada menos que Raúl Valladares del Ángel, conocido lugarteniente del capo Juan García Ábre-go. No obstante, acosado por la presión, su paso por la procu-raduría fue efímero y tuvo que renunciar a sólo seis meses de asumir el cargo, pero se refugió en el despacho de Humberto Zolezzi, quien fungía como secretario general de Gobierno, Desde ahí continuó operando como asesor jurídico de Yarring-ton, sin dejar de atender su carrera de clientes especiales.“Zolezzi no era un funcionario menor. En el responsable de la política interna del estado; en otras palabras, el más infor-mado después del gobernador. Su nombre fue manchado en 2002, cuando el periódico El Norte de Monterrey lo exhibió al publicar una fotografía en la que aparecía acompañado de tres reconocidos miembros del cártel del Golfo (Oscar Malherbe de León, Sergio Checo Gómez y El Gordo Lizardi.”

9. “En su edición de esta semana, el semanario Proceso (1610) publicó que [José Guadalupe] Herrera Bustamante recibió costo-


sos regalos del cartel de Juárez –40 mil dólares en efectivo y un reloj de oro– para facilitar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos cuando era procurador en el sexenio de Manuel Cava-zos Lerma (1993-1999).“Durante su paso por la Procuraduría de Justicia de Tamauli-pas, entre sus filas figuraban como agentes de la Policía Minis-terial del estado, varios de los actuales líderes de la organiza-ción criminal, entre ellos, Juan Carlos de la Cruz Reyna, ‘El JC’, detenido recientemente en McAllen, Texas.“Proceso publicó también que Herrera fue fichado en Nuevo León una ficha penal por daños en propiedad ajena en noviem-bre de 1983; así mismo, la revista señaló que a principios de los noventa el procurador mintió sobre su edad para ocupar el cargo de Juez Federal de Distrito, tenía 28 años y se requería un mínimo de 30 para acceder a la plaza. Luego de que la noticia de su engaño saliera en los periódicos, fue removido.“También dio a conocer que, de acuerdo con la PGR, los dos hermanos del procurador, Erick y Ariel, forman parte del car-tel del Golfo, incluso el segundo, fue señalado por la abogada Raquenel Villanueva como el pistolero que en el año 2000 in-tentó asesinarla.”

10. “La detención del secretario de Seguridad Pública de Rey-nosa, Juan José Muñiz Salinas, es el golpe más reciente a un grupo de ex policías ministeriales que han sido vinculados con el cártel del Golfo y que, pese a sus antecedentes, se re posicio-naron con la llegada del procurador de Justicia del estado, José Guadalupe Herrera Bustamante, y con el cambio de gobiernos municipales el 1 de enero.”

11. Jesús Everardo Villarreal Salinas, es un diputado priísta bal-coneado vía correo electrónico. Un mes antes de las eleccio-nes del 5 de junio de 2009 se leía en un correo enviado por el presidente del PRI en Tamaulipas, Ricardo Gamundi: “Juanito,


por favor hazle llegar esta info a Edmundo. Hay que detener esta información porque le pega muy gacho a Everardo y ‘los amigos’ le pueden retirar el recurso para el día ‘D’. Con esto perdemos Reynosa. Ayúdenme. Lo hablamos”.

12. “Al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández (PRI), se le recomendó, al inicio de su gestión, el envío de soldados, marinos y fuerzas federales al estado, ante el peligroso avance del narcotráfico. “No”, fue su respuesta invariable. Al final de su mandato, rebasado por la criminalidad, no tuvo más remedio que aceptar el apoyo del Ejército.“Es uno de los priístas que, se tiene la certeza en el gobierno de Calderón, pactó con el narco.“Inclusive circula un video del ex gobernador tamaulipeco acompañado por Jaime González Durán, “El Hummer”, cofun-dador de “Los Zetas”, operador en Reynosa y capturado en no-viembre de 2008.”

13. El 28 de junio de 2010 fue asesinado el candidato del PRI a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú por un comando de sicarios fuertemente armados. La identidad del brazo ejecutor de este magnicidio y de los autores intelec-tuales no era clara, hasta que a inicios de febrero de 2012, el Departamento de Justicia y la DEA de Estados Unidos reve-laron que acusaban al ex gobernador priista Tomás Yarrin-gton por proteger a organizaciones de narcotraficantes y la-var dinero:“El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, recibió dinero de grupos del narcotráfico, específicamente de ‘Los Ze-tas’ y el cártel del Golfo, según consta en una acusación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).“Estos pagos, de acuerdo con el documento presentado en una corte de Texas, llegaban a manos de Yarrington a través de Antonio Peña Argüelles, quien enfrenta cargos de lavado


de dinero en EU y fungía como intermediario entre el crimen organizado y el ex mandatario priísta.“El diario San Antonio Express señala que Peña fue arrestado el pasado miércoles en San Antonio y de sus declaraciones se conoció el vínculo que éste mantenía con ‘Los Zetas’, el cártel del Golfo, con Tomás Yarrington y con un ex alcalde de Nuevo Laredo.“La acusación de la DEA advierte que Peña Argüelles se es-condía en Texas desde noviembre pasado, cuando ‘Los Zetas’ mataron a su hermano presuntamente por robar dinero del cártel.”Pero en esta investigación no sólo se confirmó lo que ya se sa-bía sobre la protección del ex gobernador priista Yarrington al narcotráfico, sino además su implicación en el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, el candidato priista a la gubernatura del estado:“El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue vin-culado con el asesinato del ex candidato a la gubernatura, Ro-dolfo Torre Cantú, ocurrido en junio de 2010.“Una acusación interpuesta por la Agencia Antidrogas de Es-tados Unidos (DEA, en inglés) en la Corte de Texas revela que Antonio Peña Argüelles, ex colaborador de Yarrington, recibió el 29 de noviembre de 2011 un mensaje del presunto líder de ‘Los Zetas’, Miguel Ángel Treviño Morales, ‘El Z-40’, que de-cía: ‘Su hermano (Alfonso) ha estado diciendo que usted y To-más Yarrington, junto con (Jorge Eduardo) Costilla (líder del cártel del Golfo), asesinaron al candidato a gobernador Rodol-fo Torre Cantú porque afectaba al negocio de la construcción y estaba patrocinado/ protegido’.“Alfonso Peña —hermano de Antonio— fue encontrado ase-sinado el 29 de noviembre de 2011 en Nuevo Laredo; junto al cuerpo había una manta en el que se acusaba a Antonio de


supuestamente haber robado cinco millones de dólares de ‘Los Zetas’.“La DEA asegura que Antonio Peña se reunió en 2008 con Yarrin-gton en una casa que este último rentó en San Antonio. Ahí dis-cutieron un pleito financiero que existía con Treviño Morales.“El diario San Antonio Express señala que Antonio Peña Ar-güelles fue arrestado el miércoles pasado en San Antonio y de sus declaraciones se conoció el presunto vínculo que mantenía con ‘Los Zetas’, el cártel del Golfo, con Tomás Yarrington y con un ex alcalde de Nuevo Laredo.“El detenido le dijo a la Corte texana —de acuerdo con la DEA— que trabajó para Yarrington, ‘lavando’ el dinero que recibía del cártel del Golfo.“En el documento —cuya copia tiene la agencia de noticias As-sociated Press (AP) — la DEA refiere que obtuvo libros conta-bles de Peña y su hermano Alfonso correspondientes a 2004 y 2006, en los cuales se establece que recibieron grandes canti-dades de dólares presuntamente del narcotráfico para Yarrin-gton y otros colaboradores. La PGR anunció esta semana que investiga a Yarrington, Manuel Cavazos y Eugenio Hernández Flores, ex gobernadores de Tamaulipas.”

14. Pero la implicación de Yarrington en el asesinato de Rodolfo Torre no era una novedad absoluta, pues el 28 de noviembre de 2011 mediante un narco-mensaje dejado junto al cadáver de un ejecutado, “Los Zetas” hacían una nada velada imputación: “México, DF 29-Nov.- El cuerpo de un hombre ejecutado fue abandonado ayer en Nuevo Laredo, junto con una manta en la que se acusa al empresario Antonio Peña de ser el autor del asesinato del ex candidato priísta al Gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú.“Asimismo, se vincula al ex Gobernador Tomás Yarrington con negocios ilícitos.


“El hombre, de unos 50 años, presentaba un impacto de bala en la cabeza; fue encontrado boca arriba y encima de él fue co-locada una manta blanca escrita en letras mayúsculas, algunas remarcadas.“’No anden diciendo que es un secuestro pinche viejo pitarron son los 5 millones de dólar que le dimos a alla saves paque hino cumplio al contrario se fue del país paque se hace pendejo don Toño Peña si usted mando matar ‘a’ Rodolfo Torres por-que afectava los hintereses de las compañías que tiene Osiel Cárdenas y Tomas Yarrington que tienen sociedad.“’Como quiera lo mataron diokis porque quedo el hermano y se las siguieron pelando pinche viejo hipócrita que anda pre-dicando la palabra de dios si tragas santos y caga diablos y todavía que es un asesino lavador de dinero ai bibe en USA, bien tranquilo pues no es alla donde combaten el narcotrafico y el lavado de dinero porque a los meros buenos del lavado de dinero los tienen alla?’, dice el escrito.“La de ayer es la primera vez que se vincula en una manta al ex Gobernador de Tamaulipas con la delincuencia organizada.”

15. El asunto de la sociedad de ex gobernadores priístas con el crimen organizado para acaparar la obra pública, no es asunto menor. Cabe señalar que entre 2001 y 2010 (penúltimo año de mandato del “empresario constructor” Eugenio Hernández), la obra pública en Tamaulipas creció en un 544%, al pasar de 1,967,305,000 de pesos el primer año a 12,667,932,668 de pesos el segundo, según datos del INEGI. Entre 2000 y 2011, la obra pública en Tamaulipas totalizó 67, 787, 322, 741 de pesos. Si consideramos que entre utilidades de las empresas cons-tructoras (operadas con prestanombres) y el sobreprecio, los acaparadores de la obra pública se quedaron con un 30% de lo erogado, eso da la fabulosa cantidad de 20, 336, 196, 822 de pesos o más de 1,500 millones de dólares.


16. Finalmente en agosto de 2012 se libró orden de aprehensión contra el ex gobernador Tomás Yarrington e inmuebles de éste y de Eugenio Hernández han sido cateados. Ellos son parte del pesado fardo con el que deben cargar el PRI y Enrique Peña Nieto.

Coahuila: zona de confort para los Zetas

Pero si es pesada la carga que para Enrique Peña Nieto represen-tan los ex gobernadores de Tamaulipas, lo es más la de Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, pues fue su principal operador político hasta antes del inicio formal de la campaña elec-toral presidencial.

Las cuentas que en seguridad pública entregó como gobernador, entre diciembre de 2005 y el 4 de enero de 2011; aunque de hecho siguió gobernando el estado hasta finalizarse este último año, son pésimas:

• El homicidio doloso aumentó en un 377%, según cifras oficia-les maquilladas o en un 424% sin maquillar, al pasar de 139 asesinatos en 2005 a 729 en 2011.

• El secuestro aumentó en un 117%, según cifras oficiales maqui-lladas o en un 871% sin maquillar, al pasar de 6 plagios en 2005 a 136 en 2010.

• El robo aumentó en 131% entre 2005 y 2011 y con violencia 475%. El robo en carreteras se disparó en un 2,067%.

Por otro lado, lo que podría haber sucedido en Coahuila bajo la dinastía Moreira, es algo muy parecido a lo sucedido en Tamaulipas: la implantación de un narco-Estado.

En el otoño de 2012 tuvieron lugar en Coahuila dos hechos de gran importancia:

• El 3 de octubre fue asesinado José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del primer matrimonio de Humberto y sobrino y ex cola-


borador en el gobierno del actual mandatario Rubén Moreira Valdés.

• El 7 de octubre, al parecer en un enfrentamiento fortuito con ele-mentos de la Secretaría de Marina, fue abatido el máximo líder de “Los Zetas”, Heriberto Lazcano Lazcano, alias “El Lazca”.

La violencia que los Moreira Valdés dejaron crecer en Coahuila, terminó por alcanzarlos: eso es lo que ocurre cuando se apapachan monstruos.

No es una casualidad que Lazcano Lazcano haya caído en Coahui-la. Bajo la dinastía Moreira Valdés “Los Zetas” se sintieron muy a gusto en el estado, hasta hace muy poco tiempo. ¿No acusaron mediante mantas a Humberto Moreira de ser “narco mandatario”? ¿No le atacaron a sus policías con granadas (los que los han atacado son los rivales del Cártel de Sinaloa) e incluso trataron de ocultar asesinatos mediante desapariciones para “no calentar (demasiado) la plaza” ni meter en problemas al señor gobernador? Por eso hay tantos desaparecidos en Coahuila.

1. “De esa maquinaria nadie está a salvo. Ni siquiera el estadou-nidense experto en medidas de seguridad Félix Batista, quien el 10 de diciembre de 2008 estaba en Saltillo, Coahuila, por-que al día siguiente daría una conferencia a empresarios sobre como evitar secuestros, compromiso al que ya no llegó. Tam-poco regresó a casa.“Los desaparecedores no discriminan. En las bitácoras de las organizaciones de familiares de víctimas están anotados jorna-leros, taxistas, empresarios, narcomenudistas, estudiantes, pe-riodistas, migrantes, turistas, políticos, policías, amas de casa, alcaldes y hasta militares. Familias enteras están desapareci-das, incluidos ancianos y niños. El más pequeño es un niño de tres años, que consta en una lista de Coahuila.”

2. “Promesas a familiares de personas desaparecidas en Coahuila ‘desaparecen’


“México, D.F. a 7 de enero del 2011“Inicia un nuevo año donde todo mundo celebra y confía en que éste puede ser menos peor, tienen esperanza. Sin embargo, para nosotras las familias de personas desaparecidas en el es-tado de Coahuila, desde el primer día que nuestros seres que-ridos no volvieron a casa dejó de haber tiempo para celebrar, ahora sólo podemos seguir caminando y continuar con nues-tra Incansable Búsqueda.“El día de hoy el ex gobernador Humberto Moreira Valdés está de manteles largos porque escala un peldaño más en su carrera política. Hoy será otro día de simulación democrática, se regis-trará como candidato en su partido el PRI, dejando una agen-da pendiente de justicia en el estado de Coahuila y decretada una línea de acción para la continuidad del gobierno marcada por la impunidad. Vergüenza le debería de dar postularse para dirigir al ‘nuevo PRI’, cuando su acción de gobierno se distin-guió por el nepotismo, autoritarismo y el control de los pode-res estatales, de manera particular de las dependencias encar-gadas de la seguridad pública, procuración y administración de justicia, tal como buen dinosaurio del ‘viejo PRI’.“El 19 de diciembre del 2009, denunciamos 21 casos de des-apariciones en el Estado de Coahuila. En diciembre del 2010 contamos con información de 104 casos. Los casos aumentan día a día y la justicia se aleja.“Sólo algunos datos de la agenda pendiente que deja el ex go-bernador Moreira:

i. De los 104 desaparecidos documentados por FUUNDEC no hay avances sustantivos en las investigaciones, ni se propició la coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) para sumar esfuerzos. La apuesta por el olvido y la impunidad fue la respuesta del gobierno de Moreira.


ii. Coahuila ocupa el 3er. Lugar a nivel nacional en denuncia por desaparición forzada de personas, según declaraciones públicas de funcionarios de la Comisión Nacional de los De-rechos Humanos (CNDH)”

3. “Elementos del Ejército Mexicano descubrieron un cementerio clandestino en la franja fronteriza de Coahuila, escenario en los últimos meses de hechos violentos entre bandas rivales.“El hallazgo se realizó la noche del pasado miércoles, cuan-do los militares localizaron una zona repleta de perforaciones donde se depositaron restos calcinados de cuerpos humanos, confirmó el fiscal general del estado, Jesús Torres Charles.“De acuerdo con el funcionario, el cementerio clandestino tam-bién pudo ser utilizado como matadero, pues junto a los restos se localizaron 61 casquillos percutidos de distintos calibres.“El lugar se encuentra en un ejido del municipio de Guerrero, Coahuila, localidad fronteriza de vocación rural.“Torres Charles dijo a Apro que hasta las 18:00 horas de hoy, personal pericial realizó trabajos de inspección y recuperación en la zona, donde encontraron 37 pozos, 20 de los cuales con-tenían más de mil 300 restos óseos calcinados.”

4. “Saltillo, Coah., 25 de diciembre. La cifra de víctimas de desa-parición forzada en Coahuila podría ser hasta cinco veces más de los casos que se han denunciado, aseguró el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdez, quien detalló: hoy tenemos reportados 200, pero la cifra puede crecer muchísimo; yo creo que van a pasar de mil, calculó durante una entrevista con La Jornada.”

Tan a gusto se sintieron “Los Zetas” bajo la dinastía Moreira, que su principal santuario no estaba en Nuevo Laredo, Tamaulipas don-de se inició su poder criminal, ni en Monterrey, Nuevo León a donde lo expandieron, sino en Coahuila. Por eso ahí se concentraron los es-fuerzos federales para capturar a los líderes de Los Zetas, en primer


lugar su máximo jefe Heriberto Lazcano Lazcano “El Lazca”: El 14 de octubre de 2011, el diario El Universal publicó un reportaje titu-lado: “Coahuila, zona estratégica de ‘zetas’”, en el que se afirmaba:

Coahuila se volvió uno de los puntos de refugio de ‘Los Zetas’, cuyos jefes Heriberto Lazcano Lazcano, ‘El Lazca’, y Miguel Treviño, ‘El L-40’, han utilizado para reorganizarse y lanzar contraofensivas con-tra sus ahora enemigos del cártel del Golfo.Informes de la Secretaría de Marina revelan que a lo largo de la geo-grafía de Coahuila, donde se padecen problemas de violencia e in-seguridad, se ha dado seguimiento a las actividades de ambos jefes criminales, quienes mantienen una constante movilidad.El rastreo y acciones de inteligencia para capturar a ambos capos han permitido a comandos especiales estar a punto de detener a ‘El Lazca’ y a su principal lugarteniente, Miguel Treviño, a quien también se considera el hombre más violento de ‘Los Zetas’.A ‘El Lazca’ casi se le detiene en Monclova en junio pasado, pero momentos antes de la llegada de los infantes de Marina escapó de una residencia en la que fue ubicado. ‘Hasta los cigarros seguían pren-didos cuando llegamos’, dijo uno de los oficiales que participó en el operativo.Con Miguel Treviño, personal de la Armada ha sostenido enfrenta-mientos, pero éste ha logrado salir de la zona y romper el cerco que se ha dispuesto para su arresto.Las zonas en las que principalmente se mueven son: Torreón, Mon-clova y Saltillo, sitios desde donde pueden operar para vigilar las ru-tas naturales que permiten el tráfico de drogas, envío de dinero y movilidad para llegar a Estados Unidos.Desde el triángulo que forman esas tres ciudades coahuilenses, el grupo criminal de ‘Los Zetas’ busca imponer y mantener el control sobre los accesos a las fronteras situadas en Piedras Negras, Coahui-la, así como en Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas, según reportes de inteligencia naval.


Además, les permiten la movilidad hacia Monterrey y su zona me-tropolitana en Nuevo León, donde mantienen lo que es, quizá en este momento, el mayor ‘frente de guerra’ contra sus adversarios del cár-tel del Golfo.No obstante, en toda la región noroeste donde hay presencia de ‘Los Zetas’ y del cártel del Golfo, la violencia está afectando a la población de manera muy importante, ya que ambos grupos criminales mantie-nen una lucha sin cuartel por el control de las rutas para el trasiego de enervantes, contrabando de armas y dinero, así como para efectuar tareas criminales conexas como secuestros y extorsiones, entre otros.”

La protección del gobierno de Coahuila a “Los Zetas” no es mero rumor ni presunción. El 19 de febrero de 2012, el periódico Reforma publicó la nota titulada “Deja ex Fiscal Gabinete de Moreira”, en la que se afirmó:

Un operador de los Zetas en Coahuila declaró ante el MP que el hermano de Jesús Torres Charles recibía $300 mil pesos al mes de su organización.Saltillo, Coahuila (19 febrero 2012).- Por los presuntos vínculos de uno de sus hermanos con el narco, Jesús Torres Charles, quien fuera Fiscal de Coahuila, pidió licencia para separarse del cargo de Conse-jero jurídico del Gobernador.En entrevista, el Gobernador Rubén Moreira informó hoy que Torres Charles pidió licencia al puesto que ocupaba desde finales de diciem-bre pasado. Asimismo, anunció que ya designó a su sucesor.‘Hace dos días yo recibí una solicitud de licencia de Jesús Torres y procedí a designar al licenciado Raúl Alvarado Castro’, informó.Torres Charles fue Procurador y Fiscal General durante el sexenio de Humberto Moreira.Al crearse la Fiscalía, en 2009, la ley establecía que duraría en su cargo ocho años, pero fue removido por Rubén Moreira en diciembre y lo nombró Consejero jurídico del Gobernador.Grupo Reforma informó que uno de los operadores de los Zetas en Coahuila, Pedro Toga Lara, ‘El Guacho’, declaró ante el Ministerio


Público que el hermano de Jesús Torres Charles recibía 300 mil pesos mensuales de la organización criminal.Aunque no se reveló el nombre, se cree que se trata de Humberto To-rres Charles, quien fuera Director Jurídico de la Secretaría de Salud durante el sexenio de Humberto Moreira.”

¿No sabía el procurador en lo que andaba su hermano?, ¿no sa-bían los Moreira en lo que andaba su procurador y asesor jurídico?

Los Moreira hicieron crecer la deuda pública de Coahuila de 420 millones en 2006 a más de 36 mil millones de pesos en 2012; esto es, de representar el 1.3% del PIB estatal pasó representar en 2012 el 7.87%

La mayor parte de la deuda de Coahuila fue para financiar obra pública. El gasto en este rubro creció en 692%, al pasar de 2, 344, 884, 277 de pesos en 2005 a 19, 150, 659, 625 en 2011. Lo gastado en obra pública en esos años, 37, 226, 658, 147 de pesos, equivale a la deuda estatal.

No nos sorprenda que un día se sepa que –como en Tamaulipas–entre las empresas beneficiadas por la obra pública estén las de los capos del crimen organizado, ahora que es ya evidente que Los Ze-tas y otros están metidos en el negocio de la construcción…

Veracruz: montaje de un crimen

El 26 de febrero de 2007 falleció la señora Ernestina Ascensio Ro-sario, de 73 años de edad, en la localidad de Tetlatzinga del munici-pio de Zongolica, Veracruz.

Su muerte fue presentada por la Procuraduría de Justicia de Ve-racruz como un homicidio provocado por la violación que en su contra supuestamente habían cometido soldados del Ejército mexi-cano, quienes -según este relato- la habían sorprendido cuando ella pastoreaba unos borregos el día anterior a su muerte, el 25 de febre-ro de 2007.


Para avalar su afirmación del supuesto ataque de los soldados, la procuraduría presentó una necropsia y diversas pruebas periciales. Pero además la Procuraduría se encargó de filtrar a los medios de comunicación el caso (incluso mediante una foto en donde Ernes-tina Ascensio yace en una plancha del servicio médico forense en medio de un charco de sangre). La versión causó indignación entre diferentes actores.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos investigó profun-damente el caso, e incluso realizó su propia necropsia y diversos trabajos periciales que le condujeron a concluir que Ernestina As-censio no había sido violada, ni asesinada y que su muerte era natu-ral, causada por padecimientos degenerativos crónicos, agravados por su avanzada edad y condición económica. Es decir, la acusación de la Procuraduría de Veracruz era una fabricación contra personas inocentes (los soldados) por hechos que ni siquiera habían tenido lugar y personal de la institución había creado falsas pruebas por órdenes superiores.

Lo que sigue es un extracto de las conclusiones de la CNDH:Durante la exhumación, los peritos médicos de la Comisión Nacio-nal evidenciaron que la causa de muerte establecida en la primera necropsia como traumatismo cráneo encefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales, no se encontraba debidamente sustentada, es-to, en atención a que se omitió en la primera necropsia el estudio de los órganos anatómicos más importantes, como son cráneo, vértebras cervicales, pulmones, corazón, hígado, páncreas, bazo, asas intestina-les y órganos sexuales.Destaca que durante la exhumación no se corroboraron los ‘múlti-ples desgarros en las regiones vaginal y anal ‘ de la occisa a que se hacían referencia en la primera necropsia; asimismo, no se encontra-ron equimosis difusas, eritemas y laceraciones, ni se observaron datos compatibles con la penetración de un objeto romo de mayor diámetro en los orificios vaginal y anal. Se descartó, igualmente, la existencia


de una perforación rectal. Igualmente, se evidenció incongruencia en la descripción anatómica de las alteraciones referidas tanto en el dic-tamen ginecológico y proctológico, en la necropsia y en los propios resultados o hallazgos obtenidos en la exhumación, esto es, que estos tres documentos emitidos por la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz no son coincidentes. A este respecto, la representación social no hizo entrega de las már-genes anales o ano, justificando que de éstas no tomó muestras al momento de realizar la exhumación, por no considerarlo necesario el médico que llevó a cabo tal práctica. Asimismo, por lo que hace a los fluidos vaginales y anales, la Procuraduría negó su entrega con el argumento de que tales muestras se encontraban en estudio en labo-ratorio, desde el 9 de marzo del año en curso. Con los fragmentos de los diferentes órganos que proporcionó la men-cionada Procuraduría, la Comisión Nacional realizó los estudios téc-nico científicos, así como histopatológicos que permiten acreditar la inexistencia de traumatismo cráneo-encefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales, como causa de muerte. Por el contrario, se acreditó científicamente que lo que en realidad ocasionó el deceso de la señora Ernestina Ascencio Rosario fue una anemia aguda por san-grado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas, pépticas, agu-das en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis mesentérica. 2. La perita médica especialista en delitos sexuales y la médica ciruja-na, concluyeron lo siguiente: A. No existen alteraciones ginecológicas y proctológicas producidas por la penetración no consentida de un objeto romo de diámetro ma-yor a los orificios vaginal y anal. B. Las alteraciones que se observan en la región anal corresponde a la manipulación realizada durante la exhumación, para separar los glúteos y visualizar la región, cuyas características son de haberse


producido postmortem, ya que no se observa reacción vital en sus bordes.5. La médica cirujana concluyó lo siguiente: A. Aun cuando desde el ingreso de la señora Ernestina Ascencio al Hospital de Regional de Río Blanco, se hace referencia de que fue víc-tima de un ataque sexual, ninguno de los médicos especialistas de los tres servicios por quien fue valorada (ginecología, cirugía general y medicina interna) dan datos o descripción de hallazgos para susten-tar este hecho. 6. El perito criminalista concluyó lo siguiente: A. Contrario a la necropsia en donde se menciona ‘hematoma en re-gión frontal porción central y derecha, así como en temporales‘, éstas no son observadas en la exhumación de la occisa, ésta corresponde a una equimosis en región frontal.B. Contrario a la necropsia, donde se menciona ‘equimosis en an-tebrazos tercio medio cara anterior‘, éstas no son observadas en la exhumación. C. Contrario al dictamen de exhumación emitido por el doctor Ignacio Gutiérrez Vázquez, de 12 de marzo del 2007, se menciona equimosis por sujeción en tercio medio cara anterointerna de ambos muslos; presencia de múltiples zonas petéquiales en tercio medio cara anterior de pierna izquierda‘, éstas no son observadas en la exhumación. 8. El mismo perito químico forense, después de realizar el estudio de identificación de semen en las muestras de exudado vaginal (dos hi-sopos) y exudado anal (un hisopo), rotulados con el nombre de Ernes-tina Ascencio Rosario que fueron proporcionados en cadena de custo-dia por la Procuraduría estatal a esta CNDH, concluyó lo siguiente: A. Los exudados vaginal y anal resultaron negativos en actividad enzimática de la fosfatasa ácida. B. En los exudados vaginal y anal no se determinó la presencia de semen. Finalmente, he de hacer mención especial al informe que a esta Comi-sión Nacional de los Derechos Humanos rindió el Director del Hos-


pital Regional de Río Blanco, al que adjuntó el acta suscrita por él y los seis médicos que intervinieron en la atención que se brindó a la señora Ernestina Ascencio Rosario durante su estancia en el citado nosocomio, en la que sustancialmente se afirma lo siguiente.‘La paciente no presentaba datos de haber sido violada ni por vía va-ginal no por vía anal, que había sido traída por el señor René Huerta representante de una ONG, quien insistía ante los mé-dicos que anotaran en el expediente que la paciente había sido violada por los soldados destacamentados en la localidad de donde era originaria la hoy difunta (…) ‘[Énfasis es nuestro]

15. Si para la CNDH no hay evidencia de ataque físico a Ernes-tina, ¿por qué se ve en una fotografía del cuerpo de la señora un charco de sangre junto a su cabeza?R. La fotografía corresponde a un tiempo posterior a la necropsia y el sangrado es residual a ese estudio. El cadáver de la persona presenta el cabello mojado, signo de que fue bañada. Se trata de una fotografía que fue tomada en una instalación de la PGJEV y que –como muchos otros documentos de ese expediente– fue entregado a diversos medios de comunicación.” [Énfasis nuestro]

La CNDH y los peritos estamos indignados por el manejo que la procuraduría del estado ha dado a este caso. Primero filtra-ron una foto y ahí hay una violación al derecho a la intimi-dad de las familias; segundo, se ha hecho una manipulación de las causas de la muerte de una persona de la tercera edad, mujer e indígena. Se han cometido violaciones al derecho a la seguridad, legalidad jurídica y protección a la vida. [Énfasis nuestro]

¿Por qué los empleados de la procuraduría se habrían atrevido a realizar todas estas fabricaciones? Sólo porque se los ordenaron. Pero ¿quién? El entonces procurador Emeterio López Márquez (que en mayo de 2007 debió dimitir y que después fue premiado con una notaría pública).


Pero Emeterio López no se mandaba solo. Él a su vez no hizo sino obedecer órdenes del gobernador Fidel Herrera Beltrán (2004-2010). Y ¿por qué había Herrera ordenado tal fabricación contra el Ejército mexicano?

Para encontrar la respuesta hay que ver el contexto. En diciembre de 2006 el Presidente Felipe Calderón ordenó la movilización del ejército en Michoacán.

En diferentes puntos del país los grupos criminales temieron una acción similar y en Veracruz, fueron Los Zetas lo más preocupados, pues bajo el gobierno de Fidel Herrera contaban con la protección política y policíaca para actuar impunemente.

Con el montaje en contra del Ejército, la llegada de las fuerzas armadas a Veracruz se retrasó 4 años.

Respecto a la prioridad de impedir un gran operativo del Ejército en Veracruz, “Los Zetas” no quitaron el dedo del renglón en los me-ses y años siguientes al incidente de Ernestina Ascensio:

En junio de 2008, aparecieron mantas en ciudades como Xalapa, Ve-racruz, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos y Acayucan atribuidas a “Los Zetas” en las que se exigía la salida del Ejército de tierras vera-cruzanas.(…)Y a mediados de febrero de 2009, un centenar de ‘ciudadanos vera-cruzanos inconformes se sumaron a una jornada de protesta realiza-da en varias entidades para exigir la salida del Ejército y para de-tener ‘los abusos contra la ciudadanía‘. Los manifestantes colocaron pancartas en las casetas de las autopistas estatales Córdoba-Fortín, Poza Rica-Tuxpan, Acayucan-Cosoleacaque, Veracruz-Xalapa y Ve-racruz-Cardel con leyendas en las que acusaban a los soldados de ‘in-timidar y causar terror a la población‘, incluso bloquearon autopistas, federales y carreteras locales. En esa ocasión, los cuerpos policíacos no actuaron contra ellos, como sí lo hicieron en enero de 2009 contra, los campesinos de Minatitlán que fueron desalojados con violencia (…)


Ejemplo de cuan provecho fue para Los Zetas su estancia en Ve-racruz bajo el gobierno de Fidel Herrera, son los siguientes pasajes de un reportaje de la revista Proceso:

Con protección institucional, Los Zetas establecieron su dominio en Veracruz a través de una organización conocida como La Compañía, en la que participó también el cártel del Golfo y que es investigada en Estados Unidos.En México, ex empleados de la administración de Fidel Herrera Bel-trán declararon como testigos protegidos sobre los supuestos vínculos del gobierno estatal con esa organización.Los informantes, que entre 2005 y 2009 trabajaron al mismo tiempo para el gobierno veracruzano y para el grupo que se inició como brazo armado del cártel del Golfo, detallaron a la Procuraduría General de la República (PGR) cómo se hicieron Los Zetas del control de las activida-des delictivas en el estado, al amparo –afirman– de la protección oficial.En sus declaraciones ministeriales, los testigos revelaron también cómo funciona la estructura que le ha permitido a Los Zetas contro-lar prácticamente todas las actividades de delincuencia organizada, desde venta de drogas hasta el robo de gasolina a Pemex, pasando por el secuestro, la extorsión y el tráfico de indocumentados.La Compañía –dicen al referirse a Los Zetas– logró el control de todo cuanto pasa en el estado: droga, secuestros, extorsiones, tráfico de centroamericanos, piratería, robo de gasolina… todo; aunque ellos no siempre actúan directamente.”Explican: en los secuestros participan policías ya sea como informan-tes, como muros –encargados de dar protección física a delincuen-tes– o como responsables directos de los levantones; las extorsiones las controla La Compañía, y en el caso de robo de gasolina les cobra a quienes “ordeñan” las tuberías de Pemex. Los vendedores de mer-cancía pirata también deben pagar su cuota. “Hasta el juguero paga renta. El que no trabaja para ellos, paga cuota. Por eso, Veracruz aporta mucho a la organización”, aseguran.


Para dar una idea de las ganancias de La Compañía, señalan que la nómina quincenal de sobornos a policías va de 500 mil a 600 mil pe-sos. Es decir, más de un millón de pesos mensuales. Los pagos, dicen, se hacen los días 5 y 25 de cada mes, en efectivo. Los policías firman recibos con su nombre por los sobres que reciben.Los montos varían de acuerdo con el rango de los uniformados den-tro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado -a cargo del general de división retirado Sergio López Ezquer-, de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río o de las direcciones de policía municipal.De acuerdo con su versión, esta es la estructura operativa de La Com-pañía:‘Quienes están en el nivel más bajo son los halcones, que se encargan de dar información sobre los movimientos en las calles’. Entre ellos hay taxistas y gente común.Luego están los escoltas, en los que participan policías que dan pro-tección y vigilan las actividades del narcomenudeo con radios de telecomunicación tipo Nextel proporcionados por la organización delictiva. Arriba de ellos están los sicarios y los comandantes de estaca, en-cargados de grupos operativos. ‘Después vienen los comandantes de plaza y el comandante del estado’. Los estacas, dicen, siempre acom-pañan al comandante de la plaza y son los encargados de ordenar los secuestros y las ejecuciones.Una vez dentro, cuentan, es muy difícil que los policías estatales o intermunicipales deserten de La Compañía. Y no es sólo porque están comprados: tienen información de las relaciones del grupo delictivo con las corporaciones.Desde noviembre de 2007, La Compañía es investigada en Estados Unidos, y para mayo del año pasado el Departamento de Justicia ya había fincado cargos contra 19 miembros de la organización por ope-raciones de narcotráfico entre 2006 y 2008.


Aunque la alianza entre Los Zetas y el cártel del Golfo se rompió, la justicia estadunidense busca la extradición de siete líderes de Los Zetas, seis del cártel del Golfo y seis de La Compañía por actividades realizadas bajo esta organización.Los encuentrosPagados ‘por la mafia’ durante los años que coinciden con el gobierno de Fidel Herrera, los testigos sostienen que la protección a La Compa-ñía en Veracruz no se entiende sin las principales autoridades estata-les. Y mencionan varios hechos de esa presunta relación.El primero, una supuesta reunión de Fidel Herrera y sus principales jefes de seguridad y justicia con Braulio Arellano Domínguez, cono-cido como ‘El Zeta-20’, ‘El Gonzo’ o ‘El Verdugo’, muerto el pasado 3 de noviembre en un enfrentamiento con elementos federales e In-fantes de Marina en el municipio de Soledad de Doblado, en el centro de Veracruz.Los declarantes sostienen que el alegado encuentro con el entonces jefe Los Zetas en Veracruz ocurrió a fines de 2008 en el Hotel Mabiel, frente al hospital Valentín Gómez Farías, en Coatzacoalcos.Aseguran que Herrera Beltrán estuvo acompañado por el enton-ces subcoordinador de la SSP estatal de la zona conurbada Vera-cruz-Boca del Río y actual subsecretario B de la dependencia -que corresponde a la misma zona-, Remigio Ortiz Olivares, quien ha trabajado en esa área desde finales del gobierno de Miguel Alemán Velasco.Los informantes dicen que a esa reunión también asistieron el ex sub-director operativo Lara Montero, y el subprocurador general de Jus-ticia del estado, Jorge Yunes Manzanares.Agregan que en noviembre de ese mismo año, en la víspera de su IV Informe de Gobierno, Fidel Herrera acudió a un festejo en una casa del fraccionamiento Las Ánimas, donde vive el propio gobernador, su secretario de Gobierno, Reinaldo Escobar Pérez, y los empresarios más ricos del estado.


Según su versión, en la fiesta estuvieron El Gonzo y Miguel Treviño Morales, el presunto jefe de Los Zetas en Veracruz. También refieren otros festejos que tuvieron lugar en el mismo fraccionamiento en di-ciembre último.

Por su parte el periodista Martín Moreno denunció:La desgracia en Veracruz llega de la mano del ex gobernador priista, Fidel Herrera. Sí, el mismo millonario –su última declaración patri-monial sumó más de 150 millones de pesos–, gracias a que, dice, su esposa heredó una fortuna y es suertudo para sacarse la lotería. Su biografía no autorizada reporta que tiene 14 casas.Pero el daño mayor es que, durante su gobierno (2004-2010), He-rrera permitió la consolidación de Los Zetas en territorio veracru-zano. En niveles federales se tienen registros del florecimiento del narco en los últimos seis años.

Las excelentes relaciones entre Fidel Herrera tuvieron sus conse-cuencias, que pagan los veracruzanos y el país:

1. La segunda capital mundial del secuestro:Fidel Herrera, al igual que su sucesor Javier Duarte, cultivó el arte

de la falsificación de cifras sobre incidencia criminal. Dice un repor-taje del periódico Reforma:

En el 2010 el Gobierno de Veracruz reportó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que en esa entidad no se registró ningún secuestro; sin embargo, la instancia federal estima que hubo en ese estado 53 plagios.De acuerdo con una gráfica comparativa elaborada por el Secretaria-do Ejecutivo, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz reportó que durante 2010 no inició ninguna averiguación previa por el delito de secuestro.Sin embargo, con base en otros datos e indicios, el Secretariado cal-culó que en esa entidad se cometieron el año pasado una tasa de 0.7 secuestros por cada 100 mil habitantes, que da, en números redondos, 53 plagios.


Entre esos 53 secuestros estarían los de cinco socios de la Confedera-ción Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Veracruz, que fueron privados de su libertad y cuyas familias tuvieron que pagar los rescates para que fueran liberados.(…) La propia Procuraduría General de Justicia de Veracruz boletinó el 24 de noviembre del año pasado el caso de dos presuntos plagiarios que murieron al enfrentarse a elementos de la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI) durante una balacera registrada en el mu-nicipio de Las Minas, localizado en la región montañosa entre las ciudades de Perote y Xalapa.‘Este operativo resuelve varios secuestros que se habían perpetrado’, aseguró en aquel entonces la dependencia.El Presidente Felipe Calderón señaló el viernes pasado que el Gobier-no de Veracruz, durante la administración de Fidel Herrera (2004-2010), ocultó las cifras de secuestros.‘Hace poco oí al ex Gobernador (Fidel Herrera) decir que él mismo pagó el rescate de como 16 personas. Entonces, muy loable de su par-te, pero como que no checa con los datos que teníamos. Yo no creo que no había antes víctimas en Veracruz. Yo creo que las desaparecían’, indicó.

Además entre 2004 y 2011 un total de 33 víctimas de secuestro fueron asesinadas.

A estos deben sumarse 10 víctimas más hasta octubre de 2012.Pero con todo y la gravedad de estos hechos, la expresión más extrema del secuestro en Veracruz ha sido el plagio masivo de migrantes. Confor-me a las investigaciones e informes de la CNDH, en 2010 en Veracruz fueron privados de la libertad 6,838 migrantes, en su mayoría prove-nientes de Centroamérica y en 2009 fueron secuestrados 5,888.

En parte alguna del mundo y en momento alguno el secuestro ha tenido la magnitud de Veracruz, con la única excepción de Tabasco. Mientras que en el estado vecino la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes fue de 247 en Veracruz fue de 90.


Los informes de la CNDH han identificado los siguientes munici-pios de Veracruz como los más peligrosos para los migrantes, pues ahí son capturados por Los Zetas en grupos de decenas por vez:

Las Choapas, Agua Dulce, Carranza, Alemán, Acayucan, Coatza-coalcos, Cosamaloapan, Tierra Blanca, Córdoba, Orizaba, Río Blanco y Camarón de Tejeda.Es imposible que Herrera no supiera lo que estaba ocurriendo en el estado que gobernó. Es impensable que no hubiera podido impedir la mayoría de secuestros, si esa hubiera sido su decisión.Por eso tiene toda la razón el padre Alejandro Solalinde, defensor de migrantes, cuando acusa a Herrera:Solalinde acusó además que presumen de posibles vínculos del ex go-bernador Fidel Herrera Beltrán con bandas dedicadas al secuestro, extorsión y homicidio de migrantes.A la pregunta de si Herrera los encubría, expresó: ‘no sólo eso, yo creo que se va a descubrir algo más’.Finalmente, lamentó que la justicia en México se encuentre total-mente politizada, razón por la cual no se procede legalmente contra Herrera Beltrán.

2. “Veracruz es como Chicago en los años 20”:En el Puerto y en buena parte del estado ninguna hoja se mueve si ‘La Compañía’, auto denominación local de ‘Los Zetas’, brazo armado del Cártel del Golfo, no lo autoriza.Reforma recabó testimonios, que por solicitud de los declarantes se publican anónimos, en los que se da cuenta del control y las extorsio-nes realizadas por integrantes de ‘Los Zetas’ o ‘La Compañía’.‘La Compañía’, explica un abogado bastante conocido en el estado, se ha hecho del control de todas las actividades delictivas y de aquellos negocios que están en el límite de lo lícito.En septiembre pasado, la ejecución de dos líderes del comercio infor-mal dio cuenta de cuáles son las nuevas reglas del crimen organizado en esa entidad.


‘La Compañía’ se ha hecho del control de todas las actividades delic-tivas en el estado.Alejandro Bacelis Nájera y Juan Salvador Valencia fueron ejecutados porque denunciaron públicamente que ‘Los Zetas’ les exigían el pago de dinero para poder seguir desarrollando su actividad.Antes de ser ejecutado, Bacelis fue ‘levantado’ y torturado.En Veracruz, autoridades, comerciantes, empresarios y ciudada-nos reconocen que los miembros de ‘La Compañía’ son los nue-vos patrones del secuestro, del robo de vehículos, de camiones de carga y de ganado y de la venta callejera de discos y películas piratas; también cobran rentas a los dueños de table dances, bares y discotecas.En el caso de las extorsiones a los antros, problema que ha llegado a tal nivel, que, en octubre pasado, el Secretario de Gobierno veracruza-no, Reynaldo Escobar, convocó a una reunión interinstitucional para buscar una solución.urante el encuentro, los dueños de los establecimientos expusieron que eran víctimas de extorsiones de entre 20 mil y 35 mil pesos men-suales por la presunta protección de ‘La Compañía’. Sin embargo, el problema continúa.Jalapa, Ver., 18 de mayo (APRO).- El presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) en Veracruz, Luis Martín Capis-trán, denunció el incremento de las extorsiones contra empresarios por parte de presuntos integrantes de la delincuencia organizada.’Algunos negocios tuvieron que cerrar porque ya no tenían ganan-cias: sus dueños trabajaban para Los Zetas, y la extorsión o el pago de piso los dejó en la quiebra”, narró Carlos, taxista por más de 20 años en el puerto.’Hace algunos años, recomendaba a los turistas lugares para comer o pasear. Ahora, algunos de esos lugares están cerrados. Para mí esto es triste porque me demuestra que los delincuentes pudieron más que el gobierno’, menciona Carlos.


3. El saqueo de PEMEX:Juan Rodríguez Clara está en la mira de la Procuraduría General de la República (PGR) y las Fuerzas Armadas.Ese municipio, a 355 kilómetros al sur de la capital de Veracruz, es una comunidad tradicional de 35 mil habitantes, saturado de tomas clandestinas en ductos de Pemex.De los 2 mil 441 municipios que hay en México, el de Juan Rodríguez Clara concentra el mayor número de barriles de hidrocarburo robados a la empresa petrolera.De acuerdo con datos del Ejército y de la propia paraestatal, en ese municipio han sido descubiertas 101 tomas clandestinas de 2005 a 2010. Algunas, pese a haber sido selladas, son vueltas a abrir por la delincuencia organizada, principalmente ‘Los Zetas’.El número de tomas clandestinas halladas en ese municipio supera al total detectado en el mismo periodo en los estados de Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, Jalisco y Tabasco, donde los reportes sobre el robo de combustibles son constantes.Sólo en febrero de este año, las Fuerzas Armadas y Pemex localizaron en el País 174 tomas clandestinas, con un volumen sustraído de 215 mil barriles de combustible, 38 por ciento más que en febrero de 2010, con 155 mil barriles.

4. Ingresando al hoyo negro de la violencia:Hasta hace poco Veracruz era pacífico. Pero en 2011 la violencia

escaló porque el cártel consentido del gobierno estatal está enfren-tando a grupos criminales que quieren despojarle la “plaza”. En 2011 el puerto de Veracruz ingresó al ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo.

En 2010 en el Puerto de Veracruz (los municipios de Veracruz y Boca del Río) se registraron 20 homicidios dolosos y en 2011 al menos 418, un aumento de 1,990% en tan sólo un año. Asimismo, en el Estado de Veracruz entre 2000 y 2011 la extorsión creció 404%; el homicidio doloso en 116%; el secuestro en 1,400% y el robo con violencia en 82%.


Por otra parte, el 27 de enero de 2012, en el aeropuerto de Toluca fueron asegurados 25 millones de pesos a dos funcionarios del go-bierno de Veracruz, quien adujeron que el dinero era para pagarle a una empresa del Distrito Federal por sus servicios, excusa por lo de-más inverosímil. Una investigación del gobierno federal reveló que el dinero en realidad tenía como destinatario el fondo de campaña de Enrique Peña y que los 25 millones sólo eran un parte de cuando menos 700 millones, que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, había ordenado se entregara al mismo destino.

De acuerdo con un investigador que participó en la pesquisa, sólo una parte del dinero había sido desviado de fondos públicos, mien-tras del resto se desconocía el origen. Si todo esto es cierto, ¿de dón-de obtuvo el gobernador Javier Duarte el dinero?

Tabasco: un priísta ejemplar

Desde que Andrés Granier Melo inició su mandato como gober-nador de Tabasco en enero de 2007, se presentó como un campeón de la integridad y la lucha contra la inseguridad, como la cara del “nuevo PRI”.

Hechos al inicio de su mandato, sobre todo el enfrentamiento con la mafia policíaca conocida como La Hermandad, dieron una su-puesta base a esa imagen:

El 6 de marzo de 2007 la escalada de violencia alcanzó al general Francisco Fernández Solís, titular de Seguridad Pública de Tabas-co. Pistoleros atentaron contra su vida en la capital del estado; su chofer, también militar, murió y el general resultó herido, pero no de gravedad. La seguridad del gobernador, Andrés Granier Melo (PRI), y la de su familia fue reforzada. También la del presidente del Tribunal Superior de justicia del estado, Rodolfo Campos Montejo. Esta vez, las sospechas más fuertes apuntaban hacia los mandos de la policía preventiva estatal, un grupo conocido como La Cofra-


día o La Hermandad. Según el secretario de Gobierno Humberto Mayans, el general, quien había removido a varios de ellos, ‘esta-ba pisando callos’. De ahí la reacción. Entre los policías vincula-dos con traficantes fue mencionado Juan Cano Torres, ex titular de Seguridad Pública, coordinador de la Comisión Especial para la Transferencia de los Servicios Públicos a los municipios del estado en la administración de Granier. Soldados y agentes de la PFP to-maron las instalaciones de la SSP del estado y detuvieron a varias personas, entre las cuales se contaban Cano Torres, presunto líder de La Hermandad, y altos mandos policíacos. Fueron trasladados a la ciudad de México y arraigados por 30 días. Habían presunta-mente contratado matones de otros estados para el atentado contra el general Fernández. Pretendían seguir manteniendo el control de la corporación policíaca. Días antes una cabeza humana había sido dejada frente a las instalaciones de la SSP. El resto del cuerpo fue encontrado en Chiapas.La Hermandad había tenido la capacidad para contener y proteger a los grupos criminales en años anteriores. El primer grupo protegido fue el de Amado Carrillo, quien tenía a Alcides Ramón Magaña ope-rando en el estado. Éste fue capturado en 2001. Luego, los policías hi-cieron lo mismo con el grupo de Tamaulipas, el cual estaba representa-do por Mateo Díaz López. Había referencias de las presiones ejercidas por La Hermandad para que uno de sus integrantes fuera nombrado titular de la SSP. Su estrategia no prosperó y expresaron con balas su inconformidad. Según el procurador de justicia de Tabasco, Gustavo Rosario Torres, La Hermandad había impuesto condiciones a los go-bernadores anteriores, Roberto Madrazo y Manuel Andrade, y pre-tendía hacer lo mismo con Granier. En la prensa, conforme pasaban los días y según el medio, los años de control de la SSP atribuidos a La Hermandad pasaron de siete a catorce. En la versión del procura-dor, que exime de responsabilidad a los gobernadores, el poder político local no aparece sino como víctima de sus propias policías que, mien-


tras no ven afectados sus intereses particulares, constituido como un poder aparte, autónomo, ajeno al de la política, e incluso por encima de ésta, y cada uno de esos grupos hubiera convivido sin interferir en las actividades del otro, salvo en algunas ocasiones.

En la primera semana de agosto de 2008, Granier siguió con su su-puesta cruzada contra el crimen y la corrupción y exigió a los presiden-tes municipales del estado hacer una depuración total de sus policías.

No pocos tabasqueños creían ver en el gobernador Granier y en sus colaboradores, los gobernantes íntegros que llevaban tiempo espe-rando, cuando de pronto…

El 11 de agosto de 2008, José Antonio Ortega Sánchez, Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC, en conferencia de prensa dio a conocer grabaciones de conver-saciones telefónicas que una fuente anónima le había hecho llegar, en las cuales se escuchaba al exprocurador de justicia de Tabasco, Gustavo Rosario Torres (que apenas el 23 de julio de 2008 había re-nunciado al cargo) y al todavía subprocurador de justicia Alex Álva-rez, ponerse de acuerdo con el litigante de narcotraficantes (de Los Zetas), Francisco Javier Estrada Sánchez, respecto a un soborno para permitir un trasiego de cocaína.

La primera grabación contiene una conversación entre el ex pro-curador y el subprocurador donde hablan del pago que recibirían de 200 mil dólares por permitir un envío de cocaína.

En la segunda conversación participan el subprocurador y el abo-gado Francisco Javier Estrada.

En una de las conversaciones se escucha el siguiente diálogo:–Dime…– ¿Le puedo comentar algo, pero por otro teléfono?–No, estoy en...– ¿No tiene el Nextel ahí?–No, no lo tengo, es que no pude... usarlo…–Ahorita hablé con Gerald, que estaba por mandar el dinero…


–Sí, espérame, es que… Gerald me ha mandado, ¿ya sabes de lo que te estoy hablando?–No, este...–Este, la cocaína...–No, ya le avisé y le va a mandar el dinero, ya estamos ahí…–Ah, bueno, seguramente vamos a tener cola ahí, del Ejército, y ya acordé con este hombre… todo va bien, ya nos pusimos perfectamente de acuerdo, te va a llevar 100 mil, más otros 100 mil que te va a dar dentro de una semana…–Este, oí que acordaron que hoy va a ser la entrega...

Finaliza el diálogo.Los involucrados negaron los hechos y el gobernador Granier,

en lugar de iniciar una investigación, salió en defensa del ex procu-rador y del subprocurador, quien renunciaría en 2009 después de, supuestamente, sufrir un atentado contra su vida. Sólo el abogado Javier Estrada Sánchez cayó preso.

En Tabasco se había combatido una Hermandad, para que otra ocupara su lugar.

Pero no es esto lo único que se puede reprochar al gobernador priísta Granier Melo con relación al crimen y a la corrupción. En rea-lidad lo peor que hizo este político priísta, es haber permitido que Tabasco se convirtiera en la capital mundial del secuestro.

Según los informes de la CNDH en 2009 fueron plagiados en Ta-basco 4,756 migrantes y en 2010 un total de 5,524 lo cual da una tasa de 247 por cada 100 mil habitantes. Jamás en la historia del mundo, jurisdicción alguna ha tenido tal magnitud de secuestros.

Es imposible que el gobernador priísta Andrés Granier Melo no se haya enterado desde un principio de lo que estaba ocu-rriendo y es absolutamente inadmisible que no haya hecho nada para impedirlo.

El proceso judicial bajo el que actualmente se encuentra el ex go-bernador Granier Melo tiene otras causas. No se le ha fincado res-


ponsabilidad por haber permitido este ambiente de impunidad du-rante su mandato.

Chihuahua: paraíso de violencia e impunidad

Los gobernantes priistas de la última década llevaron a Chi-huahua a ser uno de los territorios más violentos del mundo entero y a romper récords internacionales en asesinatos.

De acuerdo al ranking mundial elaborado por el Consejo Ciu-dadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en 2010 Chi-huahua no sólo fue la jurisdicción nacional más violenta del mundo con una tasa de 212 homicidios por cada 100 mil habitantes, sino que esa tasa estuvo muy por encima del promedio de las 50 jurisdic-ciones subnacionales más violentas del mundo, el cual fue de 55 por cada 100 mil habitantes.

De modo que la tasa de homicidios de Chihuahua fue cuatro veces la tasa promedio de las 50 jurisdicciones más violentas del mundo.

La tasa de homicidio doloso en Chihuahua aumentó en tan sólo 3 años (entre 2007 y 2010), en poco más de 1,381%, cuando que en el país el incremento fue del 141%. Un aumento tan abrupto de la incidencia de los asesinatos no tiene precedentes, ni siquiera en na-ciones afectadas por crisis de violencia. En el caso de Colombia, en su etapa de máxima violencia que fue de 1983 a 1993, en el Depar-tamento de Valle del Cauca (cuya capital es Cali), la tasa de homici-dio creció 166% y en el Departamento de Antioquia (cuya capital es Medellín) un 225%.

Pero además la tasa de homicidios alcanzada por Chihuahua en 2010, es equivalente a la tasa más alta alcanzada por el Depar-tamento de Antioquia en el punto máximo de la violencia de Co-lombia y muy por encima de la tasa máxima alcanzada por el de-partamento del Valle del Cauca, que fue el segundo más afectado por la violencia.


Gráfica 4 Los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca(1980-2010) en comparación con el estado de Chihuahua (2010)

Aquí estaba el estado de

Chihuahua en 2010

Además la tasa de homicidios de Ciudad Juárez ha llegado a ser tan elevada como la de muy pocas ciudades en el mundo en mo-mentos muy críticos de las historias de sus respectivos países. Sólo la ciudad colombiana de Medellín en el período 1990-1992 tuvo una tasa más alta que la de Ciudad Juárez.


Gráfica 5 Las tasas de homicidio de las ciudades colombianas de Medellín, Cali y Bogotá (1980-2010), en comparación

con la tasa de Ciudad Juárez (2010)

Aquí estabaJuárezen 2010

Entre 2007 y 2010 la capital del estado tuvo el mayor incremento de homicidio en las urbes del país, del orden del 1,394% y Ciudad Juárez ocupó el tercer lugar nacional con un aumento del 1,213%. Estos incrementos tan grandes en períodos tan cortos son muy in-frecuentes y no se han producido siquiera en ciudades de naciones gravemente afectadas por la violencia.

Por ejemplo en Colombia, en la ciudad de Bogotá entre 1983 y 1993 la tasa de homicidios aumentó en un 316%, en Cali 352% y en Medellín 455%.

Lo acaecido en Chihuahua equivale a que de plano hubiera carecido de gobierno local. En realidad si ha habido políticos pri-istas que han cobrado sus sueldos como gobernantes, pero que han dejado a los grupos criminales matar a tantas personas como quieran.


Chihuahua no sólo es el estado que alcanzó la más elevada tasa de homicidios en México, sino además el que tuvo la tasa más alta de secuestros; 98.56 por cada millón de habitantes en 2009 (332 pla-gios, tanto los denunciados ante la procuraduría estatal como ante la PGR). En 2012, cuando este delito ya había descendido conside-rablemente, la tasa seguía siendo 1,305% superior a la del año 2000.

Mas no es el secuestro la única manera en que los grupos crimi-nales practican la extorsión contra las personas inocentes en Chi-huahua. Chihuahua ha rivalizado con Tamaulipas, Veracruz y Quin-tana Roo por el primer lugar en extorsión, crimen que en el estado ha presentado algunas de las siguientes expresiones:

• “La ola de extorsiones, amenazas y cobro de cuota por bandas criminales se extendió de Ciudad Juárez a Chihuahua capital, lo que llevó a que 180 negocios cerraran este fin de semana y sostuvieran este lunes una reunión urgente con las autorida-des de los tres niveles de gobierno.“Negocios como cantinas y bares, centros nocturnos, restau-rantes y negocios de todo tipo, además de flotillas de taxis, no laboraron este fin de semana luego que bandas criminales re-corrieron prácticamente toda la ciudad de Chihuahua exigién-doles a los propietarios y encargados una cuota de protección a cambio de no asesinarlos o incendiar dichas empresas.”18

• “El dirigente de la Central de Abastos de Ciudad Juárez, Chi-huahua, Miguel Esaúl Galindo Figueroa, denunció hoy que el 90% de los 10 mil establecimientos comerciales que operan en esa ciudad fronteriza pagan ‘derechos de piso’ a la delincuen-cia organizada.”19

• “La pulverización de la economía barrial por causa de los ro-bos, las extorsiones y el desempleo no son exclusivos de esta colonia ni del deprimido sector poniente de la ciudad (Juárez). En esta frontera, en dos años 5 mil 900 tiendas de barrio –de un total de 7 mil– se vieron forzadas a cerrar.


“Ese es uno de los saldos de la violencia que azota a la ciudad desde 2008, y no es cosa menor: los cierres de las tiendas de abarrotes golpean directamente la nutrición de niños y ancia-nos. Ellos son las primeras víctimas, aunque en los barrios po-pulares todos padecen sus efectos.”20

• “El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), José Eduardo Correa Abreu, informó este lunes que más de la mitad de empresas afiliadas a ese or-ganismo han emigrado de Ciudad Juárez, Chihuahua, debido a la inseguridad. “En conferencia de prensa, luego de dar a conocer el Programa de Financiamiento para Pymes de la Industria de la Construc-ción, apoyado por la Secretaría de Economía, Nacional Finan-ciera y la Banca Privada, Correa afirmó que en la ciudad fron-teriza ‘había alrededor de 250 constructores establecidos y no quedan más que 50’.“Ello, dijo, se debe a que los empresarios son sujetos a extor-siones y deben pagar un ‘derecho de paso’ para realizar obras, pero como no están de acuerdo con esa medida instrumentada por el crimen organizado, han optado por cerrar sus negocios.21

• “La pérdida de empleos en comercio, que de acuerdo con da-tos del Instituto Mexicano del Seguro Social alcanzó en el pri-mer semestre de este año los mil 127, es un reflejo de la forma en la que ha golpeado a este sector la inseguridad y la falta de un apoyo decidido de parte de la Federación para incentivar la inversión.“Ello, dijo, se debe a que los empresarios son sujetos a extorsio-nes y deben pagar un ‘derecho de paso’ para realizar obras, pero como no están de acuerdo con esa medida instrumentada por el crimen organizado, han optado por cerrar sus negocios.”22

• “Cifras de la Fiscalía General de Chihuahua, difundidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pú-


blica, indican que en lo que va de 2011 se han presentado 102 denuncias por extorsión en la entidad, básicamente por cobro del “derecho de piso” o “venta de protección”. En muchos de estos casos están involucrados policías. “Hemos descubierto que son ellos quienes cobran la cuota”, dice Daniel Murguía Lardizábal, presidente de la Canaco en Juárez.”23

• “Los criminales ligados a la extorsión prendieron fuego y dis-pararon a una tienda de regalos situada en un exclusivo sector de la capital del Estado. Los hechos ocurrieron esta madruga-da en la plaza comercial Tres Vías, ubicada en la Avenida Can-tera y Calle Washington.”24

• “Sujetos armados irrumpen en tienda de abarrotes y asesinan a dos personas, tras negarse a pagar por derecho de piso en la colonia Independencia, policías ya resguardan el lugar tras el asesinato.“En el cruce de las calles Presa de la Amistad y Presa de la Angostura, gatilleros ingresaron al Súper de abarrotes ‘Max’ y ante las miradas de los clientes asesinaron a sangre fría a tra-bajador y a el hijo del propietario.“Según versiones de los familiares acudieron al negocio el día de ayer, con motivo de exigir el pago por derecho de piso o ‘cuota’, acción a la cual, los propietarios de la tienda de abarro-tes, se negaron.”25

• “Un panadero fue asesinado en el interior de su vivienda habi-litada como panadería en la colonia Independencia II.“Los hechos se reportaron esta mañana en el cruce de las calles Elisa Griensen y Matilde Romero a donde ingresaron dos hombres y le dispararon frente a su esposa que está em-barazada. “De acuerdo con versiones extraoficiales el hombre pagaba de-recho de piso para poder operar el negocio, pero debido a que ya no pagó le hicieron los disparos.”26


En 2010, 123,693 personas fueron víctimas de extorsión en Ciu-dad Juárez (casi el 10% de los habitantes) y 55,682 en la capital del estado, de acuerdo a la encuesta de victimización del INEGI.27

Chihuahua además de ser convertido en uno de los mayores te-rritorios de violencia en el mundo, tiene un liderazgo indiscutido en impunidad. En 2004 por cada 100 homicidios, 75 tuvieron como consecuencia sentencia condenatoria para los responsables. Pero pa-ra 2008 la tasa de castigo había caído al 11%, en 2009 al 8%, en 2010 al 2% y en 2011 al 4%. En Ciudad Juárez el colmo fue que en 2010 ni siquiera el 1% de los homicidios merecieron sentencia condenatoria.

Esto no fue resultado sólo del disparo de los homicidios, sino además de la caída de las condenas.

En 2004 se impusieron 332 condenas, pero en 2010 sólo 157, ni la mitad. Es obvio que la procuradora Patricia González y su, jefe el gobernador Jorge Reyes Baeza, se lavaron las manos ante la matanza.

Al igual que en otros estados gobernados por el PRI, en Chi-huahua los gobernantes priístas han tolerado que las prisiones bajo su administración sean lo más confortables posibles para los reos de los grupos criminales.

El 25 de julio de 2011, en el penal de la capital del estado, un gru-po de internos asesinó a 17 reos de una facción rival y utilizó para la masacre armas de fuego de alto poder. Después se puso al des-cubierto que en el penal no sólo había armas, sino drogas, alcohol y prostitutas al gusto de los sicarios “presos”.

¿El gobernador priista César Duarte Jáquez no sabía lo que ocu-rría en el penal bajo su responsabilidad?

La complacencia de los gobernantes políticos priistas de Chi-huahua con los narcos viene de muchos años atrás, pero se tornó mucho más organizada desde que el ex gobernador y ex procurador Oscar Flores Sánchez creó un grupo de poder que desde entonces, salvo por un breve interludio, ha tenido los hilos del estado.


Estas son algunas expresiones públicas acerca de ese contuber-nio que tantas vidas y perjuicios económicos ha causado a los chi-huahuenses:

De esta manera, la DEA y el FBI advirtieron que en la entidad existía un enorme problema de corrupción. Un agente del FBI consultado por el semanario Proceso advirtió que ‘las autoridades federales, aun-que están haciendo lo que pueden para combatirlo, deberían poner más atención y sobre todo mirar hacia el procurador de justicia del Estado (Jesús José Solís Silva) y otras personas cercanas a la oficina del gobernador’ [Patricio Martínez]. Su aseveración tenía relación con que los judiciales del estado y policías municipales eran ‘el brazo ejecutor del cártel de Juárez y con la ruptura del andamiaje institu-cional por el poder del narcotráfico.En plena campaña [electoral], los dirigentes del PRD Víctor Quinta-na y Jaime García Chávez nunca obtuvieron respuesta cuando pidie-ron que se aclarara la aportación de un millón de dólares que Chito Solís hizo a la campaña de Reyes Baeza, según lo advirtieron los pro-pios priístas.El candidato del PAN a la gubernatura, Javier Corral, señaló en for-ma insistente el crecimiento de la narcopolítica en el régimen de Mar-tínez y una regresión política sin parangón.Finalmente el 4 de julio [de 2004] José Reyes Baeza obtuvo el triunfo, como un exponente político joven y carismático. Sin embargo, no lo-gró escalar el proceso de descomposición del narcotráfico, incluso en la etapa de transición del gobierno, los escándalos continuaron. En esos días, obligado a renunciar como procurador por sus vínculos con el narco, Solís Silva fue llevado a la 42 Zona Militar para comparecer ante el ministerio público, después de un fallido intento por detener a su sobrino, Ramón Solís Núñez y a su primo Jesús Solís, ambos implicados en el tráfico de drogas (…) [Julio] Porras Chávez fue agente de la extinta Policía Judicial Fede-ral, quien utilizó en el pasado el seudónimo de ‘Alejandro Alquicira’,


de acuerdo con un documento de la Agencia Estatal de Investiga-ciones de Chihuahua era quien coordinaba el acopio de recursos del narcotráfico bajo el mando del procurador de Patricio Martínez, Jesús José Solís Silva, quien ‘ejercía un control absoluto de sus actividades’. Don Julio, El Ingeniero El Comandante, como le llamaban, cobraba una comisión del 30% por su desempeño, a decir del documento.Ya en el gobierno de José Reyes Baeza mantenía un ‘arreglo’ con José Eduardo Gómez Arriaga, subprocurador general de justicia del esta-do, quien después del escándalo de Julio Porras fue cambiado de po-sición. ‘Actualmente Don Julio concentra y administra los recursos provenientes del narcotráfico y se queda con el 50%’.28

No había transcurrido ni una semana cuando un comando atacó a la escolta del gobernador José Reyes Baeza la noche del 22 de febrero [de 2009]; un guardaespaldas murió y dos fueron heridos. Horas después aparecieron dos cartulinas en las que La Línea amenazaba de muerte a la procuradora, pero fueron retiradas de inmediato. De poco sirvió: tres días después aparecieron más mensajes en contra de ella y del gobernador, quien hasta entonces responsabilizó públicamente a La Línea del ataque a sus escoltas. El fondo de todo apunta a la disputa por el mercado al menudeo de heroína, cocaína, mariguana y drogas sintéticas. Fuentes policíacas que solicitaron el anonimato coinciden en que La Línea pudo establecer redes sólidas en Chihuahua gracias al consentimiento del gobernador Reyes Baeza y de la procuradora [Pa-tricia] González Rodríguez, lo que explicaría la renuencia de ambos funcionarios a responsabilizar a estos sicarios del atentado al convoy. ‘Se trata de un evento fortuito’, insistía González Rodríguez. An-tes, en una visita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH de Ciudad Juárez, Reyes Baeza dijo a los académicos: ‘Las eje-cuciones no trastocan a calma de los chihuahuenses’ (Proceso 1663).El informe atribuye las amenazas contra la procuradora y el goberna-dor a que La Línea los acusa de ‘tolerar’ estas intromisiones del cártel de Sinaloa en su plaza; además, ambos tuvieron que ‘desentenderse’


ya que, ante la presencia cada vez mayor del Ejército, un supuesto ‘acuerdo tácito’ resultó insostenible. 29

Tras su gestión como alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua (2004-2007), Héctor Agustín Murguía Lardizábal, heredó una deuda públi-ca superior a los 200 millones de pesos que la actual administración aún no termina de saldar.Candidato a diputado federal del Partido Revolucionario Institucio-nal (PRI) por el distrito 2, conformado por colonias populosas de esa ciudad, es señalado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de tener vínculos con el cártel de Juárez.Su jefe operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Saulo Reyes Gamboa, fue detenido en enero de 2008 en Texas, por entregar medio millón de dólares a un supuesto agente aduanal co-rrupto, que resultó ser un agente encubierto de la corporación.El empresario Reyes Gamboa, dueño de cadenas de restaurantes, como Kinn Sui, de comida japonesa; socio de la franquicia Subway y de un negocio de hamburguesas, enfrenta cargos por narcotráfico.Una investigación de El Diario de Ciudad Juárez en 2006 reveló que siete empresas creadas unas semanas antes de que iniciara la admi-nistración Murguía habían ganado una tercera parte de la licitacio-nes públicas municipales.En dicho reportaje se mencionó que en tres de esas compañías, uno de los socios era el contador Saulo Reyes, quien años más tarde fue arrestado por la DEA en una operación encubierta, cuando presun-tamente trataba de introducir una tonelada de mariguana a Estados Unidos. Su detención es considerada el punto de partida de la ola de violencia en Chihuahua.30

Al resumir su carrera en el cártel de Juárez pone énfasis en la relación del capo Vicente Carrillo Fuentes con el alcalde de Ciudad Juárez, el priista Héctor Murguía Lardizábal.En la parte final del libro, Bowden y Molloy escriben que así respon-dió El Sicario ‘a la pregunta sobre el resultado de las elecciones (del 4


de julio de 2010) en el estado de Chihuahua y el subsecuente asesina-to de un funcionario en Ciudad de Juárez’.’Por desgracia la gente de Juárez decidió votar otra vez por el cangu-ro, por no llamarlo como debería llamarlo; una rata que camina en dos patas...‘Su grupo sufrió dos o tres golpes antes de que asumiera el poder, pero eso no fue más que un recordatorio de quién le está pagando y que será mejor que obedezca. Esto parece ser lo que está ocurriendo, con esta elección habrá otros tres años de abusos con impunidad total. Los criminales se estarán reorganizando dentro de la policía, todo en secreto, igual que antes, cuando él manipuló a la policía municipal de Juárez’.31

Ramiro Chávez, el testigo clave que acusa de narcogobernador a José Reyes Baeza durante su gestión en Chihuahua, sostiene que fue la en-tonces procuradora de justicia, Patricia González Rodríguez, quien le operó las acciones de protección al Cártel de Juárez o La Línea.Ella y su hermano Mario González Rodríguez, quien fue plagiado y ejecutado a finales del 2010, se colocaron en el gabinete de Reyes Baeza como dos piezas fundamentales que manejaron las relaciones con Vicente Carrillo Fuentes en aquella entidad.Patricia, de manera institucional en el cargo de Procuradora, y Ma-rio, sin nombramiento dentro del gobierno, pero con la credencial más importante: hermano de la titular de la Procuraduría del Estado.La intervención de Patricia González, y sobre todo de su hermano Mario, alteró el pacto supuestamente acordado entre el gobierno de Chihuahua y el Cártel de Juárez, ya que la entonces Procuradora se rehusaba a aceptar que el único enlace con el capo Vicente Carrillo fuera Ramiro Chávez.De ahí que a través de su hermano buscó un contacto directo y sin inter-mediarios con el principal capo de la droga en el estado de Chihuahua. Así lo declaró el testigo con nombre clave, Ramiro Chávez en su relato vertido en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/313/2010.


Este hombre puso a Patricia González y su entonces jefe, José Reyes Baeza en el ojo del huracán que los vincula con el narcotráfico.El testigo, cuya identidad real se presume es el supuesto narcoempre-sario de Chihuahua, Julio Porras Chávez, los señaló como protectores del Cártel de Juárez, en julio de 2010, tres meses antes del secuestro de Mario, el hermano de Patricia, quien también hizo pública la pro-tección de Reyes Baeza y la entonces procuradora a Vicente Carrillo Fuentes.Cuando Vicente Carrillo Fuentes aceptó entregar 60 mil dólares men-suales para el pago de la nómina de la policía, se acordó que los enla-ces autorizados para la comunicación por parte del Cártel de Juárez eran Pablo Ríos Rodríguez, alias el ‘JL’, y del gobierno, el hoy testigo Ramiro Chávez.‘Quiero señalar que en este trato en ningún momento estuvo de acuerdo la licenciada Patricia González Rodríguez, procuradora ge-neral de Justicia del Estado, en razón de que era por todos sabidos que Patricia González desde un principio tenía candidatos para ocupar el cargo de director de la Agencia Estatal de Investigación’.Razón por la cual, a partir de que fue nombrado Lauro Abelardo Ve-negas Aguirre al frente de la policía del Estado empezaron las pugnas al interior del equipo de Reyes Baeza. ‘Se inició una serie de conflictos entre la Procuradora y el licenciado Venegas, interviniendo en dicho conflicto el hermano de la Procuradora, el cual nunca supe que cargo tenía en el gobierno del Estado, sin embargo tenía mucha interven-ción en las decisiones de su hermana Patricia’.Al paso de los años, Mario González daría mucho de que hablar no sólo en Chihuahua sino en todo el país. Aún hoy día su imagen apare-ce en el canal de video Youtube, flanqueado por un grupo de hombres encapuchados y armados, mientras él ‘confiesa’ la relación entre el Cártel de Juárez y el gobernador José Reyes Baeza.También habla de todos los funcionarios en la administración de Re-yes Baeza al servicio del narcotráfico.


‘Le pido perdón a Dios y a toda la gente por haber matado tantas personas inocentes. Estamos enfermos de poder yo, mi hermana, el gobernador y todos los de La Línea’, dice Mario, el hermano de la Pro-curadora, en la cinta que circula en Youtube, antes de que su cadáver fuera encontrado.Mucho de lo que Mario González, el hermano ‘incómodo’ de la en-tonces Procuradora de Justicia, dice en las cintas que circulan en las redes sociales, embona con la declaración del testigo clave de la PGR, que sostiene que Reyes Baeza fue un narcogobernador.En las grabaciones Mario aclara que su papel dentro del gobierno estatal fue servir de enlace directo entre los cárteles y su entonces famosa hermana, la procuradora Patricia.”Justamente en esas revelaciones que se mantienen en Internet cuenta que su hermana, el gobernador del Estado de Chihuahua, y el capo de la zona, Vicente Carrillo Fuentes, así como ‘El profe’ Saúl Hernández y un general de apellido Espitia, se reunieron tres veces en una finca en el Fraccionamiento Puerta de Hierro de aquella entidad.La versión que Mario González da ante la cámara coincide mucho en lo que Ramiro Chávez, el testigo de la PGR declaró ministerial-mente.Por ejemplo, que el ‘JL’, lugarteniente de Vicente Carrillo, comenzó a dar instrucciones directas a los comandantes de la policía del Estado, rompiendo las reglas del pacto en el sentido de que ellos no tendrían contacto directo con los cuerpos policiacos, sino sólo a través de los enlaces nombrados para tal efecto.En una de las grabaciones, los encapuchados le cuestionan a Mario González qué sabe del crimen de ‘Jagou’, en referencia a la ejecución de Juan Carlos Jagou, hermano gemelo de José Antonio, el socio del ex gobernador Reyes Baeza en su despacho de abogados.El funcionario, que pertenecía al círculo más cercano del entonces gobernador, fue acribillado en mayo de 2006 por un grupo de hombres armados que les dispararon cuando circulaba en un auto.


Jagou García era justamente de aquel nicho inicial de seudoempre-sarios que habrían aportado recursos para llevar a Reyes Baeza a la gubernatura del Estado.Al respecto, Mario González relata en uno de los videos que Jagou falleció en un ataque perpetrado por elementos de la Policía Ministe-rial, a cargo del comandante Lozano, encargado de la zona centro del estado.Refiere que el crimen fue una confusión ya que a quien se pretendía eliminar era a su hermano, el abogado José Antonio Jagou, ex socio del gobernador.”32

La Procuraduría General de la República (PGR) se guardó un as bajo la manga en el caso de los gobernadores priistas relacionados con el narcotráfico.José Reyes Baeza, ex gobernador de Chihuahua, es investigado por brindar protección al Cártel de Juárez durante su administración.La indagatoria, que tiene la procuradora general Marisela Morales desde 2010, destaca que Reyes Baeza recibió apoyos económicos de narcotraficantes desde su gestión como alcalde de la ciudad de Chi-huahua.La investigación PGR/SIEDO/UEIDCS/313/2010 contiene la decla-ración del testigo protegido cuyo nombre clave confidencial es Ramiro Chávez, quien fue el contacto entre Vicente Carrillo Fuentes, herma-no del desaparecido capo Amado Carrillo Fuentes, ‘El Señor de los Cielos’, y el ex gobernador priista.Reyes Baeza se suma a Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, ex gobernadores priistas de Tamaulipas que están bajo investigación por sus nexos con organiza-ciones del narcotráfico.José Antonio Jagou García, ex socio del gobernador Reyes Baeza en su despacho de abogados y uno de sus hombres más cercanos, fue quien contactó al político con un grupo de supuestos empresarios vincula-dos con el Cártel de Juárez.


Presuntamente, ellos lo apoyaron en su campaña de 2004, cuando contendió por la gubernatura de Chihuahua.En ese grupo estaba el hoy testigo protegido de la PGR, Ramiro Chá-vez, presunto prestanombres de los hermanos Carrillo Fuentes en la región.‘Entre los meses de enero y febrero de 2004, al estar seguros que José Reyes Baeza buscaría la gubernatura por parte del PRI, acordamos apoyarlo en su candidatura con la cantidad de tres millones de pesos, los cuales aportaría yo’, declaró Chávez.A cambio, le pidieron que cuando fuera gobernador, los dejara –entre otras cosas– nombrar al jefe de la policía estatal, ya que esto les faci-litaría la operación de sus negocios.El pacto se habría consumado, y una vez electo, Reyes Baeza respetó la petición de los seudoempresarios. El elegido fue Lauro Abelardo Venegas Aguirre, quien fue nombrado director de la Agencia Estatal de Investigación.El testigo clave Ramiro Chávez, cuya identidad real se presume que es Julio Porras Chávez, es el supuesto empresario que coordinó la relación entre el Cártel de Juárez, con Vicente Carrillo Fuentes a la cabeza, y la Central de Inteligencia (CIPOL) del gobierno de Chi-huahua.Dicho operador explicó que desde 1990 conoció a Amado Carrillo Fuentes, ‘El Señor de los Cielos’, a través del policía judicial Otoniel Tarín Chávez, uno de los incondicionales del general Arturo Acosta Chaparro, quien fue asesinado el 20 de abril pasado.A partir de esas relaciones con ex judiciales y lugartenientes de capos, Ramiro Chávez conoció a Vicente Carrillo, a quien años más adelante le administró los nexos con el gobierno estatal en turno, el de José Reyes Baeza, a quien conoció cuando éste era presidente municipal de Chihuahua.“Chávez dijo que logró que Vicente Carrillo Fuentes le entregara 60 mil dólares mensuales para pagar la nómina de las corporaciones po-


liciacas, fundamentalmente la de los mandos que tenían rango de co-mandantes.El arreglo se concretó con la intermediación de Pablo Rodríguez, ‘El JL’, lugarteniente de Vicente Carrillo en Ciudad Juárez y en toda la región.‘Habiéndole puesto al Cártel de Juárez a través del ‘JL’ la condición de que el único enlace sería yo y que por ningún motivo él ni nadie del Cártel tendría contacto con ningún comandante ni elemento de la policía, lo cual tenía conocimiento el Gobernador José Reyes Baeza, Raúl Grajeda, secretario de Seguridad Pública del estado y Fernando Rodríguez Moreno, secretario de Gobierno’, precisó el testigo prote-gido.Pero el pacto comenzó a fallar. El ‘JL’, lugarteniente de Carrillo Fuen-tes, dejó de respetar los acuerdos entre el cártel y el gobernador.‘Quería tomar el control de todo el Estado respecto a la venta de droga y derecho de piso, esto es evitar que la policía persiguiera delitos de distribución de droga al menudeo, venta de objetos robados y giros negros, a efecto de cobrar él, derecho de piso’, explicó Chávez.La ola de crímenes se disparó en la entidad como resultado de los ajustes de cuentas entre grupos rivales.De 2005 a 2007, el estado se bañó de sangre. Fueron abatidos sicarios, abogados, policías y presuntos hombres de negocios.En mayo de 2006, la mafia tocó al círculo más íntimo del propio go-bernador Reyes Baeza al ser acribillado el director administrativo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Juan Carlos Jagou Gar-cía, hermano gemelo de José Antonio Jagou, ex socio del gobernador.José Antonio Jagou pertenecía al nicho inicial de seudoempresarios que habrían aportado recursos para llevar a Reyes Baeza a la guber-natura de Chihuahua.En la entidad era bien sabida –y exhibida en la prensa local– la es-trecha relación que tenía el ex socio del gobernador con el empresario Julio Porras Chávez, cuyos negocios apuntaban al narcotráfico.


Julio Porras Chávez presuntamente es Ramiro Chávez, el testigo pro-tegido de la PGR que ha declarado contra el ex gobernador priista.33

Sinaloa: vínculos más allá de la amistad

Sinaloa no sólo figura entre las 50 jurisdicciones subnacionales más violentas del mundo. Dos ciudades de Sinaloa, Mazatlán y Culiacán han formado parte del ranking de las 50 urbes más violen-tas del mundo.

En Sinaloa hubo entre 1999 y 2011 más de 30 masacres. Entre 2000 y 2010 los homicidios aumentaron en Sinaloa en 358%. En Culiacán entre 2007 y 2010 los homicidios se incrementaron en 484% y en Ma-zatlán en un 547%.

Tras la derrota electoral del PRI en 2010 y la asunción del nuevo gobierno estatal, la incidencia criminal ha empezado a bajar, pero Si-naloa sigue padeciendo una pesada herencia de violencia de décadas.

Los cuerpos policiales han estado al servicio de los capos por dé-cadas. Los gobernadores han estado ligados los narcos desde al me-nos los años cuarenta del siglo XX.

Contra los dos últimos gobernadores priistas y el candidato a go-bernador que perdió la elección en 2010 (Jesús Vizcarra), hay una gran cantidad de testimonios y evidencias de ligas con el crimen organizado e incluso de lazos familiares.

“A mi me sorprende profundamente que tomen como un aspecto rutinario o normal a la gran cantidad de muertes que hay en un año, en un mes, en un día. Eso debe ser anormal; lo normal debe de ser que no se presentaran muertos por hechos violentos”.34

Estas palabras fueron las que expresó el general Sergio Aponte Polito, entonces comandante de la Novena Zona Militar en alusión directa a la declaración del entonces (2005) gobernador priista de Si-naloa Jesús Aguilar Padilla, quien sostuvo que el nivel de violencia de la entidad era “normal”.


Pero si un promedio de 600 homicidios le parecía anormal al ge-neral Aponte Polito, lo que vendría después le habría indignado más (y con razón). Y el militar no pudo atestiguarlo directamente porque a los pocos meses fue removido del mando de la zona mili-tar, por presiones del gobernador Aguilar Padilla.

Como en otros estados que ha gobernado el PRI, en Sinaloa la violencia tiene como aliento principal la impunidad. En 2010 no se castigó ni siquiera a los autores del 5% de los homicidios. El en-tonces gobernador Jesús Aguilar Padilla no quiso estorbar el frenesí homicida de los capos.

En Sinaloa se encuentra la historia más vieja de la sucia relación entre políticos priístas y narcos. Esa historia incluye el asesinato de un gobernador, el intento de un gobernador y cacique en crear un primer cártel nacional del narcotráfico y un gobernador metido a secretario de estado y a capo.35 En la etapa más reciente, el de las dos anteriores administraciones estatales, los políticos priistas son menos socios y más chalanes de los chacas, como en Sinaloa le dicen a los jefes del narco. He aquí algunas de las expresiones de esa rela-ción con los dos últimos gobernadores y el frustrado aspirante a la gubernatura en la elección de 2010, Jesús Vizcarra:

Con registro de dos fechas de nacimiento, según la Coordinación de Inteligencia de la PFP, los inicios de El Mayo Zambada en el negocio de las drogas fueron en 1970. Era un agricultor con conocimientos de botánica y agricultura extensiva, que se convirtió en el hombre de confianza de Inés Calderón Quintero, un poderoso narcotrafican-te bajo cuya conducción operaban otros narcotraficantes amigos del Mayo, como Baltasar Díaz, Manolo Rico Sánchez, Armando López Esparza, Juan Carlos Gómez, Javier Diu Medina, hijo del Balta, Ro-dolfo Sánchez y El Lobito.La suerte de El Mayo cambió al morir Inés Calderón en 1988, du-rante un enfrentamiento en la zona de Plaza Satélite, en el Estado de México, con el comandante de la PGR Guillermo González Calderoni


y su grupo. En Sinaloa es popularmente conocido que tras la muerte de Inés Calderón surgieron dos emporios a la sombra de su fortuna, uno fue el de El Mayo Zambada, que heredó la estructura de la orga-nización; y otro seria el de Jesús Vizcarra, propietario de una empresa multimillonaria de la carne y quien además de ser el secretario de De-sarrollo Económico del gobierno de Sinaloa se le señala como posible candidato del PRI a la gubernatura en 2010. Vizcarra, primo de Inés Calderón, ha negado que el origen de su fortuna tenga relación con el narcotráfico y defiende la limpieza de la misma.(…)Esa detención y extradición cambió los planes que El Mayo Zambada tenía para Javier Torres Félix, según un reporte de la Coordinación de Inteligencia de la PFP. El documento advierte que en un futuro relevo en las organizaciones de El Mayo y de Juan José Esparrago-za, Torres Félix y Héctor Alfredo Beltrán Leyva, estaban llamados a jugar un papel protagónico. El mismo documento señala que El JT y Alfredo Beltrán Leyva tenían ‘comprado al jefe de la policía del Esta-do en la etapa del gobernador Juan S. Millán, Jesús Antonio Aguilar Iñiguez’. Y a otro jefe policíaco, Leopoldo Lafarga Ramírez, le habían regalado una camioneta blindada.(…)Durante el gobierno de Vicente Fox, la elección de Sinaloa se convir-tió en uno de los más claros ejemplos de la implicación del tema del narcotráfico en las contiendas políticas, pero no fue el único caso, se repitió en varios estados, como Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz, entre otros.En Sinaloa el tema atravesaba por completo estos comicios. Era escan-dalosamente público, aunque en las elecciones de Francisco Labastida Ochoa, de Renato Vega Alvarado y del propio [Juan S. Millán], tam-bién habla trascendido la presencia de dinero sucio, Pablo Tostado, un hombre que la PGR liga con el capo Juan José Esparragoza, lo dijo así en una declaración grabada en la cual aseguró que las campañas en


Sinaloa ‘son financiadas por los narcotraficantes’. Eso pasó con La-bastida y con Millán. Lo aseguraba con conocimiento de causa ya que él mismo habla conocido a los principales jefes de las organizaciones del tráfico de drogas. En el momento más candente del proceso electo-ral de 2004, los temas del narcotráfico y la narcopolítica emergieron a la superficie de lo público, pero eran desacreditados o desechados con pasmosa facilidad, como si sólo representaran una malsana intención por atacar al enemigo.En Sinaloa múltiples actores políticos o empresariales advirtieron, en entrevistas donde piden obviamente el anonimato, que esas acusa-ciones no son falsas y cuentan con sólidos elementos de certeza. No consideran comprensible que los principales narcotraficantes mexi-canos puedan operar o vivir en la, entidad sin que exista un manto institucional que los proteja.Al frente de la Policía Ministerial estaba Jesús Antonio Aguilar Iñi-guez, un hombre del círculo más cercano del gobernador. Como con-secuencia de esta crisis al jefe policíaco le fue retirado el apoyo del mandatario estatal y fue destituido, por lo cual huyó y se mantiene prófugo. Era insostenible: desde la ejecución del jefe del cártel de Ti-juana, Ramón Arellano, a manos de agentes ministeriales en Mazat-lán, habla sido objetivo de las críticas, pero el gobernador lo sostuvo a pesar de las exigencias para que lo relevara.(…)Luego de un litigio postelectoral, el Tribunal Electoral del Poder Ju-dicial de la Federación confirmó el triunfo de Jesús Aguilar Padilla, pero de inmediato cumplió el plan trazado por su antecesor, el nuevo gobierno era una extensión del de Millán.Así lo demostró el nombramiento del gabinete, donde destacó uno de los financiadores de la campaña estatal de Millán en 1998, Je-sús Vizcarra, que fue nombrado secretario de Desarrollo Económi-co. Primo del narcotraficante Inés Calderón, ultimado en 1988 por el comandante de la PJF, Guillermo González Calderoni, Vizcarra


fue promovido durante el mandato de Millán en el Consejo Nacional Agropecuario.”36

En 2008, el gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, nombró como director de la Policía Ministerial del estado a Hernández Soto, quien para ese entonces ya tenía el grado de teniente coronel. El mili-tar quedaría bajo las órdenes de Alfredo Higuera Bernal, el polémico procurador de Sinaloa que ha sido señalado como integrante del redu-cido grupo de invitados que asistieron a la ‘boda’ de Joaquín Guzmán Loera, celebrada en 2007. Hernández Soto fue uno de los militares que interrogó a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera el 9 de junio de 1993 a bordo del avión que lo trasladó de Chiapas al estado de México tras ser entregado por elementos del Ejército de Guatemala a funcio-narios mexicanos encabezados por Jorge Carrillo Olea en la frontera de ambos países.(…)A la boda del capo también acudió el procurador general de Justicia de Sinaloa, Alfredo Higuera Bernal, quien después del reportaje publica-do por Proceso convocó a una conferencia de prensa el 3 de septiembre de 2007 para negar el hecho, incluso aseveró que jamás había ido a Durango, sin embargo los asistentes al enlace aseguran que sí estuvo ahí. Asimismo El Chapo invitó a Jesús Aguilar Padilla, gobernador de Sinaloa, quien no le hizo el desaire, como el gobernador de Duran-go, Ismael Hernández. Dicen que éste fue conminado al festejo pero que prefirió no ir para evitar controversias. En Durango se comenta que la relación es un poco masoquista, y que Guzmán Loera ha llega-do a esperar a Hernández al interior de su casa sólo para regañarlo y recordarle que a él le tiene que contestar las llamadas cada vez que lo busque, que no se le olvide.37

¿Coincidencia o amistad? Con el inicio de las precampañas en Sina-loa, comenzó a circular en ese Estado una fotografía en la que apare-cen el Alcalde de Culiacán y precandidato del PRI a la Gubernatura, Jesús Vizcarra Calderón, y el capo Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Los


dos habrían acudido a una celebración religiosa realizada hace unos 20 años en el rancho Puerto Rico, sindicatura de El Salado, del Mu-nicipio de Culiacán. Desde ese tiempo y hasta la fecha, en la región es un rumor constante el ‘compadrazgo’ entre el político y el capo.- Bernardo Quintana- Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón (compadre del ‘Mayo’

Zambada)- Ismael ‘Mayo’ Zambada- Javier Díaz (Hijo de Baltazar Díaz)- Don Inés Calderón Godoy (padre de Inés Calderón Quintero)- Doña Elisa Quintero”38

Aunque al hablar del cártel de Sinaloa se piensa de inmediato en El Chapo Guzmán, es Ismael Zambada García, El Mayo, el estratega del grupo de narcotráfico que un estudio de inteligencia estaduniden-se califica como el ‘dominante’ en México. Otro análisis, de autoría mexicana, no sólo se refiere a los maestros de El Mayo y a su gran capacidad de infiltración y corrupción en las instituciones que lo bus-can, sino también a la presunta sociedad que desde hace años mantie-ne con uno de los precandidatos del PRI al gobierno del estado de Si-naloa, el alcalde de Culiacán con licencia Jesús Vizcarra Calderón…El Mayo Zambada, de 60 años, fue iniciado en el narcotráfico por José Inés Calderón Quintero, quien entre los años setenta y los ochenta fue uno de los principales jefes del narcotráfico en Sinaloa y en el país, dice el mencionado reporte de los servicios de inteligencia mexicanos, que aborda las actividades empresariales y políticas del precandidato del PRI al gobierno del estado, Jesús Vizcarra Calderón.En la investigación sobre el alcalde de Culiacán con licencia se asegu-ra también que, desde los ochenta, El Mayo ha sido socio de Vizcarra Calderón, quien busca el gobierno de Sinaloa para el periodo 2011-2016.En esa época, Ismael Zambada aprendió a operar en el narcotráfico no sólo por las enseñanzas de Calderón Quintero, sino también de narco-


traficantes como Rafael Caro Quintero, Baltasar Díaz Vega, Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto y Manuel Salcido Uzueta El Cochiloco.”39

Enrique Mendívil ‘El Gallo’ era vínculo de Ismael ‘El Mayo’ Zam-bada con el Gobierno de Jesús Aguilar, y a la vez el narcotraficante es compadre de Jesús Vizcarra Calderón, aseguró ayer Manuel Clou-thier Carrillo.En conferencia con medios de difusión, dijo que el asesinado líder ganadero y el propio Vizcarra, candidato del PRI, Nueva Alianza y Verde a la Gubernatura, ejercieron una actitud de jerarquía sobre el Mandatario sinaloense.El Diputado federal del PAN advirtió que el crimen de quien fuera candidato a regidor en la fórmula de Héctor Melesio Cuén para la Alcaldía, no haya tenido la suficiente atención de medios, por el ase-sinato de reos en un penal de Mazatlán, ocurridos el mismo día.‘Primero, en la época de Antonio Toledo Corro con Inés Calderón, era precisamente el vínculo entre Inés Calderón y el gobierno toledista, y hoy sabíamos también, que era entre otros, el vínculo del ‘Mayo’ Zambada con el Gobierno de Jesús Aguilar Padilla.‘No era fortuito pues, que le hablara ‘golpeado’ al Gobernador’, aseveró.40

Nuevo León: de modelo empresarial a modelo de violencia

En 2011 Nuevo León ingresó en el ranking de las 50 jurisdicciones más violentas del mundo y Monterrey lo hizo al de las 50 ciudades con las mayores tasas de homicidios del orbe.

Entre 2000 y 2011 los homicidios dolosos aumentaron en Nuevo León en un 1,346% y los robos con violencia en 458%; los secuestros crecieron 8,400% entre 2003 y 2011.

En 2011 se cometieron en Nuevo León dos de las peores masacres ocurridas en el país: la muerte de 52 personas en un casino incen-diado intencionalmente y el asesinato de 27 parroquianos en un bar.


Esas masacres fueron parte de los actos de intimidación de los grupos criminales mediante los cuales extorsionan de manera per-manente a cientos de miles de personas. Por ello miles de negocios han cerrado sus puertas.

Las policías locales han estado bajo el control de los grupos cri-minales. Miles de agentes han sido despedidos y cientos detenidos.

El ex gobernador Natividad González y sus ex colaboradores han sido señalados como protectores de los grupos criminales, según ca-bles secretos de diplomáticos estadounidenses.

Un ex gobernador priísta, Sócrates Rizzo dio a entender que en sus tiempos el gobierno pactaba con los narcos y “había control”.

Hacia 2003, cuando terminó el mandato del gobernador del PAN Fernando Elizondo Barragán, quien cumplió un interinato de unos meses en lugar de Fernando Canales (1997-2003) y tomó posesión el gobernador priista Natividad González Parás, Monterrey era con-siderada por expertos en ranking y benchmarking como la ciudad más atractiva para los negocios de América Latina.

La ciudad de Monterrey parecía llamada convertirse en un imán universal de inversiones, empresas y talentos al igual que urbes como New York, Londres, Hong Kong o Singapur. Pero en lugar de eso, en 2011 ingresó al ranking de las 50 ciudades más violentas del orbe.

Este incremento de los asesinatos, sobre todo en 2010 y en 2011, es tanto resultado de las disputas de los grupos criminales como de la decisión de uno de ellos de fortalecer su poderío entre el conjunto de la población mediante el terror. Desde inicios de la década anterior, Monterrey y en general Nuevo León, fueron objeto de disputa entre la coalición de grupos criminales cuyo tronco común es Sinaloa y el Cártel del Golfo. Desde 2008 la disputa se ha centrado entre el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y estos y sus anteriores socios, el Cártel del Golfo.

Pero además de la disputa por el control del narcotráfico la violencia responde a la decisión de Los Zetas de apropiarse gran


parte de las rentas lícitas de los habitantes de Nuevo León, me-diante la extorsión y otros delitos practicados en forma sistemá-tica y masiva.

En este aumento sin precedentes de la violencia en Nuevo León y más allá de los números fríos hay una gran cantidad de historias de horror, de desapariciones, de centros de tortura y exterminio, de secuestros masivos y masacres. Los grupos criminales están tan confiados en su poder criminal que un día (8 de julio de 2011) un comando asesina a balazos a 21 personas reunidas en bar el Encino Gordo en Monterrey, que otro día (25 de agosto de 2011) le prenden fuego al Casino Royale en la misma ciudad y con ello provocan la muerte de 52 personas.

Esta violencia ya no se enfoca al exterminio o expulsión de los grupos criminales rivales, sino en aterrorizar a la población para imponerle el expolio. La extorsión en Nuevo León y sobre todo en Monterrey es tan extendida y organizada como en Tamaulipas y Chihuahua. He aquí algunas de sus expresiones:

Juanny tenía un sueño: tener su negocio propio dedicado a algo de be-lleza femenina (…) En 2009 inició la operación del salón de belleza en el municipio conurbado de Apodaca; ahí trabajaba mucho, recuerda, alrededor de 12 horas diarias (…) A finales de 2010 decidió emba-razarse otra vez y fue entonces –con cuatro meses de gestación– en febrero de 2011, cuando llegaron intempestivamente a su domicilio unos hombres con armas largas (…) Iban por el pago por el “dere-cho de piso”, recuerda temerosa. Tras su presentación, los hombres le explicaron que les tendría que dar una cuota de 800 pesos semanales (…) Juanny los enfrentó. Les dijo no tener efectivo para pagarles, y que mucho menos les daría algo que no les correspondía cobrar. La respuesta fue inmediata. La golpearon entre los dos y la dejaron tirada en medio de un charco de sangre. Ese día perdió a su bebé en gestación y sus ganas de trabajar, dice. Cerró su negocio y se quedó sin nada.”41

Monterrey, NL. Los elevados índices de inseguridad que enfrenta


Nuevo León le han pegado al sector de los pequeños comercios y al menos 450 establecimientos han optado por cerrar sus negocios ante los asaltos y las extorsiones de la delincuencia organizada, aseguró Catalina Domínguez Estrada, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño.La Presidenta de la Canacope en Nuevo León afirmó que en el 2010 fueron alrededor de 400 comercios y en lo que va del 2011, el número de bajas por la inseguridad suman más de 50 establecimientos, que en total significan alrededor de 9% de los 4,800 pequeños comercios.”42

Desde enero de 2010 a la fecha han cerrado tres mil 477 negocios, revelaron integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Res-taurantes y Alimentos (Canirac) en esa entidad.La presencia de grupos armados mantiene la psicosis entre los ha-bitantes de la zona metropolitana de Monterrey, a esto se le agrega la delincuencia común que, adjudicándose el nombre de grupos del crimen organizado como Los Zetas, roban y extorsionan a cualquier hora del día en restaurantes y negocios de cualquier nivel.Dueños de diversos comercios, principalmente restauranteros, afir-maron que tras el asedio de grupos del crimen organizado, como son Los Zetas -quienes les piden cuotas para no quemar sus estableci-mientos- se han agregado las bandas delincuenciales que no son com-batidas por las policías y que atacan a cualquier hora del día.43

Monterrey.— Entre 30 y 40% de total de los comercios del centro histó-rico de esta ciudad han cerrado por las acciones del crimen organizado, que obliga a los dueños de los negocios a pagar semanalmente entre 20 y 30% del total de sus ventas, revelaron comerciantes y empresarios.En un año se calcula que se han perdido alrededor de cinco mil em-pleos, ya que la vida nocturna está prácticamente cancelada y sólo permanecen abiertos algunos negocios que gozan de protección del crimen organizado porque pagan cuotas, aun así, los regios saben que acudir a un centro nocturno, bar o antro en la noche, es arries-gar la vida.44


Monterrey, Nuevo León (CNN México).- La violencia en Monterrey, capital del norteño estado de Nuevo León, silenció la vida nocturna del Barrio Antiguo, una zona tradicional en el centro de la ciudad donde abundaban bares y centros nocturnos, ahora en declive ante la presencia de grupos criminales que extorsionan y atacan a empresa-rios del sector y sus clientes.‘Se convirtió en un barrio fantasma’, cuenta Jorge, gerente de un bar en el barrio, cuyas calles coloniales, antes bulliciosas y donde los regiomontanos disfrutaban de música y bebidas, ahora están semiva-cías, con locales a la venta o renta, según constató CNNMéxico en un recorrido.Jorge relata que hombres desconocidos que decían ser integrantes del grupo criminal Los Zetas invadieron paulatinamente el barrio a par-tir de 2010, cuando comenzaron las extorsiones a dueños de bares, centros nocturnos y restaurantes a cambio de ‘protección’.”45

Monterrey, Nuevo León.- Más de 500 empresarios de Santa Catarina pagaron ‘derecho de piso’ a elementos de seguridad pública de esa lo-calidad, denunció Eugenio Clariond Rangel, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) en Nuevo León. Cla-riond Rangel reveló una serie de acciones de extorsión que llevaban a cabo los preventivos de Santa Catarina.46

Monterrey, N.L.- Porque su patrón se negó a pagar derecho de piso y vender droga en su establecimiento, un empleado de unos billares ubicados en la colonia Lomas del Pedregal fue ejecutado por un comando armado […] Los hechos se registraron en los pri-meros minutos de este viernes, en el negocio denominado “Billares Pedregal”, ubicado en las calles Kenia y Rhodesia […] El aho-ra occiso fue identificado como René Villarreal Rivas, de 44 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia “La Zozayita” en Guadalupe.47

México, marzo. 8.- Un grupo de sicarios pertenecientes a la organi-zación delictiva ‘Los Zetas’ incendiaron la madrugada de este jueves


una farmacia, ubicada en la avenida Acapulco, colonia Santa Fe, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.De acuerdo con las autoridades los hechos se registraron porque pre-suntamente los dueños del negocio no realizaron el pago por cobro de piso.Tras el incendio, los agresores dejaron un mensaje en la pared el cual señalaba que todos los negocios del centro comercial La Bonita pagan derecho de piso, por lo que la farmacia fue incendiada por no cumplir con ese cobro.”48

Monterrey.- Las tiendas de abarrotes y pequeños negocios se han vuelto en los últimos cuatro años blanco de la delincuencia común y organizada, con problemas de asaltos, robos, secuestros, extorsión y al menos dos homicidios.Por esta situación se estima que un 28 por ciento de comerciantes ha cerrado o traspasado sus comercios.Ante el acecho de la delincuencia, propietarios de los negocios familia-res tradicionales de barrios optan por vender o traspasar sus comer-cios, señala Catalina Domínguez Estrada, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de Monterrey (Canacope).49

Monterrey, Nuevo León.- Un grupo de hombres armados rafaguea-ron y lanzaron dos granadas de fragmentación contra el Casino Re-volución ubicado sobre la avenida Morones Prieto y Revolución, al sur de Monterrey.El de ayer es el segundo ataque contra este centro de apuestas, ya que el 4 de abril de 2011,pistoleros lanzaron una granada que detonó en un auto estacionado cerca de la entrada principal.50

Monterrey.- La ola de violencia que azota a Monterrey y su área me-tropolitana ha generado que muchos bares del Barrio Antiguo cerra-ran puertas, y los que quedan abiertos tienen una clientela escasa.Por lo menos 20 bares decidieron no operar más debido a varios fac-tores: la petición de cuotas por parte de grupos de la delincuencia


organizada (extorsión), la exigencia de esas mismas bandas delictivas para que traficaran drogas y la baja clientela derivado del clima de inseguridad.51

Un vendedor de hotdogs baleado el lunes pasado murió en el Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León.El vendedor fue agredido porque se negó a pagar el derecho de piso que le exigía una célula de la delincuencia organizada.La víctima fue identificada con el nombre de Enrique Ramírez Rosas, de 34 años de edad, quien vivía en la colonia Topo Chico.52

En 2010 334,733 habitantes de Monterrey fueron víctimas de ex-torsión, según la encuesta de victimización de INEGI.53

Otra forma del expolio que los grupos criminales practican con-tra la población de Nuevo León, consiste en el asalto contra el trans-porte de carga, entre otros de metales:

NL, primer lugar de robo de aceroNuevo León se ubica en primer lugar en robo de productos siderúrgi-cos, seguido por el Distrito Federal, señaló la Cámara de la Industria del Acero (Canacero).El organismo explicó que al cierre de 2007, se reportaron 99 robos de trac-to camiones en todo el país, con dos mil 977 toneladas de productos de acero, entre los que destacan rollos de lámina, varilla, alambrón y perfiles.Canacero firmó en julio pasado un convenio para abatir el robo, cuya incidencia reportó pérdidas para la industria de 21.25 millones de pesos en 2007.54

Van 40 mil 200 toneladas de material atracadas; Nuevo León, en-tidad de mayor riesgo.

En los pasados cinco años la industria acerera nacional registró mil 247 robos de camiones cargados con productos de acero, un pro-medio de 20 hurtos al mes, lo que representó pérdidas por alrededor de 560 millones de pesos.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria del Hie-rro y el Acero (Canacero), entre enero de 2007 y el mes pasado (prác-


ticamente lo que va del sexenio de Felipe Calderón) 42 mil 200 tone-ladas de material (principalmente rollos de acero, varilla corrugada, y alambrón) fueron sustraídas en carreteras del territorio nacional.No obstante, en la actualidad los robos abarcan todo tipo de produc-tos, como perfiles, hojas de acero, placa y alambre.En 2007 el número total de robos ascendió a 99. Para el año siguiente, cuando inició la crisis económica, la cifra se disparó a 352 y se man-tuvo en un rango similar en los dos años siguientes (312, en 2009, y 309, en 2010).En los primeros cinco meses de este año (entre enero y mayo) 175 camiones cargados con productos de acero fueron asaltados.Las rutas más conflictivas pasan o se encuentran en los estados de Nuevo León, Coahuila, estado de México, Veracruz, Guanajuato, Querétaro y Michoacán.55

En Nuevo León la policía local no es una fuerza cuya misión sea prevenir ni perseguir el delito, pues se encuentra corrompida. En septiembre de 2011 cuando empezaban a arreciar las detenciones de policías locales por parte de las fuerzas federales, se publicó un nue-vo cable por parte de Wikileaks, el cual mereció tratamientos como éste por parte de la prensa:

Policías municipales y la estatal de Nuevo León están infiltradas en un 50 por ciento por los cárteles de la droga, informó hace dos años y medio el consulado general de Estados Unidos en Monterrey al Departamento de Estado, al FBI, a la DEA, al Departamento de Co-mercio y a los consulados del vecino país en México, según un cable diplomático difundido por Wikilleaks.Las lucrativas rutas del narcotráfico del estado de Nuevo León están controladas por el cártel del Golfo/Zetas, con excepción del acaudalado suburbio de San Pedro, que está bajo el control de una rama del cártel de los Beltrán Leyva’, dice el documento fechado el 4 de marzo de 2009.Cita a un contacto ‘bien enterado’ que declaró que Aldo Fasci, el en-tonces secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, se encontraba


aislado dentro de su propia oficina debido a que sus subalternos ya habían sido corrompidos.’El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci, esti-mó que 50 por ciento de las fuerzas policíacas del estado y de la ciu-dad, estaban infiltradas por los cárteles de la droga’, señala.56

Pero el diagnóstico de los diplomáticos estadounidenses en rea-lidad se quedaba corto sobre la gravedad y magnitud de la corrup-ción de la policía local: En realidad todas las corporaciones locales y la gran mayoría de sus integrantes fueron capturados por el grupo criminal Los Zetas. Y los policías corruptos no sólo reciben dine-ro por dejar hacer a los delincuentes organizados, sino que son sus empleados, pues cumplen tareas como “halcones” (espías), parti-cipan en “levantones”, sesiones de tortura y asesinato, intervienen directamente el entorpecimiento de las operaciones de las fuerzas federales (congestionando vías de comunicación para favorecer el escape de los sicarios o sus jefes) e incluso han sido comisionados para cobrar “derecho de piso”.

Las acciones de depuración realizadas en los últimos dan una imagen muy aproximada sobre el grado de extensión de la corrup-ción de la policía local:

1. “Al menos 44 de los 113 policías arraigados el lunes duran-te un operativo encabezado por el Ejército en 12 municipios rurales y semiurbanos de la entidad, confesaron que recibían dinero de bandas del narcotráfico, informó el subprocurador de las agencias del Ministerio Público de la Procuraduría Ge-neral de Justicia del Estado (PGJE) de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua.57

2. “Arrestan a 32 policías de NL; los acusan de cuidar a narcos (…) Fuerzas federales y estatales realizan las detenciones tras desarmar a 3,400 agentes; prevén más capturas (…) La Secre-taría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Federal y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvieron a 32 uni-


formados de corporaciones policiacas de Nuevo León, en cum-plimiento de órdenes de aprehensión y de arraigo otorgadas a la Procuraduría General de Justicia (PGJ).”58

3. “En tanto, el Ejército Mexicano y la Agencia Federal de Inves-tigación detuvieron a 15 policías del municipio de Apodaca, Nuevo León, y al secretario de Seguridad Pública de esa de-marcación, Raymundo Saldaña Contreras, acusados de man-tener vínculos con el crimen organizado, y los trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Monterrey.”59

4. “El ‘mando único’ ya existe en las corporaciones policiacas del estado, y lo tiene el cártel del narcotráfico que controla la pla-za, aseguró el ex secretario de Seguridad Pública estatal, Aldo Fasci Zuazua”60

5. “Más de 50 efectivos militares y oficiales de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) sitiaron las instalaciones de la cor-poración policiaca del Municipio de Guadalupe; se prevé que continúen las detenciones, ya que en las últimas horas han sido capturados 13 agentes municipales (…) 10 policías de Guada-lupe estaban detenidos por su probable participación en un atentado con armas de fuego contra unidades de la Agencia Estatal de Investigaciones.”61

6. El municipio de Salinas Victoria, en el estado norteño de Nue-vo León, casi se queda sin policías luego de que militares detu-vieran a 68% de su personal por presuntos nexos con el crimen organizado.El vocero de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) dijo que esta mañana los militares, acompañados por policías mi-nisteriales, llegaron a la corporación municipal para detener a 24 de los 35 uniformados en activo.Los agentes municipales serán investigados por su presunta colaboración con el cartel del narcotráfico Los Zetas, un grupo


armado compuesto en su mayoría por ex militares de élite, que opera en varios estados del norte del país y que lucha por el control del tráfico de drogas con el cartel del Golfo.62

7. “Un total de 178 elementos de la Policía Regia, entre los que se incluyen mandos superiores y comandantes, fueron dados de baja por incurrir en actos de corrupción, abusos de autoridad y dar positivo en exámenes toxicológicos (…)”63

“Los policías municipales y estatales dieron a Nuevo León un nuevo liderato nacional: el estado con más agentes detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.“Con 437 policías, Nuevo León es el Estado del País con más uniformados entre los mil 600 agentes que las fuerzas federales y estatales detuvieron desde el 2007 al pasado 5 de mayo, según un conteo de Grupo REFORMA basado en cifras oficiales.“Es decir, de todos los policías detenidos por presuntos nexos con el crimen, el 27 por ciento es de Nuevo León, que en el ranking nacional es seguido por Tamaulipas, Baja California, Coahuila, San Luis Potosí y Estado de México.“En el Estado, las capturas a manos del Ejército y las Policías Federal y estatal se han realizado principalmente en operati-vos en las sedes policiacas municipales y al sorprender a los agentes cuando “halconean” para reportar los movimientos de las fuerzas federales a grupos de la delincuencia.“De los 437 elementos, 12 pertenecen a la Policía estatal y 425 pertenecen a 14 corporaciones municipales.“Los municipios con más agentes detenidos son Guadalupe, con 74; Monterrey, con 72, y Apodaca, con 54.”64

“El municipio metropolitano de Guadalupe, Nuevo León, ha cesado a más de 575 policías en dos años y pretende sustituirlo con ex militares, anunció ayer por la tarde la alcaldesa Ivonne Álvarez.


8. “Álvarez participó en un evento que se realizó en la Macropla-za de Monterrey, Nuevo León, en donde especificó que en los dos años que lleva su administración se han dado de baja cerca de 95% de la corporación municipal por pérdida de confianza y otros motivos.”65

9. Por pérdida de confianza, 261 oficiales de Tránsito y Policía del municipio de Santa Catarina fueron cesados, anunció el alcal-de Gabriel Navarro Rodríguez, de acuerdo con Notimex. 66

10. “En Nuevo León, 250 policías del municipio de Linares fueron aprehendidos por elementos del Ejército tras varias denuncias de secuestro y extorsión a empresarios, agricultores y ganaderos.”67

11. “Un grupo de 46 efectivos de Policía y Tránsito del Municipio de Montemorelos fue detenido y se les realizarán pruebas de confianza, como parte de un operativo de depuración, informó una fuente de seguridad (…) De acuerdo con los reportes, 37 elementos pertenecen a la corporación de Policía y nueve son de Vialidad.”68

12. “El vocero de Seguridad Pública del estado, Jorge Domene Zambrano, informó que desde septiembre, elementos del Ejér-cito, Policía Federal, Policía Ministerial y Fuerza Civil han rea-lizado al menos 10 operativos mixtos de seguridad que han derivado en la detención de 373 policías.“Explicó que entre los agentes retenidos se encuentran algunos jefes policiales, dos jueces calificadores y personal administra-tivo de los municipios de Santa Catarina, Ciénega de Flores, Pesquería, Mina, El Carmen, Hidalgo, Juárez, Zuazua, Cade-reyta, Linares y Villaldama.“En días pasados, el funcionario estatal reveló que al menos 110 de los 373 policías municipales detenidos en estos operati-vos mixtos de seguridad se encuentran bajo arraigo o en pro-ceso judicial al presumirse que mantienen nexos con células de la delincuencia organizada.”69


13. “Por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, 22 policías de dos municipios quedaron sujetos a proceso en el Juzgado Tercero Penal de San Nicolás. Alrededor de las 17:00 horas, 11 elementos policiacos del Municipio de Mina fueron notificados del auto de formal prisión por tres delitos graves que no les da derecho a salir bajo fianza. La jueza determinó que todos son probables responsables de los delitos de delin-cuencia organizada, cohecho, delitos cometidos contra institu-ciones oficiales y servidores públicos, conocido como halconeo. Ante el Ministerio Público confesaron recibir de 3 a 6 mil pesos mensuales por espiar a las fuerzas federales y reportar sus des-plazamientos a la delincuencia organizada. Incluso, revelaron que crearon su propio código de claves para comunicarse con los delincuentes por radiofrecuencia. Por otra parte, alrededor de las 20:00 horas otros 11 preventivos del Municipio de Hi-dalgo quedaron en la misma situación legal y también se les declaró formalmente presos por dos delitos graves. La jueza determinó que son presuntos responsables de delitos cometi-dos contra instituciones oficiales y servidores públicos, y deli-tos cometidos en la administración y procuración de justicia. Los 22 acusados están recluidos en el Penal de Topo Chico. El viernes, la misma jueza decretó auto de formal prisión por hal-coneo contra los policías de Pesquería Juan Armando Saldaña Cárdenas y Elías Hernández Granados.”70

14. “Un total de 3.200 policías del estado mexicano de Nuevo León (norte), sacudido por una ola de violencia, fueron dados de baja y otros 420 procesados en los dos últimos años para lim-piar las corporaciones infiltradas por el crimen organizado, in-formó hoy el gobernador de ese provincia, Rodrigo Medina.”71

15. “Monterrey NL, 9 de abril. La Procuraduría de Justicia del estado arraigó a ocho elementos de la Fuerza Civil estatal por su presunta participación en el abuso sexual contra dos meno-


res detenidas el pasado 17 de marzo, durante un patrullaje de rutina en el sector norte de Monterrey.”72

16. “Monterrey, México.- Por estar implicados en una extorsión contra un ciudadano es que se detuvo a dos elementos de Fuer-za Civil del área de investigación en Nuevo León.”73

17. “La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) presentó este martes a 10 presuntos delincuentes, dos de ellos jefes policiales y un elemento de Anáhuac, quienes al parecer participaron en el plagio y muerte de 17 personas.“Ante medios de comunicación, el vocero de Seguridad en Nue-vo León, Jorge Domene Zambrano, informó que el grupo delic-tivo operaba en el norte de Nuevo León y el municipio de Can-dela, Coahuila, por lo que para su captura, en días anteriores, se tuvo la colaboración de elementos del Ejército mexicano.”74

18. “Monterrey, NL.- Un enfrentamiento a balazos en la carretera a Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca dejo un presun-to delincuente abatido y a 4 policías municipales detenidos. “Según declaraciones de autoridades estatales durante los he-chos se logró rescatar a una persona que se encontraba privada de su libertad, y al parecer momentos antes se había cobrado un rescate.“El enfrentamiento ocurrió cuando Elementos de Seguridad de la Agencia Estatal de Investigaciones observaron una ca-mioneta sospechosa ya que estaba siendo protegida por Poli-cías Municipales de Pesquería.”75

19. “Monterrey, Nuevo León.- Tras un operativo de la Policía Mi-nisterial, se logró la captura de 24 personas relacionadas con un grupo de la delincuencia organizada, entre ellos se encuentra Irma Valentina Ramos Espinoza, de 35 años, alias “La Coman-dante Rojo”, señalada como jefa de plaza. Entre los detenidos se encuentran cinco policías municipales, un ex elemento de la Marina y cinco menores de edad.”76


Y el control de “Los Zetas” no se reduce a las policías, también son suyos los penales. El 20 de febrero de 2012, treinta y siete in-tegrantes de ese grupo criminal que se encontraban “presos” en el penal de Apodaca se fugaron, no sin antes, asesinar a 44 reos. En sus declaraciones los custodios y sus jefes admiten haber recibido cuan-tiosos sobornos para permitir la fuga y la masacre, pero también antes para que los sicarios pudieran salir a divertirse los fines de semana o introducir a la cárcel drogas, armas o prostitutas.

Este suceso fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de los empresarios de Nuevo León y de la mayor parte de la opinión pública:

El sector privado de Nuevo León criticó la forma con la que el go-bernador Rodrigo Medina de la Cruz ha manejado el problema de la inseguridad en la entidad.Los presidentes de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra), Eugenio Clariond Rangel; del Consejo Cívico de las Insti-tuciones de Nuevo León (Ccinlac), Víctor Zorrilla Vargas, y el direc-tor de Coparmex, José Mario Garza Benavides, ofrecieron una confe-rencia de prensa para exponer su postura al respecto.Garza Benavides subrayó que ‘al gobernador Rodrigo Medina le ma-nifestamos que debe quedar muy claro que la prioridad en Nuevo León es la seguridad y no los procesos partidistas’.‘Le exigimos a ocuparse en el trabajo para el cual fue conferido y que la ciudadanía le asignó, además de comprometerse de manera que responda a la gravedad del problema que hoy enfrentamos’, añadió.‘Por su parte, el representante del Ccinlac dijo que los organismos intermedios lamentan la pérdida de 44 vidas humanas y condenan a la vez el grave descontrol que existe al interior del penal de Apodaca.Consideró que la estrategia oficial de seguridad en el estado ‘sigue errática y como sociedad- debemos exigir resultados inmediatos’.‘Urgimos a que el gobierno estatal reconozca públicamente que no puede hacerlo y de paso a las fuerzas militares y federales para lograr-lo’, dijo.


‘De la forma en que el gobierno del estado está actuando en este y otros casos, es perceptible que la seguridad no es su prioridad número uno’, refirió.Por su parte, el director local de la Confederación Patronal de la Re-pública Mexicana (Coparmex) afirmó que ‘consideramos que el caso del penal de Apodaca es aún más grave que el del Casino Royale, desde el punto de vista de responsabilidad, pues se da dentro de un recinto que en esencia debería estar completamente controlado’.A su vez, el presidente del grupo Cemex, Lorenzo Zambrano Trevi-ño, afirmó que ‘hay mucha mediocridad en el área de seguridad en el estado’.Sostuvo que ‘se percibe falta de capacidad en las corporaciones para enfrentar la problemática de seguridad y de violencia en el estado. Lo que está, no está funcionando’.77

Ante estas demandas de la sociedad, en nombre de la dirección nacional del PRI, Ricardo Aguilar Castillo, delegado regional en la entidad, respondió:

Que quede claro: reprobamos cualquier expresión que contenga algún tufo de ultimátum para atacar a las instituciones del Estado mexica-no, para atacar al Gobernador de todos los nuevoleoneses.Tener abundante dinero no otorga ningún derecho para poner ulti-mátum a las autoridades electas por el pueblo, en Nuevo León quien manda es la gente y la gente ha delegado en Rodrigo Medina el Poder Ejecutivo estatal y Rodrigo Medina ejerce ese poder a plenitud y con toda responsabilidad.78

Todo este proceso de descomposición se gestó bajo la administra-ción del ex gobernador José Natividad González (2003-2009). Resul-ta inverosímil que no supiera lo que estaba ocurriendo en el estado, pero las explicaciones sobre sus omisiones van desde el temor a la corrupción. Pero aun en el caso de que el ex mandatario hubiera sido paralizado por el miedo, el continuar al frente del gobierno fue un acto de deshonestidad.


Sobre uno u otros de los móviles hay una serie de indicios y evi-dencias públicas que deben repasarse:

Después, sobre el cuerpo de una más de las víctimas de la violencia fue encontrado un mensaje clavado con un picahielo lo que marcó otra fase de la estrategia de los agresores, al acusar altos funciona-rios del gobierno de Nuevo León de protectores de una banda rival, señalándolos como blancos de futuros ataques:’PROCURADOR NO TE HAGAS PENDEJO ESTO VA SEGUIR HASTA QUE SIGAS PROTEGIENDO A LA GENTE DE HECTOR HUERTA, AL CHAPO GUSMAN Y AL MARICON DE LA BARBIE... ESPECIALMENTE TU ROGELIO CERDA HASTA QUE CAIGAN TODOS TUS HIJOS Y TAMBIÉN PARA LA GENTE DE LA CHIVA. PD ES SOLO EL INICIO’ [Sic].(…) Al día siguiente y casi en el mismo lugar apareció otro cuerpo con su respectiva nota de advertencia: ‘Mira pen... [sic] con todo y guardaespaldas:Rogelio Cerda, tú y toda tu familia y los funcionarios que estén protegiendo al Cártel de Sinaloa se van a morir. PEN. Esto no va acabar hasta que entiendas’.Respecto de los mensajes dejados en los cuerpos de algunos asesi-nados, el director de Seguridad Pública de Nuevo León, Antonio Garza Garcia, dijo que eran «trucos y mañas» de los victimarios para distraer la atención y desacreditar a las autoridades. Aceptó que agentes de la policía municipal habían renunciado para ingresar a las bandas de traficantes. Otros habrán cambiado de oficio a pe-tición de sus familiares, por temor. Imposible negar las evidencias. Las autoridades se desacreditaban solas, sin ayuda de mensajeros exitosos en su estrategia de sembrar miedo y temor con acciones que competían en crueldad con las de sus adversarios en el negocio de las drogas. En abril de 2006, Garza García sustituyó en el cargo al general José Domingo Ramírez Garrido Abreu, quien lo ocupaba


desde octubre de 2003. Leticia Valdez Martínez, hermana de Jaime, reclutador al servicio del Chapo Guzmán, dijo haber presentado una denuncia ante la SIEDO en contra de Garza por presuntos víncu-los con «un capo de Sinaloa». Señaló que el funcionario le había presentado al personaje en un restaurante localizado en los límites de Coahuila y Nuevo León. Allí estuvo también Francisco Carlos Esquivel (el Capi), detenido posteriormente junto con José Luis Ca-rrizales (el Tubi), en un restaurante de Garza.79

Las implicaciones de una posible relación entre la esfera política y el crimen organizado alcanzaron ya a políticos de Nuevo León, según cables filtrados por WikiLeaks citados por La Jornada.De acuerdo con la publicación, en documentos clasificados enviados en mayo de 2007 por el Consulado de Estados Unidos de Monterrey al Departamento de Estado se hace referencia a un supuesto vínculo del ex Secretario General de Gobierno, Rogelio Cerda, y de los her-manos del ex Gobernador Natividad González Parás con el Cártel de Sinaloa.El cable es atribuido a Luis Moreno, entonces Cónsul en la región.‘Nuestros contactos señalan que Cerda está involucrado en activi-dades corruptas en relación con los hermanos del Gobernador Gon-zález Parás y miembros del Cártel de Sinaloa’, señala la cita del comunicado.80

WIKILEAKS ENTREGÓ TRES MIL documentos secretos al pe-riódico mexicano La Jornada. Hay conversaciones entre el Cónsul de Estados Unidos y el general Guillermo Moreno Serrano, coman-dante regional del Ejército. Bruce Williamson, califica a Monterrey como territorio ‘zeta’Y AQUÍ PARECE NATIVIDAD: ‘Nuestros contactos señalan que Cerda está involucrado en actividades corruptas en relación con los hermanos del gobernador González Parás y miembros del cártel de Sinaloa’. Treviño y el director de investigaciones criminales de Nue-vo León Héctor Santos no investigan.


WILLIAMSON HABLA DEL DILEMA de la ciudadanía: ante una amenaza ¿a quién recurrir en busca de protección? (…) Si las policías no son confiables y el Ejército no tiene recursos suficien-tes, ¿qué queda?’. Cuando entra Rodrigo Medina como Gobernador el Cónsul escribe sobre el hecho de que varios militares retirados nombrados comandantes de unidades policíacas en Nuevo León son asesinados. Dice: ‘Es así como el narco saluda la llegada de Rodrigo Medina a la gubernatura’. es ahí cuando hace exactamente un año, califica a Monterrey como ‘territorio zeta; una metrópoli que ofrece refugio seguro, ingresos estables (mediante el cobro de extorsiones) y abasto de insumos al cártel integrado por ex militares de elite –de-sertores– que años antes se había desprendido del cártel del Golfo’...WILLIAMSON SOSTIENE CON ALDO FASCI, quien se había acercado al consulado ‘pidiendo ayuda a Estados Unidos para evitar que Nuevo León caiga totalmente bajo control de los cárteles’, a raíz del asesinato del comandante de la policía estatal, Marcelo Garza Garza. Según informantes de la misión estadounidense, su sucesor (Santos) tiene compromisos con la dupla Zetas/Golfo, lo que en par-te explica el porqué de las 200 ejecuciones ocurridas en tres años, 40 de ellas de policías, ninguna ha sido aclarada. Un informante asegura que Fasci está aislado en su oficina, rodeado de subalternos en los que no puede confiar. Fasci anuncia su retiro. Declara que padece leucemia...EN SU DESPEDIDA, EL NEOLEONÉS le dice a Williamson: ‘Hay demasiadas manzanas podridas y muy poco dinero para apo-yar a las buenas’. Le cuenta un episodio sorprendente: recién estre-nado en el cargo en 2009, él y su equipo recibieron de manera sor-presiva información muy detallada sobre casas de seguridad de las organizaciones criminales. Después de valorar si esta información sería una trampa o no, decidió ordenar operativos que resultaron en decomisos muy importantes de droga, armas y efectivo. Tiempo después se dio cuenta que la información había sido filtrada por los


mismos cárteles, como ‘regalo’ para que el nuevo funcionario pudie-ra rendir buenas cuentas en sus primeros meses. Fue un truco para que pensara que contaba con un equipo de policías confiables. Dos parientes de Fasci fueron secuestrados durante este periodo y en ningún caso se interpuso una denuncia pública...EN 2009 APARECEN LOS NARCO BLOQUEOS, que eviden-cian el dominio de los cárteles en Monterrey, con una policía estatal es muy reticente a la hora de disolverlos. Son ‘un desafío al Estado porque demuestran que el narco puede paralizar la ciudad a su con-veniencia’. En mayo, Williamson agrega: si bien el nivel de violen-cia en Nuevo León no alcanza los niveles virulentos de los estados vecinos, aquí el narco ‘todavía se mueve como si se sintiera impune’;EL NUEVO PROCURADOR ALEJANDRO GARZA y Garza finalmente admitió ante el cónsul que debido a la corrupción poli-cíaca, con el relevo de funcionarios muchos pactos establecidos por los mandos salientes con los cárteles quedan en el aire. Williamson se reunió con cuatro alcaldes salientes que hablaron de sus miedos y las presiones vividas durante sus respectivas gestiones. Destaca un episodio que refirió el ex alcalde de Santiago, Rafael Paz. Cuando ordenó un cateo en una casa de seguridad de un secuestrador, en represalia, los zetas llegaron hasta su oficina y lo amenazaron con decapitarlo y mandarle la cabeza a su esposa, confinada a una silla de ruedas...AL CONSULADO ESTADUNIDENSE ‘le preocupa’ que el gabinete de Rodrigo Medina, sea una ‘simple repetición de la administración anterior’. De 16 miembros de su gabinete, 11 es-tuvieron en el de Natividad González. La única sorpresa fue el nombramiento del secretario de Seguridad Pública, Carlos Jáu-regui Hintze, un outsider en términos de administración pública que en mayo fue sustituido por el ex procurador Luis Carlos Treviño, de quien el cónsul había expresado desconfianza anteriormente...81


En febrero de 2011, el ex gobernador priísta, Sócrates Rizzo, en una conferencia en una universidad de Coahuila, hizo el siguiente cínico reconocimiento de las componendas del “viejo PRI” con el narco:

De alguna manera se tenía resuelto el conflicto del tránsito (de dro-gas); yo no sé cómo lo hayan resuelto otros gobiernos, pero había un control y había un estado fuerte y un presidente fuerte y una Pro-curaduría fuerte, y había un control férreo del Ejército, y entonces de alguna manera decían ‘tú pasas por aquí, tú por aquí, pero no me toques aquí estos lugares’; algo pasó”.

Durango: el legado de impunidad y el giro

En Durango se ha hallado casi la tercera parte de los cadáveres localizados en fosas clandestinas entre 2004 y 2011 en el país. Y en el estado se ha denunciado la desaparición de más de 200 personas desde 2007, las cuales siguen sin aparecer pues tampoco han sido halladas en las fosas descubiertas en 2011.

El Estado de Durango figuró entre las 50 jurisdicciones subnacio-nales más violentas del mundo y su ciudad capital estuvo entre las 50 urbes más violentas del planeta, sino entre las 10 peores. En 2011, con 474 homicidios y un tasa de 80 por cada 100 mil habitantes, la ciudad de Durango se convirtió en la novena urbe más violenta del mundo.

En la ciudad de Durango entre 2000 y 2011 los homicidios se tri-plicaron y los secuestros crecieron 2,140%.

En la primavera de 2011, mientras las imágenes aterradoras de las narco fosas de Tamaulipas recorrían el mundo, otras imágenes cons-ternaron a la opinión pública nacional y mundial: las de las narco fo-sas en Durango, cuyo número de cadáveres hallados (301) sobrepa-só al de los encontrados en las tumbas clandestinas de Tamaulipas.

En ningún otro punto del país se ha hecho un hallazgo semejante. Y para dar una idea de su magnitud, hay que considerar el conteo


que de cuerpos hallados en fosas clandestinas entre 2004 y mayo de 2011, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que arrojó un total de 1,020 en 177 fosas de 23 entidades federati-vas.82 Es decir, los cuerpos encontrados en 8 fosas en la capital del estado, de hecho en zonas céntricas, equivalen a casi la tercera parte de todos los hallados en todo el país en 7 años.

Pero esas no han sido todas las fosas clandestinas halladas en Du-rango. A inicios de noviembre de 2011 se encontraron dos más con siete cadáveres y antes del hallazgo de las fosas en Durango, Duran-go -que terminarían por ser siete- había habido otros hallazgos que refiere un recuento realizado por el periódico El Siglo de Durango:

En torno a las fosas clandestinas, El Siglo de Durango tiene docu-mentados hallazgos de 33 cadáveres que han sido exhumados desde 2007 hasta abril de 2011, sin contar los más de 200 localizados en el último mes.Entre los primeros cadáveres que fueron sepultados de manera clan-destina, y que posteriormente fueron encontrados, se tienen notas in-formativas del mes de febrero del 2007 que informan sobre el hallazgo de tres cadáveres en las inmediaciones del paraje Las Ventanas.Asimismo, entre los meses de febrero, marzo y abril, de 2008, fueron localizados cuatro cuerpos en fosas clandestinas en el poblado Contre-ras, municipio de Durango, así como uno más en el kilómetro 11 de la carretera a Parral, donde se localizó el cuerpo de un joven que había sido “levantado” en el bar El Bambuz, junto con otros tres amigos.En mayo y noviembre del 2009 hallaron tres cuerpos enterrados en Unidos Venceremos, Durango, y en Escobedo, El Oro, respectiva-mente.

En junio de 2010, se informó del hallazgo de seis cuerpos en 13 fosas clandestinas en Santiago Papasquiaro; cinco meses después encontraron tres osamentas enterradas en Pueblo Nuevo.

Mientras que en el presente año, en enero encontraron una fosa con siete cuerpos en el ejido Los Ángeles, municipio de Lerdo, y en


febrero tres osamentas más en el ejido San Luis del Alto, del mismo municipio.

En marzo hallaron un cuerpo en Pueblo Nuevo y el 4 de abril otro más en Santiago Papasquiaro.83

Pero el 27 de febrero de 2012, el gobierno de Durango debió admi-tir que en diciembre se habían hallado 50 cuerpos más en fosas clan-destinas en diciembre de 2011, pero que entonces no se reportaron:

La Fiscalía General de Durango informó este lunes del hallazgo de 50 cadáveres en una fosa clandestina del ejido Cristóbal Colón, ubicado en este municipio.Yadira de la Garza Fragoso, responsable de la dependencia, confirmó que de diciembre del 2011 a enero del presente año fueron exhumados 50 cuerpos en el citado ejido, con lo que se llegaría a 301 los cuerpos que han sido descubiertos en esta demarcación desde marzo del año pasado.84

Además, las cifras mismas de desaparecidos siguen creciendo: La cifra de desaparecidos reportados ante la Comisión de Derechos Humanos de Durango, ha ido en ascenso de 2008, cuando fueron denunciadas 37 desapariciones; en 2009, 43; en 2010, 96 y en lo que va del año asciende a 42, según datos de Carlos García presidente del organismo estatal.85

Pero además, un rasgo singular de la violencia en el estado que la gran cantidad de incidentes y víctimas con relación a las prisiones:

• 2 de noviembre de 2008: En el CERESO número 2 (Durango) 8 internos fueron asesinados en dos riñas distintas.

• 8 de marzo de 2009: Un comando que utilizó 10 vehículos pa-ra transportarse, tomó por asalto el CERESO Dos (Gómez Pa-lacio) y logró la evasión de cinco internos. Antes secuestró al director del penal.

• 21 de marzo 2009: Un motín en el Centro Penitenciario de Du-rango tuvo un saldo de 7 muertos. Además hubo un atentado contra la vida del director del penal.


• 28 de abril de 2009: Abraham William Ramos Peña, jefe de cus-todios del CERESO de Gómez Palacio fue “levantado” por un grupo de hombres armados y desde entonces se encuentra en calidad de desaparecido.

• 02 de mayo de 2009: Un interno falleció como consecuencia de una riña en el CERESO de Gómez Palacio.

• 17 de julio de 2009: Una riña en el CERESO No. 2 (Gómez Pa-lacio), dejó un saldo de tres muertos.

• 18 de julio de 2009: Otra riña en el CERESO No. 2 (Gómez Pa-lacio), arrojó un saldo de tres muertos, cuando no habían ni transcurrido 24 horas de similar evento y resultados.

• 14 de agosto de 2009: En el CERESO de Gómez Palacio se pro-dujo una riña colectiva entre dos grupos antagónicos con un saldo de 20 muertos. En un cateo posterior al enfrentamiento fueron halladas y localizadas dentro del penal pistolas de cali-bres .25, ,32 y .38, además de decenas de armas punzocortan-tes. Al menos 2 de los internos fueron asesinados a balazos.

• 24 de septiembre: Dos custodios del CERESO de Gómez Pala-cio fueron baleados en su domicilio.

• 16 de octubre de 2009: Un custodio del CERESO de Gómez Palacio fue asesinado tras terminar su jornada de trabajo en el penal.

• 21 de enero de 2010: En el CERESO de Durango integrantes de dos grupos rivales se enfrentaron con saldo de 24 muertos. Por lo menos uno de las víctimas fue muerta a balazos. Hasta en-tonces y en menos de un año 43 internos han sido asesinados en este penal.

Asimismo, una investigación de la PGR demostró que los autores de una masacre en Torreón, Coahuila ocurrida el 18 de julio de 2010 y en la que murieron 18 personas, fue cometida por sicarios que eran internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Gómez Pala-cio, Durango, quienes con el permiso de las autoridades carcelarias


salían por las noches con armas y vehículos oficiales para cumplir encargos de los jefes del Cártel de Sinaloa. Además de la masacre en Torreón, este grupo de matones asesinó a 10 personas en un ataque a un bar perpetrado el 31 de enero de 2010 y a 8 más en el ataque a otro bar, cometido el 16 de mayo de 2010.

Además a la par de la alta incidencia de los secuestros se ha dado el de asesinatos de víctimas de secuestro. En 2010 fueron asesinados 6 secuestrados y en 2011 otros 7.

El exgobernador Ismael Hernández ha sido señalado de tener vínculos con los grupos criminales. El hecho incontrovertible es que poco o nada hizo para impedir que arrastraran a Durango a un tor-bellino de violencia.

Si el exgobernador priísta Ismael Hernández Deras permitió la impunidad de los asesinos por complicidad (y obtuvo con ello un lucro criminal) o actuó (o más bien dejó de actuar) por temor a los grupos criminales, el resultado es igualmente perjudicial para la so-ciedad.

No se trataba de que Hernández Deras combatiera el narcotráfico ni siquiera el narcomenudeo, sino delitos tales como la privación ile-gal de la libertad, la tortura y el homicidio que son del fuero común y era su obligación ineludible prevenir y perseguir.

Ismael Hernández Deras ha sido objeto de los siguientes señala-mientos sobre su presunta relación con el narcotráfico:

• “A la boda del capo también acudió el procurador general de Justicia de Sinaloa, Alfredo Higuera Bernal, quien después del reportaje publicado por Proceso convocó a una conferen-cia de prensa el 3 de septiembre de 2007 para negar el hecho, incluso aseveró que jamás había ido a Durango, sin embargo los asistentes al enlace aseguran que sí estuvo ahí. Asimismo El Chapo invitó a Jesús Aguilar Padilla, gobernador de Sina-loa, quien no le hizo el desaire, como el gobernador de Du-rango, Ismael Hernández. Dicen que éste fue conminado al


festejo pero que prefirió no ir para evitar controversias. En Durango se comenta que la relación es un poco masoquista, y que Guzmán Loera ha llegado a esperar a Hernández al interior de su casa sólo para regañarlo y recordarle que a él le tiene que contes-tar las llamadas cada vez que lo busque, que no se le olvide.”86

• “El gobernador saliente de este estado, Ismael Hernández De-ras, podría ser sujeto de investigación penal por la Subprocu-raduría de Investigaciones en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), por supuestos vínculos con el cártel del Pacífico.[En efecto se tiene conocimiento que está siendo investigado por la PGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero]“La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Ha-cienda elaboró un expediente confidencial de las cuentas ban-carias del mandatario y las de su familia en México y en el extranjero; documento que serviría de base para fincarle res-ponsabilidad penal al funcionario.“Mientras, un testigo protegido habría confirmado a la PGR la relación de Hernández Deras y de algunos de sus colaborado-res con el crimen organizado.”87

• “Las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia de Durango (PGJD) investigan el origen y conteni-do de un video que apareció en la página web blogdelnarco.com, en el que se menciona que el gobernador de esta entidad, Ismael Hernández Deras, proporciona armas de fuego a gru-pos al servicio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, uno de los líderes del cártel de Sinaloa.“Ayer, al inicio la investigación, fue eliminado de Internet blogdelnarco.com, que era uno de los principales canales de difusión de actividades de los grupos criminales y de videos y mensajes entre las organizaciones criminales.


“En las imágenes aparece un sujeto que dice llamarse Floren-cio Beltrán. Sólo hubo acceso público a ese contenido el 25 de agosto.“De acuerdo con la información contenida en el video, este fue el interrogatorio al que habría sido sometido Florencio Beltrán por un grupo de hombres armados:–¿De dónde viene?–De Topia–¿Para quién trabaja?–Para el Chapo Guzmán.–¿Cuánto te paga?–Cuatro mil al mes.–¿Quién te manda?–El comandante Rosales, de Durango.–¿Quién manda en Santiago y el Topia?–Abraham Virrey y el diputado Miguel Jaques.–¿Dónde se acampa?–En el rancho de Miguel Jaquez y de Miguel López.–¿Qué viene a hacer?–A levantar soldados, mujeres y niños para espantar a la gente

y apoderarnos de la plaza–¿Quién les da las armas?–Tengo entendido que es el gobernador Ismael Hernández.”88

Por lo demás, en Durango los señalamientos de que gobernan-tes priístas han estado involucrados en el narcotráfico, no son nuevos.

Pablo Tostado Félix, presunto lugarteniente de Juan José Esparra-goza, “El Azul” y quien fue asesinado en el penal de Durango en ma-yo de 2009, señaló en una entrevista antes de su fallecimiento que José Jorge Campos Murillo, quien fue procurador de justicia de Durango en el gobierno de Ángel Sergio Guerrero Mier y además subprocura-dor en la PGR, era abogado del narcotraficante Ignacio Coronel.89


Por cierto Campos Murillo, quien está sujeto a investigación por la PGR, sufrió un atentando en noviembre de 2008, el cual él niega.

En 2007 fue detenido por la PGR y acusado penalmente Hugo Armando Reséndiz Martínez, ex Subprocurador de Justicia en la región Laguna de Durango por delincuencia organizada y partici-pación en el asesinato de 4 personas. Reséndiz estaba al servicio de Sergio Villarreal (a) “El Grande”, hombre fuerte del Cártel de Sina-loa y luego de los Beltrán Leyva en Durango y Coahuila, que des-pués se convirtió en testigo protegido.

El ex gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier aseguró que nada sabía de los tratos de Hugo Armando Reséndiz con los narcos.

El giro

Herencia obligada para el gobernador Jorge Herrera Caldera –asumió el 15 de septiembre de 2010– fueron la pésima relación con el Gobierno del Presidente Felipe Calderón y la violencia desatada en el estado, principalmente en La Laguna, la cual comprende dos municipios del estado (Gómez Palacio y Lerdo) y Torreón.

Como señal inequívoca de su prioridad, el Congreso del esta-do trasladó la sede de los poderes estatales a Gómez Palacio en donde Herrera Caldera tomó protesta y ahí se reenfocaron las baterías en coordinación con las autoridades de los tres niveles de Gobierno.

Tres frentes marcaron el combate a la delincuencia en la región: el penal regional, las estructuras policiales municipales y el combate frontal a un grupo local regional, llamado Los Dannys o Cártel del Poniente.

Civiles, policías, funcionarios públicos municipales, estatales y federales cayeron en medio de esta cruenta batalla.

Una apretada cronología de estas acciones permite ampliar el pa-norama de cómo la Comarca Lagunera ha sufrido los últimos años:


En la madrugada del 17 de diciembre de 2012, con apoyo de la Policía Federal, elementos del Ejército Mexicano pertenecientes a la Décima Zona Militar, la Policía Estatal y elementos de la Dirección Estatal de Investigación, se realizó el traslado de 163 internos del Centro Estatal de Readaptación Social número 2 de Gómez Palacio. Del total, 137 internos purgaban por delitos federales y 26 del orden fuero común.

Los reos federales fueron llevados a los penales de Guadalupe Victoria y de Sonora, y los del fuero común al Centro Estatal de re-adaptación Social número 1 ubicado en la capital del estado de Du-rango.

Se designaron a un nuevo Director y un Jefe de Custodios, con el fin de cambiar a los anteriores ya que se tenía información que los que hasta esa fecha fungían como tales, estaban a merced de los in-ternos que dominaban el funcionamiento del Cereso. Para reforzar la seguridad se trasladaron grupos de cusodios de la capital.

La tarde del día siguiente, el 18 de diciembre de 2012, se desató un motín al interior del penal de Gómez Palacio. Un grupo de pre-sos había secuestrado a algunos custodios, incluso hubo disparos de arma de fuego. Perdieron la vida nueve custodios y 13 internos; otros10 internos y tres custodios más resultaron heridos. Dos de los internos lesionados murieron al día siguiente.

El 10 de enero de 2013, las corporaciones municipales de Lerdo y Gomez Palacio, pusieron a disposición el total de las armas asigna-das a sus policías para que fueran registradas las huellas balísticas.

El 18 de enero de 2013, fueron trasladados 158 policías de Lerdo y Gómez Palacio a la ciudad de Durango, ya que se tenían antece-dentes documentados de su colaboración con grupos criminales que operan en esos municipios. Se detuvo al titular de la Secretaria de Protección y Vialidad de Gómez Palacio Víctor Hugo Cordero Gior-gana y al Director Municipal de Lerdo, Andrés Balderas Pérez y tres elementos más. En su declaración preparatoria confesaron su parti-


cipación en hechos delictivos y apoyo al grupo criminal que opera en la región, por lo que se les dictó auto de formal prisión.

El 16 de febrero de 2013, fueron privados de su libertad Mario Al-berto Landeros Campero (precandidato a la presidencia Municipal de Lerdo, Durango) y su chofer Cesar Amilkar Valenzuela Morales.

El 18 de febrero de 2013, un grupo de sujetos armados provocaron incendios en cuatro negociaciones propiedad de la familia de la Pre-sidenta Municipal de Gómez Palacio, Rocío Rebollo. Los comercios fueron tres madererías y un establecimiento de pinturas COMEX.

El domingo 3 de marzo de 2013, fueron detenidos Federico Agui-lar Chaidez alias “El Vicentillo”, Julio César Nájera Rosales alias “Crazy”, éste último habia sido identificado a través de un video, utilizando la tarjeta bancaria del secuestrado Mario Landeros. El Crazy aceptó haber participado en el secuestro y homicidio de Lan-deros Campero y su chofer.

Con la información proporcionada por estos sujetos se logró dete-ner a 19 personas más, integrantes de la organización criminal deno-minada “Los Dannys” o “Cartel del Poniente”. Entre los detenidos figuraban Juan Antonio García Ávila, José Gabriel y Jacobo Zúñiga Ovalle, considerados como algunos de sus jefes.

El lunes 4 de marzo de 2013, fueron localizados los cuerpos de Mario Landeros y Almilkar Valenzuela Morales, enterrados en las faldas del cerro de la Colonia Polvorera en Torreón Coahuila.

El viernes 8 de marzo de 2013, se concedió el arraigo en contra de 19 de los detenidos y la autorización para el cambio de arraigo de otros cuatro detenidos el 24 de febrero. Las 23 personas fueron trasladadas al Centro Federal de Arraigo de la Procuraduría General de la República, en el Distrito Federal.

En el expediente judicial existen testimonios que señalan a todos ellos como participantes en casos como el crimen de tres empleados de la Vicefiscalía; de seis elementos de Vialidad, de elementos de la Policía Estatal Acreditable, la agresión al periódico El Siglo de To-


rreón, la muerte de tres trabajadores del Gobierno Federal pertene-cientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los atenta-dos que sufrió la alcaldesa de Gómez Palacio tanto en la Presidencia Municipal como en las propiedades de su familia.

El 19 de abril de 2013, agentes de la Policía Federal detuvieron en Zacatecas a Daniel García Ávila, jefe del llamado grupo de los Dan-nys o Cartel del Poniente. Estaba acusado de delitos contra la salud, homicidio, secuestro y extorsión en La Laguna.

García Ávila contaba con dos órdenes de aprehensión por delitos con-tra la salud y de acuerdo con datos obtenidos por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) es presunto responsable de diversos ilícitos registra-dos en Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, Durango, y en Torreón, Coahuila.

La Policía Federal precisó en un comunicado que junto con Gar-cía Ávila se capturó a José Elías Veloz Barrón en posesión de un ve-hículo, dos fusiles AK-47, un AR-15, cargadores, equipo de comuni-cación y un paquete con marihuana.

De acuerdo a las estadísticas, las cifras de evolución de los prin-cipales delitos en Durango, ha evolucionado de la siguiente forma:

Delito 2010 2011 2012 2013 (*)

Robo con violencia 2, 913 4,107 2,203 1, 215

Homicidio doloso 1,025 764 618 233

Extorsión 265 108 86 43

Secuestro 79 67 50 12

(*) Cifras hasta el segundo trimestre del año

Quintana Roo: paraíso de extorsión y violencia

Quintana Roo (y en particular Cancún) ha devenido de paraíso turístico en paraíso de la extorsión, bajo los gobiernos de Félix Artu-ro González Canto (2006-2011) y Roberto Borge Angulo (2011-2016).


Y por extorsión nos referimos tanto al secuestro como al cobro del “derecho de piso”, incluso para no ser plagiado.

Dos de los relatos más estremecedores sobre la violencia que golpea a personas inocentes en México corresponden a víctimas de secuestro de Quintana Roo. Un primer caso se trata de una mujer privada de la libertad durante 40 días y quien casi regresó de la muerte:

A Irene García May, de 33 años de edad, le hicieron creer que la iban a dejar libre: ‘Cierra los ojos, hasta que escuches que se va el carro’, es-cuchó que le dijeron sus secuestradores antes de sentir un fuerte gol-pe en la cabeza. Horas después despertó en medio de lo que creía que era basura, pero en realidad eran cuerpos en estado de putrefacción.La sobreviviente fue hallada este lunes en un área de la Región 246 de Cancún, luego de salir del estrecho cenote en el que la arrojaron sus victimarios. En ese sitio fueron encontrados tres cadáveres en avan-zado estado de putrefacción, dos de los cuales fueron identificados este miércoles.Irene relató que el 22 de marzo llegaron a su casa en una camioneta unos sujetos que se identificaron como agentes judiciales. Le dijeron que tenían una orden de aprehensión contra su familiar, pero como no estaba se la llevaron a ella. Estuvo en tres casas de seguridad, en una de las cuales estaba también una pareja, hombre y mujer. Se llevaron al señor y ya no supo nada más de él.Eran constantes las amenazas de muerte en su contra, si no pagaban el rescate. Nunca llegaron a golpearla durante el tiempo que estuvo secuestrada.Relató que estos sujetos pedían por su rescate un millón de pesos, después le bajaron a 400 mil, pero su familia no tenía tanto dinero. Tuvo que vender un terreno a 70 mil pesos y entre lo que le prestaron, llegaron a juntar cerca de los 100 mil. Pero nunca se dio ese dinero como pago de su rescate.90

Otro relato tiene que ver con el secuestro y asesinato de padre e hija:


Entre la docena de cadáveres encontrados este viernes por el Ejército Mexicano y la Policía Judicial de Quintana Roo, figuran los de una adolescente de 16 años y su padre, quienes fueron secuestrados por una banda detenida en Cancún.Su rescate pretendía ser cobrado una semana atrás, en el estaciona-miento de una plaza comercial, a donde llegaron dos agentes de la Judicial, alertados sobre la presencia de personas armadas en el lugar; ambos fueron atacados por integrantes del grupo secuestrador.En ese enfrentamiento, que frustró el pago del rescate, murió uno de los policías y resultó herido uno de los plagiarios, quien escapó y fue atendido en la Clínica Santa Elena, asegurada el jueves de la semana pasada, junto con cinco de sus compañeros, la administradora y el médico que le atendió sin reportarlo a las autoridades.Los militares y los agentes judiciales iniciaron diversos operativos a raíz de la aprehensión del grupo la semana pasada, misma que se enriqueció con las declaraciones de otros seis presuntos sicarios que presentaron la tarde de ayer, entre los que figuran un ex policía mu-nicipal de Cancún, una mujer y un ciudadano guatemalteco.En ese grupo, que presumiblemente fue asesinado la semana pasada, se encontraban un hombre y su hija de 16 años, secuestrados hace cuatro semanas.91

Quintana Roo y Cancún en particular han sido especialmente gol-peados por el secuestro y la crueldad de los plagiarios. Entre 2000 y 2011, los plagios crecieron 600% al pasar de 3 a 21 y entre 2008 y 2011 fueron asesinadas 11 víctimas de secuestro.

El miedo por los secuestros es tal en Quintana Roo que una sin-gular forma de extorsión ha prosperado, la de cobrarle a la potencial víctima una “cuota” para no ser privada de la libertad o la vida:

Cancún .- El jefe de una banda de Zetas aprehendido por la policía Judicial por el secuestro de dos empresarios madereros, por quienes las familias pagaron un rescate millonario sin que fuera liberado; el detenido, Reynaldo Padilla Quintero y/o Naim Díaz Villasana,


alias ‘El Rey’ tenía una lista de personajes que se disponían a secuestrar.En esta aparece, entre otros, el hotelero Normal Angulo Mc Liberty, el presidente de la Cámara de Comercio (Canaco), Luis Ortiz Car-dín; el dirigente del Consejo Empresarial, Víctor Zapata Vales; el ex comisariado ejidal Rodolfo Valle Villaseñor, los magnates cerveceros Mario Rendón Monforte y Johnny Baroudy Stefano y los madereros Rigoberto Ramos Alonso y Felipe Martínez Alba, quienes siguen se-cuestrados.En sus declaraciones Reynaldo Padilla Quintero, quién también se hace llamar Naim Díaz Villasana, ‘El Rey’, confesó ser miembro de los Zetas, y explicó que los empresarios, comerciantes y profesionistas señalados como secuestrables fueron investigados ampliamente por los delincuentes.Según trascendió el comerciante y distribuidor cervecero Johnny Ba-roudi Estefano, de familia conocida en la entidad, había entregado 800 mil pesos para evitar ser secuestrado y proteger a su familia.92

Mas el secuestro es apenas de una pequeña parte de la extorsión en Quintana Roo, la cual tiene proporciones masivas en el estado, sólo comparables con las de Tamaulipas, Michoacán. Nuevo León y Chihuahua. Y su modus operandi es el siguiente:

La forma como operan Los Zetas [en Cancún] para extorsionar fue descrita por uno de sus integrantes en un video de un interrogatorio que distribuyó en 2009 por Internet el grupo “Mata-Zetas” (proba-blemente ligado al Cártel de Sinaloa):’A los dueños de los bares se les ubica, se les hace una visita y se les pide de entrada 100 mil pesos para protección y 20 mil pesos men-suales. A los empresarios de los mercados sobre ruedas, tianguis, se ubica al encargado del tianguis y por medio de este contacta a todos los agremiados y se hace un cobro en general. A los que venden discos pirata, se les cobra 10 mil pesos y aparte se les da el producto, es decir los discos para que ellos vendan.


’A ellos [los vendedores de autos usados], depende el lote, si es muy grande el lote le piden un auto y si es pequeño su lote de autos les piden 50 mil pesos.’A ellas [las prostitutas] les piden 15 mil pesos y cinco mil pesos men-suales, 15 mil de entrada y cinco mil mensuales.’Emilio El Mango, Trujillo, es el encargado del bar La Perla Negra. Él se encarga de ubicar los bares que extorsionan y él es el encargado del bar, ahí es donde se acostumbran las reuniones de los jefes de la célula, toda la célula de líderes de Los Zetas.93

Pero no únicamente los criminales extorsionan a quienes reali-zan esas actividades. En Cancún, en la zona habitacional, todas las pequeñas tiendas misceláneas, mini-supers, farmacias, fondas, la-vanderías, etcétera están sometidas a extorsión y cientos de estos negocios han cerrado sus puertas cada año desde 2008.

Hay numerosos testimonios de esta peste que está asolando a Quintana Roo:

Cancún, Q. Roo.- Pablo optó por dejar Cancún antes que someterse a pagar a su extorsionador. El optometrista decidió abrir un par de ópticas en Cancún luego de que le dijeron que ‘había un buen mercado’ por el turismo.En 2006 dejó Sonora y trajo a su esposa y cuatro hijos a vivir junto al mar turquesa. Luego de dos años de bonanza, de apoyar fielmente a ‘Los Potros’ del Atlante y de cultivar amistades entrañables en la ciudad, un día recibió una visita desafortunada.Un hombre entró a su óptica en un mercado ubicado en la avenida Tulum y sin más preámbulo le expuso su mejor oferta: pagar 30 mil pesos mensuales para permitirle continuar con su trabajo en ese mis-mo local.El argumento que convenció a Pablo de que no se trataba de una bro-ma de mal gusto fue escuchar uno a uno los nombres completos de sus cuatro hijos, sus edades, el nombre de la escuela a la que asistía cada uno, el turno y el salón en el que estaban.


A la semana siguiente, Pablo vendió sus propiedades en el estado, empacó sus lentes, hizo las maletas y se llevó a su familia a vivir fuera de Quintana Roo.‘Mi error fue llevar mis lentes en un maletín lujoso, tal vez creyeron que llevaba mucho dinero’, comentó a sus conocidos más cercanos el hombre antes de partir.Esta es la decisión que podrían verse obligados a tomar los más de 200 empresarios que han sufrido algún tipo de extorsión en la zona norte del estado, y que lo han manifestado a la Comisión de Seguri-dad Pública de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).‘Podríamos convertirnos en una ciudad desierta si se van los empre-sarios’, afirmó en entrevista telefónica el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Coparmex, Hernán Cordero Galindo. ‘Es muy preocupante cómo se ha extendido el cobro del ‘derecho de piso’. Eso hace un año era algo que se veía en Playa [Del Carmen], incluso yo vaticiné que si no se controlaba pronto iba a contaminar a Cancún también’, añadió el presidente de dicha comisión, Hernán Cordero Galindo.El empresario señaló que las denuncias que llegan a la comisión pro-ceden de empresarios de todos los giros y tamaños, sin embargo lo único que se puede hacer dentro de esta organización es ‘tomar nota’, asesorarlos sobre cómo denunciar y hacerles recomendaciones para mantener su seguridad.‘Nadie quiere denunciar, tienen miedo (…)94

Chetumal, Q. Roo.- El delegado de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), en la comunidad de Rojo Gómez, Israel Castillo Olivera advirtió sobre el cierre masivo de negocios cercanos a la ribera del río Hondo, debido a que existe temor entre los comerciantes por la ola de robos, extorsiones e incluso homicidios que se han presentado.Castillo Olivera, delegado de la Canaco en la alcaldía de Rojo Gómez, indicó que en la zona rural los comerciantes están sufriendo una ola


de asaltos y extorsiones por parte de delincuentes quienes pasan a cobrar factura periódicamente alegando ‘protección’.95

Cancún, Q. Roo.- La delincuencia organizada ha sembrado el terror entre los empresarios de todas las categorías. El cobro de “derecho de piso” ha llevado a cerrar sus negocios a unos 50 empresarios, y 10 más a manejarlos desde el extranjero, según datos que maneja la organización civil, Ángel Ciudadano.96

Quintana Roo .- La delegación de la Coparmex, señaló que grupos de criminales organizados han extendido de manera preocupante las ex-torsiones en la entidad. Lo mismo atacan a grandes empresarios que a pollerías, taquerías y salas de belleza, señaló el dirigente, Hernán Cordero Galindo.El dirigente informó que las extorsiones han frenado aproximada-mente 20 por ciento el desarrollo de nuevas empresas en esta ciudad, en los últimos cinco años.97

Por muchos años fue un lugar emblemático de Cancún, incluso, se presume que fue la primer cantina del Caribe Mexicano bajo un con-cepto tradicional al estilo ‘chilango’ que además, traspasó fronteras porque fue visitado por un sin número de figuras públicas, entre polí-ticos, actores y deportistas, pero hoy, ‘La Guadalupana’ que operó por muchos años en la plaza de toros de Cancún, ha cerrado sus puertas víctimas de las extorsiones del crimen organizado. Así, la cantina ‘La Guadalupana’ se suma a la larga lista de negocios importantes que ante la falta de garantías de las autoridades para seguir operando en Quintana Roo, ha optado por cerrar sus puertas cansados ya, de pagar el clásico derecho de piso que no cobra, sino que exigen los miembros de la delincuencia organizada, sobre todo de ‘Los Zetas’.En las últimas semanas, trascendió que los propietarios de este lugar que tenía una afluencia anual de 30 mil parroquianos, estuvieron pa-gando su ‘cuota’ al crimen organizado de hasta 40 mil pesos mensua-les, cifra que quizá les aumentaron o de plano, ya no pudieron seguir pagando y por ello, optaron por mejor ‘bajar las cortinas’.


Cifras extraoficiales, señalan que al menos el año pasado, en Playa del Carmen alrededor de 100 negocios (de todo tipo), cerraron sus puer-tas al ser víctimas del crimen organizado. En tanto que en Cancún, suman poco más de 200 los que se han visto afectados por esta misma situación.La extorsión siguió creciendo y poco a poco los dueños de bares, dis-cotecas, cantinas y otros ramos, fueron incluidos en la lista de los delincuentes que lo mismo amenazan a negocios lucrativos de la zona turística que en las colonias populares.Quintana Roo cerró de forma dramática el 2011, al registrarse el cie-rre de alrededor de 300 establecimientos comerciales y empresariales, debido a las extorsiones y amenazas de la delincuencia organizada.”98

Toda una gran inversión de muchos años sucumbió ante el crimen organizado, con el cierre obligado de la discoteca “Bulldog Café”, ubi-cado en pleno corazón de la Zona Hotelera cuyos inversionistas se hicieron a un lado y prácticamente huyeron de ese centro de diversión nocturna, ante la persecución y abierta presión criminal de la delin-cuencia organizada, por la extorsión directa.Sin la menor defensa posible, y acorralados por el crimen organizado, dejó de operar la famosa discoteca y cerró sus puertas ya, el enfrentar la amenaza de la narco-cuota mensual, es decir la disfrazada venta de protección bajo la amenaza criminal de padecer las consecuencias más graves. Y como hubo respuesta, la reacción criminal fue la de sembrarle numerosos ‘tiradores’ de droga que ofrecían directamente los estupefacientes a la clientela que acudía a este lugar.99

Más de 40 empresarios en Cancún y 50 en la Riviera Maya han reci-bido amenazas de extorsión durante los dos primeros meses del año, reveló el sector empresarial de la zona norte de Quintana Roo.Lo anterior se suma a la ola de secuestros que se ha incrementado en la zona norte de Quintana Roo, y en donde el problema se ha re-crudecido debido principalmente al aumento de células del crimen organizado.


De acuerdo con el sector empresarial, la situación además de ser des-esperante es insoportable tanto en Cancún como en la Riviera Maya, ya que los negocios que han comenzado a ser acosados, no pertenecen directamente a la industria turística.100

Cancún, MX.- El crimen organizado está extorsionando a los em-presarios y nos vamos a reunir con ellos para seguir trabajando en contra de este mal, afirmó ayer el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Manuel Virgilio Morales Herrera, comandante de la Guarnición Militar de Cancún.En entrevista con los medios, luego de presidir la Toma de Protesta de los soldados del Servicio Militar Nacional, informó que durante el transcurso de la presente semana se reunirán con los empresarios para atender este flagelo de la extorsión.”101

Cancún, 03 de mayo.- De 15 a 20 mil pesos semanales por “derecho de piso”, era la suma que cobraban Lucio Retana Peña (a) “El Gor-do” y/o “Piña” y José Manuel García González (a) “El Borracho”, a restaurantes y bares del centro de la ciudad por “derecho de piso”.Después de desertar como halcones para el Cártel del Golfo por falta de pago, los dos sujetos fueron re contratados por la misma célula para trabajar como extorsionadores.”102

En Quintana Roo no cabe duda de que la resistencia a la extorsión se paga con la destrucción de negocio de la víctima o con la propia vida. De ello tres casos:El 23 de septiembre de 2011, dos hermanos que tenían negocios de máquinas mini-casinos y que habían recibido llamadas exigiendo el pago del “derecho de piso”, a lo que ellos se rehusaron, fueron se-cuestrados. Después sus familiares pagaron el rescate exigido por los secuestradores, pero pese a ello los hermanos fueron asesinados.103

Cancún, MX.- Carlos Barragán Figueroa (a) “El Paletas’, un sujeto apodado ‘El Semental’ que al parecer es un elemento de Seguridad Pública y un tipo conocido como ‘Memín’, todos, miembros activos de ‘Los Zetas’, fueron los autores materiales del narco-ataque regis-


trado en el interior del bar ‘Castillo del Mar’, ubicado en la Región 229 la madrugada del martes pasado como una venganza porque su propietario se negó a pagar una extorsión que había ido a cobrar Juan Martín Peña González (a) ‘El Anciano’ a principio de agosto pasado.Así, quedó asentado en el interrogatorio hecho por la Policía Judicial del Estado al propietario del bar, quien voluntariamente la tarde de este miércoles presentó ante la Subprocuraduría de Justicia del Esta-do a declarar en torno a los hechos.Por más de tres horas, León Castillo fue interrogado por los judiciales y en relación a los hechos, señaló que él no se encontraba en el bar y de todo lo ocurrido, se enteró por su jefe de seguridad y las otras per-sonas que resultaron ilesas.Dijo que si no había acudido antes a declarar, es porque teme por su vida, ya que este ataque fue directo y en cumplimiento a la amenaza que recibió por parte de Juan Martín Peña González (a) ‘El Anciano’ cuando pretendió extorsionarlo con 40 mil pesos a nombre de ‘Los Zetas’.En ese sentido, León Castillo asentó en su declaración ante la PJE, que de acuerdo a lo que su gente (jefe de seguridad y encargado) le ha reportado, es que este ataque fue perpetrado por un tipo apodado ‘El Paletas’ y que se llama Carlos Barragán Figueroa que llegó con dos sujetos más que les apodan ‘El Semental’ que al parecer es un elemento de Seguridad Pública y un tipo conocido como ‘Memín’.” [Como consecuencia del ataque acaecido el 31 de agosto de 2010, ocho personas perdieron la vida)104

El crimen organizado en Cancún, Quintana Roo, ha utilizado la in-dustria del taxi como fuente de ingresos a través de la extorsión, reve-la la consultora en temas geopolíticos Stratfor.En un análisis, la firma estadounidense detalla que existe evidencia que sugiere la existencia de fracciones desertoras de Los Zetas, las cuales tratan de controlar los ingresos de los taxistas que se dedican al transporte de turistas a través de extorsiones.


Stratfor recuerda que el 14 de marzo, un grupo de hombres armados mataron a siete personas e hirieron a otras cinco en un bar de esta ciudad; tres de los muertos eran líderes de la unión de taxistas de Quintana Roo.El 16 de marzo, las autoridades detuvieron a dos sospechosos de estar involucrados en los tiroteos. De acuerdo con uno de los detenidos, Héctor Cacique Fernández “El Diablo”, ambos pertenecían a Los Ze-tas y son responsables de cobrar las cuotas de extorsión en la zona hotelera de la ciudad.105

La extorsión se ha impuesto en Quintana Roo en gran medida porque la policía del estado está completamente corrompida. He aquí dos expresiones reveladoras:

Cancún, MX.- La Secretaría de Seguridad Pública de Cancún es una sucursal de la delincuencia organizada. Cerca de 600 elementos es-tán relacionados con las células delictivas que operan en la entidad a pesar de que constantemente se ha manejado desde el gobierno muni-cipal una ‘depuración’ de la corporación policíaca.Hoy en día, la policía preventiva del principal destino turístico del país, está inmersa en la corrupción y en la impunidad, sostiene un informe de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en De-lincuencia Organizada, SIEDO, sustentada por un trabajo de inteli-gencia militar realizado en el municipio.En dicho informe, se habla de que también la Procuraduría de Justicia del Estado, tiene por lo menos 200 agentes -sobre todo en Chetumal, Cancún y Playa del Carmen-, involucrados directamente con el crimen organizado.La información a la cual tuvo acceso los Diarios POR ESTO!, indica que cada elemento en promedio recibe una cifra de 3 mil a 5 mil pesos mensuales por parte de la delincuencia -en específico del cártel del Golfo- para realizar diversas ‘tareas’ y trabajos en beneficio de este grupo criminal.106

Chetumal.- El titular de la 34 Zona Militar con sede en esta ciudad, Anastasio García Rodríguez pidió aplicar pruebas de control y con-


fianza a toda la policía de Cancún, pues estimó que aproximadamente el 90 por ciento de los agentes podría tener vínculos con el crimen.El funcionario castrense aseguró que de acuerdo con las nóminas y otros documentos del crimen organizado hallados por el Ejército, se encontraron datos que involucran a un importante número de agen-tes policiacos de esa ciudad.‘Ahí están las nóminas de lo que reciben los policías (de parte del crimen) empezaron primero con 450 elementos, luego subió a 550, 750 y luego a 850 y si tienen 900 elementos operativos se puede decir que casi todos tienen algún nexo con la delincuencia, distribuidos en los catorce sectores (de Cancún) contando a Leona Vicario y Puerto Morelos’, precisó el jefe militar.García Rodríguez informó que la infiltración del crimen también afecta al resto de las corporaciones policíacas del estado pero el prin-cipal problema se tiene con los uniformados de Cancún, cabecera mu-nicipal de Benito Juárez.107

El comandante de la 34 Zona Militar, Anastasio García Rodríguez, polémico por declarar que el 90 por ciento de la Policía de Cancún está infiltrada por el crimen organizado, dejará la titularidad de este sector del ejército, con bases en Chetumal, Cancún y Cozumel; de acuerdo a fuentes confiables.108

El presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, aceptó tácitamente que su Policía es corrupta, al revelar que mantiene en la corporación a por lo menos 150 malos elementos que están en las calles pese a no estar en condiciones de prestar el servicio de Se-guridad Pública a la ciudadanía, la justificación del munícipe es que “no tiene dinero” para liquidarlos, aun cuando apuntó, pueden habar todavía más elementos en esta misma condición.La Policía de Cancún fue señalada como un centro de corrupción hace apenas unos meses por mandos castrenses destacamentados en Quintana Roo, y esta acusación alcanzó la atención nacional, cuando el propio Ricalde protestó por las declaraciones de los militares.”109


La Policía Municipal detuvo a dos sujetos quienes dijeron llamarse Domingo Árias Pérez, de 23 años, originario de Tabasco, de ocupación policía preventivo y Carlos Adrian Aguilar Caballero, de 28 años, origi-nario de Quintana Roo, de ocupación policía preventivo, por el delito de violación, en agravio de la menor I.R.V., de 12 años, en la Supermanza-na 72, Manzana 05, de esta ciudad, según un boletín de prensa.110

Es cierto que gran responsabilidad sobre la corrupción de los poli-cías de Cancún recae sobre quienes han sido presidentes municipales del puerto, pero también la hay responsabilidad en el gobierno local.

¿En dónde estaban Félix González Canto y Roberto Borge Angulo mientras la extorsión y el secuestro crecían explosivamente en Can-cún y otros puntos del Estado? ¿por qué permitieron que se consoli-dara la corrupción de la policía?

Ambos, González Canto y Borge Angulo, pertenecen a la misma facción del ex gobernador Mario Villanueva Madrid (1993-2009), quien estuvo preso 9 años en México y acaba de recibir una senten-cia menor en Estados Unidos por su colusión con el Cártel de Juárez, cuando era mandatario estatal. Él fue quien sembró la podredumbre de la policía en Quintana Roo y sus más recientes sucesores al pare-cer tratan de preservar el sucio legado de “El Chueco”.

Así es como se hermanan el “viejo PRI” y el “nuevo PRI”…

Estado de México: singulares e inexplicables operadores

Entre las peores imágenes de la violencia que ha golpeado a Mé-xico, destaca la de los 24 cadáveres hallados el 12 de septiembre de 2008 en el parque nacional La Marquesa del Estado de México.

No sólo resultaba atroz el que las víctimas fueran personas ino-centes (humildes albañiles) ni su número, sino además la manera en que fueron atormentados y llevadas a la muerte:

El primer domicilio de dos plantas servía también como casa de segu-ridad y laboratorio clandestino para procesar drogas sintéticas para


la célula de los hermanos Beltrán Leyva que comanda el matón Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Cuando lo catearon el 20 de octubre, con una orden del juzgado Tercero de Distrito en materia penal con residencia en Naucalpan, peritos en balística, fotografía, química, in-geniería, criminalística y arquitectura todavía encontraron trozos de cinta canela con cabello humano, así como manchas de sangre (que no resistieron una prueba simple de luminol) en la alfombra y las paredes de varias habitaciones.(…)La conclusión fue simple en este amargo episodio: a los cautivos los molieron a palos. Les querían quitar la vida lentamente quebrándoles los huesos y reventándoles el corazón. La sangre, una mancha tras otra en los pisos o en la alfombra, y los mechones de pelo arrancado a las víctimas llevaron a casi todas las recámaras. No hubo clemen-cia para ninguno. Los narcotraficantes favorecían la propagación del terror.Fue una orgía de horror. Los tenían de pie, atados de manos, con lo ojos vendados, amordazados con cinta canela, con los pies amarrados, pegados a la pared.111

Pero ¿en qué contexto se dio esta masacre?, ¿por qué se dio?, ¿cuál fue la trama que tuvo tan trágico resultado?

La trama se fue develando pocos días después de la matanza. Reforma reveló:

Acusan nexos con narco de ex delegado en Edomex(19-Sep-2008).-REFORMA / StaffEl ex delegado de la PGR en el Estado de México, José Manzur Oca-ña, fue señalado en declaraciones ministeriales como presunto pro-tector de actividades del narcotráfico por un narcomenudista local convertido en testigo protegido, confirmaron fuentes federales.El testigo protegido, de nombre “Noé”, fue asesinado y su cuerpo apareció en La Marquesa el pasado 21 de agosto junto con otros dos


agentes federales. [Nota: Esta matanza es distinta de la del 12 de septiembre de 2008]Según las declaraciones ministeriales Manzur Ocaña y funcionarios locales del Gobierno del Estado de México estarían involucrados en el cobro de protección a integrantes de grupos como “Los Zetas” y “La Familia”, que han repuntado su actividad en el Estado de México en las últimas semanas.Manzur Ocaña dejó de ser delegado de la PGR hace dos meses. Había sido nombrado en agosto de 2007. Según fuentes federales ahora está ilocalizable. Un mes después de que Manzur Ocaña fuera nombrado delegado de la PGR en el Estado de México, su medio hermano José Manzur Quiroga, renunció a su cargo de subsecretario de Gobierno estatal [Nota: Hasta el 8 de marzo de 2012 en que pidió licencia como diputado local, Manzur era el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local del Estado de Méxi-co, por decisión de Enrique Peña y Eruviel Ávila y también por decisión del primero candidato a diputado federal].Fue sustituido por Luis Miranda, quien ha sido investigado por la PGR por presuntos delitos cometidos durante la administración del Gobernador Arturo Montiel y quien tiene además una denuncia ante la Procuraduría mexiquense acusado de abuso de autoridad y coali-ción de funcionarios contra la disidencia magisterial.Los Manzur son conocidos por sus amplias relaciones políticas y per-sonales con personajes mexiquenses, principalmente del denominado Grupo Atlacomulco. Gozan de gran cercanía con el actual Secretario de Gobierno, Humberto Benítez Treviño.Manzur Ocaña fue retirado de la delegación de la PGR el pasado 6 de julio.De acuerdo con reportes federales, la red de protección federal y estatal al narcotráfico en el Estado de México, quedó al descubierto cuando un distribuidor de droga del Valle de Toluca, de nombre ‘Noé’ decidió colaborar con la PGR y abandonar sus complicidades con el narco.


‘Noé’ era el responsable de cobrar la ‘renta’ a todos los narcomenudis-tas del Valle de Toluca y, según su dicho asentado ministerialmente, entregaba el dinero a Manzur Ocaña y a policías y funcionarios loca-les, cuyos nombres no están revelados.El testigo protegido dijo también que cuando en agosto de 2007 Man-zur llegó a la Delegación de la PGR, repuntó la presencia en Toluca de Los Zetas.112

Ante la información que lo ligaba con el ex delegado de la PGR, Enrique Peña Nieto sólo dio evasivas:

Sobre el ex delegado de la PGR, ¿qué nos dice del señor Manzur?, se le preguntó mientras salía de Palacio Nacional al término del consejo.‘No tengo nada que comentar’, contestó.¿Hay alguna cosa de dónde está?, se le insistió.‘No tengo nada. No conozco nada’, evadió.¿Y sobre los vínculos de algunos funcionarios en su estado con el narcotráfico?‘Bueno, está la investigación en curso y de los avances que se tengan serán ustedes informados’, atajó.113

Por su parte el entonces Secretario de Gobierno de Enrique Peña y ex Procurador General de la República, Humberto Benítez Trevi-ño, reaccionó:

Le exijo a la PGR que ahonde en esta investigación hasta que llegue a sus últimas consecuencias.Y que una vez que la haya agotado, que acredite si Humberto Benítez Treviño tiene alguna responsabilidad o no, pero no voy a permitir que se involucre mi nombre en este tipo de conjeturas”, afirmó Benítez tajante.El funcionario, quien dijo ser el único mexicano en el País en haber sido tres veces procurador, una en el Edomex, otra en el Distrito Fe-deral y una más en la PGR, cuestionó la filtración de una denuncia en los medios de comunicación, sobre todo viniendo de un delincuen-te convertido en testigo protegido de la PGR.


Me molesta que ande circulando una supuesta información de un testigo protegido que no tiene ninguna veracidad.114

Por su parte El Universal, el 14 de octubre de 2008, arrojó más luz sobre la maraña en medio de la cual se había dado la masacre:

Fuentes del gobierno estatal y de la Procuraduría de Justicia que pi-dieron no ser identificadas revelaron que este escenario de violencia se debe a que “la plaza fue vendida por altos mandos políticos y operati-vos de seguridad a dos cárteles distintos que se disputan el control, y la irrupción de un tercero que también busca su tajada: La Familia”.La venta por autoridades corrompidas habría iniciado hace al menos dos años, aseguraron.

El testigo protegido cuyo testimonio Humberto Benítez trataba de desacreditar, literalmente sabía demasiado:

’Antes de ser asesinado, y en su calidad de testigo protegido, Noé Sánchez escribió una carta que pretendía enviar a Noticieros Televi-sa: Siendo originarios del Estado de México nos dirigimos respetuo-samente a usted para denunciar la problemática del narcotráfico en la entidad mencionada. [ ... ] Somos un grupo de personas las cuales nuestros hijos han caído en las promesas (de) gente dentro del gabi-nete del señor gobernador Enrique Peña Nieto (que) tiene nexos con el narcomenudeo y además reclutan (a) jóvenes que por la ansiedad de ganar dinero fácil caen en esa red que ellos controlan y dirigen. [...] Quienes no se someten o aceptan pagar renta o protección poli-ciaca, llámese ministerial, municipal o federal (AFI, PR PGR), ahora han coludido sus actividades delictivas uniéndose a otra organización criminal llamada La Familia Michoacana, quienes se encargan de tor-turar, secuestrar, matar y amenazar a los demás jóvenes reclutados que desobedecen a ese grupo delictivo. Hacemos mención de algunos nombres de ellos: José Manzur (ex delegado de la PGR en Toluca), Humberto Benítez Treviño, Pedro Guevara, Faustino Piña, coman-dante Huerta, comandante Ingacs (Ingals)... Todos ellos son algunos de los que controlan y brindan protección a los narcomenudistas y


distribuidores en las localidades de Metepec, Zinacantepec, Lerma, San Mateo Ateneo, Calimaya, Lerma, Ixtapan de la Sal y Tenango’:15

En sus declaraciones ministeriales el testigo protegido relató hechos como estos:‘Una vez que expliqué a Manzur Ocaña qué hacía con la policía mi-nisterial, me contó que tenla relación con todas las corporaciones po-liciacas federales, estatales y municipales, que él podía coordinar todo lo de la venta de droga en tienditas, piratería y el robo en general, para que me brindaran protección y no fuera molestado.’116

Ante el asesinato de Noé Sánchez sus familiares declararon: “las au-toridades del Estado de México no le perdonaron que haya delatado toda la red de narcotráfico que protege el gobernador Peña Nieto.117

Pero no era Manzur el único personaje turbio relacionado con el entonces gobernador Enrique Peña:

Ese año, La Familia tomó otra decisión: eliminar a algunos jefes de las policías mexiquenses relacionados con Los Zetas y que se hablan dedicado a reventar las tiendas de droga de la Plaza Toluca, que capos michoacanos hablan comprado en una extraña negociación por varios millones de pesos a la delegación de la PGR.El primer objetivo fue un policía pariente del gobernador Enrique Peña Nieto: el comandante Cuitláltuac Ortiz Lugo, ese momento alto funcionario de la PGJEM, a quien incluso se habla involucrado en el robo de un cargamento de precursores para producir drogas sintéti-cas, armas y tres millones de dólares de la casa de seguridad de un cártel que operaba en la zona residencial de Ciudad Satélite, Nau-calpan, aunque nunca hubo ninguna investigación oficial. El tema terminó por enterrarse y se acabó de tajo cuando Ortiz Lugo murió en un muy extraño accidente automovilístico en las primeras horas de la mañana -como se relató en capítulos anteriores-, saliendo de su residencia en el municipio de Atlacomulco.Desde septiembre de 2008, la revista Proceso había investigado: ‘Re-portes de inteligencia consultados indican que cuando el gobernador


Peña Nieto habilitó a Cuitláhuac Ortiz, su sobrino político, como director de la policía ministerial, en poco tiempo este funcionario co-menzó a controlar los puntos de venta de droga. [...] Las investiga-ciones de la PGR establecen que Ortiz, actualmente en funciones, operaba al amparo o en complicidad con José Manzur Ocaña, quien hasta el 6 de julio pasado era delegado de la PGR […] y es ahijado de Humberto Benítez Treviño’.”Sin embargo, La Familia modificó sus planes porque, por tratarse de un personaje cercano a Peña -se enteraron de que era familiar direc-tos-, la seguridad de Ortiz Lugo exigía planear un atentado sobre otras bases y llevaría más tiempo. Así, los michoacanos decidieron eliminar al guardaespaldas del comandante Ortiz Lugo, el policía mi-nisterial Braulio Nicolás Hernández Zúñiga.118

Asimismo el 27 de noviembre de 2010 fue detenido Luis Manuel Becerril Mina, entonces director de seguridad pública en Bahía de Banderas, pero que había sido director de la policía ministerial en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Becerril era pieza clave de la amplia red de protección al narcotráfico en el Estado de México para allegarse fondos para financiar las aspiraciones de “el patrón”:

Becerril fue detenido luego de que el Juzgado Séptimo de Distrito en Jalisco obsequió una orden de aprehensión en su contra en la causa penal 350/2010, en la que se acusa al funcionario de tener nexos con Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.Según la indagatoria ministerial PGR/SIEDO/UEIDCS/302/2008 en la que se basó el juzgado, una testigo de la Procuraduría General de la República (PGR) a la que se identifica como Claudia asegura que Becerril estuvo implicado en el multihomicidio cometido el 12 de septiembre de 2008.Becerril fue nombrado director general de la Policía Ministerial mexiquense en mayo de 2008, cargo que ocupó sólo ocho meses. Y fue precisamente durante su gestión cuando se cometió la matanza en el paraje mexiquense.


La testigo protegida, quien resultó ser cómplice del cártel de los her-manos Beltrán Leyva, menciona que Becerril y José Manzur Ocaña, entonces delegado de la PGR en el Estado de México, tenían nexos con ese grupo criminal. Hasta ahora, Manzur ha logrado evadir a la justicia.En su testimonio Claudia relata que La Barbie le pagaba a Becerril para que protegiera a sus operadores en el Estado de México y lo hacía a través del delegado de Aprehensiones de la procuraduría mexiquen-se en Ciudad Nezahualcóyotl, Rafael Ramírez Jaimes. Incluso asegu-ra que fue Becerril quien le dio esa información.119

En resumen y según las investigaciones tanto de la PGR como las periodísticas:

• Enrique Peña y Humberto Benítez tensaron al máximo su in-fluencia política para que Manzur fuera hecho delegado de la PGR, cosa que consiguieron en 2007.

• Manzur centralizó todas las fuerzas del gobierno tanto locales como federales (a su alcance) para la venta de protección a los grupos de narcotraficantes y también a bandas que cometían otros delitos.

• Manzur y toda su red política y policial permitió que la organi-zación de los Beltrán Leyva tuvieran un santuario en el Estado de México y en particular en el municipio de Huixquilucan (a donde fueron llevados las 24 víctimas de la masacre de La Marquesa tras ser secuestradas).

• Pero Manzur vendió la plaza también a La Familia. Ante la ausencia de un árbitro responsable, los grupos criminales diri-mieron sus diferencias con el modo acostumbrado. Las 24 víc-timas de La Marquesa fueron confundidas por sicarios de los Beltrán Leyva con sicarios y narcomenudistas de La Familia. Esta organización después les aclaró con mofa a sus rivales que las víctimas no eran de su organización, que eran inocentes.

• El desparpajo de vender repetidamente la plaza y los proble-


mas de violencia que acarreó, respondieron al imperativo de Manzur de recaudar la máxima cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible. Según investigadores que participa-ron en las pesquisas del caso, una línea de investigación sobre el particular es el que el dinero podría tener como destino un fondo para financiar las aspiraciones presidenciales de Enri-que Peña.

Hoy Manzur sigue prófugo de la justicia y se le perdió la pista desde julio de 2008. Según esos mismos investigadores, existe la po-sibilidad que Manzur esté muerto, que haya sido asesinado, como muchos otros de los involucrados en esta sórdida trama.

Humberto Benítez Treviño ha seguido gozando de impunidad. Fue hecho diputado federal y como tal trató de modificar la ley para castigar a las víctimas de secuestro que pagaran rescates. Al inicio del nuevo gobierno, fue premiado por Enrique Peña con la titulari-dad de la Procuraduría Federal del Consumidor, hasta que fue de-puesto tras un incidente de arbitrariedad contra los propietarios de un restaurante, a instancia de su hija.

Respecto a sus relaciones con Manzur, Enrique Peña, entonces gobernador del Estado de México y hoy Presidente de la República, le sigue debiendo una explicación al país.

Y la contribución de los demás

y la contribución de los demás • 221

Los políticos del PAN no pueden arrojar la primera piedra

Sin menoscabar la responsabilidad de los gobernantes del PRI en los últimos 12 años, cabe reiterar que la responsabilidad central re-cae en el PAN, que durante ese tiempo tuvo el máximo puesto de responsabilidad política en México.

Sin atentar contra la lógica elemental, el reproche de los políticos panistas de que la crisis de seguridad fue resultado de la herencia que el Presidente Felipe Calderón recibió, antes que dirigirse hacia los gobiernos federales priistas debía dirigirse a su antecesor inme-diato, al también panista Vicente Fox Quesada.

Tras dejar la Presidencia de la República, Fox Quesada sufrió una aparente transformación, como si un rayo lo hubiera tirado de caballo camino a Damasco y se convirtiera en ferviente promotor de la legali-zación de las drogas y crítico de la estrategia que siguió Calderón Hino-josa. Ya en la Administración de Enrque Peña, a Fox Quesada se le pasó mucho del furor de activista en pro de la legalización del narcotráfico.

Pero ese activismo del guanajuatense no fue sino una cortina de humo para tratar de encubrir su grave responsabilidad en la crisis de inseguridad y violencia que sufre el país. Si él hubiera cumplido con sus obligaciones legales, la situación de México sería distinta. En no pocos países civilizados, la conducta del ex presidente Vicente Fox lo habría llevado a enfrentar sanciones cuando menos adminis-trativas.

222 • y la contribución de los demás

Las peores acciones y omisiones del ex presidente Vicente Fox en la materia, que contribuyeron decisivamente a la crisis en curso, fueron:

1. El pecado original de los turbios orígenes del financiamiento de su campaña electoral que lo llevó al poder, así como sus relaciones con sujetos investigados por el gobierno estadouni-dense por lavado de dinero.

2. La fuga de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo Guzmán” de una prisión federal de máxima seguridad y la presunta pro-tección para que se convirtiera en el máximo capo de México.

3. Continuar con la política de perseguir a unos delincuentes y favorecer así a sus rivales.

4. Proseguir con la política de dejar que los criminales se maten entre sí y capturen las corporaciones policiales.

5. Negarse a actuar contra autoridades locales de alto nivel colu-didas con los grupos criminales.

6. Permitir que las prisiones federales de alta seguridad se con-virtieran en nichos de corrupción.

7. Ser indiferente ante la problemática de seguridad pública del país.

8. Negarse a iniciar la reforma del sistema de justicia penal en el país, en particular de las policías y con énfasis en su integri-dad y eficiencia.

9. Tolerar a los grupos terroristas.10. Rodearse de colaboradores incompetentes y/o corruptos.

El pecado original

Aunque hubo sanciones por el financiamiento ilegal a su campa-ña electoral, aún no está claro quiénes eran exactamente Los Amigos de Fox, salvo algunos, entre ellos William Karam Kassab, un empre-sario, que tras el triunfo del panista, gozó del derecho de picaporte a las oficinas del Mandatario y de Martha Sahagún.


Karam figura en un reporte de una agencia de inteligencia anti-drogas de Estados Unidos, que es parte de una investigación practi-cada a la familia Hank por sus presuntos vínculos con el narcotráfi-co. En dicho reporte se dice lo siguiente sobre este personaje:

Paul Karam Kassab y algunos de los miembros de su familia son coin-versionistas en bienes raíces y algunos negocios con el grupo Hank. De acuerdo con fuentes confiables, más de 50 millones de dólares han sido depositados en bancos suizos por Karam Kassab. Estos depósitos están relacionados con el Grupo Hank. Además entre 1978 y 1990, algunos depósitos de dinero fueron hechos por Karam en algunos ca-sinos de Estados Unidos. Un total de 159 millones de dólares en re-portes CTR fueron informados.En el mismo mes (abril de 1996) se reportó a la DEA, lo cual fue corroborado por una fuente independiente, que en 1994 cincuenta millones de dólares fueron transferidos desde Interacciones Casa de Bolsa, de la cual 67 % es propiedad de Carlos Hank, a cuentas de la familia Karam Kassab la cual está clasificada por la DEA Houston Field División como lavadora de dinero. La fuente dijo que no era posible que una cantidad muy grande de efectivo haya salido de In-teracciones Casa de Bolsa sin la aprobación de Carlos Hank Rhon.120

La fuga de “El Chapo Guzmán” y su protección

La fuga de Joaquín Guzmán del penal federal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco en 2001, es definido por Anabel Hernán-dez como “una historia de complicidad, corrupción y encubrimien-to”, una confabulación en la que “estaban involucrados el director general de Prevención y Readaptación Social Miguel Ángel Yunes” y Jorge Tello Peón, Subsecretario de Seguridad Pública, además de consejero de cabecera de Fox y de Calderón.121

Pero la fuga de “El Chapo” no fue fortuita. La idea de que huyó para, después, convertirse en el máximo capo en un par de años, es


falsamente cándida. Hoy queda claro que fue excarcelado para in-tentar otra vez el sueño de algunos políticos mexicanos de crear una sola organización de los narcotraficantes en México.

Escribe Anabel Hernández en su obra “Los señores del narco”: El revigorizado cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín Guzmán Loera, recién salido de la prisión, comenzaba a mostrar la fuerza de su impunidad. La fuerza se la daba no sólo la protección del gobierno federal. El Chapo no estaba solo, era el gerente de una ambiciosa or-ganización criminal recién bautizada como La Federación, que aglu-tinaba a los principales capos de la organización del Pacífico.En octubre de 2001 se llevó a cabo en Cuernavaca y en el Distrito Federal un concilio histórico entre los miembros de la organización del Pacífico.(…) En el encuentro participaron más de 25 narcotraficantes, entre ellos los líderes: Ismael El Mayo Zambada, Vicente Carrillo Fuentes, Vicente Zambada Niebla, Ignacio Coronel Villarreal, Marcos Arturo Beltrán Leyva y Alfredo Beltrán Leyva, en representación de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul. También acudieron Armando Valencia Cornelio y un representante de la organización de los Amezcua.122

La situación es muy simple, de no haberse permitido la fuga de Joa-quín Guzmán, no haberle dado protección y no habérsele asignado la tarea de intentar someter a todos los demás narcos, no habríamos tenido una “guerra por Tijuana”, “una guerra por Juárez” o una “guerra por Tamaulipas.

Perseguir a unos delincuentes y favorecer así a sus rivales

El gobierno de Vicente Fox presumió de haber hecho contra el narcotráfico lo que nunca se había hecho. En realidad hizo lo que hicieron sus predecesores: perseguir a unos criminales para simular y favorecer así a los contrarios. Realmente Fox Quesada persiguió a Osiel Cárdenas el máximo líder del Cártel del Golfo y a los herma-


nos Arellano Félix, al grado de que el primero y Benjamín Arellano Félix ahora están presos en Estados Unidos, pero no hubo acciones equivalentes para La Federación, los socios de El Chapo.

De nuevo cabe citar a Anabel Hernández en referencia a la cum-bre de narcos en la que se fundó La Federación.

El tema central de la mítica reunión convocada por El Chapo en Cuernavaca y el Distrito Federal era la ordenación de las bandas del Pacífico y su aglutinamiento en una organización nacional donde todos sumaran los esfuerzos individuales para el tráfico, traslado y acopio de droga. Así, se planteó la necesidad de planear el exterminio de los hermanos Arellano Félix, con quienes Guzmán Loera había ini-ciado una guerra en la década de 1990 que aún no olvidaba. Durante el sexenio de Vicente Fox, El Chapo contempló la muerte y la caída del imperio de sus enemigos con la ayuda del gobierno federal y con la información que él mismo había filtrado a las agencias de Estados Unidos cuando estaba en prisión.En la primavera de 2002 la organización de los Arellano Félix comen-zó a ir en picada debido a los golpes asestados en el sistema nervioso y en el corazón del cártel.123

Proseguir con la política de dejar que los criminales se maten entre sí y capturen las corporaciones policiales

Si unos delincuentes eran perseguidos y otros no y además había carta blanca para que los criminales se mataran entre sí, tanto los favorecidos como sus rivales terminaron por comprender que no tenían porqué limitarse en el uso de la violencia. Tampoco admitie-ron otros límites: no matar agentes del orden, no agredir personas inocentes, no capturar corporaciones policiales completas y sólo a sus jefes corruptos.

En la capacidad de violencia la responsabilidad de Fox Que-sada es enorme, porque es inimaginable que a partir del 1 de di-


ciembre de 2006 los capos de pronto hayan decidido masacrarse. Bajo los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo fueron ase-sinadas unas 4,500 personas en ajustes de cuentas entre grupos criminales.

Pero sólo bajo el mandato de Fox la cifra de muertos subió a 10 mil. Al final del sexenio foxista la violencia escalaba velozmente en Michoacán y Guerrero.

Pero además, el favoritismo del gobierno de Vicente Fox hacia determinados capos ni siquiera significó que contra los otros se ac-tuara eficazmente para desmontar sus maquinarias de matar. Lejos de eso los “ejércitos” del Cártel del Golfo, Los Zetas y el Cártel de Tijuana se fortalecieron como nunca y ni que decir de las bandas de sicarios de los favoritos. Así se armó la bomba de tiempo que le estalló en la cara a Felipe Calderón cuando llegó a la Presidencia de la República.

Quizás cuando Vicente Fox era Presidente ya no creía en la guerra contra las drogas.

Pero si tal era su creencia tendría que haber renunciado a su in-vestidura, pues al tomar posesión juró cumplir y hacer cumplir las leyes.

Pero independientemente de lo que Fox creyera o no sobre la pro-hibición de las drogas, lo que es inadmisible es tolerar -como hizo él- la violencia, los levantones, la tortura, las desapariciones, el ase-sinato.

Y respecto a la captura de las policías por los grupos criminales también hubo una grave responsabilidad del entonces Presidente Vicente Fox.

Cuando en julio de 2006 la PGR detuvo a casi todos los inte-grantes de la policía municipal de Apatzingán, Michoacán, por estar al servicio de Los Zetas, el gobierno sabía que la situación era muy similar en decenas de municipios más de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa y Tabasco ¿Por qué


esas policías no fueron intervenidas? Por que a Vicente Fox sim-plemente no le importó.

Negarse a actuar contra autoridades locales de alto nivel coludidas con los grupos criminales

Por la misma razón Vicente Fox tampoco quiso actuar contra los gobernantes locales que protegían a los grupos criminales. Ni si-quiera intentó acciones como las de Calderón Hinojosa.

Por supuesto, no le faltaba información de la colusión de los go-bernadores como los de Tamaulipas, ni de otros estados, que eran verdaderos santuarios de impunidad.

Y es que si Fox Quesada hubiera actuado tendría que haber comenzado por Guanajuato. Un ex colaborador cercano a Fox re-veló que mientras su ex jefe despachó en Los Pinos, residió en ese estado -muy tranquilo- y a unos pocos kilómetros del rancho San Cristóbal, Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, quien ha sido uno de los máximos capos del narcotráfico desde los años ochenta…

Permitir que las prisiones federales de alta seguridad se convirtieran en nichos de corrupción

Bajo el gobierno de Vicente Fox no sólo se escapó Joaquín Guz-mán de una prisión de alta seguridad, sino que varios penales re-produjeron muchos de los vicios de las prisiones convencionales: se vendían plazas de directores y otros cargos, se traficaban privilegios y hubo asesinatos, que se suponen era algo imposible.

Esto no hizo sino enviar una señal más a los criminales más peligrosos, la de que era posible desafiar al Estado y salirse con la suya, incluso cuando éste tiene -en teoría- sometidos a los criminales.


Ser indiferente ante la problemática de seguridad pública del país

Tras celebrarse la marcha del 27 de junio de 2004, la más con-currida en la historia del país, quienes la convocamos deman-damos a los diferentes niveles de gobierno respuesta al clamor nacional por la inseguridad pública ¿Qué fue lo que respondió Vicente Fox?

Tras de escuchar los reclamos y propuestas, se concretó a decir que el 95% de los delitos que ocurrían en el país eran del fuero co-mún y que correspondía prevenirlos y perseguirlos a los gobernan-tes locales. Se lavó las manos.

Olvidaba que había sido electo Presidente de la República y que en tal calidad encabezaba al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Un Presidente con un mínimo de sensatez y sentido de respon-sabilidad habría hecho valer el liderazgo que la ley le reconoce en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y habría propuesto a los gobernadores un plan para abatir el delito y la impunidad, con me-tas a cumplirse en plazos perentorios y con sanciones para quienes no cumplieran.

Al final de su mandato, el Presidente Felipe Calderón intentó al-go parecido a lo que desde 2000 venimos demandando. Es cierto que el incumplimiento de las metas de reducción del delito no da lugar a ninguna sanción.

Pero Vicente Fox ni siquiera intentó lo que promovió su suce-sor, si hubiera actuado de la manera como le exigimos, la actual crisis de seguridad sería de una magnitud considerablemente menor.


Negarse a iniciar la reforma del sistema de justicia penal en el país, en particular de las policías y con énfasis en su integridad y eficiencia

En el mismo sentido de lo anterior, Vicente Fox eludió su respon-sabilidad al no encabezar un esfuerzo real para reformar el sistema de justicia penal y en particular a las policías, muchas de las cuales estaban y están gravemente afectadas por la corrupción y la inefi-ciencia.

Durante su mandato, el Presidente Ernesto Zedillo dio los pri-meros pasos en ese sentido con la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y una depuración generalizada de las policías. Pero su sucesor, Vicente Fox no hizo su parte. Fue el Presidente Fe-lipe Calderón quien retomó el hilo, con todos los defectos que se quieran señalar.

Si esta reforma se hubiera realizado en tiempos de Fox, los gru-pos criminales habrían visto limitada su capacidad de violencia, al carecer del control de corporaciones policiales completas y nos hu-biéramos ahorrado buena parte de la terrible mortandad de los úl-timos años.

Tolerar a los grupos terroristas

De principio a fin de su mandato, Vicente Fox trató de complacer a los grupos que con pretextos ideológicos o políticos han optado por la violencia y la clandestinidad. En forma por demás insólita, la primera prioridad política de Fox al iniciar su gobierno fue tratar de “pactar la paz” con el “Ejército Zapatista de Liberación Nacional” (EZLN), como si se tratara de la cosa más importante para el país.

Asimismo, durante los cinco últimos meses del mandato de Vi-cente Fox, la ciudad de Oaxaca sufrió un motín, cuyos líderes rea-les eran jefes del terrorista “Ejército Popular Revolucionario” (EPR).


Fox Quesada dejó correr la revuelta que ya había rebasado la ca-pacidad de los gobernantes y las policías locales y fue en la última semana en que accedió a movilizar a la Policía Federal Preventiva para despejar vialidades, porque así lo exigió el entonces Presidente electo Felipe Calderón. Fox no se atrevió siquiera a detener a los líderes formales del motín; eso tuvo que hacerlo Calderón Hinojosa.

Durante el mandato de Vicente Fox los grupos terroristas come-tieron decenas de secuestros, por los cuales obtuvieron unos 70 mi-llones de dólares. De esos secuestros, sólo los responsables directos de cinco de ellos (integrantes de una célula del “Ejército Revolucio-nario de Pueblo Insurgente”, ERPI) fueron detenidos. La orden de Vicente Fox fue clara a toda el área de seguridad nacional: no tocar-les un pelo a los terroristas, no investigarlos, no detenerlos.

En noviembre de 2004 en la delegación Tláhuac del Distrito Fe-deral y con la complacencia de Andrés Manuel López y Marcelo Ebrard, una turba linchó a 3 policías y quemó vivos a 2 de ellos, que investigaban -desoyendo las órdenes presidenciales- a terroristas del EPR. Los linchadores fueron detenidos, no así los integrantes de la célula del EPR que instigaron el linchamiento.

Tan quería complacer a los terroristas y a la izquierda, que Vicen-te Fox desató una persecución legal en contra de agentes del Estado que habían participado en la represión de los terroristas en los años setenta, represión que ciertamente combinó las acciones legales con las criminales para aplastar la subversión.

Con todo esto Fox Quesada hizo una contribución más al clima de violencia del país. Alentados por la tolerancia gubernamental, los terroristas siguieron secuestrando. Uno de los autores de esta obra, Eduardo García Valseca, sufrió las consecuencias cuando fue plagiado durante 7 meses entre 2007 y 2008 por integrantes de una célula terrorista (aunque no se descarta que los verdade-ros autores hayan sido policías federales, con la complicidad de sus más altos jefes).


Rodearse de colaboradores incompetentes y/o corruptos

A la luz de los resultados y las desastrosas políticas de seguridad que diseñaron y aplicaron, los colaboradores de Vicente Fox en el área probaron ser, en los hechos, cuando menos altamente incom-petentes.

Ellos no dejaron un país mejor del que recibieron seis años atrás, sino uno con una seguridad pública a punto de colapsar. Es escan-daloso que esas personas entonces como ahora hayan visto premia-da su incompetencia con nuevas responsabilidades.

Pero no parece que todo haya sido producto de la ineptitud y en los casos de protección a criminales, esta nunca se practica por altruismo. El que no hayan trascendido las evidencias de ello es gra-cias a la operación de encubrimiento practicada por el gobierno del Presidente Felipe Calderón, en la que algunos lo que hicieron fue cubrir sus propias huellas.

De los colaboradores de Fox en el área los dos más cuestionados fueron Rafael Macedo de la Concha, procurador general durante la mayor parte del gobierno foxista y el director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna.

Si en el periodo presidencial de Vicente Fox, un capo de mediano pelo que huyó de prisión se convirtió en máximo capo, si se creó una organización criminal que trató de centralizar el narcotráfico y desató una primera “guerra” que duplicó las ejecuciones de los dos sexenios anteriores (los de Salinas de Gortari y Zedillo Ponce de León) y si crearon las bases para la gran violencia que estallaría en el sexenio de Calderón Hinojosa, eso fue porque Macedo de la Concha y García Luna lo permitieron, si no es que lo favorecieron. Pero no fueron los únicos. Con Fox Quesada las secretaría de Seguridad Pú-blica y Defensa Nacional no estuvieron acéfalas ni muchos menos…

Como ya se ha comentado, García Luna fue señalado por un se-cuestrador como protector de plagiarios. Esa información le fue en-


tregada a Vicente Fox en 2003 por José Antonio Ortega Sánchez y el entonces presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Jorge Espina.

El resultado no fue que se iniciara una investigación para confir-mar o desechar las imputaciones, sino una persecución contra José Antonio Ortega Sánchez y sus hijos, el intento de fabricarles delitos (secuestros).

Así es como Fox Quesad entendía la integridad y la lucha contra la corrupción.

Pero el PAN no puede arrojar la primera piedra sólo por la la-mentable administración de Vicente Fox. Militantes de ese partido fueron responsables de la conducción del país por 12 años consecu-tivos; además, de ese mismo partido han surgido gobernadores de diversas entidades y una de ellas, Baja California, desde 1989. Los gobernadores panistas de ese estado ha sido reiteradamente señala-dos de estar vinculados a los grupos criminales.

Bajo el gobernador panista de Chihuahua, Francisco Barrio Terra-zas (1992-1998), sucedió la primera “guerra” por Ciudad Juárez, la masacre mediante la cual la organización de Amado Carrillo Fuentes arrebató la plaza a la organización que encabezaban Rafael Aguilar Guajardo y los hermanos Muñoz Talavera. El asesinato de mil per-sonas, la desaparición de 200 más, todo fue contemplado por Barrio Terrazas, quien no movió un dedo para impedirlo, a pesar de que contó a partir de diciembre de 1995 con que el Procurador General de la República, Antonio Lozano Gracia, era un panista.

Éste tampoco mostró el menor interés por capturar a quien en-tonces era el máximo capo, Amado Carrillo y una buen día se ente-ró -no gracias a que lo hubiera investigado- que su jefe anti-drogas, el General de División Jesús Gutiérrez Rebollo, era un empleado del capo.

Y mientras Lozano Gracia no tenía suerte en dar con los capos y operadores de Amado Carrillo, su viejo amigo y socio, el ex candi-


dato presidencial panista, Diego Fernández de Cevallos tenía me-jor fortuna. En 2004 fue acusado por Martí Batres Guadarrama, hoy presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de haber recibido 5 millones de dólares del Cártel de Juárez y entregó a la PGR las evidencias de su imputación. Hasta el momento se-guimos sin ver a Batres teniendo que publicar desplegados en los periódicos para desdecirse de sus acusaciones.

Los gobernantes panistas no pudieron demostrar, en la práctica, que fueran una mejor opción que los priístas en seguridad pública.

Es cierto que ha habido gobernadores panistas que tuvieron más éxito en contener el crecimiento de la violencia, en comparación con gobernadores priístas, pero el resultado neto es que en ningún es-tado gobernado por el PAN se construyó un modelo de seguridad pública que mereciera el nombre. Y para construirlo, a los políticos panistas las oportunidades les sobraron…

Michoacán: un modelo izquierdista de narco-estado

La seguridad pública es, además de una garantía individual, un dere-cho humano fundamental. El texto constitucional lo consigna como una obligación de los tres ámbitos de gobierno, cuyo bien jurídico tutelado es la preservación de las condiciones de desarrollo integral para todos los habitantes del territorio nacional.En las condiciones de violencia que se viven en diversos sitios del país, la exigibilidad de este derecho se ha convertido en un clamor frente a los incesantes ataques de la delincuencia organizada y la respuesta desconcertada de la autoridad que ha generado una cantidad lamen-table de “víctimas colaterales”, decesos de ciudadanos inocentes cuyo único crimen fue encontrarse en un mal lugar en un mal momento.Consideramos indispensable transmutar el vigente concepto de pre-vención que guía las políticas en la materia. No coincidimos en que la prevención del delito deba estar centrada en la persecución y la coer-


ción, que únicamente han dado como resultado la caótica situación en la cual nos encontramos. Nos pronunciamos, al contrario, por una política de prevención que atienda los factores de riesgo que originan la delincuencia, los cuales se encuentran íntimamente vinculados al desarrollo integral de todos los sectores que constituyen nuestro gru-po social, tendentes a inhibir la comisión de conductas delictivas.Por lo anterior proponemos que todas las entidades de la administra-ción pública y los tres Poderes de la Unión deberán implantar accio-nes preventivas para el desarrollo integral de niños, jóvenes, muje-res, personas con capacidades diferentes, pueblos indígenas, adultos mayores y de cualquier grupo que se encuentre en situación de des-ventaja por alguna circunstancia específica; entendido el desarrollo integral como ‘el proceso sistémico económico, social, cultural y polí-tico, que garantice el mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan’.Estas acciones de prevención tenderán a elevar los niveles de educa-ción y abatimiento del analfabetismo, el ejercicio efectivo del derecho a la salud, la promoción del empleo productivo, la disminución de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, la promoción de la cultura de la paz y de una vida libre de violencia así como de la cul-tura de la legalidad y respeto a los derechos humanos.Por lo expuesto y fundado, congruente y comprometido en la construc-ción de un estado social democrático de derecho, someto a consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto.Artículo Primero. Se reforma la denominación del título octavo y se adicionan los capítulos II y III de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:Artículo 134 Sextus. Todas las entidades de la administración pú-blica federal deberán destinar al menos dos por ciento de los recursos presupuestales anuales a la implantación de programas integrales de


prevención, con excepción de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, las cuales al menos deberán desti-nar diez por ciento de su presupuesto anual para tales efectos.Capítulo IIIDe la Participación CiudadanaArtículo 134 Séptimus. La participación de los habitantes del territo-rio nacional en la Seguridad Pública tendrá como objetivo establecer mecanismos de cogobernabilidad y corresponsabilidad con las autori-dades y podrá realizarse a través deI. La comunidad, tenga o no estructura organizativa; yII. La sociedad civil organizada.

El texto anterior es parte de una iniciativa de reforma a la Ley Ge-neral del Sistema Nacional de Seguridad Pública que en diciembre de 2010 presentó ante la Cámara de Diputados, el diputado fede-ral por el Partido de la Revolución Democrática, Julio César Godoy Toscano, medio hermano del entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.

Con esta propuesta de imponer una cuota fija sobre el dinero de los contribuyentes para “prevenir el delito”, es decir de repartir sub-sidios para que así los pobres delincuentes ya no se vieran obligados a delinquir, así como con su propuesta de “cogobernabilidad”, Julio César Godoy lo que buscaba era reproducir para el país entero el modelo que en Michoacán puso en práctica en sociedad con el gru-po criminal “La Familia” y bajo el gobierno de su hermano Leonel.

Los políticos del PRD podrán decir mucho de cómo sería el país si ellos tomaran el poder, pero las palabras sobran, pues en Michoa-cán ya demostraron en la práctica lo que en realidad sucedería: la instauración de un “Estado gángster”.

En Michoacán bajo los Godoy, aunque el proceso ya venía desde el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, “La Familia” se convirtió pri-mero en un poder paralelo al formal en varios municipios y después en el poder real en decenas de ellos.


Como cita William Finnegan en su reportaje sobre “La Familia”:’Son una segunda ley’, dijo un maestro de escuela en Zitácuaro de La Familia. ‘Tal vez la primera ley’.124

Según el estudioso estadounidense George W. Grayson, “La Fa-milia” estableció una “soberanía dual”, que “en caso de Michoacán, esto significa que paralelamente al gobierno electo se encuentra un narco-gobierno que genere empleo (en el cultivo y procesamiento drogas), mantiene el orden (represión de cárteles rivales), realiza funciones cívicas (repara iglesias) y cobra impuestos (extorsión de empresarios).”125

Si en alguna entidad federativa se puede hablar de Estado fallido, esa es Michoacán, incluso todavía más que Tamaulipas. “La Fami-lia” o su escisión “Los Templarios” han usurpado los dos monopo-lios del Estado: el de la violencia y el de las exacciones.

Al respecto, en el mismo reportaje de Finnegan se lee la cínica declaración de un colaborador de Leonel Godoy:

’La Familia es muy hábil para la recaudación de impuestos’, uno de los asesores del ex gobernador me dijo. ‘Mucho mejor que el fisco’.

Un documento interno de la Secretaría de Seguridad Pública Fe-deral da cuenta de cómo y por qué “La Familia” es más eficaz que el gobierno para las exacciones:

De acuerdo con el documento de la SSP, para solventar su nómina y gastos de operación, La Familia Michoacana aplicó el cobro de cuotas en diversos ramos, entre ellos el minero.En ese rubro exigía a las empresas mineras 1.5 dólares por tonelada de fierro enviada a compañías asiáticas, y a los ganaderos un dólar por cada kilo de carne puesto a la venta, se describe.También imponía a los productores del campo, agricultores e inter-mediarios diversos porcentajes por cada tonelada de aguacate, limón y otros productos.Se apropiaba de los bienes de morosos que debían por concepto de dro-gas”, además de que obtenía recursos de fiestas populares, corridas


de toros, peleas de gallos y conciertos masivos”, y reclamaba dinero a establecimientos comerciales para “protegerlos”.Los integrantes de esa organización criminal también cobraban por recuperación de préstamos, pues quitaban 30 por ciento al prestamis-ta y un porcentaje igual al moroso, además de que habían establecido una cuota de 30 por ciento por recuperación de terrenos.126

El ya citado George W. Grayson, señala:La extorsión también engorda las cuentas bancarias secretas de La Familia. El propietario de un negocio de la madera cerró sus opera-ciones y despidió a los trabajadores en lugar de pagar los $600 por mes que el sindicato exigía. La Familia adquiere recursos mediante la venta de protección a los comerciantes, madereros, bandas locales, los pequeños vendedores de medicamentos y buhoneros ambulantes. Toma represalias contra los vendedores de la economía informal, cuya ropa de contrabando, CDs, películas y otros artículos que no son por-tadores de la “M” logo proporcionado por el cartel. (…) Mientras que el 20 por ciento de la mano de los empresarios a nivel nacional pagan protección a los cárteles a cambio de protección, la cifra se cree que es sustancialmente mayor en Michoacán.127

Reforma reportó así en 2009:Al menos en su estado de origen, ‘La Familia Michoacana’ se parece cada vez más a un gobierno.El grupo criminal tiene un sistema de recaudación basado en la ex-torsión, asigna escoltas a alcaldes y recibe antes que nadie reporte de denuncias de secuestros y cuando esto ocurre ellos ejecutan al plagia-do. Para cortar evidencias, mantiene también una nómina de policías que sirven como protectores.El 6 de diciembre de 2008, el testigo protegido ‘Ricardo’ dio idea a la PGR de cuáles son las rutinas de esta banda.’El comandante Dimas, del área Antisecuestros de Michoacán, re-cibía la cantidad de 10,000 dólares a cambio de información de los levantones realizados por ‘La Familia’ y que fueran denunciados por


los familiares de las víctimas del secuestro, ya que si éstos denuncia-ban ante la Procuraduría, éste informaba a la organización delictiva, para inmediatamente ejecutar al secuestrado’, declaró.128

Cuando Leonel Godoy asumió la gubernatura se denunciaron 67 se-cuestros en Michoacán y en 2011, año previo a su separación del cargo, se denunciaron 218 plagios. Pero muchos secuestros, quizás la mayoría, ni siquiera se denunciaron, pues era un secreto a voces que la procuraduría del estado estaba al servicio de ‘La Familia’.Entre los años 2000 y 2011, 48 víctimas de secuestro fueron asesina-das en Michoacán, la mayoría a manos de matones de ‘La Familia’.

Otra de las fuentes de ingresos de “La Familia” ha sido la minería ilegal:

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a empresas internacionales establecidas en México que compraron a La Familia michoacana 1.1 millones de toneladas de mineral de hierro con un valor de 42 millones de dólares.El material se exportó a China y fue extraído ilegalmente de la zona serrana de Michoacán por esa organización criminal.129

Toda esta actividad criminal ‘La Familia’ la realizó con gran violen-cia. En 2008, año en que Leonel Godoy tomó posesión se registraron 565 homicidios, frente a 852 en 2011: 51%.Y este proceso de violencia y depredación fue realizado gracias a que los hermanos Godoy usaron todo su poder político en favor de ‘La Fa-milia’. Más que ello: le entregaron a Michoacán en bandeja de plata.

Como ha quedado establecido en las grabaciones de conversa-ciones y otras evidencias, Julio César Godoy no sólo lavaba dinero y vendía protección a La Familia: era parte de la organización, más todavía, era uno de sus jefes. El “Comandante Godoy”, como lo co-nocían sus socios de “La Familia”, ordenó personalmente el asesina-to de 12 policías federales en Michoacán en julio de 2009, como parte de una táctica de intimidación dirigida hacia el gobierno federal.

Pero lo que Julio César hacía, lo sabía y avalaba plenamente Leonel.


Y los dirigentes tantos locales como nacionales sabían lo que ocu-rría en Michoacán y no hicieron ni el menor intento por, ya no diga-mos denunciarlo, sino cuando menos moderarlo. Todo lo contario los líderes perredistas defendieron a Julio César hasta el final pese a que las evidencias en su contra ya eran públicamente conocidas. Lo metieron de contrabando al Palacio Legislativo para que tomara protesta como diputado federal y así obtuviera el fuero. A los líderes perredistas lo único que les interesaba era que los hermanos Godoy salieran impunes y…lo lograron.

La única razón por la cual al PGR no hizo efectiva la orden de aprehensión contra Julio Cesar y no desató una persecución legal contra Leonel como estaba obligada, fue la decisión de Felipe Cal-derón de encubrir al entonces gobernador, para con ello facilitar la alianza electoral con la izquierda por la Presidencia de la Repúbli-ca, con la cual el inquilino de Los Pinos estaba obsesionado. De he-cho los líderes nacionales perredistas condicionaron toda posible alianza a que ni se detuviera a Julio César ni se procediera contra Leonel.

Lo que vino después no fue mejor. La elección local de 2011 fue decidida, por primera vez en la historia del país, por un grupo criminal, el cual optó cambiar de protectores e hizo triunfar al can-didato a gobernador del PRI, mediante el uso intensivo de la inti-midación.130

La aberrante conducta del PRD (y de la izquierda) ante los grupos criminales no se reduce a Michoacán. Otros dos casos escandalosos son los del ex alcalde de Cancún, Quintana Roo, Gregorio Sánchez, detenido en mayo de 2010 por sus vínculos con “Los Zetas” y libera-do en junio de 2011, por meros tecnicismos y el de Guerrero, estado gobernado por el PRD desde 2005.

El ERPI acusó reiteradamente al ex gobernador Zeferino Torre-blanca Galindo de dar protección a operadores de Joaquín Guzmán. Aunque claro los terroristas del ERPI no son precisamente una fuen-


te confiable de información y sobre todo porque en la sangrienta disputa entre grupos criminales en Guerrero, tomaron partido por los enemigos de “El Chapo” con cuyos pistoleros se enfrentaron.

Los señalamientos a Torreblanca Galindo tienen que ver con su afán por buscar que su sucesor fuera Armando Ríos Piter, vinculado con el cacique y capo Rogaciano Alba Álvarez131, quien fue el prin-cipal personero de Joaquín Guzmán en Guerrero, hasta ser vencido por sus enemigos (narcos y terroristas del ERPI).

Ríos Piter por cierto, fue el principal operador de las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard Casaubon.

Cabe señalar que pocas cosas habrían hecho tan feliz a “El Chapo” como que Ebrard Casaubon hubiera sido Presidente de la Repúbli-ca. Cuando Ebrard fue Secretario de Seguridad Pública y luego Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el capo se sintió a sus anchas en la capital del país. De hecho en ninguna otra entidad federativa como en la capital del país, “El Chapo Guzmán· se ha sentido tan a gusto, pues su seguridad estaba garantizada y sus negocios prosperaron sin problema (controla casi todas las narco-tienditas). Además sus amigos de “La Hermandad” han mantenido a raya a sus enemigos.

Pero el Chapo no corrió con suerte…por ahora.

Cómo salir de la pesadilla

cómo salir de la pesadilla • 243

La actual política de seguridad: el riesgo de un desastre mayor

Si nos atenemos a lo que Enrique Peña Nieto hizo como gobernador del Estado de México en materia de seguridad pública, no hay muchas razones para el optimismo ahora que es Presidente de México.

Esta entidad no está entre las que padecen mayor violencia en el país, pero está muy lejos de ser un modelo de seguridad. Según la encuesta de victimización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre lo sucedido en 2011, el Estado de México es la segunda entidad federativa con la tasa de incidencia delictiva más alta (39,905 delitos por cada 100 mil habitantes), apenas por de-bajo del Distrito Federal que ocupó el primer lugar nacional (40,633 delitos por cada 100 mil habitantes). La tasa del Estado de México es un 36% superior a la media del país (29,372 delitos por cada 100 mil habitantes).

Sobre todo la región del Valle de México ha estado por años gra-vemente afectada por robos con violencia al transporte de pasajeros y los secuestros. Entre 2005 y 2011 fueron denunciados en el Estado de México (ante la procuraduría estatal y ante la PGR) más de mil secuestros y 105 víctimas de plagio fueron asesinadas. Además el Estado de México es de las 5 entidades federativas en las que más delitos quedan impunes.

Pero encima de esto, colaboradores de Peña Nieto tuvieron la ocu-rrencia de maquillar del modo más burdo las cifras de homicidios

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dolosos para aparentar una caída de este delito, con el propósito de presentar al aspirante priista a la Presidencia de la República como el gobernante capaz de reducir la violencia en el país.

En las cifras reportadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-cional de Seguridad Pública, del año 2006 se consignaron 2,766 ho-micidios dolosos y del año siguiente 1,127, o sea un 59% menos. Respecto a los siguientes años se mantuvo el mismo maquillaje o “rasurado” de los números.

Fue tal el desparpajo en la falsificación de cifras, que las repor-tadas por la procuraduría mexiquense en 2010 fueron un 82% más bajas que las que registró el INEGI. Además, la cifra de todos los ho-micidios dolosos reportada en marzo de 2010 resultó inferior que la cifra sólo de asesinatos atribuidos al crimen organizado por la PGR. Es decir, el todo supuestamente fue inferior a una de sus partes. Un verdadero disparate.

En su momento denunciamos este engaño y Enrique Peña tuvo la prudencia de no hacer propaganda con base en logros ficticios, aunque la falsificación de cifras ha continuado.

El punto es que el Presidente Peña Nieto no puede presentar su experiencia en la gubernatura del Estado de México como modelo de lo que podría hacerse a escala nacional.

El 6 de enero de 2011, el periódico Financial Times publicó el ar-tículo “11 para 2011: ¿Cómo debe tratar la violencia México?”, de la autoría de Enrique Peña, en la cual afirmaba:

El mayor desafío que enfrenta México en 2011 y más allá, por lo tanto, es poner en práctica una estrategia nacional para reducir la violencia con un objetivo claro: reducir el número de asesinatos, se-cuestros y extorsiones de manera significativa en los próximos cinco años. La estrategia debe basarse en cuatro pilares. La primera es la prevención -activamente detener el crimen antes de que se produzca en lugar de reaccionar una vez que un crimen ha sido cometido. Para lograr esto, tenemos que reducir la desigualdad de


oportunidades en nuestro país, tomando como base la cobertura uni-versal de seguridad social: la cobertura de salud, pensiones y presta-ciones por desempleo. También necesitamos una educación de calidad con la escolarización de todo el día (en contraste con el actual sistema de educación de medio día), de modo que los niños tengan una mejor oportunidad de acceder al mercado de trabajo en lugar de ser forzados a una vida de crimen.”Para financiar la seguridad social universal y un sistema educati-vo de calidad, México necesita aprobar una reforma fiscal de gran envergadura. Los impuestos del gobierno de México sólo toman un 20 por ciento del PIB comparado con el 36 por ciento de promedio de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Como resultado, México sólo gasta el equivalente al 3 por ciento de su PIB en salud pública en comparación con más del doble que la cifra de miembros de la OCDE. En la educación primaria solamente, nosotros gastamos 2,111 dólares por estudiante en comparación con 6,741 dólares, en el caso de otros miembros de la OCDE. México, por lo tanto, debe aumentar consi-derablemente los impuestos gubernamentales en los próximos años.

Los otros tres pilares de la estrategia no los reproducimos, pues no son más que lugares comunes. Es el primer pilar el que importa para efectos de este análisis y que se resume en esto: para reducir la violencia hay que subir los impuestos, a fin de redistribuir la riqueza y así los pobres delincuentes no sea vean obligados a delinquir.

En febrero de 2011, a nombre del Consejo Ciudadano para la Se-guridad Pública y la Justicia Penal entregué al Presidente Enrique Peña Nieto una carta abierta en la que se criticó su artículo publica-do por Financial Times, en los siguientes términos:

En los párrafos citados hay dos aseveraciones suyas que no pueden ser más carentes de verdad: que la magnitud de la violencia está de-terminada por la “desigualdad de oportunidades” y que los delin-


cuentes no son responsables de sus actos, sino víctimas de la sociedad (es decir de sus víctimas) que los obliga a “una vida de crimen”.Usted y la casi totalidad de los integrantes de la clase política dan por una “verdad” que no necesita siquiera ser demostrada, la creencia de que la pobreza, el desempleo o las diferencias en los ingresos son deter-minantes del crimen y que, por ende, si se actúa sobre estos supuestos factores se puede reducir o incluso erradicar la violencia y el delito.En realidad los integrantes de la “clase política” saben o cuando me-nos intuyen que este discurso es una gran falacia, pero si lo sostie-nen -contra toda evidencia y razón- es porque es conveniente para su supervivencia como casta: por un lado, como gobernantes les ofrece excusas inacabables para su manejo negligente e ineficaz de la seguri-dad pública y, por otro lado, les da pretextos para mantener e incluso aumentar su injerencia sobre la riqueza ajena.Si fuera cierto que la ola de violencia de los últimos años en México es producto de un aumento de la “desigualdad de oportunidades”, entonces esto solamente puede significar una cosa: que usted y los demás gobernadores mienten en su propaganda al presentar como lo-gros en beneficio de la sociedad lo que no es sino una reducción colosal de oportunidades. Por supuesto que los gobernadores de su partido y de los demás par-tidos exageran logros y ocultan rezagos, pero hay una verdad funda-mental e inocultable: si en algún momento de la historia de México ha habido para los individuos las mayores oportunidades de progresar, ese momento es el actual.El único que sostiene el disparate de que ha habido el peor deterioro del que se tenga memoria de las condiciones de vida y al mismo tiem-po se adjudica logros increíbles como gobernador, es el Presidente de su partido, Humberto Moreira. Pero bueno, el primero que no toma en serio lo que dice el señor Moreira es el propio Moreira…La cobertura de educación y del sistema de salud son los mayores de la historia. De modo que ¿cómo es posible que justo cuando mayores


oportunidades y condiciones generales de bienestar hay en México al mismo tiempo el país viva su peor crisis de inseguridad? Por una razón muy simple: porque ni la “desigualdad de oportunidades”, ni la pobreza, ni el desempleo, ni ningún otro factor socioeconómico tie-nen la menor importancia como determinantes del crimen y de la violencia.Actualmente el llamado “gasto social” como proporción del PIB es de poco más del doble que hace 20 años y sin embargo la tasa de robos casi duplica la de hace 2 décadas. Y ni que decir del secuestro o la extorsión ¿Cómo es posible que justo cuando se ejerce el mayor “gasto social” en la historia de México al mismo tiempo el país viva su peor crisis de inseguridad? Por la razón ya referida: porque ni la “desigualdad” de oportunidades, ni la pobreza, ni el desempleo, ni ningún otro factor socioeconómico tienen la menor importancia como determinantes del crimen y de la violencia.Si la “desigualdad de oportunidades”, si la pobreza, si la marginación o si el desempleo fueran factores determinantes de la violencia México entonces varias décadas atrás -y no ahora- es cuando tendría que ha-ber habido un nivel de violencia e inseguridad como el actual.Hace 5 ó 6 décadas atrás la mayoría de mexicanos carecían de elemen-tales comodidades que ahora una gran mayoría tiene: agua corriente en su casa, drenaje, electricidad, electrodomésticos. Hace 6 décadas un tercio de los habitantes del país carecía de calzado y casi la mitad jamás consumía leche o lácteos. Hace 6 décadas la esperanza de vida era un 33% inferior a la actual y las mortalidades infantil y materna incomparablemente superiores.Hace 6 décadas la mayoría de los habitantes de las ciudades no eran propietarios de las casas donde vivían y ahora solamente son inquili-nos menos de la quinta parte.¿Por qué entonces las menores oportunidades no produjeron una ola de violencia como la de ahora? Por una razón muy simple: la “desigualdad de oportunidades”, la pobreza o


cualquier otro factor socioeconómico no son determinantes del crimen. Nunca lo han sido ni lo serán, ni en México ni en ninguna parte del mundo.Gobernador Peña: Quizá usted ni sepa ni intuya que su diagnóstico de la violencia es una completa falsedad. Por eso me permito reco-mendar a usted que lea mi obra “¿Pobreza = delito? Los factores socioeconómicos del crimen y el derecho humano a la seguri-dad”, libro publicado en 2010 y cuyas 535 páginas están dedicadas a una refutación científica del diagnóstico que usted sostiene, mediante el análisis del acopio más grande jamás realizado (al menos en Méxi-co) de todos los datos disponibles sobre el tema. Adjunto a la presente copia de la obra.Con relación a aseveración de que los delincuentes no son responsa-bles de sus actos, pues son obligados por la sociedad a “una vida de crimen”, sostengo que si usted creyera realmente en lo que dice desde hace mucho hubiera enviando al Congreso Local una iniciativa para derogar el código penal. Pero no deja de ser interesante saber lo que dice y piensa uno de los más aspirantes más fuertes a presidir al país a partir del 1 de diciem-bre de 2012. Es bueno que los electores sepan que usted sostiene que los delincuentes son las “víctimas” y que las víctimas son las que me-recen ser castigadas, para empezar con la amenaza, puesta por usted por escrito, de más impuestos…Señor Peña Nieto: su concepción sobre la génesis del crimen no es solamente intelectualmente errónea, sino moralmente aberrante. Dis-culpe la auto-cita, pero se aplica al caso lo que sostengo en mi obra, “México, ¿rumbo al Estado fallido?”(Planeta, 2010):“La concepción que atribuye la delincuencia y el ritmo y tendencia de la misma a variables como la pobreza, el desempleo o la desigualdad en los ingresos, lo que en realidad sostienen son tres aberraciones morales, absolutamente inaceptables: primera, que las personas no son responsables de sus actos, que los delincuentes no son victimarios


sino víctimas y, por tanto, las víctimas son los culpables de sus propia desgracia y de la de los criminales; segunda, que después de todo el delito no es algo malo, sino una forma de justicia social mediante la cual el delincuente recupera lo que le fue enajenado, el derecho que de origen le pertenece; tercera, que para prevenir el crimen (todo crimen) basta con que voluntariamente las potenciales víctimas entreguen a los potenciales o reales delincuentes todo cuanto estos consideren les pertenece.” (Página 191). Vamos, si usted propala que delinquir es un acto de justicia ante una sociedad supuestamente injusta, lo que usted le esta pidiendo a la inmensa mayoría de personas pobres, pero honradas y trabajadoras, que dejen de serlo, es que no sean tontas, que delincan, que eso es lo que usted espera de ellas. Vamos, lo que usted hace no es otra cosa que justificación de la delincuencia.

No sabemos el efecto real que tuvo esta crítica, pero el hecho es que ya en la campaña electoral este discurso socialista de política criminal fue (temporalmente) dejado de lado. Entonces Peña Nieto, ya candidato a la Presidencia de la República, tuvo un gran acierto: se comprometió públicamente a reducir en un 50% la incidencia de homicidios, secuestros y extorsiones, en caso de ganar el voto ma-yoritario. Es destacar que ninguno de sus contrincantes adquirió un compromiso semejante.

Siempre hemos insistido que adquirir compromisos para la re-ducción del delito y cumplirlos es la principal base para mejorar la seguridad pública, pues ello pone las cosas en su justa dimensión: controlar el delito es responsabilidad del Estado, de hecho su razón de ser. Y para que el Estado cumpla esta obligación no se requiere ni redistribuir la riqueza ni aumentar el expolio fiscal. Lo que se nece-sita es que la Policía prevenga y persiga el delito.

Otra decisión correcta que tomó Peña Nieto, ya como Presidente, fue la de contratar la asesoría del general Oscar Naranjo, quien fue director general de la Policía Nacional de Colombia en la etapa de


mayor éxito en la reducción de la violencia y el delito en ese país, bajo la administración de Álvaro Uribe y la de Juan Manuel Santos. Si el general Naranjo propone al Presidente Enrique Peña lo que pu-so en práctica en Colombia, que es en lo que nosotros hemos venido insistiendo, su asesoría será de gran utilidad para reducir violencia y delito en general.

Pero por supuesto que todavía falta que el Presidente y sus cola-boradores acepten esas recomendaciones, que las lleven a la práctica en forma cabal, no a medias.

Dos aciertos de Peña Nieto una vez en el poder y sobre casos par-ticulares fueron:

• Poner fin a la presión ejercida por su antecesor para que se mantuviera injustamente presa a la ciudadana francesa Floren-ce Cassez. Su liberación fue determinación de la Suprema Cor-te de Justicia de la Nación, pero fue útil la postura del gobierno de Enrique Peña de no presionar y no intentar la recaptura de Florence una vez liberada.

• El desistimiento de la acusación de la PGR en contra del gene-ral Tomás Ángeles Dauahare, que permitió la liberación de un hombre inocente, contra quien el gobierno de Felipe Calderón fabricó delitos.

El gobierno de Enrique Peña ha enfrentado un nuevo problema que apenas se estaba perfilando al final del mandato de su antecesor y que es la aparición de grupos de civiles armados que se autode-nominan “autodefensas”, cuyos integrantes dicen haber tomado las armas para defenderse de los grupos criminales.

Estos “grupos de autodefensa” han proliferado rápidamente, has-ta estar presentes en decenas de localidades del país. Su surgimiento tiene causas verdaderas y sentidas en la mayoría de los casos, pero muchas de estas agrupaciones han cometido atropellos (incluso ase-sinatos), no muy distintos a los perpetrados por los grupos crimina-les de los que dicen defenderse.


Además, en la mayoría de las localidades donde las “autodefen-sas” han surgido, corresponden a municipios y estados en los que por muchos años han operado los grupos armados clandestinos o terroristas, que alegan tener móviles ideológicos y políticos. Por supuesto que es altamente probable que las autodefensas estén in-filtradas por los grupos terroristas y las utilicen según su agenda subversiva.

De hecho, desde 1995 activistas radicales vienen promoviendo las llamadas “policías comunitarias”, que no tienen ninguna eficacia frente a la inseguridad pero son útiles para la agenda subversiva. En 2011 el Congreso local de Guerrero emitió una ley para dar recono-cimiento legal a estas falsas policías.

Y prueba del carácter espurio de estos grupos ilegales de ci-viles armados es su activismo político: toda policía profesional en el mundo es por definición apolítica; ninguna policía verda-dera anda en marchas (y menos con armas en la mano), cierra escuelas en apoyo a “huelgas”, ni hace llamados para derrocar al gobierno.

Ahora bien, hay muchas otras localidades del país y no sólo en Guerrero y en Michoacán donde prevalecen las mismas condiciones que produjeron a las autodefensas. Por tanto, es muy elevado el ries-go de que en poco tiempo pasemos de decenas de esas formaciones a cientos de ellas.

La política de seguridad pública del Presidente Enrique Peña Nie-to ha terminado por definirse y, por desgracia, es fundamentalmen-te equivocada y su aplicación crea el peligro real de que el problema de inseguridad e ingobernabilidad en México se torne más grave.

Siete son los ejes de esa política:1. “Prevención social” de la violencia y el delito.2. Creación de una Policía nacional.3. Control de la información para aparentar que el problema se

está resolviendo.


4. Indiferencia ante el decisivo problema de la impunidad.5. Desdén hacia la política de metas para reducir el crimen.6. Tácticas dilatorias ante la problemática de las policías locales.7. Pasividad y claudicación ante los grupos armados ilegales.

“Prevención social” de la violencia y el delito

El gobierno federal está aplicando el Programa Nacional de Pre-vención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual se enfoca en forma prioritaria en zonas urbanas. Este programa corresponde a la visión de Enrique Peña sobre la prevención del delito, ya expresada en el citado artículo publicado por Financial Times de 2011 y con relación al cual hicimos la carta abierta, también ya citada, dirigida al todavía gobernador del Estado de México.

La primera definición de lo que el nuevo gobierno entiende por prevención de la violencia y el delito e incluso de lo que entiende la mayoría de la clase política, figura en el compromiso número 74 del Pacto por México:

3.1 Implantar un Plan Nacional de Prevención y Participación Co-munitaria.• Se focalizará en los municipios con más violencia del país el avance del nuevo Sistema de Seguridad Social Universal; programas de com-bate a la pobreza; las Escuelas de Tiempo Completo; el Programa de Empleo para Jóvenes; y la recuperación de espacios públicos junto con las comunidades. De igual forma se alinearán todos los presupuestos para la prevención del delito para que se convierta en una verdadera prioridad nacional.

En la presentación del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el Secretario de Gobernación, Mi-guel Ángel Osorio Chong, expresó de manera muy gráfica la con-cepción del gobierno acerca de los factores determinantes de la vio-lencia y el delito así como de la manera de prevenirlos:


Hay factores de riesgo que inciden en condiciones que favorecen la violencia, la desigualdad, deterioran la cohesión social y afectan el entorno familiar.Un ejemplo, tal vez, que hay que destacar, cuando revisamos la esco-laridad de los delincuentes, cuando se les detiene, se ve que a veces alcanzaron la secundaria y, tal vez, sólo la primaria.Cuando se ve el por qué no terminaron o siguieron estudiando, se encuentran factores en esas razones del abandono el que tenían pro-blemas auditivos o de visión. Nos encontramos, entonces, entre otras muchas otras razones, que, tal vez, unos lentes entregados a tiempo a ese niño, hubiera cambiando su destino entre ser un hombre de bien o estar hoy detenido por haber cometido algún delito.(…) Se trata, entonces, de reconstruir el tejido social, de generar condiciones de bienestar en la sociedad que la fortalezca. Es bien sabido que mientras más fuerte es la sociedad, menos policías ha-cen falta.

Esta concepción de las causas de la violencia y el crimen así co-mo de la política para prevenirlos, es profundamente errónea y no cumplirá el objetivo explícito que es reducir la violencia. Lo que se pretende no es otra cosa que replicar en 50, 100 o más municipios del país el programa Todos Somos Juárez, que en la ciudad fronteri-za fracasó rotundamente.

A refutar sistemáticamente la suposición de los factores socio-eco-nómicos como la pobreza, la marginación, el desempleo, la carestía o la desigualdad en los ingresos son los determinantes de violen-cia y crimen, se dedica la obra “¿Pobreza = crimen?”, publicada en 2010, bajo la autoría de José Antonio Ortega Sánchez.

Los mismos argumentos de ese libro, son esencialmente aplica-bles a la situación de los municipios en que se enfoca el presente estudio. Pero además recomendamos la lectura del estudio La vio-lencia en los municipios de México (2012) y en particular el aparta-do “10. Es la impunidad, no la marginación, el determinante de la


violencia” (el documento se puede consultar y descargar en nuestra página web http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx)

En suma, esta política de “prevención” del delito, no lo preven-drá. Puede ser útil para que los políticos compren votos, pero no para reducir el crimen. Pero al distraer recursos de los contribuyen-tes para aplicar políticas erróneas, no sólo se incurre en despilfarro, sino que se contribuye a que el problema de la inseguridad no se resuelva e incluso se empeore (como ocurre cuando una infección es tratada con los medicamentos inapropiados).

Cuando el Estado persigue y castiga a los delincuentes previe-ne nuevos crímenes, pues inhabilita a los que captura y disuade a otros que no ha capturado o a personas que abrigaban la idea de delinquir.

Detener homicidas evita que éstos sigan matando, salva vidas. Repartir lentes entre personas de escasos recursos, alargar la du-ración de la jornada escolar o distribuir becas entre personas que algún burócrata supone que de no recibirlas podrían convertirse en delincuentes, no salva vidas, no previene secuestros, ni viola-ciones, no hace disminuir las lesiones, los robos con violencia o las extorsiones.

Porfiar en políticas que no previenen la violencia ni el delito en general y negarse a abatir la impunidad, redundará en más muertes, más ataques contra la libertad y la integridad corporal y patrimonial de las personas, sufrimientos y pérdidas que podrían haberse evitado.

Creación de una Policía nacional

Con un presupuesto inicial de 1,500 millones de pesos, el gobier-no de Enrique Peña puso en marcha el proyecto de Gendarmería Nacional, una nueva corporación policial que el Presidente dijo, el 17 de diciembre de 2012, tendría las siguientes funciones: “será res-


ponsable de fortalecer el control territorial en los municipios con mayor debilidad institucional, así como en instalaciones estratégi-cas como puertos, aeropuertos y fronteras”

De entrada parece importante que hubiera fuerza policial en zo-nas del país que carecen de ella. Pero en realidad ese no es el pro-pósito central de la Gendarmería, pues no es en esos municipios rurales, poco poblados y poco comunicados, en donde se localizan “instalaciones estratégicas”.

De lo que en realidad se trata es de crear un cuerpo que luego cambiará su nombre por el de Policía Nacional.

Pero, es ¿la policía nacional la panacea para la solución de los graves problemas de seguridad de México?

La respuesta es no.Su premisa es: la policía es ineficaz y débil porque esta fracciona-

da en muchas corporaciones. Pero una policía nacional no es sinóni-mo de fortaleza, eficacia e integridad.

En Estados Unidos hay 14 mil agencias de aplicación de la ley y las mismas en general son capaces de controlar la violencia mucho mejor que en México.

La Policía Nacional de Colombia tiene más de una centuria de existencia, pero muy poco hizo para frenar la guerra civil entre fina-les de los cuarenta y principios de los cincuenta del siglo XX; tampo-co fue capaz de prevenir a la ofensiva narco-terrorista de finales de los ochenta y principios de los noventa; ni en contener la ofensiva de los grupos subversivos de entre 1996 y 2002.

La Policía Nacional de Colombia ha sido realmente ejemplar en los últimos 10 años, pero no por su organización centralizada, si-no por las políticas que siguió, según los lineamientos de los Presi-dentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Sobre todo el primero, usó todo su poder para lograr el objetivo de recuperar el monopolio estatal de la fuerza e impuso un esquema de responsabilidades pa-ra la policía y las fuerzas armadas, basado en metas para reducir


violencia y delito, de cuyo cumplimiento dependió la permanencia en los cargos. Eso es exactamente lo que habría que retomar de la experiencia colombiana, no el aspecto policial organizativo, que es secundario, casi accidental.

Control de la información para aparentar que el problema se está resolviendo

El 8 de febrero de 2013 la agencia de noticias Apro informó:El gobierno del estado [de Colima] formalizó hoy sus nuevas políticas de comunicación social en materia de seguridad pública, entre las que destaca la censura oficial de la información sobre homicidios dolosos, que sólo se divulgará ‘una vez concluido el proceso de persecución, investigación y consignación’.El 15 de febrero de 2013, varios medios confirmaron que el caso de Colima en realidad formaba parte de una política nacional del gobier-no federal. El portal de Internet, SIPSE reportó:Segob propondrá a gobernadores censurar información sobre delitos. La dependencia hará la petición en el marco de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.El Gobierno federal propondrá a los 31 gobernadores y al jefe de go-bierno capitalino, en el marco de la próxima reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), evitar hacer apología de la violencia a la hora de dar a conocer las detenciones de presuntos de-lincuentes.El subsecretario de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gober-nación (Segob), Eduardo Sánchez, comentó que ‘espero tener la opor-tunidad de hacer una presentación a los integrantes (del consejo) del manejo de cómo estamos difundiendo la información en este sentido para que podamos hacer un esfuerzo nacional y que estemos alineados’.

El control de la información sobre crimen y seguridad no resuelve el problema, sólo pretende ocultarlo. Y si parte de este ocultamiento


consiste en falsear sistemáticamente las cifras, estamos ante un gra-ve problema, mayor al que de por sí padecemos el cual consiste en que la información estadística criminal oficial no resulta confiable. No lo era antes, no lo es ahora.

Reiteradamente hemos denunciado casos concretos de manipu-lación de cifras. Por ejemplo, en 2011 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 22,480 homicidios dolosos, mientras que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) informó 27,213: casi 5 mil más.

Respecto a secuestro, sólo se informa de las cifras de plagios de-nunciados ante las procuradurías de las entidades federativas, pero no se añaden de los denunciados ante la PGR. En 2012 la cifra del primer caso fue de 1,267 plagios y, en el segundo, de 938.

Pero la manipulación de cifras es peor que el no sumar y con-solidar datos de diferentes fuentes. Por ejemplo, en 2009 Veracruz reportó cero secuestros, cuando que en ese año al menos 6 víctimas de plagio fueron asesinadas.

Peor aún. Cuando se suman, por un lado, todos los secuestros de-nunciados ante las procuradurías estatales entre 1997 y 2011 (10,783) y, por otro, todas las condenas por este delito (9,899), resulta enton-ces que la tasa de castigo es del 92%, que la impunidad es muy baja, del 8%

¿Cómo es posible que con tal capacidad de castigo en 2011 el país haya tenido el mayor número de secuestros de su historia (y en 2012 el segundo número más elevado)? Porque simplemente las cifras de secuestro son falsas, porque han sido manipuladas para simular una incidencia inferior a la real.

Un caso emblemático de manipulación de cifras es el Estado de México. Desde 2007 se reportaron cifras mucho más bajas a las reales de homicidio, para simular que hubo un desplome de la inciden-cia de este delito. En 2011 la procuraduría mexiquense reportó 1,211 homicidios y el INEGI 2,627: un 117% más. Asimismo, desde el año


2000 el Estado de México reporta cero extorsiones, cuando que según la encuesta del INEGI en esta entidad millón y medio de personas dijeron tener conocimiento de la ocurrencia de ese delito en 2011.

Si el estilo del gobierno federal va ser como el del gobierno del Estado de México, entonces la difusión de información sobre seguri-dad pública se convertirá en un ejercicio de mera ficción.

Indiferencia ante el decisivo problema de la impunidad

El 12 de diciembre de 2012, la edición del Estado de México del periódico Milenio se publicó el artículo “Se les olvidó la impunidad, ¡nada más!”, de José Antonio Ortega, en el que dijo:

De los 95 compromisos del Pacto por México signado por los partidos políticos, 8 tienen que ver con seguridad y justicia.Los compromisos no son ninguna novedad, se trata de hacer lo que desde hace años se ha hecho en el tema, con resultados desastrosos: coordinar a las policías (¿no existe para eso el Sistema Nacional de Seguridad Pública?); crear una gendarmería nacional para llegar a todos los puntos del país (¿no ha hecho eso la Policía Federal?); ter-minar de implantar el sistema penal oral y acusatorio; terminar de homologar los códigos penales y de procesos penales; reformar la ley de amparo (para preservar el desequilibrio procesal en perjuicio de las víctimas); construir más cárceles para reducir el hacinamiento y ¡ah!, claro, crear el Programa Nacional de Prevención del Delito.El compromiso que nuestros políticos omitieron en su Pacto, fue ac-tuar contra la causa principal de la inseguridad: la impunidad, el que tengamos las tasas más bajas de castigo desde 1997, el que cientos de miles de órdenes de aprehensión no se cumplan y sendos delincuentes estén libres de seguir delinquiendo. De este modo, nuestros políticos pactaron hacer más de lo mismo, lo cual hace recordar la frase de Albert Einstein: ‘Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados’.


En la estrategia del actual gobierno no hay lugar para el combate contra la impunidad. Es como si en México la impunidad no existie-ra, a pesar de que es la principal causa de la crisis de inseguridad.

La capacidad para castigar delitos y por esa vía prevenirlos, nun-ca ha sido elevada en México, pero en los últimos 6 años sufrió un dramático desplome. Por ejemplo en 2006 se impusieron sentencias condenatorias a los autores de 41 de cada 100 homicidios, mientras que en 2011 sólo a 16 de cada 100.

Asimismo, hace 10 años cada policía ministerial ejecutaba al año 3 órdenes de aprehensión en promedio y en 2011, ni siquiera 2. De ahí que el rezago en el cumplimiento de las órdenes llegue al medio millón, según nuestras estimaciones. Eso equivale a medio millón de delincuentes ya identificados, que están libres para seguir delin-quiendo. Pero frente a esto el gobierno actual no tiene política.

Desdén hacia la política de metas para reducir el crimen

A partir de abril de 2011 el Sistema Nacional de Seguridad Públi-ca adoptó metas de reducción de los delitos y se presentaron evalua-ciones de resultados, aunque no las ha habido en los últimos meses. La virtud de esta política fue fijarse metas, pero su defecto ha sido el que no se apliquen sanciones para quienes no las cumplen.

Pero el actual gobierno de plano olvidó por completo el asunto de las metas y no ha hecho al respecto la menor mención en sus partici-paciones ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Esta omisión resulta especialmente absurda cuando que precisa-mente Enrique Peña ganó la elección presidencial gracias a que, en-tre otras razones, hizo un compromiso concreto sobre la reducción de homicidios, secuestros y extorsiones.

Si Peña Nieto se propuso reducir al 50% estos delitos durante su mandato ¿no tendría que haber promovido, precisamente, que los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública hicie-


ran suya esta meta y que hubiera evaluaciones periódicas sobre su cumplimiento?

Tácticas dilatorias ante la problemática de las policías locales

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,ha sostenido que el Presidente Felipe Calderón intentó, erróneamente, imponer el proyecto de mando único policial. Pero en realidad el proyecto de mando único tenía un amplio consenso entre goberna-dores y alcaldes.

La postura del gobierno de Enrique Peña es la de no “forzar” el mando único. Es decir, si habrá o no ese control unificado de la fuerza pública local, dependerá de lo que decida cada gobernador y cada alcalde.

¿Qué implicaciones tiene esto?El punto no es la centralización del mando, sino simplemente que

los jefes operativos y sus jefes políticos (electos), sean responsables. El problema en México es que la permanencia en los cargos de la seguridad pública no depende de los resultados, que no hay conse-cuencias por el mal desempeño.

Pero además tampoco hay la menor penalización para los go-bernantes, por mala que sea su gestión. Vemos a gobernadores que cuando fueron alcaldes se les dispararon los índices crimi-nales Su promoción política parece un premio a su mal gobierno municipal.

Pero como quiera que sea, el proyecto de mando único tenía una ventaja: le quitaba la última excusa a los gobernantes locales para in-cumplir con su obligación. Si ni con el mando único cumplían ¿qué podrían alegar entonces? Nada, estarían desnudos.

Ahora, el hacer de lado lo del mando único, para que cada quien lo entienda como quiera, significa que los tres años desde que se


inició la implantación del modelo fue tiempo perdido y ahora habrá nuevas excusas para no cumplir.

Entonces, el propósito de replantear el mando único tiene un sen-tido que la promoción del proyecto original: comprar tiempo, tener una excusa para no entregar resultados ya. Ahora la excusas de go-bernadores y alcaldes ante los malos resultados, será que el modelo mando único es lo que no funciona, porque se los impusieron. Enton-ces los gobernantes locales van a salir con que necesita varios años más para desarrollar u nuevo modelo, que no sea “impuesto”…

Pasividad y claudicación ante los grupos armados ilegales

Los grupos de “autodefensa” y las falsas policías “comunitarias” han probado muy pronto la grave amenaza que representan para la seguridad de los mexicanos. He aquí algunos ejemplos de los abu-sos y crímenes en que han incurrido:

Asesinatos e intento de asesinato

• El 22 de enero de 2013, integrantes de la autodefensa de Tixtla, Guerrero, atacaron a balazos a personas que iban a bordo de un vehículo y no se detuvieron en un retén y dieron muerte a una de ellas. [Apro, “Guerrero: primer delincuente abatido por municipio declarado en autodefensa”,22 de enero de 2013]

• El 20 de febrero de 2013, integrantes del grupo de autodefen-sas de Ayutla de los Libres, Guerrero abrieron fuego contra los ocupantes de un vehículo que no detuvo su marcha en un retén y asesinaron a una persona. Inicialmente las autodefensas ale-garon falsamente que se trató de un enfrentamiento. Después, Bruno Plácido Valerio, presidente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), justificó el asesinato con el argumento de que los ocupantes del vehículo


no quisieron detenerse. [Excélsior, “Un muerto más por policía civil; enfrentamiento armado en retén de Ayutla” 21 de febrero de 2013; Notimex, “Justifica Grupo de Autodefensa muerte de persona en retén”, 20 de febrero de 2013]

• El 4 de febrero de 2013, una pareja de turistas provenientes del Distrito Federal fue atacada a balazos en un retén de la autode-fensa instalado en la comunidad de Las Mesas en el municipio de San Marcos, cuando se dirigían a pasar el fin de semana en Playa Ventura. Bruno Plácido Valerio justificó la agresión: “fue una imprudencia de los turistas el pasar un retén y no dete-nerse”. [El Universal, “Autodefensa de Guerrero hiere a dos turistas”, 3 de febrero de 2013]

• El 10 de marzo de 2013 reportó el periódico Excélsior: “Un po-licía comunitario de Felipe Carrillo Puerto, poblado mejor co-nocido como La Ruana, en Tepalcatepec, Michoacán, asesinó a los padres de su novia. El crimen ocurrió en la comunicada conocida como La Ordeñita, donde opera un grupo de auto-defensa.

• “El homicida, identificado como Antonio Iván Alonso, de en-tre 20 y 25 años de edad, utilizó una pistola calibre .38 súper para cometer el homicidio. Antonio Iván, quien el pasado 24 de febrero se incorporó a la ‘policía comunitaria’, fue hasta la comunidad de La Ordeñita, para solicitar permiso del noviaz-go que sostenía con una hija de Rigoberto Figueroa Ureña y Zenaida Carranza Vázquez.

• De acuerdo a fuentes policiales, el homicida también huyó, pe-se al crimen, no fue detenido por los otros ‘policías comunita-rios’, quienes permitieron la huida del malhechor.”

• El 2 de mayo de 2013 integrantes de las “autodefensas” asesi-naron a balazos en una emboscada al agricultor Jesús Torres Chávez, hermano de Luis Torres Chávez, Presidente Municipal de Buenavista Tomatlán, Michoacán, como represalia contra el


edil por negar a someterse a la “policía comunitaria” [Excél-sior, “Asesinan a hermano del edil municipal de Buenavista, Michoacán”, 2 de mayo de 2013]

Extorsión

En su edición del 29 de abril, el periódico Excélsior publicó el reportaje titulado “Acusan a las autodefensas de cobrar derecho de piso”, en el que expone:

Buenavista Tomatlán, Mich., 29 de abril.— Las guardias comunita-rias, que según sus propios integrantes surgieron para poner un alto a abusos de la organización delictiva “Caballeros Templarios”, son ahora acusadas de robo y de cobrar derecho de piso.De acuerdo con productores de la región, ese tipo de cuotas atribuidas a los Templarios fueron asumidas por los llamados ‘comunitarios’, cuya cabeza visible es el ‘comandante’ Hipólito Mora Chávez, ex con-victo en Estados Unidos.Carniceros, productores de limón, ganaderos y propietarios de empa-cadoras de fruta dicen que son obligados a pagar una cuota a lo que ahora llaman ‘el cártel de Hipólito’.Tenemos que pagar hasta mil 500 pesos a la semana para poder traba-jar’, comentó a Excélsior el propietario de una carnicería ubicada en la cabecera municipal de Buenavista.La constante es el miedo, particularmente en La Ruana, como tam-bién se le conoce a la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, donde según los propios productores los ‘comunitarios’ los han despojado de cientos de huertas de limón por haberse negado a financiar a los ‘grupos de autodefensa’.‘Los principales líderes de los comunitarios llegaron a las huertas y se apropiaron de ellas. Yo creo que han robado más de 800 hectáreas de limón y están explotando el producto de manera ilegal. Es un robo que nadie se atreve a detener’, dijo un agricultor expulsado de La Ruana.


Sin autoridadesDesde el 25 de febrero pasado el alcalde de Buenavista, Luis Torres Chávez, no despacha en el Palacio Municipal, mientras los policías preventivos no asisten a su sede porque las “guardias de autodefen-sa” no se los permiten. Pasan lista en la Dirección de Seguridad Pú-blica de Apatzingán, para justificar su asistencia.‘La Policía Municipal está resguardada en Apatzingán junto con ar-mas y patrullas. Yo estoy esperando instrucciones del gobierno del estado para poder laborar, y por motivos de seguridad estamos a la expectativa’, comentó Torres Chávez, entrevistado en Morelia.En días pasados, un grupo de mujeres identificadas con la guardia co-munitaria acudió al domicilio particular del alcalde para expulsar del pueblo a la esposa del funcionario y a otros integrantes de su familia.El propio munícipe solicitó el apoyo de la Policía Federal para res-guardar a sus seres queridos, pero la acción oficial se limitó a sacar con bien de Felipe Carrillo Puerto a su esposa e hijos.

Privación ilegal de la libertad

Con fecha 10 de abril de 2013, Reforma reportó: Treinta y un personas que fueron entregadas por grupos de autode-fensa a autoridades de Guerrero quedaron en libertad luego que la Procuraduría del Estado no les comprobó su culpabilidad. Grupos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) habían detenido en Ayutla y Tecoanapa a las personas, quienes fueron liberadas entre este martes y miércoles. [Reforma, ‘Li-beran a 31 detenidos por Policía civil’, 10 de abril de 2013].Los padres de Luis Miguel Ramos García y Cristian Cortés Castro, dos de los detenidos por el movimiento de autodefensa de Ayutla y Tecoanapa que lidera la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (Upoeg) y que más tarde entregaron a la Procuraduría Ge-neral de Justicia del Estado (PGJE), exigieron su liberación porque en


el procedimiento que les siguen no está sustentado su supuesta res-ponsabilidad en el delito de secuestro [La Jornada, ‘Exigen padres la liberación de 2 jóvenes detenidos por la Upoeg’, 23 de marzo de 2013]

Vínculos con el narcotráfico y patrocinio sospechoso

El 26 de febrero de 2013 reportó El Universal: Alrededor de 500 hombres encapuchados con armas AK-47 y camio-netas de lujo forman dos grupos de autodefensa que aparecieron ayer en el estado de Michoacán. Los civiles armados, similares a los que en las últimas semanas apa-recieron en Guerrero, se mostraron en el municipio de Tepalcatepec. Estos 500 encapuchados se ubicaron en las entradas de la entidad, portando armas de asalto y rifles R-15, además de una playera blanca con la leyenda ‘Por un Tepalcatepec libre’ en letras negras. Integrantes de esta autodenominada policía comunitaria señalaron que recibieron apoyo económico de empresarios para levantarse en armas desde el domingo pasado.

El mismo diario reportó el 7 de marzo de 2013:Un grupo de 37 personas, presuntos integrantes de policía comuni-taria de Buena Vista Tomatlán [Michoacán], fueron detenidos por el Ejército Mexicano en la comunidad de La Ruana y les fueron ase-guradas un número indeterminado de armas de grueso calibre (…) Derivado de la acción del Ejercito también fue liberado el director de la policía municipal, Otoniel Montes Herrera y los cincos policías municipales que estaban retenidos en las oficinas de la alcaldía, la cual había sido tomada por el grupo de autodefensa.

Al siguiente día, el mismo diario informó que según la Secretaría de Gobernación y la PGR, este grupo fue armado por Cártel de Ja-lisco Nueva Generación [El Universal, “Detienen a 37 miembros de autodefensa en Michoacán”, 7 de marzo de 2013 y “PGR ve narco detrás de grupo de autodefensa”, 8 de marzo de 2013]


El 11 de marzo de 2013 la PGR detuvo a 17 integrantes más del grupo de autodefensa de Buena Vista Tomatlán, Michoacán. En represalia el 12 de marzo seguidores del grupo de autodefensa secuestraron duran-te 20 horas a 47 integrantes del ejército. [Terra, “PGR presenta a 17 de autodefensa en Michoacán”, 12 de marzo de 2013 y Excélsior, “Li-beran a militares secuestrados en Michoacán”, 13 de marzo de 2013]El 1 de mayo de 2013 en la edición del Estado de México del pe-riódico Milenio, José Antonio Ortega escribió: “[El gobernador de Guerrero Ángel] Aguirre ayuda a tirar una cortina de humo sobre el financiamiento de estos grupos, que -según él mismo ha dicho- están vinculados con los terroristas. Hay unos 2 mil hombres armados que se hacen pasar como policías ¿De dónde salieron las armas?, ¿quiénes los patrocinan como para que puedan dedicarse de tiempo completo a jugarle al policía revolucionario?, ¿viene el dinero de los secuestros que los terroristas han realizado por años?, ¿viene acaso del narcotrá-fico? O peor aún: ¿el dinero proviene de la fusión entre terrorismo y narco, la cual por tanto tiempo se ha temido?”

Violación de la Constitución

El 8 de abril, integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero y Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, estos últimos armados, realizaron una marcha en Chilpancingo, Guerrero. [CNN, “Magisterio y policía comunita-ria con armas marchan la capital de Guerrero”, 8 de abril de 2013]

Lo anterior es una clara violación del artículo 9 de la Constitución del país, que establece: “Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar”.

Ante este despliegue de violencia, la evidente usurpación de fun-ciones y la emergencia de poderes paralelos a los del propio Estado, las autoridades locales y las federales han seguido una política de pasividad y de claudicación.


En Michoacán, salvo por la detención de integrantes de un grupo de “autodefensa” en marzo, el gobierno federal ha estado práctica-mente cruzado de brazos. Ha habido balaceras, enfrentamientos en-tre “autodefensas” y sicarios con saldo de varios muertos, bloqueos de carreteras, incendios intencionales contra negocios y la reacción mínima o tardía.

En apariencia el gobierno de Enrique Peña se decidió a poner or-den en Michoacán y el 20 de mayo de 2013 un contingente del Ejér-cito fue desplegado en el estado.

Los militares empezaron a hacer su trabajo y como parte de ello detuvieron a integrantes de las autodefensas de Buenavista Tomat-lán por portar armas. Entonces, los cómplices de los detenidos se-cuestraron a un grupo de soldados y los canjearon por sus compañe-ros, canje obviamente autorizado por la Secretaría de Gobernación.

Es decir, el Ejército ha sido enviado a Michoacán a hacer el ridí-culo, a servir como comparsa, a ser mero instrumento de la negocia-ción del gobierno con los integrantes de grupos armados ilegales. Con esto no sólo se profundiza la inseguridad, sino que además se humilla al Ejército mexicano.

Y por supuesto que las “autodefensas” continúan armadas, ope-rando retenes y realizando patrullajes en abierto desafío al Ejército, con la complacencia de la Secretaría de Gobernación. Y detener a los integrantes de estos grupos que por lo menos han cometido 2 asesi-natos, ni siquiera se intenta.

Pero en Guerrero la situación es todavía peor. El 23 de abril de 2013 el gobernador Ángel Aguirre firmó un convenio con la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales que controla a la mayoría de “autodefensas” y falsas “policías comunitarias”. Según ese conve-nio los grupos armados ilegales se convertirán en policías y sus in-tegrantes recibirán salarios y permiso para portar armas.

El 1 de mayo de 2013 en la edición del Estado de México del pe-riódico Milenio, José Antonio Ortega comentó al respecto:


Cuando Ángel Aguirre anuncia que hará pasar a las autodefensas y “policías” comunitarias por policías verdaderas y además que les va a regalar el dinero de los contribuyentes, lo que este señor hace es algo más que comedia: concede una suerte de amnistía a los integrantes de esas pandillas por los crímenes que han cometido, entre ellos el homicidio de al menos dos personas y la privación ilegal de libertad de decenas más.

Hasta hace poco existía todavía la posibilidad de que el gobierno del Presidente Peña Nieto fuera menos irresponsable y claudicante que el de Guerrero, pero ha probado lo contrario. El 26 de mayo de 2013 la Secretaría de Gobernación anunció que estaba en negocia-ciones con los grupos armados ilegales para “regularizarlos”, para convertirlos en “policías”.

Al respecto el 29 de mayo de 2013 en la edición del Estado de México del periódico Milenio, en el artículo titulado “Y ¿por qué no volver policías a Los Zetas?”, José Antonio Ortega comentó:

Pero la política del gobierno de Peña para Guerrero, otra entidad al borde del Estado fallido, es todavía peor, pues está negociando con las autodefensas su conversión en policías “normales”. Es decir los mismos sujetos que han asesinado a por lo menos dos personas por no detenerse en retenes, que han privado ilegalmente de la libertad a ciudadanos inocentes acusándolos de delincuentes, que se financian de manera oscura y que hacen llamados para derrocar al gobierno, serán quienes se encarguen de la seguridad de sus municipios. Y no sólo podrán portar armas sino además recibirán sueldos.La legalización de las autodefensas significará una amnistía de facto a sus crímenes y una autorización para que los sigan cometiendo.Las autodefensas de Michoacán –que también han cometido asesina-tos y además extorsiones– exigirán, lógicamente, similar trato. Pero después pedirán lo mismo los cárteles del narco y podrían obtenerlo, ¿por qué no? De ese modo, no sólo podrían traficar drogas, sino se-cuestrar, extorsionar y robar, como ya lo hacen, pero sin el menor temor al castigo, pues “legalmente” serían “policías”.


Los gobiernos hasta ahora han seguido muchas políticas de seguridad pública erróneas, pero esto es el colmo.Al negociar impunidades con criminales, el gobierno viola la ley, vul-nera la soberanía del Estado y amenaza la seguridad nacional.

Respecto a las “autodefensas” como frente a cualquier grupo ile-gal de civiles armados, el mayor peligro para México lo representa el que los gobernantes negocien y pacten con ellos. Estos pactos equi-valdrían a legalizar el Estado fallido, a que el Estado renunciara a su monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza en contra de la violencia.

Pero además ello significaría extender un patente de corso a los grupos violentos, para que abusen tanto como quieran de los habi-tantes de los territorios que controlan.

El peligro es reproducir en México el pacto criminal que sostiene el gobierno de El Salvador, encabezado por Mauricio Funes, con las Maras. En este caso dos grupos criminales rivales –con los auspicios gubernamentales– pactaron una tregua y disminuyeron los asesina-tos. Pero a cambio de esta tregua que sólo beneficia a los criminales, el gobierno salvadoreño ha permitido a las Maras el seguir extorsio-nando a amplios sectores de la población.

Entonces en México el gobierno lograría que disminuyeran los homicidios, porque así les conviene a los grupos criminales, que ya están cansados con la matanza por ellos desatada y a cambio recibi-rán carta blanca para seguir extorsionando, secuestrado y robando, además de traficar con drogas…

Lo que no hay que hacer

Para solución al problema de la inseguridad en México no será posible si los diferentes niveles de gobierno y en particular el federal incurren en las siguientes prácticas:

1. Incumplir compromisos. No cumplir las metas no sólo se-ría romper las promesas gracias a los cuales Enrique Peña


obtuvo el voto mayoritario de los ciudadanos, sino lo más probable es que agravaría la situación de inseguridad. Los integrantes de los grupos criminales y los delincuentes en general interpretarían este incumplimiento como una señal de debilidad del gobierno y de mayores oportunidades para delinquir, al igual que los policías y gobernantes corruptos que los protegen.

2. Maquillar cifras. Pretender hacer descender los índices cri-minales en el papel tendría un efecto todavía más grave que el del fallo antes señalado, pues haría perder al nuevo gobier-no toda credibilidad. Como ya ha sucedido, no hay manera de falsificar cifras sin dejar rastro.

3. Insistir en la política criminal asistencialista. Los progra-mas de supuesta prevención del delito, basados en subsidios, no previenen el delito y por el contrario distraen recursos y esfuerzos que deberían dedicarse a lo que realmente previe-ne el delito: abatir la impunidad y la vigilancia pro-activa de la policía.

4. Continuar con la política de dejar que los criminales se ma-ten entre sí. Continuar con esta política no sólo hará que siga creciendo la matanza, sino que los grupos criminales sean cada vez más fuertes, agredan más a la población inocente y desplacen más al Estado como fuerza real.

5. Continuar la política de perseguir a unos criminales y favorecer a otros. Aunque se tiene que actuar prioritaria-mente contra los grupos criminales que más agreden a las personas inocentes, no puede haber protección o tolerancia frente a los otros. Muchos de los grupos criminales que an-tes fueron tolerados y usados como medios para eliminar a los tenidos como más agresivos, han terminado por agredir igualmente a la población inocente, como sucedió en Ciuad Juárez, Chihuahua.


6. Olvidarse del problema decisivo de la impunidad. Las ta-sas de castigo (porcentaje que los delitos materia de conde-na representan de los delitos denunciados) son las más bajas desde que se tiene registro (1996). Además hay un rezago de más de 800 mil órdenes de aprehensión que no han sido eje-cutadas. Sin cuando menos recuperar las tasas de castigo que había hace 6 años (para luego elevarlas) y sin abatir el rezago en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, simple-mente no se superará la inseguridad.

7. Soslayar la importancia de prevenir y castigar todos los de-litos. Como se ha explicado, la idea de concentrarse exclu-sivamente en los delitos más graves, lo único que consigue es que haya cada vez más mayor incidencia de todo tipo de delitos, que los delincuentes escalen y prolonguen sus carre-ras criminales.

8. Dar amnistía a los responsables del desastre. La crisis de inseguridad no sólo es resultado de la negligencia e incom-petencia de los gobernantes y sus colaboradores, sino de que se coludieron con los criminales. El perdonar estos crímenes lo único que hará es que los gobernantes delincuentes sigan delinquiendo y a ellos se les sumen más.

9. No concluir la reforma de las policías. Los cronogramas para la depuración y reorganización de las policías ya han sido in-cumplidos repetidamente. Simplemente es inadmisible que persistan las demoras. No concluir la reforma significa no otra cosa que más asesinatos, más secuestros, más extorsio-nes, más robos, más pérdida de oportunidades de negocios, los cuales requieren de un clima de seguridad.

10. Apostarle todo a la Policía nacional. Una Policía nacional no es panacea para resolver ningún problema de seguridad. Una Policía nacional puede ser tanto o más corrupta que un conjunto de policías locales con mandos únicos estatales. El


problema de apostarle a una Policía nacional es que signifi-caría una manera de eludir la solución urgente de los pro-blemas. No nos oponemos per se a que se cree una Policía nacional, a lo que nos oponemos es a que se utilice esto para seguir comprando tiempo y continúe sin haber en las fuerzas del orden un esquema de responsabilidades, esto es, a que la permanencia en los cargos no dependan de los resultados en reducir el crimen.

11. Seguir tolerando la anarquía en las prisiones. El sentido de la prisión no es ni castigar ni readaptar, sino proteger a la sociedad de quienes la agreden. La prisión protege a la sociedad porque inhabilita a los delincuentes y tiene un efecto disuasivo. Pero cuando las prisiones no son tales, sino –como ahora son– prolongaciones del poder de los grupos criminales, entonces la prisión deja de cumplir su cometido y pierde sentido el sistema de justicia penal en su conjunto.

12. Insistir en la demagogia antiestadounidense. Culpar a Estados Unidos de problemas que no son más que produc-to del mal desempeño de los gobernantes mexicanos, no sólo es mera pérdida de tiempo, sino que además dificulta la oportunidad de una mayor colaboración de nuestro ve-cino. Además esta demagogia hostil tiende a reforzar la percepción en nuestro vecino de que la situación en Méxi-co eventualmente se convertirá en una amenaza a su segu-ridad nacional.

13. Tolerar o legalizar a los grupos ilegales de civiles armados, llámense “autodefensas” o “policías comunitarias”. Esta política lo único que acarreará es la “institucionalización” de la pérdida de soberanía del Estado en franjas crecientes del territorio nacional en favor de los grupos violentos y “legali-zar” el cobro del “derecho de piso”.


Lo que sí hay que hacer

En octubre de 2012 hicimos llegar al entonces Presidente electo Enrique Peña Nieto una carta en la que el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC y otras organizaciones le planteamos nuestras demandas en materia de seguridad pública. La reproducimos íntegra a continuación, pues expresa cabalmente lo que creemos sí debe hacer el nuevo gobierno:

Al Presidente Electo y futuro Presidente Constitucional de los Estados Unidos, Lic. Enrique Peña Nieto, pedimos:

1. Cumpla su compromiso de reducir la incidencia del homi-cidio, el secuestro y la extorsión en cuando menos un 50% durante el próximo sexenio.

2. Amplie su compromiso a que las tasas de secuestro y homi-cidio regresen a cuando menos a los niveles de 2006 y 2007, respectivamente.

3. Haga depender del cumplimiento de esos compromisos a los responsables de la seguridad pública del gobierno federal; que no tolere el incumplimiento ni la simulación.

4. Informe sobre los avances en el cumplimiento de los objeti-vos y metas con veracidad y oportunidad.

5. En el ámbito de competencia del gobierno federal abata la impunidad: que se cumplan todas las órdenes de aprehen-sión y aumente sustancialmente la tasa de castigo (tasa de sentencias condenatorias con relación al número de delitos).

6. Que rompa definitivamente con la política de tolerar que los criminales se maten entre sí y a las milicias privadas ilegales.

7. Que conceda la debida prioridad a garantizar la seguridad de las empresas de los ramos de directa competencia federal, como es el caso de la minería, víctimas de extorsión.

8. En el ámbito de su competencia establezca una política de cero tolerancia ante las acciones ilegales y violentas de gru-


pos con demandas políticas o sociales, legítimas o no, como forma de presión y chantaje. Que se aplique siempre la ley y no se le negocie. Parte de esto debe ser el poner fin a la política de tolerancia a los grupos terroristas que operan en México, se les investigue, desarticule y castigue a sus inte-grantes. Asimismo se debe dar cabal cumplimiento a la ley de amnistía en Chiapas de 1994 y recuperar la soberanía del Estado en la totalidad del territorio nacional.

9. Forme una comisión encargada de investigar las causas y responsables concretos, ya sea por corrupción, negligencia o ambas, del debilitamiento del Estado mexicano en su obli-gación de garantizar seguridad y orden, la operación impune de grupos criminales y milicias privadas ilegales que actúan como una fuerza de facto que disputa al poder público sus monopolios legales al uso de la coerción y la imposición de exacciones, así como la captura por parte de esos mismos grupos de corporaciones policiales completas.

10. Como consecuencia de lo anterior, se finquen las responsabi-lidades penales, administrativas y políticas a que haya lugar, tanto porque proceder así es una obligación legal del gobier-no como para dejar claro que no habrá tolerancia a servido-res públicos y políticos que protegen a grupos criminales, se asocian con ellos o incumplen su mandato de combatirlos.

11. Que asuma el liderazgo que le corresponde del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de que las autorida-des locales:

• Hagan suyos los compromisos de reducción del homici-dio, el secuestro y la extorsión en cuando menos 50% en los próximos seis años.

• Amplíen su compromiso a que las tasas de secuestro y homicidio regresen cuando menos a los niveles de 2006 y 2007, respectivamente.


• Se comprometan a que la permanencia de los servidores públicos de la seguridad pública y la procuración de jus-ticia dependa del cumplimiento de esos objetivos y metas y sean separados quienes no cumplan.

• Informen sobre los avances en el cumplimiento de los ob-jetivos y metas con veracidad y oportunidad.

• Se comprometan a abatir la impunidad en todos los de-litos y no sólo los más graves, mediante el cumplimiento de las más de 800 mil órdenes de aprehensión y reapre-hensión pendientes de ejecución, no permitan se produz-ca nuevo rezago en esa materia y se eleven sustancial-mente las tasas de castigo de todos los delitos. La tasa nacional de castigo del homicidio doloso debe retornar a cuando menos el nivel que tenía en 2005.

• Restablezcan el orden en las prisiones, de tal suerte de que cesen en estas las prácticas del autogobierno, la extorsión de internos y visitantes, el tráfico de privilegios, la violen-cia organizada, el hacinamiento, los motines y evasiones.

• Completen a más tardar en diciembre de 2013 el proceso de depuración de las corporaciones policiales e integra-ción de los mandos únicos, de tal modo que las fuerzas armadas que han apoyado la tarea de seguridad pública puedan regresar a sus cuarteles.

• Eleven sustancialmente los salarios de los policías.Además solicitamos la solución de los siguientes casos específicos:1. El cabal esclarecimiento y castigo de los responsables mate-

riales e intelectuales del asesinato del arzobispo de Guada-lajara, Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido el 24 de mayo de 1993.

2. El cabal esclarecimiento y castigo de los responsables mate-riales e intelectuales del secuestro de Eduardo García Val-seca, ocurrido entre 2007-2008.


3. El cabal esclarecimiento de los secuestros cometidos por grupos terroristas mexicanos en asociación con las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia y castigo de los res-ponsables.

4. Se investigue la actuación de las autoridades federales con relación a la ciudadana francesa Florence Cassez y México cumpla el tratado que mantiene con Francia, para que ella compurgue su condena en su país.

De estas peticiones sólo la última ya no tiene razón de ser, pues Florence Cassez fue liberada al ganar un amparo que su defensa promovió.

Los restantes puntos son vigentes, pero debemos añadir los si-guientes:

1. Respuesta firme, de inteligencia y de autoridad, del Gobier-no Federal frente a los recientes hechos y asesinatos: Asesi-nato en Michoacán del Vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, Comandante de la Octava Zona Naval; asesinato de José Manuel Reyes Rosales, Comandante de la Policía Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán; así como el caso del canje de 4 autodefensas que habían sido detenidos en un operativo a cambio de 24 militares que fueron secuestra-dos por el grupo de autodefensa para negociar la liberación de los detenidos; entre los militares secuestrados se encon-traba el General Sergio Arturo García Aragón, responsable del operativo de seguridad en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán. El secuestro y liberación del general Sergio Arturo García Aragón –y militares que junto con él fueron secuestrados– fueron realizados con impunidad y ci-nismo para retar e inhibir al Estado Mexicano y al Gobierno.

2. En el caso del General Tomás Ángeles Dauahare, quien salió libre al comprobar su inocencia, queda pendiente por esclarecer quién deliberadamente procedió en su contra y


lo inculpó y metió a prisión. Es necesario que se conozca al autor y partícipes de la injusticia en contra del General y que se le aplique un justo castigo a los culpables.

3. El Comandante Javier Herrera Valles, quien siendo Coordi-nador de Seguridad Regional de la Policía Federal fue acusado del delito de delincuencia organizada y después de estar en prisión desde noviembre 2008 hasta septiembre del 2012 en que fue liberado, tras considerar que los elementos con los cuales fue acusado por el Ministerio Público Federal no tenían sus-tento. Igual que en el caso del General Tomás Ángeles Daua-hare, se deben investigar y conocer a los autores y partícipes en la injusta acusación y que se les aplique un justo castigo. El Comandante Javier Herrera Valles, plenamente demostrada su inocencia ha solicitado la reinstalación en el cargo, a la que tiene derecho, y a la fecha no ha obtenido respuesta.

4. Para que en el tema del combate a la delincuencia se esta-blezcan mecanismos de cooperación con los Estados Unidos es importante que se esclarezca el asunto de la emboscada de que fueron objeto funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en México, ocurrida en agosto de 2012 a la altura de Tres Marías en el estado de Morelos, cuando fueron atacados por elementos de la Policía Federal con armas de alto poder. Los funcionarios norteamericanos viajaban en un vehículo oficial de la embajada con placas diplomáticas.Estos hechos no son sólo asesinatos, son un reto al Estado, son un daño gravísimo a la gobernabilidad. No deben quedar impunes.

5. Intervención inmediata para solucionar la problemática de las autodefensas atacando sus causas y para restaurar la go-bernabilidad:• Desplegar las fuerzas federales necesarias para abatir la

inseguridad y la impunidad, así como para restaurar la


autoridad del Estado, en las localidades donde hay auto-defensas. Estas fuerzas deben permanecer hasta que exis-ta una fuerza policial local formal, capaz de garantizar la seguridad.

• Deben tener máxima prioridad zonas como Tierra Ca-liente en Michoacán y Costa Chica de Guerrero.

• Desarmar a los grupos armados y poner fin a sus activi-dades fuera de la ley y proceder a la inmediata detención de los autores de asesinatos en retenes de la autodefen-sa de Ayutla de Los Libres y Tixtla, Guerrero; así como de dos asesinatos en Buenavista Tomatlán, Michoacán.

• Promover la derogación del reconocimiento a las poli-cías comunitarias en la ley 701 de Guerrero, que es con-trario a la Constitución del país (artículo 21) y sirve como cobertura a los grupos armados ilegales.

• Identificar las localidades con una problemática similar y proceder igualmente a desplegar las fuerzas federa-les necesarias para actuar contra las causas y prevenir la aparición de las autodefensas.

6. Ratificamos al Presidente Enrique Peña Nieto las peticio-nes que le entregamos en octubre de 2012 y mencionados en páginas anteriores.

Señor Presidente: No le quede duda, los ciudadanos participa-tivos de todos los sectores esperamos que Usted actúe con inteli-gencia, firmeza y tenacidad. Deseamos que la estrategia contra el crimen, la violencia y la impunidad tenga resultados positivos, que sea exitosa.

Si en esta lucha el Gobierno Federal lo hace bien, estamos con-vencidos que a México le va bien y que Usted contará con el apoyo social para sostener esa lucha contra la violencia y la impunidad.

¿Cuántos fueron asesinados durante el gobierno de Calderón?

¿cuántos fueron asesinados durante el gobierno de calderón? • 281

Para efectos de este estudio consideramos el período de gobierno de Felipe Calderón de enero de 2007 a diciembre de 2012. Según las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública en este período en el país hubo un total de 104,825 homicidios dolosos.

Homicidios dolosos en las entidades federativas entre 2007 y 2012 según el SNSP

Entidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aguascalientes 49 63 66 75 71 44

Baja California 511 853 750 884 673 590

Baja California Sur 28 28 31 48 38 35

Campeche 36 45 41 59 59 69

Chiapas 358 326 499 513 613 573

Chihuahua 617 2,030 3,156 3,903 3,085 1,997

Coahuila 121 179 240 407 663 767

Colima 30 33 52 93 165 259

Distrito Federal 714 713 747 811 779 779

Durango 250 430 930 1,024 764 618

Guanajuato 229 257 414 437 604 771

Guerrero 800 951 1,431 1,500 2,158 2,310

282 • ¿cuántos fueron asesinados durante el gobierno de calderón?

Hidalgo 147 139 137 134 111 83

Jalisco 389 462 570 888 1,222 1,180

México 1,127 1,261 1,345 1,153 1,512 2,130

Michoacán 527 565 728 661 773 755

Morelos 113 135 317 559 556 862

Nayarit 108 147 148 367 456 244

Nuevo León 283 263 267 828 2,003 1,459

Oaxaca 948 733 752 666 641 472

Puebla 401 429 414 415 619 644

Querétaro 57 58 90 59 98 110

Quintana Roo 176 192 177 234 269 250

San Luis Potosí 153 218 158 417 402 396

Sinaloa 741 1,156 1,251 2,251 1,907 1,464

Sonora 308 393 498 654 472 501

Tabasco 193 148 117 143 162 124

Tamaulipas 265 308 288 721 855 1,016

Tlaxcala 0 42 48 48 71 59

Veracruz 478 477 347 583 890 968

Yucatán 30 47 33 36 46 38

Zacatecas 66 74 76 110 119 195

Indicadornacional

10,253 13,155 16,118 20,681 22,856 21,762

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realiza su propio conteo sobre homicidios, como parte del conteo de mor-talidad y que se basa en actas de defunción. Sus cifras empezaron a ser superiores a las del SNSP a partir de 2008. Aún no ha publicado los datos de 2012.


Homicidios dolosos en las entidades federativas entre 2007 y 2011 según el INEGI

Entidad 2007 2008 2009 2010 2011

Aguascalientes 44 59 67 75 105

Baja California 369 1,031 1,530 1,525 822

Baja California Sur 35 38 34 55 50

Campeche 50 54 58 48 51

Chiapas 101 262 514 199 196

Chihuahua 518 2,604 3,680 6,421 4,487

Coahuila 107 175 270 449 718

Colima 43 56 61 131 169

Distrito Federal 848 931 981 1,078 1,100

Durango 178 426 1,033 1,112 1,085

Guanajuato 219 296 492 446 616

Guerrero 764 1,001 1,851 1,567 2,397

Hidalgo 74 75 145 113 211

Jalisco 450 547 681 1,081 1,527

México 1,243 1,579 1,864 2,114 2,627

Michoacán 556 658 934 707 853

Morelos 126 215 259 494 435

Nayarit 108 155 195 541 583

Nuevo León 279 241 342 928 2,149

Oaxaca 563 617 598 731 685

Puebla 274 352 360 376 440

Querétaro 56 73 89 73 109

Quintana Roo 121 144 141 145 164

San Luis Potosí 142 199 211 363 364

Sinaloa 397 820 1,413 2,397 1,967

Sonora 321 435 573 740 542


Tabasco 146 154 173 194 230

Tamaulipas 193 265 315 963 1,097

Tlaxcala 36 54 81 56 89

Veracruz 380 341 692 461 999

Yucatán 49 49 37 34 53

Zacatecas 73 98 129 140 292

Indicadornacional 8,867 14,006 19,803 25,757 27,213

Nuestras estimaciones arrojan un total de 131,404 homicidios en-tre 2007 y 2012. Respecto a los años 2007 a 2011 tenemos cifras alter-nativas a las del SNSP y a las del INEGI por cada entidad federativa. Respecto a 2012 la estimación es global y no detallamos por entidad federativa, pues para hacerlo requerimos las cifras del INEGI.


Cifras reales de homicidios en las entidades federativas entre 2007 y 2011

Entidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aguascalientes 49 63 67 75 80

Baja California 511 1,031 1,530 1,525 810

Baja California Sur 28 38 34 55 42

Campeche 36 54 58 48 59

Chiapas 358 364 514 513 613

Chihuahua 617 2,601 3,680 7,209 4,502

Coahuila 121 180 270 449 729

Colima 30 57 61 131 165

Distrito Federal 714 930 981 1,078 1,101

Durango 250 430 1,033 1,112 1,066

Guanajuato 229 295 492 446 619

Guerrero 800 1,005 1,851 1,567 2,425

Hidalgo 147 139 145 134 209

Jalisco 389 542 681 1,081 1,524

México 2,700 2,907 2,700 2,700 2,613

Michoacán 527 658 934 707 852

Morelos 113 215 317 559 556

Nayarit 108 155 195 541 556

Nuevo León 283 263 342 928 2,177

Oaxaca 948 733 752 731 682

Puebla 401 429 414 415 619

Querétaro 57 74 90 73 107

Quintana Roo 176 192 177 234 269

San Luis Potosí 153 218 211 417 402

Sinaloa 741 1,156 1,413 2,397 1,988

Sonora 308 436 573 740 542

Tabasco 193 153 173 194 225


Tamaulipas 265 308 315 963 1,407

Tlaxcala 0 53 81 56 88

Veracruz 478 477 692 583 1,005

Yucatán 30 49 37 36 53

Zacatecas 66 100 129 140 290

Indicadornacional 11,826 16,305 20,942 27,837 28,375

26,119

¿Por qué no aceptamos como buenas las cifras oficiales de homi-cidios? y ¿en qué nos basamos para estimar cifras que son una 30% mayores a las del SNSP y aunque parecidas a las del INEGI también superiores?

La razón principal para no confiar en las cifras que los gobiernos de las entidades federativas reportan al SNSP, es que a lo largo de los años hemos acumulado evidencia de falsificación de datos, para aparentar una incidencia criminal inferior a la real.

Entre esa evidencia destaca:• Cifras del total de homicidios dolosos que son inferiores a una

de sus partes, como es el caso de los homicidios atribuibles al crimen organizado, lo cual es absurdo.

• Bajas abruptas de los homicidios sin ninguna explicación plausible.

• Las cifras del INEGI suelen ser más elevadas que las SNSP.En general las cifras del INEGI son más confiables (pues no

hay la intención de manipulación para encubrir errores, omisio-nes u otras cosas), pero en algunos casos son erróneas, pues al parecer la institución tiene dificultades para obtener la informa-ción suficiente.

Por ejemplo es muy claro que desde hace años el INEGI sub-re-gistra los homicidios en Chiapas.

Por tanto, los criterios que adoptamos para calcular las cifras rea-les o más cercanas a la realidad han sido los siguientes:


• En caso de que las cifras del SNSP y el INEGI y alguna otra fuente no coincidan, lo más probable es que la cifra más ele-vada sea la correcta. Por ejemplo, en 2010 según el SNSP en Chihuahua hubo 3,903 homicidios, pero según el INEGI en realidad se registraron 6,421. Entonces ¿de dónde sacamos nosotros que en realidad hubo 7,209 homicidios? Pues de lo informado por la Fiscalía General en marzo de 2011, cuando reconoció que esta última cifra era la real.132

• En ningún caso las cifras totales de homicidios dolosos pue-den ser inferiores a las de los aquellos homicidios que son atri-buibles a los grupos criminales. Por ejemplo, en 2011 según el SNSP en Tamaulipas hubo 855 homicidios dolosos y según el INEGI hubo 1,097, pero según los datos de la PGR sobre asesi-natos atribuibles a los grupos criminales, de estos había habido 1,108 en los primeros 9 meses de 2011. De ahí que nosotros estimáramos la cifra real en 1,407, la cual es inferior a la que resultaría de proyectar a 12 meses la citada cifra de 9 meses de la PGR (pues preferimos hacer estimaciones conservadoras).

• Ante la evidencia de falsificación de las cifras del Estado de México desde el año 2007, hemos considerado para los años 2007 a 2010 la cifra de 2,700 homicidios, que es el promedio de homicidios según las cifras reportadas por la procuraduría mexiquense entre 2000 y 2006, es decir, antes de que iniciara el proceso de falsificación sistemática. Para 2011 tomamos por buena la cifra del INEGI de 2,613 homicidios, porque es muy cercana a la cifra promedio que habíamos calculado. Antes de ese año tenemos la convicción de que el INEGI también estaba sub-registrando los homicidios en esa entidad (por error y no por e afán de “rasurar” cifras).

Cabe aclarar que la estimación de 26,119 homicidios dolosos en 2012 (frente a la cifra del SNSP de 21,762), se basa en lo siguiente: en virtud de que en 2011 entre la cifra de homicidios del SNSP (22,856)


y la del INEGI (27,213) fue 4,357, esta última cantidad es la que su-mamos a la cifra oficial del SNSP para 2012 (21,762 más 4,357 es igual a 26,119). Es decir nuestro pronóstico es que la cifra del INEGI de 2012 -cuando se dé a conocer- será de alrededor de 26,119.

Ahora bien, nosotros calculamos que de los 131,404 homicidios 66,410 (50.54% del total) fueron los que se podían atribuir a los gru-pos criminales. Esta cifra se basa en sumar las cifras de 2007 a 2010 que la PGR dio a conocer oficialmente, más los datos de los años 2011 y 2012 que reveló el reportaje “65 mil homicidios dolosos en el sexenio de Calderón” del periódico Milenio, publicado el 8 de abril de 2013 y el cual expone:

“Durante el sexenio de Felipe Calderón se cometieron 65 mil 362 homicidios dolosos vinculados con delitos federales, según el re-cuento oficial que llevan a cabo el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y la Procuraduría General de la República (PGR). Estas cifras dejaron de hacerse públicas a partir de septiembre de 2011, cuando el gobierno argumentó problemas ‘en la metodología’. No obstante, el recuento siguió llevándose a cabo y MILENIO tuvo acceso a la base de datos de los últimos 40 meses, que permite tener la fotografía oficial completa de uno de los saldos de la guerra con-tra el crimen decretada por la administración calderonista.”

La diferencia entre nuestra estimación y la que publica Milenio es mínima y resulta de que para los años 2007 a 2010, como ya dijimos, nos basamos en lo publicado por el gobierno federal.


Homicidios atribuibles al crimen organizado en México entre 2007 y 2012

Año Homicidios CO Fuente:

2007 2,826 PGR

2008 6,837 PGR

2009 9,614 PGR

2010 15,259 PGR

2011 16,987 Reportaje de Milenio

2012 14,887 Reportaje de Milenio

Suma 66,410

Nosotros afirmamos en el primer capítulo:“De los 66,410 homicidios atribuibles al crimen organizado en-

tre 2007 y 2012, el 4.82% (3,204) corresponde a policías y soldados asesinados en enfrentamientos y a servidores públicos muertos por atentados de los integrantes de grupos criminales; el 5% (3,320) a personas inocentes (desde familiares de delincuentes hasta indivi-duos sin el menor vínculo con estos como víctimas de secuestro, personas asesinadas por error, ciudadanos que se negaron a la ex-torsión y víctimas de atentados terroristas); el 90.17% (59,882) eran delincuentes, en su gran mayoría dedicados a la venta de drogas al menudeo y también en su gran mayoría no opusieron resistencia cuando fueron asesinados”.

¿De dónde sale la cifra 3,207 policías, militares y otros servidores públicos asesinados por el crimen organizado y de donde la cifra sobre personas inocentes y que no eran servidores públicos?

El 16 de abril de 2010, Felipe Calderón declaró “Más de 90% de esos homicidios y ejecuciones, según lo hemos venido catalogando, obedecen precisamente a la lucha de unos cárteles contra otros (…) el número de soldados y policías caídos en el cumplimiento de su deber no llega ni a 5% del total de decesos vinculados con la violen-cia generada por los grupos criminales”133. Asimismo dio a entender


que el 5% restante de los caídos correspondía personas inocentes. En otras ocasiones repitió similares cálculos.

En el citado reportaje de Milenio sobre el conteo de homicidios atribuibles a grupos criminales que el gobierno de Calderón man-tuvo aunque dejó de hacerse público, se habla de una cifra de 3,156 asesinados entre policías, soldados y otros servidores públicos, cifra muy similar a la por nosotros calculada.

Nuestro cálculo se basó en lo siguiente:• Entre 2000 y 2006, según las cifras de mortalidad del INEGI,

el promedio anual de asesinatos de “trabajadores de fuerzas armadas, protección y vigilancia” fue de 346.

• A partir de 2007 la cifra de homicidios de esta categoría empie-za a subir en forma pronunciada.

• Entonces para los años 2007 a 2012 se calcularon las cifras de este tipo de homicidios que superaba el promedio de 346 de años anteriores. Y la suma de estas cifras da precisamente 3,204.

• Debe aclararse que la cifra total de homicidios de “trabajado-res de fuerzas armadas, protección y vigilancia” de 2012 es una estimación

Es cierto que antes de 2007 los grandes grupos criminales tam-bién asesinaban policías, pero en cantidades comparativamente mucho menores. Estimamos que hasta 2006 los grupos criminales asesinaban unos 20 policías por año.

Respecto al cálculo de las víctimas inocentes y que no eran servi-dores públicos, la cifra estimada corresponde al 5% que el gobierno de Calderón calculaba que correspondía a esa categoría, entre los más de 66 mil caídos.


Homicidios de “Trabajadores de fuerzas armadas, protección y vigilancia” (2000-2012)

Año Homicidios Por encima del promedio de 436

2000 379

2001 363

2002 344

2003 340

2004 296

2005 327

2006 373

2007 406 60

2008 745 399

2009 759 413

2010 1,144 798

2011 1,126 780

2012 1,100 754

Suma 3,204

Fuente: INEGI (la cifra de 2012 es estimada)

notas • 293

Notas

1. La fuente es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en: http://www.incidenciadelictiva.secreta-riadoejecutivo.gob.mx/wdelito/ 2. La metodología de este cálculo se encuentra en el capítulo final ¿Cuántos fueron asesinados durante el gobierno de Calde-rón? 3. La metodología para este cálculo también se encuentra en el capítulo final ¿Cuántos fueron asesinados durante el gobierno de Calderón? Además respecto a la falta de resistencia armada de la mayoría de los ejecutados por las organizaciones criminales, cabe destacar el reportaje “Han ejecutado a miles... casi todos desarma-dos”, publicado por El Diario de ciudad Juárez el 25 de agosto de 2011: “Mientras el discurso oficial insiste en asegurar que los mi-les de homicidios registrados en esta ciudad obedecen a un enfren-tamiento entre personas involucradas con el narcotráfico o la de-lincuencia, datos del Gobierno del Estado indican que la inmensa mayoría de las víctimas ha sido asesinada mientras se encontraba desarmada. “Estadísticas de la Fiscalía General del Estado muestran que, de tres mil 203 carpetas de investigación iniciadas por homicidio en-tre enero de 2010 y hasta julio de 2011 en Ciudad Juárez, sólo en 59 escenas del crimen se encontraron armas junto a la víctima; es decir, en menos del dos por ciento de los casos.” 4. La metodología para este cálculo también se explica en el ca-pítulo final ¿Cuántos fueron asesinados durante el gobierno de Calderón? 5. El Universal “SEDENA: se ha abatido a 2,893 delincuentes”, 2 de agosto de 2012 6. Excélsior, “El Ejército mexicano admite 47 muertes colatera-les”, 28 de junio de 2012

294 • notas

7. Escobar, Leopoldo; Los mitos izquierdistas sobre la violencia en México; 2012; pp 46-59;en: http://www.neoliberalismo.com/Mitos%20izquierdistas.pdf 8. Escobar, Leopoldo; Los mitos izquierdistas sobre la violencia en México; 2012; pp 22-46;en: http://www.neoliberalismo.com/Mitos%20izquierdistas.pdf 9. Ídem; p. 20

10. Ruiz-Cabañas, Miguel; X. La Campaña Permanente de Mé-xico: costos, beneficios, consecuencias; en: Smith, Peter H (compila-dor), El combate a las drogas en América, 1993, México, Fondo de Cultura Económica, pp 212-213

11. Wikipedia, artículo sobre Pedro Avilés Pérez, en: http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Avil%C3%A9s_P%C3%A9rez

12. Escobar, pp 7-1913. Escobar, pp 20-2214. Cabieses, Guillermo:“La falacia del Nirvana”; en: http://

www.elcato.org/la-falacia-del-nirvana15. Ortega, José Antonio; “¿Pobreza = crimen?”; 2010; México;

CDHEM. Se puede descargar en: www.seguridadjusticiaypaz.org.mx

16. La Jornada, “El Ejército se siente cómodo al dejar que cárteles hagan la guerra, 16 de marzo de 2011

17. ”Hernández, Anabel; “Los señores del narco; 2010; México; Grijalbo;pp 447-463

18. NTRzacatecas.com, Por extorsiones, cierran 180 negocios en Chihuahua en dos días, 30 de agosto de 2010

19. Apro, Cobra crimen organizado “derecho de piso” a 90% de comerciantes en Juárez, 18 de agosto de 2011

20. Proceso, Juárez: Tiendas cerradas, ollas vacías, 28 de junio de 2011

21. Proceso, Constructoras emigran de Juárez; había 250, quedan 50: CMIC, 16 de mayo de 2011

notas • 295

22. La Policíaca, Extorsión cierra negocios y evita que se abran nuevos, 15 de julio de 2011

23. El Universal, Pago de “derecho de piso” se extiende en todo el país, 4 de octubre de 2011

24. Terra, Queman y rafaguean tienda en Chihuahua por extor-sión, 17 de septiembre de 2011

25. Puente Libre, Ejecutan a dos adentro de Súper en la colonia Independencia, 1 de julio de 2011

26. La Policíaca, Por no pagar cuota, matan a panadero en la In-dependencia II, 10 de noviembre de 2011

27. INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción so-bre Seguridad Pública, 2011.

28. Alejandro Gutiérrez, Narcotráfico El gran desafío de Calde-rón, 2007, México, Editorial Planeta, pp 426 y 428

29. Rafael Rodríguez Castañeda, El México narco, 2009, México, Editorial Planeta, pp 54-55

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33. Reporte índigo, “Reyes Baeza Otro gobernador en la mira”, 30 de julio de 2012

34. Alejandro Gutiérrez, Narcotráfico El gran desafío de Calde-rón, 2007, México, Editorial Planeta, p. 421

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seguridad, 21 de julio de 201143. Excélsior, Crimen le cuesta el cierre de tres mil negocios a

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63. El Economista, Cesan a 178 policías en NL por corruptos, 28 de mayo de 2010

64. Terra, Caen mil 600 ‘narco policías’, 437 son de Nuevo León, 15 de mayo de 2011

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298 • notas

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68. Reforma, Detienen a 46 municipales en Nuevo León, 27 de octubre de 2011

69. El Universal, Suman 373 policías detenidos en NL: Domene, 27 de octubre de 2011

70. Reforma, Encarcelan a 22 agentes ‘halcones’ en NL, 7 de no-viembre de 2011

71. EFE, Más de 3.000 agentes dados de baja en Nuevo León, nor-te de México, 12 de octubre de 2011

72. La Jornada, “Arraigan a 8 policías en NL ligados a violación”, 10 de abril de 2012

73. Sexenio Nuevo León, “Detienen policías de Fuerza Civil por extorsión”, 10 de agosto de 2012

74. Transición, “Detienen a policías ligados a la delincuencia or-ganizada en Nuevo León” 4 de septiembre de 2012

75. Zócalo, “Atrapan a Policías secuestradores; liberan a vícti-ma”, 10 de octubre de 2012

76. Nuevo León en Línea, “Detienen en Monterrey a 24 presuntos zetas, 5 de ellos policías y un ex marino”, 20 de noviembre de 2012

77. Excélsior, 23 de febrero de 2012, “Sector privado lanza ultimá-tum al Gobernador de Nuevo León”

78. Reforma, 25 de febrero de 2012, “Da PRI espaldarazo a Gober-nador de NL”

79. Luis Astorga, Seguridad, traficantes y militares, 2007, México, Tusquets Editores, pp 240-242

80. Agencia Reforma, Wikileaks: Ligan a políticos regios con el narco, 11 de febrero de 2011

81. Monitor político (Manuel Marroquín), Documentos secretos de EU sobre Nuevo León, 14 de febrero de 2011

notas • 299

82. Animal Político, Documenta CNDH más de mil cadáveres en fosas clandestinas, 12 de julio de 2011

83. El Siglo de Durango, “Narcofosas”: una larga y oscura histo-ria de Durango, 16 de mayo de 2011

84. El universal, 27 de febrero de 2012, “Hallan 50 cuerpos en di-ciembre, hoy lo informan”

85. Reuters, En ascenso cifra de desaparecidos en Durango: CDHD, 11 de Mayo, 2011

CNN, En Durango hay más desaparecidos que cuerpos exhuma-dos de fosas, 11 de Mayo, 2011

86. Anabel Hernández, Los señores del narco, 2010, México, Hou-se Mondadori, pp 43, 478-479

87. Contralínea, Hernández Deras, en la mira de la justicia, Con-tralínea 199 – Publicado en internet: 15 de Septiembre de 2010

88. La Jornada, Investigan video en el cual se afirma que Hernán-dez Deras da armas a sicarios, 27 de agosto de 2010

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91. El Universal, Padre e hija secuestrados, en narcofosa, 8 de ju-nio de 2010

92. Milenio, Detienen en Quintana Roo a jefe de una banda de Zetas, 11 de marzo de 2010

93. José Antonio Ortega Sánchez, México: ¿rumbo al Estado fa-llido?, 2010, México, Editorial Planeta PP 98-99 y: “Aparece grupo autodenominado ‘MataZetas’; interroga a presuntos Zetas, les eje-cuta, y cuelgan videos”; en: http: //www.arrobajuarez.com/notas.php?IDNOTA=12548&IDSECCION= Portada &IDREPORTERO=-De%20la%20Redacci%C3%B3n

300 • notas

94. Sipse.com, Cancún poco a poco deja de seducir empresarios, 11 de noviembre de 2009

95. SIPSE, Se da cierre masivo de negocios por extorsión, 16 de octubre de 2011

96. Grupo Sipse, Cobro por “derecho de piso” corre a empresa-rios de Cancún, 31 de agosto de 2011

97. Milenio, “Comerciantes denuncian aumento de extorsiones en Cancún”, 1 de octubre de 2012

98. Por Esto, “Extorsión sin freno”, No precisa fecha, en: http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=qroo&idSeccion=1&idTitulo=157826

99. Visión Radio, “Bulldog Café” Cierra Debido A Extorsiones. Inversionistas Huyen De Cancún, 2 de octubre de 2012, en: http://www.visionradio.com.mx/2012/10/02/bulldog-cafe-cierra-debi-do-a-extorsiones-inversionistas-huyen-de-cancun/

100. Yo Cancún, Alarmante Extorsión a Empresarios, 13 de maro de 2013101. Noti Caribe, “Se reunirán militares con empresarios de Can-

cún ante crecientes extorsiones, 5 de mayo de 2013, en: http://no-ticaribe.com.mx/2013/05/05/se-reuniran-militares-con-empresa-rios-de-cancun-ante-crecientes-extorsiones/

102. Informativo Quintana Roo, Derecho de piso de entre 15 y 20 mil pesos, 3 de mayo de 2013, en: http://informativoquintanaroo.com.mx/nota-roja/seguridad-publica/19013-derecho-de-piso-de-entre-15-y-20-mil-pesos.html

103. Diario Respuesta, Asesinados por no pagar piso, 4 de octu-bre de 2011

104. Noticaribe, Identifican a “zetas” causantes del ataque a un bar en Cancún, 1 de septiembre de 2010, en: http://www.noticaribe.com.mx/cancun/2010/09/identifican_a_zetas_causantes_del_ata-que_a_un_bar_en_cancun.html

105. El Economista, Taxis en Cancún, víctimas de extorsión de Los Zetas, 20 de marzo de 2013, en: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/03/20/taxis-cancun-victimas-extorsion-zetas

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110. Sipse, Niña de 12 años es violada por dos policías de Can-cún”, 12 de marzo de 2013

111. Francisco Cruz Jiménez, Tierra narca, 2010, México, Editorial Planeta, pp 212, 213

112. Reforma, Acusan nexos con narco de ex delegado en Edo-mex, 19 de septiembre de 2008

113. Reforma, Desconoce Peña Nieto ‘narcoliga’, 20 de septiem-bre de 2008

114. Reforma, Rechaza Benítez liga con ex mando, 21 de septiem-bre de 2008

115. Francisco Cruz Jiménez, Tierra narca, 2010, México, Editorial Planeta, p. 270

116. Francisco Cruz Jiménez, Tierra narca, 2010, México, Editorial Planeta, p. 279

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118. Francisco Cruz Jiménez, Tierra narca, 2010, México, Editorial Planeta, pp 290-291

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122. Hernández, Anabel; Los señores del marco; 2010; México; Grijalbo; pp 353-354

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U.S-Mexican security; 2010; Institute of Strategic Studies; pp 49-50128. Reforma, “Gana ‘La Familia’ funciones a Godoy”, 14 de julio de 2009129. Milenio, “China compró hierro hurtado por La Familia con

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Terra, “Ahuyenta el narco a 51 candidatos, 17 de octubre de 2011”, http://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/eleccio-nes/ahuyenta-narco-a-51-candidatos-en-michoacan,bf4066a7b38b-3310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html

Milenio, “El narco sí votó en Michoacán”, 22 de noviembre de 2011, http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9066374

Proceso, “Revelan amenazas del narco contra candidatos de 18 municipios en Michoacán”, 2 de diciembre de 2011, http://www.proceso.com.mx/?p=290024

Milenio, “Presidente: el narco bajó a 50 candidatos”, 9 de diciem-bre de 2011, http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9076408

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131. La Razón, Delfín de Zeferino, junto a cacique narco, 22 de febrero de 2010

132. La Crónica de Hoy, “Registró Chihuahua 7 mil 209 asesina-tos durante 2010, el doble que en 2009”, 15 de marzo de 2011, en : http://www.cronica.com.mx/notas/2011/566296.html

133. Excélsior, “Lamentamos las muertes de civiles: Calderón”, 17 de abril de 2010

El desafío de Enrique Peña NietoEl desastre de México:

violencia, inseguridad e impunidad

Impreso en México, en agosto de 2013.

El desastre de México: violencia, inseguridad e impunidadeditor.pbsiar.com/upload/PDF/libro.pdf ·...

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