EL CASO BALTIMORE, LA GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA, EL BLOQUEO DEL PARANÁ Y OTROS CONFLICTOS
El Caso de Las BambasPorque Se Crean Los Conflictos
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El caso de Las Bambas:
¿por qué se crean los
conflictos
socioambientales en el
Perú?
Foto referencial: La República
Escribe: Jorge Cárdenas
La semana pasada la muerte de tres campesinos de la región de
Apurímac durante un enfrentamiento contra la policía conmovió al país
no solo por el dolor que causan estas pérdidas sino porque no es el
primer caso. De hecho, de acuerdo con la ONG Oxfam, desde el 2006
hasta ahora las víctimas por conflictos socioambientales suman
131 fallecidos. Para comprender las causas de detrás de este fenómeno,
LaRepublica.pe conversó con Iván Ormachea, presidente de la
asociación civil ProDiálogo, especializada en la prevención y
transformación de conflictos.
CUANDO SE EVITA LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES
Ormachea es el primero en descartar las motivaciones de “antimineros”
en el caso de las comunidades de Las Bambas. Para el especialista, los
problemas comenzaron no con el rechazo del proyecto por parte de la
población sino por la decisión del gobierno de no incluirlos en el
diálogo.
“Desde un inicio, y fui testigo de esto, las comunidades deseaban ser
parte de la toma de decisiones y constantemente cuestionaban el
mecanismo del fideicomiso [en donde negocian los alcaldes, el gobierno
y la empresa]. Y eso nos da una pista que indica que las comunidades
tenían una muy alta expectativa en torno a los beneficios a
obtener del proyecto”, afirma.
Luego de que la figura del fideicomiso cambiara a través de una
asociación civil llamada “Fondo Social Las Bambas”, las negociaciones
se agilizaron pero las comunidades, que seguían sin ser incluídas,
demandaban rendición de cuentas.
“La voz permanente de las comunidades era ‘queremos saber cómo
esta el proyecto, cuáles son los avances en cuanto al desarrollo a
partir de este fondo social y cómo nosotros queremos participar'”,
explica Iván.
La gota que rebalsó el vaso se dio cuando se modificó el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA), dejando varios compromisos pendientes y
excluyendo a las comunidades de las negociaciones, lo que finalmente
genera el conflicto que devino en los trágicos hechos del 29 de
septiembre.
EL PROBLEMA DE LA REPRESENTACIÓN
En una reciente entrevista que revela la forma en que el gobierno
central piensa; el ministro del Interior, Jose Luis Pérez Guadalupe, afirmó
que “no deberían existir los Frentes de Defensa” y que el diálogo
debería llevarse a cabo solo con las autoridades elegidas.
“Yo creo que lo ideal sería que no sean los Frentes de Defensa
quienes tengan una voz porque, es cierto, nadie los ha elegido y muchos
de ellos no tienen una personalidad jurídica”, concuerda Ormachea pero
aclara que “estamos en un contexto en el cual los partidos políticos, que
deberían ser las correas de transmisión de la voz del pueblo a los
estamentos políticos, no existen“.
Ormachea explica que en muchos casos las autoridades elegidas han
ganado las elecciones por mayoría simple y se han enfrentado a una
férrea oposición por lo que para las comunidades estas no cuentan con
la legitimidad necesaria para representarlos. Dicho de otra manera: la
falta de una reforma política (que no fue apoyada en el Congreso)
degenera en el actual sistema donde hay autoridades que no
representan a nadie.
“Los Frentes de Defensa muchas veces tienen esa poca legitimidad
social de inicio pero la adquieren y se demuestra en el sentido en que
son capaces de movilizar a la gente. Tienen un efecto de arrastre muy
fuerte. Prefiero que estos actores tenga voz en los procesos
porque el mismo diálogo, bien llevado, decanta las agendas de estos y
otros actores”, afirma.
UNA FRÁGIL REGULACIÓN AMBIENTAL
Otro de los problemas clave que explican en gran medida los conflictos
con las comunidades se refiere a la insistencia del gobierno por
desregular los requisitos ambientales de los proyectos mineros. El
experto en temas de conflictividad es muy claro al respecto al afirmar
que “no es una buena decisión ni en el mediano, ni en el largo plazo”.
“Lo que se busca ante todo es promover las mejores condiciones para
atraer la inversión en el país (…) Ayuda tener una legislación mucho más
ejecutiva, permeable, pero en el tema de requisitos ambientales
hay que ser muy cautosporque eso no es ningún negocio”, explica.
Pero el problema no se queda ahí: las críticas de Omarchea no se dan
solo contra esta actitud del gobierno sino con el mecanismo de los
Estudios de Impacto Ambiental. Solo basta recordar que en el
reporte de la Defensoría del Pueblo hasta el mes de agosto, de 213
conflictos sociales, unos 142 fueron de tipo socioambiental.
“Creo que hay una suerte de premura por captar, en este competitivo
mercado de capitales, el mayor número de inversiones. Pero no creo que
sea lo mejor hacerlo a partir de un instrumento que a lo largo de los
años ha demostrado tener falencias. Me refiero a los Estudios de
Impacto Ambiental”, afirmó.
LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA
Para el experto el mecanismo del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
debería ser diseñado pues tiene muchas inconsistencias en su
estructura que generan problemas con las comunidades.
“Conga, Tía María, este caso [Las Bambas] que no tienen que ver con
la aprobación sino con la modificación del EIA demuestra que este
instrumento no esta funcionando. No es participativo, no tiene
credibilidad, no tiene legitimidad social. Quien lo realiza es una
consultora contratada por la empresa y quien lo aprueba es la entidad
que promueve la inversión minera”, aclara.
Asimismo es necesario afianzar los mecanismos de participación
ciudadana para incluir a las comunidades afectadas y no solo dialogar
con autoridades con mínima representatividad.
“Las modificaciones al proyecto Las Bambas se difundieron, se
entregaron panfletos y han habido reuniones pero en realidad esos no
son procesos de participación ciudadana, sino procesos de
difusión. De comunicación más unilateral. Yo creo que esto mereció
realmente una reunión importante con las comunidades. Aquí debería
haberse aplicado el derecho a la consulta previa“, afirma.
Finalmente, la clave para resolver los conflictos sociales incluye la
decisión del gobierno para entregar la información a las mismas
comunidades, para prevenir antes de lamentar.
“Debe haber una mayor disposición de todos los actores, desde el
Estado hasta la empresa, por transparentar esta información y
evitar que se genere la desconfianza(…) Habría que generar un
mecanismo de mayor apertura para que las comunidades tengan mayor
representación en estos espacios”, finaliza.
La República