EDITORIAL UMSA AVDA CORRIENTES 1723 - … · REVISTA DEL DOCTORADO EN CIENCIAS JURÍDICAS ISSN...

ISSN 2469-0716

DOCJURIS

REVISTA DEL DOCTORADO EN CIENCIAS JURÍDICAS

AÑO 4 – N° 6

FEBRERO 2018

EDITORIAL UMSA – AVDA. CORRIENTES 1723 – C.A.B.A.

Autoridades de UMSA Autoridades de DOCJURIS

Rectora M. Alejandra Garbarini Islas

Vicerrector de Posgrado e

Investigación Eduardo E. Sisco

Secretario General Aníbal C. Luzuriaga

Secretaria Académica

Leandra Martínez

Secretario de Publicaciones Ernesto Polotto

Directora Teodora Zamudio

Secretarios de Redacción

Yanina Clarens Lucila Córdoba Adolfo Saglio

Comité Científico

(en orden alfabético)

Graciela Angriman Carlos Burger

Marcos Córdoba Isolina Dabove

Sara Alves Gouveia Bernardes José de Arimateia Barbosa Carlos Gustavo Gerscovich

Marcelo López Alfonsín Joaquim Miranda Junior

Eduardo Sisco Mario Valls

REVISTA DEL DOCTORADO EN CIENCIAS JURÍDICAS ISSN2469-0716 CAICYT-CONICET


DOC-IURIS Año 4 N° 6 – FEBRERO 2018 804

REVISTA DEL DOCTORADO EN CIENCIAS JURÍDICAS ISSN 2469-0716 CAICYT-CONICET


Año 4 N° 6 – FEBRERO 2018 DOC-IURIS

805

ÍNDICE

EDITORIAL. Hacia una acusación privada por Ramiro LÓPEZ MALAH .................................................. 807

Los delitos complejos y los nuevos mecanismos probatorios mediante la implementación de la ley 27.319 por Andrea Sofía BRÜH ............................................................................................................. 811

Hans Jonas: O Princípio Responsabilidade nos Cuidados Paliativos por Cândida CARVALHO GONÇALVES ................................................................................................................................................................ 817

La construcción legal de una imagen corporal. Análisis sobre las normativas vigentes en la República Argentina en lo que a los talles de vestimenta concierne por Hector Luis COSTA ................................ 833

A eutanásia, no contexto social, religioso e jurídico na Argentina e no Brasil por Reginaldo de FRANÇA ................................................................................................................................................................ 843

Protección jurídica de la vida humana por Daniela Verónica MAZA ..................................................... 855

O poder tributario na Constitução brasileira por Roosevelt QUEIROZ COSTA ...................................... 871

Emenda Constitucional e Modificação da Jurisprudência. Trabajo de Investigación. Director: Dr. Paulo Adyr Dias AMARAL Investigadores: Ana Glória Trindade BARBOSA, Arminda Ursula Pereira BAQUEIRO, Carmen Ferreira SARAIVA, Cleber Ferreira SENA, Deyse das Graças Pereira da Silva MENDES, Roosevelt Queiroz COSTA ....................................................................................................................................... 883




807

EDITORIAL. Hacia una acusación privada por Ramiro LÓPEZ MALAH1

Antes del fallo Quiroga2 podía suceder que la querella requiriera la elevación de la causa a jui-cio y el Fiscal solicitase el sobreseimiento, o bien que el Fiscal solicitara el sobreseimiento y no hubiese querella.

En los últimos dos supuestos el Código establecía que: “El juez dictará sobreseimiento si estu-viere de acuerdo con el requerido. De lo contrario, sea que no esté de acuerdo con el sobreseimiento pedido por el fiscal, o sea que sólo el querellante estimara que debe elevarse la causa a juicio, dará intervención por seis (6) días a la Cámara de Apelaciones. Si ésta entiende que corresponde elevar la causa a juicio, apartará al fiscal interviniente e instruirá en tal sentido al fiscal que designe el Fiscal de Cámara o al que siga en orden de turno” (artículo 348, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación –Ley 23.984-); empero la norma en cuestión fue objeto de diversas críticas, principalmente desde el Ministerio Público Fiscal, con el argumento de que con la reforma constitucional que dio ori-gen a aquél organismo (artículo 120 de la Constitución Nacional) y la Ley Orgánica del Ministerio Públi-co (24.946), se creaba un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, para ejercer sus funciones con unidad de actuación e independencia, sin sujeción a instrucciones o directi-vas emanadas de órganos ajenos a su estructura.

Los fiscales consideraron que la potestad de la Cámara de Apelaciones de poder instruir al fis-cal para que elevara la causa a juicio, violaba las normas supra citadas, además de que se veía afecta-do el principio ne procedat iudex ex officio (como un derivado necesario del principio republicano de división de poderes) pues convertía al juez en la posición requirente reservada con exclusividad al Fis-cal y en desmedro de la garantía de imparcialidad, defensa en juicio y debido proceso. Ahora bien, con el fallo “Quiroga”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la última parte del artículo mencionado, quedando derogado tácitamente, y obligando a buscar nuevas solucio-nes a estos supuestos.

Vale decir entonces que, mientras una parte del poder judicial evidenciaba fuertes resabios in-quisitivos, otra parte –más iluminada-, se encauzaba hacia el sistema acusatorio.

En esa línea merece destacarse el fallo “Santillán”3, luego del cual no quedaron dudas de que un tribunal de juicio podía condenar a un procesado, a pesar del pedido de absolución por parte del fiscal al momento de los alegatos finales, siempre y cuando existiese querella debidamente constitui-da, y que la misma solicitara la condena de éste.

Más cercano en el tiempo encontramos el fallo “Storchi”4, donde la Sala II de la Excma. Cámara Federal de Casación penal reafirmó -por voto mayoritario- que “... el apotegma ´no hay condena sin acusación´, entendida ésta como una de las formas sustanciales del juicio, no se ve afectado ante la ausencia de acusación fiscal si existe una acusación válida contenida en el alegato formulado por el querellante particular (art. 393 CPPN), a condición de que éste hubiese requerido oportunamente la

1 Magister en Derecho Penal, Universidad Austral, Doctorando Universidad del Museo Social Argentino; mail de

contacto: [email protected] 2 CSJN, Fallos: 327:5863, disponible en: www.csjn.gov.ar.

3 CSJN, Fallos 321:2021, disponible en: www.csjn.gov.ar.-

4 CNCP, “Storchi, Fernando Martín y otros s/Recurso de Casación”, sentencia del 15/07/2010, disponible en:

www.saij.gov.ar.-




elevación de la causa a juicio a tenor del art. 346 ibídem, aun cuando el fiscal no lo hubiese acompaña-do, todo lo cual se verifica en la especie…”5.

Es refrescante saber que también el Ministerio Público Fiscal intentó luchar contra estos resa-bios inquisitivos, -lamentablemente tan arraigados en nuestra cultura jurídica luego de decenios de vigencia-, a través de una resolución6 del Procurador General que instruyó a todos los fiscales para que en los casos en que el Juez no estuviera de acuerdo con el sobreseimiento pedido, solicitaran al Magis-trado que elevase la causa al Fiscal General ante la Cámara respectiva para que dirimiese el conflicto suscitado.

Actualmente el tema se ha “solucionado”, aunque provisoriamente. Es así que, cuando la que-rella requiere la elevación a juicio y el Fiscal postula el sobreseimiento, -y el juez está de acuerdo con el pedido fiscal-, le queda la posibilidad al de deducir recurso de apelación. Si la Cámara de Apelaciones le hace lugar, será posible elevar la causa a juicio por aplicación de la doctrina que emana de los pre-cedentes “Santillán” y “Quiroga” ya referidos, quedando el Fiscal de Juicio como garante de la legali-dad del proceso y el Tribunal de juicio con su jurisdicción habilitada para dictar una sentencia condena-toria.

Esta facultad del querellante, es reconocida por los instrumentos internacionales, específica-mente como una derivación lógica de lo establecido en los artículos 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, el derecho a querellar aparece como un derecho fundamental del ciudadano a partir del Informe 28/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En este punto tiene dicho Bidart Campos que: Acá alza su supremacía el derecho de la Consti-tución en alianza con el derecho internacional de los derechos humanos y con la valoración que de con-ductas y normas no debe eludir el tribunal que ha de resolver el caso. Si la respuesta que le aporta la ley reconoce con amplitud el papel de la víctima, hasta suplir con su acusación la que no ha formulado el fiscal, hay que aplicar esa ley, porque es constitucional y es justa; si al contrario, encadena la juris-dicción del tribunal y la posibilidad de condena al requerimiento del ministerio público, y para nada computa la acusación de la víctima no hay que aplicar esa ley porque es violatoria de la Constitución y de los Tratados Internacionales vigentes en nuestro derecho interno y porque no conduce a una solu-ción objetivamente justa del caso; si falta toda previsión legal, para saber si la querella alcanza y basta para suplir al fiscal que no acusa y que pide la absolución, la respuesta es igual a la inmediatamente anterior: se debe acoger como suficiente el protagonismo de la víctima7.

Al gran constitucionalista lo sigue Cafferata Nores8, quien se pronuncia sobre la amplia inter-vención de la víctima en el proceso penal, reconocida -como ya se ha dicho-, por los Instrumentos In-ternacionales. En materia de DDHH9 se reconocen las garantías judiciales, se trata el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva (arts. 8.1, 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Este último derecho comprende el de identifi-car y sancionar a los autores intelectuales de violaciones a los Derechos Humanos.

5 En igual sentido se pronunció la Sala I de la Excma. Cámara Federal de Casación Penal, el 5 de agosto de 2013,

en la causa n° 13.475, caratulada “Díaz, Lucas Gonzalo y otros s/Recurso de Casación”.- 6 PGN 13/05, disponible en: www.mpf.gov.ar

7 Bidart Campos, Germán, “Los roles del Ministerio Público y de la víctima querellante en la acusación penal”, La

Ley, Tomo 1998-E, p. 434.- 8Cafferata Nores, José I., “¿La pena al culpable es un derecho de la víctima por ser parte de su reparación?”, en

“Cuestiones Actuales sobre el Proceso Penal”, Editorial Del Puerto, Buenos Aires, 2000.- 9 Léase Derechos Humanos.-




809

Lo antedicho es importante, porque si debe aplicarse el principio de progresividad de los Dere-chos Humanos, se ingresa en un punto de no retorno en donde el legislador procesal no podrá sacar al querellante-víctima de escena.

Afortunadamente son muchas, y muy prestigiosas, las voces que van reconociendo el rol de la víctima –que fuera tan relegada durante décadas-, en el proceso penal.

En la línea jurisprudencial internacional más reciente debe mencionarse el caso “Albán Corne-jo y otros vs. Ecuador”. En él la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró -en su fallo del 22 de noviembre de 2007- el criterio que ya había sentado en sentencias anteriores, según el cual la falta de respuesta por parte del Estado a los trámites realizados por la familia de la víctima, tendientes a conocer la verdad sobre los hechos y obtener justicia, es violatoria del derecho a la integridad perso-nal. Así dijo: “En otras oportunidades, el Tribunal ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de algunos familiares con motivo del sufrimiento que estos han padecido a causa de las actuaciones u omisiones de las autoridades estatales…”.

No obstante lo dicho, la mejor manera –sino la única-, de pacificar y zanjar un conflicto de esta esta índole es por vía normativa.

Es así que, respecto del acusador particular, el nuevo Código –ley 27063- establece la figura del querellante autónomo (art. 85), poniendo fin de esta manera a la discusión que, con el código vigente, todavía existe respecto a la naturaleza de su intervención a partir de lo resuelto por la Corte en “Qui-roga” y “Santillán”. Asimismo se le brinda la posibilidad de formular acusación pese al pedido de so-breseimiento del fiscal, en cuyo caso la función de éste cesará (arts. 237 inc. b y 239, 243 incs. a y b).

Luego de varios siglos, la víctima –y en lo técnico el querellante-, han recuperado protagonis-mo en el proceso penal. Empero no es una vuelta a la “venganza privada” que enseña la historia sobre los inicios del Derecho Penal, sino más bien se trata del reconocimiento de su derecho de acceder a la justicia y a una tutela judicial efectiva.

Ahora bien, en lo especifico, ante el desistimiento o pedido de sobreseimiento se puede cole-gir que el fiscal “abandona” una acción penal que en realidad no le pertenece, sino a la sociedad de la cual emana. Esto podría agravarse en los (próximos) tiempos del principio de oportunidad, que si bien –seguramente- será de gran utilidad para “alivianar” y focalizar el trabajo del Ministerio Público Fiscal en el sistema acusatorio, ello sea probablemente a costa de un pleno sentido de justicia.

Por tanto cuando el Ministerio Público considere que deba mediar el sobreseimiento del impu-tado, nada mejor que el querellante actúe como reaseguro del sistema de justicia penal convirtiéndose en un “nuevo fiscal de la causa”.




811

Los delitos complejos y los nuevos mecanismos probatorios me-diante la implementación de la ley 27.319

por Andrea Sofía BRÜH

Sumario: 1. Introducción. 2. El agente encubierto. 3. El agente revelador. 4. El informante. 5. La entrega vigilada. 6. Prorroga de la jurisdicción. 7. Conclusión

Resumen: El objeto del artículo es plantear la necesidad de una mayor libertad probatoria en la investigación de ciertos delitos complejos para evitar la impunidad de los mismos. Todo ello de-bido a que los métodos que se utilizan habitual-mente para el combate de cierto tipo de delin-cuencia son obsoletos e insuficientes para esta clase de delitos, y esa es la principal razón por la cual las autoridades deben ocurrir a la implemen-tación de nuevas herramientas con el objetivo de evitar, esclarecer, combatir e intervenir de mane-ra directa en el proceso delictivo de las organiza-ciones de crimen organizado. A su vez se plantea la necesidad de unificación legislativa y de técni-cas de investigación a nivel mundial de modo de cooperar entre los distintos Estados en la lucha contra los delitos complejos.

Abstract: The purpose of the article is to raise the need for greater freedom of evidence in the in-vestigation of certain complex crimes to avoid impunity for them. All this because the methods that are commonly used to fight a certain type of crime are obsolete and insufficient for this kind of crime, and that is the main reason why the au-thorities must occur to the implementation of new tools with the objective to avoid, clarify, fight and intervene directly in the criminal process of organized crime organizations. At the same time, the need for legislative unification and investiga-tion techniques at the world level is raised in or-der to cooperate among the different States in the fight against complex crimes.

Palabras llave: Crimen organizado. Trata de per-sonas. Delitos Complejos. Ley 27.319. Narcotráfi-co. Política criminal. Agente encubierto. Agente revelador

Keywords: Organized crime. Trafficking in people. Complex crimes. Law 27,319. Drug trafficking. Criminal policy. Undercover agent. Developer agent

1. Introducción

El presente trabajo tiene como objeto principal plantear la necesidad de evaluar la posibilidad de ampliar los recursos probatorios a efectos de evitar la impunidad de determinados delitos comple-jos, los cuales necesitan de manera imperiosa un conjunto de elementos que permitan su investiga-ción, sin las estrictas limitaciones que se fijan en la investigación de delitos mucho mas simples.

No se pueden investigar delitos como la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas, entre otros, con los medios probatorios típicos y simples que se utilizan al investigar, por ejemplo, un daño o una lesión. Ello así, porque la complejidad ante la que nos enfrentamos a la hora de investigar las redes de crimen organizado es altamente superior en este tipo de delitos que en otros. La principal razón consiste en que en todas las redes de crimen organizado hay una evolución constante a la hora de utilizar nuevos medios para evitar ser detectados y garantizar la impunidad de los hechos en cues-tión, ello debido a que normalmente cuentan con los medios económicos para lograrlo de una manera efectiva.




La justicia y las fuerzas de seguridad tienen la imperiosa necesidad de aplicar nuevas técnicas y herramientas a la hora de investigar esta clase de delitos, no solo teniendo la capacitación adecuada para poder prevenirlos, sino también los instrumentos para poder combatirlos.

La realidad nos enfrenta a un flagelo, muy difícil de combatir, y que necesita no solo de una unificación en materia legislativa, sino también una ampliación en las técnicas de investigación de este tipo de delitos a nivel mundial, dotando de un margen mayor de acción para los jueces y fiscales a la hora de investigarlos.

En otras palabras, esas figuras serán los nuevos instrumentos para la investigación y esclareci-miento de las redes de crimen organizado, tales como los enumera la ley. A modo de ejemplo encon-tramos: delitos relacionados con la narcocriminalidad, el contrabando, explotación sexual, secuestros extorsivos, actos de terrorismo, delitos contra el orden económico y financiero como así también deli-tos cometidos por asociaciones ilícitas.

Haciendo un análisis de las nuevas figuras, se puede decir que son cunato menos polémicas dentro del ordenamiento procesal penal, en especial los casos del agente revelador como el agente encubierto, debido a que nos muestran de manera explicita la dicotomía que existe entre la necesidad del Estado de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y por otro lado la necesidad de contar con herramientas nuevas y eficaces para poder llevar a cabo la persecución penal - como una decisión de política criminal-. Para ello, deviene necesario implementar un estricto control, como así también la toma de recaudos para evitar posibles nulidades, que luego terminen por desalentar su uso.

Es importante también la colaboración entre los distintos países y una cooperación efectiva de los mismos, por lo que resulta necesaria la capacitación al personal policial y judicial y el control de los mismos.

Claramente, el planteamiento de nulidades acerca de estos nuevos métodos de investigación se hace con el solapado objetivo de evitar que se transformen en herramientas habituales y desalen-tar, de modo directo, la utilización de esta clase de instrumentos.

Hoy en día, considero que existe una necesidad imperiosa de crear algún tipo de agencia gu-bernamental especifica que se dedique a la creación y capacitación de agentes encubiertos, pues exis-te una manifiesta carencia en ese aspecto; para evitar errores, el mejor método seria este tipo de ar-mado consistente en la implementación de equipos profesionales y capacitados que se rijan por un protocolo especifico bajo la orbita del Ministerio de Seguridad. Vale aclarar que este tipo de capacita-ción no solo debe ser para los agentes encubiertos y reveladores, sino también para los agentes judi-ciales que tratan este tipo de causas, ya que en ellos deberá estar la “habilidad” en discernir y contro-lar el efectivo y eficaz control de estas herramientas de excepción utilizadas.

Las nuevas herramientas que nos proporciona la ley como mecanismos de excepción, se deben claramente a que nos encontramos frente a nuevas condiciones delictivas y hechos que no permiten ser investigados mediante los métodos convencionales, ya sea porque no existe otra alternativa para avanzar en la investigación, o casos en los que se dificulta investigar con los referidos métodos con-vencionales, por lo que será tarea del juez realizar un análisis razonable de los hechos y las condiciones constitucionales para evaluar la procedencia y control de las mismas. Al tratarse de herramientas de carácter excepcional, debemos decir que su utilización procederá cuando no haya otro medio valido para la investigación de los hechos, y siempre a criterio del órgano jurisdiccional interviniente, cuando el mismo considere que agotó las instancias probatorias típicas de investigación. En ese sentido, co-rresponde aclarar que esta norma no apunta a que el Estado se convierta en un delincuente para po-der investigar delitos, sino todo lo contrario: el objeto es proteger a la sociedad del crimen organizado




813

y evitar su impunidad, todo ello en el marco de un estado de derecho y pleno respeto de las garantías constitucionales. Lo demandará un arduo trabajo tanto del Juez a la hora de controlar estas herra-mientas -de manera severa y efectiva- y su utilización, pues de ese modo existe una mayor posibilidad de lograr un buen resultado. Nunca debe dejarse de tomar en cuenta que nos encontramos frente a organizaciones criminales que se deben desarticular, y que estas herramientas son el camino para lograr la cabal efectivizacion y eficiencia de las investigaciones; y ello tiene un sentido por demás claro: cuanto más nos elevamos en la escala de las organizaciones de crimen organizado, la prueba es mucho mas endeble y por tal razón surge esta necesidad, justamente para evitar que las mismas queden im-punes.

Por lo expuesto, podemos llegar a la conclusión que a pesar de encontrarnos ante un sistema judicial y herramientas antiguas, existe la clara y palmaria voluntad de actualizar los instrumentos y medios para actualizarnos y lograr una efectiva lucha contra los delitos complejos, siendo para ello necesario que se desarrolle una Política de Estado, y que se considere oportuno la elaboración de programas interdisciplinarios de carácter integral para poder prevenir y combatir estos flagelos, que azotan día a día a nuestra sociedad.

Dicho esto, me adentrare a comentar sobre las novedosas figuras instauradas por la nueva ley 27.319 y la razón de su necesidad en el ordenamiento jurídico argentino.

La mentada norma, tiene como objeto “…brindar a las fuerzas policiales y de seguridad, al Mi-nisterio Público Fiscal y al Poder Judicial las herramientas y facultades necesarias para ser aplicadas a la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos, regulando las figuras del agente encubier-to, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y prórroga de jurisprudencia…”.

Resulta importante destacar que el criterio de su utilización será de acuerdo a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad según lo determinado por la propia ley.

2. El agente encubierto.

Puede ser definido como un miembro de las fuerzas de seguridad que se infiltra en organiza-ciones criminales o asociaciones delictivas de manera autorizada y altamente calificado, quien presta su consentimiento y oculta su identidad, con el objeto de conseguir información e identificar o detener a los autores, partícipes o encubridores, o impedir la consumación de un delito.

A su vez, la ley dispone que la designación y la instrumentación necesaria para su protección estará a cargo del Ministerio de Seguridad; además, que estará a su cargo la selección y capacitación del personal destinado a cumplir las mentadas funciones. Todo ello, más allá que quien resolverá dicha actuación será el juez de oficio o a pedido del Ministerio Publico Fiscal. El agente encubierto será “per-donado” por los delitos en los que haya participado obviamente, NO PUEDE PROVOCARLOS, ya que sino entraría en la categoría de agente provocador, extremo que se encuentra prohibido en nuestro ordenamiento jurídico.

Muchas son las posiciones doctrinarias que se oponen a la utilización de este tipo de herra-mientas, fundándose por ejemplo en que “…Se les permite a las autoridades encargadas de la persecu-ción penal la intromisión en los ámbitos privados de los ciudadanos, que, pese a ser sospechados de la comisión de un delito, son inocentes …”10. Mientras que, por otra parte, se expresa que “…ante el te-mor de no poder controlar razonablemente la proliferación de los ataques al orden social, merced a la limitación instrumental de instituciones pensadas para una sociedad de características distintas, se

10

Dencker, Friedrich, “Criminalidad organizada y procedimiento penal”, Nueva Doctrina Penal, Editores del Puer-to, Buenos Aires, 1999, Vol.: 1998/B., p. 479.




tornó necesario apelar a una ‘legislación de emergencia’, que introdujera nuevas técnicas de investiga-ción para luchar contra este tipo de delincuencia, signada por su difícil persecución y comprobación…”11

En otras palabras, quienes se pronuncian en contra de este tipo de practica se fundan en el supuesto derecho a la intimidad, por ejemplo, cuando destacan que “La sola existencia de un agente encubierto afecta el derecho a la intimidad de los investigados porque, ocultando su condición de poli-cía, observa y oye lo que ocurre en conversaciones y conductas que tienen lugar en su presencia o en domicilios de personas físicas y jurídicas a los que tienen acceso”12. Lo cual, a nuestro juicio, resulta tan sólo un argumento banal u opinable, que no toma en cuenta los bienes jurídicos protegidos y la fun-ción del Estado como garante de la seguridad y paz social.

Asimismo, la postura doctrinaria supra referenciada también se funda en la presunta afecta-ción del principio de “razonabilidad”, debido a que considera que el Estado no puede fundamentar la necesidad estricta e imprescindible de este tipo de herramientas que justifiquen la utilización de los agentes encubiertos en la investigación de determinados delitos de crimen organizado, y probar que no existen otros medios alternativos no tan lesivos del derecho en cuestión.

Otro de los principios presuntamente violados por este elenco normativo es el de “Prohibición de autoincriminación”; con respecto a ello, se alega que los dichos auto-incriminatorios que puede verter el sospechoso frente al agente no tiene ningún tipo de control ni límite y que el Estado se esta-ría valiendo de un engaño para poder lograr la misma.

Resumidamente, esas corrientes denominadas de tipo garantistas extremas consideran que este método de investigación amplio viola los derechos y garantías fundamentales de las personas, pero, en realidad, en lugar de que el Estado cumpla con su deber de cuidado, se pretende colocar a la población como victima de su accionar, debido a su falta de limitaciones y control. Ante ello, conside-ro que dichos argumentos no son lo suficientemente fundados ni concisos, sino que sólo traducen meras especulaciones teóricas que obstan considerar que el control siempre se encuentra en manos de los jueces, quienes deberán garantizar la plena observancia del Estado de Derecho y de sus garan-tías constitucionales. Es por ello que los referidos argumentos resultan por demás débiles, debido a que mencionan este instrumento como un abuso de poder del Estado- que claramente no lo es- y ni siquiera se evalúan los bienes jurídicos protegidos.

3. El agente revelador

Otra de las figuras previstas en la ley es la del agente revelador, el cual consiste en que un miembro de las fuerzas de seguridad intenta simular cierto interés en participar de determinado deli-to; tal es el caso del sujeto que quiere comprar drogas, con el fin de que al realizar determinadas ac-ciones tendientes a formar parte del delito, está intentando conseguir la identificación de quienes están involucrados y obtener información sobre el mismo. La diferencia principal con el agente encu-bierto estriba en la duración en el tiempo y el modo de inmiscuirse en la organización, ya que, tal co-mo expresa la ley, “…el accionar del agente revelador no es de ejecución continuada ni se perpetúa en

11

Cassani, Belén, “Agentes encubiertos e informantes como medios de prueba contra el crimen organizado. Un análisis desde la jurisprudencia de Derechos Humanos”, en El Crimen organizado. Desafíos y perspectivas en el marco de la globalización, Yacobucci, Guillermo J. coord., Ábaco, Buenos Aires, Año 2005, página 237. 12

Delgado, Martín Joaquín, “El proceso penal ante la criminalidad organizada. El agente encubierto”, en “Pro-blemas actuales de la Justicia penal: los juicios paralelos, la protección de los testigos, la imparcialidad de los jueces, la criminalidad organizada, los juicios rápidos, la pena de multas”, Picó i Junoy, Joan, direc., Bosch, Barce-lona, año 2001, págs. 102-103.




815

el tiempo, por lo tanto, no está destinado a infiltrarse dentro de las organizaciones criminales como parte de ellas...”13

Ante dicha técnica, se observan las mismas críticas que se realizan ante el agente encubierto.

4. El informante

Esta figura hace referencia a aquel sujeto que suministra información a las fuerzas de seguri-dad, policía u organismos destinados a la investigación de delitos sobre distintas organizaciones crimi-nales con el objeto de obtener un beneficio de tipo económico. Este sujeto tendrá identidad reservada y, a su vez, no será agente del Estado

5. La entrega vigilada

El articulo 15 de la norma establece que “El juez, de oficio o a pedido del Ministerio Público Fis-cal, en audiencia unilateral, podrá autorizar que se postergue la detención de personas o secuestro de bienes cuando estime que la ejecución inmediata de dichas medidas puede comprometer el éxito de la investigación... El juez podrá incluso suspender la interceptación en territorio argentino de una remesa ilícita y permitir que entren, circulen o salgan del territorio nacional, sin interferencia de la autoridad competente y bajo su control y vigilancia, con el fin de identificar a los partícipes, reunir información y elementos de convicción necesarios para la investigación siempre y cuando tuviere la seguridad de que será vigilada por las autoridades judiciales del país de destino. Esta medida deberá disponerse por reso-lución fundada…”

En otras palabras, el objeto principal que tiene esta herramienta consiste en asegurar todo aquello que nos lleve a poder constatar un hecho que presuntamente es ilícito y, a partir de ello, poder identificar a aquellos que estén involucrados en el mismo, ya que en toda investigación de tipo crimi-nal debe considerarse que cualquier rastro puede ser decisivo, a la hora de perseguir y enjuiciar en dicho supuesto a sus autores.

6. Prorroga de la jurisdicción

Para concluir, haré una mención de la ultima herramienta novedosa establecida por la nueva ley, la denominada la prórroga de jurisdicción. La cual hace referencia a que en los casos en los cuales la victima está en peligro o la dilación en el procedimiento pueda llegar a comprometer el éxito de la investigación, tanto el juez como el fiscal podrán actuar en una jurisdicción territorial ajena, debiendo comunicar -obviamente- las medidas que lleve a cabo al juez competente dentro de un plazo no mayor a las 24 horas.

Esta medida logra evitar las típicas dilaciones y problemas de competencia que usualmente surgían en este tipo de delitos, frenando y cortando el procedimiento a causa de que la continuidad del delito era en territorio ajeno. Con esto, se logra un gran avance a la hora de evitar la impunidad de esta clase de delitos, ya que permite que tanto el juez como el fiscal sigan interviniendo para alcanzar un resultado fructífero en las investigaciones.

7. Conclusión

Los tradicionales métodos de investigación que se utilizan habitualmente para el combate de cierto tipo de delincuencia son claramente obsoletos e insuficientes, y es por ello que surgió la necesi-dad de que las autoridades deban recurrir a nuevas herramientas -un tanto polémicas- pero que no por ello dejan de ser novedosas y eficaces con el objetivo de evitar, esclarecer, combatir e intervenir de manera directa en el proceso delictivo de las organizaciones de crimen organizado.

13

Articulo 5° de la Ley 27.319.




Por otro lado, considero como una necesidad, la unificación legislativa y de criterios de técni-cas de investigación a nivel mundial, ya que esta clase de delitos transnacionales necesitan una plena y eficaz colaboración entre los distintos Estados, ya sea a niveles de fuerzas de seguridad, como así tam-bién de los órganos jurisdiccionales.

En otras palabras, resulta por demás necesario que los distintos países se pongan de acuerdo en elaborar Políticas de Estado que tengan como fin garantizar la persecución y punibilidad de los deli-tos de crimen organizados y evitar todo aquello que de lugar a la impunidad de los mismos.




817

Hans Jonas: O Princípio Responsabilidade nos Cuidados Paliati-vos

por Cândida CARVALHO GONÇALVES

Sumario: 1. Introdução. 2. Hans Jonas: breve percurso existencial14

. 3. O Princípio Responsabilidade. 4. A Responsabilidade e o Consentimento Informado. 5. Conclusão. 6. Bibliografia

Resumo: Os cuidados de saúde prestados em Portugal são geralmente de boa qualidade, minis-trados por profissionais competentes em institui-ções de atributo satisfatório. Como componente necessária dos cuidados de saúde temos os cui-dados paliativos que têm como principal objetivo melhorar a qualidade de vida dos doentes e das suas famílias, abordando os problemas associados às doenças que ameaçam a vida, prevenindo e aliviando o sofrimento através da identificação precoce e avaliação minuciosa da dor e de outros problemas físicos, psicológicos, sociais e espiritu-ais. O que pretendemos com este estudo é desen-volver, analisar e aplicar o Princípio Responsabili-dade de Hans Jonas aos cuidados paliativos tendo por base que a responsabilidade é a solicitude reconhecida como um dever de um profissional de saúde que perante a vulnerabilidade do paci-ente se transforma em preocupação.

Abstract: The health care provided in Portugal is generally of good quality, administered by compe-tent professionals in institutions with a satisfacto-ry attribute. As a necessary component of health care we have palliative care, whose main objec-tive is to improve the quality of life of patients and their families, addressing the problems asso-ciated with life-threatening diseases, preventing and alleviating suffering through early identifica-tion and evaluation pain and other physical, psy-chological, social, and spiritual problems. What we intend with this study is to develop, analyze and apply the Hans Jonas Responsibility Principle to palliative care based on the responsibility that is the solicitude recognized as a duty of a health professional that, when the patient's vulnerability becomes a concern.

Palavras-chave: Hans Jonas; Princípio Responsabi-lidade; Cuidados Paliativos; Bioética

Keywords: Hans Jonas; Principle of Responsibility; Palliative care; Bioethics

1. Introdução

O tema, em sentido amplo, por nós escolhido, respeita ao princípio responsabilidade de Hans Jonas. No âmbito deste, delimitamos o tema ao princípio responsabilidade nos cuidados paliativos.

Após delimitarmos o tema da nossa investigação cabe-nos identificar o problema principal: De que modo podemos aplicar o Princípio Responsabilidade aos cuidados paliativos?

A formulação do problema principal desencadeia o aclaramento de problemas secundários:

a) Quem é Hans Jonas? b) O que é o Princípio Responsabilidade? c) Quem está sujeito ao Princípio Responsabilidade nos cuidados paliativos?

14

Baseado nos apontamentos, aulas e material disponibilizado pela Professora Doutora Maria do Céu Patrão Neves. Disponíveis em www.patraoneves.pt. Dreher, Sofia Cristina – Sobre a dignidade humana no processo do morrer. Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. São Leopolo: Julho, 2008. P. 43 e 44.

http://www.patraoneves.pt/




Depois de apresentado o tema, feita a sua delimitação, formulado o problema principal e os problemas secundários, chegou o momento de apresentarmos os objetivos que pretendemos alcan-çar:

a) Objetivo geral: Desenvolver o Princípio Responsabilidade e verificar como é que este pode ser aplicado aos cuidados paliativos com o intuito de melhorar a qualidade de vida do doente e a prestação de cuidados de saúde ao mesmo.

b) Objetivos específicos: i. Fazer um breve enquadramento bio e bibliográfico de Hans Jonas.

ii. Analisar o Princípio Responsabilidade e adaptar aos cuidados paliati-vos.

iii. Verificar quem são os sujeitos do Princípio Responsabilidade na relação médico-paciente.

Para a investigação e redação do artigo socorrêramo-nos à seguinte metodologia de trabalho científico: a) Método indutivo e dedutivo: Pela realização de um processo de raciocínios conexos, no sentido ascendente, isto é, do mais simples para o mais complexo e do geral para o particular, em or-dem a uma conclusão; b) Método histórico: Iniciando a investigação e redação partindo dos antece-dentes e fundamentos dos modelos médicos; d) Método funcionalista: Através do recurso ao método comparativo articulado com o funcionalista, proceder a uma análise do concreto para o abstrato. O método indutivo e dedutivo será utilizado no que respeita à abordagem; já no que concerne ao proce-dimento, será utilizado o método histórico, comparativo e funcionalista15.

Relativamente à técnica de recolha e tratamento da informação, optamos pela pesquisa bibli-ográfica e documental, dando especial atenção à consulta bibliográfica, tanto nacional como estran-geira.

2. Hans Jonas: breve percurso existencial16

Hans Jonas nasceu em Mönchengladbach, na Alemanha, a 10 de Maio de 1903 e faleceu a 5 de Fevereiro de 1993 em New Rochelle, Nova Iorque; filho de Gustav Jonas e de Rosa Horowitz, nasceu numa família judia que considerava integrar-se na sociedade alemã, especialmente nos valores da cultura alemã.

Durante a sua adolescência e perante do antissemitismo na Alemanha, tornou-se sionista co-mo o seu pai, lutando pelo restabelecimento de uma pátria para judeus, em Israel. Em 1933 abando-nou a Alemanha, partindo para o Reino Unido com destino final a Palestina, já em 1934; seis anos mais tarde regressou ao Reino Unido para integra uma brigada militar composta por alemães judeus que partiu primeiro para Itália e, no final da Segunda Guerra Mundial, foi enviado para a Alemanha.

Conheceu a sua esposa, Eleanore Weiner, na Palestina, com quem casou em 1943. Desde que se conheceram enviavam cartas, escrevendo não só sobre amor mas também sobre filosofia. Foi pai de três filhos: Ayalah Jonas Sorkin, Gabrielle Jonas e John Jonas.

15

Lakatos, Eva Maria; Marconi, Marina de Andrade – Metodologia de Trabalho Científico: procedimentos bási-cos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. ISBN 85-224-2991-X. p. 58. 16

Baseado nos apontamentos, aulas e material disponibilizado pela Professora Doutora Maria do Céu Patrão Neves. Disponíveis em www.patraoneves.pt. Dreher, Sofia Cristina – Sobre a dignidade humana no processo do morrer. Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. São Leopolo: Julho, 2008. P. 43 e 44.

http://www.patraoneves.pt/




819

A sua mãe faleceu numa câmara de gás, em Auschwitz, o que fez com que Hans Jonas nunca mais quisesse regressar à Alemanha, partindo de novo para a Palestina onde participou na Guerra da Independência de Israel, em 1948.

Dedicou-se ao estudo da Filosofia, Teologia e História da Arte, de 1921 a 1927, em Freiburg, Berlim e Heidelberg onde estudou também com Husserl, Heidegger e Rudolf Bultmann.

Em 1928, concluiu o seu Doutoramento cuja tese era sobre o conceito de “gnose”. Dedicou-se durante largos anos ao serviço militar mas a sua vocação era a reflexão filosófica e o ensino da Filoso-fia. Hans Jonas lecionou em Jerusalém, Canada e Estados Unidos tornando-se uma referência no do-mínio da tecno ética, da bioética e também especificamente da ética ecológica. É possível dividir a sua produção filosófica em três períodos: gnosticismo, filosofia da biologia e a ética.

A sua principal obra foi escrita em alemão, Das Prinzip Verantwortung – O princípio responsa-bilidade, que foi publicada em 1979. Esta obra centra-se sobre os problemas sociais e éticos suscitados pelo progresso tecnológico, afirmando que a sobrevivência do Homem e da Terra dependem da for-mulação de uma nova ética, estruturada a partir do princípio “responsabilidade”.

Jonas é considerado um dos filósofos de presença marcante no final do século XX. A sua obra possui um grande alcance nas discussões éticas provindas do contexto atual. O autor propõe uma ética de responsabilidade, alargando a responsabilidade do indivíduo não só para com o outro ser humano mas também acumula nesse outro, a natureza, o planeta terra, em última instância, a sobrevivência da humanidade na terra.

O autor não propõe a eliminação da ética do próximo, ao contrário, para ele, ela é necessária num âmbito privado. O objetivo desta obra é a renovação da ética, para que seja capaz de responder às novas incertezas éticas manifestadas no seio da sociedade contemporânea caracterizada pelo pro-gresso tecnológico. A ética da responsabilidade surge num momento de grande ambição e tirania téc-nica.

Alguns autores apelidam a ética da responsabilidade de uma ética do medo. Esta comparação deve-se ao facto de que Hans Jonas procura chamar à atenção os indivíduos para o sentido que a ciên-cia e, naturalmente, as nossas ações estão nos conduzindo: à destruição da sobrevivência humana na terra.

Segundo Jonas, não conseguiríamos atuar de forma responsável se não fossemos capazes de estremecer defronte de algumas eventualidades: esse é o sentido heurístico do medo. No centro da ética da responsabilidade encontra-se a obrigação de conservar uma vida genuinamente humana so-bre a terra.

«A “heurística do medo”, uma das expressões mais célebres e polémicas que se reporta a Jo-nas, enuncia o sentimento de medo suscitado pela utopia do progresso positivo da tecnociência e des-tina-se a funcionar como uma metodologia própria. Isto é, para Jonas o sentimento do medo deverá perfilar-se como resposta à natureza do progresso da tecnologia moderna: de imediato, como aconse-lhamento do agir, porque o mau prognóstico é mais fácil do que o bom – já o sugeria o daimon socráti-co (sabemos primeiro o que não queremos do que o que queremos); progressivamente, como contri-

buindo para o desenvolvimento do saber preditivo e o aprofundamento da sabedoria prática»17.

17

Neves, M. Patrão – Éticas Tradicionais e Ética do Futuro. Contributos e Insuficiências do Pensamento de Hans Jonas. In: Da natureza ao sagrado. Homenagem a Francisco Vieira Jordão. Edição da Fundação Eng. António de Almeida, Porto, 1999. P. 603.




O imperativo categórico de Kant afirmava: «Age de tal maneira que possas querer igualmente que a tua máxima se torne uma lei universal»; Jonas passa então a escrever o imperativo da ética da responsabilidade com a seguinte formulação: “Age de maneira tal que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida autenticamente humana sobre a terra».

3. O Princípio Responsabilidade

Hans Jonas desenvolveu o conceito de responsabilidade, remetendo-nos a uma visão futura de responsabilidade para com aquelas gerações que ainda não usufruíram das riquezas da Terra. Procura, de certa forma, chamar a atenção para o avanço das tecnologias e as agressões a que a natureza e o ser humano estão a ser submetidos diariamente; evidenciando que os avanços tecnológicos não trou-xeram unicamente conquistas, mas também trouxeram novos problemas éticos e concludentemente

uma nova discussão sobre as diretrizes éticas que pautam a nossa vida18.

A reflexão de Hans Jonas procura «adicionar ao catálogo de obrigações (…) outras novas, que

nunca foram consideradas, porque não havia ocasião para isso»19

, fazendo uma analogia da caixa de Pandora com as descobertas provindas da ciência e da tecnologia e alerta para a necessidade de se «(…) fazer uma pausa e pensar realmente onde estamos, para então decidir, com a ajuda da sabedoria,

em que direção se deve continuar»20

.

A proposta de uma ética da responsabilidade «consiste na afirmação de que o princípio de-terminante da acção humana é a “responsabilidade”, a qual se exprime como cuidado ou solicitude, preocupação ou dever pelo perecível, pelo frágil pelo vulnerável (isto é, pelo ameaçado, pela humani-

dade futura)»21

.

Segundo Hans Jonas a ética antiga atua apenas focada nas necessidades do homem, numa vi-são antropocêntrica, ao invés de ampliar essa visão para a natureza, para o nosso habitat. O autor relata que a “nota ética” deve ser pautada na responsabilidade para com as gerações futuras, para com o respeito com a natureza, com a consciência de que as nossas ações são cumulativas e geram

consequências no amanhã e de que tais ações são irreversíveis22.

Para Bingemer, Hans Jonas propõe ao pensamento e ao comportamento humano uma nova ética, «a ética tradicional, segundo ele, fundava-se e acontecia apenas dentro dos limites do ser hu-mano, não afetando a natureza das coisas extra-humanas. A natureza não era objeto da responsabili-dade humana, pois cuidava de si mesma. A ética tinha a ver apenas com o aqui e agora. Em substitui-ção aos antigos imperativos éticos, entre os quais o imperativo categórico kantiano, que se constitui no parâmetro exemplar – “Age de tal maneira que o princípio da tua ação se transforme numa lei uni-versal” -, Jonas propõe um novo imperativo: “Age de tal maneira que os efeitos da tua ação sejam

18

Dreher, Sofia Cristina – Sobre a dignidade humana no processo do morrer. Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. São Leopolo: Julho, 2008. P. 44. 19

Jonas, Hans – Técnica, medicina y ética: sobre la práctica del principio de responsabilidade. Barcelona: Herder, 1995, p. 178. 20

Idem. Op. Cit., p. 202. 21

Neves, M. Patrão – Uma ética para a civilização tecnológica (Hans Jonas). Arquipélago/Série Filosofia, 7 (2000): 107-128. P. 119. 22

Dreher, Sofia Cristina – Sobre a dignidade humana no processo do morrer. Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. São Leopolo: Julho, 2008. P. 45.




821

compatíveis com a permanência de uma vida humana autêntica”, ou, formulando negativamente,

“não ponhas em perigo a continuidade indefinida da humanidade na Terra”»23.

O fato é que o medo instalado por uma possível destruição global está a provocar uma altera-ção no comportamento das pessoas, o indivíduo começou a rever os seus conceitos e a alterar as suas ações, visando o futuro próprio e o das gerações futuras, «(…) o medo torna-se a primeira obrigação

de uma ética da responsabilidade histórica»24

.

Esse medo de destruição leva a população mundial a ponderar sobre as suas ações, bem como sobre o preço que pagamos pelos avanços tecnológicos. Para Hans Jonas, a responsabilidade é o «princípio primordial deste momento da história de utopias caídas e novos paradigmas levantados, no qual o ser humano busca desesperadamente categorias que o ajudam a continuar vivendo uma vida

digna e que continue merecendo o nome de humana»25

.

A procura desmedida por riquezas, pelo domínio da técnica e da vida, levaram-nos a grandes discussões sobre o respeito da dignidade humana. Até que ponto podemos passar por cima de tudo e de todos em busca de tais aspirações? O ser humano vem sendo negligenciado em prol da técnica durante anos. O que observamos à medida que o tempo passa são mais pessoas desempregadas com o aumento da tecnologia no mercado; mais pessoas morrendo sozinhas cercadas por aparelhos ultra-modernos, mas que não possuem um mínimo de afeto; e milhares de pessoas passando fome, embora

o índice de produção agrícola tenha aumentado com os avanços da tecnologia no cenário do campo26.

«O paradoxo da situação atual está em que precisamos recuperar esse respeito a partir do medo, e recuperar a visão positiva do que foi e do que é o homem a partir da representação negativa, recuando diante do que ela poderia tornar-se, ao encararmos, fixamente essa possibilidade no futuro imaginado. Somente o respeito, na medida em, que ele nos revela um algo sagrado, que não deveria ser afetado em nenhuma hipótese (o que podemos vislumbrar, mesmo sem uma religião positiva), nos protegeria de desonrar o presente em nome do futuro, de querer comprar este último ao preço do

primeiro»27.

A população em geral acaba adaptando-se às condições que lhes são apresentadas. Faz parte da essência humana. O ser humano possui uma capacidade enorme de adaptação, bem como uma grande criatividade em se reorganizar perante um novo contexto instalado. Mas a pergunta que se coloca é: até que ponto devemos nos adaptar a essas situações e quando devemos verdadeiramente lutar para que a dignidade humana seja respeitada e preservada?

«De facto, se a vida significa antes de tudo adaptação, ela representa a melhor e a pior das ga-rantias confiáveis de sobrevivência, que os apóstolos da irresistível transformação tecnológica das condições de vida têm a nos oferecer. Nós acreditamos que nos basearmos nessa certeza (uma vez aceita) é tão irresponsável quanto nos abandonarmos à incerteza, como na série de exemplos anterio-res. Pois, nesse caso, a questão correta não é: “O homem vai se adaptar?” (dever-se-ia temer que sim), mas: “A que o homem deveria se adaptar?”, “A que o homem deve ser forçado ou autorizado a se

23

Bingemer, Maria Clara Lucchetti – Apresentação. In JONAS, Hans. O Princípio Responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006, p.18. 24

Jonas, Hans – O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. P. 301/352. 25

Idem., Op. Cit.,P. 19 26


Jonas, Hans – O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. P. 353.




adaptar”, “Que condições resultantes da sua adaptação devem ser permitidas?”; essas questões põem na ordem do dia a ideia de homem: também sobre ela se estende a responsabilidade do homem públi-co, o seu conteúdo último e ao mesmo tempo o mais próximo, o núcleo da sua totalidade, o verdadei-

ro horizonte do seu futuro»28.

Mais do que trazer de volta a responsabilidade para com o outro, o medo faz reviver a prática do cuidado para consigo mesmo, para com o outro, para com a natureza. Essa é a grande diferença entre o que os recursos tecnológicos podem providenciar a um ser humano e o que ele próprio pode proporcionar ao próximo – o cuidado. A humanidade precisa mais do que técnica, precisa do toque, do

diálogo, da companhia, do cuidado humano29

.

Precisamos de reencontrar um equilíbrio entre a ciência, a tecnologia e a dignidade humana. Neste sentido, Jonas coloca que a responsabilidade é o cuidado reconhecido como obrigação em rela-

ção a um outro ser, que se torna “preocupação” quando há uma ameaça à sua vulnerabilidade30

.

«Mas o medo está presente na questão original, com a qual podemos imaginar que se inicie qualquer responsabilidade ativa: o que pode acontecer a ele, se não assumir a responsabilidade por ele? Quanto mais obscura a resposta, maior se delineia a responsabilidade. Quanto mais no futuro longínquo situa-se aquele que se teme, quanto mais distante do nosso bem-estar ou mal-estar, quanto menos familiar for o seu género, mais necessitam ser diligentemente mobilizadas a lucidez da imagi-

nação e a sensibilidade dos sentidos»31.

Para muitos, abrir mão dos avanços tecnológicos e científicos seria um retrocesso. O que está em causa, não é a estagnação da ciência, das tecnologias, mas um limite, um equilíbrio necessário para

respeitar a dignidade humana.32

Temos verdadeiramente que resgatar a humildade e a humanidade dos profissionais da área da saúde e da ciência, demonstrando que não são os detentores das decisões e que elas devem ser amplamente discutidas, levando em conta também a vontade do paciente sobre o melhor a ser feito diante da situação apresentada. O respeito para com cada paciente, para com cada ser humano, re-

quer uma dose a menos de cura tecnológica e uma dose a mais de cuidado humano33

.

É justamente a falta de humanização que leva os doentes a protestar e que um verdadeiro programa de humanização poderia elevar o nível de satisfação dos utentes. Trata-se de uma exigência ética irrecusável – e não apenas de uma preocupação com a melhoria da qualidade dos serviços pres-tados –, com base nos fundamentais valores da pessoa humana que, por estar doente, não perde a sua

dignidade, liberdade, autonomia e à qual devemos atenção, solicitude e solidariedade34.

Os agentes da humanização são fundamentalmente os profissionais de saúde. A humanização do seu agir, a preocupação em respeitar a dignidade e a liberdade do paciente, em evitar tudo o que

28

Idem., Op. Cit., P. 206 29


Ibidem. 31

Jonas, Hans – O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. P. 352. 32


Idem., Op. Cit., P. 48. 34

Osswald, Walter – Da Vida à Morte. Horizontes da Bioética. Gravida: Lisboa, 2014. P. 49-52.




823

possa incómodo, inútil, humilhantes, discriminatório, entre outros, serão uma garantia de uma verda-deira humanização na área da saúde.

«A morte é cada vez mais um fenómeno hospitalar, com mais de 50% dos óbitos a verificarem-se em instituições de saúde. Não sabemos quantas «boas mortes» terão ocorrido, isto é, em quantas terá sido respeitada a dignidade e o bem-estar do moribundo, quantos terão tido companhia compas-siva ou ao menos o toque carinhoso de uma mão humana, mas não parece excessivo pugnar sempre pela humanização do morrer e da morte, para que este processo definitivo possa ocorrer sempre tal

como o desejamos para nós e para os nossos»35

.

Segundo Hans Jonas, a integridade não é nada mais do que a manifestação do seu apelo à hu-mildade e humanidade: «cada vez maior e mais afinada por parte dos seus representantes, sempre bastante deficientes. Guardar intacto tal património contra os perigos do tempo e contra a própria ação dos homens não é um fim utópico, mas tampouco se trata de um fim tão humilde. Trata-se de

assumir a responsabilidade pelo futuro do homem»36

.

Mais do que a tecnologia, a humanidade, a integridade e humildade fazem parte da base sóli-da dos cuidados paliativos. A população portuguesa tem vindo a demonstrar uma tendência para o envelhecimento. Hoje vivemos mais anos, todavia, viver mais anos não significa usufruí-los com quali-dade. O desenvolvimento da tecnologia e da medicina permite uma maior sobrevivência e consequen-temente uma diminuição da mortalidade, porém, em determinadas situações esta maior sobrevivência traduz-se num aumento de anos de vida independentemente das condições em que essa vida será

vivida37, pois o aumento da longevidade acarreta um aumento significativo do número de pessoas que

sofrem de doenças crónicas, e do número de pessoas que não se curam38.

Daqui surgem os Cuidados Paliativos, segundo a definição de cuidados paliativos proposta pela Organização Mundial de Saúde (O.M.S) trata-se de uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida dos doentes, e das suas famílias, que enfrentam problemas decorrentes de uma doença incurável e com prognóstico limitado, através da prevenção e alívio do sofrimento, com recurso à identificação precoce e tratamento rigoroso nos problemas não só físicos, como a dor, mas também nos psicossoci-ais e espirituais.

Nessa mesma definição salienta-se a necessidade de oferecer a máxima qualidade de vida às pessoas com doença avançada, incurável e progressiva, através de cuidados ativos, incluindo a família e respeitando o processo natural de morrer.

Acompanhamos Robert Twycross quando este define cuidados paliativos como “cuidados acti-vos e totais dos pacientes e suas famílias, realizados por uma equipa multidisciplinar, num momento em que a doença do paciente já não responde ao tratamento curativo e a sua expectativa de vida é

relativamente curta”39.

Ao iniciar Cuidados Paliativos a um doente procuramos cuidar o doente e não apenas a doen-ça, aceitando as perturbações físicas, psíquicas e familiares, respeitando a perspetiva do doente e acei-

35

Idem., Op. Cit., P. 52. 36

Jonas, Hans – O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. P. 353. 37

Silva, Ângela Maria Oliveira e; Vilares, Manuel Joaquim Soares – Cuidados Paliativos Alternativa ao Cuidar Insti-tucional. Humanização da Saúde. Gráfica de Coimbra. Coimbra: Janeiro de 2007. P.183. 38

Cardoso, Ana Seara; Ricou, Miguel – A Comunicação na Transição para Cuidados Paliativos. Política de Saúde. Universidade Portucalense Infante D. Henrique. Porto: Março de 2003. P. 219. 39

Citado por SILVA, Ângela Maria Oliveira e; VILARES, Manuel Joaquim Soares, Op. Cit., P.184.




tando este e a família como centro da decisão. Pois, neste momento, estão esgotadas as possibilidades de tratar, resta cuidar, promovendo o máximo de conforto ao doente, aceitando o processo natural da morte sem a atrasar ou precipitar e investindo no controle e prevenção de sintomas desagradáveis como a dor.

Hoje em dia, investimos no processo de humanização da morte, através de equipas multidisci-plinares, incluindo nos cuidados a prestar, aspetos psicológicos, sociais e espirituais, circundando o doente e a família para que estes alcancem a própria morte num processo o mais natural possível.

Os cuidados paliativos não têm por objetivo o mascaramento da doença, pelo contrário, traba-lham a partir da verdade, da constatação de que a partir desse momento os pacientes não têm mais cura e que, por isso, irão proporcionar cuidados paliativos, ou seja, cuidados que vão além do controlo da dor, uma vez que procuram atender o indivíduo de forma global, porque entendem o ser humano

nas suas diversas facetas, como a social, espiritual, mental, físico e emocional40.

O objetivo é controlar a dor e outros sintomas, uma vez que o paciente já não responde ao tra-tamento curativo, com cuidados de ordem psicológica, social e espiritual, melhorando a qualidade de vida dos pacientes e da sua família.

Elisabeth Kübler-Ross, autora da obra “Sobre a morte e o morrer”, identificou cinco fases41 que

antecedem a morte42:

1. Negação e isolamento: trata-se da fase de negação, de recusa em aceitar a in-formação, de constatar a realidade. O paciente procura outros médicos na tentativa de con-tradizer o diagnóstico anterior;

2. Raiva: num segundo momento, o paciente termina a fase da negação e começa a questionar por que é que aquilo lhe está a acontecer e não com uma outra pessoa. Procura motivos para estar a ter aquele “castigo”;

3. Barganha: em seguida, damos início à negociação para a obtenção da cura mesmo sabendo o diagnóstico feito pelos médicos. O paciente procura fazer tudo o que não fazia antes, na tentativa de se redimir perante os outros e assim obter a cura;

4. Depressão: com a confirmação de que a morte é certa e que não há forma de a evitar, o paciente entra em depressão pelas perdas passadas, presentes e futuras;

5. Aceitação: Esta fase não pode ser confundida com um estágio de felicidade. O paciente que teve o tempo necessário para processar as suas perdas, despedidas e temores, prepara-se nesta fase para o fim da sua vida. Trata-se de uma fase de silêncio e de presença.

É a partir de investigações como estas e outras em campo, conhecendo a realidade e as condi-ções de cada paciente, que conseguimos avançar na luta por um processo de morte mais digno, con-seguimos visualizar o nosso sentido de responsabilidade para com o próximo ao proporcionar um fim de vida cuidado, com todas as condições necessárias para que parta feliz.

4. A Responsabilidade e o Consentimento Informado

40


Estas fases são fruto da investigação feita pela autora baseada em entrevistas feitas por ela e com o acompa-nhamento de estudantes, a pacientes em fase terminal internados no hospital. Nem todos os pacientes passam por todos estas fases, muitos falecem estando apenas na primeira, o tempo que passam em cada fase também difere de paciente para paciente. 42

Dreher, Sofia Cristina – Sobre a dignidade humana no processo do morrer. Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. São Leopolo: Julho, 2008. P. 84.




825

O consentimento informado foi sendo construído ao longo do século XX é a legitimação e o li-mite da intervenção médica. O dever de esclarecimento dele deriva permite a autodeterminação do indivíduo nos cuidados de saúde. Referimo-nos à informação que o médico deve dar previamente a qualquer intervenção médica, para que o paciente tome uma decisão livre, e desta forma seja cumpri-do o princípio da autonomia da pessoa humana, enquanto expressão do axioma fundamental que é a

dignidade humana43

.

O reconhecimento dos direitos do doente e a crescente importância do princípio da autonomia do paciente estão na origem da definição do conceito do consentimento informado e fizeram com que

este se torna-se uma imprescindível pré-condição para qualquer ato médico44

.

Trata-se de um instituto jurídico complexo que se traduz num processo dinâmico de inter-relação entre vários agentes envolvidos. Por vezes, estamos perante uma relação simples quando esta se cinge ao médico e ao paciente; outras vezes (e maior parte delas) estamos perante uma relação complexa e multilateral, envolvendo toda uma equipa médica, a família, pessoas próxima e represen-

tante legal do paciente45

– o que é o caso de um paciente proposto para cuidados paliativos.

Qualquer intervenção médica no paciente, quer para fins de diagnóstico ou para fins terapêu-ticos, exige a prévia explicação do procedimento por parte do profissional de saúde e a obtenção do

assentimento, concordância, autorização ou consentimento, por parte do paciente46. Embora a atua-ção tenha a intenção de fazer o bem ao paciente, este não é obrigado a sujeitar-se passivamente ao que é proposto pelo médico; tem que haver uma conjugação do princípio da beneficência do presta-dor de cuidados de saúde com o princípio da autonomia do paciente porque o objetivo principal é associar o paciente ao processo de tratamento, transformando-o num sujeito ativo com a capacidade de decidir de forma responsável. E, é da responsabilidade do médico certificar-se que o paciente exer-ce a sua vontade de modo responsável e não de forma irrefletida ou caprichosa; assim como é da res-ponsabilidade do médico dar todas as informações e esclarecimentos necessários para que o paciente possa dar o seu consentimento, ter sempre em conta a vontade e a autonomia do paciente e não atu-rar de forma autoritária ignorando e subestimando aquele.

Para que seja dado um consentimento informado válido é necessário, em primeiro lugar, que o paciente tenha a capacidade para tomar decisões visto que vai autorizar intervenções na integridade física e psíquica ou nos direitos de personalidade, deve ter a capacidade de tomar uma decisão racio-nal sobre os riscos e sacrifícios dos seus próprios bens jurídicos.

Amelung divide a capacidade para consentir em quatro momentos: a capacidade de decidir

sobre valores47

, a capacidade para compreender os factos48

, a capacidade para compreender as alter-

43

Pereira, André Gonçalo Dias – O Consentimento Informado na Relação Médico-Paciente. Estudo de Direito Civil. Coimbra Editora. Coimbra: 2004. P. 71-73. 44

Osswald, Walter – Da Vida à Morte. Horizontes da Bioética. Gravida: Lisboa, 2014. P. 196. 45

PEREIRA, André Gonçalo Dias – O Consentimento Informado na Relação Médico-Paciente. Estudo de Direito Civil. Coimbra Editora. Coimbra: 2004. P. 129. 46


Seguindo a tese de Amelung, Knut – Die Einwilligungsfähigkeit in Deutschland, in Kopetki, Christian (Hrsg.), Am Einwillingung und Einwilligungsfähigkeit, Wein, Manz, 2002, p. 24-37, a capacidade de decidir sobre valores é uma decisão racional que pondera custos-benefícios, na qual os benefícios superam os sacrifícios, segundo o seu próprio sistema de valores. O consentimento é um instrumento de autodeterminação, o paciente deve no mo-mento de consentir ou dissentir afirmar o seu projeto de vida e desenvolver livremente a sua personalidade. A sociedade onde o paciente está inserido é democrática, plural e laica, por isso, não tem legitimidade para impor um conceção ideológica ou valorativa.




nativas49 e a capacidade para se autodeterminar com base na informação obtida50 51. Se, por ventura, faltar algum destes elementos o paciente deve ser considerado incapaz de consentir.

Portanto, é da responsabilidade dos profissionais de saúde atestar se o paciente consegue apreender sobre o valor ou o grau que os bens ou interesses atingidos têm para si no caso de consen-tir; sobre que factos está a decidir; quais as consequências e riscos que podem decorrer da sua decisão e se houve ponderação sobre outros meios existentes para alcançar os mesmos objetivos, que eventu-almente causem menos danos.

Outra questão muito importante relacionada com o consentimento informado é a veracidade da informação transmitida ao paciente; deverá o médico transmitir toda a verdade ao paciente?

Seguindo Walter Osswald52, é necessário refletir sobre as características e limites da verdade e esta função faz parte das responsabilidades médicas. Porém, temos que ter plena noção que a verdade absoluta sobre a doença, recuperação ou estado do paciente não é adquirível pelo médico porque por mais conhecimentos que tenha de medicina e da ciência em geral estaremos sempre perante um diag-nóstico e este é sempre de natureza probabilística com maior ou menos expressão.

Essa “verdade” quando é transmitida ao paciente assume um caráter prognóstico – visto que diz respeito ao seu futuro, à evolução da sua doença, do seu estado, às perspetivas de cura ou melho-ria e, por vezes, previsão de um desenlace fatal – e o médico tem noção disso; assim, perante tais in-certezas, incógnitas e dificuldade, não nos surpreende que «o médico se exima a pronunciar-se oracu-larmente, se refugie em condicionalismos e recorra a aforismos de índole relativizante. Quando assim procede, não está a ocultar a verdade, mas apenas a revelar a fragilidade e incompletude da aproxi-mação à verdade que lhe foi possível descortinar no complexo mosaico do acontecimento vital a que

chamamos doença»53.

Poderíamos colocar a seguinte questão: se a verdade é probabilística, incompleta e aproxima-da deve o médico partilhá-la com o seu paciente? Obviamente que sim. Esta é a verdade da medicina e faz parte dos deveres médicos transmiti-la aos pacientes.

O médico é um confidente e depositário de segredos, conhece os dados pessoais, privados e íntimos dos seus pacientes, não pode pura e simplesmente fechar-se, omitir informações, proferir afirmações enganosas ou mentir pois dessa forma está a atuar de forma irresponsável, pondo em risco a relação de confiança entre médico-paciente e violando um dos direitos do doente, reconhecido em diversas declarações e códigos nacionais e internacionais, como expressão do princípio da autonomia.

Cabe, então, ao médico comunicar a todo o tempo toda a verdade ao paciente? As opiniões divergem. Alguns defendem que deve de haver uma ponderação e tratamento diferenciado da ques-

48

Segundo o Autor, consentir não é apenas tomar decisões sobre valores, é também uma decisão relativa a fac-tos. O paciente que quer tomar uma decisão racional tem que saber ou perceber os esclarecimentos sobre os factos e os processos casuais envolvidos; tem que ter a capacidade de compreender os processos casuais futuros ou os riscos que corre ao realizar determinadas intervenções. 49

O paciente não toma decisão apenas sobre valores e sobre factos, as decisões recaem sobre as alternativas também. 50

Por fim, o paciente tem de ter a capacidade de relacionar os seus valores e os seus conhecimentos. A capaci-dade para consentir exige uma capacidade volitiva, a capacidade de se autodeterminar com base na informação disponível. 51

Pereira, André Gonçalo Dias – O Consentimento Informado na Relação Médico-Paciente. Estudo de Direito Civil. Coimbra Editora. Coimbra: 2004. P. 155. 52

Osswald, Walter – Da Vida à Morte. Horizontes da Bioética. Gravida: Lisboa, 2014. P. 135-151. 53

Idem., Op. Cit., P. 136.




827

tão; outros afirmam que o médico não deve revelar a verdade mais negativa que possa provocar so-frimento ou até a morte ao paciente, uma vez que essa verdade dita de forma despreparada pode provocar depressão, angústia e até pode levar a uma tentativa de suicídio – por isso, defende-se a ocultação da verdade numa tentativa de proteger e atuar no interesse do doente. Todavia, esta se-gunda tese é muito criticada pela raiz ética: «pode, na verdade, resultar algo de bom de um acto in-trinsecamente mau, como é mentir?».

Parece-nos que por mais cruel que seja a verdade, como é para os pacientes propostos aos cuidados paliativos, esta deve ser dita, de uma forma cuidada e humana, mas deve ser revelada sem-pre ao paciente; sendo certo que esta informação «é geralmente aceite e elaborada pelo doente numa integração psicológica vital imensamente importante para um fim de vida sério e digno, através de fases cuja descrição e sistematização devemos a Elisabeth Kübler Ross: incredulidade, revolta, negoci-

ação, podem e devem ser etapas conduzindo à aceitação e superação»54.

Situação oposta a esta é aquela que o paciente abre mão do direito à informação – por não desejar fazer uso da informação verdadeira e completa – preferindo o direito à recusa de informação. Esta decisão deve ser respeitada pelo médico, o paciente não pode ser confrontado com uma informa-ção que não deseja ter conhecimento, com uma verdade que não quer encarar; «revelá-la constituiria

uma crueldade gratuita, um atropelo do seu direito fundamental e uma má prática da medicina (…)»55

. O médico e todos os prestadores de cuidados de saúde devem ter a responsabilidade e o cuidado de aferir se o paciente deseja ou não ser informado sobre o seu estado de saúde, em caso negativo, de-vem aceitar essa decisão e guardar a verdade somente para si.

Por vivermos numa sociedade livre, cada indivíduo tem a total liberdade para procurar ou não um conselho médico e tratamento para qualquer doença, assim como é, também, livre de abandonar um tratamento a qualquer momento. Salvo se o individuo tenha uma doença que represente um peri-go para os outros, como por exemplo, enfermidades contagiosas ou até certos transtornos mentais; o que pode provocar internamento compulsivo ou medidas preventivas obrigatórias mesmo que seja

contra a vontade da pessoa em questão56.

O consentimento informado é considerado uma peça fundamental na relação médico-paciente, sendo que, o artigo 150.º, 156.º e 157.º do Código Penal classifica como abusiva e ilegítima qualquer intervenção médica sobre quem não tenha dado o consentimento ou assentimento, depois de informado sobre as características da intervenção proposta e em plena liberdade: e são pesadas as

penas que sancionam o desrespeito por estes preceitos legais57.

5. Conclusão

«"Impossível curar. Que fazer?"

Quantas vezes não coloquei eu, a mim própria, a mesma pergunta -"E agora, que fazer?"-, quando, há oito anos atrás, tomei conhecimento da gravidade da doença do meu marido e do seu prognóstico de vida limitado. Mas, passada a fase da revolta, da raiva contra o mundo inteiro, da an-gústia e da questionação (porquê ele e não outro qualquer), decidi interiormente que a única coisa a fazer era seguir em frente da melhor forma possível, vivendo um dia de cada vez, aproveitando todos

54


Ibidem. 56

Jonas, Hans – Técnica, medicina e ética: sobre a prática do princípio responsabilidade. Tradução do grupo Hans Jonas da ANPOF. São Paulo: Paulus, 2013. P.3 57

Osswald, Walter – Da Vida à Morte. Horizontes da Bioética. Gravida: Lisboa, 2014. P. 197.




os minutos preciosos que ainda tínhamos e não deixando que a dor antecipasse um momento que sabíamos ser uma realidade.

"A Dignidade e o Sentido da Vida, uma reflexão sobre a nossa existência", é um livro que só li recentemente, mas que acredito ser de leitura quase obrigatória para todos aqueles que acompa-nham, profissionalmente ou não, doentes terminais. A referência a esta obra prende-se com o facto dela responder, do princípio ao fim, à questão levantada, mas também e principalmente porque na Unidade de Cuidados Paliativos do IPO do Porto eu vi colocados em prática todos os conceitos teóricos nela apresentados. Uma das autoras, a Drª Isabel Galriça Neto, afirma, logo nas páginas iniciais, que "cuidados paliativos, mais do que um edifício, são uma atitude", ou seja, são uma preocupação com o doente no seu todo, corpo e espírito, e para isso ser possível são necessárias as doses certas de rigoro-sos conhecimentos científicos, por um lado, mas também de uma grande formação humana, por outro lado.

O doente que acompanhei era o Pedro, o meu marido, um homem de hábitos saudáveis, sem fumo e sem álcool, desportista praticante, a quem repentinamente foi diagnosticado, aos 32 anos, um osteossarcoma bastante agressivo. Este tumor, localizado no fundo das costas, provocava-lhe dores terríveis e, até ao momento da extracção, dificultava-lhe também a mobilidade. Antes e depois da cirurgia, o Pedro foi submetido a sessões intermináveis de quimioterapia e de radioterapia, durante doze longos meses, até que, durante uma consulta de grupo, nos foi comunicado que, a partir daquele momento, ele iria ser assistido pela Unidade de Cuidados Paliativos. Das muitas decisões médicas que ouvimos, esta foi uma das mais difíceis, apesar de estarmos os dois conscientes do prognóstico de vida limitado associado à doença. Como a maioria das pessoas, nós nunca tínhamos entrado num serviço daquele género e a imagem pré-concebida que tínhamos era extremamente negativa. Para nós, aquela Unidade deveria ser um espaço impessoal, frio, escuro, quase uma ante-câmara da morte, para onde eram mandados todos aqueles "por quem já nada havia a fazer". Pelo menos era o que se sussurrava pelos corredores das consultas externas, onde todos pareciam ter medo de falar abertamente sobre o assunto, porque era (é) tabu, porque existia (existe) um estigma relativamente àquele bloco do IPO. Naquele momento, mais do que em qualquer outra situação, quase nos deixámos vencer pelo cansa-ço, pelo desânimo e pela tristeza. E foi com este estado de espírito, e conscientes de que o fim estava cada vez mais próximo, que nos apresentámos na primeira consulta; mas o que aí encontrámos não se parecia em nada com o que estávamos à espera. O atendimento foi imediato, personalizado, o diálogo sobre o funcionamento daquela Unidade foi esclarecedor e as decisões deixadas, dentro do possível, na mão do doente. Este respeito pela sua individualidade, pelo seu direito de escolha, foi determinan-te para a empatia e para a confiança que nasceram, desde logo, entre nós e a médica assistente. O sofrimento do Pedro, naquela altura, já era imenso e as elevadas doses de morfina só o aliviavam temporariamente, mas a nível intelectual ele continuava a ser a pessoa que sempre fora e, por isso, também ele percebeu que a sua dignidade e o sentido da vida que ainda tinha para viver seriam res-peitados integralmente. E, por isso, escolheu deixar-se apoiar, porque ele sabia que qualquer apoio só é produtivo quando há vontade das duas partes, vontade de dar e vontade de receber.

Seguiram-se, então, dois meses de internamento, período durante o qual aprendemos que, realmente, não havia nada a fazer para curar, mas havia ainda muito a fazer para garantir um fim de vida com qualidade; aprendemos também que é possível partir com serenidade, em boas condições, e rodeado de sentimentos positivos, como a atenção, o respeito e o amor daqueles que nos rodeiam, por muito doloroso que isso seja, porque aos 32 anos, e com um projecto de vida a dar os primeiros passos, ninguém tem consciência da sua própria finitude.

Na Unidade de Cuidados paliativos do IPO do Porto nós encontrámos um enorme respeito pe-los valores éticos fundamentais de qualquer ser humano, por parte de uma equipa constituída por




829

médicos, enfermeiros, assistente social e voluntários, todos eles sabedores de que um doente é mais do que um corpo enfermo e, por isso, precisa de apoio a nível físico, mas também a nível psicológico, a nível espiritual e a nível social. E se da primeira vez custou bastante percorrer aqueles corredores, cada vez foi custando menos, porque nós aprendemos que, afinal, havia ainda muito a fazer.

A assistência dada ao Pedro alternou sempre períodos de internamento, para controlar os sin-tomas da doença, nomeadamente o agravamento das dores, os curativos e a extracção de líquido do pulmão, com idas sistemáticas a casa. Nos períodos de internamento, a preocupação de todos os que lá trabalhavam sempre foi a de melhorar a qualidade de vida do meu marido, o que passava por um tratamento dos sintomas e por um alívio da dor, mas também, e essencialmente, por uma preocupa-ção pelo seu bem-estar psicológico e emocional. Durante a passagem dos médicos ou enfermeiros nunca faltava uma palavra de conforto ou um gesto mais carinhoso. Porque naquela Unidade de Cui-dados Paliativos, felizmente, em nunca vi pressas.

Durante os dois meses em que andei por aquele serviço, senti que os que ali trabalhavam me viam de duas formas; por um lado, eu era uma espécie de colaboradora que assegurava alguns cuida-dos informais como os banhos e as refeições, mas, por outro lado, eu era também alvo de cuidados. E sentir que, depois de tantos meses, alguém se preocupava comigo, fez-me bem, muito bem mesmo.

Li, um dia, numa entrevista do Dr. Lobo Antunes à Revista do JN, que os doentes "querem e precisam de ser embalados". Gostei particularmente desta imagem carinhosa do "colo", porque penso que é isso mesmo que o doente e os seus acompanhantes precisam quando se confrontam com a sua própria fragilidade, a fragilidade de quem sofre e a fragilidade de quem vê sofrer.

Eu nunca pedi nada, mas frequentemente me era oferecida uma palavra de conforto, um sor-riso simpático, uma atenção especial ou até mesmo um "simples" café. Acredito sinceramente que apoiar a família é apoiar indirectamente o doente e, por isso, a relação de ajuda que estabeleceram comigo, o "colo" onde me embalaram, ajudou-me a ficar mais forte e assim a transmitir mais força ao meu marido. Preocuparam-se, inclusivamente, com a nossa economia doméstica e, depois da morte do Pedro, disponibilizaram-se mesmo para me continuarem a apoiar durante o meu período de luto. Esta relação de ajuda permitiu-me viver aquele período da forma menos traumática possível, e sentir aquela Unidade como um oásis num sistema de saúde completamente massificado e, por isso mesmo, muitas vezes desumanizado e, também ele, doente.

A doença é um tempo de perdas: perda da confiança, perda da autonomia, perda ou abandono de projectos de vida; mas o conhecimento antecipado da perda do contacto físico com as pessoas de quem se gosta é, de todas, a mais dolorosa. No entanto, e apesar da dor provocada por todas estas perdas, a postura do meu marido perante a morte é algo de que me orgulho bastante, porque permi-tiu longas conversas e a satisfação de nada ter ficado por dizer. O Pedro recusou-se sempre a ficar preso numa cama, a ver-se como um moribundo, e se as pernas já não funcionavam (porque entretan-to ele paralisou) funcionavam felizmente os braços, o cérebro, o coração, e havia que aproveitar o prazer da nossa companhia e o prazer que o trabalho, agora como terapia ocupacional, sempre lhe proporcionou. Posso dizer-vos que ele era ourives e que, sempre que as forças o permitiam, não dis-pensava uma ida à oficina de amigos para fabricar modelos únicos que nos deixou com a sua marca pessoal. E foi o que o Pedro fez até mesmo ao seu último dia.

Para esta forma de estar na vida, muito contribuiu um outro tipo de apoio que recebeu e sobre o qual ainda não falei: o apoio espiritual que o ajudou a organizar os seus sentimentos e a conseguir atingir a "sua paz interior", apoio este que se tornou fundamental e que permitiu ao meu marido en-frentar a morte com a mesma dignidade com que enfrentou toda a sua vida. O Pedro encontrou na leitura, na reflexão e no diálogo com um sacerdote nosso amigo, o outro "colo" de que precisava e que




lhe permitiu preparar-se interiormente e, até, ajudar os que estavam à sua volta a prepararem-se também. Esta orientação espiritual, independentemente de ser prestada a título particular, como foi o caso, ou dentro do próprio serviço de saúde, o que não aconteceu porque não o solicitámos, foi de-terminante para o meu marido arrumar ideias e sentimentos na sua cabeça, no seu coração, e encon-trar as respostas que procurava e que lhe permitiram alcançar o seu bem-estar interior. Em resumo, foi um apoio fundamental para que ele se sentisse plenamente Pessoa.

Gostava de concluir com uma palavra de esperança, dizendo que testemunhei que é possível ajudarmo-nos uns aos outros a manter a dignidade, a qualidade e o sentido da vida até ao fim, desde que nunca nos esqueçamos que os doentes são pessoas e, por isso, devem ser acompanhados por pessoas (e se a minha pessoa foi a base de tudo, não posso deixar de referir o "colo" dado por outras pessoas, os familiares e os verdadeiros amigos) e, finalmente, não nos podemos esquecer de que os doentes devem ser tratados por pessoas profissionais, como aquelas que o Pedro encontrou na Uni-dade de Cuidados Paliativos do IPO e que lhe transmitiram a segurança e o bem-estar necessários para ele dizer, poucos minutos antes de nos deixar, " Leva-me para os Cuidados Paliativos. É lá que eu me

sinto seguro. É lá que eu me sinto bem."»58.

Através deste testemunho, exprime-me o sentido mais profundo e genuíno do princípio res-ponsabilidade de Hans Jonas, em cuidados paliativos. «A existência, o ser obriga à responsabilidade. A responsabilidade não é mais, apenas, uma opção que enfrentamos aquando da nossa iniciativa de ação. A responsabilidade não resulta do agir, é-lhe anterior, determinando a própria acção. Por isso, Jonas apresenta a responsabilidade como um imperativo, necessário e absoluto, exigência imanente

da existência, do ser»59.

6. Bibliografia

Amelung, Knut – Die Einwilligungsfähigkeit in Deutschland, in Kopetki, Christian (Hrsg.), Am Einwillin-gung und Einwilligungsfähigkeit, Wein, Manz, 2002

Bingemer, Maria Clara Lucchetti – Apresentação. In Jonas, Hans. O Princípio Responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006.

Cardoso, Ana Seara; Ricou, Miguel – A Comunicação na Transição para Cuidados Paliativos. Política de Saúde. Universidade Portucalense Infante D. Henrique. Porto: Março de 2003.

Dreher, Sofia Cristina – Sobre a dignidade humana no processo do morrer. Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. São Leopolo: Julho, 2008.

França, Zilda. Testemunho de esposa do doente Pedro, em cuidados paliativos. Disponível em http://www.apcp.com.pt/testemunhos/zilda-franca-esposa-do-doente-pedro.html

Jonas, Hans – O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006.

Jonas, Hans – Técnica, medicina e ética: sobre a prática do princípio responsabilidade. Tradução do grupo Hans Jonas da ANPOF. São Paulo: Paulus, 2013.

58

Testemunho de Zilda França, esposa do doente Pedro, em cuidados paliativos. Disponível em http://www.apcp.com.pt/testemunhos/zilda-franca-esposa-do-doente-pedro.html 59

NEVES, M. Patrão – Éticas Tradicionais e Ética do Futuro. Contributos e Insuficiências do Pensamento de Hans Jonas. In: Da natureza ao sagrado. Homenagem a Francisco Vieira Jordão. Edição da Fundação Eng. António de Almeida, Porto, 1999. P. 589.




831

Lakatos, Eva Maria; Marconi, Marina de Andrade – Metodologia de Trabalho Científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. ISBN 85-224-2991-X.

Neves, M. Patrão – Éticas Tradicionais e Ética do Futuro. Contributos e Insuficiências do Pensamento de Hans Jonas. In: Da natureza ao sagrado. Homenagem a Francisco Vieira Jordão. Edição da Fundação Eng. António de Almeida, Porto, 1999.

Neves, M. Patrão – Uma ética para a civilização tecnológica (Hans Jonas). Arquipélago/Série Filosofia, 7 (2000): 107-128.

Osswald, Walter – Da Vida à Morte. Horizontes da Bioética. Gravida: Lisboa, 2014.

Pereira, André Gonçalo Dias – O Consentimento Informado na Relação Médico-Paciente. Estudo de Direito Civil. Coimbra Editora. Coimbra: 2004.

Silva, Ângela Maria Oliveira e; Vilares, Manuel Joaquim Soares – Cuidados Paliativos Alternativa ao Cuidar Institucional. Humanização da Saúde. Gráfica de Coimbra. Coimbra: Janeiro de 2007.




833

La construcción legal de una imagen corporal. Análisis sobre las normativas vigentes en la República Argentina en lo que a los

talles de vestimenta concierne por Hector Luis COSTA

Sumario: 1. Introducción. 2. Normativa sobre la Ley de Talles en Argentina. 2.1. El antecedente de la provincia de Buenos Aires. 2.2. La situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 3. El cumplimiento de la normativa vigente. 3.1. Algunas excepciones a la regla. 3.2. La lucha por la sanción de una Ley Na-cional de Talles. 4. Conclusiones. 5. Bibliografía

Resumen: Desde mediados del siglo XX, el cuerpo se ha convertido en uno de los ejes de los debates contemporáneos. En este contexto, un número considerable de investigaciones provenientes tan-to desde el campo de las Ciencias Médicas como desde el ámbito de las Ciencias Sociales ha centra-do su atención, directa o indirectamente, en el cuerpo y en los distintos elementos a él asociados. Los seres humanos tienen cuerpos y son cuerpos. Sin lugar a dudas, la cultura define el ideal del cuerpo y de cómo éste es moldeado, según las exigencias de la sociedad actual. La cultura en la que el cuerpo está inserto define las medidas, cuidados, vestimentas y movimientos que éste debe tener. Para comprender la manera en que la sociedad impone reglas sobre los cuerpos se debe pensar en los ejemplos que se encuentran a lo largo de la historia sobre cómo costumbres e idea-les religiosos, culturales e, incluso, legales han modificado el aspecto de las personas. No se pue-de separar el cuerpo del yo, a la vez que no se puede separar el cuerpo de su vestimenta. El cuer-po en la sociedad occidental urbana es un cuerpo vestido. El vestir no es solamente una forma de representar a la persona, sino la manera en la que esta se desenvuelve en el mundo. Todos los seres humanos tienen el derecho de vestirse y, en este contexto, debería existir ropa adecuada para cada uno de ellos. Enfocado en lo que a las normativas de talles de vestimenta vigentes en la República Argentina concierne, el presente trabajo procura comprender cuál es la imagen de cuerpo, social y legalmente, construída, así como ponderar la ne-cesidad e importancia de una regulación unificada sobre la numeración de la ropa a ofertarse y ven-derse en el territorio nacional.

Abstract: Since the mid-twentieth century, the body has become one of the axes of contempo-rary debates. In this context, a considerable num-ber of research from the field of Medical Sciences as well as from the field of Social Sciences has focused its attention, directly or indirectly, on the body and the various elements associated with it. Human beings have bodies and they are bodies. Undoubtedly, culture defines the ideal of the body and how it is shaped, according to the demands of today's society. The culture in which the body is inserted defines the measures, care, clothing and movements that it should have. To understand the way in which society imposes rules on bodies, one should think about the examples that are found throughout history about how religious, cultural, and even legal customs and ideals have modified the appearance of people. You can not separate the body from the self, while you can not separate the body from its clothing. The body in urban western society is a clothed body. Clothing is not only a way of representing the person, but the way in which it unfolds in the world. All human beings have the right to dress and, in this context, there should be adequate clothing for each of them. Focused on the regulations of clothing sizes in force in the Argentine Republic, this work seeks to understand what is the body image, socially and legally, built, as well as ponder the need and im-portance of a unified regulation on numbering of the clothes to be offered and sold in the national territory.

Palabras claves: Cuerpo – Vestimenta – Derecho – Ley de Talles - Concepción cultural y legal.

Keywords: Body - Clothing - Law - Talles Law - Cultural and legal conception.




1. Introducción

Desde mediados del siglo XX, el cuerpo se ha convertido en uno de los ejes de los de-bates contemporáneos. El paso de una sociedad de producción a una sociedad de consumo y de ocio, acompañado de la secularización de la sociedad, hicieron que el cuerpo comenzara a concebirse como una mercancía más, consagrándose éste como uno de los temas que mayor preocupación suscita.

En este contexto, un número considerable de investigaciones provenientes tanto des-de el campo de las Ciencias Médicas como desde el ámbito de las Ciencias Sociales ha centra-do su atención, directa o indirectamente, en el cuerpo y en los distintos elementos a él aso-ciados. La presente labor no escapa a dicha regla.

Enfocado en lo que a las normativas de talles de vestimenta vigentes en la República Argentina concierne, el trabajo procura comprender cuál es la imagen de cuerpo, social y le-galmente, construída, así como ponderar la necesidad e importancia de una regulación unifi-cada sobre la numeración de la ropa a ofertarse y venderse en el territorio nacional.

Vestirse es una necesidad fisiológica. Sin lugar a dudas, la cultura define el ideal del cuerpo y de cómo éste es moldeado, según las exigencias de la sociedad actual. La cultura en la que el cuerpo está inserto define las medidas, cuidados, vestimentas y movimientos que éste debe tener. Para comprender la manera en que la sociedad impone reglas sobre los cuerpos se debe pensar en los ejemplos que se encuentran a lo largo de la historia sobre có-mo costumbres e ideales religiosos, culturales e, incluso, legales han modificado el aspecto de las personas.

Los seres humanos tienen cuerpos y son cuerpos. No se puede separar el cuerpo del yo, a la vez que no se puede separar el cuerpo de su vestimenta. El cuerpo en la sociedad oc-cidental urbana es un cuerpo vestido. El vestir no es solamente una forma de representar a la persona, sino la manera en la que esta se desenvuelve en el mundo. Todos los seres humanos tienen el derecho de vestirse y, en este contexto, debería existir ropa adecuada para cada uno de ellos.

Tal como lo expresa el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-les de Naciones Unidas, pacto al cual la República Argentina adhiere: Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la coope-ración internacional fundada en el libre consentimiento (art. 11).

La diversidad de talles procura evitar la discriminación de aquellas personas que no encuentran prendas adecuadas a su gusto y estructura corporal dentro de las ofertas del mer-cado.




835

Ajena a la tendencia iniciada hace algunos años a nivel internacional, donde los analis-tas notan que hubo un avance en relación con la incorporación de talles grandes a nivel mun-dial, tanto en lo que concierne a la sanción de normas legales como de desarrollo de campa-ñas de Marketing en pos de la valoración de los cuerpos reales en detrimento de los cuerpos ideales durante años postulados como modelos a seguir, la normativa argentina pareciera perpetuar un modelo normativo acerca del cuerpo, que resulta inadecuado para el contexto socio-cultural imperante.

2. Normativa sobre la Ley de Talles en Argentina

Al igual que lo acontecido en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz, ciudad de Santa Rosa – pro-vincia de La Pampa y la ciudad de Córdoba – provincia homónima, ya poseen su propia ley de talles de vestimenta. Dicha normativa pretende ser un aporte para la protección de la salud de los individuos (en tanto, la imposibilidad de encontrar prendas acordes a su contextura corpo-ral puede incidir negativamente no sólo en su autoestima sino, también inducirlo al desarrollo de prácticas alimenticias extremas, tales como bulimia, anorexia o, en su polo extremo, obesi-dad), así como un sustento en la normativa de aplicación para la defensa del consumidor (Ley N° 24.420) y sus principios tuitivos, basados en la protección a la salud e integridad; en la li-bertad de elección, en condiciones de trato digno, equitativo e información adecuada y veraz.

2.1. El antecedente de la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires fue pionera en lo que a la legislación de talles concierne. A través de la Ley N°12.665 - Ley de Talles, puesta en vigencia en el mes de junio de 2005, y del Decreto Provincial Reglamentario Nº866, emitido en el mes de mayo de ese mismo año; el gobierno provincial reglamentó lo concerniente a la marcación de la indumentaria de la mujer adolescente, en dicho territorio.

En este marco, la Dirección Provincial de Comercio, dependiente de la Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires dispuso que: Para la marcación de la indumentaria de la mujer adolescente deberán utilizarse las definiciones y procedimientos de medición de cuerpo establecidos en las normas IRAM identificadas como Nº 75.300, equivalentes a las normas ISO 3635/1981, mediante la utiliza-ción de pictogramas o la indicación de la dimensión de control apropiada y sus valores numé-ricos (Ley N°12.665, art. 1).

Para luego añadir que: Para la aplicación de las normas IRAM se deberán incluir las permanentes actualizaciones de las mismas, haciéndose extensiva la obligatoriedad de cum-plimiento de las vigentes, a las futuras modificaciones y/o ampliaciones, siendo el plazo para su adecuación el de 180 días corridos, contados a partir de la entrada en vigencia de cada una de ellas (Ley N°12.665, art. 4).

La etiqueta identificatoria del talle mediante pictograma o la indicación de la dimen-sión de control apropiada y sus valores numéricos, con las medidas corporales de la prenda que se trate, deben incorporarse o colocarse por separado en el mismo sitio de la prenda, con los datos de etiquetado dispuestos en la Resolución de la Subsecretaría de la Competencia y del Consumidor Nº287/2000, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación (Ley




N°12.665, art. 5). En casos de venta por catálogo, on-line realice o cualquier otro medio que no sea la venta directa y personal, la oferta deberá incluir y precisar, así mismo, todos los da-tos obligatorios del etiquetado en general junto con las del talle (Ley N°12.665, art. 8).

Tal norma no incumbe sólo a los fabricantes de indumentaria, sino también a los co-mercios dedicados a la venta de indumentaria para mujeres adolescentes. Sobre ellos se im-pone, la disposición de stock de los talles comprendidos entre el 38 al 48, de cada uno de los modelos ofrecidos para la venta (Ley N°12.665, art. 6).

Los comerciantes minoristas y mayoristas, fabricantes, distribuidores e importadores no deberán comercializar indumentaria de mujer adolescente contraviniendo lo dispuesto en la presente disposición y serán solidariamente responsables por las infracciones que en tal sentido cometan en los términos de la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, sus normas integrativas, conforme dispone su artículo 3º y del Código Provincial de Imple-mentación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios Ley Nº 13.133 (Ley N°12.665, art. 9).

2.2. La situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El 3 de diciembre de 2009, los miembros de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionan, con fuerza de Ley, la norma N°3.330 – de Existencia de Talles.

El objeto de la presente ley es garantizar a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires la existencia de un mínimo de ocho (8) talles correspondientes a las medidas corporales nor-malizadas en las Normas IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones, en los establecimientos comerciales cuya actividad principal, accesoria u ocasional sea la venta, fabricación o provi-sión de indumentaria (Ley N°3.330, art. 1).

En este sentido, los establecimientos comerciales de venta de indumentaria deben:

Garantizar la existencia de un mínimo de 8 (ocho) talles correspondien-tes a las medidas corporales normalizadas del género y a la franja etaria a la que se dediquen. “Se los exceptúa de dicha obligación, tan sólo cuando las ventas sean de productos discontinuos o en liquidación por fuera de temporada, circunstancias que deben ser anunciadas al público de manera precisa mediante carteles que indiquen di-cha situación” (Ley N°3.330, art. 3).

Tener a disposición copias de la Tabla de Medidas Corporales Normali-zadas para poder ser consultadas por el público.

En lo que concierne a los Fabricantes e Importadores de indumentaria que desarrollen su actividad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la norma sostiene que éstos tienen la obligación de:

Producir o importar indumentaria en al menos ocho (8) los talles corres-pondientes a todas las medidas corporales normalizadas del género y a la franja etaria a la que se dediquen;

Colocar a cada prenda los pictogramas, que deberán poseer, las especi-ficaciones de medidas principales y secundarias de acuerdo a las normas IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones (Ley N°3.330, art. 4).




837

A diferencia de la normativa de talles vigente en la provincia de Buenos Aires, el go-bierno de la Ciudad no establece distinciones acerca del género o rango etario al cual han de aplicarse sus postulados. Así mismo, dicha norma prevé el establecimiento de medidas san-cionatorias para aquellos fabricantes, comerciantes e importadores que, actuantes en el terri-torio de la Ciudad, no cumplan con lo estipulado en el cuerpo de la ley. A saber:

a) Venta de indumentaria: El/la titular de un establecimiento de comercialización de indumentaria que no cuente en su local o depósito con prendas que correspondan a todas las medidas antropométricas del género y la franja etaria que se dedique será sancionado con multa de $300 (pesos tres-cientos) a $10.000 (pesos diez mil). En caso de reincidencia, se lo sanciona con la clausura del establecimiento por un plazo de hasta 30 (treinta) días.

b) Fabricantes de indumentaria: El/la titular de una fábrica o taller que no produzca sus modelos en los talles que correspondan a todas las medi-das antropométricas del género al cual está dirigida la producción, será sancio-nado con una multa de $15.000 (pesos quince mil) a $25.000 (pesos veinticinco mil). En caso de reincidencia se lo sanciona con la clausura de la fábrica o taller por un plazo de hasta 5 (cinco) días.

c) Importadores/as de indumentaria: El/la importador/a de indu-mentaria que comercialice su mercadería en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y que no importe sus modelos en los talles que correspondan a todas las medidas antropométricas del género y franja etaria a la cual está dirigida la im-portación, será sancionado con una multa de $15.000 (pesos quince mil) a $25.000 (pesos veinticinco mil). En caso de reincidencia, se lo sanciona con una multa de $30.000 (pesos treinta mil) a $50.000 (pesos cincuenta mil).

Quedaban exceptuados de dicha regla, los productos son discontinuos o aquellos que se encontrasen en liquidación por fuera de temporada, igualmente esto tiene que ser anun-ciado al público mediante un cartel informativo.

Entrada en vigencia a partir de los 180 (ciento ochenta) días desde su reglamentación, es decir, desde el mes de junio de 2010, la norma, no obstante, no obtuvo los resultados espe-rados. En dicho contexto, es que, tras más de siete años de su implementación, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta, en el mes de julio de 2017, ante la Legislatura porteña, un proyecto para modificar y mejorar, integralmente, la Ley N°3.330.

La iniciativa surge ante la constatación de que, en los hechos, la implementación de esa norma no parece ser efectiva y muchas personas siguen sin poder conseguir ropa de su talle cuando van de compras. De hecho: según el cronograma establecido por el Poder Ejecu-tivo, a la fecha el 100% de los modelos de las medianas y grandes marcas de ropa y el 85% de los modelos de las marcas pequeñas deberían ajustarse a la Ley de Talles. Además, según una encuesta que realizó el Centro de Estudio, Investigación y Opinión Pública (CEIO) de la Defen-soría, el 90% de las personas consultadas asegura no haber conseguido su talle cuando fue de compras, indicador claro de que ese inconveniente se ha generalizado en la Ciudad de Buenos Aires (Defensoría del Pueblo de la Ciudad, 2017, parraf. 2).




Con el fin de superar los obstáculos con los que se encontró dicha ley para su aplica-ción, la Defensoría propuso, entre otras cuestiones, la necesidad de cambiar la referencia de la “Tabla de Medidas Corporales Normalizadas” para que en lugar de las normas IRAM que se venían aplicando se utilicen las medidas, rangos, progresiones y talles resultantes del Primer Estudio Antropométrico Nacional del país, realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial que, por primera vez, permitirá contar con las medidas corporales actuales y propias de los argentinos.

Así mismo, como propuesta superadora, el proyecto busca que: el sistema definitivo que se elabore sobre la base de ese estudio no contenga sistemas de talles distintos según el sexo o género de una persona, ya que la noción de sexo es falsa porque no permite aportar datos ciertos sobre la corporalidad, máxime si tomamos en cuenta el carácter superador de la identidad de género autopercibida, reconocida por el Estado. Asimismo, la normati-va incluiría también al calzado, con un mínimo de hasta 13 talles en ese rubro

Por otro lado, el proyecto convoca, también, a la realización de campañas de difusión para que la ciudadanía esté al tanto de sus derechos con respecto a este tema, y se incorpora la obligación de los locales de tener un cartel en su vidriera en el que mencione la vigencia de la Ley de Talles e incluya una tabla de medidas corporales estandarizadas y pictogramas con especificaciones de medidas en las prendas.

En lo que respecta al régimen de sanciones, la iniciativa contempla la implementación de multas para aquellos locales que no cumplan con las disposiciones reguladas en la nueva normativa, y una reparación para los afectados/as de hasta un 50% de descuento por la dis-criminación sufrida ante la inexistencia de talles (Defensoría del Pueblo de la Ciudad, 2017, parraf. 3).

De esta manera, la Defensoría del Pueblo trabaja en subsanar la discriminación que es provocada por la fabricación y posterior comercialización de prendas de vestir cuyas medidas excluyen a la mayoría de la población.

3. El cumplimiento de las normativas vigentes

A diferencia de las tendencias surgidas a nivel mundial, donde se vislumbra desde un tiempo a esta parte, el surgimiento de algunas políticas, seguidas por marcas de renombre internacional, tendientes a la incorporación de talles grandes a la oferta masiva de indumen-taria60, basta realizarse un breve recorrido por los distintos locales comerciales existentes en el territorio nacional para observar que la existencia de talles, especificada como obligación, tanto por la Ley de la Ciudad (Ley N°3.330) como de la provincia de Buenos Aires (Ley N°12.665), no se encuentra materializada en todas las prendas, así como no todas las marcas la cumplen.

60

El avance de las etiquetas "XL" a nivel global se explica, principalmente, por dos motivos. En primer lugar, por-que en muchos países existen reglamentaciones que obligan a las empresas a contar con todas las medidas. En segundo lugar, debido a la creciente concientización acerca de los riesgos que genera, principalmente entre los sectores más jóvenes de la población, el hecho de mostrar como cuerpo ideal, la figura de algunas modelos pu-blicitarias exageradamente delgadas (Piñeyro, 2014).




839

La mayoría de las marcas no cuentan con diversidad de talles (en general se fabrican 3 ó 4 talles, dependiendo de la unidad fabricada). Además, la forma de marcarlos y numerarlos no suele ser, en casi ninguno de los casos, como lo indica la ley, en tanto se usan nomenclatu-ras como small (S), médium (M) o large (L) y no la forma de marcar los talles como lo indica la ley. Así mismo, suele ocurrir que las medidas de las prendas no tienen relación con las medi-das que estos talles deberían tener según las normas IRAM. En algunos casos, hasta se presen-ta en la etiqueta las medidas que corresponden en relación a cada talle, pero éstas no suelen coincidir con las medidas de las prendas en sí.

En tal sentido, muchas empresas alegan problemas económicos para cumplir con la ley. Sus argumentos plantean que les resulta más caro fabricar talles grandes; que se desvir-túan sus diseños; que no hay en el país una moldería para esas proporciones; que es muy difí-cil unificar los talles por no existir un análisis antropométrico de la corporalidad propia de los habitantes argentinos, entre otros. Sin embargo, las marcas que confeccionan talles grandes dicen que los problemas económicos no son reales, que unos pocos centímetros de tela no tienen incidencia significativa en los costos de su producción. En este marco, asociaciones de defensa del consumidor apuntaron, principalmente, contra las grandes marcas y la falta de controles.

Desde las Cámaras de comercios locales, por otro lado, se argumenta que si faltan ta-lles es por falta de stock, ya que es imposible que un comerciante tenga todos los talles los 365 días del año.

3.1. Algunas excepciones a la regla

Pese a las dificultades anteriormente descriptas para que los consumidores encuen-tren en el mercado argentino prendas acordes a sus diferencias o particularidades corporales, existen, en el país, algunas excepciones gratificantes. Al menos, así lo ha reconocido la organi-zación no gubernamental (ONG) inglesa AnyBody.

La ONG AnyBody es una organización sin fines de lucro, creada en el año 2003 por un grupo internacional de mujeres lideradas por la psicoanalista, psicoterapeuta y autora Susie Orbach. El fin principal de la organización es prevenir el deterioro de la salud física y mental de las mujeres, de todas las edades y nacionalidades, como resultado del intento de lograr la perfección física. El propósito de la misma es reconocer que la problemática existe; se trata, entonces, de aumentar la conciencia y educación en relación al tema sobre todo para el bene-ficio de la generación de niñas jóvenes actuales (AnyBody, 2017).

En este contexto, las marcas de indumentaria femenina Ver y Portsaid recibieron, en el año 2011, una distinción por parte de dicha ONG, por respetar las políticas de respeto a la Ley de talles, creada para que todas las personas puedan conseguir ropa adecuada a sus cuerpos en los locales de venta al público, disminuyendo de este modo, los niveles de discriminación imperantes. Así mismo, dichas firmas optaron por la incorporación de mujeres reales, con medidas reales que se diferencian de las tradicionales medidas 90-60-90 consagradas durante décadas como canon de la belleza corporal femenina, como protagonistas de sus campañas publicitarias.




Otro ejemplo sobre el reconocimiento por la utilización de medias corporales reales para la creación de talles y prendas es el de la marca Yagmour, reconocida por el cumplimien-to de la Ley de Talles y, así también, por la ONG inglesa mencionada con anterioridad.

3.2. La lucha por la sanción de una Ley Nacional de Talles

Distintas propuestas tendientes a la existencia de una Ley de Talles que opere en la to-talidad del territorio de la República Argentina por igual han surgido desde el ámbito legislati-vo, así como han sido propuestas por distintas agrupaciones y organizaciones de defensa al consumidor. La última de ellas, ha sido el proyecto presentado, ante el Congreso Nacional, el 05 de abril del corriente año, por la diputada nacional Victoria Donda y representantes de la ONG AnyBody Argentina.

En este contexto, un hecho relevante que puede observarse tras el análisis de las mis-mas, es la consideración de que para que la propuesta normativa sea valedera debe suponer el desarrollo de diferentes pasos. En primer lugar, la realización de una investigación sobre las medidas antropométricas del cuerpo de los argentinos, en la actualidad. Dicha tabla debería incluir a todas las personas, desde las que presenten problemas alimenticios como bulimia o anorexia, hasta las que tengan problemas de sobrepeso o de obesidad.

En segundo lugar, y ya teniendo el estudio de las medidas antropométricas que deben manejarse y que resultan correctas para la confección de la tabla, se tienen que proponer cuántos talles deben de producirse para cada prenda, de modo que todas las personas pue-dan vestirse, sin ningún problema, con la marca de indumentaria que deseen y prefieran; para que se sientan cómodas con su elección. En tercer lugar, se debe establecer que, obligatoria-mente, todas las marcas de la República Argentina deban utilizar esta nueva tabla basada en medidas reales para cuerpos reales. Por último, se debe asegurar que los puntos de comercia-lización de indumentaria existentes cuenten con disponibilidad de dichas prendas en sus dis-tintos talles y colores o motivos, las cuales deben acompañarse por una etiqueta de marca que indique las medidas o parámetros utilizados para su confección.

Otro elemento importante a incorporar a la normativa es el establecimiento de orga-nismos de control y sanciones efectivas para aquellos fabricantes, comerciantes y/o importa-dores que no adecuen su actividad a la norma establecida.

4. Conclusiones

En la Argentina no existe una ley nacional de talles, sino, tan sólo, algunas provincias o ciudades que integraron al marco normativo, vigente en su territorio, leyes tendientes a legis-lar sobre la materia. Aún cuando muchos fabricantes, comerciantes e importadores no en-tienden por qué el gobierno se impone sobre lo que debe ser su accionar comercial (oferta al mercado), lo cierto es que se debe generar una consciencia social de cambio en cuanto a esta temática que sólo es posible si surge de una ley nacional que la integre. Delimitar y normalizar el problema de la Ley de Talles sólo a una reglamentación basada en normas ajenas a la reali-dad territorial, es como intentar llenar el mar con un vaso de agua.

En la actualidad, conviven en territorio nacional una multiplicidad de leyes provincia-les, cada una de ellas elaboradas con diferentes criterios en cuanto a la cantidad de talles y las medidas de cada uno de éstos que los fabricantes de indumentaria deben de colocar a dispo-




841

sición del público consumidor, lo que resulta paradójico si se considera que los mismos fabri-can y comercializan sus prendas al interior del territorio argentino, independientemente del lugar en que efectivamente se vendan.

La inexistencia de una normativa nacional que regule los talles a fabricar por las mar-cas de ropa y a ofrecer por los distintos establecimientos comerciales del país, como así de normas claras y fidedignas que den cuenta de las medidas reales de la población argentina (las leyes sancionadas adoptan los parámetros establecidos por las Normas IRAM, basadas, a su vez, en las Normas ISO correspondientes a otros países), dificultan a vastos sectores de la po-blación encontrar prendas que se adecuen a su contextura corporal. De allí la necesidad e importancia de diseñar e implementar leyes que reviertan dicho proceso, en pos del respeto por la diversidad corporal y en detrimento de la discriminación que lo considerado diferente, en un determinado contexto espacio-temporal, pudiese suscitar.

5. Bibliografía

AnyBody. (2017). Recuperado de: http://buenosaires.endangeredbodies.org/inicio

Decreto Reglamentario N°866. B.O.B.A 04/05/2005

Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2017). “Por una ley de talles efectiva”. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recuperado de: http://www.defensoria.org.ar/noticias/por-una-la-ley-de-talles-efectiva/

La Nación. (2017). "Se presenta mañana un proyecto de ley nacional de talles". La Nación. Recuperado de: http://www.lanacion.com.ar/2004501-se-presenta-manana-un-proyecto-de-ley-nacional-de-talles

Ley N°12.665, de Talles de la provincia de Buenos Aires. B.O.B.A 23/06/2005

Ley N°3.330, de Existencia de Talles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. B.O.C.B.A. 27/1/2010

Ley Nacional N°24.240, de Defensa del Consumidor. B.O. 13/10/1993

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, 1966

Piñeyro, M. G. (2014). “Ley de talles: faltan los "XL" en los comercios y aseguran que sólo 2 de cada 10 firmas cumplen con la normativa”. iProfesional. Recuperado de: http://www.iprofesional.com/notas/201228-moda-talles-grandes-xl-Ley-de-talles-faltan-los-XL-en-los-comercios-y-aseguran-que-solo-2-de-cada-10-firmas-cumplen-con-la-normativa




843

A eutanásia, no contexto social, religioso e jurídico na Argentina e no Brasil

por Reginaldo de FRANÇA

Sumario: 1. Introdução. 1.1. O termo “eutanásia” e seu conceito. 2. Espécies ou classes de eutanásia- 3. A eutanásia na visão das principais religiões e doutrina espírta. 3.1 A Igreja Católica- 3.2 O islamismo. 3.3. Judaísmo- 4. A eutanásia na ordem jurídica do Brasil e Argentina- 4.1. A eutanásia no Brasil. 4.2. Ju-risprudência sobre eutanásia na Argentina. 5. Conclusão. 6. Referências

Resumo: O objetivo deste trabalho é discutir a Eutaná-sia no contexto social, religioso e jurídico no Brasil e Argentina. Este é um tema que provoca grande polêmi-ca no mundo científico, político e acadêmico, além de estar presente no âmbito das diversas religiões. É natu-ral que assim seja, uma vez que envolve dois valores fundamentais para o homem que são a dignidade hu-mana e a vida, sendo que, para os que defendem a Eutanásia como moralmente aceitável nos casos de doenças terminais irreversíveis, uma vida sem esperan-ça e sem dignidade não merece ser vivida. Mas, provo-car a morte de alguém, ainda que seja de forma suave, tranqüila e indolor, sempre suscita questionamentos uma vez que “matar alguém” é considerado crime no direito penal de inúmeros países. Ainda que existam importantes decisões judiciais contemplando casos pontuais, é importante refletir sobre a eutanásia não somente sob o aspecto jurídico, como também sob a ótica da moral e da ética.

Abstract: This work aims to discuss the Euthanasia in social, religious and legal context in Brazil and Argentina. This is a controversial topic that causes great dicussion in scientific, political and academic world, as well as being present in the context of several religions. It is natural, since it involves two fundamental values for Man kind which are human dignity and life, and, for those who deffend it as morally acceptable in cases of terminal illness, a life with no hope and no dignity is not worth living. But, causing the death of someone, even if it is in a gentle, smooth and painless way, always raises questions once "killing somebody" is considered a crim-inal offence in many countries. Although there are im-portant judgments deliberating about individual cases, it is important to reflect about euthanasia not only under the legal aspect, but also from morals and ethics´ per-spective.

Palavras chave: Eutanásia. Morte. Dignidade Humana. Vida.

Keywords: Euthanasia. Death. Human Dignity. Life.

1. Introdução

A morte é um fenômeno extremamente complexo, suscitando dúvidas, indagações, mistério. Ninguém a encara com indiferença, embora por concepções de fundo religioso, cultural ou moral, sua aceitação não seja uniforme. Para alguns, é o fim de tudo; para outros, a passagem para outra vida. Na concepção, comum, porém, representa a cessação dos fenômenos vitais, pela parada das funções cerebral, respiratória e circulatória.

Quando o gameta masculino fecunda o óvulo feminino, inicia-se o processo da vida. Como a vida não é eterna, aí também começa o processo da morte. O novo ser gerado, no milagre da reprodu-ção começa a se desenvolver no útero materno, adquire a forma humana, alimenta-se, cresce e se prepara para deixar o ventre da mãe. Uma vez nascido, o processo de reprodução celular prossegue ao longo da existência, mas existe um momento em que as células envelhecem, surgem as doenças e o caminho para o declínio existencial está traçado.




Existem circunstâncias, porém, que tornam o ato de viver extremamente doloroso, com o acometimento de doenças irreversíveis, onde desaparecem todas as perspectivas de cura. Discute-se neste momento, a eutanásia em seus diversos aspectos.

O desenvolvimento acentuado da indústria química farmacológica, o advento de pesquisas sé-rias em universidades e laboratórios públicos ou privados em todo o mundo e a própria evolução tec-nológica fez surgir novos tratamentos capazes de prolongar ainda mais a vida humana, muito embora, sua utilização possa ser um verdadeiro calvário para o paciente. Exsurge, assim, com força as discus-sões éticas, jurídicas e legais. Neste diapasão, veja-se o comentário de Jefferson Pedro Piva e Paulo R. Antonacci Carvalho: “A saúde humana obteve evidentes benefícios com o avanço tecnológico, permi-tindo alguns fatos notáveis, como o aumento do tempo médio de vida, a prevenção e erradicação de uma série de males, e a reversibilidade de expectativas na evolução de um grande número de doenças. O aumento da eficácia e segurança das novas modalidades terapêuticas motivam, também, questio-namentos quanto aos aspectos econômicos, éticos e legais resultantes do emprego exagerado de tais medidas e das possíveis indicações inadequadas de sua aplicação.”61

O sonho de todo ser humano é viver a plenitude da vida com saúde e no ocaso da existência, morrer tranquilamente, sem dor nem sofrimento físico ou moral para si ou para aqueles que o acom-panham em sua viagem final.

Há, com certeza um antagonismo entre preservar a vida e minorar o sofrimento. É paradora-doxal, também, defender a dignidade humana quando alguém padece de males incuráveis e, portanto, não tem, minimamente, condições de dignidade.

Na luta contra e a favor da eutanásia, as posições estão firmemente demarcadas. Há aspectos religiosos e também econômicos. Inúmeras religiões condenam sua prática alegando que a vida é um dom divino e, portanto, não cabe ao homem suprimi-la. Sob a ótica estritamente materialista, os con-trários alegam que o doente terminal está ocupando um leito inutilmente, enquanto outros pacientes com perspectivas de cura estão na fila de atendimento, isto sem falar no envolvimento dos médicos, enfermeiros e atendentes ocupados com algo que se destina inexoravelmente a um final inglório. Também, sob este aspecto (material), a eutanásia envolve questões patrimoniais do enfermo e que uma vez considerado morto, abre-se a sucessão com a partilha dos bens aquinhoados em vida.

Na outra trincheira encontram-se aqueles que justificam sua prática afirmando que não é justo para o doente prosseguir numa vida vegetativa, de padecimentos e dor e, assim, abreviá-la é um ato piedoso. Como a vida é o maior bem que possui o ser humano a eutanásia resgataria, ao final, a sua dignidade.

1.1. O termo “eutanásia” e seu conceito

O termo “eutanásia” foi proposto por Fancis Bacon, no ano de 1623, na obra de sua autoria, intitulada Historia vitae et mortis, significando o tratamento adequado às doenças incuráveis.

O Dicionário Médico Enciclopédico Taber, assim a define:

Eutanásia (euthanasia) (Gr. eus, bom + thanatos, morte). 1. Que morre de modo suave, tran-quilamente e sem dor. 2. O ato de terminar a vida intencionalmente, em indivíduos portadores de do-ença incurável. Atualmente, os aspectos éticos deste ato estão sendo debatidos em profundidade. Uma

61

PIVA, Jefferson Pedro e CARVALHO, Paulo R. Antonacci. Considerações éticas nos cuidados médicos do pacien-te terminal .Disponível em: http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/viewFile/491/308. Acesso em 15.mar.2012.

http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/viewFile/491/308




845

dificuldade consiste em como o médico ou a sociedade irão determinar que chegou o momento de agir, promovendo a morte do paciente.62

Não há divergência quanto à origem grega do tema, traduzindo-se como “boa morte” ou “morte calma”, “morte doce e tranquila”.

De Plácido e Silva, dá o conceito jurídico de eutanásia, como sendo “o direito de matar ou o di-reito de morrer, em virtude de razão que possa justificar semelhante morte, em regra, provocada para término de sofrimentos, ou por medida de seleção, ou de eugenia”.63

A Declaração do Vaticano sobre a Eutanásia64 menciona que a eutanásia é um ato ou uma omissão, que por si mesmo ou por intenção, causa a morte, para que assim todo o sofrimento seja eliminado.

Albert Causamília afirma que “eutanásia significa la indución de la muerte sin dolor en interés del destinatario y supone la reducción de la duración de la vida de un enfermo terminal. El daño que se infringe al destinatario es la reducción de la duración de la vida: si el enfermo no es terminal, entonces no es un caso de eutanasia”.65/66

Ricardo Royo – Viillanova y Morales, conceitua: "É a morte doce e tranqüila, sem dores físicas nem torturas morais, que pode sobrevir de um modo natural nas idades mais avançadas da vida, surgir de modo sobrenatural como graça divina, ser sugerida por uma exaltação das virtudes estóicas, ou ser provocada artificialmente, já por motivos eugênicos, ou com fins terapêuticos, para suprimir ou abrevi-ar uma inevitável, larga e dolorosa agonia, mas sempre com prévio consentimento do paciente ou pré-via regulamentação legal”.67

2. Espécies ou classes de eutanásia

Luis Jiménez Asúa vislumbra três espécies de eutanásia, segundo seus propósitos: libertadora dos penosos sofrimentos, eliminadora e econômica que persegue um objetivo selecionador. Dá o con-torno de cada uma:

a) Eutanásia libertadora: realiza-se por solicitação de um paciente portador de doença incurá-vel, que se encontre em extremo sofrimento.

b) Eutanásia eliminadora: é realizada em indivíduos que, embora não se encontrem em estado terminal, são portadores de distúrbios mentais. Esta prática é justificada porque as pessoas a quem se dirige constituem-se em "carga pesada" para sua família, para a sociedade na qual vivem e para o Es-tado.

62

Dicionário Médico Enciclopédico Taber. 17ª ed. ilustrada. Título do original: “Taber´s Cyclopedic Medical Dictio-nary. Barueri (SP): Editora Manole, p. 1155. 63

DE PLÁCIDO E SILVA, Vocabulário Jurídico. Volume II – D-i, 4 ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Forense, 1975, p. 642. 64

O Sumo Pontífice João Paulo II, no decorrer da Audiência concedida ao abaixo assinado Cardeal Prefeito, apro-vou esta Declaração, decidida em reunião ordinária da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, e ordenou a sua publicação. Roma, da Sede da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, 5 de Maio de 1980. 65

CAUSAMÍLIA, Albert. Sobre a eutanásia. Disponível em: http://cervantesvirtual.com/servlet/serveObras/01360629872570728587891/cuaderno14/doxa14_17.pdf 66

O mesmo autor complementa seu raciocínio, dizendo que “o Estado não pode impor o sofrimento às pessoas que pedem para morrer. Um Estado que pretenda ser justo deste o ponto de vista liberal não pode interferir nessa decisão porque deve deixar a escolha do dano ao destinatário. 67

VILLANOVA Y MORALES, Ricardo Royo. Il derecho a morir sin dolor. Il problema de la eutanásia. Madri: Editor Aguilar, 1929.

http://cervantesvirtual.com/servlet/serveObras/01360629872570728587891/cuaderno14/doxa14_17.pdf




c) Eutanásia econômica: realiza-se em pessoas que, vitimadas por uma doença grave, perma-necem em estado de inconsciência, podendo, ao recobrar os sentidos sofrerem em função da sua do-ença.68

Porém, a doutrina identifica outras espécies de eutanásia quer sob o aspecto da manifestação de vontade do doente, quer com relação à sua finalidade e, ainda, com relação aos partícipes do ato. A classificação adiante foi identificada por Angélica Munhoz do Rozário Silva e Mariane Brito Barbosa:

Eutanásia voluntária ou consentida: O enfermo incurável ou em estado terminal decide solici-tar a ajuda, geralmente do médico, para abreviar seu sofrimento. Neste caso, o apelo é no sentido da aplicação de uma medicação mortal que encerre seu calvário. Também é chamada de espontânea ou libertadora.

Involuntária: O enfermo não dispõe mais de condições para decidir, ou seja, para expressar sua vontade, decorrente do agravamento de seu quadro clínico. Sua vida é retirada por decisão do médico ou de seus familiares, encerrando a sua agonia. É também conhecida como eutanásia provocada ou piedosa.

Eugênica: É uma forma anômala de eutanásia, que tem por finalidade o aperfeiçoamento raci-al, como no regime nazista, ou como "limpeza" étnica, física, psíquica ou cultural. É, evidentemente, repugnada no seu aspecto ético.

Ativa: Envolve uma terceira pessoa, o sujeito ativo da prática, geralmente o médico que minis-tra a substância capaz de provocar a morte instantânea e indolor, pondo termo à vida do enfermo diretamente.

Passiva ou ortonásia: O agente, que deve ser necessariamente o médico, não mata diretamen-te, apenas deixa de prolongar a vida irreversivelmente condenada, que sobrevive apenas por meios artificiais e extraordinários, mediante desligamento dos equipamentos que a mantém em estado vege-tativo.69

Impropriamente, alguns autores, como as citadas acima, incluem na classificação de eutanásia, a distanásia. É imprópria, porque a distanásia é o contrário da eutanásia, como se vê adiante:

A distanásia é o oposto da eutanásia. Consiste no prolongamento artificial do processo de morte, provocando sofrimento e angústia do doente, mesmo sabendo-se que não haverá, até aquele momento, chances de cura ou melhora no quadro clínico, não permitindo ao paciente uma morte na-tural ou prolongar sua vida, mas sim prolongando exageradamente o processo de morte, mediante meios artificiais.70

Também encontramos a definição de distanásia proposta por Maria Helena Diniz: "trata-se do prolongamento exagerado da morte de um paciente terminal ou tratamento inútil. Não visa prolongar a vida, mas sim o processo de morte" 71

Dos conceitos e observações que foram enunciados, salvo a patologia da eugenia, eutanásia seria o processo ou ato de suprimir a vida de alguém, de forma deliberada, consciente, atendendo,

68

Liberdade de amar e derecho a morir: ensayo de um criminalista sobre eugenesia y eutanasia. 7. ed. reimp. Buenos Aires: Depalma, 1992, p. 409-412. 69

SILVA, Angélica Munhos do Rosário e BARBOSA, Mariane Brito. Filosofia, Ética e Moral Eutanásia. Disponível em: http://www.webartigos.com/artigos/eutanasia/3835/ Acesso em 16.mar.2011 70

idem 71

DINIZ, Maria Helena. O estado atual do Biodireito. São Paulo: Saraiva, 2001.

http://www.webartigos.com/artigos/eutanasia/3835/




847

porém a um objetivo humanitário, qual seja o de minimizar os sofrimentos do enfermo e de seus fami-liares, cuja morte seria inevitável em razão de sua situação crítica, do ponto de vista clínico.

3. A eutanásia na visão das principais religiões e doutrina espírta

É indiscutível a influência da religião na vida da humanidade desde tempos remotos. Se, no passado, a falta de cultura e de senso crítico tornava os homens escravos de dogmas religiosos, o de-senvolvimento cultural e filosófico que trouxe como consequência o senso crítico, não abalou as estru-turas das religiões que continuam a ter papel preponderante na conduta humana. A maioria esmaga-dora dos povos professa algum tipo de crença religiosa.

Em geral, as religiões condenam a prática da eutanásia, como será visto adiante.

3.1. A Igreja Católica

A posição da Igreja Católica pode ser mensurada na Declaração sobre a Eutanásia, da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, que já em sua introdução afirma:

Os direitos e valores inerentes à pessoa humana têm um lugar importante na problemática contemporânea. A este propósito, o II Concílio Ecumênico do Vaticano reafirmou solenemente a emi-nente dignidade da pessoa humana e muito particularmente o seu direito à vida. Por isso, denunciou os crimes contra a vida, como são toda a espécie de homicídio, o genocídio, o aborto, a eutanásia e o pró-prio suicídio voluntário. 72

No Concílio Vaticano II, em 1965, foi elaborada a Encíclica Gaudium et Spes (Alegria e Esperan-ça – a Igreja no Mundo Atual), na qual os Bispos de todo o mundo assinaram:

Tudo o que atenta contra a vida, como qualquer espécie de homicídio, o genocídio, o aborto, a eutanásia e o próprio suicídio voluntário (...) todas essas práticas e outras semelhantes são dignas de censura. Enquanto mancham a civilização humana, desonram mais os que as praticam do que aqueles que as sofrem como vítimas.

Outro documento fundamental mais recente, de João Paulo II (1995), é a Carta Encíclica Evan-gelium Vitae que faz menção à eutanásia:

Tudo quanto se opõe à vida, como seja toda a espécie de homicídio, genocídio, aborto, eutaná-sia e suicídio voluntário; tudo o que viola a integridade da pessoa humana, como as mutilações, os tormentos corporais e mentais e as tentativas para violentar as próprias consciências; tudo quanto ofende a dignidade da pessoa humana, como as condições de vida infra-humanas, as prisões arbitrá-rias, as deportações, a escravidão, a prostituição, o comércio de mulheres e jovens; e também as con-dições degradantes de trabalho, em que os operários são tratados como meros instrumentos de lucro e não como pessoas livres e responsáveis. Todas estas coisas e outras semelhantes são infamantes; ao mesmo tempo que corrompem a civilização humana, desonram mais aqueles que assim procedem, do que os que padecem injustamente; e ofendem gravemente a honra devida ao Criador.73

3.2. O islamismo

A visão do islamismo em relação à eutanásia é dada por Leo Pessini o qual salienta que o isla-misno (literalmente, significa “submissão à vontade de Deus”) é a mais jovem e a última das grandes religiões mundiais e a única surgida após o cristianismo (Maomé – 570-632 dC). 74‾75

72

Encíclica Gaudium et Spes 73

Encíclica produzida no papado de Ioanes Paulus II, em 25 de março de 1995. 74

PESSINI, Léo. A Eutanásia na visão das grandes religiões mundiais II. Disponível em:




Prossegue sua análise sobre o tema:

Especificamente, no que toca ao direito à vida, é dito: a vida humana é sagrada e inviolável e devem ser envidados todos os esforços para protegê-la. Em particular, nenhuma pessoa deve ser ex-posta a lesões ou à morte, a não ser sob a autoridade da lei; a. durante a vida e depois da morte, deve ser inviolável o caráter sagrado do corpo de uma pessoa (...).

Por outro lado, a pessoa humana é criatura de Deus e seu representante na Terra. Ele a criou com as próprias mãos, deu-lhe um sopro de sua alma e fez dela a figura mais bela. O respeito à pessoa é tão importante que a vida de uma única pessoa é quase tão valiosa como a vida de todo o gênero humano e de sua posteridade: “Se alguém matar uma pessoa isto deve ser considerado como se tivesse matado todas as pessoas. 76

3.3. Judaísmo

A eutanásia é um bom exemplo de uma situação em que rabinos de diferentes tendências têm visões similares. Existem muitas evidências, a partir do Talmud, de que a pessoa que está morrendo (goses) não tenha o seu fim apressado, mesmo quando isto evitaria a dor. O argumento frequente-mente utilizado é que o moribundo é, de qualquer maneira, uma pessoa viva, e deve ser tratado com a mesma consideração devida a toda e qualquer pessoa vivente. Mesmo na situação de o paciente ser terminal, em meio a muita dor e diante da solicitação de acabar com tudo, está prática não pode ser permitida segundo o judaísmo.

O médico que agir dessa maneira, causando a morte do paciente, é culpado de assassinato. 3.5 O espiritismo

Também o espiritismo condena a prática eutanásica em qualquer de suas formas. Alan Kardec na obra fundadora do espiritismo revela a posição doutrinária segundo a qual “Sempre se é culpado por não esperar o termo fixado por Deus (...) É sempre uma falta de resignação e de submissão a von-tade do criador”. Isso mesmo nos casos em que a morte é inevitável e em que a vida é abreviada por alguns instantes.77

4. A eutanásia na ordem jurídica do Brasil e Argentina

4.1. A eutanásia no Brasil

O ordenamento jurídico brasileiro não acolhe a eutanásia. O art. 5º da Constituição Federal contém o seguinte comando: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ga-rantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...).

http://boards4.melodysoft.com/vetuycorresponsales/a-eutanasia-na-viso-das-grandes-religies-2.html . Acesso em 19.mar.2012. 75

A religião islâmica é considerada a última das três religiões irmãs antecessoras (judaísmo e cristianismo), po-dendo olhar suas predecessoras como história, como meros preliminares para sua própria mensagem universal. Hoje, calcula-se que a população muçulmana mundial alcance a casa de um bilhão, quase um quinto da humani-dade. 76

Referida Declaração, decidida em reunião ordinária da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, teve seu texto aprovado pelo Papa João Paulo II, no decorrer da Audiência concedida ao Cardeal Prefeito Franjo Seper, e ordenou a sua publicação. Roma, da Sede da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, 5 de Maio de 1980. 77

Kardec, Alan. O livro dos Espíritos. Edição original: 1857. Tradução de Ghillon Ribeiro. 76 ed. Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira. Departamento Editorial, 1995.

http://boards4.melodysoft.com/vetuycorresponsales/a-eutanasia-na-viso-das-grandes-religies-2.html




849

Alexandre de Moraes comenda o dispositivo supra: O ordenamento jurídico constitucional não autoriza, portanto, nenhuma das espécies de eutanásia, quais sejam, a ativa ou passiva (ortotaná-sia). Enquanto a primeira configura o direito subjetivo de exigir de terceiros, inclusive do próprio Esta-do, a provocação de morte, para atenuar sofrimentos (morte doce ou homicídio por piedade), a se-gunda e o direito de opor-se ao prolongamento artificial da própria vida, por meio de artifícios médi-cos, seja em caso de doenças incuráveis e terríveis, seja em caso de acidentes gravíssimos (o chamado direito à morte digna).78

Também José Afonso da Silva comunga do mesmo pensamento, entendendo que a eutanásia é “uma forma não expontânea de interrupção do processo vital, pelo que implicitamente está vedada pelo direito à vida consagrado na Constituição, que não significa que o indivíduo possa dispor da vida, mesmo em situação dramática. Por isso, nem o consentimento lúcido do doente exclui o sentido deli-tuoso da eutanásia no nosso direito”.79

Alguns doutrinadores, como Milton Schmidt Coelho80 consideram a eutanásia como crime de omissão de socorro, previsto no art. 135 do Código Penal.81 Entretanto, o Código Penal não tipifica a eutanásia. O crime eutanásico seria indiretamente enquadrado nos demais crimes contra a vida que goza da proteção constitucional.82

O novo Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução 1.931/2009, do Conselho Federal de Medicina, contém expressa proibição à prática da eutanásia, quando veda ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a seu pedido ou de seu representante legal. 83

A eutanásia no ordenamento jurídico argentino

Embora a Constituição Argentina não tenha dispositivo específico de proteção à vida, como é o caso da Carta Constitucional Brasileira, este país adotou a Convenção Americana de Direitos Humanos- Pacto de San José da Costa Rica.

A ratificação deu-se através de um Projeto de Lei do Poder Executivo em 18 de julho de 1978, a lei foi sancionada em 1º de março de 1984 e promulgada no dia 19 do mesmo mês. Aquela Conven-ção estabelece em seu art. 4º - Direito à Vida, que “toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.84

78

MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e legislação constitucional. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 113. 79

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional. 23 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 201. 80

COELHO, Milton Schmidt. Eutanásia: uma análise a partir de princípios éticos e constitucionais. 81

Art. 135. Deixar de prestar assistência, quando possível faze-lo sem risco, à criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparado ou em grave e eminente perigo; ou não pedir, nesses casos socorro da autoridade pública: Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se da omissão resultar lesão corporal de natureza grave, e triplica, se resulta a morte 82

No Estado de São Paulo, entretanto, uma lei sancionada pelo então Governador Mário Covas estabelece o direito de um doente terminal recusar o prolongamento de sua agonia e optar pelo local da morte. O próprio Governador utilizou-se da lei quando, acometido de câncer na bexiga, veio a falecer. 83

Capítulo VI – É vedado ao médico: Art. 41. Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste, ou de seu representante legal. 84

Adotada e aberta à assinatura na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, em San José de Costa Rica, em 22.11.1969.




Também o Código de Ética Médica da Confederação da República da Argentina prevê em seu art. 117 que em nenhum caso o médico está autorizado a abreviar a vida do enfermo, senão aliviar sua enfermidade mediante os recursos terapêuticos do caso.85

Com a mesma orientação, o Código de Ética da Província de Buenos Aires ressalta a condição humana dos enfermos e proíbe a utilização de métodos que reduzam a resistência física e a capacida-de mental do ser humano. E vai mais além, quando não considera a cronicidade ou incurabilidade da doença, motivo para não assistir ao enfermo. É o que disciplinam os artigos 3° e 21 do referido códi-go.86

Por outro lado, a Associação Médica Argentina, editou em 2001, o Código de Ética para a Equipe de Saúde, estabelecendo para seus membros o dever de respeitar o direito humano inalienável de bem morrer, evitando o sofrimento e o prolongamento sem sentido da vida. Eis o que prevê o art. 26 do referido código: Art. 26. El miembro del Equipo de Salud debe respectar el derecho humano inalienable del buen morir, evitando el sufrimiento y la prolongación sin sentido de la vida, dado que el ensañamento terapéutico es uno de los vicios de la medicina de nuestros dias. 87,

No ano de 1999, Pablo Przygoda já manifestava sua preocupação com a ausência de legislação regulamentando o exercício de práticas relativas a pacientes terminais. Eis seu comentário: Nuestro país carece de legislación que avale el ejercicio de prácticas relacionadas al fin de la vida de pacientes terminales. Además, la ayuda para cometer suicidio, figura contemplada en el artículo 83 de nuestro código penal vigente, se encuentra penada con prisión..Ninguna iniciativa legislativa para despenalizar las prácticas relacionadas al fin de la vida de pacientes terminales (de las pocas que hubo en nuestro país) llegó a votarse en el Parlamento argentino.88

Até mesmo a Lei 26.529, em 19 de novembro de 2009, que trata dos direitos do paciente em suas relações com os profissionais e instituições de saúde, não concebe a eutanásia. Tanto que o art. 11 da mesma possibilita que as pessoas capazes e maiores de idade possam dispor antecipadamente sobre as diretrizes de sua saúde, mas ressalta aquelas que impliquem em desenvolver práticas eutaná-sicas.89

Rechaçar práticas eutanásicas, portanto, passou a existir no ordenamento jurídico do país pla-tino, o que já constituiu um avanço.

As duas maiores instâncias da justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tri-bunal de Justiça não têm em seus registros, nenhuma manifestação sobre eutanásia.

85

Artículo 117°. En ningún caso el médico está autorizado a abreviar la vida del enfermo, sino a aliviar su enfer-medad mediante los recursos terapéuticos del caso. 86

Articulo 3° - En toda actuación el profesional cuidará a sus enfermos, ateniéndose a su condición humana. No utilizará sus conocimientos contra las leyes de la humanidad y en ninguna circunstancia le es permitido emplear métodos que disminuyen la resistencia física y la capacidad mental de un ser humano en forma definitiva, si ello no está condicionado por una indicación terapéutica o profiláctica muy precisa, siendo en estos casos convenien-te obtener la aprobación de una Junta Médica. Articulo 21° - La cronicidad o incurabilidad no constituye un motivo para privar de asistencia al enfermo. 87

Disponível em: <http:///www.ama-med.org.ar/dwnl/CODIGOESPA%D1OL.pdf> 88

PRZYGODA. Pablo. La eutanasia y el suicídio asistido em la Argentina y en otros paises. Disponível em: <http://medicinabuenosaires.com/revistas/vol59-99_n2_195_200.pdf. Acesso em 20.mar.2012. 89

Art. 11. Directivas anticipadas. Toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisio-nes relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes.

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml




851

Em instâncias menores, o tema chegou a ser tratado, como no aresto adiante, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Eutanásia e auxílio ao suicídio: TJSP – “Júri. Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Vítima que se encontrava internada em hospital, com moléstia incurável. Preferên-cia pela morte, na eventualidade de ter que ficar na dependência de terceiro. Neto que lhe leva pasta com documentos e arma de fogo, sabendo das intenções do avô. Suicídio praticado. Réu pronunciado.90

4.2. Jurisprudência sobre eutanásia na Argentina

A Argentina já apresentou decisões jurisprudenciais importantes em que o tema “eutanásia” se fez presente. A que mais chamou a atenção diz respeito à indução do parto de uma grávida cuja criança em gestação era anencefálica; Constitucion Nacional: Derechos y garantias. Derecho a la vida. Ref.: Embarazo.Aborto. La decision de autorizar la inducción de um parto ante la patologia de anence-falia del feto por nacer no se trata de un caso de aborto, ni de una suerte de eutanásia, ni de un ser que no es – para excluir la protección de sua vida – persona, ni de la libertad de procreación para fundarão la interrupción de su vida, ya que tales acciones aparecen identificadas com uma acción humana ende-rezada a provocar la muerte del nino durante su gestación. ED. 13-03-01, nro. 50.564 c/nota. JA. 18-04-01 c/nota.LL. 3-09-01, nº 102.553 c/nota. Mayoria: Moliné O`Connor, Fayt, Belluscio, López. Voto: Bos-sert. Disidencia: Nazareno, Petracchi, Boggiano. Abstención: Vasquez.

Há que se salientar, para melhor compreensão que a justiça argentina, em grau inferior, havia autorizado a direção do Hospital Materno Infantil “Ramon Sarda” a que procedesse a induzir o parto ou eventualmente praticar intervenção cirúrgica de cesárea na paciente que se achava em estado avançado de gravidez de um feto anencéfalico, enfermidade clínica que excluía, segundo informes médicos avaliados pela corte local, a viabilidade de vida extra útero.

O Assessor Geral de Incapazes do Ministério Público interpôs recurso extraordinário, fazendo com que houvesse o pronunciamento da Suprema Corte Argentina, a qual, por maioria, confirmou a sentença.

A Corte Suprema, assim decidiu: Coincide esta Corte com o juízo a quo em que, nas atuais cir-cunstâncias, a pedido judicial não implica na autorização para efetuar um aborto e que a sentença recorrida não contempla sequer tal possibilidade. Com efeito, resulta evidente que não se persegue uma ação que tenha por objeto a morte do feto e que os argumentos da apelação pretendem preservar especialmente sua vida, na medida do possível e das extremas circunstâncias em que esta gestação se desenvolve.(...)

Por isso, a conservação da vida da criança se identifica como transcurso normal da gravidez su-ficiente para um nascimento sem risco e esse ciclo está aqui cumprido.

Sendo irremediável o desenlace fatal em decorrência da patologia mencionada e a impotência da ciência para solucioná-la, relevam-se os direitos da mãe à proteção de sua saúde, psicológica e físi-ca, e, enfim, todos os direitos reconhecidos pelos tratados que se revestem de hierarquia constitucio-nal.

Assim, a vida da criança por nascer está protegida por todos os meios científicos que convêm a seu delicado estado, sem que se adote medida alguma apta a agravar sua patologia ou para impedir ou dificultar sua sobrevivência extrauterina que resulte do acontecimento natural do parto. Por outro lado, e como elemento essencial desta decisão, se apóia a saúde da mãe, cuja estabilidade psicológica – já afetada pelos fatos que falam por si mesmos – constituem um bem a preservar com a maior inten-sidade possível.

90

Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP – RT 720/407




Outro caso, também cercado de grande polêmica, foi o de Marcelo Bahamondez, julgado pela Suprema Corte Argentina, envolvendo a sua recusa à transfusão de sangue decorrente do fato de per-tencer à igreja “Testemunha de Jeová”, facção religiosa que não admite essa prática. Diante da nega-tiva do paciente, as autoridades do hospital pediram aos juízes autorização para fazer a transfusão de maneira compulsória, alegando que isso era fundamental para manter o paciente com vida. O Tribunal de 1ª Instância e a Câmara Federal de Comodoro Rivadávia concederam a autorização (CFed. Com. Riv. 15.106.89 ED 134-297), entendendo que o direito à vida não é disponível e que a atitude de Bahamon-dez equivaleria a um suicídio lento.

5. Conclusão

O direito à vida é o valor maior do ser humano. Viver, porém, não é somente manter acesas as chamas alimentadas pelas funções vitais. Viver é usufruir os encantos do mundo, deliciar-se com o aroma das flores, sorrir com o sorriso das crianças. Viver não é estar confinado num leito de hospital, animado artificialmente por aparelhos de alta tecnologia, sedado por medicamentos eficientes que apenas amenizam a dor. Viver não é ter certeza que o antes jamais voltará e que o fim é inevitável.

Nesse contexto as reflexões e discussões bioéticas sobre a eutanásia se agigantam. Os que a condenam e os que a defendem têm argumentos sólidos, convincentes.

Para se tratar de um tema com a importância deste, foi necessário conceituar eutanásia e tra-çar os seus verdadeiros contornos. Como a corrente mais expressiva contra a sua prática decorre de convicções religiosas, procurou-se trazer a lume as justificativas e os dogmas que a orientam. Mas, tratando-se de um trabalho que envolve bioética e direito, não poderia se olvidar de procurar inserir o tema dentro do contexto jurídico do Brasil e Argentina, ainda que se saiba de antemão que as normas legais de ambos os países não a aprovam.

O importante não é posicionar-se a favor ou contra a eutanásia, empunhar bandeiras verdes ou vermelhas. Importa sim, refletir sobre o tema, ler, escrever e contribuir para o aprofundamento da discussão. Somente assim os frutos dessa pesquisa amadurecerão, podendo servir de alimento aos que buscam a razão e a verdade.

6. Referências

KARDEC, Alan. O livro dos Espíritos. Edição original: 1857. Tradução de Ghillon Ribeiro. 76 ed. Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira. Departamento Editorial, 1995.

MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e legislação constitucional. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 113.

PESSINI, Léo. A Eutanásia na visão das grandes religiões mundiais II. Disponível em:

PIVA, Jefferson Pedro e CARVALHO, Paulo R. Antonacci. Considerações éticas nos cuidados médicos do paciente terminal .Disponível em: http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/viewFile/491/308. Acesso em 15.mar.2012.

PRZYGODA. Pablo. La eutanasia y el suicídio asistido em la Argentina y en otros paises. Disponível em:

SILVA, Angélica Munhos do Rosário e BARBOSA, Mariane Brito. Filosofia, Ética e Moral Eutanásia. Dis-ponível em: <http://medicinabuenosaires.com/revistas/vol59-99_n2_195_200.pdf. Acesso em 20.mar.2012.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional. 23 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 201.

http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/viewFile/491/308




853

VATICANO. Encíclica Gaudium et Spes Encíclica produzida no papado de Ioanes Paulus II, em 25 de março de 1995.

VILLANOVA Y MORALES, Ricardo Royo. Il derecho a morir sin dolor. Il problema de la eutanásia. Madri: Editor Aguilar, 1929.




855

Protección jurídica de la vida humana por Daniela Verónica MAZA

Sumario: 1. Introducción. 2. Cortes constitucionales de América Latina. 3. Sistema universal. 4. Sistema interamericano. 5. Test de constitucionalidad y convencionalidad y su relación con los estereotipos de género6. Debida diligencia. 7. Conclusiones. 8. Bibliografía

Resumen: El presente trabajo muestra las dife-rentes voces surgidas en defensa de los dere-chos sexuales y reproductivos de las mujeres, arquitectas de una plataforma jurídica y una ordenación sistémica que permitirá al lector pensar y articular la defensa y protección de la vida humana, a partir de la aplicación de princi-pios básicos de hermenéutica, la interpretación efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité CEDAW, las Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos y los informes de la Relatoría Especial sobre la vio-lencia contra la mujer, entre otros

Abstract: The present work shows the different voices raised in defense of the sexual and re-productive rights of women, architects of a legal platform and a systemic arrangement that will allow the reader to think and articulate the defense and protection of human life, starting from the application of basic principles of her-meneutics, the interpretation made by the Su-preme Court of Justice of the Nation, the Inter-American Court of Human Rights, the CEDAW Committee, the Concluding Observations of the Human Rights Committee and the reports of the Office of the Special Rapporteur on violence against women, among others

Palabras-clave: vida, mujer, niña, derechos humanos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, convencionalidad, androcentris-mo, vida, ginocentrismo, interpretación, control de constitucionalidad, control de convencionali-dad, debida diligencia. estereotipos, interrup-ción del embarazo, gestante, embarazo, prácti-cas consuetudinarias

Keywords: life, women, girl, women's human rights, sexual and reproductive rights, conven-tionality, androcentrism, life, gynocentrism, interpretation, control of constitutionality, con-trol of conventionality, due diligence. stereo-types, interruption of pregnancy, pregnancy, pregnancy, customary practices

Advertencia preliminar: Se procurará evitar el lenguaje sexista y se incluirá como recurso la @ y la x tratando de limitar el uso de barreras “as/os”. En aquellos casos en que no se ha podido plurali-zar el masculino dada la forma del idioma español para nombrar el plural, deseo que se tenga en cuen-ta la intención no sexista de la redacción.

1. Introducción

Desde el punto de vista jurídico, en materia de derechos sexuales y reproductivos se ha deli-neado una tendencia progresiva hacia su reconocimiento, garantía y protección en las decisiones judi-ciales de los países de Latinoamérica, como también en la Corte Interamericana de Derechos Huma-nos. Esta tendencia se debilita en los Estados en los que no es tan clara la aplicación del control de convencionalidad y depende de que los sistemas tengan o no constitucionalizados los tratados inter-nacionales, así como del valor que estos le den a las interpretaciones de esos tratados que hacen los

órganos autorizados.91

91

Aranto, Mónica; Fernández, Mariana;Fries, Lorena; Lagos, Catalina; Palacios, Patricia; Parra, Oscar; Sarmiento R., Claudia; Zúñiga, Yanira; Lacrampette, Nicole, “Consideraciones sobre los Derechos Reproductivos en el Dere-




Para lograr este giro se realizaron diversos estudios de gran sofisticación teórica, en los que destaca el carácter multidisciplinar y multidimensional de estricto rigor científico. Esto permitió transi-tar caminos fructíferos en términos de creatividad, y eliminar los obstáculos que surgen de la rigidez

de los estereotipos androcéntricos del saber,92lo que fue posible gracias a la participación de mujeres en la construcción y legitimación del conocimiento en las comunidades epistémicas. En este sentido, la epistemología feminista ha sido considerada como una ideología o crítica social por fuera de los méto-dos legitimados por la ciencia, y se ha limitado su intervención en la conformación de conocimiento impidiendo que sus voces sean puestas en el centro de las valoraciones, para avanzar en su observa-

ción e instalarlas como imprescindibles en los diálogos de la ciencia.93

A efectos de desarticular las construcciones estereotipadas, modificar la tradición teóri-co/exegética, y despertar del letargo la discusión sobre el Derecho a la Vida y el deber estatal de pro-tección, se desarrollaron nuevas líneas de razonamiento que lograron demostrar la existencia de un saber formulado por y para el ejercicio del poder. Esto es, un orden que gobierna el saber académico, bloquea la capacidad de pensamiento y la ubica en sintonía con presupuestos dogmatizados que con-ducen una y otra vez a dar nueva racionalidad al mismo régimen constituido por un universo mental con su propio sistema de valores, que no puede modificarse sustancialmente solo con invertir su ca-

rácter sexista o responder al androcentrismo con una réplica ginocéntrica.94

Sin embargo, el avance de la tecnología y del conocimiento presionó para que los órganos judi-ciales tuvieran que dar una respuesta jurídica adecuada a la realidad, en un tema tan sensible insta-lando con mayor profundidad la nunca abandonada discusión sobre el derecho al aborto. Durante décadas esto se mantuvo fuera de los ámbitos de discusión política y de las agendas de los/as candida-tos/as, pero desde mediados de 1996 ocupa un lugar relevante en las agendas políticas de las demo-cracias centrales del mundo, y en Argentina comenzó a tornarse visible en la última década con la apa-rición de señales inéditas, entre ellas, la reacción de las instituciones políticas y jurídicas y el acompa-

ñamiento de la creciente movilización social.95

Es importante destacar que tanto la CIDH como varios de los Tribunales Judiciales de mayor je-rarquía en América Latina se expidieron en situaciones en las que se confronta el derecho a la vida

intrauterina del feto y el derecho a decidir de las mujeres.96

No obstante, aun cuando los derechos de

las mujeres encuentran un amplio reconocimiento en el bloque de constitucionalidad,97ingresan en la

cho Constitucional Comparado en América Latina”, en Derechos humanos y mujeres. Teoría y práctica. Santiago de Chile, Andros Impresores. Registro de Propiedad Intelectual: Nº 234923ISBN: 978-956-19-0833-8. Santiago. p. 242. 92

Maffía, Diana, Contra las dicotomías: Feminismo y Epistemología Crítica. Buenos Aires, Instituto Interdisciplina-rio de Estudios de Género. 93

Maffía, Diana. “La Subversión Semiótica de las mujeres en la Ciencia“. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer. Caracas. Enero/junio. Volumen 12 – Nº 28. 2007. 94

Sardá Moreno, Amparo, “El discurso académico: ¿sexismo o androcentrismo?”, en Revista de Sociología nº 30. Universidad Autónoma de Barcelona. Editorial PAPERS. 95

Bergallo, Paola, Aborto y justicia reproductiva. Buenos Aires, Del Puerto, 2001, pp. 1-2. 96

Clérico, Laura y Ronconi, Liliana, “Impacto del Bloque de Constitucionalidad en la Interpretación del Derecho común. La Interpretación Amplia de los Abortos Permitidos en Argentina”, en Estudios Constitucionales, año 10, n° 2, 2012, pp. 193-230. 97

Derecho a la autonomía (art. 19 CN; 11.2 de la CADH; 17 PIDCyP), derecho a la vida y a la integridad física y psíquica (arts. 4, 6 y 7 CADH); derecho a la salud (art. 12 del PIDESC); derecho a la planificación familiar (art. 10.h) y 12.1 de la CEDAW); Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mu-jer, Convención De Belém Do Pará, entre otras. La CIDH sostiene que “la capacidad de la mujer de controlar su fecundidad tiene una relación fundamental con su capacidad de gozar de un conjunto de derechos básicos, más




857

esfera de valoración una serie de elementos que interfieren en la interpretación de los hechos y afec-tan la libertad de comprender la situación real, por lo que será el análisis hermenéutico la instrumento fundamental que permitirá dar una respuesta con equidad y sin discriminación.

El foco de la discusión se centra en determinar el alcance de la protección del derecho a la vi-da. A continuación señalaré las respuestas más trascendentes brindadas por nuestra Corte Suprema de Justicia y algunas Cortes Constitucionales de América Latina, y mencionaré los estándares más relevan-tes desarrollados tanto en el sistema universal y en el fallo más importante dictado por la CIDH.

En el año 2012, nuestro Máximo Tribunal de Justiciase expidió en un caso en el que se peticio-

naba la interrupción del embarazo de una niña de 15 años de edad víctima de la violación,98

estable-ciendo el alcance de las normas internas e internacionales respecto de la protección de la vida. Remar-có los principios básicos de hermenéutica, la inteligencia de las previsiones normativas y determinó la aplicación de otras normas y principios de igual jerarquía en clave de pautas interpretativas necesarias, esclareciendo la confusión reinante en lo que respecta a los abortos no punibles a efectos de evitar frustraciones del derecho por parte de quienes peticionen acceder a ellos, y de configurar supuestos de responsabilidad internacional. Asimismo, se advirtió a los profesionales de la salud y a los distintos poderes judiciales que la insistencia en el pedido de autorizaciones o la negativa a la realización de la práctica no puede sino ser considerada como una barrera al acceso a los servicios de salud, debiendo responder sus autores por las consecuencias penales y de otra índole que pudiera traer aparejado su

obrar.99

La plataforma normativa que invocaba el recurrente –tesis restrictiva–, por la cual se negaba la interrupción del embarazo sostenía que: El a quo, al otorgar la autorización de dicha práctica e inter-pretar el art. 86, inc. 2 del CP y no haber restringido la procedencia de esta autorización al caso de la víctima violada, idiota o demente, desconoció el plexo normativo constitucional-convencional según el cual el Estado Argentino protege la vida a partir de la concepción.100

Sin embargo, distinta fue la postura asumida por la Sra. Defensora General de la Nación, quien actuando en representación de la niña A.G. expresó que debía confirmarse la sentencia que autorizaba la práctica interruptiva, al entender que todos los casos de embarazo forzado –víctima de violaciones– debían ser considerados como casos particulares de la hipótesis general de peligro para la salud de la gestante (art. 86, inc. 1 CP).

La Corte consideró que existía una cuestión federal apta para su examen en esa instancia re-cursiva, toda vez que se comprometieron preceptos reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de igual jerarquía al interpretar el art. 86, inc. 2 CP (art. 14, inc. 3, Ley N° 48), y que la omisión de su consideración podía comprometer la responsabilidad del Estado Argentino fren-te al orden jurídico supranacional. Asimismo, dejó a salvo que no se encuentra limitada en su decisión por los argumentos de las partes o del a quo, sino que solo le incumbe realizar una declaración sobre

específicamente, de proteger su integridad física y planificar su vida familiar con su pareja”. CIDH informe sobre Guatemala 2001, OEA/Ser.//V/II.111, doc. 21 rev., 6 de abril de 2001, párr. 34. Asimismo, ver CIDH Informe n° 20/07, Solución Amistosa, Petición 161-02, Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, México, 9/3/2007. En general, véase Comité Para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 20° período de sesiones (20/02/1999). Recomendación general n° 24 s/ art. 12 de la CEDAW. 98

F.A.L. s/ medida autosatisfactiva. CSJN. F. 259. XLVI. 99

Caso FAL, Considerando n° 24. 100

CN, art. 75, inc. 23; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 1; Convención Ameri-cana sobre Derechos Humanos, arts. 3 y 4; Declaración universal de los Derechos Humanos, arts. 3 y 6; Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos, art. 6; Convención Sobre los Derechos del Niño, Preámbulo, arts. 1 y 6; Considerando n° 3, Caso FAL.




el punto disputado (Fallos 331:735 y sus citas). También destacó que al efectuar una tarea de armoni-zación normativa del más alto rango con otra de derecho común, a través de un análisis global del plexo normativo fundamental involucrado y por aplicación de los principios hermenéuticos de inter-pretación sentados por esta Corte desde antiguo, se entiende que corresponde realizar una interpre-tación amplia de dicho precepto legal, desde esta perspectiva y a la luz del principio de reserva (art. 19, CN).

Entre los principales argumentos jurídicos y hermenéuticos analizados por la Corte pueden mencionarse los siguientes:

1) Respecto de lo dispuesto en el art. 75, inc. 23,CN, señaló que el mandato cons-tituyente fue para que se establezcan políticas públicas promotoras de los derechos humanos, que la competencia atribuida a este poder en la materia lo fue a los efectos de dictar un marco normativo específico de seguridad social y no uno punitivo, por lo que nada se puede derivar para definir la cuestión relativa a los abortos y que si bien en la Convención Constituyente de

1994101 se generó un amplio debate sobre el derecho a la vida, lo cierto es que en ninguna oportunidad quedó plasmada una voluntad que pretendiera ni definir la cuestión relativa al aborto ni limitar el alcance del art. 86, inc. 2, CP […].

2) Asimismo, indicó que los arts. 1 y 4 de la Declaración Americana de los Dere-chos y Deberes del Hombre, son normas que fueron expresamente delimitadas en su formula-ción para que de ellas no se derivara la invalidez de un supuesto de aborto como el analizado. Basó dicha postura en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 23/81

“Baby Boy”, y en la discusión en torno a la redacción de estos artículos.102 3) En cuanto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sostiene res-

pecto al art. 3que la interpretación del alcance de dicho precepto con relación a las obligacio-nes del Estado en lo que hace a la protección del naciturus como sujeto de derecho, no puede realizarse aisladamente del art. 4 y darle un alcance de tal amplitud que implique desconocer

que la Convención no quiso establecer una protección absoluta del derecho a la vida.103 4) La Declaración Universal de los Derechos Humanos, respecto de los arts. 3 y 6,

refiere que a fin de asegurar una coherencia normativa, las previsiones deben ser analizadas en conjunto con lo dispuesto en el art. 1, por lo que resulta imposible concluir en la aplicabili-dad de las normas invocadas una tesis restrictiva del supuesto de aborto previsto en nuestro CP.

5) En el PIDCP la Corte tampoco encuentra sustento para la tesis del recurrente en el deber que emana del art. 6, al considerar que el Comité de Derechos Humanos de Nacio-nes Unidas ha manifestado su posición general relativa a que debe permitirse el aborto para

casos de embarazos que son consecuencia de una violación, y a su vez las observaciones104 efectuadas al analizar la situación particular en nuestro país expresan su preocupación por la interpretación restrictiva del art. 86 del CP, por lo que el Máximo Tribunal arriba a una conclu-sión contraria a la sostenida por el recurrente.

101

Convención Nacional Constituyente 1994, 34° Reunión, 3° Sesión Ordinaria (Continuación), 19 de agosto de 1994, 2.- Armonización de los arts. 67 y 86 de la CN, Tomo VI, Centro de Estudios Jurídicos y sociales, Ministerio de Justicia de la Nación, República Argentina, pp. 6145-6198. 102

Considerando 10, párr. 1, Caso FAL. 103

Considerando 10, párr. 2, Caso FAL. 104

Cfr. Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Perú, 15/11/2000, CCPR/CO/70/PER; Observa-ciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Irlanda, 24/07/2000, A/55/40; Observaciones Finales del comi-té de Derechos Humanos: Gambia, 12/08/2004, CCPR/CO/75/GMB; Observaciones Finales del Comité de Dere-chos humanos: Argentina, CCPR/C/ARG/CO/4 del 22/03/2010, antes citadas.




859

6) En cuanto a las disposiciones previstas en la CDN y a los antecedentes que pre-cedieron a su sanción, expresamente rechazó que al redactarse se fijara un alcance determi-

nado de cualquiera de sus disposiciones,105y ante una gran variedad de alternativas propues-tas, se decidió expresamente por la formulación actual del art. 1, corroborada por la circuns-tancia de que el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que los Estados Partes –que no admiten el aborto para el caso de embarazos que son la consecuencia de una violación– deben reformar sus normas legales incorporando tal supuesto y, respecto de nuestro país que sí lo

prevé, ha manifestado su preocupación por la interpretación restrictiva del art. 86 del CP106

(Considerando n° 13).Por otra parte, señaló que lo estipulado en el art. 1 de la Convención al decir que “debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción”, no constituye una reserva en los términos del art. 2 de la Con-vención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y altera el alcance con que la CDN rige en los términos del art. 75, inc. 22, CN, puesto que el Estado Argentino se limitó a plasmar una declaración interpretativa.

7) También remarcó principios básicos de hermenéutica establecidos en la juris-prudencia del Tribunal que obligan a interpretar dicha norma con el alcance amplio que efec-tuara el juez a quo. Además puntualizó que los principios de igualdad y de prohibición de toda discriminación son ejes fundamentales del orden jurídico constitucional argentino e interna-cional y que, especialmente en el caso, poseen una aplicación específica respecto de toda mu-jer víctima de violencia sexual y conducen a adoptar la interpretación amplia de esta nor-

ma,107y que reducir por vía de la interpretación la autorización solo a los supuestos que sean consecuencia de una violación cometida contra una incapaz mental implicaría establecer una distinción irrazonable de trato respecto de toda otra víctima de análogo delito que se encuen-tre en igual situación y que, por no responder a ningún criterio válido de diferenciación, no puede ser admitida, máxime si está involucrado el adecuado cumplimiento del deber estatal de protección de toda víctima de esta clase de hechos en cuanto obliga a brindarle atención médica integral, tanto de emergencia como de forma continuada. Además, de la dignidad de las personas se desprende el principio que las consagra como un fin en sí mismas y proscribe

que sean tratadas utilitariamente.108Concluyó así que la pretensión de exigir a toda víctima de un delito sexual llevar a término un embarazo, que es consecuencia de un ataque contra sus derechos fundamentales, resulta a todas luces desproporcionada y contraria al postulado, de-rivado del mencionado principio que impide exigirle a las personas que realicen, en beneficio

105

La Corte, para adoptar su posición analiza el Informe del grupo de Trabajo acerca de un proyecto de Conven-ción sobre los Derechos del Niño del Consejo Económico y Social. Cuestión de una Convención sobre los Dere-chos del Niño, E/CN4/1989/48, 2 de marzo de 1989. 106

Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño: Palau, 21/02/2001, CRC/C/15/Add. 149; Obser-vaciones Finales del comité de los Derechos del Niño: Chad, 24/08/1999, CRC/C/15/AAD, 107; Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño: Argentina, 21/06/2010, CRC/C/ARG/CO/3-4. 107

CN, art. 16; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 2; Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 2 y 7; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 2.1 y 26; Pacto interna-cional de Derechos Económicos, Sociales y culturales, arts. 2 y 3; Convención Americana sobre Derechos Huma-nos, arts. 1.1 y 24; Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial; CEDAW, espe-cialmente arts. 2, 3 y 5 a 16, y CDN, art. 2; Convención Belem Do Pará, arts. 4.f y 6.a). 108

Art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 1, Declaración Universal de los Derechos Humanos; preámbulos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.




de otras o de un bien colectivo, sacrificios de envergadura imposible de conmensurar.109 Así, los principios de estricta legalidad y pro homine obligan a adoptar la interpretación amplia de este supuesto normativo que establece la no punibilidad del aborto, porque una exégesis en sentido contrario amplía sustancialmente el alcance del castigo penal y niega, a toda otra víc-tima de una violación que se encuentre en esa situación, el derecho a acceder esta prácti-

ca.110

De una aplicación armónica de las pautas interpretativas fijadas por la Corte en cuanto a que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos 304:1820; 314:1849) no se debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos 313:1149). En conclusión, determinó que toda interrupción de un embarazo consecuencia de una violación no es punible.

8) Señaló también que la judicialización de la autorización por su reiteración constituye una práctica institucional innecesaria, ilegal y cuestionable porque obliga a la vícti-ma del delito a exponer públicamente su vida privada, además de contraproducente porque la demora que apareja su realización pone en riesgo tanto el derecho a la salud de la solicitante

como su derecho al acceso a la interrupción del embarazo en condiciones seguras.111

Por lo que se ve forzada a recordar que por imperio del art. 19 in finede la CN se consagra el principio de reserva como complemento de la legalidad penal, debiendo concluirse que quien se en-cuentre en las condiciones descriptas no puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del embarazo ya que ello está permitido y no resulta punible (Considerando n° 21).

La CSJN señala con claridad los hitos más importantes vinculados con el derecho a la vida y en-fatiza, respecto del derecho al aborto, el “deber estatal de protección de las víctimas” y el “derecho al acceso a la interrupción del embarazo en condiciones seguras”, y deja sentada una posición al señalar que “la protección del naciturus como sujeto de derecho no puede realizarse aisladamente del art. 4 de la Convención y darle un alcance de tal amplitud que implique desconocer que la Convención no quiso establecer una protección absoluta del derecho a la vida de este, invisibilizando los DDHH de las mujeres”.

2. Cortes constitucionales de América Latina

En Colombia, en el año 2006, la Corte Constitucional determinó que existía una distinción en-tre el derecho a la vida y la protección del valor de la vida, sosteniendo que este último, bajo la Consti-tución de 1991, era constitucionalmente relevante y que si bien debía ser protegido era diferente del derecho a la vida. Explicó que la vida no era un valor o un derecho absoluto sino que debía ser ponde-rado con otros valores o derechos constitucionales, y concluyó que el derecho a la vida requería de un individuo para reclamarlo mientras que la protección de la vida, como valor, solo podía ser ostentado por aquellos que no han adquirido la condición humana. Determinó además distintos grados de pro-tección para ambos, otorgando un mayor grado al derecho a la vida y señalando que respecto del valor

de la vida disminuía el deber del Estado.112

En México, ante la impugnación del art. 144 del CP que despenalizó el aborto en todos los ca-sos antes de las 12 semanas, la Suprema Corte de Justicia recordó que la Constitución de este país no contemplaba expresamente el derecho a la vida, por lo que no podía existir una disposición que obli-

109

Nino, Carlos Santiago, Ética y Derechos Humanos. Buenos Aires, Paidós, 1984, pp. 109 y ss.; La legítima defen-sa, fundamentación y régimen jurídico. Buenos Aires, Astrea, 1982, pp. 59-63 y ss. 110

Caso FAL, CSJN, Considerando n° 17. 111

Caso FAL, CSJN, Considerando n° 19, párr. 2. 112

Sentencia de constitucionalidad condicionada C- 355/2006, 10 de mayo de 2006.




861

gara a una protección absoluta. Eso no quería decir que la protección al derecho a la vida no existiera, pero debía entenderse que los derechos fundamentales debían tener carácter relacional entre ellos y fundamentarse en el concepto de democracia. Afirmó que por “el hecho de que la vida sea una condi-ción necesaria de la existencia de otros derechos no se puede válidamente concluir que debe conside-rarse a la vida como más valiosa que cualquiera de esos otros derechos”. Además, con fundamento en la jurisprudencia de la misma Corte y de la Constitución de México, afirmó que los derechos funda-

mentales o garantías individuales no son absolutos y admiten modulación.113

En Brasil, el Supremo Tribunal Federal amplió los casos en que se permite interrumpir un em-barazo para incluir aquellos en que el feto presenta anencefalia. Señaló que era necesario ajustar la normatividad a la realidad social, y estableció que las normas revisadas debían interpretarse a la luz de las nuevas realidades y necesidades científicas y que la penalización de la interrupción terapéutica del embarazo en casos de fetos anencefálicos no cumplía con los principios de razonabilidad y proporcio-nalidad.

Por su parte, Chile y Perú sostienen que el problema central es determinar si la píldora vulnera el derecho a la vida desde la concepción, pero no consideran que los derechos sexuales y reproducti-vos de las mujeres puedan ser potencialmente vulnerados por esa decisión y ni siquiera contemplan la opción en casos extremos, como la necesidad de la píldora cuando la mujer es víctima de violencia sexual. La decisión chilena y la peruana encuentran fundamento en las protecciones del derecho a la vida en el derecho internacional para proteger al no nacido y darle titularidad sobre el derecho a la vida, como sujeto de derechos. Las dos decisiones encuentran una duda razonable sobre el efecto abortivo de la píldora y lo consideran inconstitucional, con fundamento en la protección del derecho a

la vida del no nacido.114

3. Sistema universal

La Convención Internacional de Derechos Humanos hace referencia explícita al derecho de las mujeres a acceder a servicios de salud sin discriminación y a información específica, incluido el aseso-

ramiento sobre la planificación familiar.115También se refiere a la necesidad de adoptar medidas para

eliminar la discriminación contra las mujeres en la esfera de atención médica,116 garantizar servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto y la nutrición adecua-

da durante el embarazo y la lactancia,117así como la atención adecuada en zonas rurales118 y las condi-ciones de igualdad entre hombres y mujeres para decidir libre y responsablemente el número de hijos

y el intervalo entre los nacimientos.119 Finalmente, habla de adoptar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a eliminar los perjuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole, basadas en la idea de la infe-rioridad o superioridad de cualquiera de los sexos en funciones estereotipadas de hombres y muje-

res.120

113

Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de 28 de agosto de 2008. 114

Tribunal Constitucional de Chile, sentencia Rol 740-07-CDS, 2008; Tribunal Constitucional de Perú, Expediente n° 02005-2009-PAT/TC por demanda de inconstitucionalidad, sentencia de 16 de octubre de 2009. 115

CEDAW, art.10 (b). 116

CEDAW, art. 12.1. 117

CEDAW, art. 12.2. 118

CEDAW, art.14.2(b). 119

CEDAW, art. 16.1. 120

CEDAW, art.5 (a).




Por su parte, el Comité CEDAW ha desarrollado los alcances de dichas obligaciones, principal-mente en su Recomendación General n° 24 referida a mujer y salud, en la que afirma que el acceso a la atención, incluida la salud reproductiva, es un derecho básico previsto en la CEDAW en el art. 12. Esta-blece además que los Estados Partes deben abstenerse de poner trabas a las medidas adoptadas por

las mujeres para conseguir sus objetivos en materia de salud.121

También manifiesta que la obligación de proteger exige que los Estados adopten medidas para impedir la violación de esos derechos por parte de los particulares y organizaciones, e imponga sanciones a quienes cometan esas violaciones. Por otro lado, la garantía del ejercicio de tales derechos supone la obligación estatal de adoptar medi-das adecuadas de carácter legislativo, judicial, administrativo, presupuestario, económico y de otra

índole en el mayor grado que lo permitan los recursos disponibles.122

En el Caso KL vs. Perú, el Comité de Derechos Humanos estableció respecto del art. 7 que la negativa a autorizar un aborto terapéutico causó una severa afectación física y mental en KL, ya que había sido obligada a completar un embarazo y amamantar un bebé que moriría irremediablemente poco tiempo después. Además afirmó que la denegación violó el derecho a la privacidad de KL, pues se había interferido de manera arbitraria en su intimidad y el Estado no garantizó un trato especial de

protección en la salud y asistencia médica y psicológica pese a tratarse de una menor de edad.123

Las decisiones del Comité determinan que obligar a una mujer a completar un embarazo en casos de su-puesto aborto legal y cuando son producto de violación constituye trato cruel, inhumano o degradan-te. Este precedente fue reiterado por el Comité de Derechos Humanos en el caso LMR vs. Argentina, respecto de la denegación de un aborto legal a una mujer con discapacidad.

4. Sistema interamericano

Con posterioridad al fallo dictado por nuestro Máximo Tribunal Judicial, la CIDH124 estableció una serie de estándares interpretativos con relación al derecho a la vida y al alcance de su protección. A continuación se detallan los principales puntos sobre los que se expidió:

─ Que la expresión “toda persona” es utilizada en numerosos artículos de la Con-

vención Americana125 y al analizarlos no es factible sostener que un embrión sea titular y ejer-za los derechos consagrados en cada uno de ellos, por lo que no es posible otorgarle status de

persona.126 ─ Que la concepción solo ocurre dentro del cuerpo de la mujer (supra párr. 186-

187)”,127y que el sentido del art. 4.1 tiene lugar desde el momento en el que el embrión se im-planta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del art. 4 de la Convención.

─ Que “los antecedentes que se han analizado hasta el momento permiten infe-rir que la finalidad del art. 4.1 de la Convención es la de salvaguardar el derecho a la vida sin que ello implique la negación de otros derechos que protege la Convención”.

121

Comité CEDAW, Recomendación General n° 24, art. 12, párr. 14. 122

Ibid, párr. 17. 123

Caso KL. vs. Perú, Comité de Derechos Humanos, Comunicación n° 1153/2003. 124

Caso Artavia Murillo y otros –fecundación in vitro– vs. Costa Rica, sentencia del 28 de noviembre de 2012, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 125

Cfr. Al respecto, los arts. II-XXVII de la Declaración Americana. 126

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Artavia Murillo y otros, parágrafo 223. 127

Considerando 22, Caso Artavia Murillo y otros.




863

─ Que la clausula “en general” tiene como objeto y fin el permitir que ante un conflicto de derechos sea posible invocar excepciones a la protección del derecho a la vida desde la concepción.

─ Que el objeto y fin del art. 4.1 de la Convención es que no se entienda el dere-

cho a la vida como absoluto, justificando la negación total de otros derechos.128

─ Que no es admisible el argumento del Estado en el sentido de que sus normas

constitucionales otorgan mayor protección del derecho a la vida y, por consiguiente, procede hacer prevalecer este derecho en forma absoluta. Esta visión niega la existencia de derechos que pueden ser objeto de restricciones desproporcionadas bajo una defensa de la protección absoluta del derecho a la vida, lo que sería contrario a la tutela de los derechos humanos, as-

pecto que constituye el objeto y fin del Tratado. 129

─ Que en aplicación del principio de interpretación más favorable, la alegada

“protección más amplia”, en el ámbito interno no puede permitir ni justificar la supresión del goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en ma-

yor medida que la prevista en ella.130

─ Que según la Corte otras sentencias en el derecho constitucional comparado

procuran efectuar adecuado balance de posibles derechos en conflicto y constituyen una rele-vante referencia para interpretar los alcances de la cláusula “en general, desde la concepción”, establecida en el art. 4.1 de la Convención. Hace alusión a ejemplos jurisprudenciales en los que se reconoce un legítimo interés en proteger la vida prenatal, pero se lo diferencia de la ti-tularidad del derecho a la vida, recalcando que todo intento por proteger dicho interés debe ser armonizado con los derechos fundamentales de otras personas, especialmente de la ma-

dre.131

─ Que el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer ha sosteni-

do que cuando una “decisión de aplazar la intervención quirúrgica debido al embarazo estuvo influenciada por el estereotipo de que la protección del feto debe prevalecer sobre la salud

de la madre” esta resultaría discriminatoria […]132 ─ Que el objeto y fin de la cláusula “en general” del art. 4.1 de la Convención es

la de permitir, según corresponda, un adecuado balance entre derechos e intereses en conflic-to, en el caso que ocupa la atención de la Corte.Dicho objeto y fin implica que no pueda ale-

garse la protección absoluta del embrión anulando otros derechos.133 ─ Que de las palabras “en general” se puede concluir que la protección del dere-

cho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional sino que implica

entender la procedencia de excepciones a la regla.134

5. Test de constitucionalidad y convencionalidad y su relación con los estereotipos de género

Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus magistrados y magistradas, como parte del aparato del Estado, están sometidos a ella y esto los obliga

128

Considerando 258, Caso Artavia Murillo y otros. 129




Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso LC vs. Perú, Com. N| 22/2009, 8.15, Doc. ONU CEDAW/50/D/22/2009 (2001). 133

Considerando 263. 134

Considerando 264.




a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplica-ción de leyes contrarias a su objeto y fin. El Poder Judicial debe efectuar un “control de convencionali-dad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la CADH. En esta tarea, se debe tener en cuenta no solo el Tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la

Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.135

En el año 2006, la Corte Interamericana en el Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Agua-do Alfaro y otros) vs. Perú, sostuvo que los órganos del Poder Judicial deben ejercer el test “de con-vencionalidad” de oficio –ex officio–entre las normas internas. En el año 2011, la Convención America-

na136

amplió los actores obligados a ejercer ese control de convencionalidad al hacerlo extensivo a

cualquier autoridad pública.137

Por su parte, la CSJN sostuvo que: […] la jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descali-ficando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido acep-tar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Con-vención [art. 75, inc. 22], incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interame-ricana de Derechos Humanos, que obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor rango.138

Es decir, el test de constitucionalidad y convencionalidad constituye un remedio eficaz y urgen-te para desactivar el arbitrario fundamento normativo y hermenéutico que en múltiples ocasiones se invoca obstaculizando el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos a las mujeres, dejando en el olvido los compromisos asumidos por el Estado en cuestiones relativas a los derechos humanos y a los

que asisten a las personas vulnerables.139

En este sentido, resulta novedoso y útil el tratamiento que efectuó la Corte Interamericana de DDHH en el caso LC vs. Perú, al determinar que el Estado había violado el derecho a la salud de la niña incumpliendo la obligación de eliminar estereotipos de género al decir que la “decisión de aplazar la intervención quirúrgica debido al embarazo estuvo influenciada

por el estereotipo de que la protección del feto debe prevalecer sobre la salud de la madre”.140Dar prevalencia al feto por encima de la salud o la vida de la mujer implica la aplicación de un estereotipo de género negativo acerca de la función reproductiva de las mujeres, lo que es contrario al deber del Estado de adoptar medidas para eliminar dichos estereotipos.

En el caso Artavia Murillo, la Corte Interamericana de DDHH consideró que “en el presente ca-so se está ante una situación parecida de influencia de estereotipos, en la cual la Sala Constitucional dio prevalencia absoluta a la protección de los óvulos fecundados sin considerar la situación de disca-

pacidad de alguna de las mujeres”.141 Asimismo, destacó que los estereotipos de género son incompa-tibles con el derecho internacional y los derechos humanos y se deben tomar todas las medidas para

135

Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y costas, sen-tencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C, n° 154, párr. 124. 136

Cfr., párr. 128. 137

Cfr. Caso Gelman vs. Uruguay, sentencia de 24 de febrero de 2011 (Fondo y reparaciones), párr. 239. 138

R. 401, XLIII, Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otros c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios (ratificando y aclarando el concepto introducido de manera tangencial in re “Mazzeo”). 139

Ibid. 140

Caso LC vs. Perú, Comunicación n° 22/2009, 141

CasoArtavia Murillo, Considerando 264.




865

erradicarlos.142Despejó toda posibilidad de interpretación en sentido contrario y concluyó que la pre-valencia del interés del Estado en la protección de la vida desde la concepción es discriminatoria, pues-to que todo intento por proteger dicho interés debe ser armonizado con los derechos fundamentales

de otras personas, especialmente de la madre.143

Los términos en los que se expide la CIDH llevan a concluir que debe transversalizarse la pers-pectiva de género para evitar caer en conclusiones estereotipadas, por lo que el test de constituciona-lidad y convencionalidad es un gran aporte para la eliminación de patrones de comportamientos so-cioculturales naturalizados por los operadores jurídicos.

6. Debida diligencia

Ha sido una puerta importante de entrada para las temáticas de género la reconfiguración de las obligaciones de garantía a cargo del Estado, especialmente las vinculadas con la debida diligencia. Desde 1992, el CEDAW estableció que “los Estados también pueden ser responsables de actos priva-dos si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para

investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas”.144

En 1993, la Declaración so-

bre la eliminación de la violencia contra las mujeres de la Asamblea General de las Naciones Unidas145 instó a los Estados a “proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra las mujeres, ya se trate de actos perpetra-

dos por el Estado o por particulares”,146

y lo mismo hizo la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing. En el 2006, la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres de la ONU señaló que “tomando como base la práctica y la opiniojuris […] se puede concluir que hay una norma del derecho internacional consuetudinario que obliga a los Estados a prevenir y responder

con la debida diligencia a los actos de violencia contra la mujer”.147

De otra parte, la Relatoría Especial sobre la violencia contra las mujeres de la ONU ha propor-cionado directrices sobre qué medidas deben tomar los Estados para cumplir con sus obligaciones internacionales de debida diligencia en cuanto a prevención. A saber: ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos; garantías constitucionales sobre la igualdad de las mujeres; existencia de leyes nacionales y sanciones administrativas que proporcionen reparación adecuada a las mujeres víctimas de la violencia; políticas o planes de acción que se ocupen de la cuestión de la violen-cia contra las mujeres; sensibilización del sistema de justicia penal y la policía en cuanto a cuestiones de género, accesibilidad y disponibilidad de servicios de apoyo; existencia de medidas para aumentar la sensibilización y modificar las políticas discriminatorias en la esfera de la educación y en los medios de información, y reunión de datos y elaboración de estadísticas sobre la violencia contra las muje-

res.148

142

Ibid. 143

Considerando 260. 144

Cfr. CEDAW, Recomendación general 19, Violencia contra la Mujer, 11° período de sesiones, 1992, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev. 1 at 84 (1994), párr. 9, en Campo algodonero, párr. 254. 145

Art. 4, apartado c). 146

Cfr. Naciones Unidas, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución de la Asam-blea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993, A/RES/48/104, 23 de febrero de 1994, art. 4.c. en “Campo Algodonero”, párr. 254. 147

Informe de la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer, supra nota 64. 148

Cfr. Naciones Unidad, La violencia contra la mujer en la familia: informe de la Sra. Radhica Comaras wamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, presentado de conformidad con la resolución 1995/85 de la




El concepto de debida diligencia sirve como criterio para determinar si un Estado ha cumplido o no su obligación de combatir la violencia contra las mujeres. Sin embargo, sigue faltando claridad en lo que respecta al alcance y contenido de ese criterio, por lo que el desafío actual consiste en aplicar las normas existentes de derechos humanos para garantizar que se haga frente en todos los niveles, desde el doméstico al trasnacional, a las causas profundas y a las consecuencias de la violencia sexista. La multiplicidad de formas que esta adopta, así como el hecho de que se produzca frecuentemente en la intersección de diferentes tipos de discriminación, obliga a adoptar estrategias multifacéticas para

prevenirla y combatirla.149

En el ámbito Interamericano, la Convención Belém do Pará define la violencia contra las muje-res (supra párr. 226) y en su art. 7.b obliga a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para pre-

venir, sancionar y erradicar dicha violencia.150

La CIDH, en el caso “Campo Algodonero”,151

aplica el estándar de debida diligencia respecto del deber estatal de protección de los derechos frente a actos de particulares, retoma la doctrina del riesgo previsible y evitable –inspirada en la jurisprudencia del sistema europeo de derechos humanos–, y aplica esos estándares al contexto social de prácticas de violencia contra las mujeres de Ciudad Juá-rez, definiendo un deber de protección estatal reforzado por la Convención Belém Do Pará. Esta ten-dencia jurisprudencial del sistema de derechos humanos reafirma la existencia de deberes de acción positiva para los Estados en la protección de colectivos expuestos a patrones de discriminación y vio-lencia, proyecta la evaluación de la situación de discriminación y subordinación de un grupo de muje-res afectadas por la violencia e incluye cambios en las políticas públicas, en la legislación y en los pro-

cedimientos judiciales y administrativos.152

De lo anterior se desprende que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una ampliación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y fortalecer las institucio-nes para que proporcionen una respuesta efectiva a los casos de violencia de género. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determi-nadas mujeres y niñas pueden ser víctimas. Todo esto debe tomar en cuenta que en casos de violencia contra mujeres los Estados tienen además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención

Americana una obligación reforzada a partir de la Convención Belem do Pará.153

7. Conclusiones

En nuestro país, la ausencia de voces significativas que interpreten las normas de derecho in-terno e internacional generaba una gran confusión respecto del alcance de la protección del derecho a la vida, poniendo a las mujeres, adolescentes y niñas en situación de vulnerabilidad al negarles el acce-so a la atención de su salud.

Comisión de Derechos Humanos, UN Doc. E/N. 4/1999/68, 10 de marzo de 1999, párr. 25, en Caso González y otras vs. México, sentencia de 16 de noviembre de 2009 (256). 149

Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, YakinErtük, 62° período de sesiones, E/CN/4/2006/61 del 20/1/2006. 150

Considerando 253, Caso Campo Algodonero vs. México. 151

Corte IDH, Caso González y otros (Campo Algodonero) vs. México, sentencia de 16 de noviembre de 2009. 152

Abramovich, Víctor, “Responsabilidad estatal por violencia de género: comentarios sobre el caso Campo Algo-donero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Disponible en: www. Anuariocdh.uchile.cl 153

Caso González y otros (Campo Algodonero) vs. México, sentencia de 16 de noviembre de 2009 (258).




867

Sin embargo, a partir del pronunciamiento de la CSJN en el caso FAL, la exégesis expuesta por la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo y las observaciones efectuadas por el Comité CE-

DAW,154 entre otros, el criterio interpretativo parece haberse delineado con mayor claridad en cuanto a las normas aplicables y a las pautas interpretativas. Esto constituye en materia de protección de los derechos de las mujeres el ejercicio por parte del Estado Argentino, el reconocimiento de su obligación de garantía frente al riesgo generado por prácticas contrarias a los Derechos Humanos.

Tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han expedido respecto del derecho a la vida desde la concepción, adoptando una posición que visibiliza el límite entre la autonomía de las mujeres, su rol en la sociedad, el interés social y la relativización del interés del Estado en proteger la vida del embrión cuando entra en confrontación con el ejercicio de los derechos humanos fundamentales de las mujeres.

8. Bibliografía

Abramovich, Víctor, “Responsabilidad estatal por violencia de género: comentarios sobre el caso Cam-po Algodonero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Disponible en: www. Anua-riocdh.uchile.cl

Aranto, Mónica; Fernández, Mariana; Fries, Lorena; Lagos, Catalina; Palacios, Patricia; Parra, Oscar; Sarmiento R., Claudia; Zúñiga, Yanira; Lacrampette, Nicole, “Consideraciones sobre los Dere-chos Reproductivos en el Derecho Constitucional Comparado en América Latina”, en Derechos humanos y mujeres. Teoría y práctica. Santiago de Chile, Andros Impresores. Registro de Pro-piedad Intelectual: Nº 234923ISBN: 978-956-19-0833-8. Santiago. p. 242.

Bergallo, Paola, Aborto y justicia reproductiva. Buenos Aires, Del Puerto, 2001, pp. 1-2

Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y costas, sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C, n° 154.

Caso Artavia Murillo y otros –fecundación in vitro– vs. Costa Rica, sentencia del 28 de noviembre de 2012, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Caso Gelman vs. Uruguay, sentencia de 24 de febrero de 2011 (Fondo y reparaciones),

Caso González y otros (Campo Algodonero) vs. México, sentencia de 16 de noviembre de 2009.

Caso KL. vs. Perú, Comité de Derechos Humanos, Comunicación n° 1153/2003.

Caso LC vs. Perú, Comunicación n° 22/2009.

Clérico, Laura y Ronconi, Liliana, “Impacto del Bloque de Constitucionalidad en la Interpretación del Derecho común. La Interpretación Amplia de los Abortos Permitidos en Argentina”, enEstudios Constitucionales, año 10, n° 2, 2012, pp. 193-230.

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Convención Belem Do Pará.

Convención de los Derechos del Niño.

Convención Nacional Constituyente 1994, 34° Reunión, 3° Sesión Ordinaria (Continuación), 19 de agos-to de 1994, 2.- Armonización de los arts. 67 y 86 de la CN, Tomo VI, Centro de Estudios Jurídi-cos y Sociales, Ministerio de Justicia de la Nación, República Argentina.

154

Observación General. n° 19 y 24.




Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. CEDAW.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Declaración Universal de Derechos Humanos.

Documento ONU. CEDAW/50/D/22/2009 (2001). Comité para la Eliminación de la Discriminación con-tra la Mujer.

F.A.L. s/ medida autosatisfactiva. CSJN. F. 259. XLVI.

Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, Ya-kin Ertük, 62° período de sesiones, E/CN/4/2006/61 del 20/1/2006.

Informe del grupo de Trabajo acerca de un proyecto de Convención sobre los Derechos del Niño del Consejo Económico y Social. Cuestión de una Convención sobre los Derechos del Niño, E/CN4/1989/48, 2 de marzo de 1989.

Maffia, Diana. “La Subversión Semiótica de las mujeres en la Ciencia“. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer. Caracas. Enero/junio. Volumen 12 – Nº 28. 2007.

Naciones Unidad, La violencia contra la mujer en la familia: informe de la Sra. Radhica Comaras wamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, presentado de conformidad con la resolu-ción 1995/85 de la Comisión de Derechos Humanos, UN Doc. E/N. 4/1999/68, 10 de marzo de 1999, párr. 25, en Caso González y otras vs. México, sentencia de 16 de noviembre de 2009 (256).

Naciones Unidas, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.

Nino, Carlos Santiago, Ética y Derechos Humanos. Buenos Aires, Paidós, 1984, pp. 109. y ss.; La legíti-ma defensa, fundamentación y régimen jurídico. Buenos Aires, Astrea, 1982, pp. 59-63 y ss.

Observación General. Comité CEDAW. N° 24.

Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Argentina, CCPR/C/ARG/CO/4 del 22/03/2010.

Observaciones Finales del comité de Derechos Humanos: Gambia, 12/08/2004, CCPR/CO/75/GMB.

Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Irlanda, 24/07/2000, A/55/40.

Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Perú, 15/11/2000, CCPR/CO/70/PER.

Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño: Palau, 21/02/2001, CRC/C/15/Add. 149; Observaciones Finales del comité de los Derechos del Niño: Chad, 24/08/1999, CRC/C/15/AAD, 107; Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño: Argentina, 21/06/2010, CRC/C/ARG/CO/3-4.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales.

R. 401, XLIII, Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otros c/ Ejército Argentino s/ ds y ps (ratificando y acla-rando el concepto introducido de manera tangencial in re “Mazzeo”).

Recomendación General 19, Violencia contra la Mujer, 11° período de sesiones, 1992, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev. 1 at 84 (1994),

Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993, A/RES/48/104, 23 de febrero de 1994.




869

Sardá Moreno, Amparo, “El discurso académico: ¿sexismo o androcentrismo?”, en Revista de Sociolo-gía nº 30. Universidad Autónoma de Barcelona. Editorial PAPERS. 1988.

Sentencia de constitucionalidad condicionada C- 355/2006, 10 de mayo de 2006. Colombia.

Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acu-mulada 147/2007. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de 28 de agosto de 2008.

Tribunal Constitucional de Chile, sentencia Rol 740-07-CDS, 2008; Tribunal Constitucional de Perú, Expediente n° 02005-2009-PAT/TC por demanda de inconstitucionalidad, sentencia de 16 de octubre de 2009.




871

O poder tributario na Constitução brasileira por Roosevelt QUEIROZ COSTA

Sumario: 1. Aspectos Gerais. 2. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 3. A emenda constitucional n. 42, de 19 de dezembro de 2003. 4. Jurisprudência e comentários. 5. Conside-rações finais. Bibliografia

1. Aspectos Gerais

O poder tributário, pela sua extrema contundência e pela aptidão para destruir a liberdade e a propriedade, surge limitadamente no espaço deixado pela autolimitação da liberdade e pelo consenti-

mento no pacto constitucional. Ricardo Lobo Torres

Grosso modo, podemos dizer que o Estado, no exercício do “poder tributário”,155 através do Poder Legislativo, institui, modifica, extingue tributos e tem a potestade de estabelecer fatos que en-contram-se isentos do tributo.

Esse poder – que, segundo o autor consultado, também é chamado potestade tributária, poder financeiro, poder fiscal, supremacia tributária ou competência tributária – é estabelecido expressamente pelo constituinte originário na Constituição, e considera-se como uma manifestação da potestade sobe-rana do Estado, inerente ao poder político.

Sobre o conceito de poder tributário Casalta Nabais explica: O dever fundamental de pagar impostos, visto pelo lado do seu titular ativo, consubstancia-se na atribuição ao legislativo de um po-der – o poder tributário (ou fiscal) para a criação, instituição ou estabelecimento de impostos, isto é, o

poder tributário em sentido estrito ou técnico.156

Em concordância com essas idéias, devemos ter presente que o poder tributário, a diferença da liberdade, não é pré-constitucional. É na Constituição política que se estabelece a forma de exercer essa potestade, determinando-se os órgãos estatais que poderão definir os elementos constitutivos dos tributos e, conseqüentemente, o procedimento formal que deverá seguir-se para criar, modificar ou extinguir um tributo, de acordo com os princípios constitucionais tributários formais e materiais

que orientam e vinculam a atividade legislativa.157

155 Fernando Sáinz de Bujanda refere-se ao Poder Tributário da seguinte maneira: “Como es sabido, el poder tributario constituye un atributo esencial del Estado. No es posible concebir ninguna organización política en que falte ese poder, que nos es, en definitiva, sino la facultad de imponer tributos que procuren al Ente público los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines. Ahora bien en el moderno Estado constitucional ese poder ha dejado de ser una fuerza o poder de hecho para convertirse en un poder jurídico, que se ejercita dictando normas.” SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho. t. II. Madri: Instituto de Estudios Políticos, 1962, p. 275 et seq. 156 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos: Contributo para a compreensão constitucional do estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 269. 157 A esse respeito o art. 121, inciso XIII, da Constituição Política da Costa Rica estabelece:




No Estado Democrático de Direito – particularmente com a reaproximação entre ética e direito –, não podemos entender que o poder tributário esteja baseado numa relação de poder, numa relação de superioridade do Estado. Trata-se, porém, de um poder-dever, que nasce no espaço aberto pela liberdade e que, por conseguinte, encontra-se limitado por ela. Nesse sentido, como bem explica Ri-cardo Lobo Torres “O Estado exerce o seu poder tributário sob a permanente limitação dos direitos

fundamentais e de suas garantias constitucionais.”158

Assim, ainda que o poder tributário seja uma manifestação da soberania estatal, não encontra nela o seu fundamento, já que sua origem descansa nos direitos da propriedade e do livre exercício do trabalho (estabelecidos nos arts. 45, 46 e 56 da Constituição da Costa Rica, e no art. 5o, incisos XXII e XIII, da Constituição do Brasil), como expressão da liberdade dos cidadãos e substrato econômico para

a imposição fiscal.159

Nessa linha de pensamento, é o povo, através dos seus representantes, quem autoconsente o tributo (princípio da auto-imposição). Em outras palavras, o povo como titular do poder tributário permite que o Parlamento possa exercitar essa potestade, derivando-se a máxima de No taxation

without representation.160

É nesse sentido que podemos falar que o poder tributário é manifestação da soberania estatal, inerente ao poder político, mas que encontra seu fundamento na liberdade e não no ius imperium estatal.

A esse respeito, Ricardo Lobo Torres nos explica em forma precisa: O poder tributário, pela sua extrema contundência e pela aptidão para destruir a liberdade e a propriedade, surge limitadamente no espaço deixado pela autolimitação da liberdade e pelo consentimento no pacto constitucional. Em outras palavras, o tributo não limita a liberdade nem se autolimita, senão que pela liberdade é limita-

do, tendo em vista que apenas a representação e o consentimento lhe legitimam a imposição.161

Dessa forma, o tributo, longe de ser um obstáculo ou uma intromissão à liberdade, é uma con-dição necessária para a sua existência, na medida em que a tutela e a garantia do exercício de todos os

direitos dos cidadãos dependem do tributo.162

“ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: (…) 13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales;” Na Constituição brasileira a potestade tributária está prevista nos arts. 145 e 153-156, que se referem à competência tributaria da União, dos Estados e dos Municípios. 158 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. III, Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 14. 159 Id. Ibid., p. 20. 160 A respeito, afirma Ricardo Lobo Torres: “A soberania financeira, que é do povo, transfere-se limitadamente ao Estado pelo contrato constitucional, permitindo-lhe tributar e gastar. Não é o Estado que se autolimita na Constituição, como querem os positivistas, senão que já se constitui limitadamente, no espaço aberto pelo consentimento.” O tributo, por conseguinte, embora sendo o preço e a garantia da liberdade, já nasce limitado pela própria autolimitação da liberdade.” TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 13. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 63-64. 161 Id. A idéia de liberdade no Estado Patrimonial e no Estado Fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 1991, p. 127. 162 Cf. HOLMES, Stephen & SUNSTEIN, Cass. The Cost of Rights. Cambridge: Harvard University Press, 1999, p. 15, 43-46.




873

Nessa ordem de idéias, sem nenhuma dúvida, na atualidade o tributo se constitui como o prin-

cipal recurso econômico da atividade financeira estatal,163

permitindo que o Estado possa obter as receitas necessárias para custear as complexas funções que lhe são próprias, satisfazendo assim os requerimentos da coletividade, e, conseqüentemente, garantindo a liberdade e os direitos dos cida-dãos.

Tradicionalmente tem se entendido que a finalidade principal dos tributos é a arrecadação; conforme foi dito, em tese de princípio, o tributo é um instrumento destinado à obtenção de ingressos (receitas públicas) para que o Estado possa cumprir os fins que lhe são próprios.

No entanto, hodiernamente, os tributos, além serem um mecanismo para financiar os reque-rimentos estatais, constituem um dos mais importantes instrumentos econômicos com que conta o Estado na direção da atividade econômica tanto pública como privada, toda vez que podem ser utiliza-

dos com uma finalidade extrafiscal.164

De modo que, se os tributos podem perseguir objetivos de na-

tureza “extrafiscal”, podemos dizer que de certa maneira perdem a sua “neutralidade”.165

Sobre o tema, é importante salientar que as duas finalidades não podem ser consideradas an-tagônicas porque, na verdade, geralmente aparecem em maior ou menor medida em todos os tribu-tos, sendo que, em alguns casos, prevalece a finalidade fiscal ou arrecadadora e, em outros, a extrafis-

cal ou ordenatória.166

163 A esse respeito Ricardo Lobo Torres indica que a atividade financeira “(...) é o conjunto de ações do Estado para a obtenção da receita e a realização dos gastos para o atendimento das necessidades públicas.” TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário, op. cit., p. 3. Sobre o conceito de atividade financeira, veja: BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 1955, p. 10. 164 Com relação ao tema, Angel Schindel em forma diáfana expõe: “Coincidimos con FERREIRO LAPATZA en que los tributos existen porque los entes públicos tienen encomendadas ciertas actividades. En general, fundamentalmente, los tributos sirven, se utilizan, tienen por fin allegar recursos dinerarios al Estado y demás entes públicos para que éstos, utilizando estos recursos, gastándolos, puedan cubrir las necesidades públicas”. Sin embargo, no es esta la única finalidad de la existencia de los tributos. El citado autor continúa: “recaudar un ingreso es el fin fundamental de los tributos en general. Pero no es el único fin de los tributos ni el fin necesario de todos y cada uno de ellos” (…) en los últimos tiempos, particularmente en algunos países de Europa, se acude a los tributos como un fin de lograr otros objetivos socialmente deseables como la preservación del medio ambiente y similares. Se trata de impuestos que se imponen por ley con un fin principal que no es el de proveer recursos al fisco, sino el de actuar como disuasivos de ciertas actitudes de los particulares o para incentivar determinadas actividades.” SHINDEL, Angel. Concepto y especies de tributos. In: GARCIA BELSUNCE, Horacio A. (Dir). Tratado de Tributación, t.I, v.I. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2003, p. 567. 165 Cnf. DIAZ, Vicente Oscar. El carácter extrafiscal de la tributación y la imposición ambiental. In: DIAZ, Vicente O. (Dir.). Tratado de Tributación. T. II. V.I. Política y economía tributaria. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2004, p. 596. 166 “A imposição tradicional (tributação fiscal) visa exclusivamente à arrecadação de recursos financeiros (fiscais) para prover o custeio dos serviços públicos. Já a denominada tributação extrafiscal é aquela dirigida a fins outros que não a captação de dinheiro para o Erário, tais como a redistribuição da renda e da terra, a defesa da indústria nacional, a orientação dos investimentos para setores produtivos ou mais adequados ao interesse público, a promoção do desenvolvimento regional ou setorial etc.” OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito tributário e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 47.




Nesse sentido, como bem explica Paulo Carvalho de Barros, Há tributos que se prestam, admi-ravelmente, para a introdução de expedientes extrafiscais. Outros, no entanto, inclinam-se mais ao setor da fiscalidade. Não existe, porém, entidade tributária que possa se dizer pura, no sentido de reali-

zar tão-só a fiscalidade, ou, unicamente, a extrafiscalidade.167

Nessa mesma linha de pensamento, Túlio Rosembuj se refere à questão indicando que “Los fi-nes extrafiscales no son, por definición, contradictorios con la función de financiamiento del gasto pú-

blico, si la finalidad es digna de tutela desde el punto de vista del ordenamiento jurídico financiero.”168

Assim sendo, nada obsta que um tributo tenha como finalidade principal a orientação de de-

terminados comportamentos, concretamente por meio de duas técnicas de atuação:169

através da promoção de certas condutas almejadas – caso típico dos denominados incentivos fiscais – ou por meio da desestimulação de comportamentos ou atos – caso da utilização de cargas tributárias – que,

ainda que lícitos, consideram-se como prejudiciais para a sociedade.170

Nessa toada, através dos tributos extrafiscais o Estado exerce o seu poder tributário de forma a intervir no controle da economia e do meio social, passando o tributo a agregar ao lado da função meramente arrecadatória uma função extrafiscal, ou seja, ele passa a ser visto como instrumento de

intervenção estatal ou regulação pública, de dirigismo estatal.171

A atividade estatal é, notadamente, dependente de recursos. Tais recursos já foram conquis-tados, antigamente, por meio de guerras, extorsões de outros povos, doações voluntárias, fabricação de moedas metálicas ou de papel, exigência de empréstimos, rendas produzidas por seus bens e suas empresas, imposição de penalidades etc. E uma boa parte destes processos de obtenção da receita pública eram tidos como tributos.

Kiyoshi Harada aponta que a evolução das despesas públicas e a crescente necessidade de se atender às mais diversas necessidades coletivas, tornou imprescindível ao Estado lançar mão de uma fonte regular e permanente de recursos financeiros: desta forma, o tributo passou a ser a principal fonte dos ingressos públicos, necessários ao financiamento das atividades estatais.

Podemos ainda apontar que, diante deste quadro, proteções à eventuais arbitrariedades e abusos do Poder Público foram criados e inseridos em textos constitucionais. Um de grande importân-cia, e não jovem, é o princípio que estabelece que a receita tributária deve ser previamente aprovada pelos representantes do povo. Este princípio da legalidade tributária é previsto no Brasil desde a pri-meira Constituição Republicana de 1.891 (art. 72, § 3º). Até mesmo a Carta outorgada em 1.824, em seu art. 36, § 1º, prescrevia a iniciativa privativa da Câmara dos Deputados em matéria de impostos.

Uma consequência de grande importância para a ciência jurídica é a constatação de que o tri-buto passou a constituir-se em uma categoria jurídica disciplinada pelo Direito: “Só pode ser exigido

167 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário, 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 230. 168 ROSEMBUJ, Tulio, op. cit., p. 245. 169 Cnf. CASADO OLLERO, Gabriel. Los fines no fiscales de los tributos. In: Comentarios a la Ley General Tributaria y líneas para su reforma. Libro Homenaje al Dr. Fernando Sáinz de Bufanda, v. I. Madri: Instituto de Estudios Fiscales, 1991, p. 128. 170 Explica José Marcos Domingues que “Como instrumento indeclinável da atuação estatal, o direito tributário pode e deve, através da extrafiscalidade, influir no comportamento dos entes econômicos, de sorte a incentivar iniciativas positivas e desestimular as nocivas ao bem comum.” OLIVEIRA, José Marcos Domingues de, op. cit., p. 47. 171 OLIVEIRA, Gustavo Goiabeira de, et al., op. cit., p. 105.




875

através de uma relação jurídica entre o Estado e o súdito-contribuinte, a qual, resulta exclusivamente da lei.”

2. Limitações constitucionais ao poder de tributar

Os princípios constitucionais tributários, que regulam a tributação, são considerados limitações constitucionais ao poder de tributar. E este “poder de tributar” pode ser notado como uma das mais fortes características da soberania do Estado. Responsável de nossa parte apontar que este poder não espelha uma relação de força do Estado sobre o cidadão, mas sim uma relação jurídica, de direito en-tre as partes.

Conforme dizeres de Ruy Barbosa Nogueira: “o poder de tributar é, portanto, uma decorrência inevitável da soberania que o Estado exerce sobre as pessoas de seu território, ao qual corresponde, por parte dos indivíduos, um dever de prestação”.

Este poder é, então, um poder de direito. É originado no consentimento dos cidadãos, que também são os que sofrem a invasão patrimonial necessária para a percepção do tributo.

Com isto em mente, podemos agora nos valer de Hugo de Brito Machado ao argumentar que o tributo tem por finalidade algo que não se confunde, em si, com a disciplina jurídica que dele cuida, i.e., o Direito Tributário. Enquanto o tributo visa suprir os cofres públicos de recursos bastantes ao custeio das atividades estatais, no plano da arrecadação, o Direito Tributário almeja efetivar o controle do poder de tributar, perpetrado pelo Estado que tributa.

Aliomar Baleeiro complementa: “o tributo é vetusta e fiel sombra do poder político há mais de 20 séculos. Onde se ergue um governante, ela se projeta sobre o solo de sua dominação. Inúmeros testemunhos, desde a Antiguidade até hoje, excluem qualquer dúvida”.

Daí a conclusão de que a compulsoriedade, marcada pela legalidade, caracteriza a relação tri-butária em uma nítida relação jurídica, e não “de poder”. E justamente por ser relação jurídica não resulta em um poder irrestrito, absoluto.

O poder de tributar limita-se por regramentos que evitam o exercício arbitrário da tributação, conformando-o com os ditames constitucionais. De modo reflexo, a Constituição Federal define o mo-dus operandi do exercício desse poder, que deverá se dar de forma justa e equilibrada, sem provocar danos à liberdade e à propriedade dos contribuintes.

Tal modulação se exterioriza nas (I) normas jurídicas de competência tributária e (II) nos prin-cípios constitucionais tributários:

(I) Normas jurídicas de competência tributária: destinam-se à delimitação do poder de

tributar, uma vez que a própria Constituição Federal (arts. 153, 155 e 156) faz a repartição da

força tributante estatal entre as esferas políticas (União, Estados-membros, Municípios e o Dis-

trito Federal), de forma privativa e cerrada.

(II) Princípios constitucionais tributários: os arts. 150, 151 e 152 da Carta Magna hos-

pedam variados comandos principiológicos, insculpidos à luz de pautas de valores pontualmen-

te prestigiados pelo legislador constituinte. Aliás, em muitos casos, como já se viu, servem es-

ses princípios como verdadeiras garantias constitucionais do contribuinte contra a força tributá-

ria do Estado, assumindo a postura de nítidas limitações constitucionais ao poder de tributar.

Nessa toada, “consoante a jurisprudência firmada pelo STF, o poder que tem o Estado de tribu-

tar sofre limitações que são tratadas como cláusulas pétreas”.




Toda esta carga conceitual nos evidencia como importante ao considerarmos o objeto de

estudo do presente artigo: a Emenda Constitucional n. 42, de 19 de dezembro de 2003.

3. A emenda constitucional n. 42, de 19 de dezembro de 2003

O clamor atual a respeito da necessidade de reformas tributárias não é exclusivo desta época.

Ao final dos anos 1990 grande parte da sociedade brasileira já criticava e reclamava a necessi-dade de reforma tributária. E um dos pontos criticados veementemente naquela época era a previsão constante no art. 150, inc. III, alínea “b” da Constituição Federal – o princípio da anterioridade, que vedava a cobrança de impostos no mesmo exercício financeiro da lei que os criou ou majorou.

Estudando o propósito do princípio da anterioridade tributária o nobre Prof. Roque Antônio Carrazza preconiza brilhante lição. In verbis: ... o princípio da anterioridade é corolário lógico do princí-pio da segurança jurídica. Visa evitar surpresas para o contribuinte, com a instituição ou majoração de tributos,... De fato o princípio da anterioridade veicula a idéia de que deve ser suprimida a tributação surpresa (que afronta a segurança jurídica dos contribuintes). Ele não permite que, da noite para o dia, alguém seja colhido por uma nova exigência fiscal. É ele, ainda, que exige que o contribuinte se depare com regras tributárias claras, estáveis e seguras. E, mais do que isso: que tenha o conhecimento ante-cipado dos tributos que lhe serão exigidos ao longo do exercício financeiro, justamente para que possa planejar sua vida econômica.

Destarte, referido dispositivo permitia a publicação de uma lei majorando ou criando imposto em 31 de dezembro, com vigência a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte, ou seja, um dia de-pois da publicação da lei. A crítica apresentável vinha da constatação de que, ao não se permitir ao contribuinte tempo hábil para se preparar para a nova cobrança, a segurança jurídica, essencial para a estabilidade de uma sociedade, restaria vilipendiada.

Niklas Luhmann172 define que o Direito é "um sistema social que se baseia na generalização congruente de expectativas comportamentais normativas."

Porém, o esse sistema jurídico tem a caracterísctica de ser indeterminável e por essa razão culmina a sua circularidade em busca de uma rota evolutiva.

Especificamente no Direito Tributário, pode-se identificar a circularidade das fontes em relação ao princípio da anterioridade que alberga o princípio da não supresa reflexo do Estado garantista em que se busca o equilíbrio de forças entre o sujeito ativo e o sujeito passivo da relação jurídico-tributária.

Originalmente art. 150 da Constituição Federal previa a vedação da cobrança de tributos "no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou" como regra geral, salvo as situações excepcionadas. Alçado a direito fundamental do contribuinte, determina-se uma "vacacio legis" constitucional razoável entre a vigência da norma que institui ou majora o tributo e a possibilidade de sua exigência pelo ente tributante, fundamentado na circunstância da existência de uma condição mínima que possibilita o sujeito destinatário da lei a conhecer antecipadamente da-da a proteção jurídica das relações.

Mediante o controle de constitucionalidade pautado no princípio da anterioridade tributária foram discutidas normas que nos últimos dias do ano foram elaboradas com efeito a partir de 1º de janeiro do exercício subsequente.

172 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1985, p. 115 e 121.




877

Ganha relevância, na presente discussão, a reiterada ocorrência da reversão jurisprudencial por reação legislativa.

Trata-se de um diálogo permanentemente aberto, em que as mudanças no contexto social jus-tificam as mutações constitucionais, ora por iniciativa do Judiciário, ora pelo Legislativo, mantendo ambos os poderes o mútuo controle que confere equilíbrio e harmonia a todo o sistema, fomentando também uma dinâmica jurídica que busca acompanhar a dinâmica social. Sobre o tema, lapidar a lição de Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza Neto: “(...) não é salutar atribuir a um único órgão qualquer a prerrogativa de dar a última palavra sobre o sentido da Constituição. (...). É preferível ado-tar-se um modelo que não atribua a nenhuma instituição – nem do Judiciário, nem do Legislativo – o “direito de errar por último”, abrindo-se a permanente possibilidade de correções recíprocas no campo da hermenêutica constitucional, com base na ideia de diálogo, em lugar da visão tradicional, que con-cede a última palavra nessa área ao STF. (...) As decisões do STF em matéria constitucional são insusce-tíveis de invalidação pelas instâncias políticas. Isso, porém, não impede que seja editada uma nova lei, com conteúdo similar àquela que foi declarada inconstitucional. Essa posição pode ser derivada do próprio texto constitucional, que não estendeu ao Poder Legislativo os efeitos vinculantes das decisões proferidas pelo STF no controle de constitucionalidade (art. 102, § 2º, e art. 103-A, da Constituição). Se o fato ocorrer, é muito provável que a nova lei seja também declarada inconstitucional. Mas o resulta-do pode ser diferente. O STF pode e deve refletir sobre os argumentos adicionais fornecidos pelo Par-lamento ou debatidos pela opinião pública para dar suporte ao novo ato normativo, e não ignorá-los, tomando a nova medida legislativa como afronta à sua autoridade. Nesse ínterim, além da possibilida-de de alteração de posicionamento de alguns ministros, pode haver também a mudança na composi-ção da Corte, com reflexões no resultado do julgamento.” (SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio

Pereira de. Direito Constitucional. Teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 402-405

Cite-se como exemplo a Medida Provisória nº 812, publicada em 31 de dezembro de 1994, convertida na Lei nº 8.981, em 20 de janeiro de1995, que dispôs sobre a limitação da compensação de prejuízos (IRPJ) e da base de cálculo negativa (CSLL), matéria que foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário 232.084/SP em que ficou determinado: Diploma normativo que foi editado em 31.12.94, a tempo, portanto, de incidir sobre o resultado do exercício financeiro encerrado. Descabimento da alegação de ofensa aos princípios da anterioridade e da irretroatividade, relativamente ao Imposto de Renda, o mesmo não se dando no tocante à contribuição social, sujeita que está à anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6º da CF, que não foi observado. Recurso

conhecido, em parte, e nela provido. 173

Especificamente para garantir uma moderação entre o poder estatal e a exigência tributária ao contribuinte de modo impedir a surpresa foi editada a Emenda Constitucional nº 42, de 2003, que inseriu a alínea “c” ao art.150 da CF com o objetivo de fixar o prazo de noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, permanecendo vedada a cobrança de tributos "no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou". Entre-tanto, vem confirmar o entendimento do STF de que o princípio da anterioridade nonagesimal não se aplica ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, como veremos adiante.

4. Jurisprudência e comentários

173 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível

em:<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28232084%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/hsvlxfv>. Acesso em: 19.07.2017.




Assim, após trâmite pelas casas legislativas, em 19 de dezembro de 2003 foi promulgada a Emenda Constitucional de n. 42, que promoveu uma reforma em dispositivos de natureza essencial-mente tributária.

Em resumo, a Emenda Constitucional n. 42, de 19 de dezembro de 2003, publicada no DOU do dia 31 do mesmo mês, traz as seguintes alterações:

a) permite que as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios atuem de forma integrada (inciso XXII, art. 37);

b) atribui ao Senado a avaliação periódica da funcionalidade do Sistema Tributário Nacional (inciso XV, art. 52);

c) estabelece que o tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para empresas de pequeno porte deve ser definido por lei complementar (alínea "d", inciso III, do art. 146);

d) autoriza a criação de regime único de arrecadação de impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para as microempresas e empresas de pequeno porte, denominado Super SIMPLES (parágrafo único do art. 146);

e) autoriza a criação de critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência (art. 146-A);

f) autoriza a incidência das contribuições sociais sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços (inciso II, § 2º do art. 149);

g) veda a cobrança de tributos antes de decorridos 90 dias da data de sua instituição ou majoração, observando-se, ainda, o princípio da anterioridade, ou seja, que proíbe a sua cobrança no mesmo ano que for instituído ou majorado (alínea "c", inciso III do art. 150);

h) todavia, a vedação referida no item anterior, não se aplica a alguns tributos, como Imposto de Exportação, Imposto de Importação, Imposto de Renda, IOF e empréstimos compulsórios. Dentre todas estas reformas da EM 42/03, a adição da alínea “c” é uma das que mais interes-

sam à presente redação: foi ela quem incluiu um plus ao princípio da anterioridade tributária antes vigente.

Por meio desta alínea importante modificação fora realizada em nosso sistema constitucional tributário, de modo que, atualmente, não basta o respeito à anterioridade do exercício financeiro, mas também, que se aguarde, cumulativamente, o acréscimo de noventa dias.

Portanto, para que a exação seja eficaz no primeiro dia do exercício subseqüente ao que a instituiu ou majorou a lei que assim proceder deve ser publicada no dia primeiro de outubro. Ou, por exemplo, lei que crie tributo em julho de dado exercício, somente será exigido em primeiro de janeiro do exercício subseqüente.

Além desta alteração, útil também a demonstração da importância conferida à extrafiscalidade de tributos, comprovada pelas exceções permitidas ao princípio da anterioridade, notadamente no art. 150 e em seu § 1º.

A Emenda Constitucional 42 de dezembro de 2003 trouxe uma segunda parte ao aludido pará-grafo mencionando novas exceções, agora à anterioridade qualificada e não à do exercício financeiro.

São essas exceções: imposto de importação (II) e exportação (IE), imposto sobre operações fi-nanceiras (IOF), imposto extraordinário de guerra, o empréstimo compulsório e, por fim, proposital-mente, o imposto sobre renda e proveitos de qualquer natureza (IR), com permissivo constitucional de exercício de competência para instituição previsto no art. 153, inciso III.




879

Esses tributos não se sujeitam ao princípio da anterioridade previsto pela alínea c, muito em-bora devam obediência ao previsto na aliena b do inciso III, do art. 150, da Carta Suprema.

Com essa nova visão restou configurado em nosso sistema constitucional tributário brasileiro algumas importantes considerações. A primeira delas é que somente o II, o IE, o IOF e o imposto ex-traordinário de guerra constituem tributos que verdadeiramente não estão abrangidos pelo princípio da anterioridade, sendo exceção total a essa regra, tanto à anterioridade do exercício financeiro quan-to da anterioridade qualificada, logo, passando a ser exigido desde o momento da publicação da lei, salvo disposição em contrário desta.

Noutra seara, o IPI e não deve observância ao princípio da anterioridade tributária do exercício (art. 150, §1º, primeira parte, CF), todavia, merece cumprir o preceito da anterioridade qualificada (art. 150, §1º, in fine, CF). Assim agindo, atualmente, para se exigir ou majorar o IPI, basta a estrita obediência aos noventa dias de anterioridade, contados da data de publicação da lei que desse modo proceder, v.g., caso lei majore o IPI em 1º de abril de certo exercício, o tributo majorado será exigido a contar de 30 de junho do mesmo exercício, não devendo observância à anterioridade do exercício.

Em sentido antagônico, encontra-se a exceção à regra estendida ao Imposto sobre a Renda (IR), posto que após a reforma introduzida pela EC 42/03, esse imposto fora retirado da necessidade de observância ao princípio da anterioridade tributária qualificada, o que é repugnante socialmente e inconstitucional, em seu aspecto jurídico.

5. Considerações finais

Sabemos que os demais tributos excepcionados à regra da anterioridade qualificada são de al-to conteúdo extrafiscal, o que não se pode mencionar no caso do IR.

Aliás, noção de extrafiscalidade é bem elucidativa nos dizeres de Eduardo Marcial Ferreira Jar-dim: “..., a extrafiscalidade é o emprego do arsenal tributário sem finalidades arrecadatórias, mas co-mo instrumento de ação política. ... Como se pode notar, nesses casos o governo deixa de arrecadar, mas utiliza os tributos com o fito de perseguir o desenvolvimento de uma região ou indústria nacional, o que configura, a bem de ver, o instituto examinado.”

Em obra clássica o ilustre Prof. Ruy Barbosa Nogueira já vislumbrava o conceito preciso de ex-trafiscalidade, assim nos dirigindo: “Esta intervenção, no controle da economia, é realizada pelo Estado sobretudo por meio de seu poder impositivo. É, pois, no campo da Receita, que o Estado transforma e moderniza seus métodos de ingerência. O imposto deixa de ser conceituado como exclusivamente des-tinado a cobrir as necessidades financeiras do Estado. É também, conforme o caso e o poder tributan-te, utilizado como instrumento de intervenção e regulamentação de atividades. É o fenômeno que hoje se agiganta com a natureza extrafiscal do imposto.”

Resta indubitável que a extrafiscalidade não pode ser estendida ao IR do modo que o fora no bojo da EC 42/03, como forma de justificativa para excepcionar esse imposto da regra da anterioridade qualificada. Essa atitude do constituinte derivado gritantemente afronta ao princípio da segurança jurídica, de modo que a EC 42/03, nesse ponto, encontra-se maculada pelo vício de inconstitucionali-dade, nascendo em confronto com o princípio constitucional basilar da segurança jurídica.

Portanto, a Emenda Constitucional, que veio para evitar surpresas aos contribuintes, é que surpreendeu. O imposto sobre a renda, que costuma ter alterações anuais sobre sua sistemática, não se sujeitará ao princípio da anterioridade nonagesimal, e o IPI, que sempre andou juntamente com os impostos sobre importação e exportação, tem, agora, normas diferenciadas. Parece que esta Emenda Constitucional não defende tanto o princípio da segurança jurídica como se esperava e a circularidade




das fontes não se aplica claramente, já que a referida alteração está em congruência com o julgado do STF.

As decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, seja em ADI, ADC ou ADPF possuem eficácia contra todos (erga omnes) e efeito vinculante, consoante se extrai do artigo 102, §2º da Constituição Federal e artigo 10, §3º da Lei n.º 9.882/99.

Interpretando o mencionado dispositivo constitucional, o STF entende que as referidas deci-sões somente não vinculam o plenário do próprio STF (Rcl 4374/PE), e o Poder Legislativo (Rcl 13019 AgR).

A mencionada possibilidade de o Poder Legislativo editar nova lei sobre a mesma temática de-cidida inconstitucional pela Corte Suprema se dá o nome de reversão jurisprudencial, reação legislativa ou ativismo congressual.

Isso ocorre porque o Poder Legislativo também é considerado intérprete da Constituição (in-terpretação autêntica), podendo superar o entendimento jurisprudencial por meio de Emenda Consti-tucional ou provocar uma nova manifestação do STF com a edição de nova Lei Ordinária.

No direito tributário, além do estudo do caso concreto (EC 42), temos o exemplo da emenda 03/93 (IPMF/CPMF), emenda 03/93 (substituição tributária pra frente do ICMS), emenda 33/2001 (ICMS/IMPORTAÇÃO), emenda 37/02 (guerra fiscal de ISS), emenda 39/02 (COSIP/Taxa iluminação pública), dentre outras.

Afinal, quem é o último (ou primeiro) interprete da Constituição, o judiciário, o legislativo ou o povo?

Delinear os principais aspectos da nova teoria da interpretação constitucional de maneira ob-jetiva é o desafio do futuro da interpretação constitucional.

Vale a lembrança da tese defendida por Peter Häberle em sua obra "Hermenêutica Constituci-onal – a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: Constituição para e Procedimental da Cons-tituição" no tocante à realização de um método de interpretação constitucional que preveja a com-preensão de todas as potências públicas, grupos sociais e cidadãos envolvidos ou que, de forma direta ou indireta, influenciem, no labor interpretativo dos agentes formalmente legitimados para produzir a norma em abstrato e em concreto.

A tensão existente entre a realidade constitucional e a própria Constituição é base da teoria de Peter Häberle.

Impõe-se indagar: cuida-se de reação legislativa ou superação constitucional?

Bibliografia

AMARAL, Paulo Adyr Dias do e BISPO, Leonel Martins. Imposto sobre a renda: fundamentos e contra-dições. Belo Horizonte: Del Rey, 2012.

AMARAL, Paulo Adyr Dias do. A motivação do lançamento tributário. 2. ed. São Paulo, 2010.

AMARAL, Paulo Adyr Dias do. Aulas de Direito Tributário Limites ao Poder do Estado. 2. ed. Belo Hori-zonte: Editora D`Plácido, 2015.

AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2001.

ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política comu-nitária do ambiente. Coleção Stvdia Ivridica. Coimbra: Coimbra, 1997.




881

ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário: de acordo com a Emenda Constitucional no 51, de 14/02/2006. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. v. I. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1955.

BENJAMIN, Antonio Herman V. O princípio do poluidor-pagador e a reparação do dano ambiental. In: BENJAMIN, Antonio Herman V (coordenador). Dano ambiental. Prevenção, reparação e re-pressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2001.

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2000.

DIAZ, Vicente Oscar. El carácter extrafiscal de la tributación y la imposición ambiental. In: DIAZ, Vicente O. (Dir.). Tratado de Tributación. t. II. v. I. Política y economía tributaria. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2004.

GONÇALVES, Fábio Fraga. Releitura do princípio da capacidade contributiva sob a ótica do direito tri-butário ambiental. In: ORLANDO, Breno Ladeira Kingma et al. (coords.). Direito tributário am-biental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

HERRERA MOLINA, Pedro M. Derecho tributario ambiental. Madri: Marcial Pons, 2000.

HERRERA MOLINA, Pedro M. Propuestas para la elaboración de un Código Tributario Ambiental? In: ORLANDO, Breno Ladeira Kingma et al (coords.). Direito Tributário Ambiental. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006.

HOLMES, Stephen & SUNSTEIN, Cass. The Cost of Rights. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos: Contributo para a compreensão consti-tucional do estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Livraria Almedina, 1998.

OLIVEIRA, Gustavo Goiabeira de et al. A extrafiscalidade como instrumento de controle ambiental. In: ORLANDO, Breno Ladeira Kingma et al. (Coords.). Direito Tributário Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito tributário e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito Tributário: capacidade contributiva: conteúdo e eficácia do princípio. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.

ROSEMBUJ, Tulio. Los tributos y la protección del Medio Ambiente. Madri: Editorial Marcial Pons, Edi-ciones Jurídicas S.A., 1995.

SABORIO VALVERDE, Rodolfo. Normas Básicas de Derecho Público. Costa Rica: Cesdepu, 2004.

SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho. t. II. Madri: Instituto de Estudios Políticos, 1962.

TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania Multidimensional na Era dos Direitos. In: TORRES, Ricardo Lobo (org.). Teoria dos Direitos Fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

TORRES, Ricardo Lobo. A idéia de Liberdade no Estado Patrimonial e no Estado Fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 1991.

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 13. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.

TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. v. II. Valores e Princí-pios Constitucionais Tributários. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.




TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. v. III. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.

TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio Ambiente: paralelo dos sistemas de proteção internacional. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1993.




883

Emenda Constitucional e Modificação da Jurisprudência. Trabajo de Investigación.

Director: Dr. Paulo Adyr Dias AMARAL Investigadores: Ana Glória Trindade BARBOSA, Arminda Ursula Pereira BAQUEIRO, Carmen Ferreira SARAIVA, Cleber Ferreira SENA, Deyse das Graças Pereira da Silva MENDES, Roose-

velt Queiroz COSTA

Sumario: 1. Introdução. 2. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 3. A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de Setembro de 2000. 4. A Emenda Constitucional nº 32, de 11 de Setembro de 2001. 4.1. A Constituição Federal de 1988 e as Medidas Provisórias. 4.2. Delimitações das matérias reguladas por Medidas Provisórias. 4.3. Prazos de vigência e prorrogação de Medida Provisória. 4.4. Vedação à reedi-ção de Medidas Provisórias. 5. A Emenda Constitucional nº 33, de 11 de setembro de 2001. 5.1. Tendên-cia do Mercado Internacional. 5.2. Tramitação na Câmara dos Deputados. 5.3. Tramitação no Senado Federal. 5.4. Parecer do Professor Ives Gandra da Silva Martins. 5.5. Cide-Combustíveis. 5.5.1. Jurispru-dência do Supremo Tribunal Federal. 5.6. ICMS-Combustíveis. 5.7. ICMS sobre Mercadoria ou Bem Im-portado do Exterior. 5.7.1. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 6. A Emenda Constitucional nº 42, de 19 de Dezembro de 2003. 7. A carga tributária no Brasil. 8. Considerações Finais.

Resumen: El tema central de este artículo científi-co es identificar la circularidad de las fuentes a partir de la distinción de los valores sociales ema-nados de las Enmiendas Constitucionales nº 29, de 2001, nº 32, de 2001, nº 33, de 2001 y nº 42, de 2003. Estos relevantes cambios sociales tienen el alcance de dirigir aspectos conflictivos jurispru-denciales en materia tributaria en busca de una ruta evolutiva construyendo una nueva lógica sistémica mediante la edición de norma jurídica vinculante. Las instituciones y modificaciones de diversos aspectos de las hipótesis de incidencia tributaria y los obstáculos al desarrollo de Brasil son analizados bajo el prisma de la legislación de regencia y de los juzgados del Supremo Tribunal Federal (STF), con la finalidad de contribuir a di-seminar conocimientos jurídicos el respeto de cuestiones específicas que pueden ser utilizadas como paradigmas para dirigir las conductas jurídi-co-profesionales. Se debe tener en cuenta que mientras el tributo pretende suplir las arcas públi-cas de recursos bastantes al costeo de las activi-dades estatales, en el plano de la recaudación, el Derecho Tributario anhela efectivizar el control del poder de tributar, perpetrado por el Estado como ente tributante. Se busca una alineación de con-ductas normativas como forma de solucionar si-tuaciones paradojales y de esfuerzo para alcanzar la deseada adecuación del ciclo sistémico. En la definición de la progresividad del IPTU y la dife-

Abstract: The central theme of this scientific arti-cle is to identify the sources circularity from the distinction of social values of Constitutional Amendments nº 29/2001, nº 32/2001, nº 33/2001 and nº 42/2003. These relevant social changes can resolve conflicting jurisprudential aspects in tribu-tary matters in search of an evolutionary route, constructing a new systemic logic through the edition of a binding legal norm. The institutions and modifications of several aspects of tax inci-dence hypotheses and the obstacles to the brazili-an development are analyzed by legislation and the Supreme Federal Court, to contribute dissemi-nating legal knowledge on specific legal issues that can be used as paradigms to guide legal-professional conduct. It’s interesting to notice that while the tax is intended to supply public finance with sufficient resources to fund state activities, in tax collection, the tributary law enforces the pow-er of controlling taxes, perpetrated by the State as a taxing entity. It’s sought an alignment of norma-tive behaviors to solve paradoxical situations and reach the desired adaptation of the systemic cycle. Defining the progression of IPTU and the differen-tiation of the rates in face of location and use of the urban property, the Constitutional Amend-ment nº 29/2001, redrafted to article 156 of the Federal Constitution, favoring the social function of property, public interest and redistribution of wealth. The Supreme Court statement nº 668 was




renciación de las alícuotas frente a la localización y uso del inmueble urbano, la Enmienda Constitu-cional nº 29, de 2001, dio nueva redacción al art. de la Constitución Federal privilegiando la función social de la propiedad, el interés público y la redis-tribución de la riqueza. A partir de su advenimien-to quedó apartado el enunciado de la Súmula STF nº 668, que declaraba la inconstitucionalidad del aumento creciente de la tarifa o de los elementos que sirven de base para la verificación del impues-to. En el presente trabajo se analizaron los resul-tados de la evaluación de los resultados obtenidos en el análisis de los resultados obtenidos, (aspecto fiscal) en contrapartida a la política pública urba-na. Por su parte, la Enmienda Constitucional nº 32, de 2001, viene a delimitar materias pasibles de reglamentación por la vía de medidas provisiona-les, alteración en los plazos para la apreciación del Congreso Nacional y principalmente la imposibili-dad de las reediciones sucesivas, en lo que se refiere primordialmente al art. 62 de la Constitu-ción Federal. Especialmente la medida provisional que implique institución o aumento de impuestos sólo surtir efectos en el ejercicio financiero si-guiente si ha sido convertida en ley hasta el último día de aquel en que fue editada. Sin embargo, se exceptúan del principio de la anterioridad anual el impuesto extraordinario en la inminencia o caso de guerra externa, II, IE, IPI e IOF. En consecuencia de esta normalización se instauró la discusión relativa al enunciado de la Súmula STF nº 584 que entiende vigente la ley del ejercicio de la presen-tación de la declaración, alejando la ley vigente en la fecha de la ocurrencia del hecho generador. Ha habido un propicio avance y una mayor seguridad normativa, dadas las restricciones impuestas a la utilización de medidas provisionales en materia tributaria, lo que impone un proceso legislativo más riguroso y adecuado a los principios constitu-cionales. El acto político y excepcional de relevan-cia y urgencia queda de alguna manera delineado, ya que no es el instrumento más adecuado con la institución y el aumento de tributos, incluso por-que incompatible con la anterioridad en sentido amplio. La contribución de intervención en el do-minio económico referente a las operaciones de importación y comercialización en el mercado interno de gasolina, diesel, queroseno, aceites combustibles, gas licuado y alcohol combustible y se agota en la propia operación - Cide-Combustibles (artículos 149 y art. de la Constitu-ción Federal) y el ICMS-Combustibles (artículo 155 de la Constitución Federal) fueron instituidos por

rejected, declaring the unconstitutionality of the increasing tariff or the elements of the basis for tax verification. There was a stimulus to the urban area occupation from the progressive IPTU due to the location, value and use of the property (ex-trafiscal aspect), bringing the discussion about tributary capacity and isonomy (fiscal aspect) in contrast to urban public policy. The Constitutional Amendment nº 32/2001 defines specific matters that can be regulated by provisional measures, defines changes in the deadlines for consideration by the brazilian Congress and, in particular, the impossibility of successive reissues, considering the article 62 of the Federal Constitution. The provisional measure that implies institution or increase of taxes only takes effect in the following financial year if it has been converted into law, until the last day of the one in which it was edited. However, the extraordinary tax on imminence of war, II, IE, IPI and IOF are exempted from the prin-ciple of annual precedence. As a result, the discus-sion related to the statement of Supreme Court nº 584 was established, which understands the exer-cise of the declaration in force, diverting the law at the date of the occurrence of the generating event. There has been an advance about re-strictions imposed on the use of provisional measures in tributary matters, which imposes a rigorous legislative process adapted to the consti-tutional principles. The political and exceptional act of relevance and urgency is somehow deline-ated, since it's not the most appropriate instru-ment of institution and increasing taxes, even though incompatible with the previous of a broad sense. The contribution of the intervention in the economic domain related to the import and mar-keting operations in the domestic market of gaso-line, diesel, kerosene, fuel oils, liquefied gas and alcohol fuel is exhausted in the operation itself - Cide Combustíveis (Federal Constitution, article 155) were instituted by the Constitutional Amendment nº 33/2001, due to regulate the mar-ket and minimize the impact of the exchange rate fluctuation and the unpredictability of the interna-tional petroleum. ICMS is also related to merchan-dise or goods imported from abroad (Federal Con-stitution, article 155) by anyone who's not a tax-payer. The statement nº 660 of the Supreme Court literally stated: "no ICMS tax is imposed in the importation of goods by a natural or legal person who is not a taxpayer”. Bringing a first phase of a tributary reform and promoting the principle of no surprise, the Constitutional Amendment




885

la Enmienda Constitucional nº 33, de 2001, debido a la necesidad de regulación del mercado y mini-mización del impacto de la fluctuación del cambio y de la imprevisibilidad del precio internacional del mercado aceite. El ICMS incide sobre mercancía o bien importado del exterior (artículo 155 de la Constitución Federal) por persona física o jurídica que no sea contribuyente del impuesto. Desde luego ya no se aplica el enunciado de la Súmula STF nº 660 que expresaba literalmente que "no incide ICMS en la importación de bienes por per-sona física o jurídica que no sea contribuyente del impuesto". Trayendo una primera fase de la re-forma tributaria y privilegiando el principio de la no sorpresa, la Enmienda Constitucional nº 42, de 2003: (a) permite que las administraciones tributa-rias de la Unión, de los Estados, del Distrito Fede-ral y de los Municipios actúen de forma integrada (artículo 37 de la Constitución Federal, b) atribuye al Senado la evaluación periódica de la funcionali-dad del Sistema Tributario Nacional (art. (C) esta-blece que el trato diferenciado y favorecido para las microempresas y para pequeñas empresas debe definirse por ley complementaria (artículo 146 de la Constitución Federal), (d) autoriza la creación de un régimen único (e) autoriza la crea-ción de criterios especiales de tributación, de con-formidad con lo dispuesto en el presente Regla-mento, en el marco de la Convención de las Na-ciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, con el objetivo de prevenir des-equilibrios de la competencia (artículo 146-A de la Constitución Federal), (f) autoriza la incidencia de las cotizaciones sociales sobre la importación los bienes o servicios extranjeros y (g) veda el cobro de tributos antes de transcurridos 90 días de la fecha de su institución o aumento, observándose, aún, el principio de la anterioridad, o sea, que prohíbe su cobro en el mismo año que es institui-do o incrementado (artículo 150 de la Constitución Federal), con algunas excepciones. La situación atípica que vale destacar concierne al IR, que por teoría tiene como generador complejo, no queda sujeto al principio de la anterioridad nonagésima, y el IPI, que se alinea al II y al IE, tiene ahora nor-mas diferenciadas. Finalmente, con las diferencias metodológicas peculiares a cada uno de ellos y el estadio de desarrollo económico, se verifica que Brasil tiene una carga tributaria muy elevada en comparación con países desarrollados como Esta-dos Unidos, Suiza y Canadá, dada la efectividad de la prestación de servicios públicos por la aplicación de los recursos invertidos en beneficio de la socie-

nº42/2003 allows (a), the tax administrations of the brazilian Union, States, Federal District and Municipalities to act in an integrated manner (b), allows the Federal Senate the periodic evaluation of the functionality of the National Tributary Sys-tem (Federal Constitution, article 52, (c), special tributary treatment for micro and small enterpris-es must be defined by a complementary law (Fed-eral Constitution, article 146), (d), by the creation of a single regime for taxes and contributions called SUPER SIMPLES, to prevent unfair competi-tion (Federal Constitution, article 146), (e) author-izes the creation of special tax criteria in order to prevent competitive imbalances (Federal Constitu-tion, article 146-A), (f), authorizes the impact of social contributions on the import of foreign prod-ucts or services (Federal Constitution, article 149), and (g), prohibits the tax collection before 90 days after the date of its establishment or increase, respecting the priority principle (tax collection prohibition in the same year as instituted or in-creased (Federal Constitution, article 150) with some exceptions. The atypical situation that is worth highlighting is IR, which has a complex gen-erator, is not a subject of the anteriority principle, and IPI (which was aligned with II and IE), now has different rules. Finally, except for the methodolog-ical differences of each stage of economic devel-opment, Brazil has a very high tax burden com-pared to developed countries such as: United States, Switzerland and Canada, given the effec-tiveness of the provision of public services by the application of resources reverted to the benefit of society.




dad.

Palavras-Chave: Circularidad de las Fuentes. En-miendas Constitucionales. Jurisprudencia del STF.

Key Words: Circularity of Sources. Constitutional Amendments. Jurisprudence of the Supreme Court.

1.Introdução

Grosso modo, podemos dizer que o Estado, no exercício do “poder tributário”174, através do Poder Legislativo, institui, modifica, extingue tributos e tem a potestade de estabelecer fatos que en-contram-se isentos do tributo. Esse poder – que, segundo o autor consultado, também é chamado potestade tributária, poder financeiro, poder fiscal, supremacia tributária ou competência tributária – é estabelecido expressamente pelo constituinte originário na Constituição, e considera-se como uma manifestação da potestade soberana do Estado, inerente ao poder político.

Sobre o conceito de poder tributário Casalta Nabais explica: O dever fundamental de pagar impostos, visto pelo lado do seu titular ativo, consubstancia-se na atribuição ao legislativo de um poder – o poder tributário (ou fiscal) para a criação, instituição ou estabelecimento de impostos, isto é, o poder tributário em sentido estrito ou técnico.175

Em concordância com essas idéias, devemos ter presente que o poder tributário, a diferença da liberdade, não é pré-constitucional. É na Constituição política que se estabelece a forma de exercer essa potestade, determinando-se os órgãos estatais que poderão definir os elementos constitutivos dos tributos e, consequentemente, o procedimento formal que deverá seguir-se para criar, modificar ou extinguir um tributo, de acordo com os princípios constitucionais tributários formais e materiais que orientam e vinculam a atividade legislativa.176

No Estado Democrático de Direito – particularmente com a reaproximação entre ética e direito –, não podemos entender que o poder tributário esteja baseado numa relação de poder, numa relação de superioridade do Estado. Trata-se, porém, de um poder-dever, que nasce no espaço aberto pela liberdade e que, por conseguinte, encontra-se limitado por ela. Nesse sentido, como bem explica Ri-cardo Lobo Torres “O Estado exerce o seu poder tributário sob a permanente limitação dos direitos fundamentais e de suas garantias constitucionais.”177

Assim, ainda que o poder tributário seja uma manifestação da soberania estatal, não encontra nela o seu fundamento, já que sua origem descansa nos direitos da propriedade e do livre exercício do trabalho (estabelecidos nos arts. 45, 46 e 56 da Constituição da Costa Rica, e no art. 5°, incisos XXII e XIII, da Constituição do Brasil), como expressão da liberdade dos cidadãos e substrato econômico para a imposição fiscal.178

174 Fernando Sáinz de Bujanda refere-se ao Poder Tributário da seguinte maneira: “Como es sabido, el poder tributario constituye un atributo esencial del Estado. No es posible concebir ninguna organización política en que falte ese poder, que nos es, en definitiva, sino la facultad de imponer tributos que procuren al Ente público los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines. Ahora bien en el moderno Estado constitucional ese poder ha dejado de ser una fuerza o poder de hecho para convertirse en un poder jurídico, que se ejercita dictando nor-mas.” SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho. t. II. Madri: Instituto de Estudios Políticos, 1962, p. 275 et seq. 175 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos: Contributo para a compreensão constitucional do estado fiscal contempo-râneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 269. 176 A esse respeito o art. 121, inciso XIII, da Constituição Política da Costa Rica estabelece: “ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: (…) 13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales;” Na Constituição brasileira a potestade tributária está prevista nos arts. 145 e 153-156, que se refe-rem à competência tributária da União, dos Estados e dos Municípios. 177 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. III, Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 14. 178 Id. Ibid., p. 20.




887

Nessa linha de pensamento, é o povo, através dos seus representantes, quem autoconsente o tributo (princípio da auto-imposição). Em outras palavras, o povo como titular do poder tributário permite que o Parlamento possa exercitar essa potestade, derivando-se a máxima de No taxation without representation. 179

É nesse sentido que podemos falar que o poder tributário é manifestação da soberania estatal, inerente ao poder político, mas que encontra seu fundamento na liberdade e não no ius imperium estatal. A esse respeito, Ricardo Lobo Torres nos explica em forma precisa:

O poder tributário, pela sua extrema contundência e pela aptidão para destruir a liberdade e a propriedade, surge limitadamente no espaço deixado pela autolimitação da liberdade e pelo consen-timento no pacto constitucional. Em outras palavras, o tributo não limita a liberdade nem se autolimi-ta, senão que pela liberdade é limitado, tendo em vista que apenas a representação e o consentimen-to lhe legitimam a imposição.180

Dessa forma, o tributo, longe de ser um obstáculo ou uma intromissão à liberdade, é uma con-dição necessária para a sua existência, na medida em que a tutela e a garantia do exercício de todos os direitos dos cidadãos dependem do tributo.181

Nessa ordem de idéias, sem nenhuma dúvida, na atualidade o tributo se constitui como o prin-cipal recurso econômico da atividade financeira estatal,182 permitindo que o Estado possa obter as receitas necessárias para custear as complexas funções que lhe são próprias, satisfazendo assim os requerimentos da coletividade, e, consequentemente, garantindo a liberdade e os direitos dos cida-dãos.

Tradicionalmente tem se entendido que a finalidade principal dos tributos é a arrecadação; conforme foi dito, em tese de princípio, o tributo é um instrumento destinado à obtenção de ingressos (receitas públicas) para que o Estado possa cumprir os fins que lhe são próprios.

No entanto, hodiernamente, os tributos, além serem um mecanismo para financiar os reque-rimentos estatais, constituem um dos mais importantes instrumentos econômicos com que conta o Estado na direção da atividade econômica tanto pública como privada, toda vez que podem ser utiliza-dos com uma finalidade extrafiscal.183 De modo que, se os tributos podem perseguir objetivos de natu-reza “extrafiscal”, podemos dizer que de certa maneira perdem a sua “neutralidade”.184

179

A respeito, afirma Ricardo Lobo Torres: “A soberania financeira, que é do povo, transfere-se limitadamente ao Estado pelo contrato constitucional, permitindo-lhe tributar e gastar. Não é o Estado que se autolimita na Consti-tuição, como querem os positivistas, senão que já se constitui limitadamente, no espaço aberto pelo consenti-mento.” O tributo, por conseguinte, embora sendo o preço e a garantia da liberdade, já nasce limitado pela pró-pria autolimitação da liberdade.” TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 13. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 63-64. 180

Id. A idéia de liberdade no Estado Patrimonial e no Estado Fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 1991, p. 127. 181

Cf. HOLMES, Stephen & SUNSTEIN, Cass. The Cost of Rights. Cambridge: Harvard University Press, 1999, p. 15, 43-46. 182

A esse respeito Ricardo Lobo Torres indica que a atividade financeira “(...) é o conjunto de ações do Estado para a obtenção da receita e a realização dos gastos para o atendimento das necessidades públicas.” TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário, op. cit., p. 3. Sobre o conceito de atividade financeira, veja: BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 1955, p. 10 183

Com relação ao tema, Angel Schindel em forma diáfana expõe: “Coincidimos con FERREIRO LAPATZA en que los tributos existen porque los entes públicos tienen encomendadas ciertas actividades. En general, fundamen-talmente, los tributos sirven, se utilizan, tienen por fin allegar recursos dinerarios al Estado y demás entes públi-cos para que éstos, utilizando estos recursos, gastándolos, puedan cubrir las necesidades públicas”. Sin embargo,




Sobre o tema, é importante salientar que as duas finalidades não podem ser consideradas an-tagônicas porque, na verdade, geralmente aparecem em maior ou menor medida em todos os tribu-tos, sendo que, em alguns casos, prevalece a finalidade fiscal ou arrecadadora e, em outros, a extrafis-cal ou ordenatória.185 Nesse sentido, como bem explica Paulo Carvalho de Barros:

Há tributos que se prestam, admiravelmente, para a introdução de expedientes extrafiscais. Outros, no entanto, inclinam-se mais ao setor da fiscalidade. Não existe, porém, entidade tributária que possa se dizer pura, no sentido de realizar tão-só a fiscalidade, ou, unicamente, a extrafiscalida-de.186

Nessa mesma linha de pensamento, Túlio Rosembuj se refere à questão indicando que “Los fi-nes extrafiscales no son, por definición, contradictorios con la función de financiamiento del gasto público, si la finalidad es digna de tutela desde el punto de vista del ordenamiento jurídico financie-ro.”187

Assim sendo, nada obsta que um tributo tenha como finalidade principal a orientação de de-terminados comportamentos, concretamente por meio de duas técnicas de atuação:188 através da promoção de certas condutas almejadas – caso típico dos denominados incentivos fiscais – ou por meio da desestimulação de comportamentos ou atos – caso da utilização de cargas tributárias – que, ainda que lícitos, consideram-se como prejudiciais para a sociedade.189 Nessa toada, através dos tribu-tos extrafiscais, o Estado exerce o seu poder tributário de forma a intervir no controle da economia e do meio social, passando o tributo a agregar ao lado da função meramente arrecadatória uma função extrafiscal, ou seja, ele passa a ser visto como instrumento de intervenção estatal ou regulação públi-ca, de dirigismo estatal.190

no es esta la única finalidad de la existencia de los tributos. El citado autor continúa: “recaudar un ingreso es el fin fundamental de los tributos en general. Pero no es el único fin de los tributos ni el fin necesario de todos y cada uno de ellos” (…) en los últimos tiempos, particularmente en algunos países de Europa, se acude a los tribu-tos como un fin de lograr otros objetivos socialmente deseables como la preservación del medio ambiente y similares. Se trata de impuestos que se imponen por ley con un fin principal que no es el de proveer recursos al fisco, sino el de actuar como disuasivos de ciertas actitudes de los particulares o para incentivar determinadas actividades.” SHINDEL, Angel. Concepto y especies de tributos. In: GARCIA BELSUNCE, Horacio A. (Dir). Tratado de Tributación, t.I, v.I. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2003, p. 567. 184

Cnf. DIAZ, Vicente Oscar. El carácter extrafiscal de la tributación y la imposición ambiental. In: DIAZ, Vicente O. (Dir.). Tratado de Tributación. T. II. V.I. Política y economía tributaria. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2004, p. 596. 185

“A imposição tradicional (tributação fiscal) visa exclusivamente à arrecadação de recursos financeiros (fiscais) para prover o custeio dos serviços públicos. Já a denominada tributação extrafiscal é aquela dirigida a fins outros que não a captação de dinheiro para o Erário, tais como a redistribuição da renda e da terra, a defesa da indús-tria nacional, a orientação dos investimentos para setores produtivos ou mais adequados ao interesse público, a promoção do desenvolvimento regional ou setorial etc.” OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito tributário e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 47 186

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário, 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 230. 187

ROSEMBUJ, Tulio, op. cit., p. 245. 188

Cnf. CASADO OLLERO, Gabriel. Los fines no fiscales de los tributos. In: Comentarios a la Ley General Tributaria y líneas para su reforma. Libro Homenaje al Dr. Fernando Sáinz de Bufanda, v. I. Madri: Instituto de Estudios Fiscales, 1991, p. 128. 189

Explica José Marcos Domingues que “Como instrumento indeclinável da atuação estatal, o direito tributário pode e deve, através da extrafiscalidade, influir no comportamento dos entes econômicos, de sorte a incentivar iniciativas positivas e desestimular as nocivas ao bem comum.” OLIVEIRA, José Marcos Domingues de, op. cit., p. 47. 190

OLIVEIRA, Gustavo Goiabeira de, et al., op. cit., p. 105.




889

A atividade estatal é, notadamente, dependente de recursos. Tais recursos já foram conquis-tados, antigamente, por meio de guerras, extorsões de outros povos, doações voluntárias, fabricação de moedas metálicas ou de papel, exigência de empréstimos, rendas produzidas por seus bens e suas empresas, imposição de penalidades etc. E uma boa parte destes processos de obtenção da receita pública eram tidos como tributos.

Kiyoshi Harada aponta que a evolução das despesas públicas e a crescente necessidade de se atender às mais diversas necessidades coletivas, tornou imprescindível ao Estado lançar mão de uma fonte regular e permanente de recursos financeiros: desta forma, o tributo passou a ser a principal fonte dos ingressos públicos, necessários ao financiamento das atividades estatais.

Podemos ainda apontar que, diante deste quadro, proteções a eventuais arbitrariedades e abusos do Poder Público foram criadas e inseridas em textos constitucionais. Um de grande importân-cia, e não jovem, é o princípio que estabelece que a receita tributária deva ser previamente aprovada pelos representantes do povo. Este princípio da legalidade tributária é previsto no Brasil desde a pri-meira Constituição Republicana de 1.891 (art. 72, § 3º). Até mesmo a Carta outorgada em 1.824, em seu art. 36, § 1º, prescrevia a iniciativa privativa da Câmara dos Deputados em matéria de impostos.

Uma consequência de grande importância para a ciência jurídica é a constatação de que o tri-buto passou a constituir-se em uma categoria jurídica disciplinada pelo Direito: “Só pode ser exigido através de uma relação jurídica entre o Estado e o súdito-contribuinte, a qual resulta exclusivamente da lei.”

2.Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar

Os princípios constitucionais tributários, que regulam a tributação, são considerados limitações constitucionais ao poder de tributar. E este “poder de tributar” pode ser notado como uma das mais fortes características da soberania do Estado. Responsável de nossa parte apontar que este poder não espelha uma relação de força do Estado sobre o cidadão, mas sim uma relação jurídica, de direito en-tre as partes.

Conforme dizeres de Ruy Barbosa Nogueira: “o poder de tributar é, portanto, uma decorrência inevitável da soberania que o Estado exerce sobre as pessoas de seu território, ao qual corresponde, por parte dos indivíduos, um dever de prestação”. Este poder é, então, um poder de direito. É origina-do no consentimento dos cidadãos, que também são os que sofrem a invasão patrimonial necessária para a percepção do tributo.

Com isto em mente, podemos agora nos valer de Hugo de Brito Machado ao argumentar que o tributo tem por finalidade algo que não se confunde, em si, com a disciplina jurídica que dele cuida, i.e., o Direito Tributário. Enquanto o tributo visa suprir os cofres públicos de recursos bastantes ao custeio das atividades estatais, no plano da arrecadação, o Direito Tributário almeja efetivar o controle do poder de tributar, perpetrado pelo Estado que tributa.

Aliomar Baleeiro complementa: “o tributo é vetusta e fiel sombra do poder político há mais de 20 séculos. Onde se ergue um governante, ela se projeta sobre o solo de sua dominação. Inúmeros testemunhos, desde a Antiguidade até hoje, excluem qualquer dúvida”.

Daí a conclusão de que a compulsoriedade, marcada pela legalidade, caracteriza a relação tri-butária em uma nítida relação jurídica, e não “de poder”. E justamente por ser relação jurídica não resulta em um poder irrestrito, absoluto.

O poder de tributar limita-se por regramentos que evitam o exercício arbitrário da tributação, conformando-o com os ditames constitucionais. De modo reflexo, a Constituição Federal define o mo-




dus operandi do exercício desse poder, que deverá se dar de forma justa e equilibrada, sem provocar danos à liberdade e à propriedade dos contribuintes. Tal modulação se exterioriza nas (I) normas jurí-dicas de competência tributária e (II) nos princípios constitucionais tributários:

Normas jurídicas de competência tributária: destinam-se à delimitação do poder de tributar, uma vez que a própria Constituição Federal (arts. 153, 155 e 156) faz a repartição da força tributante estatal entre as esferas políticas (União, Estados-membros, Municípios e o Distrito Federal), de forma privativa e cerrada.

Princípios constitucionais tributários: os arts. 150, 151 e 152 da Carta Magna hospedam varia-dos comandos principiológicos, insculpidos à luz de pautas de valores pontualmente prestigiados pelo legislador constituinte. Aliás, em muitos casos, como já se viu, servem esses princípios como verdadei-ras garantias constitucionais do contribuinte contra a força tributária do Estado, assumindo a postura de nítidas limitações constitucionais ao poder de tributar. Nessa toada, “consoante a jurisprudência firmada pelo STF, o poder que tem o Estado de tributar sofre limitações que são tratadas como cláusu-las pétreas”.

O clamor atual a respeito da necessidade de reformas tributárias vem de muito tempo. Ao fi-nal dos anos 1990 grande parte da sociedade brasileira já criticava e reclamava a necessidade de re-forma tributária. E um dos pontos criticados veementemente naquela época era a previsão constante no art. 150, inc. III, alínea “b” da Constituição Federal – o princípio da anterioridade, que vedava a co-brança de impostos no mesmo exercício financeiro da lei que os criou ou majorou.

Estudando o propósito do princípio da anterioridade tributária o nobre Prof. Roque Antônio Carrazza preconiza brilhante lição. In verbis: [...] o princípio da anterioridade é corolário lógico do prin-cípio da segurança jurídica. Visa evitar surpresas para o contribuinte, com a instituição ou majoração de tributos [...] De fato o princípio da anterioridade veicula a idéia de que deve ser suprimida a tributa-ção surpresa (que afronta a segurança jurídica dos contribuintes). Ele não permite que, da noite para o dia, alguém seja tolhido por uma nova exigência fiscal. É ele, ainda, que exige que o contribuinte se depare com regras tributárias claras, estáveis e seguras. E, mais do que isso: que tenha o conhecimento antecipado dos tributos que lhe serão exigidos ao longo do exercício financeiro, justamente para que possa planejar sua vida econômica.

Destarte, referido dispositivo permitia a publicação de uma lei majorando ou criando imposto em 31 de dezembro, com vigência a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte, ou seja, um dia de-pois da publicação da lei. A crítica apresentável vinha da constatação de que, ao não se permitir ao contribuinte tempo hábil para se preparar para a nova cobrança, a segurança jurídica, essencial para a estabilidade de uma sociedade, restaria vilipendiada.

Niklas Luhmann191 define que o Direito é "um sistema social que se baseia na generalização congruente de expectativas comportamentais normativas."

Porém, esse sistema jurídico tem a característica de ser indeterminável e por essa razão culmi-na a sua circularidade em busca de uma rota evolutiva.

Especificamente no Direito Tributário, pode-se identificar a circularidade das fontes em relação ao princípio da anterioridade que alberga o princípio da não surpresa reflexo do Estado garantista em que se busca o equilíbrio de forças entre o sujeito ativo e o sujeito passivo da relação jurídico-tributária.

191

LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1985, p. 115 e 121.




891

Originalmente art. 150 da Constituição Federal previa a vedação da cobrança de tributos "no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou", como re-gra geral, salvo as situações excepcionadas. Alçado a direito fundamental do contribuinte, determina-se uma "vacacio legis" constitucional razoável entre a vigência da norma que institui ou majora o tri-buto e a possibilidade de sua exigência pelo ente tributante, fundamentado na circunstância da exis-tência de uma condição mínima que possibilita o sujeito destinatário da lei a conhecer antecipadamen-te dada a proteção jurídica das relações.

Mediante o controle de constitucionalidade pautado no princípio da anterioridade tributária foram discutidas normas que nos últimos dias do ano foram elaboradas, com efeitos a partir de 1º de janeiro do exercício subsequente. Ganha relevância, na presente discussão, a reiterada ocorrência da reversão jurisprudencial por reação legislativa.

Trata-se de um diálogo permanentemente aberto, em que as mudanças no contexto social jus-tificam as mutações constitucionais, ora por iniciativa do Judiciário, ora pelo Legislativo, mantendo ambos os poderes o mútuo controle que confere equilíbrio e harmonia a todo o sistema, fomentando também uma dinâmica jurídica que busca acompanhar a dinâmica social. Sobre o tema, lapidar a lição de Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza Neto: [...] não é salutar atribuir a um único órgão qual-quer a prerrogativa de dar a última palavra sobre o sentido da Constituição [...]. É preferível adotar-se um modelo que não atribua a nenhuma instituição – nem do Judiciário, nem do Legislativo – o “direito de errar por último”, abrindo-se a permanente possibilidade de correções recíprocas no campo da her-menêutica constitucional, com base na ideia de diálogo, em lugar da visão tradicional, que concede a última palavra nessa área ao STF [...]

As decisões do STF em matéria constitucional são insuscetíveis de invalidação pelas instâncias políticas. Isso, porém, não impede que seja editada uma nova lei, com conteúdo similar àquela que foi declarada inconstitucional. Essa posição pode ser derivada do próprio texto constitucional, que não estendeu ao Poder Legislativo os efeitos vinculantes das decisões proferidas pelo STF no controle de constitucionalidade (art. 102, § 2º, e art. 103-A, da Constituição). Se o fato ocorrer, é muito provável que a nova lei seja também declarada inconstitucional. Mas o resultado pode ser diferente.

O STF pode e deve refletir sobre os argumentos adicionais fornecidos pelo Parlamento ou de-batidos pela opinião pública para dar suporte ao novo ato normativo, e não ignorá-los, tomando a nova medida legislativa como afronta à sua autoridade. Nesse ínterim, além da possibilidade de altera-ção de posicionamento de alguns ministros, pode haver também a mudança na composição da Corte, com reflexões no resultado do julgamento. (SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Direito Constitucional. Teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 402-405)

Cite-se como exemplo a Medida Provisória nº 812, publicada em 31 de dezembro de 1994, convertida na Lei nº 8.981, em 20 de janeiro de1995, que dispôs sobre a limitação da compensação de prejuízos (IRPJ) e da base de cálculo negativa (CSLL), matéria que foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário 232.084/SP em que ficou determinado:

Diploma normativo que foi editado em 31.12.94, a tempo, portanto, de incidir sobre o resulta-do do exercício financeiro encerrado. Descabimento da alegação de ofensa aos princípios da anteriori-dade e da irretroatividade, relativamente ao Imposto de Renda, o mesmo não se dando no tocante à contribuição social, sujeita que está à anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6º da CF, que não foi observado. Recurso conhecido, em parte, e nela provido. 192

192

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: Acesso em: 19.07.2017.




Especificamente para garantir uma moderação entre o poder estatal e a exigência tributária ao contribuinte de modo impedir a surpresa foi editada a Emenda Constitucional nº 42, de 2003, que inseriu a alínea “c” ao art.150 da CF com o objetivo de fixar o prazo de noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, permanecendo vedada a cobrança de tributos "no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou". Entre-tanto, vem confirmar o entendimento do STF de que o princípio da anterioridade nonagesimal não se aplica ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, como veremos adiante.

Foram selecionadas quatro Emendas à Constituição para análise neste trabalho, a EC-29/2000, abordando-se as alterações relacionadas ao Imposto Predial e Territorial Urbano; a EC-32/2000, para tratar das medidas provisórias; a EC-33, para discorrer acerca Contribuição Social e de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) e, finalmente, a EC-42, que alterou o Sistema Tributário Nacional.

3. A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de Setembro de 2000

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um imposto incidente sobre a propriedade imobiliária, caracterizado no Código Tributário Nacional, como:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial ur-bana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

A análise dessa Emenda à Constituição recai sobre a alteração promovida no art. 156 da Cons-tituição Federal de 1988, para definir a progressividade do IPTU e a diferenciação das alíquotas em face da localização e uso do imóvel.

Art.156 Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...]

§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o im-posto previsto no inciso I poderá:

I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e

II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.

Anteriormente à Emenda Constitucional 29/2000, havia vedação à progressividade fiscal das alíquotas do IPTU, admitindo-se apenas a progressividade extrafiscal, a qual, todavia, nos termos da Constituição, dependia da elaboração de lei ordinária.

A progressividade, tida como o aumento das alíquotas do imposto, caracteriza-se pelo aumen-to crescente da tarifa ou dos elementos que servem de base para a verificação do imposto, no dizer de De Plácido e Silva.

Mas o imposto Predial e Territorial Urbano não teve sempre o mesmo formato como é conhe-cido na atualidade. O IPTU, conforme assevera Victor Sarfatis Metta, "tem sua origem na chamada 'décima urbana' incidente sobre os imóveis edificados das cidades à beira mar, [...] criado com a che-gada da corte de D. João VI ao Rio de Janeiro, em 1808, com o intuito de suprir os gastos da aristocra-cia que o acompanhava". Eram dois impostos distintos: o predial, incidente sobre as edificações e o territorial, sobre os imóveis em que não havia edificações. Apenas, com a Constituição de 1946, esses impostos foram unificados, passando a competência dos estados para os municípios, a partir da Cons-tituição de 1934.

Segundo João de Adhemar Barros, a progressividade tributária penaliza os mais eficientes e desestimula o esforço, à medida que, de acordo com o autor, os mais bem sucedidos são mais penali-zados, uma vez que "todo imposto representa um ato de espoliação. A progressividade do imposto

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art156§1




893

permite a uma maioria de cidadãos espoliar mais particularmente, por intermédio de seus represen-tantes, uma minoria da população, sob o pretexto de Justiça Social".

Por outro lado, quem defende a progressividade, argumenta que a principal função do impos-to progressivo é a redistribuição da riqueza. Somente com a EC-29/2000 a progressividade fiscal das alíquotas do IPTU foi autorizada e apenas a partir de 2001, com a Lei n° 10.257, a progressividade ex-trafiscal do IPTU foi admitida.

A distinção entre progressividade fiscal e progressividade extrafiscal é didaticamente apresen-tada por Kiyoshi Harada: A progressividade fiscal, decretada no interesse único da arrecadação tributá-ria tem seu fundamento no preceito programático representado pelo § 1.º do art. 145 da CF, segundo o qual sempre que possível, o imposto será graduado conforme a capacidade econômica do contribu-inte.

Já a progressividade extrafiscal tem seu fundamento no poder de polícia.... Assim, a progressi-vidade extrafiscal, tanto aquela prevista no § 1.º do art. 156 da CF (progressividade genérica) como aquela prevista no § 4.º, II do art. 182 da CF (progressividade específica), tem objetivo ordinatório. O fim visado não é o aumento da arrecadação tributária.

O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 668, declarando a inconstitucionalidade da pro-gressividade das alíquotas do IPTU, antes do advento da EC-29/2000, consoante se verifica do Acór-dão, cuja ementa se transcreve a seguir:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTAS. PROGRESSIVIDADE INSTITUÍDA ANTES DO ADVENTO DA EC 29/00. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 668 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - SISTEMA DE PROGRESSIVIDADE POSTERIOR À EDIÇÃO DA EC 29/00. CONSTITU-CIONALIDADE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. A lei municipal que tenha estabelecido, antes do advento da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, é inconstitucional (Súmula 668 do STF).

2. A repercussão geral da questão constitucional relativa ao tema foi reconhecida pela Corte no julgamento do AI 712.743-QO, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 12.3.09, e o entendimento já consagrado foi ratificado.

3. A declaração de inconstitucionalidade das alíquotas progressivas do IPTU atinge apenas o sistema da progressividade, o que não impede a cobrança do tributo na totalidade. Precedentes: RE 378.221 – AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18.09.09, e RE 390.694 – AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 1º/12/06.

4. Os diplomas legais instituidores de alíquotas progressivas editados em data posterior ao ad-vento da EC 29/00 são constitucionais, consoante acórdão prolatado nos autos do RE 586.693, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.06.11, recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral do tema [...]

Enquanto não modificada a Constituição Federal de 1988, os municípios que estabeleciam alí-quotas progressivas do IPTU eram alvo de ações judiciais levadas a instâncias superiores, tendo o Su-premo Tribunal Federal editado a Súmula 668, no sentido de que "é inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana". Foi por meio da EC-29 que ficou estabelecida a progressividade do IPTU em seu caráter fiscal, a teor do art. 156, § 1°.




4. A Emenda Constitucional n 32, de 11 de Setembro de 2001

A Emenda Constitucional n° 32, publicada no Diário Oficial da União em 12 de setembro de 2001 surgiu para disciplinar o uso de Medidas Provisórias pelo Presidente da República. No Brasil a previsão constitucional advinda da Constituição de 1937 possibilitava ao Chefe do Executivo intervir na função de legislar em algumas situações como na ausência parlamentar, suprindo lacunas, possibili-tando legalizar situações do interesse do país e do povo com a celeridade necessária exigida pela situ-ação.

No entanto, essa intervenção, não tem um entendimento uníssono, muitos entendem que se-ria um desrespeito ao princípio da tripartição dos poderes. Entretanto a sociedade cresceu e evoluiu, surgindo situações sociais e políticas que demandam rapidez, sendo necessários instrumentos legais que possibilitem tais atos, como o uso das medidas provisórias pelo Presidente da República, devido a delegação do Poder Legislativo ao Poder Executivo.

Em virtude de inúmeras críticas da comunidade jurídica sobre o tema, surgiu a necessidade da elaboração de um projeto de emenda à Constituição que coibisse o Poder Executivo de atuar como se legislador fosse e, surge então, a PEC 472/97, posteriormente sendo transformada na Emenda Consti-tucional em estudo.

Embora a EC 32 tenha trazido inúmeras inovações de extrema importância, deixou brechas que ainda possibilitam artimanhas para que os parlamentares consigam atingir seus objetivos dentro de uma suposta legalidade.

4.1 A Constituição Federal de 1988 e as Medidas Provisórias

Inúmeras são as críticas à Constituição de 1988 e à sua antecessora, no sentido de que possibi-litam ao Presidente da República poderes para agir, muitas vezes em interesses próprios e de forma arbitrária contrariando frontalmente seu objetivo inicial.

O artigo 62 da Constituição de 1988 foi inspirado no art. 77193, da Constituição Italiana de 27/12/1947, dispondo que o Presidente da República teria competência para editar leis temporárias, na forma de medidas provisórias, nos seguintes termos:

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias.

Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem con-vertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação, devendo o Congresso Nacional disci-plinar as relações jurídicas delas decorrentes.

193 "Art. 77. Il Governo non puó, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge

ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d´urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, prowedimenti prowisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall´inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti."




895

A competência para legislar dada ao Presidente da República era a mais ampla possível, sendo a única limitação expressa o prazo de trinta dias para que as medidas provisórias perdessem sua eficá-cia se não fossem convertidas em lei.

Além do prazo, o Presidente ainda poderia reeditar e publicar as medidas provisórias tantas vezes achasse necessário, estando autorizado a alterar qualquer lei em qualquer tipo de matéria, tor-nando o Poder Legislativo uma “marionete”, lhe tirando a competência como poder legislador.

Diante de todas as críticas em relação às limitações e área de abrangência das medidas provi-sórias, de um Poder Executivo que podia legislar sobre qualquer causa ou assunto que julgasse ser relevante ou urgente, surgiu em 1995 um projeto de emenda constitucional, com o objetivo de tolher esses extraordinários poderes do Presidente da República, procurando restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Após vários projetos surge a PEC 472/97, sendo transformada em Emenda Constitucional n° 32, com sua promulgação em 04 de setembro de 2001 e publicação no Diário Oficial da União em 12 de setembro de 2001, trazendo inovações como: delimitação das matérias que poderiam ser reguladas por medidas provisórias, alteração nos prazos para apreciação do Congresso Nacional e principalmente a impossibilidade da reedição das medidas provisórias.

4.2 Delimitações das matérias reguladas por medidas provisórias

Com a Emenda Constitucional n° 32, foi vedada a possibilidade da edição de medidas provisó-rias nas matérias geradoras de dúvidas jurisprudencial e doutrinária, exceto em matéria tributária.

Dentre as vedações das medidas provisórias previstas na EC-32, atualmente previstas no artigo 62, §1º, I, "a", "b", "c" II e III da Constituição Federal de 88, estão:

as de matérias não suscetíveis de delegação legislativa, preservando o poder do Legislativo e estendendo medida provisória as mesmas vedações aplicadas à lei delegada e a lei complementar.

as de matéria penal, pois seria incabível a criação de tipos penais por um instrumento provisó-rio, condicionando a sanção à possibilidade de sua conversão em lei.

processual civil e processual penal, que necessitariam também da conversão em lei para que tivessem aplicabilidade.

A proibição de confisco de bens, de poupança popular e de qualquer outro ativo financeiro (art. 62, II, CF) evitando a repetição da situação ocorrida no Governo Collor.

Em relação à matéria tributária a EC-32 permitiu que as medidas provisórias instituíssem ou majorassem imposto, exceto nos casos de instituição de impostos de importação de produtos estran-geiros; exportação de produtos nacionais ou nacionalizados; produtos industrializados; operações de crédito, câmbio e seguros ou relativas a títulos ou valores imobiliários, previstos no art. 153, I, II IV e V e 154, II da Constituição Federal, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada, estando relacionado ao princípio da anterioridade tributária que estabelece a vedação da cobrança de tributo no mesmo exercício fiscal da lei que o instituiu.

A partir de então, instaurou-se a discussão atinente ao enunciado da Súmula STF nº 584 que entende vigente a lei do exercício da apresentação da declaração, afastando a lei vigente à data da ocorrência do fato gerador (RE 183130, Relator para o acórdão Ministro Teori Zavaski, Tribunal Pleno, julgamento em 25.9.2014, DJe de 17.11.2014, RE 592396, Relator Ministro Edson Fachin,Tribunal Ple-no, julgamento em 3.12.2015, DJe de 28.3.2016, com repercussão geral - tema 168, (RE 244003 AgR, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgamento em 20.4.2010, DJe de 28.5.2010).




O certo seria que as matérias tributárias também fossem inseridas no rol de vedações do §1º do art. 62.

4.3 Prazos de vigência e prorrogação de Medida Provisória

A Emenda Constitucional n° 32 prevê um novo prazo de vigência para as medidas provisórias:

Art. 62 [...] §3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.

Logo, uma vez editada a medida provisória, valerá por sessenta dias, com prorrogação auto-mática de mais 60 (sessenta) dias, contados da sua publicação, conforme, §4º do art. 62 da CF/88, caso não tenha ocorrido votação nas duas casas do Congresso Nacional. Decorrido tais prazos sem aprecia-ção do Legislativo, perderá sua eficácia desde a sua edição.

Portanto, houve uma extensão do prazo para que a medida provisória perca sua eficácia, caso não seja convertida em lei, de 30 (trinta) dias para 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogada uma única vez por igual período, com isso perfazendo cento e vinte dias.

4.4 Vedação à reedição de Medidas Provisórias

Foi vedada a reedição de medidas provisórias nos termos do art. 62, §10: "é vedada a reedi-ção, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo."

Como entende França Júnior194 a vedação ocorre se a reedição acontecer na mesma Sessão Legislativa, ou seja, ano legislativo, possibilitando com isso um extenso tempo para o Executivo articu-lar manobras que possibilitem alcançar os objetivos que desejam. O ideal seria:

[...] a vedação por completo da possibilidade de reedição, pois se foi rejeitada (expressa ou mesmo tacitamente) é porque aquela norma jurídica não encontrou respaldo na soberania popular indireta, devendo ser definitivamente rechaçada, salvo a possibilidade da matéria vir a ser apreciada por via do processo legislativo de lei ordinária na sessão legislativa seguinte.

Portanto, a Emenda Constitucional n° 32 pôs fim as controvérsias existentes acerca da reedi-ção das medidas provisórias, vedando a possibilidade de reedição independentemente do motivo de sua rejeição, possibilitando apenas a prorrogação, por uma única vez, do prazo de 60 dias por igual período, com suspensão do prazo durante o recesso do Congresso Nacional sem, contudo, permitir mudanças no texto original.

É inquestionável os avanços decorrentes da Emenda Constitucional n° 32, que surgiu princi-palmente para disciplinar a edição e reedição de medidas provisórias, sem limitação de matérias e, de forma indiscriminada pelo Presidente da República, muitas vezes sobre assuntos que não eram urgen-tes ou relevantes. Entretanto, ainda deixou brechas, possibilitando que o Executivo se utilize de arti-manhas para atingir seus objetivos.

194 FRANÇA JÚNIOR, Fausto F. de. Comentários à Emenda Constitucional nº 32/2001. Revista Jus Navigandi, ISSN

1518-4862, Teresina, ano 7, n. 53, 1 jan. 2002. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/2551>. Acesso em: 7 abr. 2017.

https://jus.com.br/artigos/2551/comentarios-a-emenda-constitucional-n-32-2001

https://jus.com.br/revista/edicoes/2002

https://jus.com.br/revista/edicoes/2002/1/1

https://jus.com.br/revista/edicoes/2002/1/1

https://jus.com.br/revista/edicoes/2002/1

https://jus.com.br/revista/edicoes/2002




897

Dentre os avanços podemos citar a delimitação das matérias reguladas por medidas provisó-rias, acabando com as controvérsias existentes sobre o tema, instituindo um rol expresso dessas maté-rias, assim como a vedação à reedição de medidas provisórias.

No entanto, expandiu o prazo para a validade da medida provisória, de 30 dias para 60 dias, como uma reedição, mesmo que seja uma única vez e admitiu de forma inequívoca a instituição e ma-joração de outros tributos que não os impostos, ou seja, legalizou a instituição de matéria tributária através de medida provisória.

Infelizmente, a Emenda Constitucional 32 não foi capaz de disciplinar de forma satisfatória as controvérsias existentes acerca dos institutos por ela versados, pois continuamos a ter brechas, talvez deixadas propositadamente, para que o Executivo e o Legislativo se utilizem invocando a legalidade da medida.

5. A Emenda Constitucional nº 33, de 11 de Dezembro de 2001

Os motivos determinantes da aprovação da Emenda Constitucional nº 33, de 2001, os tributos que especifica, as alterações ocorridas e os obstáculos tributários ao desenvolvimento do Brasil são ora analisados sob o prisma da legislação de regência e dos julgados do Supremo Tribunal Federal (STF), com a finalidade de contribuir para disseminar conhecimentos jurídicos a respeito de questões específicas que podem ser utilizadas como paradigmas para direcionar as condutas jurídico-profissionais.

5.1 Tendência do Mercado Internacional

A Nota Técnica da Agência Nacional de Petróleo (ANP) nº 5, de 1999195, identifica a liderança do capital privado na indústria do petróleo na América Latina em cotejo com outros países com indica-ções de reformas profundas no setor. Alterações significativas na organização industrial vêm sendo percebidas pela supressão de regulamentação e incentivo à competição entre os países tradicional-mente produtores de petróleo.

Tendo em vista ter se mostrado pouco eficaz, a política energética tem se afastado da ideolo-gia original da intervenção direta do Estado na economia com a finalidade de resguardar a indústria do capital externo. Deferentes formas de comercialização de petróleo e derivados deram ao setor nos países produtores um dinamismo diferenciado não passível de controle tal como o bench marketing (critério comercial que fixa a taxa de retorno mediante o cumprimento de metas pré-estabelecidas ou através de um índice de desempenho).

O acesso a tecnologias mais avançadas dá ensejo a estratégias de penetração nos mercados mediante acordos de parcerias decorrentes de necessidade de capital e inseguranças nesse novo cená-rio econômico globalizado. Esse comportamento do mercado internacional do setor petrolífero deu ensejo à Proposta de Emenda Constitucional nº 227, de iniciativa do Poder Executivo Federal.

5.2 Tramitação na Câmara dos Deputados

A Proposta de Emenda Constitucional nº 227-A, do Poder Executivo (Proposta Inicial e Justifi-cação), constante na Mensagem nº 1.093, inicialmente previa a alteração do art. 149 e do art. 177 da Constituição Federal (CF), com a Exposição de Motivos196 no sentido de que com a iminente liberaliza-

195

Nota Técnica da Agência Nacional de Petróleo (ANP) nº 5, de 1999. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/wwwanp/notas-tecnicas>. Acesso em: 10 fev. 2017. 196

Proposta de Emenda Constitucional nº 227, de 2000 do Poder Executivo. Mensagem nº 1.093, de 2000. Diário da Câmara dos Deputados de 16 de agosto de 2000. Disponível em:




ção do mercado nacional de petróleo e seus derivados e de gás natural seria necessária a medida para garantir neutralidade tributária entre o produto interno e o importado.

Em relação ao art. 149 da CF houve a previsão da não incidência da Contribuição de Interven-ção no Domínio Econômico (CIDE) sobre as receitas decorrentes de exportação (inciso I do § 2º do art. 149 da CF).

Observe-se que a redação do inciso II do § 2º do art. 149 da CF original foi alterada pela Emen-da Constitucional 42, de 2003, atinente à obrigatoriedade da incidência da CIDE sobre importação de produtos estrangeiros ou serviços. Afastada foi a redação original de permissão de incidência da CIDE sobre a importação de bens ou serviços recebidos do exterior, inclusive energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis, ainda que o destinatário seja pessoa natural, que, no caso, pode, na forma da lei, ser equiparada a pessoa jurídica. Esse tópico específico será trata-do adiante na análise referente a modificação pela Emenda Constitucional nº 42, de 2001.

No que se refere ao art. 177 da CF foi previsto no texto primitivo que a lei que instituir a CIDE sobre importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deveria fazê-lo com indicação de alíquota que poderia ser diferenciada por produto ou pelo uso, bem como ser reduzida ou restabelecida pelo Poder Executivo sem observância da alínea b do inciso III do art. 150 da CF.

O Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e de Redação197 prolatado em congruência com o Relator, houve manifestação pela sua admissibilidade. O Voto em Separado vencido foi pela sua inadmissibilidade, já que houve violação a cláusula pétrea da anterioridade anual prevista na alínea b do inciso III do art. 150 da CF, nos termos propostos do art. 177 da CF.

Ainda no período de apresentação de emendas198 (Parecer da Comissão Especial) houve uma extensa discussão, e o Relator ressalta a inclusão de alterações referentes ao ICMS previsto no art. 155 da CF no sentido de que se deve revogar a imunidade interestadual do ICMS sobre operações com derivados de petróleo e inclui a sua incidência sobre a importação de bens ou mercadorias do exterior por pessoa que não seja contribuinte habitual. Atinente ao princípio da anterioridade do art. 177 da CF (CIDE Combustível) restou fundamentado o seu afastamento para que o Poder Executivo possa intervir imediatamente no mercado em caso de necessidade de regulação do mercado e minimização do im-pacto da flutuação do câmbio e da imprevisibilidade do preço internacional do petróleo.

Na redação da Comissão Especial e redação para o segundo turno de discussão199, fixou-se o texto final sobre as alterações no art. 149, art. 155 e art. 177 da CF. Ressalte-se que, enquanto não

<http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/pec/EmendasConstitucionais/EC33/Camara/EC033_cam_15082000_ini.pdf>. Acesso em: 20 fev.2017. 197

Proposta de Emenda Constitucional nº 227-A, de 2000 do Poder Executivo. Mensagem nº 1.093, de 2000. Diário da Câmara dos Deputados de 08 de novembro de 2000. Disponível em: < http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/pec/EmendasConstitucionais/EC33/Camara/EC033_cam_07112000_prcccjr_pec277a.pdf>. Acesso em: 20 fev.2017. 198

Proposta de Emenda Constitucional nº 227-B, de 2000. Diário da Câmara dos Deputados de 20 de setembro de 2001. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/pec/EmendasConstitucionais/EC33/Camara/EC033_cam_19092001_prccom_pec277b.pdf>. Acesso em: 20 fev.2017.

199 . Proposta de Emenda Constitucional nº 227-C, de 2000 que altera os arts. 149, 155 e 177 da Constituição

Federal. Diário da Câmara dos Deputados de 03 de outubro de 2001. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/pec/EmendasConstitucionais/EC33/Camara/EC033_cam_19092001_prccom_pec277b.pdf>. Acesso em: 20 fev.2017.




899

entrar em vigor a lei complementar definindo os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o ICMS incidirá uma única vez, os Estados e o Distrito Federal fixarão normas para regular provisoriamente a matéria.

Desse modo, não houve óbice quanto constitucionalidade formal sobre a legitimidade ativa para proposição, a inexistência de situações de excepcionalidade e prevalência das cláusulas pétreas (art. 60 da CF). Também, atinente à constitucionalidade material, não foram opostos quaisquer impe-dimentos, uma vez que a proposta tem por objetivo a harmonização do mercado interno com as flutu-ações do preço do petróleo no mercado externo.

5.3 Tramitação no Senado Federal

A Proposta inicial encaminhada pela Câmara dos Deputados200 foi lida estando sujeita as dispo-sições regimentais e foi despachada a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. No seu Parecer nº 1.350201 restou esclarecido estarem presentes os pressupostos formais e materiais. Houve expresso endosso das razões indicadas pelo Poder Executivo na exposição de motivos. Logo, conclui-se pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 42, de 2001, nos moldes enviados pela Câmara dos Deputados em relação às alterações no art. 149, art. 155 e art. 177 da CF.

A partir dessas alterações das normas supremas houve regulamentação legislativa das maté-rias, que inclusive foram interpretadas pelo STF.

5.4 Parecer do Professor Ives Gandra da Silva Martins

O Professor Ives Gandra da Silva Martins emitiu o Parecer intitulado "Emenda Constitucional nº 33/2001 – Inteligência das Disposições sobre a Cide e o ICMS nela Incluídos"202, de 11.03.2002 e inferiu que não houve desrespeito a cláusula pétrea e assim a norma não padece de inconstitucionali-dade.

Segundo o Código Tributário Nacional tem-se que:

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade admi-nistrativa plenamente vinculada.

Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:

I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;

II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.

Cabe tecer considerações gerais sobre as alterações legislativas que se encontram em vigor e a interpretação pertinentes a alguns aspectos enfrentadas pelo STF.

200

Proposta de Emenda Constitucional nº 42, de 2001 (Nº 277/2000 na Câmara dos Deputados) (De Iniciativa do Presidente da República). Diário do Senado Federal de 16 de outubro de 2001. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/pec/EmendasConstitucionais/EC33/Senado/EC033_sen_15102001_enc.pdf>. Acesso em: 20 fev.2017. 201

Parecer nº 1.350, de 2001. Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de 2001 (nº 277/2000, na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República que Altera os arts. 149, 155 e 177 da Constituição Federal. Diário do Senado Federal de 21 de novembro de 2001 202

Emenda Constitucional nº 33/2001 – Inteligência das Disposições sobre a Cide e o ICMS nela Incluídos - Pare-cer. Disponível em: <ttp://www.gandramartins.adv.br/project/ives-gandra/public/uploads/2014/10/28/89f26c2049702p.doc>. Acesso em: 22 ago. 2017.




5.5 Cide-Combustíveis203

Natureza jurídica: pela teoria pentapartida (PAULSEN, 2008, pp. 39 e 40), a contribuição de in-tervenção no domínio econômico (art. 149 da CF) é tributo de competência da União e caracteriza-se "por haver uma ingerência da União sobre a atividade privada, na sua condição de produtora de rique-za" (Paulo Ayres Barreto. 2006, p. 114). Assim tem função regulatória de mercado com atuação do Estado na ordem econômica (art. 173 da CF) para correção de distorções na política de comércio exte-rior e cambial.

Fundamentação legal: Lei nº prevista na Lei nº 10.336, de 2001 e art. 22, art. 23, art. 87, art. 88 e art. 94 da Lei nº 10.833, de 2006, Decreto nº 4.940, de 2003, Decreto nº 5.060, de 2004, Decreto nº 5.987, de 2006, Instrução Normativa SRF nº 422, de 2004, Parecer Normativo Cosit nº 1, de 2005, Ato Declaratório Interpretativo da SRF nº 6, de 2003 e Ato Declaratório Interpretativo da SRF nº 34, de 2004.

Fato Gerador: a obrigação tributária nasce com as operações de importação e comercialização no mercado interno de gasolina, diesel, querosene, óleos combustíveis, gás liquefeito e álcool combus-tível e se esgota na própria operação.

Contribuinte: pessoa física ou jurídica produtora, importadora e formuladora.

Base Cálculo: valor traduzido em quantidade dos produtos, importados ou comercializados no mercado interno, expressa nas unidades de medida (metro cúbito, ou "kg líquido"). Nesse caso de comercialização de produto no mercado interno pode ser deduzida a Cide pago na importação ou inci-dente na aquisição dos produtos no mercado interno, considerando-se o conjunto de produtos impor-tados e comercializados, sendo desnecessária a segregação por espécie de produto.

Alíquotas: verifica-se que atualmente estão minoradas com base no art. 9º da Lei nº 10.336, de 2001, uma vez que podem ser reduzidas e restabelecidas por ato do Poder Executivo, não se lhe apli-cando o princípio da anterioridade (art. 150, III, b da CF):

a) gasolina e suas correntes, R$ 100,00 por m³;

b) diesel e suas correntes, R$ 50,00 por m³;

c) querosene de aviação, zero;

d) outros querosenes, zero;

e) óleos combustíveis com alto teor de enxofre, zero;

f) óleos combustíveis com baixo teor de enxofre, zero;

g) gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e da nafta, zero;

h) álcool etílico combustível, zero.

Não Incidência: receita decorrente de exportação para o exterior.

Atualmente a Cide-Combustíveis não pode ser utilizada para reduzir o valor a pagar de Pis e de Cofins, já que os limites previstos no art. 8º da Lei nº 10.336, de 2001, estão reduzidos a zero, confor-me art. 2º do Decreto nº 5.060, 2004.

203

Secretaria da Receita Federal do Brasil. Perguntas e Respostas Pessoa Jurídica 2016. Disponível em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-fiscal/perguntas-e-respostas-pessoa-juridica-2016>. Acesso em: 22 fev.2017.




901

Ainda, a tributação monofásica é a técnica de arrecadação que atribui a um determinado con-tribuinte a responsabilidade pelo tributo devido em toda cadeia dos produtos, sem possibilidade de reparação futura e não se trata de violação de cláusula pétrea.

5.5.1 Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal204

O STF fixou o entendimento no sentido da dispensabilidade de lei complementar para a cria-ção das contribuições de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissio-nais. [AI 739.715 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 26-5-2009, 2ª T, DJE de 19-6-2009.]

Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade.

O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado aos ne-gócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de moedas.

O legislador constituinte – ao contemplar na redação do art. 149, § 2º, I, da Lei Maior as "recei-tas decorrentes de exportação" – conferiu maior amplitude à desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional.

A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onera-riam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto.

Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição ao PIS e da Cofins.

Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da inconstitucionalidade da in-cidência da contribuição ao PIS e da Cofins sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos. [RE 627.815, rel. min. Rosa Weber, j. 23-5-2013, P, DJE de 1º-10-2013, com repercussão geral].

A imunidade prevista no inciso I do § 2º do art. 149 da Carta Federal não alcança o lucro das empresas exportadoras. [RE 564.413, rel. min. Marco Aurélio, j. 12-8-2010, P, DJE de 6-12-2010, com repercussão geral].

5.6 ICMS-Combustíveis 205206

Natureza jurídica: pela teoria pentapartida (PAULSEN, 2008, pp. 39 e 40), o imposto sobre ope-rações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadu-al e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (inciso II do art. 155 da CF) é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal "cuja obrigação

204

STF. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp>. Acesso em: 22 fev. 2017. 205

Constituição Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em> 22 fev. 2017. 206

Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 e alterações. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp87.htm>. Acesso em> 22 fev.2016.




tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte" (art. 16 do Código Tributário Nacional).

Fundamentação legal: Lei Complementar nº 87, de 1996 (Lei Kandir) com alterações.

Fato Gerador: a obrigação tributária nasce com a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elé-trica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações inte-restaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente, independe da natureza jurídica da operação. Nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o im-posto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo. Nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao Estado de origem.

Contribuinte: adquirente de lubrificantes no Estado de consumo, podendo "a legislação do Es-tado destinatário determinar a substituição tributária a fim de que o remetente de lubrificantes de outro Estado fique com a obrigação de reter o imposto na condição de substituto repassando-o inte-gralmente ao Estado destinatário" (Kiyochi Harada).

Base Cálculo: valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência incluindo o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle.

Alíquotas: serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal (Confaz) e serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto e ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem, podendo ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes apli-cando o princípio da anterioridade (art. 150, III, b da CF).

Não Incidência: nas operações de saída de lubrificantes para outro Estado.

Obs. o regime de substituição tributária nas operações interestaduais depende de acordo en-tre os Estados e Distrito Federal com "incidências cumulativas, com postergação ou antecipação dos fatos geradores para um determinado momento, e possibilidade de devolução futura, se, nas anteci-pações, o fato gerador presumido [...] não ocorrer nas operações seguintes ou ocorrer em menor ex-tensão" (Ives Gandra da Silva Martins).

5.7 ICMS sobre Mercadoria ou Bem Importado do Exterior207208

Natureza jurídica: pela teoria pentapartida (PAULSEN, 2008, pp. 39 e 40), o imposto sobre ope-rações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadu-al e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (inciso II do art. 155 da CF) é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal "cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte" (art. 16 do Código Tributário Nacional).

Fundamentação legal: Lei Complementar nº 87, de 1996 (Lei Kandir) com redação dada pela Lei Complementar nº 114, de 2002.

207

Constituição Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em> 22 fev. 2017. 208

Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 e alterações. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp87.htm>. Acesso em> 22 fev.2016.




903

Fato Gerador: a obrigação tributária nasce a entrada de bem ou mercadoria importados do ex-terior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço, independe da natureza jurídica da operação.

Contribuinte: a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial que importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade.

Base Cálculo: valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação incluindo o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de con-trole.

Alíquotas: serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal.

5.7.1 Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal209

É inconstitucional a parte do art. 7º, I, da Lei 10.865/2004 que acresce à base de cálculo da de-nominada PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições [Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 559.937 com trânsito em Julgado em 24.10.2014].

Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão nesta 15.03.2017, decidiu que o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra a base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Ao finalizar o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 574.706, com repercussão geral reconhecida, os ministros entenderam que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da seguridade social.

Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro (Súmula Vinculante nº 48, de 27.05.2015). Não incide ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto (Súmula nº 660, de 24.09.2003).

O ICMS tem fundamento no artigo 155, II, da CF/88, e incide sobre operações relativas à circu-lação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. A alínea a do inciso IX do § 2º do art. 155 da CF, na redação da EC 33, de 2001, faz incidir o ICMS na entrada de bem ou merca-doria importados do exterior, somente se de fato houver circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio (compra e venda). Precedente: RE 461968, rel. min. Eros Grau, Tribunal Ple-no, julgado em 30/05/2007, Dje 23/08/2007, onde restou assentado que o imposto não é sobre a en-trada de bem ou mercadoria importada, senão sobre essas entradas desde que elas sejam atinentes a operações relativas à circulação desses mesmos bens ou mercadorias. Deveras, não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem. Consectariamente, se não houver aquisição de mercadoria, mas mera posse decorrente do arrendamento, não se pode cogitar de circu-lação econômica. [RE 540.829, rel. p/ o ac. min. Luiz Fux, j. 11-9-2014, P, DJE de 18-11-2014, com re-percussão geral].

209

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp>. Acesso em: 22 fev. 2017.




Divergência entre as expressões "bem" e "mercadoria" (arts. 155, II, e 155, § 2, IX, a, da Consti-tuição). É constitucional a tributação das operações de circulação jurídica de bens amparadas pela importação. A operação de importação não descaracteriza, tão somente por si, a classificação do bem importado como mercadoria. Em sentido semelhante, a circunstância de o destinatário do bem não ser contribuinte habitual do tributo também não afeta a caracterização da operação de circulação de mer-cadoria. Ademais, a exoneração das operações de importação pode desequilibrar as relações pertinen-tes às operações internas com o mesmo tipo de bem, de modo a afetar os princípios da isonomia e da livre concorrência. [RE 474.267 e RE 439.796, rel. min. Luiz Fux, j. 6-11-2013, P, DJE de 20-3-2014].

No esteio da pacífica jurisprudência da Corte, diante da atual Carta Política e dos termos pre-vistos pela LC 87/1996, infere-se que o aspecto temporal da incidência do ICMS importação é o despa-cho aduaneiro. É nesse momento que se deve recolher o tributo. Após a homologação do procedimen-to de importação pela autoridade fiscal alfandegária, o tributo está lançado e a obrigação não compor-ta nenhuma alteração, senão pelos procedimentos revisionais ordinários, os quais não admitem a revi-são dos critérios da incidência por força de circunstâncias supervenientes. O recolhimento feito após o desembaraço aduaneiro deve dar ensejo à cobrança de juros de mora, baseados na impontualidade injustificada, mas não deve jamais permitir a mudança de critérios da incidência já aperfeiçoados pelo ato de lançamento. [RE 503.031 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 10-9-2013, 1ª T, DJE de 5-11-2013.] Vide RE 224.277, rel. min. Néri da Silveira, j. 25-5-1998, 2ª T, DJ de 26-6-1998].

O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento consolidado no sentido de que não incide ICMS sobre importações realizadas por bens destinados ao consumo e ao ativo fixo, realizadas por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte habitual do referido imposto, antes da promulgação da EC 33/2001. Incidência da Súmula STF 660. [AI 674.396 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 29-3-2011, 2ª T, DJE de 27-4-2011.] = RE 331.444 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 7-2-2012, 1ª T, DJE de 15-3-2012].

De acordo com a Constituição de 1988, incide ICMS sobre a entrada de mercadoria importada do exterior. Desnecessária, portanto, a verificação da natureza jurídica do negócio internacional do qual decorre a importação, o qual não se encontra ao alcance do Fisco nacional. O disposto no art. 3º, VIII, da LC 87/1996 aplica-se exclusivamente às operações internas de leasing. [RE 206.069, rel. min. Ellen Gracie, j. 1º-9-2005, P, DJ de 1º-9-2006].

O ICMS cabe ao Estado em que localizado o porto de desembarque e o destinatário da merca-doria, não prevalecendo a forma sobre o conteúdo, no que procedida a importação por terceiro con-signatário situado em outro Estado e beneficiário de sistema tributário mais favorável. [RE 268.586, rel. min. Marco Aurélio, j. 24-5-2005, 1ª T, DJ de 18-11-2005.] = AI 816.070 AgR, rel. min. Ricardo Le-wandowski, j. 2-12-2010, 1ª T, DJE de 1º-2-2011].

O sujeito ativo da relação jurídico-tributária do ICMS é o Estado onde estiver situado o domicí-lio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria (alínea a do inciso IX do § 2º do art. 155 da Carta de Outubro); pouco importando se o desembaraço aduaneiro ocorreu por meio de ente federativo diverso. [RE 299.079, rel. min. Ayres Britto, j. 30-6-2004, 1ª T, DJ de 16-6-2006.] = RE 405.457, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 4-12-2009, 2ª T, DJE de 5-2-2010 Vide RE 224.277, rel. min. Néri da Silveira, j. 25-5-1998, 2ª T, DJ de 26-6-1998].

ICMS incidente sobre mercadoria importada. Momento da ocorrência do fato gerador. CF, art. 155, § 2°, IX, letra a. O Plenário do STF, no julgamento do RE 193.817-RJ, em 23-10-1996, por maioria de votos, firmou orientação segundo a qual, em se cuidando de mercadoria importada, o fato gerador do ICMS não ocorre com a entrada no estabelecimento do importador, mas, sim, quando do recebi-mento da mercadoria, ao ensejo do respectivo desembaraço aduaneiro. [RE 224.277, rel. min. Néri da




905

Silveira, j. 25-5-1998, 2ª T, DJ de 26-6-1998 - Vide RE 299.079, rel. min. Ayres Britto, j. 30-6-2004, 1ª T, DJ de 16-6-2006].

A base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2º, I, e 8º, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS inci-dente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação. A EC 33, de 2001, inseriu a alínea i no inciso XII do § 2º do art. 155 da CF, para fazer constar que cabe à lei complementar "fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço". Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa for-ma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a lei complementar ficou autori-zada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou presta-ções internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado "por dentro" em ambos os casos. [RE 582.461, rel. min. Gilmar Mendes, j. 18-5-2011, P, DJE de 18-8-2011, com reper-cussão geral].

Sensível ao comportamento do mercado internacional do setor petrolífero de desregulamen-tar a matéria, afastar a intervenção direta do Estado e incentivar a abertura ao capital privado, o Poder Executivo apresentou a PEC 227. A Emenda Constitucional nº 33, de 2001, daí originária, foi editada com o escopo de assegurar a neutralidade tributária sobre o produto interno e o importado, em espe-cial ao petróleo e seus derivados dada a ameaça de se concretizar a liberalização do mercado nacional.

Analisando o contexto da alteração no texto constitucional, verifica-se que a medida propiciou a elevação da carga tributária e em consequência os custos dos bens produzidos no Brasil em prejuízo da competitividade de produtos nacionais no cenário do comércio globalizado.

A União instituiu a Cide-Combustível, de forma monofásica, sobre operações de importação e comercialização no mercado interno de gasolina, diesel, querosene, óleos combustíveis, gás liquefeito e álcool combustível e se esgota na própria operação com alíquotas que podem ser reduzidas ou res-tabelecidas sem que seja observado o princípio da anterioridade.

Por seu turno, os Estados e Distrito Federal acresceram novas hipóteses de incidência ao ICMS, seja sobre a entrada no território de combustíveis, seja sobre entrada de bem ou mercadoria importa-dos do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade.

O STF foi instado a se pronunciar sobre a Cide-Combustíveis e ainda a respeito do ICMS sobre Mercadoria ou Bem Importado do Exterior. Em relação a este importa tem relevância ressaltar que o fato gerador é a circulação de mercadoria evidenciada pela transferência de titularidade, de modo que o arrendamento mercantil (leasing) não se encontra entre as hipóteses de incidência.

Embora estejam previstas a não incidência da Cide-Combustíveis sobre a receita decorrente de exportação para o exterior e do ICMS-Combustíveis nas operações de saída de lubrificantes para outro Estado, essas alterações na ordem suprema não neutralizaram aumento do quantitativo fiscal então implementado, ao contrário, pouco contribuíram para a solução positiva da mercancia internacional de bens e serviços brasileiros.

A circularidade das fontes pode ser identificada com clareza a partir do enunciado da Súmula STF nº 660 que foi afastado a partir da alteração da norma constitucional. A pacificação do entendi-mento de que não incidiria ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não fosse contribuinte do imposto, foi expressamente revogada pela redação atual do inciso I do § 1º do art. 2º




da Lei Complementar nº 87, de 1996. Esse dispositivo tem fundamento de validade na alínea a do inci-so IX do § 2º do art. 155 da CF que prevê a incidência do ICMS "sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do im-posto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercado-ria, bem ou serviço". O Brasil, comparativamente a países desenvolvidos, ostenta uma carga tributária muito elevada e pela série histórica analisada não se projeta perspectiva de alteração desse quadro.

6. A Emenda Constitucional nº 42, de 19 de Dezembro de 2003

Após o trâmite pelas casas legislativas, em 19 de dezembro de 2003, foi promulgada a Emenda Constitucional de n° 42, que promoveu uma reforma em dispositivos de natureza essencialmente tri-butária.

Em resumo, a Emenda Constitucional n. 42, de 19 de dezembro de 2003, publicada no DOU do dia 31 do mesmo mês, traz as seguintes alterações:

a) permite que as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios atuem de forma integrada (inciso XXII, art. 37);

b) atribui ao Senado a avaliação periódica da funcionalidade do Sistema Tributário Nacional (inciso XV, art. 52);

c) estabelece que o tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para em-presas de pequeno porte deve ser definido por lei complementar (alínea "d", inciso III, do art. 146);

d) autoriza a criação de regime único de arrecadação de impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para as microempresas e empresas de pequeno por-te, denominado Super SIMPLES (parágrafo único do art. 146);

e) autoriza a criação de critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilí-brios da concorrência (art. 146-A);

f) autoriza a incidência das contribuições sociais sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços (inciso II, § 2º do art. 149);

g) veda a cobrança de tributos antes de decorridos 90 dias da data de sua instituição ou majo-ração, observando-se, ainda, o princípio da anterioridade, ou seja, que proíbe a sua cobrança no mes-mo ano que for instituído ou majorado (alínea "c", inciso III do art. 150);

h) todavia, a vedação referida no item anterior, não se aplica a alguns tributos, como Imposto de Exportação, Imposto de Importação, Imposto de Renda, IOF e empréstimos compulsórios.

Dentre todas estas reformas da EC 42/03, a adição da alínea “c” é uma das que mais interes-sam à presente redação: foi ela quem incluiu um plus ao princípio da anterioridade tributária antes vigente.

Por meio desta alínea importante modificação foi realizada em nosso sistema constitucional tributário, de modo que, atualmente, não basta o respeito à anterioridade do exercício financeiro, mas também, que se aguarde, cumulativamente, o acréscimo de noventa dias. Portanto, para que a exação seja eficaz no primeiro dia do exercício subsequente ao que a instituiu ou majorou a lei que assim pro-ceder deve ser publicada no dia primeiro de outubro. Ou, por exemplo, lei que crie tributo em julho de dado exercício, somente será exigido em primeiro de janeiro do exercício subsequente.




907

Além desta alteração, útil também a demonstração da importância conferida à extrafiscalidade de tributos, comprovada pelas exceções permitidas ao princípio da anterioridade, notadamente no art. 150 e em seu § 1º.

A Emenda Constitucional 42 de dezembro de 2003 trouxe uma segunda parte ao aludido pará-grafo mencionando novas exceções, agora à anterioridade qualificada e não à do exercício financeiro.

São essas exceções: imposto de importação (II) e exportação (IE), imposto sobre operações fi-nanceiras (IOF), imposto extraordinário de guerra, o empréstimo compulsório e, por fim, proposital-mente, o imposto sobre renda e proveitos de qualquer natureza (IR), com permissivo constitucional de exercício de competência para instituição previsto no art. 153, inciso III.

Esses tributos não se sujeitam ao princípio da anterioridade previsto pela alínea c, muito em-bora devam obediência ao previsto na aliena b do inciso III, do art. 150, da Carta Suprema. Com essa nova visão restou configurado em nosso sistema constitucional tributário brasileiro algumas importan-tes considerações. A primeira delas é que somente o II, o IE, o IOF e o imposto extraordinário de guer-ra constituem tributos que verdadeiramente não estão abrangidos pelo princípio da anterioridade, sendo exceção total a essa regra, tanto à anterioridade do exercício financeiro quanto da anteriorida-de qualificada, logo, passando a ser exigido desde o momento da publicação da lei, salvo disposição em contrário desta.

Noutra seara, o IPI e não deve observância ao princípio da anterioridade tributária do exercício (art. 150, §1º, primeira parte, CF), todavia, merece cumprir o preceito da anterioridade qualificada (art. 150, §1º, in fine, CF). Assim agindo, atualmente, para se exigir ou majorar o IPI, basta a estrita obediência aos noventa dias de anterioridade, contados da data de publicação da lei que desse modo proceder, v.g., caso lei majore o IPI em 1º de abril de certo exercício, o tributo majorado será exigido a contar de 30 de junho do mesmo exercício, não devendo observância à anterioridade do exercício.

Em sentido antagônico, encontra-se a exceção à regra estendida ao Imposto sobre a Renda (IR), posto que após a reforma introduzida pela EC 42/03, esse imposto fora retirado da necessidade de observância ao princípio da anterioridade tributária qualificada, o que é repugnante socialmente e inconstitucional, em seu aspecto jurídico.

Sabemos que os demais tributos excepcionados à regra da anterioridade qualificada são de al-to conteúdo extrafiscal, o que não se pode mencionar no caso do IR.

Aliás, noção de extrafiscalidade é bem elucidativa nos dizeres de Eduardo Marcial Ferreira Jar-dim: “[...], a extrafiscalidade é o emprego do arsenal tributário sem finalidades arrecadatórias, mas como instrumento de ação política. [...] Como se pode notar, nesses casos o governo deixa de arreca-dar, mas utiliza os tributos com o fito de perseguir o desenvolvimento de uma região ou indústria na-cional, o que configura, a bem de ver, o instituto examinado.”

Em obra clássica o ilustre Prof. Ruy Barbosa Nogueira já vislumbrava o conceito preciso de ex-trafiscalidade, assim nos dirigindo: “esta intervenção, no controle da economia, é realizada pelo Esta-do sobretudo por meio de seu poder impositivo. É, pois, no campo da Receita, que o Estado transfor-ma e moderniza seus métodos de ingerência. O imposto deixa de ser conceituado como exclusivamen-te destinado a cobrir as necessidades financeiras do Estado. É também, conforme o caso e o poder tributante, utilizado como instrumento de intervenção e regulamentação de atividades. É o fenômeno que hoje se agiganta com a natureza extrafiscal do imposto.”

Resta indubitável que a extrafiscalidade não pode ser estendida ao Imposto sobre a Renda do modo que o fora no bojo da EC 42/03, como forma de justificativa para excepcionar esse imposto da regra da anterioridade qualificada. Essa atitude do constituinte derivado gritantemente afronta ao




princípio da segurança jurídica, de modo que a EC 42/03, nesse ponto, encontra-se maculada pelo vício de inconstitucionalidade, nascendo em confronto com o princípio constitucional basilar da segu-rança jurídica.

Portanto, a Emenda Constitucional, que veio para evitar surpresas aos contribuintes, é que surpreendeu. O imposto sobre a renda, que costuma ter alterações anuais sobre sua sistemática, não se sujeitará ao princípio da anterioridade nonagesimal, e o Imposto sobre Produtos Industrializados, que sempre andou juntamente com os impostos sobre importação e exportação, tem, agora, normas diferenciadas. Parece que esta Emenda Constitucional não defende tanto o princípio da segurança jurídica como se esperava e a circularidade das fontes não se aplica claramente, já que a referida alte-ração está em congruência com o julgado do STF.

As decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, seja em ADI, ADC ou ADPF possuem eficácia contra todos (erga omnes) e efeito vinculante, consoante se extrai do artigo 102, §2º da Constituição Federal e artigo 10, §3º da Lei n.º 9.882/99.

Interpretando o mencionado dispositivo constitucional, o STF entende que as referidas deci-sões somente não vinculam o plenário do próprio STF (Rcl 4374/PE), e o Poder Legislativo (Rcl 13019 AgR).

A mencionada possibilidade de o Poder Legislativo editar nova lei sobre a mesma temática de-cidida inconstitucional pela Corte Suprema se dá o nome de reversão jurisprudencial, reação legislativa ou ativismo congressual.

Isso ocorre porque o Poder Legislativo também é considerado intérprete da Constituição (in-terpretação autêntica), podendo superar o entendimento jurisprudencial por meio de Emenda Consti-tucional ou provocar uma nova manifestação do STF com a edição de nova Lei Ordinária.

Afinal, quem é o último (ou primeiro) interprete da Constituição, o judiciário, o legislativo ou o povo? Delinear os principais aspectos da nova teoria da interpretação constitucional de maneira obje-tiva é o desafio do futuro da interpretação constitucional.

Vale a lembrança da tese defendida por Peter Häberle em sua obra "Hermenêutica Constituci-onal – a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: Constituição para e Procedimental da Cons-tituição" no tocante à realização de um método de interpretação constitucional que preveja a com-preensão de todas as potências públicas, grupos sociais e cidadãos envolvidos ou que, de forma direta ou indireta, influenciem, no labor interpretativo dos agentes formalmente legitimados para produzir a norma em abstrato e em concreto. A tensão existente entre a realidade constitucional e a própria Constituição é base da teoria de Peter Häberle. Impõe-se indagar: cuida-se de reação legislativa ou superação constitucional?

7. A Carga Tributária no Brasil210

Em conformidade com a Secretaria da Receita Federal com base nos dados fornecidos pela Se-cretaria do Tesouro Nacional (STN) a evolução da carga tributária no Brasil pode ser avaliada sob vários paradigmas tais como, Produto Interno Bruto (PIB), ente federativo, bases de incidência e comparação internacional. Cabe ressaltar que esses demonstrativos têm a finalidade de cotejar os recursos finan-ceiros fiscais provenientes da sociedade e direcionados ao Estado.

210

Secretaria da Receita Federal do Brasil. Carga Tributária no Brasil 2015. Disponível em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-no-brasil-capa>. Acesso em: 23 fev. 2017




909

Tabela 1 - Evolução da Carga Tributária no Brasil em Relação ao PIB - 2006-2015

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Relação entre PIB e Carga Tributária

33,3% 33,7% 33,5% 32,3% 32,4% 33,4% 32,7% 32,7% 32,4% 32,7%

Fonte: RFB. Carga Tributária no Brasil. 2015

Tabela 2 - Carga Tributária por Ente Federativo em Relação ao PIB - 2006-2015

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

União 23,1% 23,6% 23,3% 22,2% 22,4% 23,4% 22,6% 22,6% 22,2% 22,3%

Estados 8,6% 8,4% 8,5% 8,3% 8,3% 8,2% 8,2% 8,3% 8,2% 8,3%

Municípios 1,7% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 2,1%

Total 33,3% 33,7% 33,5% 32,3% 32,4% 33,4% 32,7% 32,7% 32,4% 32,7%


Tabela 3 - Participação dos Entes Federativos na Arrecadação - 2006-2015

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

União 69,21% 70,00% 69,38% 68,81% 68,94% 69,99% 69,06% 68,92% 68,39% 68,26%

Estados 25,68% 24,85% 25,46% 25,71% 25,53% 24,47% 25,15% 25,27% 25,40% 25,37%

Municípios 5,11% 5,16% 5,16% 5,48% 5,53% 5,54% 5,79% 5,81% 6,21% 6,37%

Receita Total

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Tabela 4 - Participação nas Bases de Incidência na Arrecadação Total - 2006-2015

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Renda 18,47% 19,30% 20,45% 19,63% 18,26% 19,08% 17,92% 18,15% 18,05% 18,27%

Folha Salários 24,46% 24,25% 24,23% 26,28% 26,01% 25,61% 26,43% 25,79% 25,95% 25,83%

Propriedade 3,47% 3,52% 3,56% 3,91% 3,79% 3,74% 3,89% 3,94% 4,17% 4,44%

Bens e Serviços 48,65% 47,85% 49,77% 48,45% 49,71% 49,32% 49,81% 50,41% 50,20% 49,68%

Transferências Financeiras

4,82% 4,82% 2,03% 1,79% 2,11% 2,20% 1,96% 1,68% 1,62% 1,80%

Outros Tribu-tos

0,13% 0,25% -0,03% -0,05% 0,12% 0,05% -0,01% -0,01% 0,01% 0,01%

Receita Tribu-tada Total

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


A União foi responsável pela maior parcela do quantitativo fiscal, porém ao longo da série his-tórica vem decrescendo, em contrapartida aos Municípios que vêm incrementado sua participação da arrecadação brasileira.

Os tributos federais que mais contribuíram para o aumento da carga tributária de 0,24% foram o Imposto de Renda Retido na Fonte, o FGTS, o IOF e a CIDE-Combustíveis e os que provocaram as maiores reduções de 0,5% foram IPI, PIS/PASEP e Cofins, Contribuição para a Previdência Social, IRPJ e CSLL.




No quesito base de incidência, bens e serviços, folha de salários e renda foram os que mais contribuem com a carga tributária brasileira.

Vale finalmente comparar a carga tributária do Brasil com alguns países, ressalvadas as dife-renças metodológicas peculiares a cada um deles e o estágio de desenvolvimento econômico.

Tabela 5 - Carga Tributária Países da OCDE em Relação ao PIB - 2014

Países Relação entre PIB e Carga Tributária

Dinamarca 50,9%

França 45,2%

Bélgica 44,7%

Finlândia 43,9%

Itália 43,6%

Áustria 43,0%

Suécia 42,7%

Noruega 39,1%

Islândia 38,7%

Hungria 38,5%

Luxemburgo 37,8%

Eslovênia 36,6%

Alemanha 36,1%

Grécia 35,9%

Portugal 34,4%

República Checa 33,5%

Espanha 33,2%

Estônia 32,9%

Reino Unido 32,6%

Brasil 32,4%

Nova Zelândia 32,4%

Israel 31,1%

Eslováquia 31,0%

Canadá 30,8%

Ireland 29,9%

Turquia 28,7%

Suíça 26,6%

Estados Unidos 26,0%

Coréia 24,6%

Chile 19,8%

Nesse sentido, verifica-se que o Brasil tem uma carga tributária muito elevada comparativa-mente a países desenvolvidos como Estados Unidos, Suíça e Canadá, dada a efetividade da prestação de serviços públicos pela aplicação dos recursos revertidos em benefício da sociedade.

8.Considerações Finais

As instituições e modificações de diversos aspectos das hipóteses de incidência tributária e os obstáculos ao desenvolvimento do Brasil são ora analisados sob o prisma da legislação de regência e dos julgados do Supremo Tribunal Federal (STF), com a finalidade de contribuir para disseminar conhe-cimentos jurídicos a respeito de questões específicas que podem ser utilizadas como paradigmas para direcionar as condutas jurídico-profissionais. Deve-se ter em conta que enquanto o tributo visa suprir os cofres públicos de recursos bastantes ao custeio das atividades estatais, no plano da arrecadação, o




911

Direito Tributário almeja efetivar o controle do poder de tributar, perpetrado pelo Estado como ente tributante. Busca-se um alinhamento de condutas normativas como forma de solucionar situações paradoxais e de esforço para alcançar a almejada adequação do ciclo sistêmico pela circularidade das fontes.

A Emenda Constitucional nº 29, 2000, baliza o estímulo a ocupação de área urbana a partir do IPTU progressivo em razão da localização, do valor e do uso do imóvel (aspecto extrafiscal) vindo a trazer a baila a discussão sobre a capacidade contributiva e a isonomia (aspecto fiscal) em contraparti-da a política pública urbana.

A Emenda Constitucional nº 32, 2001, vem propiciar um avanço e uma maior segurança nor-mativa dada as restrições impostas à utilização de medidas provisórias em matéria tributária, o que impõe um processo legislativo mais rigoroso e adequado aos princípios constitucionais. O ato político e excepcional de relevância e urgência fica de alguma forma delineado, já que não é o instrumento mais adequado com a instituição e majoração de tributos, mesmo porque incompatível com a anterioridade em sentido amplo.

A Emenda Constitucional nº 33, 2001, instituiu a contribuição de intervenção no domínio eco-nômico referente às operações de importação e comercialização no mercado interno de gasolina, die-sel, querosene, óleos combustíveis, gás liquefeito e álcool combustível e se esgota na própria operação - Cide-Combustíveis (art. 149 e art. 177 da Constituição Federal) e o ICMS-Combustíveis (art. 155 da Constituição Federal) devido a necessidade de regulação do mercado e minimização do impacto da flutuação do câmbio e da imprevisibilidade do preço internacional do petróleo. Ainda o ICMS incide sobre mercadoria ou bem importado do exterior (art. 155 da Constituição Federal) por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto. Desde logo não mais se aplica o enunciado da Súmula STF nº 660 que expressava literalmente que "não incide ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto."

A Emenda Constitucional nº 42, 2003, (a) permite que as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios atuem de forma integrada (art. 37 da Constituição Federal, (b) atribui ao Senado a avaliação periódica da funcionalidade do Sistema Tributário Nacional (art. 52 da Constituição Federal), (c) estabelece que o tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para empresas de pequeno porte deve ser definido por lei complementar (art. 146 da Constituição Federal), (d) autoriza a criação de regime único de arrecadação de impostos e contri-buições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para as microempresas e empre-sas de pequeno porte, denominado Super SIMPLES (art. 146 da Constituição Federal), (e) autoriza a criação de critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência (art. 146-A da Constituição Federal), (f) autoriza a incidência das contribuições sociais sobre a importa-ção de produtos estrangeiros ou serviços (art. 149 da Constituição Federal) e (g) veda a cobrança de tributos antes de decorridos 90 dias da data de sua instituição ou majoração, observando-se, ainda, o princípio da anterioridade, ou seja, que proíbe a sua cobrança no mesmo ano que for instituído ou majorado (art. 150 da Constituição Federal). com algumas exceções. A situção atípica que vale desta-car concerne ao IR, que por teoria tem como gerador complexivo, não fica sujeito ao princípio da ante-rioridade nonagesimal, e o IPI, que se alinhava ao II e ao IE, tem, agora, normas diferenciadas.

Em relação à carga tributária do Brasil, ressalvadas as diferenças metodológicas peculiares a cada um deles e o estágio de desenvolvimento econômico, verifica-se que é muito elevada comparati-vamente a países desenvolvidos como Estados Unidos, Suíça e Canadá, dada a efetividade da presta-ção de serviços públicos pela aplicação dos recursos revertidos em benefício da sociedade.

REFERÊNCIAS




AMARAL, Paulo Adyr Dias do e BISPO, Leonel Martins. Imposto sobre a renda: fundamentos e contra-dições. Belo Horizonte: Del Rey, 2012.

AMARAL, Paulo Adyr Dias do. Aulas de Direito Tributário Limites ao Poder do Estado. 2. ed. Belo Hori-zonte: Editora D`Plácido, 2015.

AMARAL, Paulo Adyr Dias do. A motivação do lançamento tributário. 2. ed. São Paulo, 2010. AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política comu-

nitária do ambiente. Coleção Stvdia Ivridica. Coimbra: Coimbra, 1997. ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário: de acordo com a Emenda Constitucional no 51, de

14/02/2006. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. v. I. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1955. BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições. São Paulo: Editora Noeses, 2006. BENJAMIN, Antonio Herman V. O princípio do poluidor-pagador e a reparação do dano ambiental. In:

BENJAMIN, Antonio Herman V (coordenador). Dano ambiental. Prevenção, reparação e re-pressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. BRASIL. Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Nota Técnica da Agência

Nacional de Petróleo (ANP) nº 5, de 1999. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/wwwanp/notas-tecnicas>. Acesso em: 10 fev. 2017.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda Constitucional nº 227, de 2000 do Poder Executi-vo. Mensagem nº 1.093, de 2000. Diário da Câmara dos Deputados de 16 de agosto de 2000. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/pec/EmendasConstitucionais/EC33/Camara/EC033_cam_15082000_ini.pdf>. Acesso em: 20 fev.2017.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda Constitucional nº 227-A, de 2000 do Poder Execu-tivo. Mensagem nº 1.093, de 2000. Diário da Câmara dos Deputados de 08 de novembro de 2000. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/pec/EmendasConstitucionais/EC33/Camara/EC033_cam_07112000_prcccjr_pec277a.pdf>. Acesso em: 20 fev.2017.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda Constitucional nº 227-B, de 2000. Diário da Câ-mara dos Deputados de 20 de setembro de 2001. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/pec/EmendasConstitucionais/EC33/Camara/EC033_cam_19092001_prccom_pec277b.pdf>. Acesso em: 20 fev.2017.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda Constitucional nº 227-C, de 2000 que Altera os arts. 149, 155 e 177 da Constituição Federal. Diário da Câmara dos Deputados de 03 de outu-bro de 2001. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/pec/EmendasConstitucionais/EC33/Camara/EC033_cam_19092001_prccom_pec277b.pdf>. Acesso em: 20 fev.2017.

BRASIL. Planalto. Código Tributário Nacional. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172Compilado.htm>. Acesso em: 22 fev.2017.

BRASIL. Planalto. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 22 fev.2017.

BRASIL. Planalto. Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996. Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá ou-




913

tras providências. (LEI KANDIR). Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp87.htm>. Acesso em: 22 fev. 2017..

BRASIL. Planalto. Ministério da Fazenda. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdãos CARF. Disponível em:<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf>. Acesso em: 22 fev. 2017.

BRASIL. Planalto. Ministério da Fazenda. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Súmulas CARF. Disponível em:< http://idg.carf.fazenda.gov.br/jurisprudencia/sumulas-carf/sumulas-consolidadas>. Acesso em: 22 fev. 2017.

BRASIL. Planalto. Ministério da Fazenda. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Perguntas e Respostas Pessoa Jurídica 2016. Disponível em:<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-fiscal/perguntas-e-respostas-pessoa-juridica-2016>. Acesso em: 22 fev.2017.

BRASIL. Planalto. Ministério da Fazenda. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Legislação. Disponível em:<https://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao>. Acesso em: 22 fev.2017.

BRASIL. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Carga Tributária no Brasil 2015. Disponível em: < http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-no-brasil-capa>. Acesso em: 23 fev. 2017

BRASIL. Senado Federal. Parecer nº 1.350, de 2001. Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de 2001 (nº 277/2000, na Câmara dos Depu-tados), de iniciativa do Presidente da República que Altera os arts. 149, 155 e 177 da Constitui-ção Federal. Diário do Senado Federal de 21 de novembro de 2001. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/pec/EmendasConstitucionais/EC33/Senado/EC033_sen_20112001_prc1350.pdf>. Acesso em: 20 fev.2017.

BRASIL. Senado Federal. Proposta de Emenda Constitucional nº 42, de 2001 (Nº 277/2000 na Câmara dos Deputados) (De Iniciativa do Presidente da República). Diário do Senado Federal de 16 de outubro de 2001. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/pec/EmendasConstitucionais/EC33/Senado/EC033_sen_15102001_enc.pdf>. Acesso em: 20 fev.2017.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência. Informativos de Jurisprudência. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea>. Aces-so em: 22 fev. 2017.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência. Pesquisa. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Jurisprudência/Pesquisas>. Acesso em: 22 fev. 2017.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência. Recursos Repetitivos. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Jurisprudência/Recursos-Repetitivos>. Acesso em: 22 fev. 2017..

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A Constituição e o Supremo. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 22 fev. 2017.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp>. Acesso em: 22 fev. 2017.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Publicações. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioAtual.asp>. Acesso em: 22 fev. 2017.




BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarRepercussaoGeral.asp>. Acesso em: 22 fev. 2017.

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. DIAZ, Vicente Oscar. El carácter extrafiscal de la tributación y la imposición ambiental. In: DIAZ, Vicente

O. (Dir.). Tratado de Tributación. t. II. v. I. Política y economía tributaria. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2004.

GONÇALVES, Fábio Fraga. Releitura do princípio da capacidade contributiva sob a ótica do direito tri-butário ambiental. In: ORLANDO, Breno Ladeira Kingma et al. (coords.). Direito tributário am-biental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

HARADA, Kiyoshi, ICMS sobre lubrificantes: Inexistência de substituição tributária na operação interes-tadual. São Paulo: Fiscosoft, 2011. Disponível em:<http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php?page=/index.php?PID=257627&key=WTZNVGd4TVRNd05qSTJOVGcyTXpjM09URTFNall4T1RRek5UQT1XNw>. Acesso em: 22 fev. 2017.

HERRERA MOLINA, Pedro M. Propuestas para la elaboración de un Código Tributario Ambiental? In: ORLANDO, Breno Ladeira Kingma et al (coords.). Direito Tributário Ambiental. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006.

HERRERA MOLINA, Pedro M. Derecho tributario ambiental. Madri: Marcial Pons, 2000. HOLMES, Stephen & SUNSTEIN, Cass. The Cost of Rights. Cambridge: Harvard University Press, 1999. MARTINS, Ives Gandra da Silva Martins. Emenda Constitucional nº 33/2001 – Inteligência das Disposi-

ções sobre a Cide e o ICMS nela Incluídos - Parecer. Disponível em: <ttp://www.gandramartins.adv.br/project/ives-gandra/public/uploads/2014/10/28/89f26c2049702p.doc>. Acesso em: 22 fev. 2017.

NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos: Contributo para a compreensão consti-tucional do estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Livraria Almedina, 1998.

OLIVEIRA, Gustavo Goiabeira de et al. A extrafiscalidade como instrumento de controle ambiental. In: ORLANDO, Breno Ladeira Kingma et al. (Coords.). Direito Tributário Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito tributário e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito Tributário: capacidade contributiva: conteúdo e eficácia do princípio. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.

PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. ROSEMBUJ, Tulio. Los tributos y la protección del Medio Ambiente. Madri: Editorial Marcial Pons, Edi-

ciones Jurídicas S.A., 1995. SABORIO VALVERDE, Rodolfo. Normas Básicas de Derecho Público. Costa Rica: Cesdepu, 2004. SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho. t. II. Madri: Instituto de Estudios Políticos, 1962. TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania Multidimensional na Era dos Direitos. In: TORRES, Ricardo Lobo

(org.). Teoria dos Direitos Fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. TORRES, Ricardo Lobo. A idéia de Liberdade no Estado Patrimonial e no Estado Fiscal. Rio de Janeiro:

Renovar, 1991. TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio Ambiente: pa-ralelo dos sistemas de proteção internacional. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1993.

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 13. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. v. II. Valores e Princí-

pios Constitucionais Tributários. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. v. III. Rio de Janeiro:

Renovar, 1999.




915

EDITORIAL UMSA AVDA CORRIENTES 1723 - … · REVISTA DEL DOCTORADO EN CIENCIAS JURÍDICAS ISSN...

Documents

Transcript of EDITORIAL UMSA AVDA CORRIENTES 1723 - … · REVISTA DEL DOCTORADO EN CIENCIAS JURÍDICAS ISSN...