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EDITORIAL

Recibido el 15 de abril de 2014, aprobado el 28 de mayo de 2014, actualizado el 5 junio de 2014

ACCIÓN COLECTIVA Y SUSTENTABILIDAD EN EL MANEJO DEL AGUA

A partir del Informe Brundtland (WCED, 1987) se extendió el concepto de desarrollo sustentable como un nuevo paradigma que alude a la satisfacción de las necesidades de la población actual y futura, en relación con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y su conservación. Desde entonces se han realizado estudios sobre la sustentabilidad ambiental en diferentes escalas o dimensiones espaciales (Winograd, 1995; Ronchi et al., 2002). Asimismo, se han generado investigaciones para conocer la capacidad de carga de los ecosistemas, así como la viabilidad económica de las actividades productivas.

No obstante, la mayoría de las evaluaciones señalan condiciones precarias en materia de preservación y conservación del medio ambiente, por lo que los indicadores de sustentabilidad se han convertido en una útil herramienta de toma de decisiones para los gobiernos nacionales y locales, comunidades y actores sociales (Hammond et al., 1995 en González et al., 2006).

En lo que respecta a la dimensión social de la sustentabilidad como la han definido diversos autores (Azar et al., 1996; Enkerlin et al., 1997) son pocas las evaluaciones que van más allá de indicadores que describen la satisfacción de necesidades básicas, quedando pendientes o sin considerar otros aspectos del desarrollo sustentable como la equidad intra e intergeneracional, el nivel de organización social o la capacidad de gestión de una comunidad o región, la conformación de las redes sociales, el capital social y humano y la respuesta y organización de la sociedad frente a las estructuras de mercado y sus procesos de cambio.

En cuanto al tema de la equidad socioambiental, Larrain (2002) destaca la Línea de Dignidad como elaboración conceptual que pretende conciliar los objetivos de la sustentabilidad ambiental con los objetivos distributivos de la equidad social y la democracia participativa. El énfasis está puesto en la satisfacción de las necesidades humanas ampliadas, es decir, incluyendo la operativización de los derechos civiles.

Desde esta perspectiva, se ha cuestionado la inclusión del factor económico, asociado al crecimiento del PIB, como el factor estructural de la sustentabilidad. Al equiparar esta visión con las dimensiones sociales, ambientales y políticas de la sustentabilidad se le ha dado un sesgo economicista que la ha distorsionado en términos de sus componentes y ha entremezclado los objetivos macroeconómicos y los sociales, condicionando la sustentabilidad al crecimiento económico sostenido (Larrain, 2002).

Luna Azul ISSN 1909-2474 No. 39, julio - diciembre 2014

©Universidad de Caldas 1

De manera puntual, Villagómez (2006, p. 42) agrega que:

Las dimensiones actuales del crecimiento económico en el ámbito mundial lo han vuelto una amenaza para la conservación de los recursos naturales. Esto concierne directamente al agua, por lo que en foros internacionales se han empezado a discutir las opciones de su gestión como recurso escaso. En el terreno científico, el concepto de ‘ruptura’ ambiental y social expresa la necesidad de crear métodos de análisis con nuevos conceptos, articulados a las condiciones actuales que guardan los recursos no renovables.

Por su parte, Lowey (2008) señala que el valor que mejor representa a la dimensión social de la sustentabilidad es el de la equidad, en su sentido más amplio y abarcativo. En su trabajo, Lowey focaliza la atención –metodológicamente– en los sistemas productivos del campo como ejes de ruralidad y destaca que:

La equidad social (no igualdad) se puede traducir en calidad de vida –comparable– entre los miembros de una comunidad o sociedad. Por definición, debe satisfacer demandas actuales y futuras, intra e intergeneracionales. Para lograr ambos niveles debemos trabajar, entre otras cosas, en el diseño de unidades rurales que satisfagan estas demandas y su promoción en el tiempo. (Lowey, 2008, p. 4)

Para ello, propone algunos productos o resultados de una transformación rural con equidad social:

A lo que podríamos agregar que, para el logro de dicho proceso interactivo intra e ínter, en el puente de la interfase entre la equidad intrageneracional y la intergeneracional, jugará un papel clave el fortalecimiento de la identidad, la participación social y la territorialidad ejercida desde el ámbito local o comunitario.

En cuanto a la importancia de la organización social y el capital social, Norman Uphoff ha reportado, a través de diversas investigaciones y trabajo de campo los grandes resultados y beneficios de la Acción Colectiva en sistemas de riego entre comunidades y sistemas que se enfrentan a problemáticas de escasez y de manejo del recurso hídrico.


©Universidad de Caldas revista.luna.azúl. 2014; 39: 01-05

Con base en un estudio de caso en Sri Lanka, Uphoff y Wijayaratna (2001) reconstruyeron analíticamente los componentes del capital social y la importancia de su alcance en el manejo del agua. Allí, se establecieron organizaciones campesinas en el sistema de riego de Gal Oya a principios de los años ochenta con una combinación de roles, normas y valores que respaldaron una acción colectiva mutuamente beneficiosa.

Ello produjo ventajas evidentes en el desempeño y eficiencia del sistema. En la temporada seca de 1997, luego de que los agricultores fueron informados de que no había suficiente agua en la represa para irrigar una plantación de arroz, con base en sus organizaciones lograron obtener una cosecha más que regular de 65.000 acres gracias a una distribución eficiente y equitativa de los recursos hídricos. La cooperación de las etnias quedó demostrada por el hecho de que los campesinos cingaleses, establecidos río arriba, compartieron el agua con los campesinos tamiles que vivían río abajo.

El sistema de roles y normas de organización creado por los campesinos, con la asistencia del Instituto de Investigación y Capacitación de Sri Lanka (ARTI) y la Universidad de Cornell, fue capaz de distribuir un volumen muy limitado de agua en forma tan moderada, aunque efectiva, que se obtuvo una producción superior a la normal con sólo una parte del abastecimiento de agua que se consideraba necesaria. Las normas y expectativas que fueron evocadas y reforzadas por estas organizaciones también entregaron un respaldo a la repartición equitativa de agua. Las orientaciones de valores compartidos alentaron a los campesinos de más arriba a asegurarse de que los campesinos que vivían río abajo también pudieran obtener una buena cosecha, cosa que fue aún más sorprendente porque las zonas ubicadas río arriba y río abajo son cultivadas por grupos étnicos diferentes y, a menudo, rivales. (Uphoff y Wijayaratna, 2001)

Durante las dos últimas décadas se ha producido un considerable interés sobre la temática de la acción colectiva y su relación con la administración y manejo sustentable de los recursos naturales. En este sentido, se destacan los trabajos de Ostrom (2000) y Ostrom y Ahn (2003) quienes alrededor del debate sobre la tragedia de los comunes, postulan que, en muchos casos, los bienes públicos y los recursos de uso común pueden ser gestionados de manera colectiva sin que, por este hecho, se llegue a la degradación ambiental.

Ostrom (2000, p. 26-27) ha señalado que la expresión “la tragedia de los comunes” ha simbolizado la degradación del ambiente que puede esperarse siempre que muchos individuos utilizan al mismo tiempo un recurso escaso. No obstante, nos dice Ostrom, que en diversos estudios realizados en diferentes regiones y países a través del mundo, se reconoce que el



acrecentamiento del capital institucional se deriva de la acción colectiva, asimismo se sostiene que el capital social –basado en la reciprocidad, la confianza, la colaboración y la importancia de compartir un futuro común– es una plataforma sobre la cual se pueden construir acuerdos institucionales mayores y complejos. Ostrom llega a esta conclusión a partir del análisis de varios casos de organizaciones que manejan recursos de uso común, y que podrían extenderse o aplicarse al manejo del agua para riego agrícola.

Davison Mazabel El Colegio de Veracruz

REFERENCIAS

Azar, C. et al. (1996). Socioecological indicators for sustainability. Ecological economics, 18(2).

Enkerlin, E. et al. (1997). ¿Un nuevo paradigma? Ciencia ambiental y desarrollo sostenible. México: International Thomson.

González, C., Ríos, H., Brunett, L., Zamorano, S. y Villa, C. (2006). Es posible evaluar la dimensión social de la sustentabilidad? Aplicación de una metodología en dos comunidades campesinas del valle de Toluca, México. Convergencia, Revista de Ciencias Sociales, 40, 107-139. México: UAEM.

Hammond, A. et al. (1995). Environmental indicators: A systematic approach to measuring and reporting on environmental policy performance in the context of sustainable development. Washington, D.C.: World Resources Institute.

Larrain, S. (2002). La línea de dignidad como indicador de sustentabilidad socioambiental: Avances desde el concepto de vida mínima hacia el concepto de vida digna. Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, 1(3). Santiago de Chile: Universidad Bolivariana.

Loewy, T. (2008). Indicadores sociales de las unidades productivas para el Desarrollo Rural en Argentina. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, 9, 75-85. Red Iberoamericana de Economía. http://www.redibec.org/IVO/rev9_06.pdf (11/05/09).

Ostrom, E. (2000). El gobierno de los Bienes Comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva. México: CRIM-UNAM / Fondo de Cultura Económica.

Ostrom, E., y Ahn, T. K. (2003). Una perspectiva del capital social desde las ciencias sociales: capital social y acción colectiva. (A Social Perspective on Social Capital: Social Capital and Collective Action. Spanish translation by Cecilia Olivares). Revista Mexicana de Sociología, 65(1), 155-233.

Ronchi, E. et al. (2002). A system oriented integrated indicator for sustainable development in Italy. Ecological Indicators, 37.

Uphoff, N. y Wijayaratna, C. (2001). Beneficios demostrados del capital social. La productividad de las organizaciones campesinas de Gal Oya, Sri Lanka. Boletín Intercambios, 2. Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Original en inglés publicado en World Development, 28, 11.



Villagómez, Y. (2006). Política hidroagrícola y cambio agrario en Tehuantepec, Oaxaca. México: El Colegio de Michoacán A.C.

WCED (World Commission on Environment and Development). (1987). Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.

Winograd, M. (1995). Indicadores ambientales para Latinoamérica y el Caribe: Hacia la sustentabilidad en el uso de tierras. Argentina: Grupo de Análisis de Sistemas Ecológicos.

Para citar este artículo: Mazabel, D. (2014). Acción colectiva y sustentabilidad en el manejo del agua. Revista Luna Azul, 39, 01-05. Recuperado de http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=944



LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COMUNIDADES RURALES Y LA POPULARIZACIÓN DEL DERECHO A LA

CONSERVACIÓN DEL ENTORNO NATURAL: EL CASO DE LA COMUNIDAD DE PESCADORES EN LA CIÉNAGA DE

AYAPEL (COLOMBIA)1

Sandra Patricia Duque Quintero2 Marta Lucía Quintero Quintero3

Mónica Duque Quintero4

Recibido el 9 de septiembre de 2013 y aprobado el 29 de mayo de 2014, actualizado el 5 junio de 2014

RESUMEN

En este artículo de investigación se reflexiona en torno a la expedición de instrumentos normativos y su ineficacia como única herramienta para solucionar las problemáticas ambientales, proponiendo como elemento fundamental la participación activa de las comunidades en los procesos de toma de conciencia y en el ejercicio de acciones que protejan sus derechos a la subsistencia y conservación ambiental. El objetivo general de la investigación fue analizar la popularización del derecho a la conservación del entorno natural como una estrategia para la educación ambiental de las comunidades rurales. Partiendo de una investigación cualitativa, se interpretó la realidad de los pescadores que subsisten de la pesca en la Ciénaga de Ayapel y se adoptó un enfoque metodológico desde el interaccionismo simbólico, el cual posibilitó explicar la problemática ambiental en la comunidad de pescadores y su relación con la conservación del recurso pesquero. Como técnicas para la recolección de la información se utilizó la observación directa en la Ciénaga de Ayapel y la conversación con 20 pescadores de la zona. A partir de las vivencias y realidades observadas en la comunidad de pescadores en la Ciénaga de Ayapel (Colombia), se obtuvo como resultado de la investigación el diseñó de una propuesta educativa articulada desde la pedagogía dialógica y la didáctica, en aras de posibilitar la sostenibilidad de los ecosistemas de la localidad, la identificación de prioridades para la gestión de los recursos naturales y la generación de procesos de identidad cultural frente al entorno. Se concluye en esta investigación que la popularización del derecho es un aporte en relación a la educación ambiental en cuanto se parte de la idea de realizar procesos educativos enraizados en los contextos y comprometidos con el ideal de una vida digna para todos.

PALABRAS CLAVE

Popularización, conservación, biodiversidad, comunidades, rural.

revista.luna.azúl. 2014; 39: 06-24


©Universidad de Caldas

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN RURAL COMMUNITIES AND POPULARIZATION OF THE RIGHT TO THE

CONSERVATION OF NATURAL ENVIRONMENT: THE CASE OF THE COMMUNITY OF FISHERMEN IN THE AYAPEL

SWAMP- COLOMBIA.

ABSTRACT

This research article reflects on the issue of policy instruments and their ineffectiveness as the only tool to solve environmental problems, proposing as fundamental element the active participation of communities in the awareness and processes and in the exercise of actions to protect their rights to subsistence and environmental conservation. The overall objective of the research was to analyze the popularization of the right to the conservation of the natural environment as a strategy for environmental education in rural communities. Based on qualitative research, the reality of fishermen who survive from fishing in the swamp of Ayapel was interpreted and a methodological approach from symbolic interactionism was adopted, which enabled explaining environmental issues in the fishers’ community and their relationship with fishery resource conservation. Direct observation in the Ayapel Swamp and conversation with 20 fishermen in the area were used as techniques for data collection. From the experiences and realities observed in the fishing community in the Swamp of Ayapel (Colombia), it was possible to design, as a result of the investigation, an educational proposal articulated from dialogic pedagogy and didactics, in order to enable the sustainability of region ecosystems, identifying priorities for management of natural resources and the generation of cultural identity processes from the environment. It is concluded in this study that the popularization of law is a contribution in relation to environmental education as it starts from the idea of carrying out educational processes rooted in contexts and committed to the ideal of a decent life for all.

KEY WORDS

Popularization, conservation, biodiversity, communities, rural.

INTRODUCCIÓN

Dado que desde la década del setenta en el ámbito internacional [Conferencia de Estocolmo (1972), Seminario de Belgrado (1975), Conferencia de Nairobi (1976), Reunión de Tbilisi (1977), Encuentro de Moscú (1978), Conferencia de Malta (1991), Seminario de El Cairo (1991), Acción 21 (1992), Conferencia de Río (1992), Encuentro de Chile (1995), Encuentro de Cuba (1995), Encuentro de Paraguay (1995), entre otros], se hacía cada vez mayor la preocupación por encontrar soluciones a la crisis ambiental y que para esto se planteaba la Educación Ambiental como una de las estrategias fundamentales, en Colombia se aplicaron propuestas que apuntaban a la inclusión de la dimensión ambiental como uno de los componentes





fundamentales del currículo en la educación formal y en las actividades de la educación no formal.

Entre estas proposiciones sobresale la expedición del Decreto 1337 de 1978, derivado del Código Nacional de los Recursos Naturales y Renovables y de Protección del Medio Ambiente (expedido en 1974), el cual, si bien presentaba limitaciones por cuanto su perspectiva era fundamentalmente conservacionista, por lo menos ubicaba el tema de la educación ecológica y la preservación del medio ambiental en la agenda de discusiones del sector educativo. Asimismo, las propuestas que en el ámbito de la educación no formal venían presentando diversas organizaciones no gubernamentales del país, aunque introducían limitaciones similares a las anteriores en lo que a la perspectiva y al enfoque se refiere, eran un buen esfuerzo por hacer consciente a la población sobre sus responsabilidades con respecto al ambiente.

Ahora bien, la disyuntiva entre la explotación indiscriminada de los recursos y las generaciones futuras ha convocado al saber jurídico ambiental para que recurra a la legislación y regule las implicaciones entre ambiente-cultura y solucione los impactos ambientales negativos que ocasionan los procesos de explotación, producción y consumo. En efecto, el patrón industrial de los países desarrollados que se organizó sobre la base de la utilización y sobreexplotación de los recursos naturales generó pérdida de su biodiversidad. De manera tal que con intereses de protección, se impone la idea de que con la legislación ambiental se vea un nuevo derecho de ciudadanía, como respuesta a un problema político que requiere de la participación de la población en la gestión de lo ambiental.

De esta manera, articular el estudio y comprensión sobre el manejo de la naturaleza por parte de las comunidades rurales y el cómo popularizar aspectos jurídicos en materia ambiental (como el derecho a la conservación del entorno natural), constituye el objeto central de la investigación, que buscaba posibilitar una visión más holística de la educación ambiental, es decir, una educación en el contexto de una formación de ciudadanos, capaces de gestionar su medio ambiente acorde a las necesidades actuales y las propuestas de desarrollo sostenible que se vienen construyendo.

MÉTODO

La investigación es socio jurídica, con un enfoque cualitativo, el cual permitió interpretar la realidad de los pescadores que subsisten de la pesca en la Ciénaga de Ayapel. El enfoque metodológico que se utiliza en la investigación es el interaccionismo simbólico:

[…] el cual permite comprender tanto el nivel macro (institucional) como el micro (el de las percepciones, impresiones y actuaciones de los




individuos) y, por lo tanto, el de las interacciones generadas y generadoras de la vida social. En este sentido, destaca el importante papel asignado a la interacción –a la comunicación, en la formación de la vida social (Goffman, 1971, citado en Rizo, 2006, p. 176).

Así, este enfoque posibilitó explicar la problemática ambiental en la comunidad de pescadores y su relación con la conservación del recurso pesquero y permitió desarrollar y justificar la observación de los datos y los hechos, para extraer de ellos sus significados y significantes, los cuales permitieron evidenciar la importancia de una propuesta de popularización que posibilitara la participación de las comunidades, ya que son ellas, desde sus propias necesidades, quienes pueden proponer soluciones más pertinentes a sus problemáticas.

Como técnicas para la recolección de la información se utiliza la observación directa en la Ciénaga y la conversación con 20 pescadores de la zona. La conversación se consideró relevante para la investigación en la medida en que se asume como una forma de relacionarse con el otro y no un simple instrumento para intercambiar información. Dice Gadamer (1993, p. 232): “allí donde se logra realmente una conversación, los interlocutores ya no son exactamente los mismos cuando se separan. Están más cerca el uno del otro”. En este sentido, conversar es abrirse a la alteridad del “tú” que nos sale al encuentro y querer aprender de su experiencia, se considera que solo al escuchar al otro se abre el verdadero camino para vivir la solidaridad. Esto significa respetar al otro, cuidarlo, atenderlo y, por así decirlo, darse unos a otros nuevos oídos (González, 2011, p. 127). En las relaciones con los demás y especialmente cuando se trabaja con comunidades, se debe acoger, escuchar lo que el otro realmente quiere decir, y buscar y encontrar el suelo común, más allá de su respuesta. Es necesario liberar las posibilidades creadoras y alcanzar el entendimiento que encierra el lenguaje, que solo se puede lograr con el intercambio vivo de ideas y esto era lo que se pretendía alcanzar con la comunidad de pescadores en la Ciénaga de Ayapel (Córdoba).

RESULTADOS

Análisis sobre la transformación del “concepto” al “derecho” de conservación del entorno natural para las comunidades rurales en el ordenamiento jurídico colombiano

El uso del concepto de comunidad rural comprende un conjunto de diferentes realidades organizativas y culturales, que tienen los siguientes puntos en común:

[...] posesión y acceso a un conocimiento tradicional sobre manejo de ecosistemas, relaciones especiales con su ambiente, que





incluyen elementos culturales, espirituales, sociales, económicos y tecnológicos, además posiciones colectivas sobre propiedad, uso, custodia, administración, distribución y disfrute de los recursos y un sentido compartido de comunidad, adquirido a través de lazos históricos o de eventos circunstanciales (Grain, 1996, p. 54).

Los territorios y hábitat de las diferentes comunidades rurales, plantean la diversidad biológica y cultural. La biodiversidad aparece entonces, no solo como una multiplicidad de formas de vida, sino como zonas de reservas de naturaleza. En las últimas tres décadas del siglo XX, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y negras, creadores y depositarios de los saberes tradicionales, se gestan como nuevos sujetos sociales y políticos, planteando entre sus reivindicaciones la de fortalecer dentro de su patrimonio cultural y sus cosmovisiones, los sistemas de saberes, sus formas simbólicas de percepción, significación y relación con la naturaleza, y sus normas culturales y de organización social para la gestión de un desarrollo propio, en donde el hombre es parte integrante e indisoluble del cosmos y su realización plena consiste en ajustarse armónicamente al orden universal de la naturaleza. El hombre es naturaleza, no domina ni pretende dominar, convive (Grain, 1996, p. 59).

Es así como la diversidad de especies y variedades que hoy sustentan la agricultura y la alimentación del mundo son el resultado de un milenario proceso de domesticación, selección y mejoramiento de especies cultivadas, lo cual ha sido posible por la generación de conocimiento, innovaciones y prácticas, resultado de la investigación colectiva que ha permitido acumular y transmitir de generación en generación el conocimiento producido en cada una de las culturas que habitan en las diferentes regiones geográficas y climáticas. Las comunidades indígenas, negras y campesinas desde épocas antiguas han compartido e intercambiado con orgullo las plantas, las semillas, los animales y el conocimiento tradicional. Esta valoración y forma de compartir, ha sido y es un factor fundamental en la creación de conocimiento, adaptación y diseminación de la diversidad y ha sido también una estrategia para la sobrevivencia y fortalecimiento de las culturas indígenas y locales. El uso y manejo de los recursos se basa en la diversidad biológica, étnica y cultural (Vélez, 1998, p. 81).

Las comunidades rurales conformadas por indígenas, negros y campesinos dependen de la biodiversidad y su entorno natural, ya que ellos habitan, transforman y explotan los recursos naturales, subsisten de estos y los hacen parte de su cultura, y desde su cosmogonía del mundo conforman un todo indisoluble con la misma. Esta valoración y forma de compartir ha sido y es un factor fundamental en la creación de conocimiento, adaptación y diseminación de la diversidad; y es una estrategia para la sobrevivencia y fortalecimiento de las culturas. De esta manera, las diversas comunidades se apropian, controlan y manejan el mundo y su territorio de forma integral.




Ahora bien, dentro de las transformaciones recientes de la justicia colombiana que tienen una relación más estrecha con la función garantista del derecho se destacan la introducción de la acción de tutela, mecanismo constitucional que pretende la protección expedita de los derechos fundamentales y que puede ser conocida por cualquier juez de la República. En esta investigación se realizó un análisis jurisprudencial mostrando cómo los jueces, y especialmente la Corte Constitucional, han respondido en torno a la protección de los derechos de conservación del entorno natural de las comunidades locales en Colombia, para lo cual se construye una línea jurisprudencial.5 De esta exploración, se concluye que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, se configura una línea clara de decisión alrededor de la protección a la subsistencia y conservación del entorno natural como verdaderos derechos, de los cuales son titulares las comunidades rurales y que se deducen directamente del derecho a la vida consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de 1991.

Es importante anotar que como punto de partida para el análisis, la Corte Constitucional asume que la cultura de las comunidades locales corresponde a una forma de vida que se condensa en un particular modo de ser y de actuar en el mundo, constituido a partir de valores, creencias, actitudes y conocimientos que de ser cancelados o suprimidos −y a ello puede llegarse si su medio ambiente y los recursos naturales sufren un deterioro severo−, induce a la desestabilización y a su eventual extinción. La prohibición de toda forma de desaparición forzada (CP art. 12) también se predica de las comunidades rurales, quienes tienen un derecho fundamental a su integridad étnica, cultural y social. En este punto la Corte Constitucional habla del derecho fundamental a la conservación del entorno natural en estrecha relación con la integridad cultural de las comunidades. Sostiene además este tribunal que las comunidades rurales constituyen un recurso natural humano que es parte integral del ambiente, estas ocupan territorios con ecosistemas de excepcionales características y valores ecológicos que deben conservarse como parte integrante que son del patrimonio natural y cultural de la Nación.

De esta manera, las comunidades rurales y su entorno natural se constituyen en un sistema o universo merecedor de la protección integral del Estado. La explotación de recursos naturales en los territorios tradicionalmente habitados por las comunidades rurales (especialmente en los casos estudiados por la Corte para los indígenas y afrocolombianos) origina fuertes impactos en su modo de vida, por esto, la Corte ha tenido unificada la doctrina constitucional relativa a la protección que debe el Estado a tales comunidades.

La estrecha relación entre subsistencia, la diversidad étnica y cultural de las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas, que resalta la Corte Constitucional, implica hablar del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural que está en armonía con la conservación, preservación y restauración del entorno y sus recursos naturales. Las comunidades hacen parte del hábitat e interactúan con los





recursos, por tanto, la tríada comunidad-entorno natural-subsistencia debe conservarse por parte del Estado colombiano.

El reconocimiento de la diversidad permite que se aplique y logren derechos fundamentales que son inherentes a las personas. La Corte Constitucional vierte de contenido el concepto de entorno natural, al señalar que las comunidades tienen plena disposición y posibilidad de utilizar los recursos naturales y subsistir; de esta manera, y sin desconocer las particularidades de cada comunidad, se pasa del concepto al derecho fundamental de conservación de los entornos naturales.

Descripción sobre el entorno natural y la subsistencia en la comunidad de pescadores de la Ciénaga de Ayapel (Colombia)

La biodiversidad en su componente tangible6 y como medio de subsistencia para las comunidades rurales proporciona una gama de productos vegetales y animales. Un caso de estudio en nuestro país, se presenta en la Ciénaga de Ayapel (Colombia) con la comunidad de pescadores.

Ayapel es la población más antigua del departamento de Córdoba. Su fundación se remonta a la época del cacique Yapé, de quien se tomó su nombre. Este municipio hace parte de la subregión San Jorge de Córdoba, ubicado en la parte más oriental del departamento. Su extensión territorial es de 1’959,82 km2. El territorio en gran parte es plano, con pequeñas alteraciones al sur debido a la serranía que lleva su mismo nombre. El principal fenómeno hidrográfico es, sin lugar a dudas, el que presenta la Ciénaga. La temperatura promedio mensual en la zona es de 27,4 grados centígrados con un mínimo promedio de 26,7 grados centígrados. Dado que la cabecera municipal se encuentra localizada a la orilla de la Ciénega, hace del lugar un sitio propicio para el turismo. Casi por lo general, todo el año es temporada para que la población de Ayapel se encuentre invadida por turistas que acuden de todo el país para disfrutar de las perspectivas de descanso que se ofrece. Ayapel es el séptimo municipio con mayor población de Córdoba, la mayoría localizada en el área rural. La economía del municipio se basa en la agricultura, la ganadería y la pesca, siendo esta última actividad la más importante para los habitantes de la población. La Ciénaga de Ayapel ha estado unida a la vida y la cultura de los pobladores y no solo ha significado un medio de sustento y de riqueza sino que también ha sido su principal vía de comunicación, comercialización y lugar de asentamiento, gozando de una riqueza ecológica, económica, cultural y social importante para la región (Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, 1998).

En la actualidad los recursos hidrobiológicos en la Ciénaga son cada vez más escasos, sin embargo, las comunidades de pescadores tienen la necesidad de recurrir a la pesca como el único medio de subsistencia, lo que plantea una encrucijada, por un lado la sobreexplotación está generando que escaseen los recursos, y a su vez, los pescadores requieren sobreexplotar los




recursos de la Ciénaga como medio de subsistencia. Ante esta problemática se plantea el diseño de una propuesta de educación ambiental, que parte de la indagación sobre el concepto de conservación que posee la comunidad de pescadores en la Ciénaga de Ayapel. En esta medida, luego de la observación directa y la conversación con pescadores en la zona, se plantean las siguientes tensiones a tener en cuenta en la propuesta educativa:

a) La disminución del capital natural de las poblaciones de peces y pérdida de criaderos vs. Técnicas empleadas en las prácticas de extracción del recurso. El uso de atarrayas y chinchorros, son elementos que impactan negativamente el recurso pesquero existente. Hoy es común la utilización de trasmallos, con ojo reducido y línea de 100 anzuelos, que permiten capturar indistintamente peces pequeños y grandes sin control alguno. Los pescadores de la zona admiten que conocen la normatividad existente sobre métodos de pesca y tallaje, pero las mismas no se pueden cumplir frente a sus necesidades de subsistencia.

Además de los implementos utilizados para la pesca, se cuenta con la disminución de especies como el Hemiancistrus wilsoni (coroncoro o cartucho), Caquetaia kraussii (mojarra amarilla) y Pimelodus clarias (barbudo), debido a la introducción de nuevas variedades como Prochilodus magdalenae (bocachico) y Oreochromis niloticus (tilapia negra), que se depositaron en la Ciénaga a modo de cultivo, lo cual provocó que especies que no existían en el medio resultaran depredadoras de las especies nativas. Las especies introducidas se refugiaban en las zonas de reproducción de las nativas y se comieron sus huevos, impidiendo de esta forma, la reproducción y propiciando la extinción de las especies nativas.

b) La desecación de la Ciénaga para el aprovechamiento de las tierras en actividades agropecuarias, y la ganancia de terrenos para actividades recreativas de algunos propietarios vs. Actividad pesquera. Existe un conflicto con los terratenientes de la zona que prohíben pescar en los límites de sus propiedades, para esto levantan terraplenes que se utilizan para secar la Ciénaga y ampliar las propiedades, con esta acción dan una utilidad diferente a los terrenos, que consiste en la siembra de pastos para el ganado. Esta situación incide directamente en la reducción de las aguas de la Ciénaga, en la disminución de la cantidad de peces y en la destrucción del manglar, que es un elemento fundamental para la conservación de las especies acuáticas de la Ciénaga.

c) La contaminación de la Ciénaga vs. Población de peces. Como agentes contaminantes se tienen: las gasolineras situadas al lado de la Ciénaga, las aguas negras y la contaminación con mercurio7 por minería desarrollada en los ríos afluentes. Estos factores causan perturbaciones en las comunidades acuáticas y en las cadenas tróficas dependientes de estas. Además, se produce la destrucción de hábitats que sirven para el desove y anidación de peces y otras especies. La sobreexplotación del





recurso pesca ocurre por el acceso abierto y público al recurso, ya que además de los pescadores tradicionales de la zona se vienen incrementando los pescadores foráneos, quienes son principalmente familias desplazadas de la región.

Es importante anotar que las anteriores tensiones se presentan asociadas a un bajo impacto institucional, pocas herramientas eficaces en el control de actividades, o ineficaces acciones de cooperación para la gestión en términos de la sostenibilidad y preservación de los recursos de la Ciénaga a través del tiempo. Hay un escaso reconocimiento de las instituciones como cooperadoras, ya que su papel se percibe como controladoras. Se evidencia que la gestión ambiental en la Ciénaga de Ayapel tiene múltiples dificultades, que se expresan en una baja inversión en saneamiento básico, poca protección y medidas de conservación de los recursos naturales; debilidad en los entes públicos y de las organizaciones comunitarias para exigir el cumplimiento de las leyes y las políticas ambientales, y pocas oportunidades de empleo y de otras actividades económicas además de la pesca, para los habitantes de la región.

De esta manera, se evidencia la necesidad de popularizar el derecho a la conservación del entorno natural, como una estrategia para la educación ambiental. La educación ambiental adquiere de este modo una importancia determinante como instrumento esencial para promover la participación del ciudadano en el desarrollo sostenible de sus entornos y propiciar acciones que garanticen soluciones acordes con las problemáticas que vive la Ciénaga. La participación en la toma de decisiones pasa previamente por un proceso de popularización, que consiste en que la comunidad se apropie de conceptos, adquiera conciencia, valores y actitudes, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo sostenible de la Ciénaga.

Diseño de una propuesta para la popularización del derecho fundamental a la conservación del entorno natural como estrategia para la educación ambiental de los pescadores en la Ciénaga de Ayapel

Se parte de la idea de que la sola expedición de instrumentos normativos no es suficiente para solucionar las problemáticas ambientales, es necesario que las comunidades participen en procesos de toma de conciencia y en el ejercicio de acciones que protejan sus garantías constitucionales. Sin embargo, esto no es posible si las comunidades no conocen sus derechos y si no existe una popularización, una traducción de ese lenguaje jurídico a un lenguaje sencillo que pueda ser comprendido y apropiado por las comunidades.

Popularizar el derecho a partir de la exploración en entornos rurales, es un proceso social que se articula a partir de la relación entre instituciones formales –universidad (facultades de derecho - facultades de educación - facultades de ciencias agrarias)– y la colectividad (comunidades rurales), estableciéndose un diálogo mediante una labor formativa y




educativa, con el propósito de ayudar a los individuos a mejorar la relación con el entorno que los rodea, posibilitar conocimientos pertinentes para las poblaciones rurales y abrir caminos de comprensión que logren transformar y empoderar las comunidades. La popularización del derecho se configura como un aporte particular en relación a la educación ambiental en cuanto se parte de la idea de realizar procesos educativos enraizados en los contextos y comprometidos con el ideal de una vida digna para todos.

Si bien es cierto que la exploración en entornos rurales permite dilucidar aspectos como el deterioro de los ecosistemas y las precarias condiciones en salud, educación, vivienda, saneamiento ambiental, es importante a partir de las problemáticas encontradas permitir que la población sea gestora de propuestas de solución a las mismas, es necesario que las comunidades participen de procesos en la toma de conciencia y en el ejercicio de acciones que protejan sus derechos, como el de una vivienda digna, saneamiento básico, salud, educación, conservación de su entorno natural, entre otros. Sin embargo, esto no es posible si las comunidades no conocen sus derechos y si no se realizan programas de popularización en estos entornos, es decir, estrategias educativas que permitan una apropiación por parte de los actores sociales de sus derechos y además del manejo adecuado de los recursos naturales, de una conciencia ambiental amplia, y un interés intrínseco por proteger los ambientes naturales o un conocimiento profundo de estos.

La popularización implica la posibilidad de una participación amplia de las comunidades, lo que garantiza a su vez, la sostenibilidad de los ecosistemas de las localidades, ya que las colectividades pueden identificar y proponer las prioridades de gestión y las acciones urgentes sobre los recursos, además de que se generan procesos de identidad cultural frente al entorno inmediato y se fortalecen los grupos y organizaciones comunitarias existentes en el área de los ecosistemas. Es así, como luego de caracterizar el entorno rural en la Ciénaga de Ayapel y de conversar con los pescadores, se diseñó una propuesta de popularización del derecho a la conservación del entorno natural, articulada desde la pedagogía dialógica y la didáctica universitaria, y donde se consideran tres ejes fundamentales:

El primero de ellos, los contenidos jurídicos que serán objeto de popularización, teniendo en cuenta que estos son productos de un proceso social, que obedecen a un contexto histórico-cultural en el cual han sido producidos y desde el cual es posible comprenderlos. En segundo lugar, los sujetos popularizadores, esto es el profesor y los estudiantes, como conocedores de un aspecto del saber jurídico que pretenden poner en comunicación con los usuarios. Y por último las comunidades rurales, con las cuales se pretende realizar procesos de popularización del derecho, que solo son posibles a partir del establecimiento de una comunicación dialógica mediante el reconocimiento del universo vocabular de las comunidades y el proceso de prealimentación (Duque & Quintero, 2012).





Sobre el reconocimiento del universo vocabular es importante anotar que consiste en recoger los vocablos típicos del pueblo, esto es, sus expresiones particulares, vocablos ligados a la experiencia de los grupos, de los que el educador [o el popularizador] forma parte. Así, las palabras generadoras deben salir de este estudio y no de una selección previamente hecha, por más técnicamente bien escogidas que estuviesen. En este sentido, las palabras generadoras pueden entenderse, en sentido amplio, como aquellos núcleos problemáticos que dan origen a todo proceso de comunicación. Es decir, la clave es percibir y partir desde el ‘aquí y ahora’ de los sectores populares, con el objeto de que estos sectores puedan vivir adecuadamente un proceso de apropiación y producción de significados que los dignifique efectivamente. Conocer al otro, al interlocutor, a su universo vocabular, es también conocer su campo de significación, desde el cual el otro se comunica (Freire, 1973, p. 69), aspecto clave en cuanto al desarrollo de procesos de popularización del derecho.

La prealimentación, por su parte, es una puesta en práctica del reconocimiento del universo vocabular. Permite cambiar el modo de comunicación, al poner al destinatario al principio del esquema emisor-mensaje-receptor, y no solo al final, originando e inspirando mensajes. Su propósito es recoger las experiencias, necesidades y aspiraciones de la comunidad. Dos cuestiones clave señala Kaplún (1996), la primera, que no se trata solo de reflejar o reproducir mecánicamente a la comunidad, sus percepciones y sus visiones de la realidad; la segunda, que el autorreconocimiento de la comunidad en los mensajes, permite problematizar y analizar críticamente los problemas cotidianos. Por eso la prealimentación es central, porque permite comprender el pensamiento del interlocutor, acceder a su universo simbólico, descubrir sus códigos (no solo lingüísticos sino también experienciales, ideológicos, culturales), sus vivencias cotidianas, sus preocupaciones, sus preguntas y sus expectativas, sus conocimientos y sus desconocimientos, para incorporarlas al mensaje, a fin de ayudarle a problematizarlas y cuestionarlas.

En este orden de ideas, se estructura la propuesta a partir de cuatro momentos:

1. Motivación. A partir de la identificación del entorno natural, el popularizador inicia un diálogo con la comunidad sobre temáticas atinentes a las problemáticas identificadas en la Ciénaga, con el fin de reflexionar sobre la importancia de generar propuestas de solución a las mismas y el papel que puede desempeñar un pescador como ciudadano que puede ejercer su derecho constitucional a la subsistencia y a la conservación de su entorno natural, en este caso la Ciénaga, con la cual tiene una relación estrecha e indisoluble. 2. Creación. En este momento se diseña una propuesta educativa a partir de las tres tensiones




problemáticas identificadas en esta investigación, esto es 1) La disminución del capital natural de las poblaciones de peces y pérdida de criaderos vs. Técnicas empleadas en las prácticas de extracción del recurso, 2) La desecación de la Ciénaga para el aprovechamiento de las tierras en actividades agropecuarias, y la ganancia de terrenos para actividades recreativas de algunos propietarios vs. Actividad pesquera y 3) La contaminación de la Ciénaga vs. Población de peces. Así, a partir de cada uno de estos problemas, se definen los contenidos importantes para poner en conversación con la comunidad de pescadores, por ejemplo en el primer problema, se conversa sobre las técnicas empleadas para la extracción del pescado y las forma en que se podría conservar el recurso, en el segundo problema se dialoga sobre el derecho de subsistencia y conservación del entorno natural y los mecanismos jurídicos como la acción de tutela que posibilitan la protección de los mismos, y en el tercero se muestran las implicaciones para la salud y el ambiente que conllevan los factores contaminantes en la Ciénaga, como las gasolineras, las aguas negras y la contaminación con mercurio y qué acciones podrían configurarse para mitigar estos efectos. Para cada uno de los problemas identificados y los contenidos definidos, se establece una metodología, para llevar en un lenguaje sencillo los conceptos y saberes a trabajar con las comunidades, así, se diseñan la liga del saber, frase problema, te doy la palabra y puro cuento, que buscaban traducir el lenguaje ambiental y jurídico a un lenguaje sencillo comprensible por la comunidad.

3. Vivencia. Luego de la creación, se llevan a la práctica las creaciones, que tienen como fin primordial la educación ambiental de la comunidad de pescadores. En este momento se abre el diálogo a partir del reconocimiento del universo vocabular, es decir, de recoger los vocablos típicos sobre el tema a poner en conversación con la comunidad, porque se parte de la idea de que las palabras generadoras del diálogo no deben salir de tecnicismos o lecturas de normas, doctrina o jurisprudencia. Además, en la aplicación de la propuesta, siempre se debe utilizar la prealimentación para comprender el pensamiento de la comunidad en torno a la problemática ambiental a tratar, esto es, sus preocupaciones, expectativas, conocimientos y desconocimientos para incorporarlos al desarrollo de la creación, aplicar la metodología y evaluar la experiencia con la comunidad.





4. Evaluación. Se valora con las comunidades la vivencia y qué tanto se apropiaron de los saberes compartidos en la experiencia de popularización. Este momento tiene la función fundamental de comunicación con los demás, de entablar un diálogo a partir de las experiencias vividas con la comunidad. Este aspecto es importante para futuras propuestas de educación ambiental, en la medida en que permite volver sobre los argumentos cognoscitivos, lo que se pudiera haberse explicado y no se hizo; la forma en que se planteó la creación y su ejecución real, interpretando los resultados y evaluado lo logrado, todo ello con el fin de tomar futuras decisiones, es decir, ¿qué mantener?, ¿qué cambiar?, ¿qué dirección tomar?, ¿qué actitud tiene que asumir un popularizador ambiental? y cómo construir propuestas más pertinentes social y ambientalmente.

La idea fue entonces, a partir de la realidad de la comunidad de pescadores de la Ciénaga de Ayapel, popularizar el cómo ejercer el derecho a la conservación del entorno natural, que implica un proceso educativo que se ocupa de la relación de la comunidad con el entorno natural y artificial, incluida la relación de la población, la contaminación, la distribución y el agotamiento de los recursos y la planificación rural, de tal manera que este proceso de popularización adquiriera sentido en ese contexto, y no fuera algo superpuesto o aislado a la comunidad. Esa búsqueda de los problemas que se experimentaban en la realidad y de la interpretación que los sujetos hicieron de ellos, no solo avala una motivación por parte de las comunidades, sino que además esa búsqueda es lo que instaura el diálogo universidad-comunidad. La popularización del derecho busca permitir, a sectores vulnerables de la población, una




interpretación enriquecida y crítica de sus realidades y de sus problemas ambientales.

DISCUSIÓN

En esta investigación sobre popularización del derecho en entornos rurales como estrategia para la educación ambiental, se evidencia cómo las comunidades campesinas requieren una reivindicación actual y futura que tiene que ver con la construcción y consolidación de lo público, lo colectivo y lo comunitario. Nada más cercano a la realidad en la perspectiva de protección de los derechos humanos y de concreción de los mismos, impulsar la popularización de derechos al disfrute y conservación del entorno natural, para que sean apropiados por las comunidades como una estrategia de educación ambiental. Es de esta forma como conceptos legales, alejados de la sociedad, se convierten en derechos que deben ser conocidos por las comunidades para que puedan ser ejercidos plenamente por ellas. Se trata de un proceso abierto al juego de valores e intereses sobre la conservación, uso y transformación de la naturaleza y de resaltar el rol que cumplen las comunidades con respecto a sus recursos naturales.

De esta manera, a partir de la experiencia realizada en la comunidad de pescadores de la Ciénega de Ayapel, se definen las siguientes pautas para la elaboración de propuestas de popularización como estrategias para la educación ambiental y que pueden ser aplicadas en otras comunidades en zonas rurales:

- Partir de la identificación conjunta de la problemática ambiental local, regional, nacional y mundial: la gente del lugar debe estar consciente de las causas y consecuencias que traen consigo los problemas ambientales. Deben ser ellos mismos quienes se den cuenta de la necesidad de llevar a cabo un cambio de actitudes con respecto al estilo de vida, con el fin de vivir de una manera “ambientalmente aceptable” (Gallopin, 1994). Es necesaria la adquisición de una conciencia ambiental, para conservar adecuadamente nuestro entorno.

Las condiciones ambientales determinan la calidad de vida, que se ve reflejada por la educación y la salud de los pueblos (Paden et al., 1994). En Latinoamérica la educación ambiental cobra especial importancia debido al deterioro de las condiciones de vida y del ambiente, principalmente por el modelo económico de desarrollo que se ha establecido, en el cual no se toma en cuenta ni a las personas ni a la naturaleza (Aguilar, 1994). Es debido a esto que se hace necesario que la comunidad esté consciente de los problemas a los que se enfrenta y de los derechos que puede ejercer para la defensa del medio ambiente y de su entorno natural. Esta toma de conciencia solo puede conseguirse mediante el conocimiento profundo de la región, el tipo de costumbres e ideología de la gente de la comunidad. Al conseguir la participación de los habitantes ellos mismos son





quienes se dan cuenta de los problemas a los que se enfrentan y son capaces de proponer posibles soluciones. Las propuestas de popularización del derecho a la conservación del entorno natural como estrategias para la educación ambiental deben diseñarse de manera conjunta entre los popularizadores y la comunidad. Se deben tener en cuenta los objetivos que persigue y los grupos hacia quienes está dirigido.

- Tener como eje central el proceso dialógico: para elaborar la propuesta de popularización como estrategia para la educación ambiental será necesario contar con la participación de un popularizador que involucre el universo vocabular y la prealimentación con las comunidades a partir de un proceso dialógico. Las actividades deben ser amenas, sencillas y claras, logrando con ello que la gente hacia quien están dirigidas capte el mensaje y se despierte el interés por un mayor conocimiento de los procesos naturales. Los adultos requieren de materiales y métodos relevantes y con significado adecuado a su nivel (Dasgupta, 1992). Las actividades de educación ambiental deben estar enfocadas hacia la participación de la mayoría de los miembros de la comunidad.

- Sistematizar y evaluar el trabajo realizado con las comunidades: la sistematización es una herramienta de las ciencias sociales que busca recuperar y difundir la experiencia críticamente con la intención de mejorar las experiencias futuras. La evaluación debe estar enfocada hacia los cuatro puntos: evaluación inicial, evaluación final del aprendizaje, evaluación del programa y evaluación de los efectos ambientales. La evaluación deberá ser llevada a cabo con la participación de todas las personas que estuvieron involucradas en las actividades (Benayas, 1994).

Además, de los anteriores lineamientos, una propuesta de popularización del derecho a la conservación del entorno natural como estrategia para la educación ambiental, debe potenciar los siguientes aspectos en las comunidades:

- Conciencia: ayudar a la persona y a los grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos.

- Conocimientos: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, lo que entraña una enorme responsabilidad crítica.

- Actitudes: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores y un profundo interés por el medio ambiente, que los impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento.

- Y la participación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se presten medidas adecuadas al respecto.




La educación ambiental es un proceso que reconoce valores necesarios para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y la naturaleza. La educación es fundamental para adquirir conciencia, valores, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo sostenible y que favorezcan la participación comunitaria efectiva en decisiones. Así lo afirma la Conferencia de Naciones Unidas (1992).

Por último, es importante anotar que las propuestas de popularización como estrategia para la educación ambiental, deben enmarcarse en la participación para buscar soluciones a la crisis ambiental y en la idea de que, tanto para reducir las tendencias actuales de destrucción como para el desarrollo de una nueva concepción de la relación sociedad-naturaleza, debe incorporarse la participación a toda actividad educativa que propicie la formación integral del individuo para el manejo adecuado del entorno. Igualmente, se debe profundizar el análisis de las relaciones entre universidad, entorno y educación ambiental, enfatizándose la necesidad de trabajar a través de la construcción y popularización del conocimiento y la inclusión de la dimensión ambiental en el currículo, a partir de proyectos que integren el manejo de un universo conceptual aplicado a la solución de problemas.

Las propuestas de popularización que desde la universidad se vinculan a la solución de las problemáticas ambientales particulares de una localidad o región, posibilitan la creación de espacios comunes de reflexión, el desarrollo de criterios de solidaridad, tolerancia, búsqueda del consenso, respeto por la diferencia y autonomía, además de preparar a las comunidades para la gestión y la toma de decisiones, aspectos que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población, fin último de la educación ambiental.

POTENCIAL CONFLICTO DE INTERESES

No hay conflicto de intereses en la realización de la investigación.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

El proyecto fue financiado por el Comité para el Desarrollo de la Investigación –CODI– de la Universidad de Antioquia.





REFERENCIAS

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1. Artículo de investigación producto del proyecto “Caracterización normativa y bases para una política de explotación y gestión adecuadas del ecosistema de Ciénagas y sus recursos hidrobiológicos –Caso piloto Ciénaga de Ayapel (Colombia)–”, inscrito ante el Centro de Investigaciones Jurídicas –CIJ– de la Universidad de Antioquia y financiado por el Comité para el




Desarrollo de la Investigación –CODI– de la Universidad de Antioquia.

2. Doctora en Educación. Magíster en Derecho. Especialista en Gestión Ambiental. Abogada. Profesora-Investigadora, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia. Grupo de Investigación Derecho y Sociedad y DIDES, reconocidos Colciencias. [email protected]

3. Doctora en Educación. Magíster en Sociología de la Educación. Licenciada en Geografía e Historia. Profesora-Investigadora, Facultad de Educación, Universidad de Antioquia. Grupo de Investigación DIDES, reconocido Colciencias. [email protected]

4. Doctoranda en Ciencias Animales. Magíster en Nutrición Animal. Especialista en Producción Animal. Zootecnista. Profesora-Investigadora, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia. Grupo de Investigación BIOGENESIS, reconocido Colciencias. [email protected]

5. Puesta sobre un gráfico, una línea de jurisprudencia es una pregunta o problema jurídico bien definido, bajo el cual se abre un espacio abierto de posibles respuestas. Este espacio abierto, con todas las posibles respuestas a la pregunta planteada, es una estrategia conveniente para graficar las soluciones que la jurisprudencia ha dado al problema y para reconocer, si existe, un patrón de desarrollo decisional (López, 2000). En la investigación el problema jurídico se enfocaba en indagar la protección o no del derecho fundamental a la conservación del entorno natural de las comunidades locales en Colombia.

6. El componente tangible de la biodiversidad está conformado por la variedad de genes, de especies y de ecosistemas que podemos identificar, manejar y usar. En otras palabras, lo conforman el material genético, las poblaciones naturales y los recursos de los ecosistemas que pueden ser evaluados físicamente.

7. Sobre este particular profundiza la investigación de Gracia, Marrugo & Alvis (2010), a cerca de la contaminación por mercurio en humanos y peces en el municipio de Ayapel (Córdoba), y la cual muestra como resultados que la población estudiada presenta concentraciones de mercurio superiores a las permitidas internacionalmente por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) y síntomas acordes con tales niveles, lo que presumiblemente se debe al alto consumo de pescado contaminado con mercurio. Problemática que es relevante en la medida en que se hace primordial diseñar programas que posibiliten educar a la población sobre los peligros del mercurio, enfatizando los riesgos en la salud, e involucrar a la alcaldía y autoridad ambiental (CVS) para atender el problema en toda la población de la Ciénaga de Ayapel.





Para citar este artículo: Duque-Quintero, S.P., Quintero-Quintero, M.L., Duque-Quintero, M. (2014). La educación ambiental en comunidades rurales y la popularización del derecho a la conservación del entorno natural: el caso de la comunidad de pescadores en la Ciénaga de Ayapel (Colombia). Revista Luna Azul, 39, 06-24. Recuperado de http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=945




ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y DISPONIBILIDAD DE HÁBITAT DE LA AVIFAUNA DEL PIEDEMONTE LLANERO

(COLOMBIA), COMO POSIBLE PELIGRO AVIAR1

Clara Inés Caro-Caro2 Marco Aurelio Torres-Mora3

Martha Paola Barajas-Barbosa4

Recibido el 10 de diciembre de 2012 y aprobado el 3 de junio de 2014, actualizado el 5 junio de 2014

RESUMEN

Dada la diversidad y oferta de áreas naturales o artificiales en el piedemonte Llanero y cuenca del Orinoco para la avifauna, se hace necesario llevar a cabo inspecciones y monitoreos de focos de concentración de aves como posible peligro para la aeronavegación. Para este propósito se tomó como referencia al municipio de Villavicencio (Meta, Colombia) estableciendo dos niveles diferentes de evaluación, incluyendo las áreas de aeropuertos y el Parque Ecológico Reciclante. En cada nivel identificado se realizaron visitas de inducción, ajuste de categorías de hábitats, caracterización de la cobertura y uso del suelo y la identificación de los ecosistemas estratégicos partiendo del concepto de servicios ambientales prestados, especialmente la oferta de hábitat. Las observaciones permitieron la categorización de hábitats de influencia de los niveles 1 y 2, en ecosistemas boscosos, pastizales, ecosistemas acuáticos, agroecosistemas y la presencia de infraestructura urbana y productiva, focos importantes para aves de importancia potencial en el peligro aviario.

PALABRAS CLAVE

Biodiversidad, Orinoquia, uso y cobertura de la tierra, aeronavegabilidad, aves.

STRATEGIC ECOSYSTEMS AND AVIFAUNA HABITAT AVAILABILITY IN THE PLAINS PIEDMONT (COLOMBIA) AS

POSSIBLE AVIAN DANGER

ABSTRACT

Given the diversity and range of natural or artificial areas for avifauna in the Plains piedmont and the Orinoco river basin, it is necessary to carry out inspections and monitoring of concentration of bird outbreaks as a potential hazard to air navigation. For this purpose, the municipality of Villavicencio (Meta, Colombia) was made reference to establish two different levels of evaluation, including the areas of airports and the Reciclante Ecological Park. At each level identified induction visits, adjustment of habitat categories, coverage characterization and land use, and identification of strategic ecosystems based on the concept of environmental services, especially habitat supply were performed. The observations allowed the categorization of



level 1 and 2, habitats influence in forest ecosystems, grasslands, aquatic ecosystems, agro ecosystems and the presence of urban and productive infrastructure, central focus for birds of potential importance in aviary hazard.

KEY WORDS

Biodiversity, Orinoquia, land coverage and use, airworthiness, birds.

INTRODUCCIÓN

Las aves como integrantes significativos de los ecosistemas se usan ampliamente en estudios de biodiversidad, por ser excelentes indicadores ecológicos (Murillo, 2005) y se consideran como el constituyente de la tierra mejor conocido (Bibby, Jones & Marsden, 1998), facilitando la evaluación y análisis de los cambios ecológicos de los sistemas; de igual forma, son una herramienta clave para la conservación de especies, de comunidades, de ecosistemas y de áreas estratégicas, para el monitoreo y para el manejo sostenible de los recursos y oferta natural de ecosistemas y paisajes. Las aves de la Orinoquia presentan asociaciones directas a los diferentes hábitats y ambientes que componen sus paisajes, dentro de ellas se encuentran un alto número de especies acuáticas o semiacuáticas asociadas a los caños, esteros y zonas inundables; especies silvícolas relacionadas con las llamadas matas de monte, bosques inundables o no inundables y especies adaptadas a las condiciones extremas y cambiantes (inundaciones, sequías y fuego) de las sabanas (McNish, 2007).

Dentro del paisaje de piedemonte de la cuenca del Orinoco, el municipio de Villavicencio constituye un sitio estratégico para las aves; con una gran diversidad debido a su ubicación y la gran oferta de hábitats, representando una zona de paso importante para especies migratorias, para la congregación especialmente de especies acuáticas y para la presencia de aves de amplia distribución y de áreas abiertas como rapaces y carroñeras. Sumado a esto, la existencia de bosques de vega, sabanas y humedales, potencializa la diversidad de la avifauna lo cual permite inferir un peligro aviar −PA− en la aeronavegación civil y militar, definido como el riesgo que supone para las aeronaves y su operación (Steenblik, 1997). Las colisiones de aviones con aves, relacionado en gran parte con el aumento de varias poblaciones de especies, y otro tipo de fauna, incrementan los problemas económicos y de seguridad (Dolbeer & Eschenfelder, 2002). Cleary, Dolbeer & Wright (2005) estiman que un 98% de las colisiones con fauna se atribuye a las aves, situación que representó para Estados Unidos un costo de US$500 millones, entre los años 1990-2004.

Las principales actividades foco de atracción para la avifauna potencialmente peligrosa para las operaciones aéreas son: existencia de lagos artificiales, actividades agrícolas y pecuarias,



instalaciones destinadas al procesamiento de carnes y pescado, vertederos y plantas de tratamiento de basuras o residuos sólidos, rellenos sanitarios, frigoríficos, granjas pecuarias, desechos de fábricas y parques, expendios y plantas procesadoras de alimentos, que generen desperdicios comestibles para aves, ubicadas dentro de un radio de 13 kilómetros a la redonda de cualquier aeropuerto (ICAO, 2002).

Godínez (2002), destaca la importancia de identificar la diversidad de oferta como las áreas naturales o artificiales que brindan hábitat en cualquier aspecto, por ejemplo, reproducción, alimento, agua, percha, entre otros, en el área de influencia de los aeródromos y de zonas de gran importancia como los rellenos sanitarios; además, sirve como línea base para la formulación de estrategias y recomendaciones para su manejo integral en zonas de aeronavegación y de disposición de residuos sólidos. De igual forma, Blackwell, Schafer, Helon & Linnell (2008) determinaron que las modificaciones físicas y manejo de lagos o estanques, los métodos de tratamientos de aguas artificiales y sintéticos y escenarios hidrobiológicos son efectivos para minimizar el uso de zonas de alimentación de las aves.

De acuerdo a la Organización Internacional de Aviación Civil (en su sigla en inglés ICAO), se reconocen las siguientes prácticas para el manejo del peligro de las aves en la aviación: a) evaluación de extensiones en los aeropuertos y sus alrededores como refugio para aves potencialmente peligrosas, b) acciones que permitan la disminución del número de aves, c) eliminación o prevención de algunos sitios en el aeropuerto y a sus alrededores atrayentes para las aves y de este modo evitar daños a la aviación (ICAO, 1991; Kelly & Alla, 2006; Dolbeer, 2007). Bajo estas consideraciones, el objetivo de la presente investigación fue la evaluación de ecosistemas estratégicos y disponibilidad de hábitat de la avifauna del piedemonte Llanero como posible peligro aviar.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización y descripción del área de estudio

Se hizo referencia como eje de ubicación al municipio de Villavicencio, localizado al Oeste del departamento del Meta (04º07’N, 073º38’W), con una extensión aproximada de 130.085 ha, con una zona urbana de alrededor de 5.427 ha (4%), mientras que la zona rural, 124.658 ha, corresponden al 96% (Alcaldía de Villavicencio - Secretaría de Medio Ambiente, 2006). Su clima se clasifica como húmedo tropical, con una precipitación media fluctuante entre 3.484,7 mm a 4.484 mm, con mayor registro de lluvias en el mes de mayo. La temperatura media es de 25°C, con los datos más elevados para el mes de febrero; la humedad relativa (HR) varía entre el 77,2% y el 82,1%, siendo los meses de junio y julio los de mayor porcentaje de HR (86%). Se tienen medias multianuales donde se registra



que la evaporación disminuye de 1.517 mm a 1.305 mm/año; la insolación real es de 1.807 horas anuales a 1.545 horas anuales de sol; y el recorrido del viento anual se reduce de 28.071 km a 16.013 km anuales, con velocidad media horaria de 1,9 m/s a los 1,0 m/s (Caro, Heshusius, Rodríguez, De las Casas, Rincón & Castro, 2006; BIOTECNOS & BIOAGRÍCOLA, 2007).

Desarrollo metodológico

La presente investigación se desarrolló en dos fases: una exploratoria y una de diagnóstico, de la siguiente manera:

Fase exploratoria

Se realizó una línea base y selección de la temática actualizada, con fuentes de orden nacional e internacional, como las propuestas por la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea Colombiana, principalmente. De igual forma, se hizo una revisión cartográfica por medio de fotografías a diferentes escalas provistas por la Fuerza Aérea Colombiana, así como las imágenes generadas en el medio interactivo de Google Earth. Para una mayor delimitación del área de estudio se realizaron dos sobrevuelos a altitudes cercanas a los 1.524 m (5000 ft); se utilizó el software ArcGis-Arc View versiones 8.3 y 9.0 para la revisión y generación de la cartografía. La delimitación de la zona de estudio fue ajustada de acuerdo al manual metodológico para la caracterización y evaluación del peligro aviar presente en aeropuertos de Colombia (Amaya-Espinel & Rico-Hernández, 2005), estableciendo dos niveles diferentes de evaluación y de análisis de metodologías apropiadas, así:

Nivel 1. Correspondió al área comprendida por un círculo de 3 km de radio donde se localizaron los predios propios de cada aeropuerto y los sistemas naturales y artificiales adyacentes con gran influencia sobre el mismo.

Nivel 2. Entendido como el área del círculo localizada entre el primer nivel y un área con un diámetro de 26 km. Este nivel incluyó las coberturas y usos de la tierra, los ecosistemas, los agroecosistemas y la infraestructura urbana, que hacían parte del paisaje de piedemonte Llanero, adyacentes a los aeropuertos Gómez Niño y Vanguardia y al Parque Ecológico Reciclante (Figura 1).



Fase de diagnóstico

En cada nivel identificado se realizaron visitas de inducción, aplicando los lineamientos de bioseguridad apropiados para las condiciones logísticas. Para levantar la información primaria de hábitat, cobertura y uso del suelo, fueron ajustados los datos de georreferenciación y toponimia de las localidades objeto de estudio, mediante recorridos terrestres con una duración de tres meses; asimismo, se hicieron sobrevuelos en los meses de mayo y julio de 2009. Durante las salidas de campo se escogieron los sitios críticos de presencia de aves o posibles sitios de concentración de individuos, denominados puntos ventajosos.

Ajuste de categorías de hábitat. Una vez revisadas las condiciones ambientales del área (la heterogeneidad de hábitats y la complejidad asociada a la existencia de zonas de traslape, en el nivel 2, de las tres localidades evaluadas), se elaboró una propuesta de categorización y tipología para el área de estudio, ajustada con base en la clasificación establecida por la Aeronáutica Civil del país.

Caracterización de la cobertura y uso del suelo. El conocimiento del uso del suelo y su manejo, tanto en el nivel 1 como en el nivel 2, constituye un aspecto básico dentro del plan de manejo de fauna en los aeropuertos y en las zonas de rellenos sanitarios. La descripción de este componente se basó en la observación directa (recorridos), en el análisis de imágenes de satélite, de fotografías aéreas y de sobrevuelos, permitiendo establecer su predominancia y representatividad en esta área y en las rutas de evaluación. Se utilizó el transecto en banda, con un ancho de 20 m y una longitud de 100 m, tomando al azar, un cuadrante de un 1 m2 cada 10 m, para evaluar cobertura vegetal y especies presentes; en total se realizaron 14 transectos. La información se registró en el formato adaptado de estudios



ecológicos rápidos –EER– (Sobrevila & Bath, 1992), haciendo énfasis en zonas identificadas como botaderos de basura a cielo abierto, plantas de tratamiento de aguas residuales, sitios de actividades agropecuarias, económicas, industriales y otras. Se trabajó siguiendo el “Manual de uso de suelo en áreas aledañas a los aeropuertos” (Aeronáutica Civil Colombiana, 2007) y se aplicó la categorización modificada, correspondiente a las condiciones locales. El aspecto final, comparativo de referencia, se hizo con la última actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Villavicencio para identificar las áreas de conflicto de uso del suelo.

Identificación de ecosistemas estratégicos. Para la selección de los ecosistemas estratégicos se partió del concepto de servicios ambientales prestados, especialmente como oferta de hábitat –espejo de agua, alimento–, zonas de percha y el registro de especies de fauna en estudios precedentes. También se asignó importancia a la existencia de reservas forestales, reservas hídricas y complejos de humedales. Con relación a los sistemas productivos se incluyeron los de gran importancia a nivel local por su cobertura y efecto atrayente sobre especies de aves potencialmente peligrosas para la aeronavegación. Para evaluar los ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos, los registros fueron ajustados de acuerdo a lo propuesto por Sobrevila & Bath (1992). En las observaciones in situ, la clasificación de ecosistemas a nivel de paisaje se hizo siguiendo la propuesta de Romero, Galindo, Otero & Armenteras (2004), para la cuenca del Orinoco colombiano. La clasificación tipo Ramsar adaptada por la Política Nacional para Humedales (Ministerio del Medio Ambiente, 2002), junto con la Resolución 0196 de 2006 de planes de manejo de humedales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT–, fueron los referentes de los ambientes acuáticos con lo que se identificaron los bienes y servicios ambientales; esto se aplicó en algunos de los ecosistemas estratégicos más representativos de la diversidad local. De manera complementaria se describieron las comunidades vegetales dominantes en ambientes terrestres y acuáticos, tal como lo incluye el formato EER.

Integración y análisis de la información

Toda la información se trabajó en matrices; los datos de campo y la información secundaria se compilaron y se evaluaron en formatos de procesadores digitales Excel. La generación de la cartografía temática, procesamiento y análisis, se hizo con el software ArcGIS - ArcView GIS versiones 8.3 y 9.0. Se ajustó la tipología de acuerdo a las categorías establecidas en el estudio y se tuvo como referencia el modelo de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi −IGAC−. Con toda la información ajustada y unificada se generaron los mapas base y temáticos.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo a la evaluación en campo, cartográfica y al ajuste de la clasificación, los hábitats fueron agrupados bajo cinco categorías y diez tipos (Tabla 1). Los principales criterios aplicados fueron: porcentaje de área, representatividad del sistema en términos de conservación o importancia en la producción y su condición estratégica para la oferta de hábitat.

Caracterización y uso del suelo

Las condiciones del suelo en el área perimetral de la pista del aeropuerto Apiay, Base Aérea CT Gómez Niño - FAC, se caracterizó por ser una pradera tipo césped jardín. Se evidenció la presencia de coberturas de bosque secundario en parches dispersos y en riberas de caños, destinadas a conservación, así como la presencia de guafales plantados (Guadua angustifolia) dispersos y matas de monte.

En la zona de influencia del aeropuerto se presentaron diversos usos del suelo relacionados con actividades productivas como cobertura herbácea (Brachiaria decumbens) para uso ganadero, presencia de piscícolas y uso de tipo turístico asociado a infraestructura recreativa: piscinas, juegos y otros. Se estimó que la cobertura dominante fue la herbácea en el nivel 1 y el uso más común la actividad ganadera, seguido del uso suburbano y del turístico. Para el caso del aeropuerto Vanguardia, en el área perimetral de la pista, el uso del suelo encontrado fue de pradera con pastos de diferente altura; en esta misma área se



observaron actividades productivas como cultivos de arroz, cultivos de pancoger (plátano) y pastizales dedicados a la ganadería. Asimismo, se halló cobertura de bosque secundario como el bosque de vega del río Guatiquía, y el bosque de piedemonte en las quebradas La Honda, Susumuco y Vanguardia; además, vegetación plantada en cercas vivas y matas de monte. En las áreas circundantes al aeropuerto, el principal uso registrado fue el ganadero, con cobertura herbácea de Brachiaria decumbens. En el aeropuerto Apiay se evidenció actividad turística asociada a la infraestructura ya citada. Estos resultados son coincidentes con los reportados por ICAO (2002), donde se considera los usos de la tierra como contribuyentes para la presencia de fauna peligrosa para los aeropuertos, aproximadamente dentro de los 13 km, con actividades como la ganadería, los basureros, las actividades piscícolas, la agricultura, los lagos naturales y artificiales.

Por su parte en el Parque Ecológico Reciclante −relleno sanitario de Bioagrícola−, la cobertura del suelo correspondió a la categoría “bosques y áreas seminaturales”, con un área de 0,197%, esta incluyó bosque natural fragmentado, influenciado por aprovechamiento selectivo de espacios y el establecimiento de pastos y/o agricultura de subsistencia, aunque el uso del suelo predominante es de producción forestal y de protección. Otro tipo de bosque observado fue el de galería o ripario, caracterizado por una vegetación típica de planos inundables, de vegas y de diferentes niveles de terrazas que presentan bosques de uno o dos estratos. Se desarrollan a lo largo de caños y en suelos bien a mal drenados. Su uso actual es forestal para conservación, protección y conservación, y extracción, con un 9,32% del total del área.

Además de los bosques, en esta categoría se incorporan las áreas abiertas con poca o ninguna vegetación, constituidas por playas, arenales y canales fluviales; alcanzan a cubrir el 6,82%. En áreas agrícolas se registraron cultivos transitorios y cultivos permanentes. Los primeros compuestos básicamente por cultivos de arroz y de subsistencia, mientras que los segundos estuvieron representados por cultivos de importancia agroindustrial como los de palma de aceite (Eleais sp.), con un área de 6,44%.

Dentro de las “áreas con pastizales” se encontraron “áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva”, incluyen pastos naturales y áreas sin uso actual –de descanso– donde domina la vegetación arbustiva; en conjunto representaron tan solo el 0,87% del total; “presencia de pastos naturales”, caracterizada como la cobertura de vegetación natural o introducida compuesta por gramíneas y leguminosas en la que se observa algún tipo de manejo agronómico. El uso predominante identificado fue la ganadería extensiva, con presencia de pastos y arbustales de origen natural y/o antrópica, materia prima para esta actividad en la zona de estudio.

Otros tipos hallados en las “áreas con pastizales”, fueron los “pastos manejados”, conformados por plantas herbáceas



cultivadas con períodos vegetativos anuales y con mayores rendimientos y valores nutritivos dentro de la categoría de tierras agrícolas; son materia prima para la ganadería extensiva; y los “pastos introducidos” integrados por especies vegetales herbáceas foráneas, importantes para la obtención de altos rendimientos y valores nutritivos en la ganadería semi-intensiva. En general, los usos del suelo más comunes en toda la zona de estudio se relacionan con el sector agropecuario, la infraestructura urbana y los ecosistemas naturales acuáticos y terrestres, siendo los campos agrícolas hábitats y fuente de alimento de las aves durante la época de invierno (Perkins, Whittingham, Bradbury, Wilson, Morris & Barnett, 2000).

Identificación de Ecosistemas estratégicos y disponibilidad de hábitat para aves

Los sistemas de bosque que forman parte de los niveles 1 y 2 de los tres sitios estudiados correspondieron a bosques secundarios, que presentan estructuras semiabiertas debido a la extracción selectiva de recursos maderables; en algunos de ellos se registró la acción directa del pastoreo y del paso de ganado y eventualmente de agricultura de subsistencia. Estos ecosistemas registraron diversos estados sucesionales; en la reserva Buenavista y en el nivel 1 del Parque Ecológico Reciclante se evidenció este proceso ecológico, representado en praderas con pequeñas manchas de rastrojos. De acuerdo a Romero et al. (2004), este tipo de bosques posee un sistema de comunidades ecológicas y biodiversidad complejas, con un alto nivel de estratificación y una gran diversidad de especies, en relación con la diversidad florística explicada en la evolución biogeográfica y la historia climática de la región. Esta complejidad estructural del hábitat es uno de los principales factores ecológicos causantes de la alta diversidad de especies en las comunidades de aves tropicales (Marra & Remsen, 1997).

Dentro de los remanentes del bosque andino se observó la presencia de epífitas, identificando hábitats como los parches de bosques y los parches de sucesión ecológica presentes en todos los sitios estudiados, pero con mayor cobertura en área en la zona del Parque Ecológico Reciclante.

La mezcla de actividades agropecuarias, de expansión urbana y turística, sin aplicar el ordenamiento territorial en áreas urbanas y rurales - niveles 1 y 2, propicia la ampliación de las zonas de “pradera” y de pastizales, con especies introducidas como la B. decumbes y oferta nuevos hábitats para especies de avifauna propias de áreas abiertas y para especies de aves oportunistas y para otros taxa. Esta cobertura tiene un gran porcentaje dentro del área total de los tres sitios evaluados, con una mayor extensión en el nivel 1, en el área del aeropuerto Gómez Niño y en el área del Parque Ecológico Reciclante, y en menor porcentaje en el aeropuerto Vanguardia, donde son reemplazados por cultivos de arroz y viveros. En el nivel 2, dominan en el Parque Ecológico Reciclante.



Los ecosistemas acuáticos presentes dentro de los ecosistemas estratégicos fueron clasificados en dos tipos, ríos y humedales. En el primer tipo fueron identificadas tres cuencas relacionadas con la oferta de hábitats potenciales para fauna importante en el peligro aviar.

Río Guatiquía: en el municipio de Villavicencio recorre las veredas Quebrada Honda, Lourdes, Puente Abadía, San José, San Cristóbal, Santa Helena, Santa Teresa y Santa María Baja, entre otras. Su oferta de hábitat se caracterizó por la captación de aguas con vertimientos de sólidos y líquidos (vía tributarios), junto con los vertimientos directos a su cauce; los productos ambientales que brinda, como agua y material para construcción, lo convierten en un foco para la fauna incidente en el peligro aviar, de manera particular para aves carroñeras.

Río Ocoa: la cuenca se localiza en la parte central del municipio de Villavicencio, en dirección occidente-oriente, recibe cargas tributarias de cerca de 30 cuerpos de agua entre los que se encuentran los caños Maizaro, Buque, Colepato, La Virgen, Pescado y Corcovado. Su trayecto se extiende a lo largo de 68 km aproximadamente y tiene un área estimada de 27.665 ha. Debido a las altas cargas contaminantes de la mayor parte de sus tributarios, a la disposición directa de residuos sólidos y líquidos en su cauce, a las distintas actividades productivas que soporta de forma directa e indirecta (porcicultura, turismo, desarrollo industrial, entre otras), constituye un sitio crítico para la oferta de hábitats a fauna asociada con peligro aviar.

Río Guayuriba: desde su parte alta recibe numerosas descargas de centros poblados, de actividades agropecuarias y de actividades turísticas. Su influencia principal se relaciona con la oferta de hábitat, en el nivel 2, para las tres localidades objeto de estudio. Con la presencia de aves con potencial peligro aviar se hace necesario su valoración. De acuerdo a Blackwell, DeVault & Fernández-Juricic (2009), actividades mínimas y menos importantes son las siguientes: 1) Análisis de eventos y circunstancias que requieren de valoración, 2) Identificación de especies observadas, número, ubicación, movimientos y ocurrencia durante las estaciones, 3) Identificación y localización de futuras y nuevas zonas atractivas para la fauna, 4) Descripción de la fauna peligrosa para las operaciones aéreas y 5) Acciones y recomendaciones para la reducción de fauna peligrosa para las operaciones aéreas.

Por su parte, los humedales tienen una alta representatividad dentro del paisaje de piedemonte donde se localiza la zona de estudio y se ubican tanto el nivel 1 como en el nivel 2.

Humedales naturales. Integrado por chucuas, pantanos y caños. Cabe destacar que en lo observado, los pantanos tenían uso como botaderos a cielo abierto o para la disposición final de material de construcción, lo que conlleva a una acumulación de desechos y por ende al mantenimiento de una fuente de recursos alimenticios para la avifauna.



Humedales artificiales. En esta categoría se agrupan diversos tipos de sistemas: los primeros representados por canales de escurrimiento o drenajes, asociados principalmente a las pistas de aterrizaje y colindantes con el nivel 1, son particularmente importantes en la oferta de hábitat a especies de aves acuáticas en la época seca y a otros grupos de fauna durante todo el año.

Los sistemas piscícolas, como segundo tipo registrado, tradicionalmente presentan conflicto con las aves acuáticas, puesto que su oferta de alimento genera un hábitat deseable para una diversidad de especies. A pesar de los diferentes métodos de control que se aplican (mallas, sonidos, cacería) la abundancia de alimento mantiene a varios gremios tróficos.

Como tercer tipo identificado, los cultivos de arroz ofrecen un hábitat acuático a diversa fauna, especialmente a las aves acuáticas y aves migratorias; estos cultivos fueron localizados principalmente en los niveles 1 y 2 de los aeropuertos Vanguardia y Gómez Niño.

Finalmente en el tipo “otros”, se agruparon las piscinas y construcciones de almacenamiento de agua para consumo humano, para abastecimiento de ganadería, de agricultura u otras actividades.

Las tres zonas objeto de estudio se localizan, en su mayor parte, en lo que corresponde al municipio de Villavicencio. Lo que se delimita como niveles 2, área de diámetro de 26 km, en cada caso, tiene traslape, tal como se puede observar en la Figura 2. En el mapa se contrasta con color naranja aquellos usos contradictorios con el uso aprobado por el POT (Acuerdo 021), especificando en las convenciones el tipo de uso y su relación con los hábitats existentes. De ese modo, se tienen usos en la reserva Buenavista y en la reserva Vanguardia, sobre la ribera de cursos de agua (como en el río Ocoa) que no corresponden a lo estipulado en el ordenamiento ambiental territorial.



La mayor área en traslape la comparten los dos aeropuertos, con mayor área en infraestructura (Villavicencio) y en bosques (zonas de reserva), seguida de la zona de traslape aeropuerto Gómez Niño-Parque Ecológico Reciclante, principalmente en lo relacionado con actividades agropecuarias y presencia de parches de bosque.

CONCLUSIONES

Los ecosistemas estratégicos más importantes en la oferta de hábitat para la avifauna asociada al peligro aviar son los ríos Guatiquía, Ocoa y Guayuriba; los agroecosistemas de tipo pecuario y avícola; los humedales naturales y artificiales. El aeropuerto Vanguardia presenta el mayor efecto de impacto en peligro aviar debido a la gran oferta de hábitat, en términos de área y de diversidad asociado a su ubicación y a la acción deficiente de las autoridades ambientales que posibilitan conflictos de uso del suelo y focos numerosos para aves carroñeras y de potencial para el peligro aviario. En contraste, el Parque Ecológico Reciclante −relleno sanitario− posee la oferta más baja en área de infraestructura y bosques, y una gran oferta asociada al hábitat de pastizal, con presencia de sistemas lóticos como los ríos Guatiquía y Ocoa, focos significativos para aves de importancia potencial en el peligro aviario.

Finalmente, el manejo del peligro aviar en el área de estudio necesita un trabajo integrado de control sobre los focos atrayentes de fauna silvestre potencialmente peligrosa para la aeronavegación, mediante acciones sinérgicas de los responsables del manejo en el nivel uno (administradores de aeropuertos y del relleno sanitario) y de las autoridades ambientales locales (Alcaldías, CAR) como responsables del manejo y administración de los recursos naturales en el nivel 2.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Aeronáutica Civil, Fuerza Aérea Colombiana y a la Universidad de los Llanos (Convenio Interadministrativo No. 8000127-OH-2008/Unillanos 071 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, Fuerza Aérea Colombiana - Comando Aéreo de Combate No. 2 y la Universidad de los Llanos), y a todas aquellas personas que en desempeño de sus funciones institucionales o en acompañamiento al trabajo de campo y recorridos apoyaron el correcto desarrollo de este proyecto.



REFERENCIAS

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1. Convenio Interadministrativo No. 8000127-OH-2008/Unillanos 071 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, Fuerza Aérea Colombiana - Comando Aéreo de Combate No. 2 y la Universidad de los Llanos para el desarrollo del proyecto: “Incidencia de aves y prueba de métodos para el control de peligro aviario y proliferación de aves de carroña en la Base Aérea de Apiay, Aeropuerto Vanguardia y Parque Ecológico Reciclante”.

2. Biólogo, Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Ecología. Docente Investigador. Grupo de Investigación en Gestión Ambiental Sostenible –GIGAS–. [email protected] Grupo de Investigación en Gestión Ambiental Sostenible –GIGAS–, Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería. Universidad de los Llanos km 12 vía Puerto López, A.A. 110, Villavicencio, Meta, Colombia.

3. Biólogo, Universidad Nacional de Colombia. Ph.D en Energía y Tecnologías del Medio Ambiente para el Desarrollo. Docente investigador. Grupo de Investigación en Gestión Ambiental Sostenible –GIGAS–. [email protected]

4. Biólogo, Universidad Javeriana. Grupo de Investigación en Gestión Ambiental Sostenible –GIGAS–. [email protected]



Para citar este artículo: Caro-Caro, C.I., Torres-Mora, M.A, Barajas-Barbosa, M.P. (2014). Ecosistemas estratégicos y disponibilidad de hábitat de la avifauna del piedemonte llanero (Colombia), como posible peligro aviar. Revista Luna Azul, 39, 25-39. Recuperado de http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=946



ACTITUDES AMBIENTALES HACIA EL AGUA, UNA EXPLORACIÓN EN ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE

VENTAQUEMADA (BOYACÁ)1

Milena Paola Mendieta Hernández2 Gloria Leonor Gutiérrez Gómez3

Recibido el 11 de julio de 2013 y aprobado el 10 de enero de 2014, actualizado el 6 junio de 2014

RESUMEN

Este artículo presenta los resultados de la primera fase de una investigación concluida y orientada a diseñar, implementar y evaluar una estrategia didáctica que promueva actitudes de conocimiento y conservación hacia el agua en estudiantes de una institución educativa rural del departamento de Boyacá (Colombia) usando como eje mediático la cosmovisión del Pueblo Muisca alrededor del agua. Para lograr tal propósito, y siguiendo los criterios de la investigación acción, se diseñó un libro código que compilaba categorías, cuestiones, ítems e intencionalidad de una serie de preguntas. Con base en este se elaboró, y sometió a proceso de validez, un cuestionario de actitudes con preguntas de selección múltiple con única respuesta y semiabiertas que permitieron valorar la dimensiones conceptual, procedimental y axiológica del constructo actitud hacia el agua entendida desde la visión compleja del ambiente. Posterior a ello se realizó un análisis del instrumento diagnóstico con el software estadístico SPSS versión 17 para las preguntas de selección múltiple y el software Atlas.ti, para las preguntas semiabiertas. Una vez analizados los resultados, se obtuvo que existe escasa correlación entre lo que se escribe, se siente y se hace respecto al agua. Dentro de las conclusiones, se insta a que el diagnóstico de actitudes sea factor precedente de estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo de actitudes ambientalmente sustentables hacia el agua.

PALABRAS CLAVE

Actitud, agua, educación ambiental, valoración, Muiscas.

ENVIRONMENTAL ATTITUDES TOWARD WATER, AN EXPLORATION IN STUDENTS FROM THE VENTAQUEMADA

MUNICIPALITY (BOYACÁ)

ABSTRACT

This article presents the results of the first phase of an investigation completed and oriented to design, implement and evaluate a teaching strategy that promotes knowledge and conservation attitudes toward water in students from a rural school in the department of Boyacá (Colombia) using as media hub the Muisca People’s world view around water. To achieve this purpose, following the criteria of action research, a code book that compiled categories, issues, items and intentionality of




a series of questions was designed. Based on this, an attitude questionnaire with multiple choice questions with only one possible answer and semi-open questions which allowed assessing the conceptual, procedural and axiological dimensions of the attitude towards water understood from the complex vision of environment was designed and submitted to validity process. Subsequently, an analysis of the diagnostic instrument was performed with SPSS Statistical Software version 17 for multiple choice questions and Atlas.ti Software, for semi-open questions. After analyzing the results, it was found that there is little correlation between what is written, what is felt and what is done on water. Among the conclusions, it is urged that the diagnosis of attitudes is precedent factor of teaching strategies that support the development of environmentally sustainable attitudes toward water.

KEY WORDS

Attitude, water, environmental education, assessment, Muiscas.

INTRODUCCIÓN

En el mundo contemporáneo son cada vez más crecientes y álgidos los problemas ambientales que aquejan a la sociedad. Ante tal situación la indiferencia de las masas de gente, que era un factor común en tiempos anteriores, se ha transformado en una evidente preocupación y conciencia del deterioro natural que sufre el planeta (Páramo y Gómez, 1997). Sin embargo, tal preocupación está centrada en una dimensión biológica y tangible del ecosistema y ciertamente faltan estudios que den cuenta de las percepciones de la comunidad frente a los matices socio-culturales de un elemento que hoy día es el nuevo oro de la humanidad: el agua.

El caso colombiano es muy particular, en específico el del departamento de Boyacá. Este se precia de ser un territorio con gran riqueza hídrica donde es evidente la disponibilidad natural del agua, representada en numerosos sistemas hídricos lénticos y lóticos de importancia nacional como los ríos Magdalena, Suárez, Chicamocha, Arauca y Meta y subcuencas de los ríos Guavio, Cravo Sur, Lengupá, Upía, Cusiana y Pauto (Gobernación de Boyacá, 2012). Pese a tal abundancia de agua, Boyacá se soporta en un sistema hídrico severamente deteriorado por los altos índices de contaminación con pesticidas y la desecación de sistemas de agua para privilegiar la agricultura, originando la reducción del sistema hídrico superficial.

Producto de lo anterior, municipios del departamento, han incluido el agua como eje ordenador en sus Planes de Ordenamiento Territorial. Lo anterior sin duda alguna ha generado cambios positivos en cuanto al mantenimiento, expansión y disponibilidad del agua como recurso, pero no ha impactado, en la mayoría de los casos, en la conservación de las

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fuentes hídricas, ni mucho menos ha contribuido en el proceso de adquirir una cultura de respeto e identidad hacia el agua entre sus pobladores.

Por tales motivos surge el proyecto de investigación denominado “Agua Viva, un legado de nuestra cultura Muisca”, orientado a consolidar actitudes pro-ambientales hacia el agua al entenderla desde la visión sistémica del ambiente y como herencia ancestral de una cultura que aún tiene mucho que enseñar a propósito de la relación entre el agua y el hombre: los Muiscas.

En el presente artículo se discuten los resultados de la Fase inicial de la investigación cuyo objetivo es caracterizar las actitudes que hacia el agua tienen un grupo de estudiantes de una institución educativa rural en el departamento de Boyacá.

Un estudio de estas características es una verdadera necesidad, teniendo en cuenta que los problemas ambientales tienen fundamento en una crisis de valores donde la incorporación de actitudes ambientales es una necesidad urgente, aún más cuando el planeta está atravesando por una crisis general a causa del agua; donde las sequías e inundaciones son el comentario diario de los medios de información, que, producto de campañas gubernamentales, lanzan mensajes tergiversados que apelan por el cuidado del agua como recurso, desconociendo que es un sistema vivo y dinámico en el que se desarrollan múltiples relaciones de co-dependencia.

El constructo actitud: panorama complejo

Existe una imprecisión conceptual sobre lo que abarca el constructo de actitud, sin embargo, según Schibeci (citado por Escudero, 1985) se sabe que la actitud es un factor predecible de conducta. Es más, siguiendo a Sarabia (citado por Caurín y Gil, 2011), las actitudes son formas de expresar valores implícitos en una persona, esto al entender que el termino actitud subyace en una serie de funciones psicológicas de naturaleza motivacional.

La valoración de actitudes resulta compleja al entender, por una parte, que las actitudes son manifestaciones no observables directamente, de tal suerte que es necesario inferirlas a través de una evaluación subjetiva de las respuestas de los sujetos frente a una situación dada (Caurín y Gil, 2011), y por otra parte que se debe estudiar desde sus dimensiones cognitiva, procedimental y afectiva (Escudero, 1985; Caurín y Gil, 2011). Es más, no es posible medir una actitud específica, sino más bien algunos rasgos de ella que permiten predecir el constructo de actitud de un individuo. Así, una actitud observable hacia un fenómeno, debería estar expresada en los sentimientos, el conocimiento y la tendencia a actuar sobre el fenómeno a estudiar.




La Educación Ambiental y su relación con las actitudes

Ciertamente el estudio de actitudes ambientales es un campo espinoso, complejo y joven en Latinoamérica, sin embargo es de común acuerdo que la Educación Ambiental (EA) se vislumbra como uno de los procesos llamados a la consolidación de las mismas.

La apuesta de una EA mediática y conciliadora entre las actitudes y las conductas de los seres humanos hacia el ambiente, se ha concebido desde hace algunos años. En 1975, en el Seminario Internacional de EA en Belgrado se propuso el término de EA como una herramienta metodológica centrada en la adopción de actitudes frente al entorno que nos rodea. Esta definición sumada al trazo de objetivos y metas sobre los que debe girar la EA se compiló en la Carta de Belgrado, que entre otros aspectos proponía que los logros en materia de EA, giraran en 5 dimensiones, a saber: conciencia, conocimiento, cambio de actitudes, capacidad de evaluación y participación (Castanedo, 1995). En la Conferencia Intergubernamental de EA en Tbilisi, en 1977, se planteó que los objetivos de la EA deberían atender a la toma de conciencia y al desarrollo de actitudes (UNESCO, 1980).

En el Congreso Internacional sobre Formación y EA en Moscú en 1987, se concibió la EA como un proceso continuo que facilita la toma de conciencia y la adquisición de valores a favor de resolver una problemática ambiental.

Vemos entonces cómo la EA lejos de ser una utopía, es un proceso con múltiples facetas llamadas todas a la modificación del comportamiento de la persona en su dimensión cognitiva y afectiva (Castanedo, 1995). Es claro que el cambio de conductas y comportamientos no es un hecho fácil ni mucho menos espontáneo, sino que avanza como parte de una intención colectiva que entiende que sobre toda actuación sobrevienen repercusiones, y que evidencia la necesidad de modificar hábitos a fin de re-significar las relaciones del ser humano con su ambiente.

Antecedentes al diagnóstico de actitudes ambientales

Acontecimientos históricos mundiales asociados a problemas álgidos como las crisis energéticas, las tensiones entre países, la inequidad de género, la creciente demanda alimentaria, entre otros, permearon los estudios en psicología desencadenando las primeras iniciativas por conceptuar las conductas a favor del ambiente o pro-ambientalistas (Aragonés y Amérigo, 1991), lo que dio origen a los primeros estudios en Psicología Ambiental.

Según Zimmermann (1995), la psicología ambiental es un campo de estudio relativamente joven, cuyos primeros cimientos se ubican hacia comienzos de la década de los sesenta, y actualmente agrupa estudios de comportamiento hacia las relaciones hombre-ambiente, partiendo de una hipótesis de

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reciprocidad en la cual el medio actúa sobre el hombre y este a su vez actúa sobre el medio.

Siguiendo a Aragonés y Amérigo (1991) el creciente interés social por el diagnostico de conductas ambientales sigue dos corrientes: una, los estudios que responden a la conducta como tal y, la otra, los estudios que contemplan la perspectiva actitudinal. Esta última tendencia es centro de polémicas, más aún cuando se cuestiona sobre si la actitud puede o no determinar la conducta futura de una persona, o más bien da cuenta de una percepción generalizada sobre la preocupación ambiental. No obstante, se reconoce que el diagnóstico del constructo actitud es un primer gran paso en el reconocimiento de las predisposiciones que tiene una comunidad a actuar de una manera determinada.

Medición de actitudes ambientales

Si lo que se quiere, como fin último en un estudio de carácter ambiental, es modificar o instar nuevas actitudes pro-ambientalistas, es necesario indagar sobre las actitudes iniciales de las personas frente al problema ambiental. En la medición de actitudes ambientalistas se hace uso de escalas o cuestionarios. Existen muchas escalas para evaluar actitudes entre estas: el escalograma de Guttman, Likert, la técnica Thurstone, diferencial semántico, siendo las tipo Likert, las más usadas (Escudero, 1985). Al respecto es pertinente traer a colación los trabajos de Weigel y Weigel (1978), Van Liere y Dunlap (1981), Iwatta (1990), entre otros.

Van Liere y Dunlap (1981) construyeron un referente interesante de una escala tipo Likert de medición de actitudes ambientales, formada por varias subescalas y que permitía relacionar temas que reflejan la preocupación ambiental con variables sociodemográficas como el nivel de estudios o la ideología política. La principal crítica a la escala radicó en que dichos temas fueron producto del empirismo, dejando en entredicho su correlación. Posteriormente se fue perfeccionando de un solo ítem a respuestas multi-ítem permitiendo mayor complejidad en el análisis estadístico.

Otro referente importante es la escala de preocupación ambiental ECS (Environmental Concern Scale) propuesta por Weigel y Weigel ( 1978), que resulta importante porque los “temas sustantivos” en los que se basa son la contaminación y la conservación del ambiente. Esta escala se ha venido adaptando a fin de comprobar su validez en trabajos como el de Aragonés y Amérigo (1991).

Castanedo (1995), ajusta algunos ítems de las escalas antes mencionadas y las adapta al contexto y tiempo, además incorpora nuevos ítems obteniendo la Escala de Actitudes Pro-Ambientales (EAPA) de 50 ítems con puntuaciones desde muy de acuerdo a muy en desacuerdo y que mide principalmente tres aspectos: reducción de los niveles de contaminación,




participación en la resolución de problemas medioambientales y recolección de residuos.

En este tipo de escalas, es común diseñar frases en sentido proactivo, es decir tomando medidas ambientales que la mayoría consideraría positivas, por tanto estar muy de acuerdo significaría aceptarlas. Otras en cambio, están diseñadas en sentido reactivo, donde estar muy de acuerdo significaría que acepta medidas que ante la mayoría de personas se considerarían negativas para el ambiente.

Si bien el método tradicional para medir el constructo de actitudes son las escalas Likert, hoy día se evalúan nuevas métodos basados en cuestionarios de preguntas abiertas y semiabiertas en las que se tiene la posibilidad de explorar las ideas de los estudiantes (Caurín y Gil, 2011). Estos cuestionarios resultan interesantes porque, en primera instancia, no sesgan la respuesta de los participantes, y además, permiten que la persona responda con criterios propios.

MATERIALES Y MÉTODO

La investigación se realizó siguiendo los lineamientos de la investigación acción en tanto que toma como punto de partida las nociones de los participantes y no investiga al azar. Además, de acuerdo con Vargas y Estupiñan (2012), insta a la comunidad a la acción reflexiva con miras a la construcción de una realidad mediada por el cambio de actitudes, las cuales se potencian cuando los problemas objeto de estudio se refieren a situaciones concretas que están inmersas en la realidad social, privilegiando la experiencia cotidiana.

Este tipo de investigación es más que pertinente en los procesos de EA porque todo proceso de transformación e innovación como el que propone el proyecto de investigación, debe ir acompañado en palabras de Mayer (1998) de una reflexión sobre la acción, sobre lo que se está haciendo y sobre lo que se va a hacer, a fin de no imponer actitudes socialmente aceptadas sino de aprender conjuntamente. De esta manera, la investigación acción es una metodología óptima para la exploración de problemas y potencialidades ambientales al ser un ejemplo de coherencia entre los métodos de reflexión que usa y la complejidad misma que encierran las dimensiones del ambiente.

Participantes

El instrumento de diagnóstico de actitudes hacia el agua, fue aplicado en el año 2012 como parte del proyecto “Agua Viva, un legado de nuestra cultura Muisca”, orientado a desarrollar una estrategia didáctica para consolidar actitudes de compromiso, conocimiento y conservación hacia el agua. Se aplicó a un grupo de 33 estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa

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Francisco de Paula Santander del municipio de Ventaquemada, aledaño al Páramo de Rabanal (Boyacá).

El número total de participantes fue obtenido por conveniencia y facilidad de acceso a ellos. Además, para evitar falseamientos en las respuestas se evitó colocar nombres y apellidos y para ello se asignó un código que permite sistematizar mejor la información respetando la identidad del participante. Procedimiento

Para la fase de exploración de las actitudes iniciales, que concierne a este artículo, y previo a implementar un proceso de acción que involucre cambios en patrones actitudinales, se estructuró una metodología en dos momentos: un primer momento de reconocimiento de la zona y los actores participantes, y un segundo momento de documentación y estructuración del diagnóstico. Se diseñó un cuestionario que permitió valorar las dimensiones conceptual, procedimental y axiológica del constructo actitud hacia el agua. Para ello se diseñó un libro código que en el caso de la dimensión conceptual contiene temas, cuestiones (subtemas), frases (ítems) e intencionalidad de las preguntas o enunciados propuestos en el cuestionario. Además, cada pregunta está diseñada teniendo en cuenta tres competencias definidas para las Ciencias Naturales, a saber: identificar, indagar y explicar.

Para proveer de validez el instrumento de diagnóstico, se sometió al método de validación por expertos, que resulta práctico para entender desde el sujeto la comprensión de la escala misma, teniendo en cuenta que los aportes que los validadores dan no se pueden extractar con un análisis factorial. Producto de las consideraciones y aportes de cada experto, se consolidó una primera sección con 12 preguntas de selección múltiple con única respuesta que valoraba la dimensión conceptual, y una segunda sección que planteaba 8 situaciones dilemáticas con opción de respuesta abierta y semiabierta para evaluar las dimensiones procedimental y afectiva. El hecho de encontrar este tipo de situaciones que implican toma de decisiones, repercute positivamente en la valoración de actitudes en tanto que en la medida en que se responda abiertamente a la pregunta, de acuerdo con Caurín (citado por Hernández, 2010), aumenta la posibilidad de inferir rasgos de la actitud no observables directamente. Además, se realizó un pilotaje con estudiantes de características similares al grupo participante y que está inmerso en la misma realidad contextual. Procesamiento y análisis de la información

Posterior a la aplicación de los instrumentos a la población participante, se realizó un análisis de las respuestas. Para el análisis de la primera sección se establecieron variables, sus características y se aplicaron estadísticos descriptivos mediante el software estadístico SPSS versión 17, agrupando las respuestas obtenidas en niveles de competencia según la Tabla 1.




Posterior a ello se realizó un análisis con el test no paramétrico X2, a fin de establecer diferencias significativas entre las respuestas de los estudiantes participantes. Para el análisis del segundo instrumento se establecieron 6 categorías de análisis determinadas a través de un proceso deductivo que, en palabras de Pantoja (2009), fueron creadas atendiendo a las necesidades y potencialidades de la investigación, y se diferencian claramente en la medida en que valoran aspectos distintos de la actitud hacia el agua. Se procedió a hacer un análisis cualitativo haciendo uso del software Atlas.ti, consolidando a partir de los saberes reales de los estudiantes, categorías inductivas que fueron analizadas a la luz de diversos autores expertos en el tema. Para el análisis de datos cualitativos se llevó a cabo una secuenciación de los mismos, partiendo de la toma de los datos, y siguiendo tres niveles de análisis: textual, donde se realizó una reducción inicial de texto a fin de obtener los apartes más relevantes para la investigación; nivel conceptual, en el que se establecieron categorías y subcategorías inductivas con base en los saberes reales de los participantes; y un nivel interpretación, en el que se realizó una triangulación hermenéutica de los datos a la luz de las categorías. Este esquema no fue de tipo secuencial, sino más bien circular y siempre hubo la necesidad de volver y retomar el nivel textual (Pantoja, 2009).

RESULTADOS

Resultados dimensión conceptual

Entre los estudiantes participantes, con dos grados de libertad y un nivel de confianza del 95% se encontraron diferencias estadísticamente significativas en todas las preguntas del cuestionario excepto en las número 4 y 7 (Tabla 2).

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En la pregunta 1, estructura de la molécula del agua, el 73% de los estudiantes comprenden claramente que la imagen que se representa en el cuestionario corresponde a la molécula de agua y que está formada químicamente por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Las diferencias estadísticamente significativas radican en que un 24% de los estudiantes si bien reconocen la molécula de agua, creen que el átomo de oxígeno de mayor




tamaño atrae a los átomos de hidrógeno formándose enlaces iónicos. Apenas un 3% de los estudiantes no definen el agua como una molécula sino más bien como un elemento puro, de ahí su transparencia.

En la pregunta 2, referida a los enlaces propios de la molécula del agua, el 52% de los niños y niñas creen que el oxígeno y el hidrógeno están unidos mediante un enlace iónico, lo anterior debido quizá a que tienen la concepción de que el átomo de oxígeno de mayor tamaño atrae a los átomos de hidrógeno, cayendo en un error conceptual. Sin embargo, el 39% de los estudiantes deducen que el enlace que une dichos átomos es de tipo covalente, lo que los sitúa en un nivel C de competencia.

En la pregunta 3, el agua desde el punto de vista físico, se establecen diferencias estadísticamente significativas teniendo en cuenta que el 76% de los niños y niñas asocian el transporte de agua de la raíz a las hojas a los fenómenos de adhesión y cohesión de las moléculas de agua, lo que los sitúa en un nivel C de competencia. Caso contrario con el 18% de los estudiantes que afirman que el agua es liviana y de ahí que sea fácil su transporte. Por último, el 6% de los estudiantes afirman que es gracias a los enlaces covalentes entre moléculas de agua que se forman escaleras permitiendo ascender el agua hasta las hojas.

Al cuestionarles sobre el ciclo del agua, ocurre un caso similar tras mostrar un esquema que lo resume. El 49% de los estudiantes concluyen que las nubes se forman por evaporación del agua líquida, situándolos en un nivel C de competencia. En contraste, un 39% de los niños y niñas consideran que las nubes siguen todo el recorrido de las flechas del ciclo esquematizado acudiendo únicamente a una interpretación básica, lo que los sitúa en un nivel A de competencia. Por último, un 12% de los participantes acuden a sus vivencias cotidianas y afirman que en el ciclo del agua las nubes producen agua en forma de lluvia.

Respecto a la pregunta de la disponibilidad y oferta hídrica en el departamento de Boyacá, el 85% de los estudiantes se agrupan en un nivel C de competencia teniendo en cuenta que comprenden que en Boyacá existe gran riqueza hídrica y que a pesar de que el agua es considerada recurso renovable, es responsabilidad de todos cuidarla porque esta no es inagotable. La diferencia estadísticamente significativa radica en que el 9% de los niños y niñas consideran, al observar el mapa de Boyacá con sus ríos y cuencas, que en este departamento el agua es abundante y por ende inagotable, de ahí que no se procuren acciones a favor de su conservación.

En la pregunta 8 se establecían las principales amenazas antrópicas al páramo y se inducia a los niños y niñas a determinar las implicaciones que dichas amenazas representan para las especies endémicas de los ecosistemas de alta montaña. A lo cual, el 70% afirmaron que las consecuencias serían fatales porque al ser especies endémicas solo prosperan en el páramo. El 21% de los estudiantes reconocen que sería una situación preocupante, sin embargo el término endémico les

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sugiere que pueden prosperar en otro lugar. Aún más desconcertante resulta el 9% de los estudiantes que creen que gracias a las quemas y contaminación del hombre en los páramos las especies se adaptan y, por ende, no es motivo de preocupación que se sigan realizando indiscriminadamente dichas actividades.

Cuando se les cuestionó a los niños y niñas sobre la importancia biológica de los páramos en términos de supervivencia de los seres humanos, el 76% de los participantes asumen que dicha importancia radica en que los páramos son hábitat de especies de plantas y animales, si bien esta es una función sumamente importante, lo es aún más el hecho de que los páramos sean los lugares que surten de agua a las fuentes hídricas, respuesta que aseveraron apenas un 18% de los estudiantes. Mientras que el 6% reconocen que son lugares llenos de cultura y tradición, lo que representa mayor importancia sobre el abastecimiento de agua.

En la pregunta 10 se les proporcionó a los niños y niñas una imagen donde se personifican algunas deidades de la cultura Muisca, y a continuación se les cuestionó sobre cómo se debían concebir esos imaginarios de mito dentro de la generación actual. El 58% de los estudiantes afirman que el imaginario de mito del Pueblo Muisca debe ser considerado como una estrategia de protección a los páramos. En contraste, un 27% de los niños y niñas concibieron el mito como ilusorio y primitivo, desconociendo que al darle animismo a elementos como las montañas y el agua, los Muiscas mantenían un equilibrio ecológico en el ambiente. El 15% de los participantes reconocieron que aunque los mitos son creaciones fantasiosas y carentes de realidad, en este caso son patrimonio de la sabiduría del Pueblo Muisca.

En la pregunta 11, el 70% de los estudiantes afirman que tras la lectura del mito de Origen de Bachué, el elemento fundamental a través del cual gira la historia es el agua, reconociendo así que para los Muiscas el agua era fuente de vida literalmente, de ahí que Bachué su progenitora haya salido del agua y una vez formado el Pueblo Muisca, volvió a ella. Sin embargo, un 24% de los estudiantes se situaron en un nivel A de competencia al afirmar que el centro de la historia son los seres humanos representado en el Pueblo de Iguaque que formó Bachué, demostrándose una clara tendencia antropocentrista alrededor de los elementos naturales que dieron origen a la creación.

En la pregunta 12, se cuestionaba acerca de la concepción de sacralidad que tenían lugares como los páramos y las lagunas para los Muiscas, en razón a ello, el 52% de los niños y niñas se situaron en nivel A de competencia al afirmar que los páramos y las lagunas eran sitios de fiesta, romerías y adoración, desconociendo pese a la lectura previa, que los Muiscas no osaban cortar ni una rama de esos sitios y solo ascendían a los páramos en busca de medicinas cuando realmente era necesario, respuesta con la que estuvo de acuerdo un 33% de los participantes. El 15% afirmaron que los páramos no eran




espacios sacros, sino lugares de resguardo tras la llegada de la conquista española.

Resultados dimensión operacional y afectiva del constructo actitud hacia el agua

En este punto la información se interpretó en la medida en que fue generada por los niveles de análisis atendiendo a las 6 categorías deductivas de análisis. Es pertinente mencionar que los resultados que se presentan constan de dos partes: la primera, saberes que reflejan actitudes, compila algunas de las respuestas literales de los niños; y la segunda, interpretación, comprende las categorías inductivas que se extractaron producto de la lectura y el análisis textual de las respuestas de los niños y niñas.

Categoría: Situación y problemáticas asociadas al agua

Producto de las respuestas de los niños y niñas se establecen 3 categorías inductivas que resumen las causas generales posibles que engloban las situaciones y problemáticas relacionadas con el agua, a saber: causas antrópicas, causas naturales, y gestión y responsabilidad comunitaria. Apartes de las respuestas de los participantes se muestran en la Tabla 3.

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Categoría: Alternativas de conservación del agua

En esta categoría se pretendió indagar sobre la posición de los participantes respecto a la aplicación de tecnologías limpias y la participación de las comunidades en procesos de Educación Ambiental como estrategias de conservación y manejo del agua. La Tabla 4 sintetiza las respuestas obtenidas.

Categoría: Toma de decisiones frente al aprovechamiento del agua

Esta categoría indagó respecto a las actitudes de los estudiantes frente a la producción y consumo de productos modernos entendiendo que son responsables, en gran medida, de la contaminación de las fuentes hídricas y despilfarro de agua. Producto del análisis textual y conceptual de las respuestas de los niños se establecieron 2 categorías inductivas de análisis (Tabla 5).




Categoría: Actores responsables frente al agua

Se propuso un enunciado en que se ofrecían cifras del gasto de agua en las zonas urbanas y en el sector agrícola que representa una de las principales actividades económicas de los pobladores de zonas rurales. A propósito se indagó sobre la percepción de los niños y niñas frente a las responsabilidades de los actores sociales respecto al agua. La Tabla 6 sintetiza los principales hallazgos.

Categoría: Agua como elemento esencial

Se expuso una situación dilemática en la cual se planteaba la posibilidad de construir una carretera que generaría grandes ingresos económicos pero que implicaría la desecación de un

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pozo de agua. En la Tabla 7 se resumen las actitudes de los participantes frente al agua y al dinero como factores necesarios en las actividades humanas.

Categoría: Agua como elemento de identidad

Bajo las pretensiones de identificar las actitudes de los estudiantes hacia el agua entendida desde su complejidad ambiental, se planteó que el suministro de agua para una comunidad aislada implicaba generar daño al pasar un tubo por un bosque y afectar una laguna sagrada para una cultura indígena ancestral, las opiniones se dividieron fuertemente según los resultados de la Tabla 8.




Categoría: Percepción afectiva del agua

En la Tabla 9 se observan las percepciones en términos de definición, importancia, origen y usos y prácticas alrededor del agua.

DISCUSIÓN

La dimensión conceptual del constructo actitud hacia el agua

Al analizar los resultados obtenidos en el conjunto de preguntas que daban cuenta de la dimensión conceptual, se observa que en todas las preguntas en que se establecieron diferencias estadísticamente significativas, el nivel C de competencia predominó. Esto implica que los participantes tienen conceptos claros en lo referente al agua desde el punto de vista químico y físico, es decir aplican teorías aprendidas y las transpolan para comprender que el agua es una molécula, que está unida por enlaces covalentes y que entre sus propiedades físicas figuran la cohesión y la adhesión. Caso similar ocurre con el agua desde el punto de vista ecológico. Se comprenden las fases que conforman el ciclo del agua, la riqueza hídrica en el departamento de Boyacá y la responsabilidad que ello implica, las consecuencias que traen para las especies endémicas actividades como quemas y extensión de cultivos en los ecosistemas de Páramo. Sin embargo, cuando se cuestiona sobre los sistemas socio-culturales alrededor del agua, las respuestas puntúan en niveles A y B de competencia. Así cuando se pregunta sobre la importancia de los páramos en

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términos de supervivencia para la especie humana, se reitera que se adjudica a las plantas y animales, desconociendo la función de los ecosistemas de alta montaña en la regulación hídrica; o cuando se cuestiona sobre el carácter sacro de las lagunas y los páramos para los Muiscas, simplemente se tergiversa la palabra adoración y se convierte en sinónimo de fiesta.

De lo anterior se extraen dos conclusiones: la primera es alentadora ya que al situar la mayoría de respuestas en nivel C de competencia, no solo se deduce un alto grado de abstracción entre los participantes, sino que se obtiene certeza en la posibilidad de modificar actitudes ambientales teniendo en cuenta que para adoptarlas es necesario tener un fuerte componente conceptual (Caurín y Gil, 2011), esto es: preconceptos claros, definidos y necesariamente positivos (Hernández, 2010). Lo anterior nos lleva a la segunda conclusión que suscita incongruencias, teniendo en cuenta que, si se parte del supuesto de que en las escuelas se están enseñando conceptos científicamente aceptados acerca del agua, entonces los problemas ambientales asociados a este líquido no radican en el conocimiento que los participantes tienen en relación a la situación objeto de estudio. Lo anterior concuerda con el trabajo de Mayer (1998), quien afirma que es una trampa pretender que la solución a los problemas ambientales está en el conocimiento objetivo de los mismos. Es necesario pensar entonces que las actuaciones de un individuo se mueven en otros campos además del conocimiento, campos que implican fuertes vínculos emocionales y como afirma Schibeci (citado por Caurín y Gil, 2011) no se trata entonces de valorar la actitud hacia el agua únicamente haciendo escalas que den cuenta del rendimiento escolar en sus dimensiones biológica, química y física a través de relaciones estadísticas. Es necesario atreverse a poner en un mismo plano los sentimientos y las propensiones a actuar según lo que se piensa y siente respecto al agua.

Análisis de las categorías inductivas atendiendo a las dimensiones procedimental y afectiva de las actitudes

En cuanto a la categoría Situación y problemáticas asociadas al agua, se establecen 3 categorías inductivas. En lo que respecta a las causas antrópicas, se rescatan varios aspectos: primero, el hecho de que en la mayoría de respuestas los participantes no se incluyen como agentes causantes de los problemas asociados al agua; esto se infiere cuando se habla de las personas en términos excluyentes. Segundo, la tendencia de resaltar los hábitos y el desconocimiento como causa de problemas relacionados con el agua, vislumbrando la pertinencia misma del ejercicio investigativo que se realiza, porque al potenciar el cambio de actitudes es posible la subsecuente modificación de conductas y hábitos adquiridos que, al ponerse en contacto con otros miembros de la comunidad, propiciará patrones de enseñanza e imitación de actitudes pro-ambientales. Por último, se reconoce que la sobrepoblación es uno de los problemas ambientales álgidos en el mundo contemporáneo. Al respecto resulta sorprendente comparar la respuesta de los niños y niñas con el aporte del trabajo de Castanedo (1995) que




encontró que el 51% de las personas están en desacuerdo o muy en desacuerdo frente a que “debería existir una ley para evitar el crecimiento desmesurado de la población”.

En cuanto a las causas naturales asociadas a los problemas referidos al agua, se privilegian situaciones climáticas como el calentamiento global y el verano, entendido, según los participantes, como el exceso de calor por el sol. Es preciso notar que estas causas son producto de observaciones iniciales de fenómenos como las sequías o las inundaciones, y es en este punto donde se deben hacer distinciones entre lo que es una causa y lo que se define como consecuencia de un problema ambiental.

Resulta sumamente interesante el hecho de que la falta de gestión y responsabilidad comunitaria y gubernamental sea un factor que refleje preocupación entre los participantes, y resulta importante en la medida en que se reconoce que la responsabilidad de cuidado del agua radica no solo en las personas que consumen a diario el agua, sino también en los gobiernos encargados de su gestión. Estas respuestas coinciden con el trabajo de Castanedo (1995), en el cual frente a la responsabilidad gubernamental cerca del 95% de los participantes consideran que “el gobierno debería introducir medidas severas para frenar la contaminación ambiental”.

En cuanto a la categoría Alternativas de conservación hacia el agua, se observó fuertes tendencias que instaban separadamente por los procesos educativos y por las soluciones tecnológicas como estrategias de conservación. Pensar que los saldos ambientales que deja el creciente modelo tecnológico-desarrollista se puedan solucionar con más tecnología, resulta algo paradójico. Según la Psicóloga ambiental Claude-Lévy Leboyer (citada por Zimmermann, 1995) los problemas ambientales son la resultante del avance técnico y las consecuencias que este trae: industrialización, explosión demográfica, consumismo, concentraciones humanas cada vez más alejadas de los valores culturales de sus pobladores ancestrales. Al respecto, Santamarina (citado por González y Figueroa, 2009), pone en entredicho los alcances de la Ciencia y la Tecnología como posibilidades de progreso. Castanedo (1995) tras la lectura del Informe Final de la Conferencia de Tbilisi, llega a la conclusión de que no es posible generar cambios sustanciales en los problemas ambientales haciendo uso únicamente de la tecnología. Es necesario incorporar valores y actitudes centrándose en la conducta que los individuos tienen con su entorno inmediato.

Ante el abismo separatista de las tendencias de Educación o Tecnología como alternativas de solución ante la crisis ambiental por el agua, Mayer (1998) propone que es necesario mediar en procura de buscar una homogeneidad entre escuela y tecnología, entre uso y consumo de los recursos. Ahora bien, de acuerdo con Lucie Sauvé (citada por Mayer, 1998) la pregunta es cómo aunar estas dos tendencias sin caer en lo que hoy por hoy está llamada a andar la educación; en un paradigma

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tecnológico donde se procura que la escuela esté al servicio de formar seres para la competitividad y la productividad.

En la categoría Toma de decisiones frente al aprovechamiento del agua, ciertamente los niños y niñas priorizan el suministro del agua en contraste con la construcción de la fábrica, que proveería de empleo a los habitantes de la ciudad. Los resultados coinciden con el Informe del MOPU (citado por Castanedo,1995), Recomendaciones para una Estrategia Nacional de Educación Ambiental en el Sistema Educativo, donde el 66,9% se declaraban en contra frente a la posibilidad de construir una fábrica altamente contaminante para los ríos y la atmósfera cerca a la casa, así proveyera de trabajo a un sinnúmero de personas. Incluso en los resultados de la investigación de Castanedo (1995) el 81,6% se manifestaron en desacuerdo frente a la afirmación de que los beneficios que aportan los productos tecnológicos y de consumo son más importantes que la contaminación que resulta de la producción y uso de los mismos; y el 53,7% se manifestaron de acuerdo en que debería evitarse la construcción de fábricas que contaminen los ríos y la atmósfera, aunque estas generen empleo.

Al cuestionar sobre los Actores responsables del cuidado del agua teniendo en cuenta que el sector agrícola gasta cerca del 70% del agua disponible para el consumo humano, las opiniones fueron divididas, sin embargo hubo una fuerte tendencia a atribuir dicha responsabilidad a los habitantes de la ciudad, en términos del mal uso del agua, y a justificar el gasto de agua en la zonas rurales debido al suministro alimentario que provee el campo a la ciudad.

Más allá de adelantar juicios sobre las responsabilidades de unos u otros, el análisis debe centrarse en una figura que parecía olvidada y es creer que el centro de la naturaleza es el ser humano y, por tanto, recae en él la responsabilidad del cuidado de los elementos que interactúan en la naturaleza. Esto no solo supone un antropocentrismo falsamente positivo, sino una condescendencia hacia el ambiente un tanto reprochable, en la medida en que de acuerdo con Mayer (1998) el ambiente natural no necesita de benefactores, al contrario, es la especie humana la que demanda urgentemente un entorno apto para vivir, garantizando la perdurabilidad de la misma.

En la categoría Agua como elemento esencial, al cuestionar a los participantes acerca de la idea de privilegiar la construcción de una carretera sobre un pozo de agua, facilitando el transporte de alimentos y con ello el aumento de los ingresos económicos, hubo una gran tendencia a darle prelación al agua sobre los ingresos económicos. Sin embargo, al leer el contexto, se observa que las razones para privilegiarla atienden a las incomodidades que sugiere tener que ir a otra fuente hídrica y con ello las implicaciones de costos de gasolina. Al priorizar el agua por el bienestar que genera, salta a la vista la incómoda verdad que se tiene de concebirla desde una visión recursista, al servicio de las comunidades y no como sistema dinámico en el que se desarrollan relaciones de co-dependencia. De igual




manera, se tipifica que la comodidad se convierte en un fuerte estímulo para optar por la construcción de la carretera. Esto coincide con el trabajo de Berenguer y Corraliza (2000), donde el 51,5% de los encuestados revelan que emprenden acciones que saben que le perjudican al ambiente pero que les resultan cómodas, y el 88,3% opinan que para la gente es más importante su comodidad que el respeto hacia el ambiente.

En la categoría Agua como elemento de identidad, se obtienen, por una parte, respuestas favorables en torno a conservar el ecosistema de bosque y los sistemas de creencias alrededor de la laguna ancestral, y buscar soluciones prácticas para el transporte de agua a la comunidad aislada que no impliquen afectación. En la investigación de Castanedo (1995), se obtienen respuestas similares dado que en su escala, el 84,4% de los participantes aceptaban lo injusto que resulta deteriorar de la manera que actualmente se hace al considerar la naturaleza como un bien social. Sin embargo, por otro lado se obtienen respuestas que se engloban en una subcategoría denominada antropocentrismo del agua, esto es, privilegiar a toda costa el suministro de agua para el ser humano desconociendo, en palabras de González y Figueroa (2009), “los derechos intrínsecos” que tienen todas las formas de vida. No se trata entonces de imponer una visión romántica conservacionista sino, según los autores, de adquirir una ética ecocentrista donde se reconozca que todos los elementos que conforman el ambiente son sujetos de derecho, y se promueva el respeto de las relaciones de co-dependencia que entre ellos se establecen.

En las categorías Agua como elemento esencial y de identidad, se observa una situación particular, en la que si bien la mayoría de participantes reflejan actitudes pro-ambientales hacia el agua, no se es tan radical como en las otras respuestas del cuestionario y también se contempla la idea de privilegiar ingresos económicos, al construir la carretera, y de pasar el tubo por el bosque, para proveer de agua a la comunidad. Siguiendo a Castanedo (1995), esto radica en que cuando las medidas que se desean tomar afectan los estilos de vida, las respuestas que se consideran socialmente aceptadas, disminuyen drásticamente.

También es de notar que entre la subcategoría consecuencias de las actuaciones, los sentimientos de culpa y responsabilidad afloran. Al respecto Páramo y Gómez (1997) afirman que estos son muestras de una dimensión afectiva fuertemente establecida hacia el objeto de actitud, tipificándose dentro de lo que se conoce como preocupación ambiental que, en palabras de Berenguer y Corraliza (2000), es un parámetro para valorar el nivel de concienciación y una variable que predice futuros comportamientos ambientales.

Son varios los aportes que provee el análisis de la categoría Percepción afectiva del agua. Por un lado, para los participantes la importancia del agua radica en el uso que hacen de la misma en las actividades diarias. Lo que concuerda con las definiciones de servicio y recurso que se otorgan al agua. Lo anterior se

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corresponde claramente con las respuestas dadas en las otras categorías de análisis. Llama especialmente la atención, la connotación de reemplazable que se otorga al agua, más aún si se comprende que la vida tal como la conocemos no es posible sin el agua. En contraposición, se encuentran definiciones como tesoro, líquido preciado, que develan la valoración afectiva hacia el agua, y limitado donde, en palabras de González y Figueroa (2009), se observa que los participantes no caen en la falsa ilusión que fundamenta el modelo económico imperante, de creer que los recursos naturales son inagotables.

AGRADECIMIENTOS

Las autoras de la investigación expresan su agradecimiento a la Dirección de Investigaciones (DIN) de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, por la financiación del proyecto de investigación desarrollado durante la beca-pasantía otorgada en el marco de la Convocatoria No. 525: Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores “Virginia Gutiérrez Pineda”, Colciencias, 2012. De igual manera se agradece la iniciativa de todos los participantes que colaboraron en el proceso de investigación.

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1. Artículo derivado de la investigación: “Agua Viva, un legado de nuestra cultura Muisca: estrategia didáctica para la consolidación de actitudes de compromiso, conocimiento y conservación hacia el agua”, realizada durante la beca-pasantía otorgada por Colciencias en el marco del Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores, y bajo la financiación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias.

2. Licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Grupo de Investigación GECOS. [email protected]

3. Magíster en Biología, Etología y Fisiología animal. Docente investigadora Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Grupo de investigación GECOS. [email protected]

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Para citar este artículo: Mendieta-Hernández, M.P., Gutiérrez-Gómez, G.L. (2014). Actitudes ambientales hacia el agua, una exploración en estudiantes del municipio de Ventaquemada (Boyacá). Revista Luna Azul, 39, 40-62. Recuperado de http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=947




LA GOBERNABILIDAD LOCAL EN EL CONTEXTO DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA: REQUISITO PARA LA GESTIÓN

AMBIENTAL URBANA

Diana María Vásquez Avellaneda1 Marcela Navarrete Peñuela2

Recibido el 31 de mayo de 2013 y aprobado el 17 de marzo de 2014, actualizado el 6 junio de 2014

RESUMEN

El análisis que se plantea en este artículo permite entender la complejidad que representa la significación y categorización de la Nueva Gestión Pública conforme a las bases teóricas que le sustentan, y es el punto de partida para analizar la Gestión Ambiental Urbana y la Gobernabilidad Local y vislumbrar así los niveles de similitud o divergencia existentes entre distintas realidades que presentan los Estados en atención a su nivel de desarrollo y contextos particulares.

PALABRAS CLAVE

Gestión ambiental urbana, gobernabilidad local, nueva gestión pública, control social.

LOCAL GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF THE NEW PUBLIC MANAGEMENT: REQUIREMENT FOR URBAN

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

ABSTRACT

The analysis proposed in this article allows the understanding of the complexity, meaning and categorization the New Public Management represents in accordance with the theoretical bases that support it and is the starting point to discuss Urban Environmental Management and Local Governance and discern the levels of similarity or divergence between different realities that the States present in attention to their level of development and particular contexts.

KEY WORDS

Urban environmental management, local governance, new public management, social control.

INTRODUCCIÓN

Para el grupo de investigación AGESAT de la Universidad del Valle, la Gestión Ambiental Urbana se convierte en un tema central que debe orientar el proceso de investigación interdisciplinar y transdisciplinar. Congruente con este interés, se

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propuso desarrollar la investigación: “Estructuración del Observatorio de Conflictos Ambientales Urbanos”, con el fin de generar un espacio académico político que permita el empoderamiento de la comunidad para el adecuado ejercicio de la participación y el control social.

El presente artículo es el resultado del trabajo exploratorio conceptual de la primera fase de este proyecto; en él, se plantea como objetivo lograr una aproximación al desarrollo teórico de la Gestión Ambiental Urbana y la Gobernabilidad Local en el contexto de la Nueva Gestión Pública. Para el logro de este objetivo fue necesario, en términos metodológicos, recurrir a una visión crítica que involucra diversos componentes –histórico, social, económico, cultural– para entender lo que significó en su momento y lo que en la actualidad representa la Gestión Ambiental Urbana frente a lo que se ha denominado la Nueva Gestión Pública. Para el logro del objetivo planteado en este artículo se hizo necesario examinar el desarrollo de estos conceptos desde un análisis descriptivo-analítico.

DESARROLLO CONCEPTUAL

Políticas públicas y gestión ambiental

Según Manteiga (2000, P. 76): “El desarrollo de la política ambiental implica un largo proceso de toma de decisiones. Parte de una preocupación ambiental y acaba en la adopción de medidas encaminadas a paliar tendencias desfavorables”. La preocupación ambiental a la que hace referencia Manteiga tiene su origen en la afectación de la comunidad por un problema o interacción de problemas tipificados como ambientales, y es precisamente esa afectación la que motiva a la comunidad a buscar y formar parte de las soluciones. Es claro entonces que el proceso resolutorio de la problemática ambiental no está únicamente en manos del gobierno local, sino que demanda la participación activa de la comunidad.

En este escenario, la gestión ambiental urbana se convierte en el camino más viable y directo para la participación de los diferentes actores en procesos de control social, ordenamiento territorial y planificación y toma de decisiones, entre otros, gracias a los mecanismos establecidos por el marco institucional de la gestión ambiental. Según el BID (2007): “Estos mecanismos ayudan al desarrollo de un marco de gobernabilidad transparente y equitativo para la gestión ambiental y en consecuencia, un marco de gobernabilidad adecuado puede facilitar el camino hacia el desarrollo urbano sostenible”, entendida la gobernabilidad como “[…] el modo en que una sociedad se organiza para tomar e implementar decisiones logrando un entendimiento, acuerdo y acción mutuos” (PNUD, 2000, p. 1).

La apertura de espacios para la participación e interacción entre el gobierno local y la sociedad civil para abordar adecuadamente




la compleja y dinámica problemática ambiental urbana, dependerá en gran medida de “[…] la voluntad política de modificar la forma de intervención pública y la propia organización administrativa, en la línea estratégica, directora, evaluadora y cooperativa […]” (URB-AL, 2001, p. 77). Lo anterior plantea para la administración pública un ineludible reto: responder a las nuevas tendencias del management público en el marco de la gobernabilidad y el control social.

Gobernabilidad

La conceptualización de la gobernabilidad ha sido el resultado de diferentes perspectivas teóricas, correspondientes a diferentes momentos históricos; este contexto dinámico se ha traducido en la dificultad para la formulación de una única definición de gobernabilidad. Así lo confirma Santos Zabala en el XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, cuando afirma:

[...] el concepto de gobernabilidad ha tenido diversos significados, situación derivada de la complejidad y amplitud de los sujetos de estudio que aborda, así como a la variedad de escuelas y teorías que la han conceptualizado; por ello, gobernabilidad es un concepto ambiguo, difuso y difícil de operacionalizar en variables analíticas. (Santos, 2008, p. 1)

Sin embargo, para efectos de este trabajo las autoras acogen la definición presentada por el Programa GovernAsia, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID):

La gobernabilidad es, […] el atributo de los sistemas sociopolíticos (y por extensión económicos) caracterizados por su capacidad de formular e implementar decisiones públicas, es decir, de transformar las demandas o preferencias ciudadanas en políticas concretas. Así, se puede hablar de gobernabilidad cuando sus actores se interrelacionan para tomar decisiones colectivas y resolver sus conflictos y divergencias dentro de un marco institucional determinado (el sistema de gobernanza) dentro del cual formulan sus expectativas y estrategias. (GovernAsia, 2008, párr. 3)

La gobernabilidad en el contexto de la globalización

Según Joan Prats, director del Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya (IIG), “La globalización está produciendo un nuevo orden de roles, asociaciones, partenariados entre los gobiernos, los ciudadanos y las empresas” (Prats, 2005, p. 25), a lo largo del eje Local-Global, lo que facilita –en teoría– la acción de la gobernabilidad a nivel local. Esto se confirma si tenemos en cuenta que la

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globalización, como promotora de la modernización del Estado, busca mayor transparencia en la administración pública y por ende, en la solución de los conflictos sociales, económicos y políticos de los Estados, lo cual, ayuda a consolidar la estructura de la gobernabilidad.

Pese a lo expuesto por el IIG, diversos autores sostienen que la globalización ha lesionado profundamente la gobernabilidad al debilitar significativamente dos de sus pilares: la democracia y la participación.

Al respecto, Pierre Calame, investigador del Institut de recherche et débat sur la gouvernance, sostiene:

En un contexto de mundialización, de crecimiento de las interdependencias donde la democracia y la escena política siguen organizándose casi exclusivamente a escala nacional, la crisis de la democracia es profunda en el momento en que, ideológicamente, ésta se convirtió en la referencia universal obligada (Calame, 2006, Recuperado de http://www.institut-gouvernance.org/en/analyse/fiche-analyse-319.html).

Esta crisis de la democracia a la que hace referencia el autor se acentúa si se tiene en cuenta que la igualdad política es la clave de la democracia, por tanto, “[...] a mayor desigualdad en la distribución de la riqueza, la información, las armas y otros recursos políticos, mayor tensión entre la democracia y la gobernabilidad. De hecho, en estos casos la exigencia de gobernabilidad acabará debilitando o deteriorando las instituciones formales democráticas” (Prats, 2001, p. 118), a la vez que la vulneración de la democracia impedirá garantizar los derechos sociales y políticos que brindan seguridad jurídica y social a los actores sociales y económicos, como lo asegura Concepción (2005).

Vargas (2005b), sostiene que la globalización ha limitado las oportunidades de desarrollo de las economías más frágiles, debilitado y socavado las bases del poder de los Estados nacionales, aumentando las tensiones sociales y por tanto la ingobernabilidad de las sociedades.

Asimismo, Concepción (2005) afirma que la globalización ha tenido serios efectos sobre la gobernabilidad al dejar la tarea de la cohesión social a los Estados nacionales y al mismo tiempo erosionar la capacidad de acción de estos estados, afectando severamente la democracia y la soberanía, sustento de la gobernabilidad, la igualdad social y la participación de la comunidad en la toma de decisiones; por tanto, es necesario que el ordenamiento internacional sea respetuoso de la diversidad de los países dentro de los límites de la interdependencia.




En palabras del propio Joseph Stiglitz, dentro de los efectos negativos de la globalización se encuentran la amenaza a la identidad, a los valores culturales (elementos fundamentales para el logro de la participación en la gestión ambiental local, principalmente) y a la democracia:

La globalización, tal como ha sido defendida, a menudo parece sustituir las antiguas dictaduras de las elites nacionales por las nuevas dictaduras de las finanzas internacionales. A los países de hecho se les avisa que si no respetan determinadas condiciones, los mercados de capitales o el FMI se negarán a prestarles dinero. (Stiglitz, 2002, p. 308)

No existe duda de que medidas como las enunciadas anteriormente, atentan y restringen directamente la soberanía de los Estados limitándolos en sus acciones y decisiones sobre temas tan coyunturales como la inversión social. Estas medidas son constantes y de “severo cumplimiento” cuando se trata de países en desarrollo.

Desde el esquema impuesto por la globalización, Vargas (2005b, p.12), asegura que la gobernabilidad “[...] se logra mediante el desarrollo económico y social de los pueblos. De hecho, las sociedades local y regional son actores sociales para la promoción de un desarrollo más justo y equitativo”, y concluye: “El desafío para una mejor gobernabilidad en un marco globalizador se centra en un sistema que logre el desarrollo integral del ser humano mediante la armonización de las metas macroeconómicas de crecimiento y de igualdad social” (Vargas, 2005b, p. 12).

Gobernabilidad local

Los desafíos para los gobiernos locales son cada día mayores dado que tienen que gestionar y velar por la inversión eficiente de los fondos, complacer las exigencias crecientes de la sociedad en lo relacionado con la democratización y socialización de la política y velar por el equilibrio ecológico, social, y económico de la ciudad y del entorno del que depende.

En la instalación de la Reunión de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Edgardo Bilsky3, al referirse a los actuales gobiernos locales, manifiesta que las crecientes responsabilidades de los gobiernos locales son cada día más importantes y diversas ya que deben brindar un servicio público cercano a la gente, son los garantes locales del respeto a la igualdad de los derechos ciudadanos y representan el interés general de la población en una ciudad o municipio. Además, se han convertido en uno de los principales actores del desarrollo económico y social. Por lo tanto, deberían poder garantizar la coherencia del desarrollo urbano a partir de la gestión global de sus territorios, es decir, tomando en cuenta diversos factores como equipamiento, servicios, ordenamiento equilibrado de barrios, acción social, lucha contra la pobreza, exclusión, etc.

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Vargas (2005a, p. 93-94), en su artículo “Hacia un nuevo diseño de gobernabilidad glocal postnacional”, asegura que “tanto una mayor participación ciudadana como una mayor autonomía de los gobiernos locales son elementos imprescindibles para consolidar la gobernabilidad democrática”4, la cual se fortalece con el ejercicio autónomo de la autoridad para la formulación e implantación de sus propias políticas públicas como respuesta a las demandas de la ciudadanía.

Santos Zavala (2008), contempla la gobernabilidad en el nivel subnacional, como un resultado del proceso de reforma del Estado. El autor, refiriéndose principalmente a América Latina, resalta la participación de la comunidad en la formulación de políticas públicas:

[...] la nueva gobernabilidad local ha impulsado al mercado y a las redes de política pública como formas de organización del gobierno local, generándose con ello un nuevo proceso de formulación de políticas públicas, sustentado en la participación ciudadana y caracterizado por la existencia de múltiples lógicas de acción [...]. (Santos, 2008, p. 9)

Con respecto a la relación globalización-gobernabilidad local, desde la perspectiva latinoamericana, Ricardo García sostiene que la globalización se convierte en un inconveniente más para los gobiernos locales ya que es justamente “[...] en el ámbito local donde el proceso de desarrollo económico cobra vida, lo global y lo local se oponen precisamente en la percepción que hacen los ciudadanos del desarrollo” (García, 2002. Recuperado de http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/RGJ022002A.htm).

El retorno a la democracia vivido por la mayoría de los países de América Latina, ha representado para el gobierno municipal la consolidación y fortalecimiento del poder local a través del proceso de descentralización que entrega autonomía a los municipios para realizar un gobierno más cercano a la sociedad y sobre todo con la posibilidad de incidir directamente sobre las prioridades y necesidades de la comunidad, y para la sociedad civil, la democracia representa la opción de intervenir en las decisiones que la afectan y el derecho a ejercer el control y vigilancia sobre la gestión de sus gobernantes y el cumplimiento de las funciones para las cuales fueron elegidos.

En síntesis, la gobernabilidad local debe ser entendida hoy, según el IIG, esencialmente como gobernabilidad urbana, esto implica la necesidad de generar las capacidades necesarias para formular estrategias y agendas compartidas de ciudad o ciudad-región y de aplicarlas en entornos dinámicos y cambiantes como lo son, los centros urbanos (Prats, 2005).




El Buen Gobierno

El Banco Mundial (2003), en su página oficial, bajo el título “What is governance?” presenta varias definiciones de “good governance”, correspondientes a diferentes instituciones internacionales:

UNDP: It is “… among other things participatory, transparent and accountable. It is also effective and equitable. And it promotes the rule of law”.

OCDE: It “… encompasses the role of public authorities in establishing the environment in which economic operators function and in determining the distribution of benefits as well as the relationship between the ruler and the ruled (www.oecd.org)”.

World Bank: It is:

[…] epitomized by predictable, open and enlightened policy making; a bureaucracy imbued with a professional ethos; an executive arm of government accountable for its actions; and a strong civil society participating in public affairs; and all behaving under the rule of law (World Bank, 1994). (Banco Mundial, 2013)

El término original “good governance” surge de las instituciones internacionales (FMI y BM, principalmente), como una “iniciativa” encaminada al control de la corrupción administrativa en los gobiernos de sus países miembros, mediante el seguimiento y la vigilancia de la forma en que se ejerce el poder en lo que respecta a la administración de los recursos económicos y sociales de un país para fines del desarrollo.

Pese a las “buenas intenciones” de la good governance promovida por el FMI y el BM, son numerosos los sectores y los gobiernos que guardan dudas al respecto, no solo sobre el concepto mismo sino también sobre las implicaciones de su aplicación, incluso hay autores como Saldomando (2002, p. 2) quien afirma:

Los multilaterales (BM. FMI. OCDE) en la primera generación de políticas de gobernabilidad consideraron que el buen gobierno y la buena gobernabilidad, era aquel que lograba hacer pasar las reformas económicas liberales surgidas del consenso de Washington, en condiciones de estabilidad política. Los gobiernos eran premiados según su habilidad política y según la autoridad ejercida para mantener el ritmo de las reformas ni retroceder o ceder ante consideraciones como costo social, protesta u oposición.

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En esta misma vía, Herrera opina que la “buena gobernanza” va en contravía de lo que sería el buen gobierno ya que:

[…] lo que se pretende no es el aumento de la participación democrática de los individuos y de los pueblos en el proceso de decisiones, ni el respeto de su derecho al desarrollo, sino obligar a los Estados nacionales a desregularizar los mercados, es decir, a regularlos únicamente por las fuerzas del capital mundial dominante. (Herrera, 2005, p. 290)

El autor sustenta, con suficiente fuerza argumentativa, su “desconfianza” en la ambigüedad conceptual que manejan las ya mencionadas instituciones internacionales alrededor del término “good governance” (Herrera, 2005).

El mismo autor sostiene, además: “Las condiciones de la buena gobernanza serán buscadas en vano mientras no se supriman los obstáculos estructurales que impiden a la gran mayoría de los países del mundo ejercer su derecho al desarrollo y a la democracia” (Herrera, 2005, p. 293). Para Herrera, está claro que es necesario cambiar el actual modelo de desarrollo, solucionar el problema de la deuda externa, y controlar estrictamente las actividades de las transnacionales, origen de intercambios irregulares:

La insistencia del FMI en hablar de buena gobernanza, convertida en una de las palancas de la condicionalidad de la ayuda a los países del Sur y de los acuerdos de reducción de su deuda externa, pone en evidencia la politización creciente de sus intervenciones y la deriva de sus misiones más allá de lo que define su mandato. (Herrera, 2005, p. 292)

En la necesidad de encontrar una definición de “buen gobierno” más “acorde” a las realidades de los países en desarrollo, las autoras de esta investigación han acogido para este trabajo, la definición propuesta por el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) en la Reunión de Consulta Regional sobre la Reforma de los Bancos Multilaterales de Desarrollo, celebrada en Washington D.C, el 21 de abril de 1996:

[...] “buen gobierno” se refiere específicamente a la dimensión económica y social de la gestión pública, en la cual se le atribuye al Estado una responsabilidad clave en la conducción general de la economía y en el desarrollo integral, sustentable y equitativo de la sociedad. En el mismo orden de ideas, se reconoce también que el sector público debe ser eficiente en sus políticas económicas y sociales, no sólo debido a su responsabilidad en la consolidación de la estabilidad democrática, sino también porque necesita legitimarse como interlocutor válido en




materia de acceso a los recursos multilaterales, sin que ello signifique introducir condicionalidades de tipo político. (SELA, 1996, p. 5)

El “deber ser” del buen gobierno puede ser entendido a partir del planteamiento de Vargas (2005a), para quien el buen gobierno, esencia de la gobernabilidad democrática, se centra en los “[…] procesos de formulación y ejecución de políticas públicas creadoras y reguladoras de instituciones y mecanismos que permitan a los actores colectivos, acordar, negociar y asumir funciones de vigilancia de la esfera pública.” (p. 94). Según este autor, la nueva gestión pública “[...] requiere que los procesos de formulación e implementación de las políticas públicas estén estrechamente vinculados a las capacidades del Estado [...]” (p. 94).

¿Cómo medir el buen gobierno?

Medir el “buen gobierno” resulta un reto para la sociedad y para el mismo sector administrativo. Los diferentes organismos internacionales impulsores de la “buena gobernanza” han propuesto diversas baterías de indicadores para medir lo que, a su juicio, consideran que es la “eficiente acción administrativa de los gobiernos”. La más reciente propuesta del BM está plasmada en “Governance Matters VIII” correspondiente al periodo 1996-2008, los indicadores agregados planteados se basan en 33 fuentes independientes de datos y en cientos de variables para captar, mediante encuestas, la opinión sobre la gestión de gobierno de miles de hogares, empresa, organizaciones no gubernamentales y expertos en sector público (Banco Mundial, 2009).

Las seis “dimensiones esenciales” en las que se agrupan estos indicadores son: voz y rendición de cuentas, estabilidad política y ausencia de casos graves de violencia, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, Estado de derecho y control de la corrupción. Estos indicadores son los mismos que subyacen a los “principios de la buena gobernanza” adoptados por la Unión Europea y plasmados en el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea.

Frente a los indicadores utilizados por el BM para medir el buen gobierno, son muchos los autores que discrepan de ellos debido a que, a juicio de los expertos, dichos indicadores presentan serios problemas de forma y de fondo en su construcción. Corroborando lo anterior, Aart Kraay, economista principal en el Grupo de Investigaciones del Banco Mundial, afirma que la medición de la gobernabilidad plantea dificultades, y no se tiene la certeza de que la información suministrada por los indicadores sea totalmente exacta (Banco Mundial, 2006).

Por otro lado, Saldomando (2002, p. 5), se cuestiona sobre qué es lo que se está midiendo en gobernabilidad y sostiene: “Dado el hecho de que no existe consenso ni referencias empíricas establecidas sobre la gobernabilidad democrática y su

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monitoreo, los sentidos que se le den al concepto de ‘gobernabilidad eficaz o ineficaz’ son claves”. Otra observación realizada por Saldomando, hace referencia a que esta “caja de herramientas” universalizante, propuesta por el BM, deja por fuera del análisis elementos tan importantes como: los contextos locales, los modos de regulación y la elección de las variables del enfoque adoptado.

Como si respondiera al interrogante planteado por Saldomando, el PNUD (2000, p. 1) en Indicadores de gobernabilidad: Guía del usuario, sostiene que “los indicadores de gobernabilidad pueden utilizarse para hacerle seguimiento y evaluación a los programas y proyectos de gobernabilidad así como para establecer puntos de referencia, objetivos y metas desde la perspectiva del desarrollo”.

Es de anotar que los indicadores de gobernabilidad propuestos por el PNUD también han sido objeto de críticas. Girvan (s.f.), identifica tres tipos de problemas en estos indicadores: sesgo cultural y político5, fuentes de información del PNUD y construcción de los indicadores numéricos (las puntuaciones máxima y mínima varían enormemente para los diferentes indicadores).

Otra alternativa para “medir” el buen gobierno es a través del cumplimiento, por parte de los gobiernos, de las “siete normas de gobernanza urbana” propuestas por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos: equidad, seguridad, eficiencia, sustentabilidad, descentralización, transparencia y gestión responsable (una gestión urbana transparente y abierta, y una ciudadanía vigilante de sus derechos) y compromiso cívico y ciudadano (ciudades que aseguren la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones, son más gobernables).

Sin embargo, los mejores indicadores del “buen gobierno” son el nivel de gobernabilidad y la capacidad de gestión y de ejecución del programa de gobierno por parte de la administración local, así como el grado de satisfacción y el nivel de confianza de la sociedad (percepción social) en sus gobernantes y en las instituciones (Fleury, 2002). En este punto, tanto la formulación de los indicadores de gestión de políticas, como su validación con los distintos actores presentes en la ciudad, serán de gran utilidad ya que permitirán a la comunidad saber cuánto han cumplido sus gobernantes de lo propuesto en los diferentes planes de gobierno y a los administradores locales conocer las fortalezas y debilidades de su gobierno, así como la opinión que tienen los ciudadanos de su gestión, además permitirán inferir si la ciudad marcha por el camino indicado para el logro de la sostenibilidad.




BASES CONCEPTUALES DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA (NGP)

La gestión pública, debe ser entendida, según Metcalfe (1999), como gestión a nivel “macro”, contraria a la gestión privada o “micro”. Según Prats (2001, p. 109):

La gestión pública se refiere al cambio, no a nivel organizacional o micro [...], sino a nivel macro o estructural entendido como orientando la transición hacia un nuevo marco institucional [...] cambiar las reglas del juego (la “governance” o la estructura institucional) es un cambio de naturaleza diferente al que implica cambiar las estrategias de los actores individuales.

Antecedentes

La gestión pública, inicialmente conocida como management público, tiene sus orígenes teóricos en el Reino Unido, sus desarrollos metodológicos en el mundo anglosajón y su “campo de experimentación” en todo el planeta. No obstante, algunos administrativos franceses “reclaman como originalmente galo el término management” (Guerrero, 2001).

La gestión pública o management público, se presentó, durante la década de los 70, como un:

[…] conjunto de doctrinas de aplicación general y universal caracterizado por rasgos de portabilidad y difusión, así como de neutralidad política. Esto significó por una parte, que sus principios y técnicas se presentaran como una respuesta válida para los problemas de la gestión pública en multitud de países. (Jarquín y Losada, 1999, p. 16)

En los años 80, con la mundialización de la economía y demás efectos de la globalización, la naturaleza y especificidad de muchos de los problemas públicos cambia, lo que “pondría de manifiesto la imposibilidad de encontrar soluciones prét-á-porter en el sector privado. Como consecuencia, las organizaciones públicas deberían o bien adaptar sustancialmente las técnicas privadas o bien construir sus propios modelos” (Jarquín y Losada, 1999, p. 16). El marcado interés del sector público por las técnicas del management:

[…] refleja las dificultades que encuentra la administración pública para adaptarse a la escala y complejidad de los problemas que le plantea la sociedad actual. Las nuevas circunstancias económicas, políticas y sociales ponen de manifiesto las limitaciones de las perspectivas tradicionales que han

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proporcionado a la administración sus modelos de conducta. (Jarquín y Losada, 1999, p. 16)

Es así como, en la década de los 90, la gestión pública buscó elaborar nuevos conceptos y modelos de gobierno que modificaran los procesos de formulación de políticas, renovaran los criterios utilizados para juzgar la eficacia de las políticas y transformaran los patrones y procesos de responsabilidad pública (Metcalfe, 1999), lo que devino en la creación de la denominada Nueva Gestión Pública. Respecto a la gestión pública en los años 90, Les Metcalfe, escribe en su artículo “La gestión pública: de la imitación a la innovación”:

Los valores básicos en torno a los cuales giró la reforma durante los años noventa se resumen en lo que ha venido a conocerse como “las tres E” –economía, eficiencia, eficacia–, entendidas éstas como la erradicación del despilfarro, la racionalización de los servicios y la especificación de objetivos que orienten los recursos directamente hacia la resolución de los problemas. Desde ese punto de vista, la imitación de los métodos empresariales parece la respuesta más racional. En los años noventa, debido al ritmo del cambio y a la complejidad de las tareas que debe afrontar el Estado, la “triple E” no constituye ya una base suficiente para la reforma. Supone más bien un grado de estabilidad constitucional e institucional que no se puede dar por descontado. (Metcalfe, 1999, p. 49)

Según García (2007), la NGP surge por la pérdida de credibilidad del sector público como gestor del bienestar ciudadano, lo que obligó a las instituciones públicas a actuar aplicando los principios de economía, eficiencia y eficacia:

Estas nuevas demandas, cada vez más importantes como consecuencia de la magnitud del déficit público en prácticamente la totalidad de países, tuvieron en un primer momento un importante impacto en los procesos de construcción de políticas públicas, pero en la actualidad no se circunscriben únicamente a la esfera política o ministerial, sino que se han ampliado a todas las actuaciones de la administración en sus diferentes órdenes territoriales. Así, las administraciones estatales, autonómicas, provinciales y locales se ven envueltas en procesos de regeneración, de cambio. Nuevos patrones de actuación y comportamiento, comunes internacionalmente, son los que han llevado a diseñar un nuevo sistema operativo público, una nueva filosofía de actuación: la nueva gestión pública. (García, 2007, p. 38)




La nueva gestión pública o new public management es, pues, el resultado de la modernización del Estado, es decir, es la transformación de una gestión pública caracterizada por la ineficacia, la ineficiencia y la corrupción, a una gestión que busca, como la empresa privada, obtener los mejores resultados al menor coste posible (economía, eficiencia, eficacia y transparencia), a través de diversos procesos de reforma del Estado, que buscan, además, la satisfacción del cliente. Según Jarquín y Losada (1999), la NGP, ha permitido pasar de una inversión centrada en la creación de infraestructura física y en la transferencia de tecnología, a “invertir en capital humano, de aplicar políticas macroeconómicas sanas como conditio sine qua non, y de crear el entorno propicio para que los diversos mercados (financieros, laborales, etc.) funcionen adecuadamente, es decir, de manera competitiva” (Jarquín y Losada, 1999, p. 1).

La NGP establece una estrecha relación con la gobernabilidad a través de los principios de transparencia, participación y descentralización en los diversos niveles de gobierno:

La nueva gestión pública incluye procesos de descentralización y de evolución en todos los niveles de gobierno, aunque en su implantación no siempre consideró las complejidades locales. Homogeneidad y rigidez de normas son obstáculos para la autonomía de los procesos de descentralización y afectan el avance en función de sus propias posibilidades, oportunidades y potencialidades, definiendo sus propias instancias y mecanismos de participación, los cuales, a su vez, se orientan a la gestión de proyectos y construcción de obras sin otorgar a los ciudadanos el poder de decisión para convertirlos en actores políticos. Mayor participación ciudadana y autonomía de los gobiernos locales son elementos imprescindibles para consolidar la gobernabilidad democrática6. (Vargas, 2005, p. 21)

Definiciones

Son numerosas las definiciones que se encuentran disponibles en la literatura. No obstante, la mayoría de los autores coinciden en identificar, como elementos estructurantes de la NGP, la economía, la eficiencia y la eficacia.

Echebarría y Mendoza (1999, p. 33-34), definen la NGP como:

[…] un movimiento de nuevas ideas que se concentra en el mejoramiento del desempeño mediante el traslado del énfasis desde el control de los insumos hacia el control de los productos permitiendo así una mayor discreción gerencial, y en la promoción de una mayor transparencia y responsabilidad.

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Según Pollitt y Bouckaert (2000, citados por López, 2003, p. 9), es aquella gestión que:

[…] conduce a un gobierno más económico y eficiente, con servicios de mayor calidad y programas más eficaces, y además, simultáneamente, introduce cambios como la ampliación del control político, mayor libertad a los gerentes para que lleven a cabo su gestión, mayor transparencia gubernamental y una mejora de la imagen de aquellos ministros y líderes más comprometidos.

Para García (2007, p. 44), la NGP es aquella que:

[…] persigue la creación de una administración eficiente y eficaz, es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor coste posible, favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de competencia que permitan la elección de los usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad. Todo ello rodeado de sistemas de control que otorguen una plena transparencia de los procesos, planes y resultados, para que por un lado, perfeccionen el sistema de elección, y, por otro, favorezcan la participación ciudadana.

Es importante aclarar que instituciones internacionales como el BM, el FMI y la OCDE, utilizan el término Reforma Estructural para referirse a la NGP, es por esto que Guerrero (2001), define la nueva gestión pública como:

[..] un movimiento de reforma del sector público, basado en el mercado como modelo de relación política y administrativa, cuyo sustento doctrinario está fundamentado en la opción pública, la teoría del agente principal, la gerencia de calidad total y la economía de costos de transacción.

El mismo autor se refiere a la NGP así:

El neomanejo público todavía es un modelo de implementación uni-lingüe y uni-cultural, un fenómeno inherente a un puñado de países anglosajones que se exporta como una mercancía para que se consuma en los países subdesarrollados a través de las ofertas que se concentran y luego se distribuyen a través de la OCDE. Esta exportación mercantil es asegurada por medio del financiamiento condicionado del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que se conoce con el eufemismo de “reforma estructural”. (Guerrero, 2000)




En síntesis, puede definirse la NGP como un enfoque de compresión, análisis y tratamiento de los problemas propios de la Administración Pública a través del uso de las estrategias propuestas por el management para el logro de mayor eficiencia, eficacia y efectividad en el ejercicio de la función pública. Asimismo, puede decirse que el principal objetivo de la reforma del Estado impulsada a través de la NGP es cambiar la administración pública y la cultura administrativa centrando los esfuerzos en “los resultados organizacionales, la gestión individual y los incentivos del mercado (incluyendo, cuando sea posible, la privatización)” (López, 2003, p. 10).

Fundamentación teórica

El paradigma post-burocrático se debe a Michael Barzelay, en tanto que el concepto de gobierno empresarial es obra de David Osborne y Ted Gaebler. El nuevo manejo público o nueva gestión pública es el más representativo de la globalización y consiste en un prototipo de estandarización administrativa (Guerrero, 2001).

Echebarría y Mendoza (1999), aseguran que el sustento teórico que subyace a la mayoría de los cambios promovidos por la NGP está formado por un conjunto de valores, principios y técnicas que se enmarcan en las llamadas ciencias del management.

Principios orientadores de la NGP

Con el fin de entender los principios que orientan la acción de la NGP es conveniente conocer las motivaciones que dieron lugar a la “entusiasta” adopción, por parte de los Estados, de las llamadas Reformas de Primera Generación:

No es de extrañar que el movimiento de la reforma del sector público se haya difundido con tanto entusiasmo en el mundo. Gravita en torno a ella el supuesto –o creencia– de que su ejercicio “conduce a un gobierno más económico y eficiente, con servicios de mayor calidad y programas más eficaces, y además, simultáneamente, introduce cambios como la ampliación del control político, mayor libertad a los gerentes para que lleven a cabo su gestión, mayor transparencia gubernamental y una mejora de la imagen de aquellos ministros y líderes más comprometidos” (Pollitt y Bouckaert, 2000). (López, 2005, p. 9)

López asegura que realizadas las reformas de primera generación (privatización, desregulación, descentralización, etc.), los procesos de “modernización” de la gestión pública buscan:

Introducir nuevas lógicas en la forma de actuación de las instituciones gubernamentales,

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promoviendo la gestión por resultados, enfatizando un carácter más gerencial que procedimental, ubicando a los usuarios como centro de las preocupaciones de gestión y transparentando los actos públicos para mejorar los niveles de confianza de la ciudadanía sobre lo público. La puesta en marcha de estas iniciativas garantizaría una asignación y utilización de los recursos públicos bajo un estricto criterio que incorpora eficiencia, eficacia y calidad. (López, 2005, p. 11-12)

Según López (2005), el panorama anteriormente descrito permitió, en un ambiente pletórico de optimismo, formular los objetivos que justificarían la razón de ser de las reformas a la gestión pública:

Mejorar la asignación y utilización de recursos públicos administrados por las instituciones del Estado (formulación de objetivos vs. mecanismos de control y evaluación).

Mejorar la calidad de servicio y atención al usuario (identificación de usuarios y sus necesidades, definición de estándares de desempeño, generación de departamentos de quejas y reclamos, y creación de la figura del defensor de los derechos de los usuarios).

Hacer más transparentes los actos gubernamentales a partir del perfeccionamiento de los mecanismos de control y evaluación de las instituciones públicas.

Además de los objetivos de la NGP es pertinente, para los propósitos de este apartado, mencionar las líneas características que, según Shepherd (1999, p. 78), vinculan la NGP con la gestión del sector privado: delegación de la toma de decisiones, orientación hacia el desempeño, orientación hacia el cliente y orientación de mercado.

Es en este contexto de reformas “hacia adentro” planteado por la NGP que fue realizada la propuesta de Osborne y Gaebler sobre Los cinco principios orientadores de la NGP, ampliamente conocidos como las “Cinco R”: Reestructuración, Reingeniería, Reinvención, Reconceptualización y Realineación. Pese a las expectativas generadas por las ventajas que se obtendrían con la puesta en marcha de las Cinco R, estos cinco principios orientadores de la NGP han sido cuestionados por varios autores por considerarlos “abstractos”, entre ellos la OCDE, esta organización:

[…] alerta sobre la posibilidad de considerar a los principios de la NGP como un modelo unívoco de reforma y transferible a cualquier país, sin tomar en cuenta los diferentes sistemas políticos y administrativos que, naturalmente, implicarán formas de operacionalización muy divergentes de estos criterios considerados como “bastante abstractos”. (López, 2003, p. 12)




La OCDE, también recomienda pensar en reformas más profundas, selectivas e incrementales, en las que se privilegie el enfoque “pragmático” sobre el “dogmático”.

Introducción de las técnicas del “management” privado en el sector público

Los aportes de las ciencias de gestión (management) a la reforma del Estado no son nuevos, estos aportes han variado acompasados con la dinámica de la teoría del desarrollo. Esta aseveración es confirmada por Echebarría y Mendoza (1999, p. 17):

El management –movimiento que ha ganado madurez y notoriedad en los Estados Unidos gracias al auge empresarial y al valor social que se atribuye a la racionalidad económica, los métodos científicos del trabajo y la responsabilidad individual– ha tenido, desde sus orígenes, un considerable eco en la administración pública estadounidense.

Desde la década de los 90 se ha suscitado una serie de cambios en la configuración de la administración pública que obedecen a las transformaciones del entorno, principalmente al fenómeno de la globalización. Las presiones del mercado (economía, eficiencia y eficacia), a las que busca responder el management en el sector privado, hoy son también exigencia de la administración pública.

Pese a la transferencia de variadas técnicas del management a la administración pública, los resultados no fueron los esperados. Según Metcalfe (1999), el problema radica principalmente en la ausencia de una conceptualización propia:

La gestión pública, después de haber tomado en préstamo numerosos elementos de la administración de empresas, carece de un fundamento teórico adecuado. No tiene lógica propia [...] Curiosamente, su dependencia de las soluciones orientadas al mercado ha desviado la atención de los reformadores de la gestión de los problemas de gobierno que la teoría de la elección social se había propuesto resolver inicialmente. (Metcalfe, 1999, p. 50)

En esta primera etapa, tanto el escepticismo frente al lenguaje propio de las ciencias de la gestión, como la mala interpretación que hizo el sector público del espíritu del management, generaron desconfianza y resistencia frente a su aplicación en la solución de problemas de la administración pública.

Dado que la administración pública es singular, dinámica y se enfrenta a nuevos y diferentes problemas a los que debe darles solución, sería de esperarse que la gestión pública pasara, como

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dice Metcalfe, de la simple imitación de las técnicas propias del management a la innovación en la NGP, generando procesos de aprendizaje institucional y valor público. Sin embargo, para poder pasar de la imitación a la innovación, la gestión pública necesita nuevos cimientos teóricos.

Por otro lado, la gestión pública se enfrenta a serias dificultades prácticas para incrementar las capacidades de aprendizaje en el plano interinstitucional ya que, como asegura Metcalfe (1999, p. 64): “los procesos políticos convencionales bloquean con frecuencia el aprendizaje, ya que la ideología se impone sobre la realidad o los intereses particulares se resisten a la evaluación y cambio de las políticas”.

A pesar de los esfuerzos realizados hasta hoy por la NGP para adaptar las técnicas y teorías del management privado a las exigencias de la gestión pública, son varios los autores que como la OCDE cuestionan no solo “la ‘versión restringida’ del New Public Management, asentada sobre tres valores básicos (la trilogía economía, eficacia y eficiencia) y con énfasis en la gerencia de contratos, la introducción de mecanismos de mercado en el sector público y la vinculación del pago con el desempeño” (López, 2003, p. 12), sino también lo que Christensen y Laegreid (2007) denominan experiencias negativas (la delegación estructural, el desempeño directivo y las organizaciones especializadas) resultado de las reformas introducidas por la NGP.

LA NGP Y SUS EFECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

La NGP no ha conocido restricciones para su aplicación en los diferentes niveles territoriales. Sin embargo las “buenas prácticas” reportadas en la bibliografía se relacionan principalmente con el nivel local; para Cabrero (2005), esta “rica cosecha” de la NGP en el espacio gubernamental local tiene una explicación lógica:

Evidentemente esto en parte es lógico dado que en los gobiernos locales es más probable que las reformas tengan en el corto o mediano plazo algunos resultados a observar, lo cual se debe a una cuestión de escala. Por otra parte se puede pensar que la fuerte orientación que los gobiernos locales tienen hacia la prestación de servicios públicos que son claramente identificables en sus modalidades de operación y en sus resultados, así como su vinculación directa con usuarios precisos, facilita la adopción de las herramientas de la NGP las cuales se caracterizan justamente por una preocupación por acotar el ámbito de acción de la reforma, por focalizar los efectos buscados, y por llevar a cabo una medición sistemática de resultados. (Cabrero, 2005, p. 3)




Dado el rol que desempeña la administración pública en el nivel local, los principales efectos de su accionar se reflejarán en el grado de gobernabilidad y en las políticas públicas a través de las cuales intente dar solución a los problemas que afrontan los ciudadanos o clientes de la administración local.

Vargas (2001), explica que la gobernabilidad se toca estrechamente con la gestión pública en la medida en que los diferentes regímenes políticos tienen el reto de demostrar día a día su capacidad de gobernar y de ejercer un “buen gobierno” en un marco de legitimidad, como posibilitador de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

El “buen gobierno” local y la NGP se retroalimentan en su práctica en la medida en que el “buen gobierno” demanda de la reforma del Estado la creación de espacios favorables para el buen desempeño económico y social, a la vez que enriquece su quehacer:

[…] incorporando, como prácticas regulares, rutinas gubernamentales y estilos de gestión que: privilegian la transmisión y recepción de información entre gobierno y ciudadanos; le permiten establecer una interacción permanente con las comunidades y sus organizaciones sociales; abren cauces para la participación y la concertación entre los agentes locales públicos y privados. (Brito, 2002, p. 262)

Según Brito, la NGP demanda del “buen gobierno” local la capacidad de articular las potencialidades sociales en su territorio con el fin de sostener el desarrollo socioeconómico, aprovechando los espacios que abren la democracia, la descentralización, el desarrollo tecnológico y las demandas de participación y de comunicación entre gobierno y sociedad, y capacidad de respuesta que en el caso de los gobiernos locales está asociada, entre otros aspectos, a la capacidad para formular y poner en funcionamiento políticas públicas que mejoren las actividades económicas y sociales y, por ende, el desarrollo local.

En cuanto a los efectos sobre las políticas públicas, es claro que, independientemente de su intencionalidad, estas no podrán cumplir con los objetivos propuestos y sus resultados no serán los esperados ni los deseados si no se generan las condiciones propicias para una adecuada formulación, implementación, evaluación y posterior reformulación de dichas políticas.

Vargas (2005b), sostiene al respecto que el nuevo modelo de gestión gubernamental demanda una estrecha relación y coordinación entre los procesos de formulación y establecimiento de las políticas públicas y las capacidades del Estado y sus contribuciones al logro de la gobernabilidad democrática. Según este autor: “La nueva gestión pública es un proceso de reingeniería y rediseño de las relaciones entre los actores involucrados en la esfera estatal para la creación de valor público

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mediante el fortalecimiento de las instituciones a partir del aumento del capital social y el aprendizaje organizacional, lo cual promueve espacios de confianza entre el sector público y la ciudadanía” (Vargas, 2005b, p. 22), lo que, indiscutiblemente, redundaría en el fortalecimiento de la gobernabilidad local y en la consolidación de la NGP como estrategia de cambio local.

A nivel urbano, la NGP, cuyo objetivo apunta al logro de una gestión local de calidad y al mejoramiento de la productividad de las ciudades, “amplía y revaloriza” al municipio como actor político, aumenta los niveles de gobernabilidad y la capacidad de gobierno vía participación ciudadana en la formulación e implementación de políticas para la construcción de ciudad, lo que implica “cambios muy profundos en la administración pública que hacen necesaria la aplicación de códigos de conducta ética [...] y el uso correcto y ético de los recursos públicos [...]” (Ferrer, 2005, p. 634) con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Lieberherr (2002), asegura que las ciudades sostenibles no deben serlo solo en el plano medioambiental: “Deben ser sostenibles social, económica, cultural, institucional y políticamente” (p. 1) y en este objetivo, la NGP juega un rol fundamental al liberar a la democracia del obstáculo de la “sobrecarga” de demandas que generan ingobernabilidad (Vargas, 2001).

Ahora bien, transcurridas casi tres décadas de puesta en escena la NGP en diversas regiones del planeta, incluida Iberoamérica, empiezan a hacerse evidentes en la administración pública local algunos efectos con los que –aparentemente– no se contaba; estos efectos están relacionados con las que Christensen y Laegreid (2007) llaman “experiencias negativas con las reformas promovidas por la NGP”, entre las que sobresalen la delegación estructural, el desempeño directivo y las organizaciones especializadas, generadoras de pérdida de autoridad y responsabilidad, así como de profunda segmentación que se ve reflejada no solamente en la estructura misma de la administración pública, sino también en la formulación de políticas públicas a nivel local, lo que, en opinión de Cabrero (2005, p. 17), podría “[...] retardar o incluso interferir con procesos más amplios de consolidación de una nueva práctica democrática local”.

Para terminar, es necesario clarificar el papel que, en el nivel local, debe jugar la administración pública si lo que se quiere es, como dice Borja (2000), “un proyecto político e intelectual para la ciudad”. En este sentido, dice el autor, que las administraciones públicas y en especial el gobierno local:

[...] no pueden renunciar a un rol regulador e impulsor de la transformación y de la cohesión de los tejidos urbanos. Su rol no es ni imponer sin debate su imperio en aquellas funciones limitadas que posee en exclusiva ni seguir cerrilmente las dinámicas del mercado, ni




tampoco condenarse a la no-decisión escuchando a unos y a otros sin tomar partido. (Borja, 2000, p. 80)

Críticas a la NGP

Autores como Echebarría, Mendoza, Metcalfe, Cabrero y Teelken, entre otros estudiosos del tema, plantean fuertes críticas a la NGP, coincidiendo en que la limitación fundamental de la NPG es “su pertenencia a una lógica de racionalidad económica individual y egoísta, concebida para ordenar el comportamiento de una organización independiente” (Echebarría y Mendoza, 1999, p. 41).

Pese a que autores como Barzelay, Osborne y Gaebler, Holmes y Shand y Aucoin han defendido férreamente la idea de que la NGP es un nuevo paradigma de cambio, hoy varios de ellos la consideran agotada:

En la actualidad, las críticas a la NGP van en ascenso en muchos países. Recientemente, Osborne (2006) afirma que la era de la NGP ha sido relativamente breve y “transitoria” entre la tradición burocrática de la administración pública (AP) y la tradición pluralista de la nueva gobernanza pública (GP). (Suk, 2007, p. 512)

Otros autores prefieren centrar la crítica a la NGP en su enfoque intragubernamental, puesto que acentúa la eficiencia económica de programas y unidades administrativas a fin de reconstruir el equilibrio financiero de la hacienda pública y de este modo reconstruir la capacidad económica del gobierno, pero sin que el énfasis en la costo-eficiencia se haya traducido necesariamente en un gobierno cuyas políticas y programas generan beneficio público, generan valor, y respetan además los valores políticos de un Estado republicano y democrático. Se ha ganado en eficiencia, pero no en calidad de bienes y servicios públicos. La NGP fue pensada y ejecutada teniendo presente como objetivo primero la salud financiera del gobierno, suponiendo bastante alegremente que los objetivos que se realizan en modo eficiente tienen significación social y cambian las condiciones sociales negativas e indeseadas.

Algunos otros investigadores coinciden en la preocupación de que los valores tradicionales de la administración pública (democracia, equidad social y humanización) están amenazados por el empeño en alcanzar la eficiencia en la NGP (Teelken y van Gestel, 2004; Guerrero, 2009; Dussauge, 2009; Pliscoff, 2012).

Estos y otros problemas identificados en la NGP motivaron a los investigadores de las ciencias sociales a proponer una nueva reforma Post NGP con el fin de remediar en la administración las experiencias negativas dejadas por la NGP.

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EL CONTROL SOCIAL Y LA NGP

A finales de la década de los años 80 e inicios de los 90, la OCDE (1991) en su libro titulado La administración al servicio del público, resaltaba la importancia de fortalecer las relaciones entre las organizaciones públicas y los ciudadanos y proponía el tema como uno de los principales retos que debía afrontar la NGP.

El ejercicio del control social mediante la participación de la comunidad, permite a la administración pública, consolidar la democratización de las relaciones de poder en la gestión pública, disminuir las asimetrías en la representación y abrir espacios políticos al ciudadano para la formulación de políticas públicas (Cunill, 1999). Asimismo, permite a la administración pública conocer de manera directa tanto los problemas que aquejan a la comunidad como la percepción que los ciudadanos tienen de la gestión del gobierno local.

Conscientes de la importancia del control social en el seguimiento y evaluación de la gestión pública, los países iberoamericanos han firmado la denominada Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (CLAD, 2009), en la cual, los gobiernos se comprometen a viabilizar y propiciar los mecanismos y espacios de participación de la ciudadanía en los procesos de control y evaluación.

CONCLUSIONES

Los innumerables problemas ambientales, especialmente los que devienen del ámbito urbano, requieren soluciones o respuestas que no solo dependen de la gestión del gobierno local, sino que demandan de la efectiva participación de la comunidad; quienes en últimas son los sujetos de la gestión ambiental urbana, encargados de ejercer control social y lograr incluso la materialización de la gobernabilidad. No obstante, una verdadera gestión ambiental urbana debe, igualmente, centrar su atención en el objeto propio de la gestión urbana: ciudades sostenibles.

Existen unos principios fundantes en la administración pública que deben prevaler: la democracia, la equidad social y la humanización; por tanto, son innegociables y deben perdurar en el tiempo. Bajo estos supuestos no es dable para la administración pública amenazar o poner en riesgo sus principios fundantes bajo el argumento del logro o consolidación de la eficiencia y economía que debe orientar a la administración.




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1. Docente Investigadora, Universidad del Valle. [email protected]

2. Docente Investigadora, Universidad del Valle. [email protected]

3. Representante de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) para América Latina.

4. Según Vargas (2005a), se refiere a “la cualidad de la sociedad que establece el conjunto de normas que estructuran las interrelaciones entre los diferentes actores estratégicos sociales y políticos y sus representantes, para regular los procesos de toma de decisiones así como los mecanismos para la resolución pacífica de conflictos”.

5. Existe una suposición implícita de que los sistemas políticos multipartidistas del Occidente son el ideal según el cual deben medirse todos los países. Por ende, la mayoría de los países de la OCDE obtienen una puntuación perfecta en los indicadores de Política, Libertades Civiles y Derechos Políticos.

6. Para García (2007), la gobernabilidad democrática debe ser entendida como una cualidad de la sociedad que establece el conjunto de normas que estructuran las interrelaciones entre los diferentes actores estratégicos sociales y políticos y sus representantes, para regular los procesos de toma de decisiones. Así como los mecanismos para la resolución pacífica de conflictos.

Para citar este artículo: Vásquez-Avellaneda, D.M., Navarrete-Peñuela, M. (2014). La gobernabilidad local en el contexto de la nueva gestión pública: requisito para la gestión ambiental urbana. Revista Luna Azul, 39, 63-88. Recuperado de http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=948




CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO DE “EL NIÑO” Y “LA NIÑA” SOBRE LA LLUVIA DE LA ZONA CAFETERA

COLOMBIANA

Andrés Javier Peña-Quiñones1 Julián Andrés Valencia-Arbeláez2

Carolina Ramírez-Carabalí3

Recibido el 9 de agosto de 2013 y aprobado el 15 de enero de 2014, actualizado el 6 junio de 2014

RESUMEN

El clima es y seguirá siendo la principal variable que domina el crecimiento y desarrollo de las plantas. La lluvia, especialmente el acumulado de esta en un periodo de tiempo dado, tiene efecto directo sobre la fisiología y el desarrollo de los cultivos, mientras que la forma en que se distribuye la precipitación a través del año tiene un efecto significativo sobre la producción. A diferencia de otros estudios que se enfocan en evaluar el efecto de generadores de variabilidad climática sobre el acumulado de lluvias, este estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de “El Niño” y “La Niña” sobre el comportamiento medio intraanual de la precipitación de la zona cafetera colombiana. Se utilizaron datos diarios de lluvia provenientes de 80 estaciones meteorológicas, que tienen registros continuos superiores a 25 años y que hacen parte de la red climática de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, y conglomeración estadística para agrupar zonas en las que el efecto de “El Niño” y “La Niña” es similar. Se encontraron cuatro grupos que sintetizan los cuatro tipos de efectos de estos moduladores sobre la lluvia de la zona cafetera. Los resultados obtenidos evidencian que los departamentos que tienen una mayor amenaza causada por estos fenómenos son Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y la zona Norte del país.

PALABRAS CLAVE

ENOS, café, ION, análisis multivariado.

CHARACTERIZATION OF "EL NIÑO" AND "LA NIÑA" EFFECT ON RAINFALL ON THE COLOMBIAN COFFEE

GROWING REGION

ABSTRACT

The climate is and will continue to be the principal variable that dominates the growth and development of plants. Rain, specially its accumulation in a given period of time, has direct effect on the physiology and the development of crops, while the way in which precipitation is distributed throughout the year has a significant effect on production. Unlike other studies that focus in evaluating the effect of climatic variability generators on the accumulation of rain, this study aimed to determine the effect of “El Niño” and “La Niña” on the average behavior of intra-annual precipitation in the

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Colombian coffee region. Daily rainfall data from 80 weather stations with 25 years of continuous records that are part of National Federation of Colombian Coffee Growers were used as well as statistical conglomeration in order to to group zones in which the effect of “El Niño” and “La Niña” is similar. Four groups that synthesize four types of effects of these modulators on the rain of the coffee region were found. The results show that the departments that have a major threat caused by these phenomena are Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima and the northern area of the country.

KEY WORDS

ENSO, coffee, ONI, multivariate analysis.

INTRODUCCIÓN

La variabilidad climática ha sido y seguirá siendo la principal fuente de fluctuación en las cifras de producción de alimentos de los países en vías de desarrollo ubicados en regiones tropicales áridas y semiáridas (Sivakumar y Ndiang’ui, 2007). No obstante, esta aseveración puede generalizarse, sin limitarla a las regiones antes mencionadas, si se tiene en cuenta que el clima gobierna la distribución espacial de plantas y limita su supervivencia (Larcher, 2003). Esto quiere decir que las plantas que crecen sobre una superficie tienen los caracteres fisiológicos apropiados para crecer, sobrevivir y reproducirse en el ambiente provisto por esa área, como lo plantean Lambers, Chapin y Pons (2008). Es en este sentido que aparece el concepto de factor de amenaza, el cual puede definirse en términos fisiológicos como un agente capaz de causar estrés. Lo cual nos lleva a la definición original de este, según el cual todos los agentes ambientales pueden actuar como estresantes y por ende la lluvia, al igual que cualquier otro elemento del clima, puede serlo (Selye, 1936 citado por Larcher, 2003).

En el caso específico del café, el clima tiene una influencia significativa en el desarrollo, crecimiento y rendimiento del cultivo. La temperatura afecta el crecimiento de tal forma que las plantaciones ubicadas en la zona marginal baja (1000 msnm), tienen un crecimiento 2,5 veces mayor que las ubicadas en la zona marginal alta, a la vez que en las zonas altas, el tiempo transcurrido entre la siembra y la primer cosecha es mayor en comparación con las zonas bajas (López et al., 1972; Jaramillo y Guzmán, 1984).

Si bien la temperatura del aire ejerce un efecto importante sobre la planta de café, Jaramillo y Valencia (1980) encontraron que el brillo solar y la evaporación también ejercen un efecto fundamental sobre la altura de las plantas y la longitud de las ramas, mientras que el número de flores está determinado por estas mismas variables y la variación del almacenamiento de agua en el suelo.




Con respecto a la floración, varios autores coinciden en que, en Colombia, la apertura floral del cafeto está asociada a la presencia de días mayoritariamente secos (Trojer, 1954; Gómez, 1977; Camayo et al., 2003; Ramírez, Jaramillo y Arcila, 2010). Por lo tanto, la presencia de periodos anormalmente lluviosos en las épocas habitualmente secas, como sucede durante “La Niña”, influyen negativamente sobre la floración, determinando cambios importantes en la dinámica temporal de la antesis, que influyen en la cantidad, calidad y concentración de la cosecha que se genera como consecuencia de esa floración (Ramírez et al., 2011; Jaramillo y Arcila, 2009a). De otro lado, periodos considerados históricamente lluviosos, que tienen lluvias inferiores al promedio de la temporada, como podría suceder en periodos “El Niño”, influyen de forma negativa sobre el llenado y cuajamiento del fruto, siendo síntomas característicos de este efecto los granos flotantes, los granos parcialmente formados, los granos negros y los granos pequeños (Jaramillo y Arcila, 2009b).

Lo anterior quiere decir que no solo el acumulado anual de lluvia es importante para el cultivo del café, sino que la forma en que se distribuye la misma a través del año tiene un efecto significativo sobre la producción. Se propone el uso de una metodología estadística para definir el efecto de El Niño Oscilación del Sur (ENOS), es decir los escenarios “El Niño” y “La Niña”, sobre el comportamiento intraanual de la lluvia ya que estos eventos son una fuente de variabilidad importante para la lluvia de la zona cafetera colombiana (Ramírez y Jaramillo, 2009; Peña y Paternina, 2010).

METODOLOGÍA

Datos

Se utilizaron datos diarios de lluvia provenientes de 80 estaciones meteorológicas que tienen registros continuos superiores a 25 años y que hacen parte de la red climática de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Tabla 1). Se generó una serie de tiempo mensual para cada estación, a partir de la cual se generaron otras dos series en las que se discrimina con respecto a la condición predominante sobre el océano Pacífico (“El Niño” o “La Niña”), siguiendo la metodología planteada por Peña et al. (2001). Para generar estas dos series se utilizó la clasificación que de estos eventos hace el Servicio Atmosférico y Oceánico de los Estados Unidos (NOAA), la cual se basa en el análisis de la anomalía de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatorial Central (Zona Niño 3.4), más conocida como Índice Oceánico de El Niño (ONI, por sus siglas en inglés).

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Caracterización del comportamiento medio intraanual de las lluvias

El comportamiento medio histórico de las lluvias se caracterizó para cada estación meteorológica como una función de la distribución de la precipitación media mensual a través del año. En este caso se utilizan las series completas y no se tiene en cuenta la condición predominante (“El Niño” o “La Niña”), ya que se quiere obtener el comportamiento medio intraanual. Por lo tanto, se generaron los valores medios de lluvia a escala mensual y se expresaron como el porcentaje de lluvia total anual; es decir, si en un mes caen en promedio 200 mm y el acumulado medio anual de lluvias es de 2000 mm ese mes tiene un valor de 10%.

Las estaciones se agruparon teniendo en cuenta la forma en que se distribuye la precipitación anual a través del año, para lo cual se utilizó un análisis de conglomerados utilizando el método de Ward con distancia Euclídea.

Caracterización del efecto de “El Niño” y “La Niña” sobre el comportamiento intraanual de las lluvias

Se generaron las anomalías medias mensuales para cada condición (“El Niño” y “La Niña”); dichas anomalías se calculan como la diferencia entre la lluvia acumulada mensual histórica (b) y la lluvia acumulada mensual en los diferentes escenarios (a) (“El Niño” y “La Niña”) (Ecuación 1).

El efecto de “El Niño” y “La Niña” sobre la anomalía media mensual de la lluvia se caracterizó utilizando los centroides obtenidos del análisis de conglomerados. Con la clasificación de las estaciones se generó un mapa para cada evento.

Método de agrupación o análisis de conglomerados

Los métodos multivariados han sido utilizados para zonificación agroclimática (Rusell, 1978). Para la caracterización del comportamiento intraanual de las lluvias se utilizó el método de Ward (análisis clúster). Este tipo de agrupación es de tipo jerárquico y como criterio de conglomeración se usó la distancia Euclídea.

El método de Ward aplica un criterio de aglomeración posterior; se propone el grupo que se puede formar y luego se decide conformar aquel grupo para el cual el incremento en la heterogeneidad es menor. La heterogeneidad de cada grupo se calcula a través de la suma de la distancia al cuadrado de cada elemento al centroide del grupo. El centroide simplemente es el promedio de los elementos del grupo.




Jackson y Weinand (citados por Jaramillo y Chaves, 2000), compararon varias técnicas de conglomeración estadística para clasificación de la lluvia en diferentes regiones tropicales, encontrando que la metodología de Ward utilizando el método del centroide produce resultados aceptables.

Jaramillo y Chaves (2000) han utilizado el análisis de agrupamiento “clúster analysis” en diferentes investigaciones regionalizando el país en diferentes variables climáticas, ya que conforma grupos de acuerdo a la similaridad de las observaciones o grupos, medida por la distancia multivariada entre las observaciones o grupos. Este método de agrupamiento es de tipo jerárquico, es decir, que el número inicial de grupos es igual al número de observaciones y el final es un solo grupo que reúnen todas las observaciones. Lo anterior indica que se debe seleccionar el número de grupos considerando las medidas de distancia que ofrece la metodología (Massart y Kaufman citados por Chaves y Jaramillo, 1997). Este método de conglomerados es ideal para caracterizar el comportamiento intraanual de las lluvias.

Este análisis de agrupamiento permitió seleccionar 12 grupos en total discriminándose 4 para la distribución intraanual de las lluvias a nivel histórico, 4 para “El Niño” y 4 para “La Niña”, de acuerdo con el comportamiento de la anomalía de la precipitación mensual.

RESULTADOS

Descripción del comportamiento de la distribución intraanual de las lluvias a nivel histórico

Un análisis de los datos históricos de lluvia mensual de 80 estaciones pluviométricas muestran que en la zona cafetera hay 4 patrones básicos de distribución intraanual de las lluvias (ver Figura 1), que resumen los patrones ya propuestos por Chaves y Jaramillo (1997).

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Los Grupos 1 y 2, tienen comportamientos similares, se caracterizan porque las estaciones que hacen parte de estos presentan dos temporadas lluviosas que alternan con dos temporadas secas a través del año (Figura 2a y 2b). El Grupo 3 tiene un comportamiento que se caracteriza por tener dos periodos secos y dos periodos lluviosos, pero con la diferencia de que el periodo seco más evidente es en el segundo semestre del año (Figura 2c). El Grupo 4 se caracteriza porque las estaciones que hacen parte de este presentan un comportamiento monomodal con una temporada seca (diciembre-abril) y una temporada lluviosa (mayo-noviembre), como se observa en la Figura 2d.

Descripción del comportamiento de la anomalía de lluvias en escenario “El Niño”




Grupo 1. En este grupo, las estaciones se encuentran ubicadas en la zona cafetera central, en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima. El impacto del fenómeno de “El Niño” afecta de manera considerable las precipitaciones de este grupo de estaciones a lo largo de todo el año, caracterizándose por reducciones con respecto al promedio histórico mensual (que oscilan entre 7 y 53 mm). En la Figura 4a se observa una mayor reducción en los meses de enero, agosto y diciembre. Se observa un efecto negativo en la época denominada lluviosa (que ocurre en los meses de marzo-abril-mayo y septiembre-octubre-noviembre) con disminuciones de 7,11 y 10,34 mm en los meses de octubre y mayo respectivamente, considerados como los meses más lluviosos del año.

Grupo 2. En este grupo, las estaciones se encuentran dispersas a lo largo de la Cordillera Occidental, ubicadas en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas, encontrándose su mayor agrupación en la zona central cafetera. Se observa un leve aumento en la precipitación con respecto al promedio en el mes de abril, y una fuerte disminución de la precipitación con respecto al promedio en los meses de diciembre, enero y febrero. En la mayoría del ciclo anual frente a un evento “El Niño” vemos que existe una reducción en la precipitación que oscila entre 1 y 47,5 mm con respecto al promedio histórico mensual. Pero también hay un efecto favorable en el mes de abril con un aumento de alrededor de 16,2 mm (Figura 4b).

Grupo 3. En este grupo, las estaciones se encuentran distribuidas en su mayoría en la Cordillera Oriental, en los departamentos de Huila, Cundinamarca y Santander, pero también se encuentran unas estaciones en la Cordillera Occidental en los departamentos de Valle y Antioquía. En este grupo el pico del primer semestre se ve más afectado por el fenómeno de “El Niño”, con un aumento con respecto al promedio de 1,11 mm. Caso contrario sucede con la segunda

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época lluviosa del año, observándose un mayor incremento en la precipitación con respecto al promedio aproximadamente de 5 mm. El impacto del fenómeno de “El Niño” es mucho menor en este grupo, especialmente en las épocas secas, donde podemos encontrar reducciones hasta de 25 mm (Figura 4c).

Grupo 4. En este grupo, las estaciones se encuentran ubicadas en la zona Norte del país. El grupo 4 se caracteriza por presentar un incremento de precipitación importante en el primer semestre del año, específicamente en el mes de abril, con valores que pueden llegar hasta los 36 mm aproximadamente. Aunque se ve un incremento en las precipitaciones del mes anteriormente mencionado, se reduce el periodo de lluvias considerablemente desde el mes de mayo. Seguidamente y hasta el mes de agosto se presenta una reducción sumamente drástica en cuanto a los niveles de precipitación, llegando a marcar valores negativos de 36 a 67 mm (Figura 4d).

Caracterización del efecto de “El Niño” sobre el comportamiento intraanual de las lluvias

Según los resultados obtenidos en esta investigación, los grupos donde se evidencia una mayor amenaza causada por el fenómeno de “El Niño” son aquellas estaciones comprendidas en el Grupo 1 y 4 (Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Zona norte del país) en donde la distribución de la lluvia se afecta, de manera que los meses secos se acentúan y los lluviosos sufren reducciones en sus totales (Guzmán y Baldión, 1997; Jaramillo et al., 1998), impactando más a las zonas del Norte del país, de baja altitud, alta temperatura y suelos de baja retención de humedad donde la precipitación pluvial es mucho más baja (Guzmán y Baldión, 1997).

Los periodos secos no siempre son desfavorables para la producción, por el contrario pueden ser benéficos para algunas regiones muy lluviosas donde las disminuciones favorecen las floraciones y disminuyen la incidencia de enfermedades fungosas (Jaramillo et al., 1998).

El mapa de agrupación de estaciones climatológicas en escenario “El Niño” (Figura 5), nos indica que las estaciones pertenecientes al Grupo 1 ubicadas en la zona central cafetera, específicamente en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, es el más impactado. Este resultado confirma lo obtenido por Peña et al. (2012) donde se evidencia en el mapa de la primera aproximación de amenazas por efecto de “El Niño” y “La Niña”, que la zona central cafetera es la que mayor correlación tiene con el índice ONI.




Descripción del comportamiento de la anomalía de lluvias en escenario “El Niño”

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Grupo 1. Este grupo de estaciones tiene su mayor concentración en la zona central cafetera (Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquía y Tolima). En el tercer trimestre del año se observa un mayor impacto en el comportamiento de la precipitación, con aumentos entre 54 y 85 mm (Figura 7a).

Grupo 2. Se evidencia prácticamente en toda la zona cafetera un efecto marcado desde las estaciones ubicadas en los departamentos de Cauca pasando por Valle, Quindío, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Antioquia y llegando hasta el Norte de Santander. Es de resaltar que su mayor concentración se encuentra en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. En los meses secos que normalmente son diciembre-enero-febrero y junio-julio-agosto, al estar bajo una condición “Niña”, aumenta la precipitación. En el primer trimestre del año la Figura 7b muestra un aumento en la precipitación, que va desde 55 mm en el mes de enero hasta 45 mm en el mes de marzo. El mismo fenómeno sucede entre junio y agosto donde las precipitaciones aumentan de 23,70 mm a 48,84 mm. Solamente en el mes de abril hay una pequeña disminución de la precipitación con respecto al promedio histórico mensual, de 19 mm. El evento “La Niña” hace que el año sea prácticamente lluvioso de manera constante, dejando a un lado el comportamiento típico de las regiones.

Grupo 3. Las estaciones se encuentran ubicadas prácticamente en toda la zona cafetera, encontrando estaciones que van desde el Sur hasta el Norte del país, concentrándose principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca y Caldas. En este grupo hay un aumento de la precipitación, pero menor que aquella evidenciada en el Grupo 2. El comportamiento de este grupo cuando se encuentra bajo evento “La Niña” muestra una constante precipitación, pero mayor que el promedio histórico mensual. Al igual que en el Grupo 2, se observa que en el mes de abril existe una




disminución en la precipitación de 20,43 mm (Figura 7c). En comparación, en los meses de junio-julio-agosto existe un comportamiento constante en la precipitación, caso contrario con el Grupo 2, donde existe un aumento de junio a agosto.

Grupo 4. Se encuentra ubicado en los departamentos de Santander y Magdalena únicamente. Este grupo de estaciones tiene un comportamiento muy particular y no se relaciona con el comportamiento típico de las regiones donde se encuentran ubicadas estas estaciones. Por ejemplo, en la zona Norte del país, los meses de abril y mayo son característicos por ser húmedos. Cuando se presenta un evento “La Niña” este comportamiento cambia, pasando de ser húmedos a secos, con disminuciones en la precipitación entre 69 y 82 mm. Como el primer trimestre del año es característico por ser seco, en este grupo de estaciones vemos que la precipitación no aumenta significativamente como en los grupos anteriores, ya que oscila entre 10 y 16 mm por encima del promedio histórico mensual.

Caracterización del efecto de “La Niña” sobre el comportamiento intraanual de las lluvias

El principal efecto del fenómeno de “La Niña” a nivel mensual en la distribución de las precipitaciones, se manifiesta en una reducción de los periodos secos ya sea de principios o mediados del año, y un incremento en la precipitación en las temporadas lluviosas particularmente en la zona central y Sur del país (Guzmán y Baldión, 1999), sin embargo, estudios realizados por Ramírez y Jaramillo (citados por Peña et al., 2012) demuestran que este patrón no es igual en todas las regiones, y que hay épocas y zonas más o menos afectadas. En ese sentido, podría pensarse que “El Niño” y “La Niña” son una amenaza real en aquellos sitios en que la relación entre el índice que describe al evento, en este caso la anomalía de la temperatura superficial en una zona específica del Pacífico Tropical y las lluvias son altas (Peña et al., 2012).

En Colombia, la disponibilidad de agua en el suelo es el factor que más influye en el crecimiento y producción de los cafetos. Esta disponibilidad hídrica proviene de las lluvias, presenta comportamientos que pueden variar considerablemente de un año a otro, afectando las épocas y volúmenes de las cosechas (Gómez y Baldión, 1990; Baldión y Guzmán, 1994).

Los resultados obtenidos en esta investigación coinciden con otros trabajos (Dean, 1939; Baldión y Guzmán, 1994; Guzmán y Baldión, 1999; Peña et al., 2012), donde se evidencia un incremento de las precipitaciones a lo largo de todos los meses del año.

El mapa de agrupación de estaciones climatológicas en escenarios “Niña” (Figura 8), nos indica que en la zona central cafetera (Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquía y Tolima) “La Niña” tiene un mayor efecto, y respalda lo encontrado por Peña et al. (2012), donde el mapa de aproximación de amenazas por efecto de “El Niño” y “La Niña” indica que la zona central cafetera

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tiene una mayor relación con el Índice Oceánico El Niño (ONI por sus siglas en inglés).




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REFERENCIAS

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1. Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional de Colombia. M.Sc. en Meteorología. Investigador Científico II en el Centro Nacional de Investigaciones del Café (Cenicafé). Correo electrónico: [email protected]

2. Ingeniero Agrónomo, Universidad de Caldas. Asistente de Investigación en el Centro Nacional de Investigaciones (Cenicafé). Correo electrónico: [email protected]

3. Ingeniera Agrícola, Universidad del Valle. Asistente de Investigación en el Centro Nacional de Investigaciones (Cenicafé). Correo electrónico: [email protected]

Para citar este artículo: Peña-Quiñones, A.J., Valencia-Arbeláez, J.A., Ramírez-Carabalí, C. (2014). Caracterización del efecto de “El niño” y “La niña” sobre la lluvia de la zona cafetera colombiana. Revista Luna Azul, 39, 89-104. Recuperado de http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=949




ANÁLISIS DIMENSIONAL DEL RIESGO PERCIBIDO POR LA EXPOSICIÓN DEL PÚBLICO A RADIACIONES

ELECTROMAGNÉTICAS EMITIDAS POR ESTACIONES BASE DE TELEFONÍA MÓVIL1

Lina María Gallego Serna2 Javier Ignacio Torres Osorio3

Jorge Abel Castañeda Salazar4

Recibido el 29 de junio de 2013 y aprobado el 27 de diciembre de 2013, actualizado el 9 junio de 2014

RESUMEN

La omnipresencia de estaciones base de telefonía móvil (EBTM) en los territorios urbanos ha dado lugar a que la población esté siendo expuesta a las radiaciones no ionizantes (RNI) emitidas por este tipo de fuentes radioeléctricas, dado que estas han sido ubicadas cerca de los sitios donde habitan y/o concurren las personas que se han considerado más susceptibles a las radiaciones electromagnéticas. Este escenario se ha caracterizado por las constantes preocupaciones de los ciudadanos y expertos en torno a los posibles efectos nocivos que se pueden presentar por la exposición a las RNI; no obstante, existe también un ambiente de desconocimiento e incertidumbre frente al tema, lo que ha generado que sea más complejo evaluar este potencial riesgo de origen antrópico tecnológico. Por lo tanto, se consideró importante analizar la respuesta social frente al riesgo generado por las radiaciones electromagnéticas emitidas por EBTM, con el fin de realizar un diagnóstico integral de esta situación. Para ello, se adaptó el método del paradigma psicométrico, y se realizó un análisis descriptivo y multivariado, los cuales permitieron conocer la percepción social frente al riesgo en la zona que se consideró más crítica, según los resultados que surgieron del diagnóstico de las áreas urbanas expuestas a las RNI emitidas por las EBTM, localizadas en el municipio de Cartago (Valle del Cauca). Los resultados de los análisis muestran que la percepción de cada individuo se basa en juicios intuitivos y factores socioculturales, que se traducen en actitudes y decisiones que se toman frente al riesgo evaluado, que al parecer, en el imaginario social no ha sido concebido en su totalidad como un potencial factor de riesgo. Es por esto que se puede concluir que los juicios sobre el riesgo evaluado difieren no solo individualmente sino también colectivamente.

PALABRAS CLAVE

Percepción social del riesgo, radiaciones electromagnéticas no ionizantes, estaciones base de telefonía móvil, método del paradigma psicométrico.

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DIMENSIONAL ANALYSIS OF RISK PERCEIVED BECAUSE OF PUBLIC EXPOSURE TO ELECTROMAGNETIC

RADIATIONS EMITTED BY MOBILE PHONE BASE STATIONS

ABSTRACT

The omnipresence of mobile phone base stations (MPBS) in urban areas has resulted in the population being exposed to non-ionizing radiation (NIR) emitted by this type of radio sources, inasmuch as they have been located near places inhabited or frequently visited by people who are considered more susceptible to electromagnetic radiations. This scenario has been characterized by the constant concerns of citizens and experts about the possible adverse health effects that may occur from exposure to NIR. However, there is also an atmosphere of ignorance and uncertainty regarding the topic which makes it more difficult to evaluate this technological anthropogenic potential risk.. Therefore, it was considered important to analyze the social response in front of the risk generated by the electromagnetic radiation emitted by MPBS, in order to make an integral diagnosis of this situation. To do this, the psychometric paradigm method was adapted and a descriptive and multivariate analysis was carried out, which allowed knowing the social perception of the risk in the area that was considered more critical according to the results that emerged from the diagnosis of urban areas exposed to NIR emitted by MPBS located in the municipality of Cartago (Valle del Cauca). The results of the analyses show that the perception of each individual is based on intuitive judgments and sociocultural factors which result in attitudes and decisions made against the assessed risk which, apparently, in the social imaginary has not been conceived in its entirety as a potential risk factor. That is why, it can be concluded that judgments about the assessed risk differ not only individually but also collectively.

KEY WORDS

Social perception of risk, non-ionizing electromagnetic radiations, mobile phone base stations, psychometric paradigm method.

INTRODUCCIÓN

La globalización de las telecomunicaciones y el desarrollo que ha tenido la industria de la telefonía móvil celular a nivel mundial, han posicionado al sector de las telecomunicaciones como un área estratégica para el desarrollo de las naciones, lo que se refleja en las políticas y planes de desarrollo del país (Visión Colombia Segundo Centenario 2019 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”)5, y en la normatividad referente al tema (Ley 72 de 1989 y Decreto-Ley 1900 de 1990)6, las cuales promueven la utilización de las telecomunicaciones como instrumento para impulsar el desarrollo socioeconómico del país. Esto indica que los operadores de la telefonía móvil deben garantizar la cobertura y




la calidad del servicio en todo el territorio colombiano, lo que ha dado lugar a la rápida expansión de fuentes emisoras de RNI (radiaciones no ionizantes) en las áreas urbanas y rurales del país, generándose así un problema ambiental, que ha sido denominado contaminación electromagnética no ionizante o “electropolución”. Esta es un tipo de polución del aire, inmaterial y difícilmente perceptible, que hace referencia a la existencia de radiaciones electromagnéticas generadas de manera intencional por factores antrópicos, cuya exposición puede ocasionar efectos nocivos en el ambiente y en la salud de la población expuesta (v.g. síntomas neuroconductuales y cáncer) (Hyland, 2003; Torres y Alzate, 2006; Khurana et al., 2010; Gallego, 2011).

Este problema se ha acrecentado en la medida en que los operadores instalan mayor número de antenas y/o EBTM (estaciones base de telefonía móvil) en los municipios, para poder garantizar a los usuarios de la telefonía celular niveles óptimos de señal, los cuales llegaron a la cifra en Colombia de 49’066.359 de usuarios activos para el cuarto trimestre de 2012 (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –MinTIC–, 2013). Esto ha ocasionado un aumento en el número de personas expuestas a las radiaciones electromagnéticas generadas por las EBTM, que han sido ubicadas cerca de sitios que se han determinado como vulnerables (instituciones educativas, jardines infantiles, guarderías, hogares de bienestar familiar, centros de salud, hospitales, hogares geriátricos y centros penitenciarios). Este escenario, además, se ve agravado por la falta de directrices y restricciones en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para la adecuada instalación de estas estaciones radioeléctricas en los territorios. Sin embargo, esto se ha debido principalmente a la incertidumbre científica y al desconocimiento que existe frente a los posibles efectos nocivos que se pueden derivar de la exposición a este tipo de fuentes radiantes, por ejemplo: afecciones del sistema circulatorio, trastornos del sueño, irritabilidad, depresión, dificultades de concentración, visión alterada, náuseas, pérdida del apetito, dolores de cabeza, fatiga o cansancio injustificado, malestar, vértigos, trastornos auditivos, pérdida de la memoria, mareos, alteraciones dérmicas, disminución de la libido o deseo sexual y, en el peor de los casos, cáncer (Santini et al., 2002; Navarro et al., 2003; Santini et al., 2003; Eger et al., 2004; Wolf y Wolf, 2004; Hutter et al., 2006; Abdel-Rassoul et al., 2007; Bortkiewicz et al., 2012).

Conforme con lo anterior, se puede indicar que este problema se ha convertido en el “protagonista” de un potencial escenario de riesgo de origen antrópico tecnológico, que a la luz de lo que plantea Lavell (1999), se caracteriza por tener dos factores interdependientes: la amenaza y la vulnerabilidad. El factor amenazante hace referencia a la probabilidad de que la exposición a las radiaciones electromagnéticas emitidas por las EBTM genere efectos biológicos adversos o impactos a la salud de la población que se encuentra cerca a estas fuentes radiantes; mientras que el factor vulnerable hace alusión a la susceptibilidad de las personas de ser afectadas por las RNI. No obstante, el estudio de este potencial escenario de riesgo no se puede reducir a un simple producto de probabilidades y

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consecuencias, sino que hay que tener en cuenta la percepción que el individuo tiene del riesgo; por lo tanto, es necesario que se analice el comportamiento de la población ante esta situación de riesgo, puesto que, al parecer, se ha visto como un problema individual y no como un problema social (colectivo).

Es por esto que, a partir del método del paradigma psicométrico, se realizó un análisis dimensional de la percepción del riesgo, para conocer la respuesta social al riesgo generado por las RNI emitidas por las EBTM, tomando como caso de estudio el barrio El Prado del municipio de Cartago (Valle del Cauca), que se identificó como una zona de alto riesgo, con base a los resultados del diagnóstico de las áreas urbanas expuestas a las RNI emitidas por las EBTM7.

Percepción social del riesgo

La percepción social del riesgo es un aspecto importante para evaluar el comportamiento de los individuos ante situaciones de riesgo; es decir que su análisis permite conocer la respuesta social frente a un riesgo evaluado. Sin embargo, hay que considerar que las valoraciones de los individuos y grupos difieren frente a un mismo hecho, dado que la percepción está condicionada por estructuras personales, cognoscitivas, emocionales y de motivación, así como por factores sociales, culturales, económicos, políticos y de familiaridad con la amenaza; por ende, la percepción incluye diferentes elementos que deben considerarse en conjunto para comprender cómo los individuos y los grupos sociales perciben los riesgos (Almaguer, 2008).

Según el paradigma psicométrico, se considera que la comprensión intuitiva del riesgo es un concepto multidimensional. En este sentido, las divergencias que se dan entre la percepción del público y la de los expertos no se deben solo a la ignorancia de las magnitudes del riesgo definidas por los especialistas en el tema, sino que existen otros elementos que las personas tienen en cuenta y que los expertos en ocasiones ignoran. Por consiguiente, se ha considerado que la población se compone de diferentes individuos, donde cada uno de ellos puede tener percepciones y marcos de referencia válidos y diferentes para un mismo riesgo (Portell y Solé, 2000; Vallejo y Vélez, 2009).

Es por esto que al momento de estudiar la percepción del riesgo se deben tomar en consideración cuestiones como: el conocimiento del riesgo (por parte de las personas expuestas y los expertos), el miedo, el control que supone el individuo que puede ejercer ante la amenaza, los efectos que pueden generar en la población, la posibilidad de ser impactado en lo personal, la confianza en las autoridades e instituciones encargadas de gestionar el riesgo, la gravedad de las consecuencias, la voluntariedad para realizar acciones preventivas, la demora de las consecuencias, el potencial catastrófico en un lapso corto y la magnitud del riesgo (Portell y Solé, 2000; Almaguer, 2008).




Este tipo de aspectos o atributos son utilizados en el método del paradigma psicométrico; por ende, para analizar la percepción social del riesgo por la exposición a las RNI generadas por las EBTM se empleó este método, que tiene como objetivo obtener medidas cuantitativas del riesgo percibido y desarrollar taxonomías de factores de riesgo que permitan entender y predecir la respuesta social que originan. Además, este método permite identificar las similitudes y diferencias entre los grupos con respecto a las percepciones del riesgo (Portell y Solé, 2000).

En síntesis, el método del paradigma psicométrico es apropiado para entender la percepción social del riesgo, debido a que permite conocer cómo las personas comprenden las situaciones de riesgo a través de sus juicios, tomando en consideración las diferencias grupales (edad, género, nivel educativo de los encuestados, el tiempo de permanencia en el lugar, entre otras características), con el objetivo de explorar, además, la influencia de los factores sociales y culturales en las percepciones del riesgo (Portell y Solé, 2000; Almaguer, 2008).

METODOLOGÍA

La metodología empleada para analizar la percepción social del riego por exposición a las RNI emitidas por las EBTM, se basa en el método del paradigma psicométrico, el cual fue adaptado a las necesidades de la investigación, para poder cuantificar y modelar los factores que determinan las respuestas de los individuos frente a este potencial riesgo.

El diseño metodológico y los resultados que se exponen a continuación son producto del proyecto de grado denominado: Lineamientos para la gestión del riesgo de las áreas urbanas expuestas a las radiaciones electromagnéticas emitidas por las estaciones base de telefonía móvil. Estudio de caso: municipio de Cartago, Valle, de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Área de estudio

Para analizar la percepción social del riesgo se tomó como área de estudio el barrio El Prado del municipio de Cartago (Valle del Cauca), que fue identificado como una zona de alto riesgo, al evaluar los factores amenazantes y vulnerables de los potenciales escenarios de riesgo del área urbana del municipio por exposición a las RNI emitidas por las EBTM. Cabe resaltar que los habitantes del área de estudio desconocían esta asignación, “zona de alto riesgo por exposición a RNI emitidas por EBTM”, en el momento de realizar la encuesta para analizar la percepción social del riesgo.

El área de la EBTM ubicada en el barrio El Prado se caracteriza por tener más de dos estaciones bases ubicadas a menos de 300 metros una de la otra; además, se evidencian sitios vulnerables en las áreas de afectación de las RNI emitidas por la

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EBTM, que corresponden a un radio de 100, 200 y 300 metros con respecto a la fuente radioeléctrica8. Se encontró, en este caso, que una EBTM está ubicada a menos de 300 metros de dos centros de salud y dos jardines infantiles; situación que se hace más crítica en la medida en que algunos de estos sitios están localizados en el área de superposición de los CEM (campos electromagnéticos) generados por dos EBTM (ver Figura 1).

Factor de riesgo a evaluar

El factor de riesgo a evaluar se compuso de los posibles efectos nocivos que se pueden presentar en la salud de los individuos que se encuentran expuestos a las RNI emitidas por las EBTM.

Selección de los atributos de riesgo a evaluar

Los atributos de riesgo a evaluar fueron los nueve atributos establecidos en el documento Riesgo percibido: un procedimiento de evaluación de Portell y Solé (2000), así como la estimación de la magnitud del riesgo percibido (ver Tabla 1).

Según el paradigma psicométrico, la percepción del riesgo se basa en los juicios intuitivos; por ende, es necesario identificar cuáles son los atributos que expresan dicha percepción y que van a permitir entender la respuesta social del riesgo a evaluar. Por lo tanto, para el diseño y aplicación de la encuesta se tuvieron en cuenta estos nueve atributos que corresponden a: conocimiento por parte del sujeto expuesto, posible conocimiento por parte de los responsables de la gestión, temor que produce, vulnerabilidad, gravedad de las consecuencias, voluntariedad




para realizar acciones preventivas, control, potencial catastrófico y tiempo de manifestación de los efectos o consecuencias (ver Tabla 1).

Estructura de la encuesta

La encuesta diseñada para analizar la percepción social del riesgo en la zona seleccionada, está constituida por nueve preguntas que evalúan los atributos de riesgo (numeradas desde la A1 hasta la A9) y una pregunta global (G1) que pretende obtener una estimación de la magnitud del riesgo percibido.

Para cada pregunta de la encuesta se emplea una escala de 1 a 7. Los encuestados seleccionan el número que mejor represente su valoración (ver Tabla 2), por ejemplo: la posibilidad de que usted personalmente experimente un daño (inmediatamente o más adelante) como consecuencia del funcionamiento de las EBTM es:

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Con respecto a la pregunta sobre la magnitud del riesgo, se valora empleando una escala de 0 a 10, siendo 0 riesgo muy bajo o nulo, y 10 riesgo alto o extremo.

Por otra parte, con el fin de conocer cómo las personas perciben el factor de riesgo con respecto a las diferencias grupales, se considera importante indagar sobre las características sociodemográficas de los encuestados, considerándose aspectos como: la edad, el género, el nivel de escolaridad y el tiempo que lleva habitando en la vivienda.

Selección de la muestra

Al tener formulada la encuesta, se procedió a determinar el tamaño de la muestra mediante un muestreo por selección sistemática, que dio como resultado una muestra de 71 viviendas para un total de 272 viviendas en un radio aproximado de 200 metros, con respecto a la estación base ubicada en el barrio El Prado del municipio de Cartago.

Método para el análisis de los resultados

La encuesta fue aplicada a una muestra de 71 viviendas, que fue el equivalente a 71 habitantes mayores de 18 años que residen en el barrio El Prado del municipio de Cartago. Los resultados fueron analizados en Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 17.0. Para analizar los datos se realizaron dos tipos de análisis, un análisis descriptivo y un análisis de correspondencias múltiples (ACM). El análisis descriptivo consistió en caracterizar, describir y concluir sobre la muestra de los datos, lo que permitió conocer las respuestas más frecuentes para cada pregunta de la encuesta aplicada. Por el contrario, el análisis de correspondencias múltiples permitió relacionar las diferentes respuestas de las encuestas con las características sociodemográficas que se tuvieron presentes en el estudio (género, edad, nivel de escolaridad y tiempo que se lleva habitando en la vivienda), con lo cual se conocieron los patrones y las estructuras de relaciones que se dan entre las diferentes variables.

Características sociodemográficas de los encuestados

De los resultados obtenidos de las características sociodemográficas (género, edad, nivel de escolaridad y tiempo




que se lleva habitando en la vivienda), se observó que de un total de 71 encuestados, el 63,4% fueron mujeres y el 36,6% fueron hombres. Con respecto a la edad, el 60,6% de los encuestados era mayores de 50 años, el 18,3% se encontraba entre los 31 a 50 años y el 21,1% estaba entre los 18 a 30 años. Según el nivel de escolaridad, el 46,5% de los encuestados había culminado sus estudios de bachillerato, en cambio, el 28,2% era profesional o se encontraba realizando sus estudios universitarios. Con relación al tiempo habitando la vivienda, se obtuvo como resultado final que el 47,9% de los encuestados llevaba más de 10 años, el 38,0% solo llevaba entre 2 a 10 años y el 14,1% llevaba menos de 2 años.


Análisis descriptivo

Los resultados encontrados con respecto a cada atributo analizado se exponen a continuación.

Pregunta A1: ¿Qué tanto conoce usted sobre los posibles daños que puede causarle el funcionamiento de las EBTM?

La mitad de los encuestados (50,7%) manifestó tener un conocimiento muy bajo (valor 1) o bajo (valor 2) sobre los posibles daños que puede causar el funcionamiento de las EBTM (ver Tabla 3).

Pregunta A2: ¿Qué tanto considera usted que las entidades responsables de la prevención y la reducción del riesgo en el municipio conocen sobre los posibles daños generados por el funcionamiento de las EBTM?

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Del 52,1% de los encuestados, el 38,0% se destacó por considerar que las entidades responsables de la prevención y la reducción del riesgo en el municipio poseen un conocimiento muy bajo (valor 1: 22,5%) y medio bajo (valor 3: 15,5%) sobre los posibles daños generados por el funcionamiento de las EBTM. Por otra parte, el 28,2% del total de los encuestados (porcentaje mayor) consideró que las entidades tienen un nivel de conocimiento muy alto (valor 7) frente al tema (ver Tabla 4).

Las personas encuestadas que consideraron que las entidades responsables de la prevención y la reducción del riesgo en el municipio tienen conocimiento sobre los posibles daños generados por el funcionamiento de las antenas o EBTM, expresaron que a pesar de que cuentan con dicho conocimiento, las entidades del municipio no se pronuncian al respecto por pertenecer el servicio de telefonía móvil a empresas multinacionales. Por otra parte, las personas que señalaron que las entidades responsables de la prevención y la reducción del riesgo en el municipio conocen poco sobre los posibles daños generados por el funcionamiento de las EBTM, opinaron que si las entidades conocieran la situación ya se habrían pronunciado al respecto; además, consideraron que las personas a cargo no deben de saber nada sobre el tema.

Pregunta A3: ¿Cuánto le teme a los daños que puedan derivarse del funcionamiento de las EBTM?




El 35,2% de los encuestados manifestó sentir mucho temor frente a los posibles daños que pueden derivarse del funcionamiento de las EBTM; en comparación, el 32,4% de los encuestados expresó sentir muy poco temor frente al caso (ver Tabla 5).

Los encuestados que manifestaron sentir un grado de temor muy alto frente a los daños que pueden derivarse del funcionamiento de las EBTM, se sustentaron, en gran parte, en el temor que sienten por el colapso de la estructura, primando esto frente a los daños que pueden presentarse en la salud a causa de la exposición a las RNI emitidas por las EBTM. Por el contrario, los encuestados que señalaron sentir un grado de temor muy bajo, lo dijeron principalmente por el poco conocimiento que tienen sobre los posibles daños que pueden generarse por la exposición a las radiaciones electromagnéticas que son emitidas por estas fuentes radiantes.

Pregunta A4: La posibilidad de que Ud. personalmente experimente un daño (inmediatamente o más adelante) como consecuencia del funcionamiento de las EBTM es:

El 71,8% de los encuestados se caracterizó, en gran parte, por considerar que tiene una posibilidad medio alta (valor 5: 26,8%: porcentaje mayor) y muy baja (valor 1: 15,5%) de experimentar un daño como consecuencia del funcionamiento de las EBTM; mientras que, un 16,9% del total de los encuestados manifestó que la posibilidad es muy alta (valor 7) (ver Tabla 6).

El 43,7% de los encuestados que manifestó tener una probabilidad medio alta (26,8%) o muy alta (16,9%) de ser afectado por las radiaciones electromagnéticas emitidas por las EBTM, se considera susceptible o vulnerable a los daños que pueden presentarse en la salud, por habitar cerca de una EBTM. Por otro lado, las personas que expresaron que la probabilidad de ser afectados a causa del funcionamiento de las EBTM es muy baja (15,5%), lo hicieron, en gran medida, por considerar que existe menos probabilidad de ser afectados, dado que su vivienda no se encuentra al lado de la estación base.

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Pregunta A5: En caso de que el funcionamiento de las EBTM genere una afectación en la salud, ¿qué tan grave considera usted que pueden ser los daños?

El 52,1% de los encuestados opinó que en el caso de que las radiaciones electromagnéticas emitidas por las EBTM generen una afectación en la salud, la gravedad de los daños es medio alta (19,7%) y muy alta (32,4%); lo que permite concluir que cualquier afectación a la salud por más leve que sea, se considera como un daño muy grave, puesto que se ve afectada la calidad de vida de las personas expuestas (ver Tabla 7).

Pregunta A6: ¿En qué grado puede evitar que el funcionamiento de las EBTM afecte su entorno?

El 47,9% de los encuestados señaló que puede evitar en un grado muy bajo que el funcionamiento de las EBTM afecte su entorno (ver Tabla 8); sin embargo, algunas de estas personas expresaron que no habían hecho nada frente al caso, puesto que el lote donde está instalada la estación base pertenece a una persona de gran poder en el municipio de Cartago y en el Norte del Valle del Cauca, razón por la cual sienten temor al manifestar sus objeciones con respecto a la localización de la estación base. Además, otra parte de los encuestados desconoce los derechos que tiene como ciudadanos; es decir, que no conoce los debidos procesos para presentar sus objeciones frente a la




otorgación de la licencia o el permiso para la instalación de la infraestructura de telefonía móvil en un determinado lugar. Por otra parte, los encuestados que expresaron que pueden evitar que el funcionamiento de las EBTM afecte su entorno, lo hicieron porque consideran que existen dos medidas: irse del barrio (situación que todavía no está contemplada) o mandar un derecho de petición a la entidad competente.

Pregunta A7: ¿Qué posibilidad considera usted que tiene para reducir los daños que puede causarle el funcionamiento de las EBTM?

El 62,0% de los encuestados que manifestó tener una posibilidad de control muy baja para reducir los daños que puede causarle el funcionamiento de las EBTM (ver Tabla 9), expresó que no conoce las medidas adecuadas para ser menos susceptibles a las RNI emitidas por estas fuentes radiantes.

Pregunta A8: ¿Qué tanto el funcionamiento de las EBTM puede afectar a las personas en un lapso de 2 a 5 años?

El 84,4% de los encuestados consideró que el grado de afectación generado por la exposición a las radiaciones electromagnéticas emitidas por las EBTM, en un lapso de 2 a 5 años, puede ser medio (23,9%), medio alto (21,1%), alto (19,7%) y muy alto (19,7%) (ver Tabla 10); no obstante, las personas que manifestaron un grado de afectación medio, lo hicieron porque reconocen que las afectaciones a la salud por el funcionamiento

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de las EBTM son más evidentes y pueden presentarse en un lapso superior al establecido en la pregunta.

Pregunta A9: ¿Cuándo considera usted que se manifiestan los efectos generados por el funcionamiento de las EBTM?

El 88,7% (63 encuestados) consideró que los efectos generados por el funcionamiento de las EBTM se manifiestan en un largo plazo (ver Tabla 11).

Pregunta G1: ¿Cómo valora el riesgo que puede generar en la salud el funcionamiento de las EBTM?

El 36,6% (porcentaje mayor) consideró que la magnitud del riesgo generado por el funcionamiento de las EBTM es muy alto; mientras que el 32,4% de los encuestados se caracterizó por considerar que el riesgo es medio alto (valores entre 6 y 7) y alto (valores 8 y 9) (ver Tabla 12).

Se puede decir que la mitad de los encuestados desconoce los posibles efectos que ocasionan las RNI emitidas por las EBTM en la salud de las personas expuestas; no obstante, estos mismos encuestados reconocen que son vulnerables frente a esta amenaza, que sus efectos se presentan en un largo plazo y que su capacidad de prevención y control es muy baja; esto generó que se estimara la magnitud del riesgo como muy alta.




Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM)

Las respuestas de las preguntas A1 (conocimiento por parte del sujeto expuesto), A2 (posible conocimiento por parte de los responsables de la gestión), A3 (temor que produce) y A9 (demora de las consecuencias) se caracterizaron porque estuvieron relacionadas principalmente con dos aspectos sociodemográficos: el nivel de escolaridad y el tiempo que lleva habitando en la vivienda. Con respecto a las preguntas A4 (vulnerabilidad) y A5 (gravedad de las consecuencias), la variable que mejor se correlacionó fue el nivel de escolaridad; mientras que, en las preguntas A6 (voluntariedad para realizar acciones preventivas) y A7 (control), las respuestas estuvieron relacionadas especialmente con el género y la edad. Por otra parte, las preguntas A8 (potencial catastrófico) y G1 (magnitud del riesgo) se relacionaron con todas las variables (género, edad, nivel de escolaridad y tiempo que lleva habitando en la vivienda).

Lo anterior, permite concluir que las respuestas de cada pregunta de la encuesta variaron según los grupos que se formaron con relación a estas características sociodemográficas; lo que demuestra que la percepción del riesgo está influenciada por las diferentes características sociodemográficas de las personas. Sin embargo, los resultados que arrojó el análisis de correspondencias múltiples no muestran una diferencia tan marcada entre los grupos y sus diferentes respuestas, lo que se puede deber a que no se tiene tanto conocimiento de los alcances de este factor de riesgo, puesto que no es considerado como un riesgo tan común, como lo son los riesgos por fenómenos naturales. Por lo tanto, es normal encontrar casos en los que mujeres con estudios técnicos o universitarios manifestaran tener un conocimiento alto sobre los posibles daños que se presentan por la exposición a las RNI emitidas por las EBTM; como a las vez, se presentaron casos en los que las mujeres con este nivel de estudio expresaron saber poco sobre el tema.

CONCLUSIONES

Es esencial que la percepción social del riesgo se emplee como instrumento para el desarrollo de políticas de prevención y mitigación del riesgo, y que se incluya en los estudios de los escenarios de riesgo, dado que permite realizar un diagnóstico integral del riesgo evaluado y hace factible que se establezcan estrategias de gestión de la problemática. Esto se da, puesto que las respuestas obtenidas en el análisis descriptivo y en el análisis de correspondencias múltiples dan a entender que no se debe evaluar a la población como un todo, debido a que se pone de manifiesto las diferencias de percepciones y las prioridades de los individuos.

La falta de medidas de precaución frente a los posibles efectos perjudiciales para la salud por la exposición a las radiaciones electromagnéticas emitidas por las EBTM, ha generado un

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potencial escenario de riesgo, el cual no ha sido reconocido en su totalidad por las autoridades locales y miembros de la comunidad, pues parecería que solo puede ser considerado como riesgo cuando los efectos a la salud por la exposición a las RNI estén comprobados científicamente, para lo cual pueden pasar muchos años.

Es necesario que la comunidad sea informada y conozca sobre los alcances o los impactos que se derivan de la exposición a las RNI emitidas por las EBTM, dado que el desconocimiento con respecto a los efectos nocivos que se pueden derivar de la exposición a estas radiaciones electromagnéticas, hace a la comunidad más vulnerable a la amenaza y a que se quebranten sus derechos; asimismo, el desconocimiento de estos derechos y de los mecanismos de participación ciudadana que se deben emplear en dichos casos, agravan más la situación, generando que no se ejerza una presión social.

Es importante que se investigue la forma en que los medios de comunicación influyen en la percepción social del riesgo, puesto que generalmente el conocimiento frente a los posibles efectos nocivos en la salud por la exposición a las RNI emitidas por las EBTM, se adquiere en mayor parte de dichos medios; por lo tanto, la percepción del riesgo y los grados de vulnerabilidad tienden a variar, teniendo en cuenta la información que se transmite; además, se debe estudiar cómo cambia el imaginario social con respecto al vecindario y ciudad cuando se instala una EBTM.

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1. Este artículo es un resultado parcial del proyecto titulado: “Definición de una metodología para la realización de estudios en áreas con alto riesgo de exposición a las radiaciones electromagnéticas generadas por estaciones base de telefonía móvil; caso de estudio Manizales, Caldas” Código 0457011, y continuación del proyecto de grado denominado: Lineamientos para la gestión del riesgo de las áreas urbanas expuestas a las radiaciones electromagnéticas emitidas por las estaciones base de telefonía móvil. Estudio de caso: municipio de Cartago, Valle. Trabajo de grado laureado por la Universidad Tecnológica de Pereira.

2. Administradora Ambiental. Integrante del Grupo de Investigación Campos Electromagnéticos, Medio Ambiente y Salud Pública, Universidad de Caldas. Grupo de Investigación en Gestión Ambiental Territorial, Universidad Tecnológica de Pereira. [email protected]

3. M.Sc. Instrumentación Física. Integrante del Grupo de Investigación Campos Electromagnéticos, Medio Ambiente y Salud Pública, Universidad de Caldas. [email protected]

4. M.Sc. Instrumentación Física. Universidad de Caldas. [email protected]

5. En el documento Visión Colombia Segundo Centenario: 2019. Resumen Ejecutivo, se establece que el sector de las telecomunicaciones deberá “contribuir a consolidar una sociedad informada, conectada e integrada al entorno global, para lo cual deberá incorporar continuamente los últimos desarrollos tecnológicos, particularmente adecuarse a la convergencia de redes, terminales y servicios. Además, el sector deberá propender por una cobertura adecuada y acceso universal para toda la población”. Por otra parte, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se define que: “el Gobierno nacional, a través del Ministerio de TIC, fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, y promoverá el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios. Se buscará la expansión, y cobertura para zonas de difícil acceso, en especial beneficiando a poblaciones vulnerables […]”.

6. La Ley 72 de 1989 establece que el Gobierno Nacional promoverá la cobertura nacional de los servicios de telecomunicaciones y su modernización, a fin de propiciar el desarrollo socioeconómico de la población. De la misma forma, el Decreto-Ley 1900 de 1990 establece que las telecomunicaciones deberán ser utilizadas como instrumentos para impulsar el




desarrollo político, económico y social del país, con el objeto de elevar el nivel y la calidad de vida de los habitantes.

7. Los resultados del diagnóstico de las áreas urbanas expuestas a las RNI emitidas por las EBTM, se pueden observar en el documento: Lineamientos para la gestión del riesgo de las áreas urbanas expuestas a las radiaciones electromagnéticas emitidas por las estaciones base de telefonía móvil. Estudio de caso: municipio de Cartago, Valle, cuya referencia se encuentra en el presente artículo. Además, los resultados se exponen en el artículo: “Metodología para el diagnóstico de áreas urbanas con alta exposición a radiaciones electromagnéticas emitidas por estaciones base de telefonía móvil”, el cual fue aceptado para ser publicado en esta Revista.

8. Se establecieron estas tres áreas específicas como zonas de afectación de las RNI emitidas por las EBTM, puesto que estudios epidemiológicos como los de Santini et al. (2002), Navarro et al. (2003), Santini et al. (2003), Eger et al. (2004) y Bortkiewicz et al. (2012) han relacionado algunos efectos perjudiciales en la salud humana o patologías específicas con cada una de estas áreas aledañas a las EBTM.

Para citar este artículo: Gallego-Serna, L.M., Torres-Osorio, J.I., Castañeda-Salazar, J.A. (2014). Análisis dimensional del riesgo percibido por la exposición del público a radiaciones electromagnéticas emitidas por estaciones base de telefonía móvil. Revista Luna Azul, 39, 105-123. Recuperado de http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=950

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ESTUDIO DE MODIFICACIÓN QUÍMICA Y FÍSICA DE BIOMASA (Citrus sinensis Y Musa paradisiaca) PARA LA ADSORCIÓN DE METALES

PESADOS EN SOLUCIÓN

Lesly Tejeda Benítez1 Candelaria Tejada Tovar2 Wilfredo Marimón Bolívar3

Ángel Villabona Ortiz4

Recibido el 16 de julio de 2013 y aprobado el 3 de febrero de 2014, actualizado el 9 junio de 2014

RESUMEN

Se estudia el efecto de las modificaciones a carbón activado y recubrimiento con quitosano de biomasa lignocelulósica obtenida de cáscaras de plátano y naranja, para la adsorción de Cr (VI). La caracterización de los grupos funcionales en las biomasas aptos para la adsorción se verificó mediante un análisis elemental (CHON) y espectroscopia de infrarrojo (IR), mientras que para los carbones activados se determinó su área superficial por medio de un análisis BET. El contenido de Cr (VI) en solución se midió mediante espectrofotometría UV-vis, usando el método de la difenilcarbazida. Los resultados mostraron una remoción de los iones de Cr (VI) de 66,6 y 93 ppm para las cáscaras de naranja y plátano respectivamente, los carbones activados removieron 85 y 95 ppm, mientras que las biomasas modificadas con quitosano presentaron una adsorción 61,24 y 88,2 ppm. Se observa que la cinética de adsorción fue mejor descrita por la ecuación de Pseudo Segundo Orden, y el efecto de competitividad bimetálica se vio afectada de mayor forma por iones de níquel, y en menor proporción por iones de plomo.

PALABRAS CLAVE

Adsorción, biomasa lignocelulósica, carbón activado, cromo hexavalente, quitosano.

STUDY OF PHYSICAL AND CHEMICAL MODIFICATION OF BIOMASS (Citrus sinensis AND Musa paradisiaca) FOR THE ADSORPTION OF HEAVY

METALS IN SOLUTION

ABSTRACT

The effect of changes to activated charcoal and chitosan coating of lignocellulosic biomass obtained from banana and orange peels for the absorption of Cr (VI) was studied. Characterization of the functional groups in the biomass suitable for the adsorption was monitored by elemental analysis (CHON) and infrared spectroscopy (IR), while for activated carbon surface area was determined by BET analysis. The Cr (VI) content in solution was measured by UV-vis spectrophotometer, using the diphenylcarbazide method. The results showed a removal of Cr (VI) ions of 66.6 and 93 ppm for orange peels and banana peels respectively; the activated carbons removed 85 and 95 ppm, while the modified biomasses with chitosan showed an adsorption of 61.24 and 88.2 ppm. It was observed that the adsorption kinetics was best described by the Pseudo Second Order equation, and the bimetallic competitiveness effect was affected more by nickel ions and to a lesser extent by lead ions.




KEY WORDS

Adsorption, lignocellulosic biomass, activated carbon, hexavalent chromium, chitosan.

INTRODUCCIÓN

El aumento en el desarrollo de las actividades industriales en el mundo ha derivado un problema ambiental asociado a sus efluentes residuales. Uno de los grupos de contaminantes contenidos en estos y que ha captado en mayor medida la atención de la comunidad ambiental son los metales pesados. Los metales pesados son potencialmente devastadores para el ambiente ya que contaminan el aire, el agua y la tierra, utilizados por las plantas y los demás eslabones de las cadenas tróficas, incluso para el ser humano en el cual se producen enfermedades letales por este tipo de contaminación (Lugo-Lugo et al., 2012; Shen et al., 2012; Yang et al., 2012).

El cromo es un metal pesado de la primera serie de metales de transición, a lo que debe sus principales propiedades químicas y bioquímicas. Entre ellas destacan que tiene varios estados de oxidación; los derivados de las valencias -2 y +2, que tienen poca importancia, el 0 el cual corresponde al cromo metálico, sin embargo los únicos compuestos de importancia biológica, son los derivados de los estados de oxidación +3 y +6. Especialmente el Cr (VI) representa la mayor amenaza, debido a sus efectos contaminantes, y genéticos (Medina, 2010; ATSDR, 2012).

La adsorción se convierte en una opción para la remediación de aguas contaminadas por metales pesados, debido a su sencillez, bajo costo, fácil ampliación, y sobre todo por ser capaz de eliminar sustancias de baja concentración (Hu et al., 2012).

Uno de los materiales más usados para la remoción de metales es el carbón activado, debido a su alta superficie específica, estabilidad química y durabilidad. La remoción de iones de Cr (VI) y otros metales de aguas ha sido reportada como eficiente mediante la preparación de carbón activado a partir de aserrín, cáscaras de arroz, fibra de coco, bagazo de caña, entre otros (Giri, Patel y Mandal, 2012).

Su utilización para la adsorción de metales pesados en gran medida se basa en la acidez de la superficie y la funcionalidad especial de la superficie, en donde los mecanismos de eliminación pueden comprender el intercambio de iones, interacción y la coordinación de grupos funcionales, aunque su preparación para utilizarse como adsorbente en algunos casos suele resultar un poco costosa (Ramachandra, Ahalya y Kanamadi, 2006; Hu et al., 2012). No obstante, la utilización de biomasas residuales para la preparación de carbones activados genera una disminución en el costo de preparación, al ser residuos agroindustriales con nulo o poco valor. Estas biomasas están compuestas por celulosa, hemicelulosa y lignina que son compuestos químicos con grupos funcionales que garantizan la adsorción de metales, su composición varía dependiendo del origen del material (Miretzky y Fernández, 2010).

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Por su parte, el quitosano es también considerado como un adsorbente natural excelente para los iones de metal debido a la presencia de grupos amino (-NH2) e hidroxilo (-OH).

Aydin y Aksoy (2009) tuvieron como objetivo determinar el conjunto de parámetros que conducían a la remoción máxima de Cr (VI) de aguas residuales, usando como material bioadsorbente el quitosano, el cual contenía un grado de desacetilación del 85%. Obtuvieron como resultado un pH óptimo por debajo de 3 y una dosis de adsorbente de 7g/L, lo cual permitió eliminar el 90% de Cr (VI) de soluciones a 55 mg/L de concentración inicial.

Zhou, Liu y Liu (2009) prepararon partículas de quitosano utilizando el método de emulsión inversa fase de dispersión y modificado con tiourea. Los resultados mostraron que la capacidad máxima de adsorción se encontró a un pH de 2,0, tanto para Pt (IV) y Pd (II).

Kousalya y Rajiv (2010) aplicaron formas modificadas de quitosano y lo utilizaron para eliminar el cromo de la fase acuosa y reportaron una capacidad de adsorción de 1298 mg/kg con un tiempo de contacto mínimo de 10 min.

Además, el quitosano tiene otras características útiles tales como ser policatiónico, no tóxico, biodegradable y antibacteriano (Wan, Teonga y Hanafiah, 2011; Nüket et al., 2012).

En este proyecto se estudiaron las capacidades de adsorción de iones metálicos de Cr (VI) por parte de carbones activados provenientes de cáscaras de naranja y plátano como también estas cáscaras modificadas con un recubrimiento de quitosano.

MATERIALES Y MÉTODO

Preparación de las biomasas lignocelulósicas

Los residuos lignocelulósicos fueron lavados con agua destilada a 60°C por 30 minutos, posteriormente se lavaron con 1,5 volumen de etanol de 70°, a 50°C por 30 minutos todo bajo una agitación de 100 rpm; esto se realizó con el fin de extraer partículas y polímeros de desecho. Posteriormente fueron secados a 90°C durante 24 horas. Luego la biomasa preparada se redujo de tamaño en un molino de cuchillas y tamizada para una selección de los tamaños de estudio (0,3 - 0,425 - 0,525 mm) (Anwar et al., 2010; Anandkumara y Mandal, 2011; Liang, Guo y Tian, 2011).

Preparación de carbones activados

La biomasa preparada anteriormente se preincineró hasta carbonizar en un horno a una velocidad de calentamiento de 15°C/min hasta alcanzar una temperatura de 400°C y luego mantenido en esas condiciones por una hora, con una atmósfera inerte de nitrógeno para evitar la formación de cenizas en el producto final. La biomasa preincinerada se activó añadiendo por cada gramo de carbón 1 ml de ácido fosfórico (H3PO4) al 85%. Luego se realizó una segunda incineración en una mufla a una temperatura de 600°C, con una relación de 15°C/min con igual atmósfera inerte, este proceso se realizó por una hora. Para eliminar los excedentes de ácido se realizaron sucesivos lavados con agua




destilada seguido de una filtración, y secado a temperatura de 60°C (Al-Othman, Ali y Naushad, 2012; Lo et al., 2012). Modificación de las biomasas con quitosano

Se adquirió el quitosano en su forma comercial grado práctico 85%. El quitosano fue sumergido en ácido acético con una relación 0,5% v/v, la mezcla se agitó mecánicamente a 150 rpm durante 24 h para formar un gel homogéneo. Posteriormente la biomasa fue sumergida en la proporción de dosis de gel (relación de quitosano y biomasa 1:5) y se agitó durante 12 h a 150 rpm. El complejo biomasa-quitosano/gel se lavó con agua y se secó. Este proceso se repitió por tres veces para formar una gruesa capa de quitosano en la biomasa. Las piedras revestidas se activaron y neutralizaron con un lavado de NaOH al 0,5% p/v durante 3 h. Las perlas de gel de quitosano se lavaron con agua ionizada y se secaron finalmente (Wan, Fatinathan y Yosop, 2011).

Caracterización de los adsorbentes

Una vez preparado el material bioadsorbente se procedió a la caracterización de los mismos. Esta caracterización consistió en determinar los elementos y compuestos orgánicos presentes en la cáscara de naranja y plátano por diferentes métodos analíticos. Se realizó una determinación de elementos CHON con el fin de garantizar la presencia de elementos propios de un material lignocelulósico (Carbono: AOAC 949,14, Hidrógeno: AOAC 949,14, Nitrógeno: AOA 984,13, Azufre: Digestión). Mientras que para la verificación de los grupos funcionales propios de la adsorción de metales pesados se realizó una Espectroscopia Infrarroja (IR) y de igual forma para la modificación con quitosano. La característica utilizada para la caracterización de los carbones fue la determinación del área superficial por medio de un análisis BET.

Estudios de adsorción

Los estudios de adsorción se llevaron a cabo en lotes usando 300 ml de 100 ppm de Cr (VI) en solución. Las condiciones de operación estudiadas fueron 3 niveles de pH (3, 4, 5) y tres niveles de concentración de adsorbente (2, 4, 6 g/L), dejando constantes el tiempo de contacto estándar de 60 minutos, concentración del adsorbato de 100 ppm, velocidad de agitación de 180 rpm y temperatura ambiente de 25°C. El análisis de la concentración final se realizó mediante el método de difenilcarbazida en un espectrofotómetro de UV-vis (Balasubramanian y Pugalenthi, 1999), y por absorción atómica (AA). Después de estos ensayos la capacidad de adsorción se calculó mediante la siguiente ecuación:

Donde qe es el equilibrio de adsorción de la capacidad (mg/g), Co y Cf son las concentraciones iniciales y el equilibrio (mg/l) de Cr (VI) en la solución, V es el volumen (l) de solución tomada y M es la masa (g) de adsorbente usado.

Teniendo en cuenta las condiciones favorables arrojadas por los ensayos para la adsorción de las cáscaras, se estudió la cinética y las isotermas de adsorción para las biomasas sin modificar, sobre los carbones activados y sobre las biomasas modificadas con quitosano.

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Caracterización del adsorbente

La caracterización de las cáscaras de naranja y plátano consistió en la determinación del análisis elemental de la biomasa, el contenido de poder calorífico y azufre, la capacidad de intercambio catiónico, CIC, los espectros de infrarrojo con transformada de Fourier, FTIR, y la determinación de algunos elementos metálicos (Tabla 1).

Igualmente como parte complementaria a la caracterización de la biomasa se realizó un análisis de iones, con la finalidad de establecer la cantidad en mg/g de cada ión presente en la biomasa y poder identificar posibles interferencias (Tabla 2).

Caracterización espectro infrarrojo para cáscara de naranja En la Figura 1 se muestran los espectros de infrarrojo para la cáscara de naranja antes y después del proceso de adsorción, respectivamente. El intenso pico a 3441 cm-1, mostrado en el espectro antes del proceso, es un indicativo del estiramiento del grupo hidroxilo (3340-3600 cm-1) perteneciente a vibraciones de los enlaces de celulosa, pectina, agua absorbida, hemicelulosa y lignina. Los picos alrededor de 1748,15 cm-1 corresponden al estiramiento carbonilo C=O lo que indica la vibración del grupo carboxilo de la pectina, hemicelulosa y lignina. El pico de alrededor de 1444,43 cm-1 se debe a la presencia de (C-H) alifáticos y aromáticos, grupos en el plano de deformación, vibraciones de enlaces metilo, metileno y grupo metoxi, y la intensa banda desde los 1333,24 cm-1 hasta 1022 cm-1 corresponde al grupo C-O de alcoholes y ácidos carboxílicos (Feng, Guo y Liang, 2009; Lu et al., 2009; Liang et al., 2011).




Caracterización espectro infrarrojo para cáscara de plátano

De igual forma, la cáscara de plátano muestra la intensidad de picos en las longitudes de ondas 3400 y 1748 cm-1 correspondientes a los grupos hidroxilos de su composición química y los grupos carbonilos propias de una biomasa lignocelulósica.

Espectros de biomasas modificadas con quitosano

Los espectros infrarrojos (IR) de las biomasas modificadas con quitosano se muestran en las Figuras 3 y 4.

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En las Figuras 3 y 4 se puede observar que la superficie de la cáscara de naranja modificada con quitosano es más irregular que la de la cáscara de naranja sin modificar, lo que indica que el quitosano se ha adherido a la superficie de la cáscara de naranja química o físicamente. Después del proceso de adsorción se observa la participación de los grupos carboxilo para la adhesión de Cr (VI) a la superficie de la muestra, con un ligero cambio en el espectro, asimismo se corrobora la participación de los grupos amino con un cambio del pico de 1646,16 cm-1 a 1627,17 cm-1, lo cual indica que existe un desplazamiento del grupo para alojar al Cr (VI) dentro de la estructura de la muestra.

Se observa una variación en la banda de 3446,84 cm-1 (vibración O-H, N-H), este cambio de frecuencia puede ser atribuido a la interacción entre las moléculas de iones Cr (VI) con los grupos hidroxilo y los grupos amino presentes en la cáscara de naranja modificada con quitosano.

Se observan, también, variaciones en las bandas de la región 1738,80-1015,89 cm-1, y en las bandas de intensidades cercanas a 1034cm-1 y a 600cm-1 que son




asignadas al estiramiento de polisacáridos (tensiones C-O). Para las demás bandas no se hallaron cambios y estas pueden pertenecer a compuestos endógenos de la matriz analizada.

Al observar el ancho e intenso pico a 3441 cm-1 para la cáscara de naranja y 3446,84 cm-1 para la cáscara de naranja modificada con quitosano, se verifica que debido a la modificación con quitosano la cáscara de naranja recibe nuevos grupos funcionales.

Todo lo anterior implica que los grupos carboxilo, hidroxilo y amino, deben estar implicados en la retención de los iones Cr (VI), por parte de la cáscara de naranja y cáscara de naranja modificada con quitosano.

Respecto a la cáscara de plátano modificada con quitosano, se ven definidos los picos de absorción correspondientes al -NH en el pico alrededor de 3457 cm-1, en el cual se evidencia el estiramiento de las vibraciones del enlace O-H de compuestos poliméricos como celulosa, pectina, hemicelulosa y lignina; esto indica que en la etapa de modificación efectivamente se introdujo el quitosano a la estructura de la cáscara de plátano. El pico observado a 2919 cm-1 puede atribuirse a las vibraciones de enlaces C-H de los grupos -CH, -CH2 y -CH3. La intensidad de este pico se ve acentuada en el espectro señalando un aumento de estos grupos posiblemente debido al tratamiento aplicado. Las vibraciones alrededor de 1559 cm-1 pueden corresponder a grupos alifáticos y aromáticos.

Al comparar todos los espectros de los adsorbentes antes y después del proceso de adsorción, se observa que todos estos picos muestran una considerable disminución en la intensidad y ancho de las bandas debido a una ligera variación en la frecuencia de adsorción, lo cual podría atribuirse a la unión de los iones Cr (VI) con los diferentes grupos presentes en el bioadsorbente impidiendo la vibración de los mismos. Los espectros FTIR de las cáscaras originales y de las cáscaras después del proceso de adsorción revelaron que el pico del grupo funcional carboxilo cambió significativamente de los grupos 1636,17 cm-1 a 1650,50 cm-1. Este cambio en el número de onda corresponde a un cambio en la energía de unión del grupo funcional, lo que indica que el patrón de unión de grupos carboxilo cambio después de la biosorción. Por lo tanto, se confirma la participación de grupos de ácido carboxílico en la unión de los iones de Cr (VI) con las biomasas.

Análisis de carbones activados

Para los análisis BET del carbón activado se tomó en cuenta la medición de cantidades adsorbidas y presiones relativas, se consiguió una correlación que arrojara una descripción de la superficie de adsorción del carbón. A partir de estos datos se determina el valor de la superficie específica (SBET), representando p/(pº-p)Vads frente a p/pº (Guzmán, 2007; Giraldo, García y Moreno, 2008).

El área superficial BET obtenida para los carbones activados a partir de la cáscara de naranja y plátano fueron de 133,58±0,96 m²/g y 123,28±0,0053 m²/g. Estos valores obtenidos son bajos en comparación a otros carbones activados de otras biomasas como el coco que muestran un área superficial promedio de 800 m²/g (Céspedes, Valencia y Díaz, 2007; Jinhui, Kunbin y Hongying, 2010).

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Efecto de las variables en la adsorción

En las Figuras 5, 6 y 7 se observa el valor medio del porcentaje de ion metálico adsorbido por las cáscaras de naranja a diferentes valores de pH (3, 4, 5) y para los 3 tipos de tamaños usados. En ellas, en concenrdancia con las figuras, se aprecia que la capacidad de adsorción de Cr (VI), por parte del material bioadsorbente, está fuertemente influenciada por el pH, siguiendo un comportamiento correspondiente a un aumento del porcentaje de adsorción del biomaterial, a medida que disminuye el pH.

Lo anterior muestra que la influencia del pH es muy importante debido al mecanismo de adsorción. Un pH bajo hace que la superficie del biomaterial cargado positivamente como grupos amino y carboxilo se conviertan en grupos protonados, llevando un incremento en la tasa de eliminación en fase acuosa de iones Cr (VI).

Es importante señalar que los protones y electrones (suministrados por los grupos donadores de electrones en el biomaterial) son necesarios para la reducción de Cr (VI) a Cr (III), y que los grupos carboxilo propios de las biomasas son los responsables de captar los iones metálicos de la soluciones para que los grupos hidroxilo realicen la reducción de Cr (VI) a Cr (III), formándose un complejo que no deje escapar al metal nuevamente a la solución.




En las Figuras 8, 9 y 10 se presentan los resultados obtenidos en el estudio de la influencia de la masa de cáscaras de plátano con respecto al volumen de fase acuosa. Se observa que en todos los casos la cantidad de metal adsorbido aumenta rápidamente al aumentar la relación sólido/líquido hasta una relación de 6 g/L.

Con relación a la influencia del tamaño de partícula, en ambas biomasas se puede observar una mejor adsorción para un tamaño de 0,425 mm. Se concluye que el tamaño de las partículas del material adsorbente influye en la adsorción, debido a que esta tiene lugar fundamentalmente en las paredes de las partículas. Por tal motivo al disminuir el tamaño de las partículas, el número de centros activos por unidad se incrementa, al igual que la capacidad de adsorción de iones de Cr (VI).

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Cinéticas de adsorción

La cinética de la adsorción describe la velocidad de atrapamiento del adsorbato, su conocimiento permite predecir la velocidad a la cual el contaminante se remueve del efluente tratado, por tal razón se requiere el conocimiento de las leyes de velocidad que describen el sistema de adsorción. La capacidad de adsorción de iones de Cr (VI) fue estudiada como función del tiempo y así establecer un tiempo de contacto óptimo de adsorción de Cr (VI) sobre las biomasas lignocelulósicas y carbones activados.

Las Figuras 11 y 12 revelan que el potencial de remoción tiene un comportamiento de aumento rápido al comienzo de la operación. Esto es probablemente debido a la mayor área de la superficie de los adsorbentes disponible en principio para la adsorción de los iones metálicos. Como la superficie de los sitios de adsorción se agota, la tasa de adsorción se controla por la tasa en la que el adsorbato se transporta desde el exterior a los sitios interiores de las partículas adsorbentes. Los resultados de tiempo de equilibrio muestran que este se alcanzó en 2 horas, ya que después de este tiempo no se obtiene mayor variación.




Se observa que la modificación a carbones activados mejora el fenómeno de adsorción de iones metálicos. Esta diferencia se nota de mejor forma en el carbón activado de naranja con respecto a la adsorción con la cáscara sin modificar, mientras que en el carbón activado de plátano la diferencia no es significativa. Por otro lado, la modificación con recubrimiento de quitosano no favoreció el fenómeno de adsorción sino que por el contrario hubo una disminución promedio del 8%. Esto puedo deberse a que los radicales libres de la molécula de quitosano (amino) no son tan afines a los iones de cromo como los carboxilos y C=C de la biomasas y carbones activados respectivamente (Zeng et al., 2011).

Bajo esta condición de tiempo de equilibrio encontrada se hizo el estudio de cinética de adsorción. Con el fin de determinar un modelo cinético adecuado la adsorción se evaluó en cuatro ecuaciones cinéticas las cuales se muestran en la Tabla 3.

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Donde K1, es la constante de Pseudo Primer Orden (min-1), k2 es la constante cinética de Pseudo Segundo Orden (g·mol-1·min-1), α constante de la ecuación de Elovich (mg.mmol-1.min-1); β exponente en la ecuación de Elovich (g/mg), k la constante de difusión, qe capacidad de adsorción en equilibrio (mg/g) y qt capacidad de adsorción en el tiempo medido (mg/g) (Pinzón y Vera, 2009; Dotto y Pinto, 2011).

Así los datos experimentales fueron correlacionados con cada uno de los modelos ajustándolos por regresiones no lineales a través de Excel Solver, obteniendo cada uno de los parámetros descritos anteriormente para cada uno de los modelos, lo cuales se presentan en la Tabla 4.

En la Tabla 4 se muestra que la ecuación de Pseudo Segundo Orden explica de mejor forma el fenómeno de adsorción para la cáscara de naranja y plátano de modo que el adsorbato se adsorbe en dos sitios activos de la biomasa, que en el caso de la cáscara de naranja y plátano serían los grupos funcionales hidroxilo y carboxilo. Para sus respectivas modificaciones a carbones activados se explica el fenómeno por la cinética de Elovich que explica una quimiadsorción con centros activos heterogéneos, que referido a los carbones activados son los enlaces π- π insaturados y los grupos funcionales de oxígeno y nitrógeno provenientes de la activación química (Yang, 2003).

Los valores obtenidos en el estudio se compararon con otros materiales de la región Caribe colombiana (Tabla 5) y se ve que los potenciales de adsorción (QMAX) de la cáscara de naranja y plátano alcanzaron los 16,66 y 18,48 mg/g respectivamente sin modificación. Estos resultan ser muy favorables ya que en el




presente estudio se realizó a valores de pH superiores a los mostrados en la Tabla 4, además por el favorecimiento de la protonización de los iones a pH más bajo, los potenciales tenderían a aumentar si se trabaja a valores de 2 unidades de pH. El salvado de trigo y la concha del coco poseen potenciales superiores pero su procesamiento para uso como adsorbente debería ser considerado dadas las características de dureza de estas biomasas.

Isotermas de adsorción

Se estudió el efecto que tiene la concentración inicial de la solución en la capacidad de adsorción en el rango de 20 ppm a 100 ppm.

Para esto se aplicaron las isotermas de adsorción (ver Tabla 5), que tienen como función describir una relación analítica que correlaciona la cantidad de un determinado componente adsorbido en una interfase con la concentración de este componente en el seno de la fase.

Donde qe es la cantidad de material sorbido por especificadas cantidades de adsorbente (mmol/g), C la concentración de equilibrio (mmol l-1), qm la cantidad de metal o contaminante necesario para formar un monocapa en la superficie (mmol g-1), KL la constante de equilibrio de Langmuir, Kh es la constante de Halsey y KF la constante de equilibrio de Freundlich, N es el exponente de cada ecuación característica (Elangovan, Philip y Chandraraj, 2008; Ghosh, 2009; Saha et al., 2010).

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En la Tabla 6 se observa el ajuste de los datos experimentales a las isotermas, se concluye que la isoterma que mejor describe la adsorción de Cr (VI) en cáscaras de naranja y de plátano es la de Langmuir.

Esto indica que la superficie del adsorbente es uniforme, es decir, todos los sitios de adsorción son equivalentes, las moléculas adsorbidas no interaccionan, la adsorción se produce a través del mismo mecanismo y que en la máxima adsorción solo se forma una monocapa donde las moléculas de adsorbato no se depositan sobre otras ya adsorbidas.

Por otra parte, en los carbones activados y la biomasa cubierta con quitosano se ajustó más a la isoterma de Temkin, este es un ajuste de la isoterma de Langmuir pero teniendo en cuenta la disminución de la entalpía molar de adsorción cuando se está aumentando el grado de recubrimiento (Yang, 2003; Lazo et al., 2008).

Adsorción competitiva de metales y aplicación en aguas industriales

Con el fin de analizar el comportamiento de adsorción del Cr (VI) en mezclas binarias de iones metálicos y mezclas múltiples, ya que por lo general en los efluentes industriales el cromo no se encuentra solo sino en algunas mezclas de metales, se analizó su comportamiento con iones de plomo, níquel y cobre.

Las concentraciones iniciales de todos los metales fueron de 100 ppm. De las mediciones hechas se determinó la cantidad de metal residual que había en cada mezcla binaria con el Cr (VI), los resultados se muestran en la Figura 13.




Se observa una notoria disminución en el potencial de adsorción de Cr (VI) cuando este se encuentra en presencia de iones de plomo (pasa de una remoción del 98% cuando se realizó el estudio de carbón de plátano con solo Cr (VI) a una de 42,9%) pero se ve compensado con una adsorción de los iones de plomo de 82,6%, mientras que para mezclas binarias del Cr (VI) con el cobre y el níquel se obtuvo una remoción de 17 ppm y 4,35 ppm, para ambos casos la adsorción no es eficaz. Cuando se da la mezcla multimetálica el potencial de adsorción del Cr (VI) pasa de un 98% de remoción a un 54%.

Conforme a la aplicación en efluentes industriales reales se tomó una muestra de una industria de la Zona de Mamonal (Cartagena) en la cual sus efluentes son ricos en Cr (VI). La muestra tenía una concentración inicial del metal de 1636 ppm, las pruebas de adsorción fueron realizadas a un tiempo de adsorción de 1 hora con carbón activado de plátano, a pH de 3 y relación biomasa/metal de 6 g/L. Los resultados de este ensayo mostraron una reducción a 581 ppm de Cr (VI), mostrando así una efectividad del 65,4%.

CONCLUSIONES

El estudio describió la adsorción de iones de Cr (VI) sobre cáscara de naranja (Citrus sinensis). Las condiciones de adsorción más favorables para este proceso se dieron a un valor de pH 3 y un tamaño de partícula de adsorbente de 0,425 mm. Del estudio de cinética de adsorción se pudo comprobar que tanto la cáscara de naranja como la de plátano tienen 2 centros activos de adsorción que serían los grupos hidroxilo y carbonilo, esto descrito mediante la correlación de Pseudo Segundo Orden.

De igual forma se puede ver que la isoterma de Langmuir es la que mejor describe la interacción de los metales en los centros activos para las biomasas sin modificar por solo poseer un espacio en la superficie del adsorbente y no existir una superposición de iones metálicos.

La adsorción sobre los carbones activados provenientes de estas biomasas mejora el potencial de adsorción y su mecanismo de adsorción es mejor explicado por la isoterma de Temkin que tiene en cuenta la disminución de la entalpía molar a medida que transcurre el proceso, mientras que la modificación física con recubrimiento de quitosano desfavoreció el fenómeno ya que sus radicales aminos no fueron tan afines a los iones de Cr (VI).

Cuando se tienen sistemas bimetálicos el potencial de adsorción de Cr (VI) se ve reducido en gran manera si se trata de iones de níquel y cobre, mientras que con el plomo la reducción fue moderada (43% ppm), esta situación puede deberse a la afinidad de los grupos funcionales que participan en la adsorción del Cr (VI) por los iones de níquel y cobre. De igual forma, para soluciones multimetálicas el potencial de remoción se redujo en un 40% ppm pero con una adsorción moderada de los otros metales.

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1. Docente de planta del programa de Ingeniería Química, Universidad de Cartagena. Magíster en Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Ingeniería Mecánica, Universidad Tecnológica de

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Bolívar. Candidata a Doctora en Toxicología Ambiental, Universidad de Cartagena. Docente del grupo de investigación GIPIQ, línea de investigación en tratamiento de aguas residuales industriales. Ingeniera Química, Universidad Industrial de Santander. Colombia. [email protected]

2. Docente de planta del programa de Ingeniería Química, Universidad de Cartagena. Magíster en Educación, Universidad del Norte. Candidata a Magíster en Ingeniería Ambiental, Universidad de Cartagena. Especialista en Química Analítica, Universidad de Cartagena. Ingeniera Química, Universidad Industrial de Santander. Docente del grupo de investigación GIPIQ, línea de investigación en tratamiento de aguas residuales industriales. Colombia. [email protected]

3. Joven investigador Universidad de Cartagena-Colciencias. Ingeniero Químico, Universidad de Cartagena. Adscrito al grupo de investigación GIPIQ. Colombia. [email protected]

4. Docente de planta del programa de Ingeniería Química, Universidad de Cartagena. Candidato a Magíster en Ingeniería Ambiental, Universidad de Cartagena. Especialista en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Universidad de Cartagena. Ingeniero Químico, Universidad Industrial de Santander. Docente del grupo de investigación GIPIQ, línea de investigación en tratamiento de aguas residuales industriales. Colombia. [email protected]

Para citar este artículo: Tejada-Benítez, L., Tejada-Tovar, C., Marimón-Bolívar, W., Villabona-Ortiz, A. (2014). Estudio de modificación química y física de biomasa (Citrus sinensis y Musa paradisiaca) para la adsorción de metales pesados en solución. Revista Luna Azul, 39, 124-142. Recuperado de http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=951




DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE OXITETRACICLINA EN MUESTRAS DE CARNE BOVINA

Sandra Milena Acosta Agudelo1 Marlyn Romero Peñuela2

Gonzalo Taborda Ocampo3

Recibido el 6 de agosto de 2013 y aprobado el 18 de febrero de 2014, actualizado el 9 junio de 2014

RESUMEN

El objetivo de este estudio fue determinar la presencia de residuos de oxitetraciclina (OTC) en 149 muestras de músculo diafragmático de bovinos de carne, en una planta de sacrificio comercial en Antioquia (Colombia). Las muestras fueron procesadas y purificadas mediante un sistema de extracción en fase sólida. La detección de OTC se realizó usando cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC), se usó como referencia el Límite Máximo de Residuos (LMR) de la Unión Europea (LMR > 100 ppb). El 49% de las muestras (n = 73) presentaron residuos de OTC; el 8% (n = 12) de las muestras contenían cantidades de OCT superiores al LMR. La edad, la raza y la procedencia no estuvieron asociadas con la presencia de residuos de oxitetraciclina (p > 0,05). Las hembras presentaron una prevalencia más alta de residuos que los machos (p = 0,06). Se concluye que a pesar de que la prevalencia de residuos de OTC en la carne bovina evaluada fue baja, es evidente que se debe fortalecer la implementación de buenas prácticas ganaderas, un sistema de vigilancia epidemiológica y programas de entrenamiento para profesionales, ganaderos y personal responsable de los animales, a fin de garantizar un alimento inocuo al consumidor.

PALABRAS CLAVE

HPLC, tetraciclinas, inocuidad, ganado bovino, músculo.

DETERMINATION OF OXYTETRACYCLINE RESIDUES IN SAMPLES OF BOVINE MEAT

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the presence of oxytetracycline (OTC) residues in 149 samples of diaphragm muscle of beef cattle, in a commercial slaughterhouse in Antioquia (Colombia). The samples were processed and purified through solid phase extraction. OTC detection was performed using high performance liquid chromatography (HPLC), the Maximum Residue Limits (MRL) of the European Union was used as reference (MRL > 100 ppb). Forty-nine percent of the samples (n = 73) presented OTC residues, 8% (n = 12) of samples contained amounts of OTC beyond the MRL. Age, breed and origin were not associated with the presence of oxytetracycline residues (p > 0.05). Prevalence of residues is higher among female than male (p = 0.06). It is concluded that although the prevalence of OTC residues in bovine meat evaluated was low, it is clear that the implementation of good farming practices, a system of epidemiological surveillance and training programs for professionals, livestock producers, and staff responsible for the animals should be strengthened, in order to guarantee safe food to consumers.

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KEY WORDS

HPLC, tetracyclines, food safety, cattle, muscle.

INTRODUCCIÓN

Colombia es el cuarto productor de carne en América Latina, con un rebaño comercial de 27,7 millones de cabezas (FAOSTAT, 2010). Los avances en tecnologías incorporadas, menores costos de mano de obra y un gran mercado interno han fomentado el desarrollo de grandes operaciones en el procesamiento de la carne bovina (Estévez et al., 2009). El consumo per cápita de carne en el país en octubre del año 2012 fue 15,2 kg/habitante/año (SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y DANE, 2012). Sin embargo, la carne es considerada como un alimento de alto riesgo epidemiológico, porque puede ser una vía importante de exposición a agentes bacterianos, al prión causante de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), las dioxinas, los metales pesados, las hormonas y los residuos de medicamentos veterinarios (RMV) (Vásquez et al., 2002; Verbeke et al., 2007; Sofos, 2008). En especial los RMV y sus metabolitos son considerados un peligro químico para la salud pública y constituyen una preocupación para los consumidores, productores y organismos oficiales que velan por la inocuidad de los alimentos (Doyle, 2006).

Las tetraciclinas son quizás los antimicrobianos más ampliamente utilizados como promotores del crecimiento y en la terapéutica de animales de abasto, por su bajo costo, escasa toxicidad y amplio espectro, siendo uno de los medicamentos incluidos en los programas de vigilancia epidemiológica en todo el mundo (Oka et al., 1991). La Comunidad Europea ha reportado que más del 65% de los antibióticos prescritos para el uso terapéutico veterinario son tetraciclinas (2294 de 3494 ton) (Federación Europea de Sanidad Animal, 2001). En Colombia, la OTC es uno de los fármacos de mayor distribución, debido al número de registros (181) expedidos para su comercialización en el país, además de ser prescrito en todas las especies destinadas para consumo humano (Lozano y Arias, 2008). Los efectos adversos de la residualidad de este grupo de fármacos para los consumidores son: cambios en la flora intestinal e inhibiciones terapéuticas por el desarrollo de resistencia bacteriana (JECFA, 1990; Doyle, 2006; Lozano y Arias, 2008), riesgos teratogénicos, reacciones de hipersensibilidad (Reig y Toldrá, 2008) y manchas en los dientes de niños (Shahid et al., 2007).

A pesar de que Colombia cuenta con una política sanitaria y de inocuidad para las cadenas láctea y cárnica (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2005), con un reglamento técnico a través del cual se creó el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos (Ministerio de la Protección Social, 2007a) y se está implementando el Plan Nacional de Residuos de medicamentos veterinarios y contaminantes químicos para la carne, estos sistemas de control aún se encuentran en un estado incipiente de adopción, no son funcionales y los reportes oficiales sobre la situación de los medicamentos veterinarios en el país son insuficientes (Lozano y Arias, 2008; Márquez, 2008). El objetivo del presente estudio fue detectar y cuantificar los residuos de OCT en carne de ganado bovino sacrificado en una planta del noroccidente colombiano mediante la técnica de cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) y establecer la asociación de los




niveles residuales del fármaco con las variables edad, raza, género y procedencia de los animales.


El estudio se realizó durante los meses de abril a agosto de 2011, en una planta de sacrificio clase I apta para exportar, localizada en el departamento de Antioquia, la cual cumplía con los requerimientos sanitarios del Decreto 1500 de 2007 y la Resolución 2905 de 2007 (Ministerio de la Protección Social, 2007a, 2007b). La planta operaba de lunes a sábado (0600-1400 horas), con una capacidad de sacrificio de 500-600 bovinos/día (40-45 animales/hora).

Descripción del estudio

Se realizó un estudio de corte transversal en bovinos (n = 149), conformados por 135 machos y 14 hembras, que fueron manejados bajo condiciones comerciales, con características similares en cuanto a raza (cruces de ganado cebú Bos indicus y hembras de descarte Bos taurus), edad (20 a 60 meses) y peso vivo (429,9±29,3 kg). Los bovinos procedían de 69 fincas, localizadas en Córdoba y en las siguientes regiones del departamento Antioqueño: Valle de Aburrá, Magdalena Medio, Urabá, Bajo Cauca, y las zonas Norte, Suroeste y Occidente. Los bovinos fueron seleccionados aleatoriamente y se les realizó la inspección ante-mortem y post-mortem de conformidad con las directrices generales establecidas en el decreto 2905 del 2007, cuyos resultados se consignaron en el formato respectivo. De igual forma se registró la edad, raza, género y procedencia. Una vez fueron sacrificados, se recolectaron 500 g de músculo diafragmático, siguiendo el procedimiento establecido por el Codex Alimentarius (Codex Alimentarius, 2005, 2009), las cuales fueron almacenadas a -20°C hasta el momento del análisis (Figura 1).

Preparación de la muestra

La preparación de la muestra se realizó teniendo en cuenta los lineamientos descritos por la Asociación de Químicos Agrícolas Oficiales (AOAC, 1995). La muestra se descongeló a temperatura ambiente, se eliminó la grasa y se homogenizó. Se tomaron 5 g de la muestra y se colocaron en tubos de

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prolipropileno de 50 ml, se adicionaron 8 ml de buffer McIlvaine y se agitó durante 5 minutos. Se centrifugó a 3500 rpm durante 10 minutos y el sobrenadante se transfirió a tubos nuevos, hasta alcanzar un volumen de 40 ml. El sobrenadante obtenido se filtró con membranas de microfibra de vidrio con un tamaño de poro de 55 mm. Después se aisló el compuesto a través de un sistema de extracción en fase sólida (SPE), las columnas se acondicionaron con 20 ml de metanol y 20 ml de agua tipo I. Las muestras se hicieron pasar a través de las columnas, que posteriormente fueron lavadas con 20 ml de agua. El analito fue eluido con 3 ml de metanol, las muestras eluidas se secaron bajo una corriente suave de nitrógeno y se reconstituyeron en 1 ml de fase móvil. Finalmente, las muestras fueron filtradas en membranas de nailon de 0,45 mm y depositadas en viales ámbar, para la separación y cuantificación en HPLC con detector UV-VIS (AOAC, 1995; Oka, Ito y Matsumoto, 2000; Cinquina et al., 2003; Cristofani et al., 2009).

Análisis cromatográfico

El nivel de OTC en las muestras extraídas se determinó usando cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC), según el método descrito por la AOAC (1995), con algunas modificaciones de la técnica realizadas por los autores. Los análisis se llevaron a cabo en un HPLC (Prominence LC-20AT, marca Shimadzu, Japón) y para la separación isocrática se empleó una columna C18 ODS2 (250 x 4,6 mm, 5 µm) marca Waters. La fase móvil estuvo compuesta de una solución acuosa de ácido oxálico 0,01 M: Acetonitrilo: Metanol (50:30:20, v/v/v) mantenida a un flujo de 1,5 ml/min a 40°C. El analito se detectó mediante un detector de arreglo de diodos Prominence SPD-M20A marca Shimadzu operado a una longitud de onda de 360 nm. El software empleado para el análisis de los datos obtenidos fue LC-Solution (Shimadzu). Los niveles de OTC se cuantificaron al medir las áreas de los picos y compararlas con los picos relevantes generados por el estándar, las muestras fueron inyectadas a razón de 50 µl.

A partir de la solución madre estándar se prepararon diferentes disoluciones en fresco disolviendo OTC en metanol, acetonitrilo y 0,01 M de ácido oxálico (20:30:50). Se prepararon soluciones con concentración de 25, 100, 150, 200, y 300 μg/L, las cuales fueron usadas para construir la curva de calibración. Todos los patrones fueron inyectados por triplicado y se obtuvo un promedio de las lecturas realizadas, la estimación de las cantidades de analito se realizó por interpolación de la gráfica obtenida. Una muestra se consideró positiva si su tiempo de retención y el pico correspondían con el estándar. Se estableció el punto de corte en 100 ppb para definir la presencia de OTC, que representa el límite máximo de residuos establecido (LMR) (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos,1975; Commission Regulation 508/1999/EC, 1999; FAO/WHO, 2007).

Análisis estadístico

El análisis se efectúo utilizando el programa SAS (SAS, 2004). Mediante un análisis de varianza se evaluó el efecto de la raza, procedencia y el género sobre la prevalencia de muestras con residuos de OTC. Además, se realizó un análisis de regresión lineal simple para evaluar el efecto de la edad sobre la concentración de la OTC. Los resultados se reportaron como medias de mínimos cuadrados ± error estándar (EE).

Para evaluar el efecto del género en la aparición de residuos de oxitetraciclina, se realizó un análisis del coeficiente de Pearson. La presencia de residuos se categorizó de la siguiente manera: muestras que excedían el LMR de la UE




(concentración > 100 ppb) y muestras que no sobrepasaron el LMR (concentración < 100 ppb). Todos los valores de p < 0,05, fueron considerados como significativos.

RESULTADOS

La inspección ante-mortem y post-mortem estableció la aptitud sanitaria de los animales evaluados y no se realizaron decomisos. El 49% (73/149) de las muestras evaluadas presentó niveles detectables de OTC. De estas, el 16,43% (n = 12) excedió el LMR definido por la UE en músculo, el 83,57% restante presentó niveles detectables del fármaco, pero sin exceder los límites aceptables. La media de los residuos de OTC en las 149 muestras fue de 73,1±38,9 ppb y la cantidad máxima fue de 227,1 ppb.

No se presentaron diferencias significativas en los residuos de OTC, de acuerdo con la edad, raza, y procedencia (p > 0,05). Sin embargo, se presentó una tendencia con respecto al género de los animales (p = 0,06), dado que hubo mayor presencia de residuos de OTC en la hembras que en los machos (Tabla 1).

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DISCUSIÓN

En el presente estudio la prevalencia de residuos de OTC fue moderada, a diferencia de la reportada por otros investigadores en Colombia (Franco, Romero y Taborda, 2008), quienes mediante la técnica ELISA (Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas) encontraron una alta proporción de muestras que excedieron los LMR establecidos por el Codex Alimentarius (CA) y la UE (61,5% y el 23,7%, respectivamente). Las diferencias en la prevalencia entre los dos estudios podrían estar relacionadas con la falta de implementación de las buenas prácticas ganaderas (BPG) en los predios de origen del ganado, el tipo de muestreo y la técnica empleada. En el presente estudio, la mayor proporción de los bovinos evaluados pertenecían a fincas certificadas en BPG; producto de una cuidadosa selección de los proveedores; el muestreo fue aleatorio e incluyó bovinos procedentes de 69 fincas, esto permitió tener una muestra más representativa y apreciar diferencias regionales en el uso de la OTC. A diferencia, en el estudio referido se seleccionaron 4 lotes que comprendían 29 animales de la misma procedencia (Franco et al., 2008). Respecto a las técnicas empleadas, los límites de detección (LD) de ambas son comparables, porque el LD fue de aproximadamente 2 ppb para ELISA y 2,39 ppb para HPLC. Estudios similares han referenciado prevalencias más altas. En Nairobi se obtuvieron prevalencias de OTC del 44% (n = 250 muestras) (Muriuki et al., 2001), en Turkia el 70% de las muestras de carne curada analizada contenía residuos de OTC (Senyuva, Özden y Sarica, 2000) y en Bélgica el 86% de las muestras presentó LMR de tetraciclinas por encima de los niveles aceptables (Okerman, Van Hoof y Debeuckelaere, 1998).

Contrariamente a estos reportes, otros investigadores han presentado un panorama completamente diferente. Un estudio realizado en España encontró una prevalencia de 0,72% (4/550) para la presencia de residuos de tetraciclinas en carne, que superaron los LMR (Pérez de Ciriza et al., 1999). Por otro lado, Vásquez et al. (2002) en la región Noroeste de México, durante un período de 8 años analizaron 1034 muestras (músculo diafragmático, hígado, riñón y grasa) de las especies bovina, porcina y aviar, hallando una prevalencia de 2,5% de este mismo grupo de fármacos, sin exceder el LMR.

Los resultados discordantes de los niveles de residuos de tetraciclinas en muestras de carne en diferentes países, evidencian claras diferencias en cuanto al cumplimiento de los tiempos de retiro para este grupo de antibióticos en animales destinados al consumo, lo cual sugiere un uso indiscriminado (Muriuki et al., 2001) y la falta de implementación de buenas prácticas en la administración de medicamentos en las granjas, aspecto que ha sido reportado en Colombia (Romero y Sánchez, 2011). Esta situación se ve favorecida por las ventajas económicas que ciertos gobiernos ofrecen a los ganaderos (Abbasi et al., 2012), en el caso opuesto se ha visto cómo situaciones de austeridad en el campo, disminuyen el uso de estos productos en el sector pecuario (Gesche y Emilfork, 1998). Otros factores que promueven esta problemática son la ausencia de control en cuanto a la dosificación, frecuencia de aplicación y la falta de servicios de inspección oficial que vigilen la presencia de residuos y establezcan los LMR en productos de origen animal, como ocurre en algunos países (Alvarado, Ascanio y Méndez, 2008).

En la presente investigación se observó una alta proporción de muestras con niveles detectables de OTC 49% (73/149) y solo el 16% (n = 12) de estas superaron los LMR. Resultados similares se obtuvieron en Ardabil provincia de Irán, donde hallaron una prevalencia de 9,1% en tejidos comestibles (músculo, riñón e hígado) de bovinos (Abbasi et al., 2012). En ambos casos se aprecia un




amplio uso de estos fármacos con un cumplimiento parcial de los niveles permisibles. No obstante, los resultados no se pueden desestimar, porque sigue siendo un nivel importante de muestras contaminadas que pueden afectar la salud pública. Dentro de los aspectos que pudieron influir en la baja prevalencia de residuos en el actual estudio, sobresale la ausencia de hallazgos ante y post-mortem, lo cual permite inferir que un estatus sanitario adecuado es un factor protector para la presentación de residuos en la carne (Codex Alimentarius, 2009; Gesche y Emilfork, 1998), teniendo en cuenta que es mucho mayor la persistencia de residuos en animales enfermos (Pérez de Ciriza et al., 1999). Otro aspecto a discutir es el tipo de muestra evaluada. Algunos investigadores consideran que en el músculo glúteo y el tríceps se pueden detectar mayores concentraciones de fármacos, al compararse con los hallados en el músculo diafragmático, que es la muestra recomendada por el CA para este tipo de análisis (Codex Alimentarius, 2005, 2009), debido a la proximidad de los puntos de inyección con el depósito del fármaco (Abbasi et al., 2012).

Un aspecto relevante en la investigación es la tendencia observada que identificó el género de los animales (p = 0,06) como un factor de riesgo, dado que hubo mayor presencia de residuos de OTC en las hembras que en los machos, al igual que en otros estudios (Alvarado et al., 2008). Esta tendencia puede estar relacionada con el uso indiscriminado de antibióticos sin cumplir con los tiempos de retiro, para el tratamiento de enfermedades como las afecciones reproductivas y la mastitis, en las hembras de descarte (Alvarado et al., 2008; Codex Alimentarius, 2009).

Se concluye que a pesar de que la prevalencia de residuos de OTC en la carne bovina evaluada fue baja, es evidente que se deben fortalecer las buenas prácticas de administración de medicamentos en la producción primaria, la implementación de programas de vigilancia epidemiológica y la capacitación de los ganaderos, profesionales y personal responsable de los animales, a fin de garantizar un producto inocuo al consumidor. De igual forma, se requiere el desarrollo de investigaciones que contemplen muestreos más representativos, con el fin de conocer la prevalencia real de residuos de medicamentos en alimentos de origen animal, como soporte al Plan Nacional de Residuos de Contaminantes en Alimentos bajo la coordinación del Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y el apoyo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

AGRADECIMIENTOS

A la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados de la Universidad de Caldas por la financiación del proyecto, a los grupos de investigación CIENVET y GICTA por sus contribuciones, a Cristian Camilo Giraldo por el apoyo en el trabajo de campo, y al Dr. Henry Mesa Echeverri por la asesoría en el diseño experimental y en el análisis estadístico.

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1. MVZ, M.Sc. (c). Grupo de Investigación CIENVET, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. [email protected]

2. MVZ, Esp., M.Sc., Ph.D. Profesora Departamento de Salud Animal, Grupo de Investigación CIENVET, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. [email protected]

3. Lic. Qui., M.Sc., Ph.D. Profesor Departamento de Química, Grupo de Investigación GICTA, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. [email protected]

Para citar este artículo: Acosta-Agudelo, S.M., Romero-Peñuela, M., Taborda-Ocampo, G. (2014). Determinación de residuos de oxitetraciclina en muestras de carne bovina. Revista Luna Azul, 39, 143-152. Recuperado de http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=952




ANÁLISIS BIOECONÓMICO DE LAS PESQUERÍAS DE CAMARÓN BLANCO DEL PACÍFICO COLOMBIANO

Carlos Guillermo Barreto Reyes1 Carlos Augusto Borda Rodríguez2

Ricardo Álvarez León3

Recibido el 25 de septiembre de 2012 y aprobado el 28 de marzo de 2014, actualizado el 10 junio de 2014

RESUMEN

Objetivo: Realizar un estudio de las principales variables económicas, biológicas y pesqueras del recurso camarón blanco (Litopenaeus occidentalis) del Pacífico colombiano. Metodología: Se recopilaron 49 años de datos de captura y esfuerzo, complementados con información de tallas y peso que permitieron utilizar modelos de producción excedente y bioeconómicos (modelo Gordon-Schaefer) de esta manera. Resultados: Se determinó que el recurso está siendo sometido a un sobreesfuerzo lo cual ha obligado a la realización de diferentes periodos de veda. Conclusiones: Se pudo determinar que el punto de referencia límite como rendimiento máximo sostenible fue de 808 ton con un esfuerzo correspondiente de 54 motonaves/año y el punto de referencia objetivo como el rendimiento máximo económico de 760 ton con un esfuerzo correspondiente de 41 motonaves/año, los cuales ya han sobrepasado sus niveles registrando capturas anuales que no superan las 200 ton/año.

PALABRAS CLAVE

Dinámica de poblaciones, pesquerías, camarón blanco, Océano Pacífico, Colombia.

BIOECONOMIC ANALYSIS OF WHITE SHRIMP FISHERIES FROM THE COLOMBIAN PACIFIC

ABSTRACT

Objective: To conduct a study of the major economic, biological and fishing variables of the white shrimp (Litopenaeus occidentalis) resource from the Colombian Pacific. Method: 49 years of catch and effort data were compiled, complemented with information on size and weight that allowed to use surplus and bio-economic (Gordon-Schaefer model) production models. Results: It was found that the resource is being subjected to great stress which has forced the realization of different periods of closure. Conclusions: It was possible to determine that the limit point of reference as maximum sustainable yield was 808 tons with a corresponding effort of 54 motorboats/year and the target reference point as the maximum economic yield of 760 tons with a corresponding effort of 41 motorboats/year, which have already exceeded their levels recording annual catches that do not exceed 200 ton/year.

KEY WORDS

Population dynamics, fisheries, white shrimp, Pacific Ocean, Colombia.

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INTRODUCCIÓN

La pesca industrial en Colombia ha tenido sus bases fundamentales en las pesquerías de arrastre y en especial en la captura del camarón de aguas someras, lo cual ha propiciado el soporte principal para la generación de empleo y divisas para el país. No solo la pesca industrial ha tenido impacto en las poblaciones de camarones de aguas someras, sino que la pesca artesanal ha encontrado en este sistema un importante factor de desarrollo social y económico para la costa del Pacífico colombiano (Barreto-Reyes et al., 1994).

La pesca del camarón se inició hace más de 50 años. Hacia 1957 se empezó con dos embarcaciones que realizaban faenas de pesca, las cuales producían 84.950 libras-colas (Mora-Lara, 1988). A partir de ese año el negocio fue prosperando y generó no solo una flota importante, sino que se desarrolló una infraestructura con plantas de proceso que se constituyeron en el principal renglón dentro de la pesca en Colombia (Díaz-Ochoa et al., 1998; Portilla, 1999).

Hasta 1967 las producciones siempre habían estado en aumento, pero por esa época ya estaban alcanzando los niveles de rendimiento máximo sostenible con una flota activa de 55 barcos y una producción de 41749 libras-cola (Mora-Lara, 1988).

Los niveles se sostuvieron por un tiempo en 2 millones de libras-cola, exceptuando los años del fenómeno de “El Niño” que ocasionó el descenso en los rendimientos. A partir de 1985 el sobreesfuerzo de la pesca ejercida (principalmente por la pesca industrial) ocasionó una caída significativa de los rendimientos pesqueros en casi un millón de libras (Mora-Lara, 1988).

El descenso en los rendimientos fue influenciado además por la introducción de un nuevo arte de pesca (red agallera de monofilamento denominada comúnmente “trasmallo electrónico”) hacia principios de los ochenta´s. Este arte de pesca tuvo un profundo impacto en la pesquería de la región, debido a su relativo bajo costo y alto rendimiento en la captura, siendo principalmente utilizado por los pescadores artesanales (Mora-Lara, 1988; Díaz-Ochoa et al., 1998; Portilla, 1999).

Hacia 1993 se registraron niveles de la tasa instantánea de mortalidad (Z) con un valor de 23,43 año-1 por grupos de tallas en longitud total, cifra supremamente elevada para un recurso y que evidenció la alta presión de pesca que se estaba ejerciendo por la flota artesanal (Barreto-Reyes, 1983; Díaz-Ochoa et al., 1998; Portilla, 1999) e industrial (Barreto-Reyes, 1983).

Con esta información se determina el estado del recurso pesquero evaluando sus niveles de aprovechamiento que indica cómo sin la pesquería se está por encima del nivel rendimiento máximo sostenible, y con este diagnóstico podría servir de herramienta básica en la adecuada administración de las pesquerías, especialmente para el establecimiento de cuotas de captura y en el control de esfuerzo que se ejerce sobe el mismo.

Descripción del área

El Pacífico colombiano tiene dentro de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) un área aproximada de 80.000 km2, la cual está claramente influenciada por la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT); los registros de las temperaturas muestran oscilaciones leves dentro de niveles ligeramente altos; de otra parte, los registros




de humedad obtenidos por las entidades del Estado muestran que estos son altos (3000 a 5000 mm al año). El otro aspecto importante es la temperatura superficial del mar, para la cual se ha encontrado que está cercana a los 25°C; finalmente la salinidad ha sido detectada entre 20 UPS y 33,5 UPS (Cantera-Kintz, 1993).

El Pacífico colombiano limita al Norte con la República de Panamá en donde se registra una de las zonas de surgencia más importantes de la región; hacia el Sur con la República del Ecuador que determina una zona oceanográfica denominada el frente ecuatorial. La línea de costa tiene una extensión de 1392 km, desde Punta Ardita en el límite con Panamá (07°12’N - 77°53’ W), hasta la desembocadura del río Mataje en el límite con el Ecuador (01°20’N - 78°45’W) (Cantera-Kintz, 1993) (Figura 1).

El Pacífico colombiano está enmarcado dentro de dos cordilleras submarinas que se unen a la plataforma de Galápagos, la cual se eleva desde los 3700 hasta 1000 m de profundidad que impiden el intercambio de aguas profundas. Bajo este aspectos geomorfológico se dice que la Costa Pacífica de Colombia (CPC) es una piscina cerrada por fronteras de aguas líquidas (Devis-Morales et al., 2003).

Se ha determinado que las corrientes superficiales que tienen influencia sobre la costa Pacífica son: Corriente Ecuatorial del Norte, Contracorriente Ecuatorial del Norte, Corriente del Golfo de Panamá y la Corriente de Colombia.

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Las principales corrientes marinas superficiales que afectan la cuenca del Pacífico colombiano están directamente influenciadas por los vientos y el desplazamiento del cinturón de convergencia intertropical. Se puede decir entonces que las corrientes de Humboldt y de Perú no afectan a la ensenada de Panamá (Cantera-Kintz, 1993).

El comportamiento ambiental de la región se ve afectado por fenómenos naturales como “El Niño” y la “La Niña”, que hacen cambios estructurales en el normal desarrollo del ecosistema. El primero en ser estudiado fue el “El Niño Oscilación del Sur” (ENOS), que es un cambio climático del sistema océano-atmósfera cuya duración puede ser entre 10 a 18 meses; su impacto se registra en muchos lugares de la tierra por lo que su influencia está considerada como de impacto global (Devis-Morales et al., 2003).

Para cuantificar este fenómeno sir Gilbert Walker en 1924 dijo que cuando los sistemas de presiones altas aumentan los sistemas de presiones bajas disminuyen. Para evaluar estos impactos este sistema fue entonces definido como Índice de Oscilación del Sur (IOS). Cuando este índice es positivo se dice que el sistema es estable y cuando el índice es negativo ocasiona disminución en las lluvias monzónicas de verano y de los vientos. Las presiones más altas y positivas provocan sequías en la costa afectando la velocidad de los vientos del Sur y el flujo de aguas hacia el Norte, que caracterizan el fenómeno natural de “La Niña” (Devis-Morales et al., 2003).

MATERIAL Y MÉTODOS

En toda la historia de las pesquerías del camarón del Pacífico, las capturas del camarón alcanzaron los registros más bajos ya que no superaron las 600 ton (CCI, 2008).

Bajo estas circunstancias y teniendo como objetivo la evaluación de la dinámica poblacional, se decidió realizar un análisis sobre los aspectos económicos, biológicos y pesqueros que mostraran el estado de las poblaciones de esta importante pesquería y en particular del camarón blanco o langostino. Con este fin se recopiló información de captura y esfuerzo de estas pesquerías desde 1957 hasta 2007, así como datos sobre los costos fijos y variables de la pesquería.

Para completar los análisis requeridos por el modelo de Gordon (1954) y Schaefer (1954) y como única variable que no depende de la información sobre la actividad pesquera, se utilizó una tasa de descuento del 10% de acuerdo con lo establecido por el Banco de la República de Colombia como una de las variables que ajustan la modelación bioeconómica (BDR, 2012).

Con la información recopilada se analizaron aspectos básicos como la mortalidad por pesca (F). Básicamente se utilizó la estimación de mortalidad por pesca como la acción ejercida por el hombre en la extracción de un recurso pesquero, bajo la influencia de la capturabilidad de las artes (q) y es esfuerzo de pesca (f) (Mora-Lara, 1988; Polo-Romero, Barreto-Reyes y Mora-Lara, 1990; Barreto-Reyes et al., 1994; Barreto-Reyes et al., 2001) y está determinada por:




Con esta información se utilizó el modelo bioeconómico de Gordon-Schaefer el cual requiere de información de captura y esfuerzo (secuencia histórica de la flota industrial registrada), costos fijos y costos variables (para la flota artesanal se usó información por encuesta directa a pescadores artesanales de Tumaco y Buenaventura) (Barreto-Reyes, 1983; Polo-Romero et al., 1990) con base en la ecuación (McAllister et al.,, 1994; Seijo et al., 1997):

Donde (r) es la tasa intrínseca de crecimiento poblacional, B (t) la biomasa de la población en el tiempo t y K es la capacidad de carga del ecosistema.

La captura está dada por Seijo et al. (1997):

Para determinar los costos totales de la pesquería se utilizó a Seijo et al. (1997):

El esfuerzo óptimo en el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) se calculó mediante:

Y la captura en rendimiento máximo sostenible se estimó mediante:

Aspectos económicos. Se puede estructurar el modelo bioeconómico bajo la premisa matemática de Gordon en la cual se determina que los ingresos netos son proporcionales a los ingresos totales (Seijo et al., 1997):

Donde son los ingresos netos, ITS son los ingresos totales sostenibles, CT son los costos totales.

Si se tiene en cuenta que los ITS son el resultado del precio (p) por las capturas (C) y que los costos totales con la relación entre el costo (c) por el esfuerzo de pesca (f), la ecuación 7 puede ser expresada como:

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Donde p es el precio del producto (constante), para c se define como costos (constante) por unidad de esfuerzo, se incluyen los costos fijos y variables.

De otra parte, se pueden definir los ingresos netos en función de la tasa de capturas como:

Simplificando y considerado condiciones de equilibrio se deduce que los ingresos totales sostenibles están dados por:

Como una medida de manejo administrativo se introduce el concepto de Rendimiento Máximo Económico (RME) como la máxima diferencia entre los ingresos y los costos totales, y el esfuerzo en el rendimiento máximo económico como:

La relación entre la captura total (3) dividida por el esfuerzo de pesca permite establecer el Valor Promedio de Esfuerzo Pesquero (VPE) (Seijo et al., 1997):

Se define también el Valor Marginal del Esfuerzo (VME) pesquero, como la relación entre los costos totales (4) y un factor multiplicador del esfuerzo pesquero (f):

Finalmente, se definen los costos unitarios como el costo promedio igual al costo marginal:

RESULTADOS

Los estudios realizados en las pesquerías de camarón vienen mostrando un estado de sobrepesca importante (Mora-Lara, 1988; Polo-Romero et al., 1990; Barreto-Reyes et al., 2001). En el presente estudio se evidencia esta afirmación que muestra cómo una pesquería sin un control estricto puede llegar a niveles críticos. Afortunadamente la capacidad de renovación, las altas tasas de




reproducción de la especie y los ciclos de vida cortos permiten que el recurso soporte estos esfuerzos desmedidos de una manera sorprendente.

Con la información recopilada se estimó el coeficiente de capturabilidad q = 0,053, una tasa intrínseca de crecimiento de r = 0,59 y la capacidad de carga del ecosistema K = 5479 ton.

Se pudo determinar el comportamiento de las pesquerías desde el punto de vista dinámico y estático. Los cálculos permitieron estimar un rendimiento máximo sostenible para este recurso de 847 ton con un esfuerzo óptimo de 58 embarcaciones, esto sin contar con el esfuerzo que están ejerciendo los pescadores artesanales con los trasmallos, las redes denominadas “changas”, los chinchorros y las redes de enmalle con ojos de malla no reglamentados.

Rendimiento sostenible

Como se puede observar las capturas están enmarcadas dentro de la estimación de la captura dinámica (puntos en la Figura 2) que explica mejor el comportamiento de la pesquería que ha permitido que el recurso no se haya dirigido al colapso.

Las pesquerías presentan un fuerte comportamiento en la zona de sobreesfuerzo pesquero (lado derecho de la Figura 2) que ha hecho, durante los años recientes del 2000 en adelante, que las pesquerías hayan dejado de ser rentables per se y se apoyen en la fauna incidental para sostener los costos de inversión.

De otra parte, el esfuerzo pesquero tiene dos formas de evaluarse: uno desde el punto de vista estático y otro desde la perspectiva dinámica. El estático tiene un decaimiento progresivo que muestra una tendencia fija, esto es, si el esfuerzo separa el punto de equilibro de 50 embarcaciones la biomasa alcanza de inmediato las 3000 ton. Mientras que en el esfuerzo dinámico la respuesta no es inmediata, especialmente después de superar las 100 unidades de esfuerzo

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(barcos), que indica que si el esfuerzo se disminuye la recuperación de la biomasa es mucho más lenta (Figura 3).

Aplicación de los aspectos económicos

De acuerdo con las predicciones del modelo se determina que el esfuerzo en el Rendimiento Máximo Económico (MRE) es 41, el doble del esfuerzo en el equilibrio económico de las pesquerías es decir 82, el cual está referido como al Punto de Referencia Objetivo (PRO) y al Punto de Referencia Crítico (PRC); los cálculos realizados con el modelo arrojaron una estimación de RME igual a 760 ton/año, esta cifra debe tomarse como el ideal de administración de las pesquerías (Figura 4).

Igualmente, existe la alternativa de utilizar un PRL de 808 ton como recomendación de cuotas de pesca que es el nivel del RMS (Figura 4).

El otro aspecto importante es que la flota pesquera debe limitarse entre 41 y 54 embarcaciones que corresponde al RME y RMS respectivamente, esta es una alternativa que no ha sido utilizada en Colombia y que puede ser de aplicación interesante.

El problema radica en la flota artesanal por dos circunstancias básicas: la flota incremental y el control, esto hace que no se puede realizar una adecuada administración de las pesquerías del camarón del Pacífico colombiano.




La finalidad de la utilización del modelo bioeconómico fue poder realizar predicción sobre lo que puede ocurrir bajos los supuestos del mismo. De allí que con relación al esfuerzo, se observa que el de tipo industrial disminuye de forma más rápida en menos de 20 años, mientras que el esfuerzo artesanal puede sustentarse por períodos de 50 años antes de declinar (parte a de la Figura 5). De otra parte, la biomasa decrece en menos de 10 años y prácticamente no se recupera (parte b de la Figura 5). Las capturas aumentan rápidamente para las pesquerías industriales pero estas decrecen a niveles considerables; mientras que la pesca artesanal que no alcanza niveles superiores sí sobrepasa por más del doble a la pesca industrial (parte c de la Figura 5). Las ganancias económicas son igualmente perjudicadas en el tiempo e igualmente la industrial florece a niveles superiores, pero igualmente decae rápidamente en 10 años y mantiene un perfil muy bajo en el resto de la proyección (parte d de la Figura 5).

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Si se estabiliza el esfuerzo pesquero a 100 unidades y una flota artesanal máxima de 15 embarcaciones la recuperación sería ostensible y sustentable tal y como se aprecia tanto en el esfuerzo, como en la biomasa, las capturas y los rendimientos económicos perduran por mucho más tiempo y permiten desarrollar una pesquería en condiciones apropiadas.

DISCUSIÓN

El modelo bioeconómico, como respuesta a la obtención de la dinámica del recuso que se encuentra bajo aprovechamiento y como predictor de la situación futura del mismo, que es la base fundamental para el establecimiento de las cuotas de pesca, es una primera aproximación real al estado de la población de camarón blanco.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los supuestos que se manejan en el modelo pueden influir en la exactitud del mismo; tales como reclutamiento y coeficiente de capturabilidad constante, equilibrio poblacional, la captura por unidad de esfuerzo que es directamente proporcional a la abundancia del recurso, la capacidad de carga y el ambiente permanecen constantes, el recurso tiene una sola especie lo cual asume que el esfuerzo pesquero es directo para la especie y la tecnología de aprovechamiento es constante.

Dentro del estudio se deben incluir aspectos ambientales como los efectos que repercuten en la salud de la ecología del recurso frente a los eventos “El Niño Oscilación del Sur” y “La Niña”, que influencian e implican diferentes rendimientos máximos sostenibles en años con condiciones neutras (Mendo y Tam, 1993).

Se aprecia que la utilización del criterio dinámico es más aplicable a las condiciones pesqueras de la especie ya que permite estudiar las variaciones del comportamiento de la actividad y no una respuesta meramente lineal (Barreto-Reyes et al., 2009).

El modelo demuestra que las pesquerías industriales con más altos costos de inversión que la pesca artesanal, alcanzan niveles mucho más altos, pero los mismos se ven igualmente reducidos de una manera más drástica, lo que puede estar generando dos circunstancias: los armadores pesqueros deben ser más prudentes en cuanto al uso de sus recursos, y este tipo de pesquería limita el ingreso de nuevos usuarios; de otra parte, los pescadores artesanales pueden arriesgar mucho más sus inversiones y la entrada de nuevas unidades de pesca es más amplia.

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1. Consultor en Pesquerías y Estadísticas Pesqueras, Bogotá D.C. Colombia, [email protected]

2. AUNAP, Bogotá D.C. Colombia, [email protected] 3. Fundación Verdes Horizontes, Manizales (Caldas) Colombia,

ricardoalvarezleó[email protected]

Para citar este artículo: Barreto-Reyes, C.G., Borda-Rodríguez, C.A., Álvarez-León, R. (2014). ANÁLISIS BIOECONÓMICO DE LAS PESQUERÍAS DE CAMARÓN BLANCO DEL PACÍFICO COLOMBIANO. Revista Luna Azul, 39, 153-164. Recuperado de http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=953




MANEJO INTEGRADO DE NEMATODOS FITOPARÁSITOS EN ALMÁCIGOS DE PLÁTANO DOMINICO HARTÓN (Musa AAB SIMMONDS)

Ricardo Andrés Valencia Serna1 Óscar Adrián Guzmán Piedrahita M.Sc.2

Bernardo Villegas Estrada, M.Sc.3 Jairo Castaño Zapata, Ph.D.4

Recibido el 12 de septiembre de 2013 y aprobado el 28 de mayo de 2014, actualizado el 10 junio de 2014

RESUMEN

Como consecuencia de la alimentación de Radopholus similis, se generan daños en las raíces y el cormo que conllevan a un crecimiento deficiente de las plantas y reducción en rendimiento hasta 80%. Por tal motivo, el objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de la integración de prácticas de manejo como limpieza sanitaria de cormos y biológicas como Micorrizas Arbusculares (MA), Purpureocillium lilacinum y Bacillus subtilis sobre el crecimiento de las plántulas de Dominico Hartón y la población de nematodos fitoparásitos. El experimento se realizó en la granja Montelindo de la Universidad de Caldas, a 1010 msnm, 23ºC de temperatura promedio y 1800 mm de precipitación. Los tratamientos fueron asignados en un diseño experimental completamente aleatorio, cada uno conformado por 20 cormos (unidades experimentales) sembrados en bolsas negras de 5 kg de capacidad, así: cormos con limpieza sanitaria sin aplicación de productos (T1), cormos con limpieza sanitaria + MA (T2), cormos con limpieza sanitaria + P. lilacinum (T3), cormos con limpieza sanitaria + B. subtilis (T4), y cormos con limpieza sanitaria + MA + P. lilacinum + B. subtilis (T5). El anterior procedimiento también se realizó a cormos tradicionales sembrados en suelo sin esterilizar (T6 a T10, respectivamente). En los tratamientos que fueron establecidos en suelo esterilizado y cormos con limpieza sanitaria, no hubo presencia de individuos de los principales géneros de nematodos fitoparásitos del plátano como Radopholus, Meloidogyne y Helicotylenchus. Los tratamientos en los cuales se utilizó suelo infestado y cormos con limpieza sanitaria, presentaron una disminución de hasta un 64% en la población de nematodos fitoparásitos en comparación con la inicial, aunque mostraron también una cantidad de nematodos menor al testigo. De estos tratamientos el que menor población presentó fue el T10 (Suelo infestado + cormos con limpieza sanitaria + MA + P. lilacinum + B. subtilis) con una población promedio de 472 nematodos fitoparásitos en 100 g de suelo. La integración de todas las medidas de manejo resultó más eficiente en el control de los nematodos fitoparásitos en plátano, con o sin la esterilización del suelo; y la limpieza sanitaria de cormos no afectó negativamente el desarrollo de las raíces ni de la parte aérea de las plantas, pues no se presentaron diferencias significativas respecto a los tratamientos donde se usaron cormos tradicionales.

PALABRAS CLAVE

Limpieza sanitaria de cormos, Radopholus similis, Micorrizas Arbusculares, Purpureocillium lilacinum, Bacilus subtilis.

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INTEGRATED MANAGEMENT OF PHYTOPARASITIC NEMATODES IN DOMINICO HARTÓN PLANTAIN (Musa AAB SIMMONDS) SEEDLINGS

ABSTRACT

As a result of feeding of Radopholus similis, both roots and corms are damaged and this results in plant growth deficiency and yield losses up to 80%. Therefore, the objective of this study was to determine the effect of the integration of management practices such as corms sanitary cleaning and biological cleaning such as Arbuscular mycorrhizae (AM), Purpureocillium lilacinum and Bacillus subtilis on the development of Dominico Hartón plantain seedlings and phytoparasitic nematods populations. The experiment was conducted at the Universidad de Caldas Montelindo farm located at 1,010 m.a.s.l.., average temperature 23ºC and 1,800 mm rainfall. The treatments were assigned in a completely randomized block design, each one with 20 corms (experimental units) planted in 5 kg black plastic bags as follows: corms with sanitary seed cleaning without application of products (T1); corms with sanitary cleaning + AM (T2); corms with sanitary cleaning + P. lilacinum (T3); corms with sanitary cleaning + B. subtilis (T4); and corms with sanitary cleaning + AM + P. lilacinum + B. subtilis (T5). The described procedure was also applied to traditional corms planted in soil without sterilization (T6 to T10, respectively). In the treatments established in sterilized soil and cleaned corms, there was not presence of individuals of the main plant parasitic nematodes of plantain, such as, Radopholus, Meloidogyne and Helicotylenchus. Treatments with infested soil with nematodes and cleaned corms, showed a reduction in plant parasitic nematodes up to 64% compared with the initial population, although they also showed lower amount of nematodes than the control population. From these treatments, the one that had the lowest population of nematodes was the T10 (Infested soil + cleaned corms + AM + P. lilacinum + B. subtilis) with an average population of 472 phytoparasitic nematodes/100 g of soil). The integration of all management practices resulted in the most efficient way to control the plant phytoparasitic nematodes of plantain, with or without soil sterilization, and the corms sanitary cleanness did not affect either the root development or the aerial parts of the seedlings, since there were not significant differences with respect to the treatments using traditional corms.

KEY WORDS

Corms sanitary cleanness, Radopholus similis, Arbuscular Mycorrhizae, Purpureocillium lilacinum, Bacilus subtilis.

INTRODUCCIÓN

En Colombia actualmente hay sembradas 353.297 ha con el cultivo del plátano, con una producción de 2’815.693 t y un rendimiento promedio de 8 t.ha-1 (Agronet, 2012), convirtiéndose en un producto de gran importancia socioeconómica en el sector tradicional de economía campesina, generando 0,75 empleos ha.año-1, es decir, 282.490 empleos permanentes anualmente (Espinel et al., 2006).

El plátano y el banano han sido tradicionalmente propagados vegetativamente por cormos o partes de cormos, por lo que el material de siembra infectado ha sido el principal responsable de la diseminación a través del mundo de




nematodos endoparásitos migratorios como Radopholus similis Cobb y Pratylenchus coffeae (Zimmermann, 1898) Filipjev & Schuurmans Stekhoven, alrededor del mundo (Loos, 1961; Sarah, Pinochet & Stanton, 1996; Gowen, Quénéhervé & Fogain, 2005). De tal manera que como muchas especies de plantas son transportadas por los humanos, los nematodos fitoparásitos y otros patógenos de las musáceas también han sido llevados con ellas (Sarah et al., 1996).

Como consecuencia de la alimentación de estos nematodos, se generan daños en las raíces y el cormo que conllevan a un crecimiento deficiente de las plantas, las hojas son más pequeñas y en menor número, los frutos tienen un peso reducido y las plantas se vuelcan debido a la pudrición del sistema radical (Montiel, Sosa, Medrano & Romero, 1997; Agrios, 2005). La reducción en la producción puede ser de 60% y 51% en la primera y segunda cosechas, respectivamente, si no se controla R. similis principal especie fitoparásita (Jones, 1996; Fogain, 2000). Según Moens, Araya, Swennen & Waeles (2003), la reducción en el rendimiento por R. similis llega hasta 80%.

Para manejar los nematodos fitoparásitos se pueden utilizar la rotación de cultivos y los nematicidas químicos como el Fenamiphos y el Carbofuran entre otros (Gowen & Quénéhervé, 1990), pero en áreas donde el plátano se cultiva de manera continua, la rotación de cultivos no puede ser practicada; al mismo tiempo, el precio de los nematicidas a menudo es demasiado alto para los agricultores con áreas de cultivo menores a 5 ha y la mayoría de estos productos son altamente tóxicos (González, Aristizábal & Aristizábal, 2007).

La reducción de las poblaciones de nematodos en el suelo antes de la siembra y el uso de material vegetal libre de nematodos, son factores de gran importancia para el manejo de los nematodos endoparásitos, especialmente R. similis. Cormos o hijuelos ligeramente infestados pueden ser tratados para eliminar los nematodos (Sarah et al., 1996); es por ello que la limpieza de los colinos mediante la técnica de “pelado”, seguido por inmersión en agua caliente (52-55°C por 15-20 min) ha sido una práctica común y muy efectiva en América Central y en Australia. Sin embargo, los tratamientos con agua caliente requieren mano de obra abundante y control cuidadoso siendo la temperatura y el tiempo de exposición críticos para que sean efectivos y no causen daño a los cormos. También se puede desinfectar el material de siembra sumergiéndolo en una solución nematicida (2500 ppm) por 30 min (Sarah et al., 1996; Hauser, 2003; Guzmán & Castaño, 2004).

La selección de la fuente de cormos-semilla, el nuevo campo y el uso de insumos biológicos son esenciales para el manejo adecuado de los nematodos fitoparásitos. Estos últimos tienen varias ventajas tanto en el ámbito económico como en el ámbito ecológico, puesto que al utilizarlos se disminuyen los costos de producción y se reduce la contaminación del medio ambiente. Entre los insumos biológicos más utilizados se encuentran las Micorrizas Arbusculares (MA), y las Bacterias Promotoras de Crecimiento Vegetal (BPCV), las cuales contribuyen positivamente en la nutrición y crecimiento de las plantas, y al mismo tiempo, en el manejo de patógenos radicales y aéreos (Sánchez, 2007).

Como una medida para favorecer la absorción y asimilación de los nutrientes minerales del suelo están las MA que son un grupo de hongos habitantes del suelo que forman simbiosis con las raíces de las plantas (Cruz, Sánchez & Sieverding, 1989; Sieverding, 1991; Smith & Read, 1997; Ulloa & Hanlin, 2001; Rivillas, 2003). Las esporas o hifas de los hongos que forman MA se adhieren a las raíces, después de reconocerse bioquímicamente con la planta, colonizan las

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células de la corteza radical y luego penetran al interior de algunas de ellas, allí forman una estructura llamada arbúsculo, donde ocurre el mayor intercambio entre los dos simbiontes: la planta provee al hongo de fuentes de azúcares y este, a su vez, proporciona minerales a la planta, especialmente fósforo. La importancia de la MA radica en la absorción de nutrientes (Fósforo, Nitrógeno, Potasio, Calcio, Magnesio y otros elementos), en la resistencia al ataque de patógenos, en el reciclaje de nutrientes, etc. (Guzmán & Rivillas, 2007; Sánchez, 2007).

Las BPCV son bacterias de vida libre o asociativa que habitan la rizosfera y pueden estimular el crecimiento de las plantas a través de varios mecanismos como síntesis de sustancias reguladoras del crecimiento vegetal, fijación de nitrógeno, solubilización de nutrimentos, producción de sideróforos y control de fitopatógenos del suelo. Los microorganismos más estudiados pertenecen a los géneros Azospirillum, Azotobacter, Klebsiella, Beijerinckia, Pseudomonas y Bacillus; algunos de los cuales sobreviven en condiciones de estrés (Loredo, López & Espinosa, 2004). Las BPCV pueden ser de vida libre o asociativas, aerobias, anaerobias o anaerobias facultativas (Rodríguez, 1995).

Las BPCV generalmente se encuentran en la zona de influencia de las raíces como la rizosfera, siendo capaces de adherirse a ellas y colonizar la superficie radical como respuesta a los exudados radicales, así como de inducir la germinación de semillas y el desarrollo vegetal (Sánchez, 2007). Muchos de estos procariotas, producen y secretan en su sitio de crecimiento metabolitos estimuladores del crecimiento vegetal (fitohormonas) y ayudan en la fijación o solubilización de elementos del suelo (Nitrógeno o Fósforo) (Kloepper, Mahaffee, McInroy & Backman, 1991; Loredo et al., 2004). En otros casos actúan como competidores o antagonistas de patógenos del suelo, liberando a la planta de los efectos nocivos de estos con mecanismos de antibiosis, competencia o resistencia sistémica inducida (Jaizme & Rodríguez, 2004), y consecuentemente favoreciendo el desarrollo vegetal. Según Egamberdiyeva (2007), las BPCV son capaces de incrementar el crecimiento de las plantas, mejorando el crecimiento de las raíces, acelerando el proceso de germinación y la emergencia de las plántulas, ayudando en la respuesta a factores de estrés externos y condicionando la planta para contrarrestar el ataque de los patógenos.

El género Bacillus (Ehrenberg) Cohn, pertenece a la familia Bacillaceae, donde actualmente se incluyen más de 60 especies. Este género está formado por microorganismos bacilares Gram positivos, formadores de endosporas, quimioheterótrofos que normalmente son móviles debido a sus flagelos perítricos. Son anaerobios o aerobios facultativos y reaccionan positivamente a la prueba de la catalasa. Las células bacterianas de este género tienen un amplio tamaño que varía de 0,5 a 2,5 µm de ancho y 1,2 a 10 µm de largo. Este género se encuentra comúnmente en el suelo y en las plantas donde tiene un papel importante en el ciclo del carbono y el nitrógeno. Son habitantes comunes de aguas frescas y estancadas, son particularmente activos en sedimentos (Koneman, 2001).

Los mecanismos de acción de Bacillus spp. incluyen competencia por espacio y nutrientes, antibiosis e inducción de resistencia. Además, Bacillus tiene un efecto comprobado en la promoción de crecimiento de las plantas. La capacidad de Bacillus de formar esporas que sobreviven y permanecen metabólicamente activas bajo condiciones adversas, las hace apropiadas para la formulación de productos viables y estables para el control biológico. B. subtilis es uno de los más eficientes agentes de biocontrol, el cual exhibe actividad antagonista contra varios hongos y bacterias patogénicas. Este antagonismo se ha atribuido a la




producción de antibióticos y a la capacidad de colonización en las plantas (Chaves, 2007).

B. subtilis es una bacteria Gram positiva, que produce endosporas termo resistentes y también resistentes a factores físicos perjudiciales como la desecación, la radiación, los ácidos y los desinfectantes químicos, además produce enzimas hidrofílicas extracelulares que descomponen polisacáridos y ácidos nucleicos permitiendo que el organismo emplee estos productos como fuente de carbono, produce antibióticos como la bacitracina, polimixina, gramicidina y circulina, fermenta la caseína y el almidón y sobrevive dentro de los límites de 55 a 70ºC. B. subtilis promueve el desarrollo de las plantas y previene las enfermedades originadas en el suelo causadas por Sclerotium rolfsii, Fusarium spp., Verticillium spp., Sclerotinia sclerotiorum, Phytophthora capsici, Pythium spp., el nematodo formador de nudos en raíces (Meloidogyne spp.) y Rhizoctonia solani, agente causante de la enfermedad denominada “Mal del talluelo” del algodonero (Cuervo, 2010).

Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson reclasificado como Purpureocillium lilacinum (Thom) Luangsa-Ard et al. (2011), es un hongo que controla fitonematodos, principalmente especies del nematodo formador de nudos Meloidogyne spp. Este hongo parasita huevos, adultos y quistes de nematodos. También puede afectar nematodos móviles que están fuera de las raíces. De modo que puede infectar cualquiera de estos estadios del nematodo, causándoles la muerte o evitando que el nematodo complete su ciclo de vida, disminuyendo de esa manera las poblaciones en el campo. En ausencia de nematodos el hongo puede sobrevivir como saprófito en el suelo (FUNICA, 2009). En la naturaleza P. lilacinum se encuentra como habitante del suelo. Este hongo tiene la habilidad de sobrevivir en materia orgánica y siempre se encuentra presente en el campo principalmente en zonas húmedas y donde hay bastantes insectos plaga. P. lilacinum es también patógeno de insectos, pero su mayor relevancia es como patógeno de fitonematodos, ya que causa una tasa de mortalidad alta de estos, reduciendo sus poblaciones en los cultivos (FUNICA, 2009; Vergara, Guzmán & Leguizamón, 2012).

Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de la integración de prácticas de manejo (limpieza sanitaria de cormos) y biológicas (Micorrizas Arbusculares, Purpureocillium lilacinum y Bacilus subtilis) sobre el crecimiento de las plántulas y la población de nematodos fitoparásitos en condiciones de almácigo en la cultivariedad de plátano Dominico Hartón.


Localización

El ensayo se realizó sobre una losa de concreto para evitar la contaminación por nematodos, ubicada en la granja Montelindo de la Universidad de Caldas, vereda Santágueda, municipio de Palestina, departamento de Caldas, a una altitud de 1010 msnm, con temperatura promedio anual de 23ºC y precipitación anual de 1800 mm. Los análisis de población y caracterización de los nematodos fueron realizados en el Laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Caldas en Manizales.

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Material vegetal

De lotes comerciales de plátano Dominico Hartón se recolectaron 240 cormos entre 1,0 y 1,5 kg de peso, y fueron acopiados en un sitio seco y fresco bajo sombra y evitando el contacto directo con el suelo para evitar su contaminación con nematodos; a 200 de ellos se les realizó limpieza sanitaria “pelado” con un cuchillo hasta eliminar completamente el tejido necrótico y garantizando que el cormo quedara completamente blanco. A los 40 cormos restantes no se les realizó ninguna práctica, siendo considerados como cormos tradicionales, solamente se les retiró las raíces.

Suelo

Se recolectó suelo de lotes infestados con nematodos fitoparásitos, una parte de este fue trasladado a una losa de concreto de 16 m2 y esterilizado con Dazomet (Basamid® GR) en dosis de 50 g.m-2, luego de aplicado el producto se cubrió con un plástico por espacio de 10 días para que este pudiese hacer efecto, después de este tiempo se retiró para dejar escapar los gases producidos por el Dazomet para evitar fitotoxicidad en los cormos. La otra parte del suelo recolectado se dejó infestado con nematodos para ser utilizado así. Al suelo infestado se le determinó la población de nematodos fitoparásitos antes y después de aplicado el Dazomet.

Microorganismos benéficos

Micorrizas Arbusculares: Se utilizó una MA conocida en el comercio como Micorrizafer® en dosis de 100 g.planta-1. Estas se aplicaron al hoyo y al momento de la siembra para favorecer el contacto con las raíces de las plántulas de plátano cuando estas comienzan a crecer.

Purpureocillium lilacinum: El producto comercial utilizado a base de Purpureocillium lilacinum fue Paecilotrópico® en dosis inundativa de 4 g.L de agua-2; este se aplicó a la siembra.

Bacterias Promotoras de Crecimiento Vegetal: Se usó B. subtilis, en una concentración de 1 x 106 células ml-1; la cual fue suministrada por la Dra. Marina Sánchez de Praguer, Profesora Titular de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. B. subtilis fue aplicado al momento de la siembra.

Procedimiento

Se tomaron 120 bolsas negras de 5 kg de capacidad y se llenaron hasta aproximadamente la mitad de las mismas con el suelo esterilizado, luego se separaron en grupos de 20 bolsas para facilitar el montaje de cada tratamiento; posteriormente, se tomaron 100 cormos con limpieza sanitaria y se sembraron los correspondientes al tratamiento 1, a los cuales no se les aplicó ningún producto, después se establecieron los tratamientos 2 al 5 y 11 en suelo esterilizado (Tabla 1). Luego se recolectó suelo infestado con nematodos de uno de los lotes comerciales de plátano de la granja Montelindo de la Universidad de Caldas y se llenaron otras 120 bolsas con las mismas características a las anteriormente nombradas, se establecieron los tratamientos 6 al 10 y el 12 (Tabla 1), finalmente se procedió a rotular cada una de las bolsas con su respectivo tratamiento y con el número de la repetición. Después de la siembra, se aplicó riego al suelo para mantenerlo a capacidad de campo.




Cada cormo se consideró como unidad experimental. Se utilizó un diseño experimental completamente aleatorio con 20 repeticiones por tratamiento. Los tratamientos se describen en la Tabla 1.

Variables de respuesta en condiciones de campo

Altura (cm) de plántulas (distancia desde el nivel del suelo hasta la base de la hoja bandera): A los 70 días se midió la altura de plántulas y brotación (%) (Plántulas efectivas/cormos sembrados).

Posteriormente se realizó un muestreo destructivo de las plantas de las cuales se separaron raíces, cormos y parte aérea, todo esto se empacó en bolsas de 2 kg de capacidad de color trasparente y se rotularon con el respectivo tratamiento y repetición.

Variables de respuesta en condiciones de laboratorio

Biomasa (materia seca de raíces y parte aérea): Para determinar el peso seco de las raíces y de la parte aérea de las plántulas de todos los tratamientos, fueron tomados los tallos del total de las plántulas de plátano Dominico Hartón y las raíces de 14 de ellas, las cuales se empacaron en bolsas de papel rotuladas con su respectivo tratamiento y el número de repetición de esta, después fueron llevadas a un horno, marca 1DIES, ubicado en el Laboratorio de Química de Suelos de la Universidad de Caldas a una temperatura de 80ºC por espacio de 72 h, después de este tiempo, todas las muestras de raíces y de la parte aérea se llevaron a una sala de pesado ubicada en el mismo laboratorio y mediante una balanza digital OHAUS Analytical Plus, se determinó el peso seco de cada una de las partes de la planta.

Luego de separados los cormos, las raíces y la parte aérea de las plántulas, se trasladaron las bolsas con las muestras al Laboratorio de Fitopatología del Departamento de Producción Agropecuaria de la Universidad de Caldas para su análisis, donde se realizó conteo e identificación de nematodos fitoparásitos en 100 g de suelo y de raíces, también se evaluó el efecto de los tratamientos sobre la materia seca de raíces y parte aérea y el porcentaje de colonización por micorrizas.

Población e identificación de géneros de nematodos fitoparásitos (cantidad de fitonematodos/100 g de suelo y raíces): la extracción de nematodos se realizó con base en el principio de flotación de los nematodos en azúcar descrito por Jenkins (1964), Meredith (1973) y Araya, Centeno & Carrillo (1995); para lo cual se procede de la siguiente manera: las raíces se lavaron con agua corriente,

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después de dejarlas secar a temperatura ambiente, se pesaron 30 g de ellas en una balanza, y con la ayuda de un cuchillo se cortaron transversalmente en trozos de 1 cm, que luego se homogenizaron. Estos trozos se colocaron en un vaso de licuadora Osterizer con 500 ml de agua y luego se licuaron, tres veces por un período de 10 s y entre cada lapso se dejaron reposar 5 s. El licuado se depositó en un tamiz de 250 µm colocado sobre un tamiz de 106 µm, y este sobre otro de 25 µm. La muestra se lavó con agua a presión para que ocurriese el desprendimiento de los nematodos y del material que quedó en el tamiz de 25 µm, luego se depositó todo el contenido, aproximadamente 25 ml, en tubos de centrifugación de 50 ml de capacidad. Seguidamente se agregaron a cada tubo 25 ml de sacarosa al 50% y se centrifugó a 3800 rpm durante 5 min en una centrífuga HERMEL, tipo Z400. Como consecuencia de la centrifugación hubo sedimentación de las partículas pesadas en el fondo del tubo. Los nematodos se ubicaron en una capa intermedia (gradiente de sacarosa). De cada tubo se extrajo toda el agua, donde se encontraba la interfase con los nematodos.

Después que los nematodos fueron extraídos, se depositaron en un tamiz de 25 µm y se lavaron con abundante agua para evitar que el azúcar los afectara. Finalmente se recogieron en una caja Petri para realizar los conteos e identificación.

Tinción de raíces: se hizo con azul de tripano para determinar el porcentaje de colonización de las MA (Rivillas, 1995). Para ello se separaron aproximadamente 2 g de raíces, se lavaron con abundante agua y luego se colocaron en tubos de ensayo inicialmente con KOH al 2,5%, esto para aclarar el citoplasma y núcleo de las células, y se llevaron al baño María, marca INDULAB, por 1 h a una temperatura de 90ºC, después se adicionó a las raíces HCl al 2% y se dejaron a temperatura ambiente por 1 h más, con el fin de ablandar las paredes de las células de la raíz; luego se decantó el HCl y se lavaron las raíces nuevamente con agua, seguido a esto se adicionó azul de tripano al 0,05% y se colocaron en el baño María por 1 h a 90ºC, luego se retiraron las raíces y se llevaron a cajas Petri con glicerol al 50% para retirar el exceso de colorante. Por último se ubicaron las raíces en portaobjetos y se llevaron al microscopio marca NIKON, marca TS 2-T, para verificar la colonización por micorrizas.

Análisis estadístico: para cada práctica de manejo de los cormos, se calcularon los promedios y coeficiente de variación, así como el análisis de varianza para la variable de respuesta y para las variables complementarias. Asimismo, se establecieron correlaciones entre la variable de respuesta con cada una de las variables complementarias. Cuando el análisis de varianza mostró efecto de tratamientos, se aplicó la prueba de Tukey al 5% para establecer la diferencia entre los promedios de los tratamientos.


Cantidad de nematodos fitoparásitos antes de la siembra. Antes de establecer el experimento se cuantificó la población de nematodos fitoparásitos existentes en el suelo recolectado del lote comercial de plátano Dominico Hartón que se utilizó para la investigación. La cantidad de nematodos fitoparásitos encontrada fue de 2.173 nematodos/100 g de suelo, de los cuales 928 nematodos correspondió a saprófitos, 423 a la especie Radopholus similis, 749 al género Helicotylenchus, 132 al género Meloidogyne y 85 al género Aphelenchus.




Para los tratamientos que se establecieron en suelo esterilizado, se cuantificó la población de nematodos fitoparásitos después de esterilizarlo con Dazomet, la cual fue cero.

Cantidad de nematodos fitoparásitos después de la siembra

Raíces. Al realizar el análisis estadístico y la prueba de comparación de medias de Tukey al 5% de probabilidad, la variable población de nematodos fitoparásitos en raíces, se observó diferencias significativas entre los tratamientos y una población de cero nematodos fitoparásitos en los tratamientos con suelo esterilizado, es decir, los cinco primeros tratamientos, mostraron la efectividad de la esterilización del suelo para el manejo de los nematodos fitoparásitos; es de anotar que aunque el T11 también fue con suelo esterilizado, se presentó una alta población de nematodos fitoparásitos debido a que se usó cormo tradicional sin limpieza sanitaria, es decir, contaminado con fitonematodos (Tabla 2).

T1 (Suelo esterilizado + cormos con limpieza sanitaria). T2 (Suelo esterilizado + cormos con limpieza sanitaria + MA). T3 (Suelo esterilizado + cormos con limpieza sanitaria + P. lilacinum). T4 (Suelo esterilizado + cormos con limpieza sanitaria + B. subtilis). T5 (Suelo esterilizado + cormos con limpieza sanitaria + MA + P. lilacinum + B. subtlis). T6 (Suelo infestado + cormos con limpieza sanitaria). T7 (Suelo infestado + cormos con limpieza sanitaria + MA). T8 (Suelo infestado + cormos con limpieza sanitaria + P. lilacinum). T9 (Suelo infestado + cormos con limpieza sanitaria + B. subtilis). T10 (Suelo infestado + cormos con limpieza sanitaria + MA + P. lilacinum + B. subtilis). T11 (Suelo esterilizado + cormos tradicionales). T12 (Suelo infestado + cormos tradicionales). P.I. = Población inicial. * Promedios en cada columna seguidos de letras distintas denotan diferencias significativas entre tratamientos según la prueba de Tukey a un nivel de probabilidad del 5%.

En general, se observó que para los tratamientos que fueron establecidos en suelo esterilizado y cormos con limpieza sanitaria, no hubo presencia de individuos de las principales especies de los nematodos fitoparásitos del plátano como son Radopholus similis y Meloidogyne como tampoco se encontraron individuos del género Helicotylenchus.

Los tratamientos en los cuales se utilizó suelo infestado y cormos con limpieza sanitaria, presentaron una disminución de hasta un 64% en la población de

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nematodos fitoparásitos en comparación con la inicial, aunque mostraron también una cantidad de nematodos menor al testigo. De estos tratamientos el que menor población presentó fue el T10 (Suelo infestado + cormos con limpieza sanitaria + MA + P. lilacinum + B. subtilis) con una población promedio de 472 nematodos fitoparásitos en 100 g de suelo. Contrario a lo obtenido en el T12 (Suelo infestado + cormos tradicionales), y denominado como testigo, el cual presentó la mayor población de nematodos fitoparásitos con un promedio de 6.091 individuos en 100 g de raíces (Tabla 2).

El estudio demostró que las prácticas de manejo de nematodos son más eficientes si se integran, pues se obtienen mejores resultados y poblaciones de nematodos reducidas o nulas, además si se esteriliza el suelo se garantiza que no se van a presentar poblaciones de nematodos fitoparásitos en condiciones de almácigo; adicional a esto, realizar el pelado sanitario de cormos ayuda a disminuir el inóculo inicial de nematodos y así obtener plántulas de plátano más sanas, que posteriormente al ser llevadas a campo se va a reflejar en una mejor producción del cultivo.

Flores (2009), encontró que con la aplicación de P. lilacinum y materia orgánica se obtenían poblaciones bajas de nematodos fitoparásitos en cultivo de rosa, obteniendo un promedio de hasta 48 nematodos en raíces y 93 nematodos en suelo.

Sin embargo, González et al. (2007) encontraron, con la aplicación de P. lilacinum Cepa B, una tendencia creciente de la población de Helicotylenchus principalmente y con aumento continuo de individuos de este género durante 6 meses después del tratamiento. También observaron con la aplicación de P. lilacinum Cepa A, una tendencia creciente de la población de R. similis desde la primera aplicación y hasta la culminación del experimento.

Pérez, Sánchez & Fernández (1999) encontraron que al aplicar 200 g/planta de P. lilacinum, la población de R. similis pasó de 132 individuos a cero en 100 g de raíces después de 24 meses; resultados similares a los obtenidos en esta investigación donde se obtuvo una población final de cero individuos de R. similis con suelo esterilizado, partiendo de una población de 423 individuos en 100 g de raíces, mientras que con suelo infestado la población disminuyó a 67 individuos en 100 g de raíces.

Bolaños (2011) encontró que al aplicar micorrizas a razón de 495 esporas/10 g/sitio disminuyó la población de R. similis desde 172 nematodos hasta 46 nematodos en 100 g de raíces en un ciclo de cultivo. En esta investigación con la aplicación de micorrizas y con suelo esterilizado se logró bajar la población de este nematodo desde 423 individuos en 100 g de raíces, hasta cero en 100 g de raíces, contrario a lo ocurrido con suelo infestado, donde la población aumentó de 423 nematodos en 100 g de raíces al momento de siembra a 446 individuos en 100 g de raíces al final del experimento (70DDS).

Suelo. El análisis estadístico indicó que hubo diferencias significativas entre tratamientos, registrando nuevamente una población de cero nematodos en los primeros cinco tratamientos en donde se utilizó suelo esterilizado.

En estudios similares, Becerra, Castaño-Zapata & Villegas-Estrada (2010) encontraron que al aplicar 1 kg de Micorrizas + 5 g de Aldicarb, la población de nematodos fitoparásitos fue de 37 individuos/100 g de raíces y 6 individuos/100 g de suelo en promedio y que la supresión de nematodos con P. lilacinum fue más




efectiva en presencia de MA con un promedio de 268 nematodos que en ausencia de esta tuvo 457 nematodos en promedio.

El comportamiento general de la población de nematodos fitoparásitos en suelo estuvo ligado al comportamiento poblacional encontrado en raíces, pues nuevamente los tratamientos que menor población promedio de nematodos presentaron, fueron los correspondientes a los establecidos con suelo esterilizado y cormos con limpieza sanitaria, y nuevamente el testigo fue el que presentó una población promedio superior al resto de los tratamientos con 1.753 nematodos fitoparásitos en 100 g de suelo, encontrándose también que la integración de las medidas de manejo resulta ser más eficiente e incluso en los tratamientos en que no se utilizó suelo esterilizado, como el T10 (Suelo infestado + cormos con limpieza sanitaria + MA + P. lilacinum + B. subtilis) el cual es la integración de todos los microorganismos benéficos, y fue el que presentó en promedio menor población de nematodos fitoparásitos del grupo de tratamientos que tenían suelo infestado con 253 nematodos fitoparásitos en 100 g de suelo (Figura 1).

Castrillón et al. (2002) encontraron que el producto biológico Biostat®, a base de Purpureocillium lilacinum, mostró ser eficaz en el control de nematodos fitoparásitos del plátano Musa AAB, al reducir las poblaciones de Helicotylenchus sp., Meloidogyne spp. y Radopholus similis y aumentar la microflora del suelo (hongos, bacterias y nematodos saprófitos).

Guzmán, Castaño-Zapata & Villegas-Estrada (2012) encontraron que al utilizar suelo esterilizado y cormos con limpieza sanitaria se logró obtener cormos libres

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de nematodos fitoparásitos, resultados que concuerdan con los obtenidos en esta investigación donde se obtuvieron cormos sin nematodos fitoparásitos con la utilización de suelo esterilizado y cormos con limpieza sanitaria.

Croshier, Montecinos, Jiménez & Gallo (1984) encontraron que al aplicar P. lilacinum, se logró obtener un parasitismo del 76% de los huevos de Meloidogyne spp. y así disminuyó la población de este nematodo en el mismo porcentaje; resultados similares se obtuvieron al aplicar P. lilacinum en esta investigación, pues se logró controlar el 100% de la población de este nematodo, tanto con suelo esterilizado como con suelo infestado (T3 y T8) partiendo de semilla sana.

Brotación (%). Se determinó mediante la siguiente fórmula: plántulas efectivas/cormos sembrados x 100. Los tratamientos T1 (Suelo esterilizado + cormos con limpieza sanitaria) y T6 (Suelo infestado + cormos con limpieza sanitaria) tuvieron ambos un porcentaje de brotación del 95%, con los demás tratamientos se obtuvo una brotación del 100%.

Resultados similares obtuvieron González-Cardona & Guzmán-Piedrahita (2011), donde la brotación de las plántulas tradicionales y con limpieza sanitaria de Dominico Hartón fue del 100%, mostrando también que a pesar de realizar esta práctica, en donde las raíces son retiradas del cormo en su totalidad, no afecta la brotación de las plántulas.

Altura de plántulas. Luego de realizar la prueba de comparación de medias de la altura de las plántulas, se concluyó que el tratamiento que tuvo una altura promedio mayor fue el T5 (Suelo esterilizado, cormos con limpieza sanitaria + MA + P. lilacinum + B. subtilis), con una altura promedio de 32,91 cm, seguido por el T12 (Suelo infestado, cormos tradicionales) con 32,67 cm y el T11 (Suelo esterilizado, cormos tradicionales) con 32 cm de altura (Figura 2), aunque la comparación de medias de Tukey al 5% de probabilidad mostró que no había diferencias entre las medias de las alturas de todos los tratamientos, esto posiblemente se debe a que todos los cormos utilizados y sembrados en el experimento fueron aproximadamente del mismo peso y bajo las mismas condiciones nutricionales. Las plántulas tuvieron mayor altura, probablemente fue porque no se les realizó la práctica de pelado a los cormos antes de la siembra y por ende no se les retiraron todas las raíces, condición que pudo haber ayudado a un mejor desarrollo de las plántulas aunque al tratamiento T5 (Suelo esterilizado + cormos con limpieza sanitaria + MA + P. lilacinum + B. subtlis) sí se le hizo limpieza sanitaria a los cormos, pero fue el tratamiento que contenía la integración de todas las medidas de manejo además del pelado de cormos.




Cano (2001) encontró que la altura de las plántulas inoculadas con MA fue mayor a la altura de plántulas que no fueron inoculadas, estas plántulas también fueron evaluadas en condiciones de almácigo y alcanzaron una altura promedio de 33 cm, resultados similares a los obtenidos en esta investigación donde la mayor altura fue de 32,91 cm y correspondiendo a uno de los tratamientos inoculados con MA (Figura 3).

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Guzmán et al. (2012) encontraron que con el uso de suelo esterilizado y cormos con limpieza sanitaria sin inmersión en Aldicarb y también con cormos tradicionales con y sin inmersión en este producto, se obtuvo una altura superior de plántulas, que fue de 24,84 cm en promedio; resultados similares a los obtenidos en esta investigación, donde las plántulas provenientes de cormos con limpieza sanitaria y además con suelo esterilizado alcanzaron la mayor altura, seguido por plántulas de cormos tradicionales sembrados en suelo infestado con nematodos con un promedio de altura de 32,97 cm y 32,67 cm, respectivamente (Figura 3).

Materia seca de raíces. La comparación de medias de Tukey al 5% de probabilidad, indicó que las diferencias entre las medias eran significativas y además que el tratamiento que tuvo un peso seco de raíces promedio superior fue el T12 (Suelo infestado y cormos tradicionales), con un peso seco promedio de raíces de 27,17 g, denominado también como testigo; esto puede explicarse en el contexto de que este tratamiento no tuvo eliminación del total de las raíces, ni tampoco pelado del cormo que es donde se encuentran las reservas nutricionales de este (Díaz, Rivera & Durán, 2007) y por lo cual se obtuvo un desarrollo superior durante el experimento. En segundo lugar se ubica el tratamiento T8 (Suelo infestado + cormos con limpieza sanitaria + P. lilacinum) con un peso seco de raíces promedio de 24,19 g (Figura 4). Los tratamientos T2 (Suelo esterilizado + cormos con limpieza sanitaria + MA) y T7 (Suelo infestado + cormos con limpieza sanitaria + MA), donde la única variación entre ambos es el tratamiento del suelo, muestra mejor resultado el establecido sobre suelo esterilizado el cual tuvo un peso seco de raíces superior en un 21,61% respecto al tratamiento 7 (Figura 4).

El tratamiento con menor peso seco promedio de raíces fue el T1 (Suelo esterilizado + cormos con limpieza sanitaria), con 7,94 g de peso (Figura 4); debido posiblemente a que la limpieza sanitaria de los cormos y la esterilización del suelo no son suficientes, siempre se debe buscar la adición de algún organismo como las MA (Rivillas, 2003) que ayuden a fijar los nutrientes y de esta forma contribuir a una mejor respuesta por parte de la plántula en cuanto a su desarrollo.




Materia seca de la parte aérea. Al realizar la comparación de medias de Tukey al 5% de probabilidad, no se presentaron diferencias entre las medias y el tratamiento con mayor peso seco promedio fue el T8 (Suelo infestado + cormos con limpieza sanitaria + P. lilacinum), con 25,45 g de peso seco promedio y con solo 5,45 g de diferencia con el tratamiento T7 (Suelo infestado + cormos con limpieza sanitaria + MA) que obtuvo el menor peso seco promedio (Figura 5).

En general, todas las plántulas tuvieron un crecimiento promedio igual, esta situación pudo presentarse debido a la igualdad de condiciones nutricionales del experimento. Cano (2001) encontró que al adicionar MA a las plántulas de plátano, obtuvo un mayor peso seco de la parte aérea respecto a las que no se les adicionó MA, sin embargo en esta investigación las plántulas a las que se les adicionó MA, no tuvieron el mejor peso seco de la parte aérea, aunque el tratamiento que fue establecido con la mezcla de todas las medidas de manejo (manejo integrado) incluyendo la esterilización del suelo tuvo el segundo mejor peso seco de tallos.

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Colonización de raíces por micorrizas arbusculares. El porcentaje de colonización de micorrizas en raíces permitió corroborar su efecto sobre los tratamientos donde se aplicó.

Los tratamientos T2, T5, T7 y T10 los cuales incluyeron la aplicación de MA presentaron los mayores porcentajes de colonización entre el 79% y el 85% (Figura 6), en los demás tratamientos también hubo colonización por micorrizas, pero no superaron el 24,4% debido a que se trata de micorrizas arbusculares nativas del suelo no esterilizado. En los tratamientos T1, T3 y T4, no se registró colonización por micorrizas por tratarse de suelo esterilizado (Figura 6).




Cano (2001) encontró que la efectividad de las especies de micorrizas Glomus fasciculatum, G. fistolosum y G. manihotis, para colonizar las raíces de las plantas de banano Gross Michel fue alta, con promedios entre 79 y 85%, y en plántulas de plátano Dominico Hartón con un promedio del 84% de colonización; resultados que coinciden con los obtenidos en esta investigación, donde el porcentaje de colonización estuvo por encima del 79% y llegó hasta el 85%.

Gañán, Bolaños-Benavides & Asakawa (2011) encontraron que al aplicar MA en raíces de plátano Dominico Hartón, se alcanzó un porcentaje de colonización del 41%, a su vez que el porcentaje de peso fresco de raíces se incrementó en un 60% en ausencia de nematodos fitoparásitos; en esta investigación se logró obtener un porcentaje de colonización de hasta un 85% mientras, que para el testigo, sin la aplicación de MA, fue del 17,4%.

CONCLUSIONES

La integración de todas las medidas de manejo resultaron más eficientes en el control de los nematodos fitoparásitos en plátano, con o sin la esterilización del suelo.

Para obtener un mejor manejo de nematodos fitoparásitos en plátano en condiciones de almácigo, se debe esterilizar el suelo para garantizar que el parasitismo por nematodos fitoparásitos sea menor o no haya presencia.

Los distintos tratamientos no mostraron diferencias significativas en cuanto a la altura de las plántulas, la aplicación o no de los diferentes medios de manejo no repercute en una mayor altura de plántulas.

La limpieza sanitaria de cormos no afecta negativamente el desarrollo de las raíces ni de la parte aérea de las plantas, pues no se presentaron diferencias significativas respecto a los tratamientos donde se usaron cormos tradicionales.

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La aplicación de micorrizas arbusculares se refleja en un mejor desarrollo radical de las plantas, además de su colonización ayudan a disminuir el ataque de los nematodos fitoparásitos.

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1. Ingeniero Agrónomo, Correo electrónico: [email protected],

2,3. Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Caldas. Correo electrónico: [email protected], [email protected]

4. Profesor Titular, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Caldas. Correo electrónico: [email protected]

Para citar este artículo: Valencia-Serna, R.A., Guzmán-Piedrahita, O.A., Villegas-Estrada, B., Castaño-Zapata, J. (2014). Manejo integrado de nematodos fitoparásitos en almácigos de plátano dominico hartón (Musa AAB Simmonds). Revista Luna Azul, 39, 165-185. Recuperado de http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=954

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LA FORMACIÓN AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA REVISIÓN NECESARIA

Alba Carolina Molano Niño1 Juan Francisco Herrera Romero2

Recibido el 15 de mayo de 2013 y aprobado el 14 de enero de 2014, actualizado el 10 junio de 2014

RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue hacer una revisión y comparación de trabajos de investigación que han hecho contribuciones significativas al tema de la formación ambiental en la educación superior en Iberoamérica. Se revisan 51 trabajos de diferentes investigadores de nueve países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, México y Venezuela) que aportan argumentos conceptuales suficientes para derivar de allí los criterios con los cuales se ha realizado la formación ambiental en la educación superior en los últimos 15 años en los países de la región. Los criterios de análisis empleados para la revisión y comparación entre investigaciones fueron: ámbitos de la formación ambiental en las universidades, lo pedagógico, lo didáctico y el currículo en la formación ambiental universitaria. Como resultados principales se encuentra que, aunque se cuenta con experiencias enriquecedoras dirigidas a la innovación curricular, aún son muchos los procesos con tendencias hacia la visión fragmentada de la realidad, con currículos semejantes a planes de estudio y educación ambiental centrada en lo disciplinar. A modo de conclusión, se hace una propuesta de formación ambiental universitaria alternativa.

PALABRAS CLAVE

Formación ambiental universitaria, pedagogía ambiental, currículo ambiental, didáctica ambiental.

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATION: A NECESARY REVIEW

ABSTRACT

The aim of this research was to review and compare investigations of researches that have done significant contributions to the topic of environmental education in higher education in Latin America. A review of 51 works of different researchers of nine countries (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Spain, Mexico and Venezuela) that contribute with sufficient conceptual arguments to derive the criteria with which environmental education has been carried out in higher education institutions in the last 15 years in the countries of the region. The analysis criteria used for the review and comparison between researches were: areas of environmental education in the universities; and the pedagogical and the didactic and the curriculum in environmental education at the university. As principal results it is found that, though there are interesting and relevant experiences directed to curricular innovation, there are still many processes with trends towards the fragmented vision of reality, with curricula similar to plans of study and environmental education centered in disciplines. As a conclusion, the research proposes an alternative university environmental education.




KEY WORDS

Environmental training higher education, environmental curriculum, environmental teaching.

INTRODUCCIÓN

Uno de los propósitos de la universidad es hacer investigación para producir nuevo conocimiento orientado a resolver los complejos problemas de una sociedad en particular, y de la humanidad en general. Por esta y otras razones, se espera que ante problemáticas tan urgentes y graves como las mencionadas crisis socio-ambientales, la Universidad responda con proyectos encaminados a investigar los pormenores de la crisis y proponer soluciones desde un sólido y riguroso análisis científico y por lo mismo, incluya en sus currículums el desarrollo de la dimensión ambiental en toda la comunidad académica, de tal forma que se garantice su competencia para responder por la salud e integridad del ambiente, en el sentido de un ambiente acorde a la vida en todas sus formas.

En este contexto y ante el recrudecimiento de la crisis socio-ambiental, las políticas, los proyectos y las acciones en el campo de la formación ambiental pasan a ser una prioridad. Para este trabajo, se asume que actualmente la formación ambiental en la educación superior presenta múltiples formas, mecanismos y métodos, resultado de políticas y criterios ocasionalmente explícitos, y que identificarlos y ordenarlos permitirá proponer las acciones necesarias para cualificar dicha formación; y, por otra parte, que la formación ambiental implica construir estructuras de pensamiento que generen actitudes y comportamientos favorables a tal fin.

Para cumplir con estos propósitos se revisaron 51 trabajos de diferentes investigadores de nueve países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, México y Venezuela) que han hecho contribuciones significativas al tema de la formación ambiental en la educación superior y que aportan argumentos conceptuales suficientes, para derivar de allí los criterios con los cuales se ha realizado la formación ambiental en la educación superior en los últimos 15 años en Iberoamérica.

La selección de esta muestra se realizó con base en los siguientes criterios: 1) En los países seleccionados se cuenta con una larga tradición en investigaciones y publicaciones en el tema de formación ambiental. 2) Son estos, los países de Iberoamérica que cuentan con mayor cantidad de revistas indexadas en las que se publica investigación relevante en educación ambiental. 3) En los últimos 15 años, la educación ambiental en Iberoamérica ha tenido un gran auge, dada su incorporación a través de Políticas Públicas, Leyes Nacionales y Tratados Internacionales a los currículos de la educación formal básica y superior. 4) Se realizó la selección de estos 51 trabajos (entre aproximadamente 200 referencias encontradas) dadas las categorías de análisis escogidas para la revisión documental y el objetivo del trabajo aquí presentado.

Si bien es cierto el currículo en general, y para la formación ambiental en particular, abarca una gran cantidad de variables dentro de las cuales se cuentan las intenciones de formación, las formas de lograrlas, las posibilidades para

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evaluarlas y las alternativas para contextualizarlas, en este trabajo nos interesa mirar el currículo desde dos puntos de vista: las intencionalidades de formación (lo pedagógico) y sus formas de alcanzarlo (lo didáctico), la organización general de la enseñanza y el aprendizaje (lo curricular) y las formas explícitas en las que se hace la formación ambiental (los ámbitos de formación).

En consecuencia, los estudios seleccionados se revisaron con base en las siguientes categorías de análisis que permiten la comparación y el contraste entre las diferentes posturas encontradas:

1) Los ámbitos de la formación ambiental en las universidades. Los lugares, espacios o campos dentro del quehacer de la educación superior en donde sucede la formación ambiental.

2) Lo pedagógico en la formación ambiental universitaria. Las intenciones, las mediaciones pedagógicas, los conocimientos, las habilidades y/o las actitudes que se proponen para la formación ambiental.

3) Lo didáctico en la formación ambiental universitaria. Las prácticas, los modelos y las estrategias de enseñanza-aprendizaje-evaluación que se promueven cuando se realiza la formación ambiental.

4) El currículo en la formación ambiental universitaria. La organización intencionada de acciones de investigación, extensión y docencia para el alcance de los propósitos de formación ambiental en la educación superior.

Es importante mencionar que, en el marco de este trabajo, se hace una distinción entre educación y formación ambiental, por cuanto se entiende la educación ambiental como una propuesta dirigida a todo público y que puede realizarse en niveles incluso de educación informal utilizando estrategias como la información y la publicidad. En contraste, la formación es un proceso que tiene unas intencionalidades definidas consignadas en un currículo educativo y cuyas estrategias y formas se desarrollan, generalmente, en la educación formal3. De acuerdo con lo anterior, se considera que lo más adecuado en el contexto de las instituciones de educación superior es hablar de formación ambiental.

1) Los ámbitos de la formación ambiental en las universidades

En las investigaciones y publicaciones revisadas se mencionan los lugares, los espacios o los ámbitos en los cuales se realiza la formación ambiental dentro de la institución educativa y en muchos casos se hace alusión a las formas en las cuales se realiza dicha formación. Si se entiende por lugar un espacio físico en donde se realizan las acciones de formación ambiental, solo uno de los estudios revisados considera que la educación ambiental debe extenderse al campus y a sus centros de investigación (Melendro et al., 2009). Esto significa entonces que, la formación ambiental no solo debe estar circunscrita a la docencia, investigación y proyección de la institución universitaria, sino que además, debe permear los espacios físicos de la universidad, con el fin de hacer una lectura mucho más global e integral de lo ambiental y que el ambiente se involucre en todos los aspectos de la vida universitaria (Herrero, 2006).

Otros autores hacen más énfasis en los ámbitos o esferas del quehacer universitario en los cuales se desarrolla la llamada formación ambiental. En el análisis hecho durante la revisión bibliográfica, estos ámbitos se clasificaron en siete categorías: a) la docencia, la investigación y la gestión; b) la docencia, la




investigación, la gestión y la proyección social; c) la docencia y la investigación; d) todos los escenarios de la vida; e) la investigación; f) el plan de estudios y g) el currículo.

Solo una investigación realizada en España (Monrós, 2008), hace énfasis en el desarrollo de la formación ambiental en aspectos relacionados con la docencia, la investigación y la gestión. En dicho estudio se menciona la importancia de la ambientalización de la gestión universitaria como una de las prioridades de las instituciones de educación superior. Allí, se argumentan las fortalezas y debilidades de las universidades españolas en este sentido. Dentro de las fortalezas, Monrós (2008) menciona la concienciación que han tomado las universidades en el tema ambiental y el esfuerzo en cuanto al seguimiento a la legislación y normatividad vigente. Dentro de las debilidades, se mencionan la descentralización de servicios universiarios que alejan a los usuarios de la gestión, la falta de criterios ambientales para el diseño y construcción de infraestructuras y la despersonalización de la gestión por el exceso de reglamentación (Monrós, 2008, p. 3).

A pesar de que solo una de las publicaciones revisadas explicita la ambientalización de la gestión, muchos otros estudios hacen referencia a la gestión institucional como uno de los ámbitos en los cuales no se ha trabajado suficientemente y en el que se pueden materializar las acciones ambientales propuestas por las universidades. Por ejemplo, la Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas –UDCA– (Bogotá, Colombia), manifiesta (UDCA, 2007, p. 137) que aunque se debe realizar formación ambiental en todos los espacios institucionales, es urgente hacerlo especialmente en el Sistema de Gestión Ambiental –SGA–, desde el cual se pueden medir las metas con respecto a la política ambiental institucional, los objetivos ambientales y los desempeños en el área.

Si bien la gestión como ámbito de la formación ambiental se constituye en un aspecto importante de la vida universitaria, no podría dársele mayor importancia –sobre los demás aspectos del trabajo universitario–, pues la gestión entendida como la planeación y el desarrollo de pasos organizados para lograr una meta determinada, puede despojar a la formación ambiental de los elementos éticos y estéticos que le son propios y equipararla a un sinnúmero de actividades de ejecución mecánica desprovistas de la reflexión y la crítica.

En consecuencia, girar en torno a la gestión de los espacios, los lugares y los sistemas universitarios para formar en lo ambiental, no parece ser suficiente a la hora de lograr los propósitos que se pretenden desde dicha formación, pues la toma de decisiones, la trasformación del entorno cultural, natural y social y el cambio en las concepciones ambientales de los individuos y colectivos, no se logran única y exclusivamente desde los elementos conceptuales y metodológicos que brinda la gestión ambiental.

Por su parte, son más numerosas las investigaciones que insisten en la formación ambiental desde todos los ámbitos de la misión universitaria, incluyendo la docencia, la investigación, la gestión y la proyección social. La mayoría de los autores establece que la formación ambiental se debe realizar en todos los ámbitos en donde hay vida universitaria (Herrero, 2006), en las funciones que impliquen educación, extensión e investigación (Medellín et al., 1993; Herrero, 2005), y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio ambiente –PNUMA– establece que se debe realizar en todos los marcos de actuación universitaria, con una democratización real de los procesos necesarios para lograr la formación ambiental en todas las dimensiones (PNUMA, 2007).

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Según Ferrer et al. (2004) la formación debe establecerse en una política ambiental en donde se formulen unas estrategias de acción ambiental (Ferrer et al., 2004, p. 88). Debe prevalecer la ayuda y la cooperación con otras instituciones para resolver problemas conjuntamente y se debe tener una relación con el medio en la que la institución universitaria “no puede adaptarse a los procesos del medio, sino lograr mejorarlo y transformarlo sobre la base del desarrollo sostenible” (Ferrer et al., 2004, p. 93).

Las tendencias que presentan estos autores, establecen de manera más global la importancia de la formación ambiental universitaria en todos sus aspectos misionales e incorporan la proyección social o comunitaria. Los autores referenciados coinciden en que vincular la comunidad externa a la institución universitaria permite realizar acciones coherentes y demostrar las capacidades adquiridas durante el proceso de formación ambiental –a estas capacidades el autor Mora (2009) les ha llamado competencias ambientales–.

Se evidencia entonces, la necesidad de dar un “nombre” al proceso de inclusión de la dimensión ambiental en la vida universitaria y coinciden –la gran mayoría de los autores consultados–, en denominarla ambientalización. Este término, apuesta –en casi todos los casos– a la integración de lo ambiental en el quehacer institucional universitario, de tal forma que cada reflexión, acción y decisión esté enmarcada en un referente de tipo ambiental.

Bajo otra categoría de análisis se revisó un estudio que hace énfasis en que la formación ambiental se desarrolla solamente en el ámbito de la investigación, pues argumenta que desde allí es posible construir marcos conceptuales y metodológicos que tienden hacia una –necesaria– nueva ética para la comprensión de lo ambiental (Sató, 2003). En este caso, la autora propone los procesos de investigación participativa para la formación y establece que cuando se realizan investigaciones se construyen conocimientos colectivamente, respetando las formas académicas y populares de “conocer el mundo”, lo cual implica un necesario diálogo de saberes que deja atrás las formas autoritarias y hegemónicas impuestas por las filosofías occidentales (Sató, 2003, p. 5).

En dos investigaciones más se plantean cuestiones opuestas entre sí. Una de ellas (Escudero, 2006) propone que la formación ambiental se debe realizar en el plan de estudios –asumiendo el término como la organización de asignaturas en tiempos y espacios determinados– y la otra (Morán et al., 2004) menciona que dicha formación debe hacerse en espacios diferentes al currículo formal o pensum académico, al considerar que la rigidez de la planeación propia de la estructura académica dominante en las universidades, aún no permite la inclusión del tema de manera adecuada.

Por último, se encuentran las investigaciones que dirigen sus apuestas hacia la idea de desarrollar la formación ambiental desde el currículo (González, 1996; Brenes et al., 2002; Junyet et al., 2002; Tréllez, 2006; Arrugaeta et al., 2008), entendiendo este como el camino organizado e intencionado para cumplir con los ideales de ser humano y sociedad que se ha propuesto la institución educativa.

Herrero (2005) profundiza un poco más cuando considera analizar el currículo oculto como ámbito tan importante como el explícito:

Tanto los fines como su materialización, tanto el currículo oculto como el currículo explícito, tanto la epistemé, como la empireia, como la doxa, tanto la docencia, como la investigación o la gestión deben verse recorridos, atravesados, penetrados por los principios, los fundamentos y las prácticas de la




sostenibilidad, de la preservación y mejora de la vida y de la calidad de vida, en nuestro planeta. (Herrero, 2005, p. 10)

Este planteamiento se acerca mucho más a la idea de comprender el mundo desde lo ambiental y reorganizar las formas de concebirlo y en últimas transformarlo no a la inclusión –introducción– de temas, contenidos o aspectos ambientales en los currículos de la educación superior que a la larga terminen siendo “otro conocimiento más” dentro del enorme acumulado que nos ha dejado la ciencia occidental. Tal y como la plantea Leff (1998, p. 72): “la formación ambiental […] se debe realizar en el currículo y dentro de él, en los paradigmas teóricos dominantes de las disciplinas tradicionales”.

A manera de conclusión de este apartado, es posible decir que las universidades contemplan como ámbitos para la formación ambiental sus tres pilares clásicos: la docencia, la investigación y la proyección social o extensión, pero además la gestión universitaria. En cada uno de estos ámbitos, las universidades presentan experiencias o propuestas para realizar la formación ambiental desde su deber ser institucional.

En el caso de la gestión institucional como ámbito para la formación ambiental, los estudios analizados hacen énfasis en “permear” cada uno de los espacios de la vida universitaria con trabajo ambiental que articule todas las acciones en pro de la “protección” o “conservación” del medio, quedando la sensación de que la formación ambiental se circunscribe a actividades encaminadas más hacia la información y “sensibilización” que hacia la formación como tal, que desde el punto de vista de los autores, debe enfocarse hacia la transformación del pensamiento –actuando sobre su estructura– y, por ende, la formación de hábitos, actitudes y comportamientos favorables a una relación más armónica con el ambiente ecosistémico.

2) Lo pedagógico en la formación ambiental universitaria

Hablar de lo pedagógico en la formación ambiental exige tomar postura frente a lo que implica y define el término. Esto es, las implicaciones tienen que ver con las metas, los fines y las intenciones que se persiguen con la formación ambiental. En otras palabras, el tipo de ser humano y de sociedad que se pretende con la formalización de una u otra apuesta pedagógica. Luego, los elementos que definen lo pedagógico en la formación ambiental son los conocimientos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se desarrollan y las intenciones que se persiguen con ello. En concordancia, en este apartado, se analizará lo pedagógico en la formación ambiental desde las intencionalidades que se buscan con ella.

Las intencionalidades de la formación ambiental: muchos de los investigadores que trabajan en formación ambiental se preguntan el por qué y el para qué de la misma, asumiendo en respuesta una postura epistemológica e ideológica que condiciona su forma, no solo de ver y comprender lo ambiental, sino de establecer los mecanismos y las estrategias para abordarlo en las aulas.

Entre las investigaciones revisadas se encuentran comunmente aquellas en que la intención de la formación ambiental es: el despertar de la conciencia ambiental, el desarrollo sostenible, la formación de una “nueva” ética, la ética asociada a la solidaridad, la protección y la conservación del medio, la solución de problemas ambientales, la asunción de la complejidad del mundo, la transformación de valores.

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Por otra parte, se encuentran las investigaciones que presentan como intencionalidad de la formación ambiental el “desarrollo sostenible”. Dentro de ellas se encuentra Monrós en un estudio de las acciones ambientales en diversas universidades españolas. Reporta que en la mayoría de universidades que revisó, el centro de la formación lo ocupa el desarrollo sostenible y considera que la universidad debe “[…] perseguir por todos los medios la formación y la educación en materia de desarrollo sostenible” (Monrós, 2008, p. 210).

De acuerdo con Vega et al. (2009), el modelo para la formación ambiental debe basarse en principios de sostenibilidad y para ello, es necesario comprender las conexiones entre los problemas económicos, políticos y los conflictos socioambientales.

Vale la pena resaltar el papel preponderante que juega el concepto del desarrollo sostenible al cual se supedita la formación ambiental universitaria en muchos casos. Tal y como se menciona en uno de los trabajos citados (Reigota, 2002), la formación ambiental contribuye con la estructuración del modelo de desarrollo que se pretenda consolidar y con ello la revolución o el anquilosamiento del aparato ideológico que mueve una estructura social.

Según Gutiérrez y Priotto (2008) esta nueva ética debe estar orientada hacia la caracterización de las realidades locales:

Las propuestas que centran el trabajo coordinado de los equipos docentes toman como centro de atención prioritario la caracterización de la realidad local desde la racionalidad ambiental que aporta la interdisciplinariedad para diseñar de forma colectiva alternativas de intervención y cambio. (Gutiérrez y Priotto, 2008, p. 564)

Esta afirmación que propone la intervención y el cambio desde una racionalidad ambiental alternativa, la confirman autores como Medellín et al. (1993) quienes aseveran que: “El papel de la universidad es la profundización, generación y socialización de la cultura […] Su papel es coadyuvar a la construcción social” (Medellín et al., 1993, p. 44). Esto implica que los conocimientos deben estar referidos a formas de convivencia y organización social, niveles de satisfacción de necesidades básicas y formas de generación y apropiación de la cultura, desde la ética que cada organización haya conformado.

Uno de los investigadores que ha profundizado en el término nueva ética y nueva racionalidad ambiental es Enrique Leff, quien afirma que la formación ambiental debe promover otro tipo de racionalidad, en respuesta a la racionalidad instrumental. Para Leff: “la formación ambiental va en contracorriente de la formación tradicional y de la racionalidad productiva dominante. La nueva ética ambiental promueve el cambio de actitudes y la transformación de conocimientos y prácticas” (Leff, 1998, p. 74).

Para este autor, la formación ambiental debe rescatar saberes ancestrales, integrar las prácticas tradicionales con las prácticas tecnológicas modernas y volver con todo el conocimiento producido a las comunidades en sus regiones para su apropiación. Significa que la ética ambiental no puede producirse alejada del contexto, como tiende a hacerlo el modelo tradicional y no puede ser construida de manera individual, pues su esencia se encuentra en los colectivos y organizaciones sociales, que es de donde debe partir y a donde deben llegar sus resultados.




Se advierte hasta aquí, que la nueva ética como fin último de la formación ambiental cobra un sentido social mucho más amplio que el mencionado desde la conciencia ambiental, pues la ética incluye una racionalidad compartida entre los colectivos, sus conocimientos, sus perspectivas y sus potencialidades, dando prioridad al rescate de saberes ancestrales y al diálogo de culturas que le apueste a un auténtico respeto por la vida y su diversidad. Esto implica dinamizar las rígidas estructuras académicas de nuestras universidades y por otro, hacer una crítica-participativa a los modelos ideológicos hegemónicos y dominantes. Hasta el momento no se reportan investigaciones que demuestren que las universidades en Iberoamérica hayan emprendido este proceso. En otra postura distinta se encuentran los investigadores que afirman que la intencionalidad de la formación ambiental universitaria es la solución de problemas. Es así como en el Seminario sobre Universidad y Medio Ambiente en América Latina, realizado en el año 1985, se afirmó que la intención de la formación en educación superior debe realizarse con tres fines: “la realimentación de la academia, la solución de problemas concretos y la traducción de la ciencia básica” (UNESCO-PNUMA, 1985, p. 31).

De acuerdo con esta recomendación de la UNESCO-PNUMA, Cánovas (2002, p. 3) afirma que la intención de la formación ambiental en la educación superior debe ser la siguiente: “a) Formación de profesionales e investigadores que trabajen y actúen directamente en las causas de los problemas ambientales y en cómo solucionar los mismos. b) Preparación de profesionales cuya actuación tiene una influencia directa sobre el medio ambiente”.

También existen estudios que hablan sobre la intención de la formación ambiental para la transformación de valores y prácticas, en los cuales se hace énfasis en lograr actitudes favorables con el medio ambiente y pasar del discurso a la práctica, con el fin de lograr cambios en el entorno. Alfie (2002), expresa que con la formación ambiental se busca la toma de conciencia y la responsabilidad para lograr la solución a problemáticas ambientales. La formación ambiental debe promover conductas y actitudes positivas de cambio para el medio ambiente.

Hablar de educación ambiental, implica no sólo ampliar nuestros conocimientos sobre el deterioro o cuidado del medio ambiente, sino enfatizar en las transformaciones de valores y comportamientos que adquirimos en un contexto determinado, por ello la educación ambiental nos permite integrar los niveles teórico y empírico. (Alfie, 2002, p. 87)

Es evidente que estos autores se inclinan por el cambio de valores y prácticas que permitan tener una visión completa y compleja de la realidad y que atienda a las importantes transformaciones que requiere el mundo en sus aspectos sociales, económicos, políticos y por supuesto ecológicos. Tal y como lo plantea Molero (1998, p. 144): “La intención pedagógica de la formación ambiental debe ser la acción más que el discurso”.

Para terminar, se encuentran investigaciones varias que tienen matices diversos y distintos a los ya descritos. Solo por mecionar algunos ejemplos, se encuentra una investigación realizada por Tréllez (2006) en donde se plantea que las intenciones o enfoques de formación deben ser el desarrollo del pensamiento crítico y constructivo, la conservación de recursos desde lo intercultural y la revalorización del rol de los y las educadoras y su empoderamiento.

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Para Sauvé (citada por Sató, 2010), las intenciones de formación dependen de las representaciones que tengan las personas, de los objetivos, de los problemas y de las palabras clave que están inmersas allí. De acuerdo con esto, Sauvé plantea algunas categorías de representaciones sobre medio ambiente, Sató lo menciona textualmente en el documento: “Sauvé (op. cit.) classifica as representações ambientais em sete categorias: como natureza, como recurso, como problema, como sistema, como meio de vida, como biosfera e como projeto de vida” (Sató, 2010, p. 26).

A manera de conclusión de este apartado, se puede decir que en el recorrido hecho por las investigaciones que definen explícita o implícitamente las intencionalidades de la formación ambiental y que materializan sus propósitos en conocimientos organizados en un currículo escolar para ser alcanzados, se encuentran diversidad de posturas que intentaremos contraponer aquí.

Unas posturas abogan por el desarrollo de la conciencia ambiental como finalidad última de la formación ambiental universitaria, configurando la conciencia como el “centro de control” del individuo, desde donde se pueden manejar las dimensiones del ser humano y sus potencialidades. En este tipo de investigaciones se da predominancia a la formación de actitudes sobre la formación de procedimientos y conceptos, lo que hace que su alcance sea limitado en cuanto el manejo de la conciencia está supeditado a aspectos no voluntarios que son fundamentales en el momento de realizar la formación. La mayoría de estas investigaciones apuestan a la formación de la conciencia ambiental para el desarrollo sostenible, aunque a este se le sigue apuntando en su significado básico expuesto desde la Cumbre de la Tierra en 1980 y no se le dan sentidos distintos, como por ejemplo la posibilidad de contribuir con la transformación del aparato ideológico que sustenta a la sociedad actual.

En menor proporción, otras investigaciones le apuestan al desarrollo de una ética ambiental que tiene un sentido social mucho más amplio que el de la conciencia. Con la propuesta de la ética ambiental se le atribuye al contexto y a la comunidad un significado más rico e imprescindible para cualquier acción formativa ambiental. En estas propuestas, se sugiere el rescate de saberes ancestrales y se apuesta por el diálogo entre culturas, pues la ética incluye una racionalidad compartida entre los colectivos, sus conocimientos, sus perspectivas y sus potencialidades, dando prioridad al respeto por la vida.

Asumir esta última postura en la formación ambiental universitaria, implica por un lado, dinamizar las rígidas estructuras académicas de nuestras universidades y por otro, hacer una crítica-participativa a los modelos ideológicos hegemónicos y dominantes. Se insiste aquí que aún no se reportan investigaciones que demuestren que las universidades en Iberoamérica hayan logrado este fin.

3) Lo didáctico en la formación ambiental universitaria

La didáctica en la formación ambiental escolar y particularmente en la formación universitaria, cuenta con pocos estudios o investigaciones que evidencien un avance relevante en este tema. En consecuencia, en el presente estudio fue necesario extraer –de manera casi inferencial– las posturas didácticas asumidas por los diversos autores analizados para lograr identificar las tendencias abordadas en las aulas universitarias. Para lograr un análisis relativamente completo, se clasifican las estrategias y/o modelos didácticos en las siguientes categorías: aquellas que proponen la multi, ínter y transdisciplinariedad para asumir la didáctica ambiental; las que apuestan a modelos que incluyen la resolución de problemas; las que intentan rescatar metodologías activas y




participativas, y las que no se centran en modelos específicos, sino que diversifican las estrategias y proponen múltiples opciones.

En la primera opción se encuentra la investigación desarrollada por Gomera (2008), en donde se propone que la didáctica ambiental debe estar orientada hacia las actividades de sensibilización que pueden trabajarse desde el punto de vista de la multidisciplinariedad. Por su parte Alfie (2002), asegura que se debe ir más allá de lo multidisciplinar para abordar estrategias desde la interdisciplinariedad. “En las ciencias ambientales y del desarrollo, la interdisciplinariedad es una necesidad obvia, todas las ciencias intervienen para aportar una visión de los problemas y plantear soluciones de manera objetiva” (Alfie, 2002, p. 88).

Para Sató (2001), la interdisciplinariedad debe ser entendida como lógica interna de construcción democrática que logra romper con el individualismo para incluirse en la lógica de lo común. Ratifican esta idea Ferrer y Fuentes (2006, P. 71), cuando afirman que en la formación ambiental universitaria “se deben usar […] metodologías interdisciplinarias que superen la fragmentación del conocimiento disciplinar” ya que estas permiten la interpretación contextualizada de la complejidad.

Incluso ya desde Estocolmo (1972), se planteaba la necesidad de realizar una educación interdisciplinaria tanto escolar como extraescolar. En la Conferencia de Belgrado (1975), se insistía en la interdisciplinariedad para la resolución de problemas y con un punto de vista histórico, y en la Conferencia interguernamental de Tbilisi (1977) también se proclamó la necesidad de una educación ambiental interdisciplinaria y global, que denotaba ya un giro importante en las tendencias didácticas del momento. Ferrer et al. (2004) lo ratifican afirmando que “la formación ambiental debe basarse en la interdisciplinariedad y en resolver problemas ambientales complejos. Debe superar lo disciplinar y basarse en el aprendizaje cooperativo” (Ferrer et al., 2004, p. 88).

En segunda instancia tenemos aquellas investigaciones que proponen el trabajo didáctico desde la resolución de problemas. De acuerdo con Gutiérrez y Priotto (2008), para lograr la conciencia ambiental, la estrategia didáctica por excelencia debe ser la resolución de problemas. Segun Parra (2002), la estrategia didáctica debe ser “la identificación de problemas, el análisis, la investigación y la formulación de políticas y prácticas de manejo de recursos naturales” (Parra, 2002, p. 209).

Autores como Martínez et al. (2007) proponen el trabajo didáctico a partir de ejemplos, explicaciones y prácticas, para lograr la resolución de problemas identificados por los mismos estudiantes. De acuerdo con Arrugaeta et al. (2008), el asunto didáctico de la resolución de problemas no debe circusnscribirse única y exclusivamente a la educación ambiental, sino que, en todas las asignaturas debe proponerse el desarrollo de estas habilidades. Afirman que “para el logro de la formación ambiental se deben incluir actividades diversas en las asignaturas de aula como análisis de problemas, explicar situaciones ambientales y conocer los impactos ambientales de productos que se utilizan en la vida diaria” (Arrugaeta et al., 2008, p. 27).

En estas tendencias didácticas es notable que la resolución de problemas se convierte en una prioridad para el trabajo en las aulas. No obstante y con excepción de los últimos autores citados, los demás no establecen una postura

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didáctica del trabajo por resolución de problemas, sus objetivos, sus estrategias y los retos que implica llevarlo a cabo.

En tercera instancia se ubican las tendencias didácticas que rescatan metodologías activas y participativas. Aquí se resaltan las que promueven la investigación-acción-participación, el desarrollo de talleres y el aprendizaje cooperativo. En estas se destaca el estudio de Herrero (2006), quien propone que la formación ambiental universitaria debe promover el trabajo cooperativo y de equipo que “establezca relaciones dialécticas entre el conocimiento académico y los saberes sociales y culturales” (Herrero, 2006, p. 36).

Para González (1996), es claro que los métodos activos y participativos deben ser los que guíen lo didáctico, esto es:

[…] a conseguir la cooperación de todas las disciplinas en esta enseñanza, buscando los principios básicos que permitan el tratamiento de los temas ambientales desde cualquier disciplina, y convirtiendo a alumnas y alumnos en agentes de su propio aprendizaje; lo que va a significar el cambio del papel del profesorado, que de poseer y transmitir el conocimiento pasa a gestionar el aprendizaje de alumnos y alumnas. (González, 1996, p. 33)

Para finalizar, se encuentran aquellos investigadores que proponen diversidad de estrategias sin centrarse en modelos específicos. Por ejemplo, Ferreira da Silva (2002) insiste en que no se puede hablar únicamente de transmisión de conocimientos, sino que deben tenerse en cuenta los fundamentos de la educación ambiental; García (2003), de alguna manera lo ratifica, diciendo que el modelo didáctico más adecuado para la formación ambiental será aquel que sea coherente con los objetivos de formación perseguidos.

Para Cánovas (2002), es necesario transformar los métodos tradicionales de transmisión de conocimientos por algunos que relacionen los conocimientos con la vida, cuando afirma:

Por otro lado la necesidad de la transformación de los métodos de enseñanza se basa en que la educación tradicional utiliza métodos expositivos, demasiado teóricos e ineficaces, según varios autores, para conseguir un cambio adecuado en los valores y en los hábitos de las personas. Para lograr este cambio no basta con transmitir conocimientos, es necesario que lo aprendido en clase sea transferido a su vida diaria, como dice Martín Molero (1998), que la educación sea para la vida. (Cánovas, 2002, p. 360)

Para el siguiente grupo de autores no existen métodos de una sola tendencia y por el contrario se inclinan por mencionar las actividades que podrían favorecer, desde la didáctica del aula, el cumplimiento de los propósitos de la formación ambiental.

Este es el caso de Brenes et al. (2002), quienes proponen estrategias como el aula virtual, el proyecto de investigación, la generación de conocimientos mediante la controversia, los mapas conceptuales, el trabajo comunal y la evaluación por portafolio. La investigación en didáctica de la educación ambiental se debe basar en validar estas estrategias didácticas para la formación ambiental en la universidad.

A manera de conclusión de este apartado, aunque se plantean estrategias didáticas con un planteamiento conceptual riguroso y sistemático como el caso




de la ínter o la transdisciplinariedad, así como propuestas de didáctica asociadas al modelo de resolución de problemas o enseñanza problémica, que develan el carácter investigativo para el abordaje de lo ambiental en las aulas universitarias, en ambos casos carecen de fundamentos teóricos suficientemente rigurosos que permitan desarrollar un modelo didáctico para la formación ambiental, que no sea prestado de la didáctica de las ciencias experimentales. Son discursos bien elaborados pero que no se materializan en estructuras didácticas concretas.

4) El currículo en la formación ambiental universitaria

Una vez revisados los propósitos de la formación ambiental en la educación superior, su intencionalidad pedagógica, conocimientos y mediaciones y las propuestas y los modelos didácticos, pasaremos a concluir con la mirada integradora de estos elementos y que se constituye de manera organizada y secuenciada en un currículo para la formación ambiental universitaria.

Para Gomera (2008), formular un currículo ambiental implica “[…] la introducción de contenidos y criterios ambientales y sostenibles en los planes de estudio para proporcionar a los estudiantes conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan desarrollarse profesionalmente con respecto al medio ambiente” (Gomera, 2008, p. 6).

Esta postura implica que todos los miembros de la comunidad educativa deben estar organizados en torno a las situaciones ambientales, de tal forma que se encuentren de manera participativa los mecanismos de trabajo interdisciplinar que permitan la mirada crítica hacia lo ambiental y las posibles soluciones innovadoras a las problemáticas que influyen en su institución y en su entorno. Así pues, Antonio Gomera, agrega que la ambientalización curricular:

[…] debe apostar por una formación integral y transversal del alumno, traspasando la línea del mero conocimiento hacia la enseñanza de las percepciones, las actitudes y la conducta: la educación ambiental debe ir más allá de la consideración de materia específica para constituir una competencia básica. (Gomera, 2008, p. 2)

Cánovas (2002) propone el trabajo multidisciplinar en la formación ambiental y argumenta que lo ambiental tiene la particularidad de necesitar de todas las disiciplinas por su complejidad; según Parra (2002), en Chile ha habido por lo menos dos tendencias, aquellas en las que se asume el tema de manera disciplinar (multidisciplinar) y muy cercano a la ecología y aquellas en la que se logra la interdisciplinariedad, en palabras del autor: “No es fácil la interdisciplinariedad pues, por lo menos en Chile, la estructura del sistema educativo actual es de un marcado reduccionismo y compartimentalización” (Parra, 2002, p. 210). Estos dos autores coinciden en establecer la importancia de mirar lo ambiental desde múltiples puntos de vista, pues se reconoce de entrada que no puede trabajarse la formación ambiental desde una sola disciplina, porque no existe una forma única de analizarlo y por lo tanto, tampoco dogmas materializados en disciplinas específicas del conocimiento científico.

Los avances en las investigaciones en pedagogía, didáctica y currículo, así como en la Teoría General de Sistemas (TGS), proporcionaron bases significativas para demostrar la importancia de traspasar la barrera de la multidisciplina como respuesta a la marcada complejidad de muchos fenómenos contemporáneos, como el de los problemas ambientales y la formación ambiental universitaria como una de las vías de solución.

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Así pues, se abre el camino de la llamada interdisciplinariedad a la cual se le han dado diversas definiciones y la cual varios autores reconocen también con diferentes acepciones. En este contexto autores como Ortiz y Nieto (2003), afirman que el énfasis en la formación ambiental debe hacerse en la constitución de programas de investigación interdisciplinares y dejar de lado la formación disciplinar para intentar abordar problemas complejos como los de las sociedades posmodernas.

Ferreira da Silva, por su parte, establece que la interdisciplinariedad en la educación ambiental debe hacerse, pues con ello se garantiza que se atraviese todo el currículo. El autor manifiesta que: “La educación ambiental debe realizarse integrando varias áreas del conocimiento, crear líneas y núcleos de investigación y extensión con los estudiantes” (Ferreira da Silva, 2002, p. 23).

Los autores que defienden la interdisciplinariedad, le dan diversidad de beneficios y ventajas a su utilización en la formación ambiental. Por ejemplo Novo (2009), afirma que la solución de los problemas ambientales actuales requiere de la capacitación y la formación en destrezas técnicas y científicas, para lo cual se requiere de una formación ambiental que ofrezca una visión sistémica del mundo y trate las situaciones de manera interdisciplinar.

Medellín et al. (1993) proponen que lo ambiental no puede ser una sola profesión, ni una sola disciplina. Plantean que la dimensión ambiental no puede darse con una asignatura sino que debe “transformar la misma concepción de la profesión, las metodologías y técnicas, la investigación y la aplicación […]” (Medellín et al., 1993, p. 3). Y continúan afirmando que el currículo universitario debe estar basado en la interdisciplinariedad y en la contextualización. En la universidad se requiere un “modelo curricular capaz de definir los aprendizajes integrados y concretarlos a través de objetos específicos de estudio, formas alternativas de organizarlos, de enseñarlos, de evaluarlos y de acreditarlos” (Medellín et al., 1993, p. 4).

Desde esta postura González (2009) propone la que se ha denominado “ambientalización curricular”. No se trata entonces de resolver problemas con distintos esquemas conceptuales y metodológicos disciplinares, sino de establecer la forma en la cual las disciplinas dejan de serlo para converger en cosmovisiones compartidas que permitan no solo dar solución a los problemas, sino generar transformaciones reales desde el mismo modo de conocer y concebir el mundo. Lograr estos presupuestos referidos a la ambientalización curricular, implica llevar a cabo mecanismos para la transversalidad de lo ambiental, de tal forma que con ello se produzcan mejores resultados en los procesos de formación de los estudiantes. Tal como lo mencionan Fernández y Velasco (2003, p. 379) : “Esta estrategia debe constituir un medio para conectar el aprendizaje de los contenidos curriculares con el aprendizaje de los procedimientos y estrategias, para aprender más y mejor los contenidos universitarios, así como hacerlo paulatinamente de manera más autónoma”.

La transversalidad se ha constituido como una de las principales estrategias en la calidad de la educación, ya que ha permitido el acercamiento entre la realidad social y la realidad educativa. Justamente por esta condición natural, es que el hecho de abordar problemas transversales en el currículo, permite que la formación de los estudiantes esté cada vez más cercana a lo que requiere la sociedad de los profesionales actuales. Esta premisa se basa en la posibilidad que ofrece la transversalidad curricular para incluir (no de manera “forzada” como




en algunos casos, equívocamente se ha interpretado) problemas, situaciones o contextos reales en las prácticas pedagógicas cotidianas, que permiten mantener a los estudiantes en constante contacto con la realidad circundante.

Es así como el currículo integrado reclama la participación de mucho más que métodos y puntos de vista disciplinares, para dar cabida a una visión menos fragmentada del mundo y que permita identificar corresponsabilidades tanto en los problemas como en las soluciones.

En una perspectiva teórica cercana a la anterior, se encuentra aquella que propone la formación ambiental en el marco de lo sistémico y lo complejo. Según Carrión (2002), la formación ambiental debe promover la transdisciplinariedad entre diferentes áreas independientemente de las titulaciones que ofrezca. Debe dársele una visión holística y compleja. Por su parte Puerto et al. (2010), afirman que el análisis del currículo universitario para la formación ambiental debe hacerse con base en el sistemismo y las relaciones complejas que promueve.

Autores como Vega et al. (2009, p. 31), defienden la visión sistémica y compleja del currículo para la formación ambiental cuando afirman que:

El currículo debe ser organizado desde la visión sistémica, la complejidad y la glocalización. Es, por tanto, una educación orientada a los procesos y al desarrollo de competencias y capacitación para la acción y toma de decisiones, frente a la simple orientación para el producto y los objetivos finalistas.

Así las cosas, la orientación curricular hacia la complejidad y hacia la sistematicidad cobra un sentido importante en cuanto a la posibilidad que brindan para la integración real universidad-sociedad. Tal y como lo expresa Herrero, la extensión universitaria debe ser vista como “el canal indispensable de integración entre la universidad y la sociedad, pues es a través de ella que se socializa con la comunidad lo que la universidad tiene más fuerte en docencia e investigación” (Herrero, 2006, p. 32).

Luego, un currículo para la formación ambiental formulado desde los preceptos de la complejidad no solo dará herramientas importantes para los futuros profesionales, sino que también brindará a la educación superior el vínculo que necesita con la comunidad, para que sus procesos formativos transciendan más allá de la vida universitaria.

Por último, se encuentran las tendencias –mucho más numerosas– a promover la inclusión de la dimensión ambiental o el tema ambiental como una asignatura dentro del plan de estudios.

Una mirada a la historia nos muestra cómo se ha promovido la formación ambiental desde la educación formal. En la Carta de Belgrado de 19754, se hace referencia a la importancia de incluir dicha formación desde el preescolar hasta la universidad y también en la formación de profesores. En Moscú 19875, se promueve la información, investigación y experimentación y adiestramiento a profesores de todos los niveles y sectores. En Talloires6 91, se apuesta porque las universidades movilicen recursos internos y externos para liderar el tema ambiental. Zabala y García expresan de esta manera lo que se promulgó en dicha reunión: “se deben fomentar [...] programas que produzcan expertos en gestión ambiental, en crecimiento económico sustentable, en población y en temas afines [...] sobre medio ambiente y responsabilidad ciudadana” (Zabala y García, 1998, p. 210). En Río 92, se trabajó acerca del pensamiento holístico e

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innovador en el currículo; en Salónica 1997, se propuso la interrelación de disciplinas científicas y en México 97, se promovió el vínculo desarrollo, turismo y recreación.

Durante las últimas cuatro décadas, los organimos internacionales han manifestado la importancia de la inclusión de la formación ambiental en los planes de estudio formal, pasando desde directrices generales y poco precisas hasta definir con exactitud lo que se quiere. No obstante, es importante notar que en ninguno de los casos citados se habla de la transformación del currículo para cumplir con las intenciones de formación ambiental en las personas, sino que se proponen medidas de acumulación de conocimientos y máxime de interrelación de los mismos, para que en la denominada “formación integral” de los estudiantes, no se deje de lado la dimensión ambiental. En estas conferencias, cumbres y reuniones, las intenciones se orientaron a la formulación de currículos y planes de estudio por parte de expertos basados en los lineamientos derivados de las políticas ínter y transnacionales.

En síntesis, aunque se cuenta con experiencias enriquecedoras de investigadores dirigidos a la innovación curricular, aún son muchos los procesos con tendencias hacia la visión fragmentada de la realidad, con currículos semejantes a planes de estudio y planes de estudio absolutamente disciplinares.

Así pues, se reclama a las instituciones de educación superior realizar un análisis profundo de sus currículos y adoptar posturas epistemológicas que incluyan la complejidad, la transversalidad y la integración, para responder a las necesidades reales de formación de los futuros profesionales y de las demandas de las sociedades, cada vez más urgentes.

CONCLUSIONES Y NOTAS PARA EL DEBATE

Las reflexiones que se presentan a continuación, consideran formas alternativas de concebir la formación ambiental en los currículos de la educación formal universitaria y en su gran mayoría, difieren de la revisión hecha en este documento sobre diferentes autores que han trabajado en esta temática. Inicialmente se parte de cuatro premisas fundamentales complementarias entre sí y se convierten en posibilidad real de “dar forma” a las intenciones de constituir comunidades y personas que, libres de visiones impuestas, aporten miradas divergentes y críticas a los modelos ideológicos hegemónicos y dominantes.

Estas cuatro premisas son: a) lo ambiental como forma de vida, b) la pedagogía con postulados críticos, c) la didáctica de la transformación y d) el currículo de la emancipación. A continuación, se desarrollarán brevemente estas premisas.

En primer lugar, la concepción e idealización del mundo que tenemos tanto individuos como colectivos, definen nuestras formas de asumir determinadas acciones, comportamientos, decisiones y modos de pensar, hacer, decir o callar. Estas formas particulares de interpretar el acontecer y el pasar del tiempo a través de lo que perciben nuestros sentidos, se pueden definir como “formas de vivir” o formas de vida. Las formas de vida que asumimos en los contextos en los que transcurren nuestras experiencias, suelen ser conscientes hasta determinado punto: el punto hasta el que somos capaces de reflexionar sobre lo que hacemos y/o dejamos de hacer. Este punto, denominado por algunos




autores conciencia reflexiva en asocio con un lenguaje simbólico, suele diferenciarnos de las demás especies.

Cuando hablamos de lo ambiental como forma de vida, estamos asumiendo explícita y conscientemente unas formas culturales que nos identifican y nos permiten mantener, reproducir o transformar los sistemas en los que nos desarrollamos. Es así como podemos tener una visión ambiental del mundo desde la cual lo importante y fundamental sea la utlización de la naturaleza para bien del hombre u otra desde la cual, los seres humanos nos consideremos suficientemente parte de ella como para intentar comprenderla ni explicarla, no para dominarla y explotarla sino para volver a vivir en armonía dentro de sus redes. Un planeta limitado en sus materiales y una especie humana limitada en su naturaleza biológica no deja otra opción. Podemos soñar sin límites, pero solo podemos alimentarnos de lo que la biosfera nos ofrece.

No se trata de un biocentrismo exacerbado como en algunos momentos ha identificado a los movimientos ambientalistas, sino de una posición –urgentemente– equitativa con la tierra, sus especies y sus condiciones. Entonces, lo ambiental como forma de vida implica necesariamente una postura de igualdad, confianza, respeto y bidireccionalidad con todos los elementos del entorno.

Lo ambiental como forma de vida implica una cultura que responda a los condicionamientos de lo local y por tanto no asume de manera acrítica lo que se impone desde otros contextos. Así, para nuestras poblaciones de América Latina y el Caribe se reclama revisar críticamente lo impuesto por los países del Norte que tradicionalmente han dado “las orientaciones” desde las cuales debemos comprendernos en América Latina y el Caribe.

Con más razón, siendo la universidad centros de producción del conocimiento es la institución llamada a ejercer el liderazgo en esa construcción. Infortunadamente, la mayoría de nuestras instituciones universitarias desde su concepción y nacimiento han seguido estas “orientaciones” impuestas desde fuera que no permiten desarrollar culturas de formación ambiental endógena y posibilidades de autodeterminación. Así las cosas, la educación superior y la formación ambiental que en ellas se hace, se mantiene en un alto porcentaje dominada por paradigmas tradicionales de subordinación que no permiten la crítica, la reflexión y por ende, la transformación.

A esa necesidad de transformación atiende nuestro segundo postulado: la pedagogía crítica. En la transformación freiriana7 del mundo no se enseña nada a nadie, tan solo se conoce lo que colectivamente se interpreta. Y aquí se teje la trama de la pedagogía crítica ambiental: la formación ambiental es el fruto de aquellos acuerdos culturales que se instauran, primero en una sociedad, y luego en una institución particular de la sociedad como, en este caso, la universidad.

Esto significa que la formación ambiental apuesta por la comprensión del mundo presente y continuo, para identificar oprimidos y opresores8, injusticias y delincuentes, mentiras y mentirosos, violencia y agresores, y debe enseñar a identificar la historia oficial como cuento interesado. Es aquí en donde la pedagogía crítica ayuda a la práctica de la libertad: de pensamiento, palabra, obra y omisión.

Es por eso que, en la formación ambiental universitaria el seguimiento de la pedagogía crítica es asumir que existe otro mundo posible, otra forma de producir el conocimiento, otras formas de validarlo y otras formas de construir la

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realidad tal vez sin perder de vista su único objetivo: el ser humano en la biosfera. Por ello, cobra una relevancia vital el conocimiento cotidiano para comprender el mundo desde la construcción social de sentido, dándole una dimensión cultural al conocimiento científico e instaurando dentro de sí su poder político.

En el enfoque de la pedagogía ambiental crítica, se redimensiona el conocimiento cultural de los fenómenos y se revaloriza la solidaridad en la práctica pedagógica. Desde estos postulados se privilegia la interculturalidad como garantía de inclusión y la ciudadanía (global-local) en el ejercicio de una verdadera democracia.

No obstante, el enfoque pedagógico no puede estar desligado de un postulado didáctico claro y consecuente con este. Es por esto que la didáctica de la transformación se convierte en nuestro tercer postulado. Cuando hablamos de transformación nos referimos no solamente al cambio, que lleva implícito la palabra, sino a la posibilidad de generar un enorme valor por la vida en cualquiera de sus manifestaciones, individual, colectiva o ecosistémica.

Esto significa entonces, que la didáctica no se reduce al “método para enseñar”, sino a una verdadera forma de ver la vida para comprender que la práctica pedagógica está atravesada por un sinnúmero de acciones conscientes e inconscientes que pueden o no llevar a empoderar a las personas y las colectividades para construir sus propias realidades desde su propio sentir, su propio pensar su propio hacer.

La apuesta por la didáctica de la transformación hace que el docente comprenda que la formación ambiental universitaria va mucho más allá de la resolución de problemas ambientales y que, en lugar de eso, genera una interiorización de valores a favor de la sustentabilidad de la vida, que se convierte en el principal resultado de su labor.

En correspondencia con esto, esta apuesta epistemológica concibe al conocimiento en su sentido más político y lo vincula a los significados culturales como mecanismo y criterio de verdad. Sus estrategias más usadas son el diálogo-conflicto, la participación (real) de las comunidades en la toma de decisiones y como forma de lograr la interconexión global-local.

Gracias a la didáctica de la transformación, la formación ambiental universitaria será contestataria y contradictora del modelo socio-económico capitalista y neoliberal, por ser causa ya suficientemente comprobada de la crisis general que afecta a la humanidad, y se posicionará como una alternativa a la práctica mecanicista y tradicional de acumulación de información y adoctrinamiento en las aulas.

Y por último, el cuarto postulado con el que terminan estas ideas para la discusión: el currículo de la emancipación. El significado de la palabra emancipar, desde el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es “liberarse de cualquier clase de subordinación o dependencia”; definición que puede vincularse muy bien con el significado de la palabra currículo, como recorrido que se realiza para cumplir un objetivo.

Si vinculamos las dos definiciones anteriores, el currículo se convertiría en una verdadera práctica para la liberación de la deformación a la que hemos estado sometidos durante varios siglos en las escuelas tradicionales. Desde esta




práctica emancipatoria estaríamos obligados a asumir nuestra propia formación de manera autónoma y responsable, para que al fin, lográramos dignificar nuestra coexistencia planetaria con las demás especies.

Cuando hablamos del currículo ambiental de la emancipación, emprendemos la senda del abandono de la rigidez de las estructuras académicas universitarias, de la disciplinariedad, de las jerarquías, de las prácticas educativas empresariales, de ver a quien aprende como un cliente que consume un servicio llamado “calidad educativa” y de negociar la formación bajo la lógica y las leyes del mercado.

Así pues, el currículo de la emancipación fundamenta sus principios en la solidaridad para la esperanza, en la estructura social de red en la cual no hay personas más importantes que otras, no hay culturas más importantes que otras, no hay especies más importantes que otras y sí una gran diversidad vital de la cual todos podemos aprender pero a condición de partir de la autodeterminación de las comunidades y la confianza en la generación de otro mundo posible desde la utopía.

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1. Licenciada en Química. Esp. Gestión y Evaluación Curricular. Esp. Aprendizaje Autónomo. M.Sc. Educación para la Integración y el Desarrollo Humano y Sostenible en América Latina y el Caribe, Universidad de Valladolid (España). Doctora en Educación para la Integración y el Desarrollo Humano y Sostenible en América Latina y el Caribe, Universidad de Valladolid (España). Docente-Investigadora Grupo de Investigación CONCIENCIA, Universidad Antonio Nariño. Decana Facultad de Educación, Universidad Antonio Nariño. Bogotá, Colombia. [email protected]

2. Biólogo, Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Docencia Universitaria, Universidad de La Salle. Docente-Investigador Grupo de Investigación CONCIENCIA, Universidad Antonio Nariño. Bogotá, Colombia. [email protected]

3. A propósito, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), hace la siguiente distinción: “La educación ambiental es considerada como aquella que, de cara al gran público, se mueve tanto en

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el campo escolar como en el extraescolar, para proporcionar, en todos los niveles y a cualquier edad, unas bases de información y toma de conciencia que desemboquen en conductas activas de uso correcto del medio […]. La formación ambiental es comprendida, en el ámbito del PNUMA, como una educación ambiental especializada en cuanto que se dirige a un grupo restringido de profesionales (ingenieros, urbanistas, economistas, etc.), los altos funcionarios y, en general, los planificadores y gestores que tienen a su cargo la elaboración de las grandes directrices políticas y la toma de decisiones. El término ‘formación’ sería, en este caso, equiparable al de ‘capacitación’, pues el objetivo último que persigue el Programa gira no tanto sobre motivaciones personalistas (el desarrollo de la conducta personal de individuos concretos), sino que, siendo ésta una condición necesaria pero no suficiente, las metas del proceso concluyen en la toma de decisiones de alcance general. Es decir, se busca capacitar a un sector de la población no en cuanto que individuos aislados, sino atendiendo al puesto que ocupa en la sociedad (gestores, responsables de altas decisiones, planificadores, etc.). Y se les capacita ‘para’ una actuación social de alta incidencia sobre el colectivo humano al que pertenecen” (Novo, 2009, p. 38).

4. El Seminario Internacional de Belgrado en 1975, tenía como objetivo establecer una estructura global para la educación ambiental que se consolidó en lo que más tarde se denominó la Carta de Belgrado, en donde se establecieron los objetivos, fines, metas y directrices básicas de los programas de educación ambiental.

5. En el año de 1987 en Moscú se llevó a cabo un Congreso Internacional sobre la Educación y la Formación Ambiental que fue preparado por la Secretaría de la UNESCO en colaboración con la Secretaría general del PNUMA, en donde se buscó garantizar y poner de manifiesto algunas necesidades y prioridades del desarrollo de la educación y formación ambientales.

6. En Talloires, Francia, en el año de 1991 se realiza la declaración de líderes de Universidades para un futuro sostenible.

7. Referida a la pedagogía de Paulo Freire. 8. En el sentido de Paulo Freire. Pedagogía del oprimido (1970).

Para citar este artículo: Molano-Niño, A.C., Herrera-Romero, J.F. (2014). La formación ambiental en la educación superior: una revisión necesaria. Revista Luna Azul, 39, 186-206. Recuperado de http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=955




CONFLICTOS TERRITORIALES Y PATRIMONIALES EN “EL PESEBRE DE ORO DE COLOMBIA”1

Carolina Arias Hurtado2

Recibido el 06 de marzo de 2013 y aprobado el 22 de enero de 2014, , actualizado el 11 junio de 2014

RESUMEN

El artículo presenta los resultados de la investigación realizada durante los dos últimos años: “¿Neo-extractivismo o desarrollo local? Conflictos territoriales y patrimoniales en el pueblo minero de Marmato (Colombia)”3, que tuvo como objetivo analizar los conflictos en torno al manejo del territorio y el patrimonio entre la visión de desarrollo neo-extractivista promovida por agentes transnacionales-gubernamentales frente a la visión de desarrollo local de los agentes comunitarios. Para tal efecto, se tuvo como referentes teóricos los conceptos y procesos sociales de “territorio”, “cultura”, “patrimonio” y “desarrollo” como un derecho social; y como enfoque metodológico la “teoría de los campos” de Pierre Bourdieu, que propone un modelo analítico a partir de dos momentos: momento diacrónico u objetividad del primer orden y momento sincrónico u objetividad del segundo orden.

Para legitimar la visión de desarrollo neo-extractivista los agentes transnacionales y gubernamentales han elaborado y puesto en práctica diversos discursos y estrategias conservadoras en torno a la illusio o idea de que el crecimiento económico y el desarrollo sostenible solo puede ser efectuado por capital privado y transnacional. No obstante, los agentes comunitarios también han generado discursos y estrategias de resistencia desde abajo en defensa del territorio, el patrimonio cultural y la visión de desarrollo local basada en la minería tradicional, con el apoyo de diversos sectores sociales. Pero los conflictos territoriales y patrimoniales además de enfrentar dos visiones de desarrollo, están enfrentado a diferentes agentes sociales, dotados con capitales e intereses diversos, quienes compiten por la forma legítima de autoridad específica para conservar o transformar el orden actual en Marmato.

Finalmente, se sugiere que los conflictos territoriales y patrimoniales en torno al desarrollo podrían constituirse en un campo, de acuerdo con los postulados del sociólogo francés Pierre Bourdieu, con características del campo político.

PALABRAS CLAVE

Conflictos, neo-extractivismo, desarrollo local, Marmato.

TERRITORIAL AND PATRIMONIAL CONFLICTS IN MARMATO “THE GOLD MANGER IN COLOMBIA”

ABSTRACT

This paper shows the results of a two years investigation named “Neo-extractivism or local development? Territorial and patrimonial conflicts in the minning town of Marmato (Colombia)”, which had the objective of analyzing conflicts related to territory and patrimony management between the neo-extractivist development viewpoint promoted by transnational-governmental agents and the local development viewpoint promoted by community agents. For

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this end, concepts and social processes of “territory”, “culture”, “patrimony”,and “development” as a social right were taken as theoretical referents. As methodological approach Pierre Bordieu’s “field theory” that proposes an analytical model from two moments: diachronic moment or objectivity of first-order, and synchronic moment or objectivity of second-order was used.

To legitimate the neo-extractivist development viewpoint, the transnational-governmental agents have developed and implemented different speeches and conservative strategies around the illusion or idea that economic development and sustainable development only can be led by private and transnational capital. However, community agents have also developed speeches and resistance strategies from the people in defense of their territory, cultural heritage and local development viewpoint based on traditional mining with the support of different social sectors. But territorial and patrimonial conflicts in addition to facing two visons of development are facing different social agents with different capitals and interests, who compete for the legal authority to preserve or transform the current order in Marmato.

Finally, it is suggested that territorial and patrimonial disputes around development, could be established, according to the postulates of the French sociologist Pierre Bordieu, as a field with the characteristics of a political field.

KEY WORDS

Conflicts, neo-extractivism, local development, Marmato.

INTRODUCCIÓN

Marmato: “Aquel pueblo minero de abrupto panorama

anclado en la inmensa cañada y circundado por ásperos cerros; allí el conjunto del caserío ofrece la curiosa apariencia

de un enorme pesebre de Navidad” (Gregorio Sánchez, La bruja de las minas, 1947)




América Latina ha enfrentado durante las últimas décadas los rigores del modelo de desarrollo neo-extractivista ligado al control, explotación y exportación del patrimonio natural a través de los megaproyectos transnacionales, con el consecuente incremento de las brechas y desigualdades sociales existentes, así como de las asimetrías económicas: “Doce de los veinticinco Estados más dependientes de minerales del mundo fueron clasificados por el Banco Mundial como ‘países pobres altamente endeudados’” (Carrere, 2004, p.19).

Frente a este panorama el caso colombiano no es una excepción, aunque presenta algunas particularidades asociadas con la importancia del país para la proyección de los intereses norteamericanos en la región, la persistencia del conflicto armado y social, los rasgos autoritarios de los sucesivos gobiernos para dar curso a la implementación de dicho modelo, entre otros factores. En consecuencia, los megaproyectos transnacionales mineros han sido declarados como la principal “locomotora de desarrollo” en Colombia.

Es así como en el contexto del Eje Cafetero colombiano, declarado “Paisaje Cultural Cafetero - Patrimonio de la humanidad”, 11 municipios integran los distritos mineros para el desarrollo de megaproyectos transnacionales (UPME, 2005). Entre dichos distritos se encuentra el municipio de Marmato (Caldas), conocido también como “El pesebre de oro de Colombia” (ver Figura 2), donde sus habitantes han practicado la minería tradicional de oro, base de la historia, la cultura, el patrimonio y la economía; por tanto, de la visión de desarrollo local.

Pero el oro que se encuentra entre las montañas del municipio, explotado por los marmateños de manera tradicional de acuerdo con su visión de desarrollo local, hoy se constituye en un “recurso” de interés para el desarrollo de un megaproyecto de minería a cielo abierto liderado por la transnacional Gran Colombia Gold Corp., con el apoyo del gobierno colombiano.

No obstante, el modelo de desarrollo neo-extractivista y el interés por el control de minerales estratégicos como el oro ha creado condiciones para que los agentes comunitarios generen procesos de resistencia cultural, como los organizados en la Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato y el Comité

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Cívico Prodefensa de Marmato, con el apoyo de diversos sectores sociales de Colombia y el mundo que actúan como grupos de presión.

Procesos de resistencia en defensa del territorio, el patrimonio cultural y la visión de desarrollo local en torno a la minería tradicional:

[…] desde el sentido de pertenencia a partir de las lecturas que se contraponen a la lógica dominante y que refieren al territorio como una totalidad a la cual los sujetos pertenecen, en las que la tierra no es solo un recurso sino que se traduce en un ámbito de relación donde tierra y humano se funden. (Sturich y Kuntek, 2008, p.12)

En suma, la implementación del modelo de desarrollo neo-extractivista y la defensa del modelo de desarrollo local se constituyen en los factores integrantes de los conflictos territoriales y patrimoniales en el municipio de Marmato entre agentes transnacionales y gubernamentales frente a agentes comunitarios y grupos de presión, para quienes los conceptos y procesos sociales de “territorio”, “cultura”, “patrimonio” y “desarrollo” son diametralmente opuestos.

En este contexto surgió la siguiente pregunta que orientó el proceso de investigación: ¿Por qué en el municipio de Marmato (Colombia) se están generando conflictos territoriales y patrimoniales entre la visión de desarrollo neo-extractivista frente a la visión de desarrollo local? Para tal efecto se identificaron los discursos y estrategias, por un lado, de los agentes transnacionales y gubernamentales para legitimar su visión de desarrollo neo-extractivista y el megaproyecto minero (primer objetivo); y, por otro lado, de los agentes comunitarios para legitimar su visión de desarrollo local y defensa de la minería tradicional (segundo objetivo). Por último, se construyó el espacio social de los conflictos territoriales y patrimoniales en el territorio de estudio (tercer objetivo).

En virtud de lo anterior, la investigación “¿Neo-extractivismo o desarrollo local? Conflictos territoriales y patrimoniales en el pueblo minero de Marmato (Colombia)” tuvo como referentes teóricos los conceptos y procesos sociales de “territorio”, “cultura”, “patrimonio” y “desarrollo” como un derecho social; y como enfoque metodológico la “teoría de los campos” que exigió emplear técnicas de investigación cualitativas, cuantitativas y mixtas.




El territorio, como construcción social y dimensión espacio-temporal, integra espacios geográficos o configuraciones territoriales (Santos, 2000) y espacios sociales o sistemas de diferencias y posiciones de los agentes sociales (Bourdieu, 1990). Por tanto, es el escenario de procesos de continua producción y transformación desde la representación y la acción o desde el habitus y la cultura (Giménez, 2005). De acuerdo con Lefebvre (1974), el territorio es además objeto de dimensiones simbólicas y un escenario de intereses y confrontaciones ideológicas. Por esta razón, el territorio es fuente y objetivo de conflictos en las nuevas geopolíticas mundiales que ponen en contacto no solo lo local y lo global sino también las relaciones de poder (Santos, 2000).

Por lo tanto, la cultura y el patrimonio, como concepción del mundo y conjunto de significados que subyacen a las prácticas sociales, deben situarse siempre en un territorio y no pueden pensarse “haciendo abstracción de las relaciones de poder que atraviesan esas prácticas” (Hopenhayn, 2005, p.5); pues en torno a la cultura y el patrimonio de territorios como Marmato se libran conflictos decisivos en el actual contexto de la globalización. Conflictos que transforman expresiones culturales sobre las cuales tradicionalmente se ha construido el desarrollo como discurso geopolítico y régimen de representación, responsable de colonizar y moldear ineluctablemente toda concepción de la realidad y la acción social desde la segunda mitad del siglo XX (Escobar, 1998).

Es así como la cultura y el patrimonio empiezan a redefinir su papel frente al desarrollo “de una manera más activa, variada y compleja […] Ya la cultura no es lo valiosamente accesorio, el ‘cadáver exquisito’ que se agrega a los temas duros del desarrollo” (Rey, 2009, p.2). No son un medio para el desarrollo sino un fin “que no será realizado sino a condición de modificar radicalmente el modelo de ‘desarrollo’ basado en la lógica del mercado” (Rist, 1999, p.19).

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De esta manera, en contextos como el municipio de Marmato no se puede eludir el papel que desempeña la cultura y el patrimonio en las relaciones hegemónicas y contra-hegemónicas (entre lo global y local), al estar socialmente condicionados y al constituir un factor condicionante que influye sobre las dimensiones económicas, políticas, sociales y ecológicas; por ende, en los conflictos territoriales y patrimoniales.

En este sentido, teniendo como premisa que deben ser los conflictos territoriales particulares requisitos ineludibles para orientar las elecciones metodológicas más pertinentes, la investigación tuvo como enfoque metodológico la teoría de los campos del sociólogo francés Pierre Bourdieu4, que exigió emplear técnicas de investigación cualitativas, cuantitativas y mixtas.

Para la aprehensión diacrónica y sincrónica del mundo social y las relaciones de poder Bourdieu desarrolla la categoría de campo, como un conjunto de relaciones objetivas e históricas entre posiciones dominadas y dominantes ancladas a ciertas formas de poder (o capital) (Bourdieu y Wacquant, 2008); como un espacio de luchas simbólicas donde se despliegan estrategias de conservación y subversión “que oponen a los agentes en cuanto al sentido del mundo social y de su posición en ese mundo, de su identidad social” (Bourdieu, 1990, p.290).

De acuerdo con Vázquez (2002, p.129): “Bourdieu caracteriza los campos como filtros, como ‘prismas’ que refractan, según su estructura propia, tanto los acontecimientos de la historia política y social como lo relacionado con la posición de los agentes en el espacio de las clases y las fracciones de clases”, gracias a los recursos o capitales acumulados por dichos agentes a lo largo del tiempo. De este modo, la estructura del campo es un estado de las relaciones de fuerzas entre agentes que intervienen en la lucha por un recurso específico que es el fundamento del poder o de la autoridad característica de dicho campo (Bourdieu, 1990).

Es necesario precisar que el análisis desde la teoría de los campos se fundamenta en la teoría de los capitales o recursos objeto de luchas que dinamizan el mundo social, como:

[…] trabajo acumulado (en su forma materializada o en su forma ‘incorporada’, encarnada) que, de resultar apropiado de forma privada, es decir, exclusiva, por agentes o grupos de agentes, los habilita para apropiarse de la energía social bajo la forma de trabajo reificado o viviente. (Bourdieu, 1986, p.241)

Pero también son disposiciones incorporadas en forma de habitus, como instancia mediadora entre las estructuras objetivas y la conciencia subjetiva, adquiridos social e históricamente como una realidad colectiva que existe en forma individualizada como cultura interiorizada (Vázquez, 2002).

De esta manera, existen cuatro formas capital que generan, de acuerdo a su posesión o no, una distinción jerárquica en el espacio social entre los diferentes agentes sociales: El capital cultural, el capital económico, el capital social y el capital simbólico. Asociada con las cuatro formas de capital, la teoría de los campos apela por la categoría de agentes sociales y clases sociales y fracciones de clase. En lugar de las categorías de actor social, propio de tendencias funcionalistas, o de sujetos sociales, pertenecientes a versiones fenomenológicas y comprensivas de los estudios socioculturales, la teoría de los campos prefiere hablar de agentes sociales quienes constituyen sus acciones a partir de sus habitus (Cubillos, 2012).




Por su parte, la clase social, como una “clase sobre el papel”, está constituida por el:

[…] conjunto de agentes que se encuentran situados en unas condiciones de existencia homogéneas que imponen unos condicionamientos homogéneos y producen unos sistemas de disposiciones homogéneas, apropiadas para engendrar unas prácticas semejantes, y que poseen un conjunto de propiedades comunes, propiedades objetivadas, a veces garantizadas jurídicamente (como la posesión de bienes o de poderes) o incorporadas, como los habitus de clase (y, en particular, los sistemas de esquemas clasificadores). (Bourdieu, 1999, p.100)

Los esquemas generadores de habitus permiten a los agentes construir el mundo social de un modo distinto según la clase, como una “clase sobre el papel”, pero a su vez son el resultado de la incorporación de las propias estructuras sociales y sus divisiones que pueden ser de dos tipos: la primera, ubicada en la división del trabajo separa a dominantes y a dominados; la segunda, asentada en la división del trabajo de dominación enfrenta a los ricos en poder material (capital económico) y los ricos en poder espiritual (capital cultural). En este marco, las diferencias objetivas de posición, “clases sobre el papel”, se traducen en diferencias de disposición, en luchas por imponer sistemas de clasificación, por hacer surgir identidades políticamente activas, “clases reales” (Vázquez, 2002).

De acuerdo con lo expuesto, la investigación se realizó a partir de los dos momentos propuestos por el enfoque metodológico de la teoría de los campos, en coherencia con los objetivos específicos:

En el primer momento –diacrónico– se analizó estructuralmente la posición del mundo social frente al campo del poder, a partir de la identificación de los discursos y estrategias, por un lado, de los agentes transnacionales y gubernamentales para legitimar su visión de desarrollo neo-extractivista y el megaproyecto minero (primer objetivo); y, por otro lado, de los agentes comunitarios para legitimar su visión de desarrollo local y defensa de la minería tradicional (segundo objetivo).

En el segundo momento –sincrónico– se analizó relacionalmente las posiciones, tomas de posición y relaciones de poder entre los agentes sociales y las fracciones de clase, a partir de la construcción del espacio social de los conflictos territoriales y patrimoniales (tercer objetivo).

NEO-EXTRACTIVISMO: AGENTES TRANSNACIONALES Y GUBERNAMENTALES

Para legitimar la visión de desarrollo neo-extractivista y el megaproyecto de minería a cielo abierto en Marmato los agentes transnacionales, representados actualmente por la Gran Colombia Gold Corp.5, y los agentes gubernamentales desde el contexto nacional hasta el municipal, han elaborado y puesto en práctica diversos discursos y estrategias en torno a la illusio6 o idea de que el crecimiento económico y el desarrollo sostenible en el municipio solo puede ser efectuado por capital privado y transnacional.

Los discursos de estos agentes sociales, “como formaciones simbólicas diseñadas alrededor de ideales políticos […] que ocupan una posición hegemónica en los sistemas de poder” (Peet, 2002 citado por Sánchez, 2008,

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p.10), han estado directamente asociados con los discursos ideológicos sobre el territorio, la planificación y el desarrollo promovidos con el Consenso de Washington por las instituciones financieras y las agencias internacionales de desarrollo. De esta manera, se “delegó” al sector privado y transnacional la generación de crecimiento económico en nuestro continente sobre la base del neo-extractivismo, en el marco de una nueva geopolítica mundial en la cual países como Colombia son fundamentales, no solo por su estratégica ubicación sino también por los rasgos autoritarios de los sucesivos gobiernos para dar curso a la implementación de dicho modelo de desarrollo.

En este sentido, los discursos de los agentes transnacionales y gubernamentales para legitimar la visión de desarrollo y el megaproyecto minero en el municipio de Marmato se han materializado en la siguiente normatividad e instrumentos de política, como condicionamientos estructurales y mecanismos de reproducción social (Bourdieu y Wacquant, 2008) desde la última década del siglo XX:

Proyecto Mesoamérica para la Integración y el Desarrollo y Proyecto de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana –IIRSA–. Han promovido la modernización de la infraestructura en América Latina, incluyendo los megaproyectos transnacionales, y determinado la agenda pública de Colombia en los últimos años.

Planes Nacionales de Desarrollo, cobrando especial relevancia en los tres últimos períodos de gobierno con los Planes “Hacia un Estado Comunitario” (2002-2006), “Estado Comunitario Desarrollo para Todos” (2006-2010) y “Prosperidad para todos” (2010-2014). Han trabajado en procura de establecer un gobierno de “tercera vía”, implementado políticas de competitividad bajo el liderazgo del sector privado y transnacional como los únicos agentes “con alto potencial de impulsar el crecimiento económico del país en los próximos años […] en una economía emergente y atractiva para la inversión […] bajo los principios del desarrollo sostenible” (DNP, 2010, p.16). Asimismo, han reducido considerablemente la inversión social por parte del Estado y declarado a la gran minería como la principal “locomotora” de desarrollo.

Políticas nacionales para el sector minero, tales como el Documento CONPES 2898 “Estrategias para el Fortalecimiento del Sector Minero Colombiano”, la Ley 685 de 2001 o Código Minero y “Colombia País Minero - Plan Nacional para el Desarrollo Minero Visión al año 2019”. A través de estas políticas el Estado ha incentivado en forma eficaz y contundente la inversión privada, con prelación del capital transnacional, desconociendo la configuración histórica y cultural del territorio colombiano donde prevalece la minería tradicional, ahora declarada como minería ilegal; negando el derecho de las comunidades a la consulta previa e informada; contraponiendo los intereses del sector de la gran minería a las necesidades de ordenamiento territorial del país; entre otros aspectos.

Políticas nacionales de competitividad como “Visión Colombia II Centenario 2019” y “Agenda Interna para la Productividad y Competitividad”. Las cuales determinaron que “la iniciativa privada es la única fuerza capaz de generar y fomentar el desarrollo minero del país” (DNP, 2005, p.15).

Políticas nacionales en materia de seguridad como el “Plan Colombia” y la “Política de Defensa y Seguridad Democrática”. Han tenido como objetivos garantizar la confianza de inversionistas privados y transnacionales en el sector minero.

Instrumentos regionales como el “Distrito Minero de Marmato”, la “Agenda Interna para la Productividad y Competitividad de Caldas” y el Plan Departamental de Desarrollo 2008-2011 “Para hacer de Caldas nuestra




mejor empresa”. Han estado orientados a la consolidación del sector minero con prioridad para inversionistas privados y han fortalecido la idea de que las comunidades mineras tradicionales son in-competitivas para los intereses del sector y la nación.

Instrumentos municipales como el Plan municipal de Desarrollo 2012-2015 “Marmato hacia la prosperidad integral” y los Esquemas Básicos de Ordenamiento Territorial para el municipio de Marmato. Han servido de plataforma para promover la inversión transnacional en contravía de los intereses de la comunidad.

De este modo, como lo plantea Guimarães (1994, p.46): “El recetario continúa obedeciendo a la farmacopea neoliberal, y sigue incluyendo los programas de ajuste estructural, de reducción del gasto público y de mayor apertura en relación al comercio y a las inversiones extranjeras”. Para tal efecto, los discursos de los agentes transnacionales y gubernamentales se justifican desde el discurso de la sostenibilidad que:

[…] busca inscribir las políticas […] en las vías de ajuste que aportaría la economía neoliberal a la solución de los procesos de degradación ambiental y al uso racional de los recursos ambientales; al mismo tiempo, responde a la necesidad de legitimar a la economía de mercado, que en su movimiento inercial resiste el estallido que le está predestinado por su propia ingravidez mecanicista […] Estas estrategias de capitalización de la naturaleza han penetrado el discurso oficial de las políticas y de sus instrumentos legales y normativos. (Leff, 2008, p.110)

Por su parte las estrategias, como líneas de acción objetivamente orientadas que conforman patrones coherentes y socialmente inteligibles, han servido a los agentes transnacionales y gubernamentales para salvaguardar o mejorar su posición e imponer principios de jerarquización más favorables para su visión de desarrollo (Bourdieu y Wacquant, 2008) y el megaproyecto minero en el municipio de Marmato.

De este modo, las estrategias desplegadas por los agentes transnacionales y gubernamentales han operado desde diferentes ámbitos y contextos, como a continuación se observa:

La creación de “mantos de legitimidad” mediante los cuales las transnacionales se presentan como sectores promotores del desarrollo sostenible y la responsabilidad ambiental empresarial, a partir de códigos de comportamiento avalados por la banca multilateral y otras instituciones que hacen de juez y parte.

La intervención del gobierno canadiense en la políticas del sector minero del país, como es el caso del Canadian International Development Agency –CIDA–, el Canadian Energy Research Institute –CERI– y el International Resources Investment Corporation –IRIC–, encargados de adecuar las leyes colombianas a los intereses de las transnacionales.

El despliegue mediático durante la última década promovido y financiado por las transnacionales y el gobierno colombiano en torno al panorama minero del país que quieren presentar.

La manipulación de la situación real de riesgo del centro histórico de Marmato para justificar el destierro tanto de la comunidad como de los mineros tradicionales y dar paso al establecimiento del megaproyecto de minería a cielo abierto; lo cual ha estado acompañado del uso de la violencia simbólica legítima por parte del gobierno nacional para decretar la situación de calamidad pública en varias ocasiones.

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La presentación del traslado del centro histórico de Marmato como algo inminente a través de un gran despliegue mediático a nivel nacional; paralelamente, el uso del capital económico de la transnacional para intimidar a mineros y habitantes al ofrecer cuantiosas sumas de dinero por las minas y las viviendas, así como algunos empleos para las actividades adelantadas en la fase de exploración del megaproyecto.

El desconocimiento de la declaratoria de Marmato como Monumento Histórico Nacional realizada en el año 1982 y los estudios realizados por el Ministerio de Cultura con base en dicha declaratoria.

El desconocimiento del derecho a la consulta previa e informada de la comunidad de Marmato, integrada por población indígena, afrodescendiente y mestiza.

Las actuales labores de exploración por parte de la Gran Colombia Gold Corp. que han implicado perforaciones desde la zona baja hacia la zona alta, lo cual podría ocasionar que el centro histórico de Marmato, ubicado en la zona alta, pueda quedar parado sobre un abismo subterráneo y crear un desastre geológico para manejarlo mediáticamente.

La contratación de funcionarios públicos por parte de la Gran Colombia Gold Corp., entre los cuales se encuentra un exministro de Minas, quien participó en la elaboración de la normatividad del sector minero durante los últimos años.

La manipulación de la información real acerca del megaproyecto de minería a cielo abierto de la Gran Colombia Gold Corp., el cual implicaría no solo el traslado del centro histórico sino la desaparición del municipio de Marmato.

En consecuencia, parafraseando a Bourdieu y Wacquant (2008), los agentes transnacionales han trabajado para orientar los discursos ideológicos sobre el territorio así como los discursos técnicos de la planificación y el desarrollo materializados en la normatividad y los instrumentos de política del sector minero en Colombia, apelando a estrategias de coaliciones y vínculos con otros agentes burocráticos cuya preferencia por un determinado tipo de medida comparten, y confrontando a otras entidades y organizaciones con recursos e intereses propios.

De este modo, “los intereses de la nobleza de Estado pueden solaparse con los de los poderes privados, asociados al capital económico o político. En este caso el Estado se convierte en un instrumento de los dominantes” (Vázquez, 2002, p.164); o como lo plantea Cubillos (2006), las estrategias de los agentes sociales eficientes, en este caso de la transnacional Gran Colombia Gold Corp. y de los agentes gubernamentales, están obrando como estrategias conservadoras para legitimar la visión de desarrollo neo-extractivista y el megaproyecto de minería a cielo abierto en el municipio de Marmato.

En el marco de la globalización económica, los discursos y estrategias de apropiación del patrimonio natural y de los territorios “han transferido sus efectos de poder al discurso de la sostenibilidad. Ante la imposibilidad de asimilar sus propuestas críticas, la política del desarrollo sostenible va desactivando, diluyendo y pervirtiendo el concepto de ambiente” (Leff, 1996, p.154), así como el concepto de cultura. La narrativa generada en torno al modelo de desarrollo neo-extractivista y los megaproyectos transnacionales es, ante todo, un discurso justificador de los agentes transnacionales y gubernamentales.

No obstante, es una paradoja:




[…] como el concepto y las propuestas de desarrollo sostenible surgen en un momento en que se declara el triunfo de la lógica del mercado sobre el Estado y la planificación gubernamental, en circunstancias en que la mantención del stock de recursos y de la calidad de vida requiere de un mercado regulado y de una visión de largo plazo. (Guimarães, 1994, p.51)

En consecuencia, la illusio de que el crecimiento económico y el desarrollo sostenible en el municipio de Marmato solo puede ser liderado por el sector privado y transnacional a través del megaproyecto minero “se inscribe así en una ‘política de representación’, que constituye identidades para asimilarlas a una lógica, a una razón, a una estrategia de poder para la apropiación de la naturaleza como medio de producción” (Leff, 1996, p.25).

DESARROLLO LOCAL: AGENTES COMUNITARIOS

“Ellos llegaron diciendo: ‘Ahora sí llegó el progreso y el desarrollo para Marmato,

lo que nunca han tenido, ahorita si lo va a haber’. Pero uno se pregunta: ¿Cuál es el desarrollo?

¿Cuál es el progreso si tienen que desaparecer el pueblo?” (Mario Tangarife, Entrevista, 2012)

En el marco de la globalización y el modelo de desarrollo neo-extractivista imperante han surgido procesos organizativos constituidos por los agentes comunitarios afectados por los megaproyectos transnacionales en defensa de las visiones de desarrollo local, con la participación de diversos sectores sociales, erigidos en movimientos sociales transnacionales hacia la “globalización desde abajo” (CIDSE y ALAI, 2009) y en verdaderos territorios de resistencia.

Los agentes comunitarios afectados, con el apoyo de diversos sectores sociales, han desafiado y dibujado nuevas fronteras de lo político mediante el cuestionamiento de la legitimidad del modelo de desarrollo imperante y el funcionamiento aparentemente normal y natural de sus efectos sobre la sociedad (Escobar, Álvarez y Dagnino (2001). De este modo, en Colombia, como en otros países de América Latina, actualmente se vive un momento de fuertes protestas de comunidades locales y movimientos sociales quienes se sienten gravemente amenazados por el modelo de desarrollo neo-extractivista y los megaproyectos transnacionales que dejan a las comunidades y sus territorios vulnerados en sus derechos y arrasados sus patrimonios biológicos, culturales políticos y sociales (CINEP, 2012).

Además, si bien es cierto que en muchos territorios de Colombia la lógica del conflicto armado y de los agentes transnacionales y gubernamentales imposibilita cualquier acción social para generar procesos de desarrollo autónomo, muchos agentes comunitarios afectados por la lógica neo-extractivista siguen encontrando discursos y estrategias alternativas para exigir la protección de sus derechos cuyo reconocimiento está consagrado en la Constitución Política de Colombia; en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros (Vélez, Idárraga y Muñoz, 2010). El Espectador (2012) reveló que solamente durante el año 2012 hubo cerca de 64 acciones sociales contra megaproyectos transnacionales mineros en Colombia, desde marchas, reclamos, paros cívicos, bloqueos de vías y huelgas de hambre. En el 57% de los casos las protestas

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estuvieron relacionadas con la extracción de petróleo, en un 19% con la de oro, en un 18% con la del carbón y en un 6% con la de otros minerales.

De esta manera, en el municipio de Marmato la producción de discursos y estrategias por parte de los agentes gubernamentales y transnacionales no ha sido un proceso unilateral; por el contrario, ha creado condiciones para que los agentes comunitarios generen discursos y estrategias de resistencia desde abajo en defensa del territorio, el patrimonio cultural y la visión de desarrollo local basada en la minería tradicional, con el apoyo de diversos sectores sociales de Colombia y el mundo que actúan como grupos de presión: “Marmato, un pesebre de oro anclado en una de las montañas del departamento de Caldas, es un ícono de la resistencia de un pueblo sometido desde hace 400 años a la más cruel explotación de su riqueza” (Lizcano, 2012, párr. 1).

Se trata de discursos inevitablemente atados al territorio y el patrimonio, orientados a dar nuevas definiciones del poder en el contexto de condiciones históricas particulares, desafiando y transformando las culturales políticas dominantes; y estrategias de descolonización mediante las cuales los agentes comunitarios han aprendido a usar los instrumentos de la modernidad sin perder su visión del mundo o de cartografías de resistencia como propone Mohanty (Mohanty, 1991 citado por Escobar, 1998).

El territorio para un marmateño significa todo, su historia, sus ancestros, su trabajo, su vida. Significa todo y aquí hay sentido de pertenencia por este pueblo porque aquí está nuestro pasado, nuestro trabajo. El territorio lo representa todo para nosotros, es nuestro patrimonio […] Por eso ese proyecto a cielo abierto no es posible porque de un tajo acabaría con la historia de uno de los pueblos más antiguos del país, con la cultura, con sus tradiciones. (Yamil Amar, Entrevista, 2013)

El territorio es como la ropa que nosotros tenemos, son los colores que utilizamos, es el lugar donde nosotros nacimos, vivimos y queremos morir. Es la cultura, es nuestra gente […] El territorio es la vida, sin territorio no hay vida […] Como el territorio, la minería tradicional significa todo para nosotros, es Colombia, es su gente, es el futuro de un país; ha sido el pasado, es el presente y será el futuro […] La minería es la mayor fuente de riqueza que tenemos, de manera que si dejamos que se acabe, que no la arrebaten, el país va a quedar completamente pobre […] Por eso nuestra posición y nuestra misión es defender la minería tradicional y el territorio a capa y espada. El reto de nosotros es tratar de mantener la tradición aquí en Marmato, tratar de que la minería siga siendo minería de subsistencia, siga siendo una minería para los marmateños y las generaciones futuras, porque esa es la herencia que nos han dejado nuestro abuelos y nuestros padres. (Mario Tangarife, Entrevista, 2013)

En Marmato estos discursos y estrategias contemplan un proceso de afirmación cultural desde la búsqueda de la identidad, la autonomía y el derecho a decidir sobre sus propias perspectivas de desarrollo: una lucha contra la dominación social y cultural.

Por tanto, los discursos de los agentes comunitarios de Marmato, organizados en el Comité Cívico Prodefensa de Marmato y la Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato, son discursos inevitablemente atados al patrimonio y el territorio, orientados a dar nuevas definiciones del poder en el contexto de condiciones históricas particulares y desafiando las culturales políticas dominantes.




Discursos locales en torno a la defensa del territorio, el patrimonio cultural y el desarrollo local basado en la minería tradicional, que se articulan con demandas globales frente a:

La justicia social. La protección de las culturas y el territorio. La defensa del agua y la conservación de la naturaleza. La autodeterminación en los procesos de desarrollo local La soberanía nacional como una de las primeras y más necesarias

medidas para hacer frente al poder del capital transnacional.

De este modo, las estrategias de los agentes comunitarios de Marmato, como estrategias de subversión frente al poder hegemónico transnacional y gubernamental, han implicado:

La articulación con otras organizaciones y movimientos sociales, ambientalistas, políticos y académicos en el contexto departamental, nacional e internacional.

La defensa de sus derechos por vías legales. La apropiación de diferentes escenarios y espacios para divulgar y

denunciar el conflicto territorial y patrimonial. La realización de acciones de resistencia civil y protesta social que

trascienden el ámbito local.

Como lo plantea la Defensoría del Pueblo (2010), en las regiones colombianas donde se realizan o realizarán megaproyectos transnacionales extractivos, las protestas sociales dan cuenta de demandas de las comunidades rurales en defensa de sus tradiciones y prácticas históricas, culturales y económicas, así como de sus territorios.

De esta manera, para los agentes transnacionales y gubernamentales imponer su visión de desarrollo neo-extractivista y el megaproyecto minero en el municipio de Marmato, ha sido necesario confrontar un movimiento social que desde lo tradicional tiene una relación con lo moderno, desde lo local tienen propuestas de desarrollo basadas en la afirmación de la cultura y la autonomía sobre su territorio, frente a la lógica cultural dominante tienen su visión propia y esta tiene una historia.

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El modelo de desarrollo neo-extractivista y el megaproyecto minero está generando posibilidades “para desarrollar la ‘cultura propia’ a través de mecanismos de resistencia que puedan arraigar en espacios propios o que, incluso, trasciendan el ámbito territorial vinculando las reivindicaciones de carácter local con dinámicas más amplias” (Mac Gregor, 1999, p.116); lo cual está refrendando en los discursos y estrategias de los agentes comunitarios de Marmato para resistir y subvertir el poder hegemónico del capital transnacional.

En este escenario, surge la reafirmación de la comunidad, la democracia local y la ciudadanía activa, “en la medida en que la consideran la única respuesta políticamente relevante al predominio de la ‘razón instrumental’ y de la burocratización e instrumentalización de nuestro mundo vital” (Zizek, 1998, p.26). Se trata entonces de luchas culturales por la construcción de discursos y estrategias de resistencia desde abajo, dando paso a la creación de un movimiento social marmateño.

Por lo tanto, la crisis del modelo de desarrollo promovido por los poderes hegemónicos, como una crisis de civilización (Leff, 2008), y las crecientes voces de resistencia que piden el desmonte de dicho modelo, impone repensar la acción colectiva de los agentes comunitarios y los movimientos sociales como el de Marmato, quienes no solo luchan por bienes y servicios, sino por la definición misma de la vida y el territorio.

ESPACIO SOCIAL DE LOS CONFLICTOS TERRITORIALES Y PATRIMONIALES EN MARMATO

“¿Quién dijo que vamos a vender la montaña, quién dijo que la historia tiene precio,

quién dijo que la cultura marmateña es negociable, quién dijo que la identidad de este pueblo se puede feriar por unos pocos pesos,

quién dijo que los sentimientos no cuentan, quién dijo que el marmateño no merece respeto,

quién dijo que somos sumisos, quién dijo que no vamos a luchar por nuestro territorio,

quién dijo que puede más la plata que la voz de un pueblo? Marmateño nuestros ideales no serán pisoteados por extraños,

nuestros tesoros no serán saqueados, y nuestros sueños jamás serán negociados.

¡Marmato tú no tienes precio!” (Bernardo Álvarez, Director Casa de la Cultura de Marmato)

Los conflictos territoriales y patrimoniales en el municipio de Marmato además de enfrentar dos visiones de desarrollo opuestas –la visión de desarrollo neo-extractivista frente a la visión de desarrollo local–, están enfrentado a diferentes agentes sociales (organizaciones sociales, instituciones, academia y sector privado-transnacional), quienes dotados con capitales e intereses diversos compiten por la forma legítima de autoridad específica para conservar o transformar el orden actual en el espacio social.

De este modo, el espacio social, como una construcción analítica creada por el investigador, es un “un sistema de diferencias sociales jerarquizadas en función de un sistema de legitimidades socialmente establecidas y reconocidas en un momento determinado” (Giménez, 1997, p.13). Por tanto, el espacio social de los conflictos territoriales y patrimoniales en el municipio de Marmato posee una




historia, pues los agentes sociales situados en dicho espacio están desigualmente equipados de capitales, acumulados a lo largo del tiempo y combinados entre sí en distintas proporciones, ubicándolos en trayectorias sociales dispares (Vázquez, 2002).

En virtud de lo anterior, para la construcción del espacio social de los conflictos territoriales y patrimoniales en el municipio de Marmato fue necesario identificar tanto los agentes sociales como las especies de capital y sus respectivas propiedades específicas. La identificación de los agentes sociales (ver Tabla 1) se efectuó considerando la siguiente premisa de Pierre Bourdieu (2000, p.15):

Se reconoce la presencia o la existencia de un agente dentro de un campo por el hecho de que transforma el estado del campo (o que cambian muchas cosas si lo retiramos) […] En todo campo está la cuestión de los límites del campo, de la pertenencia o de la no-pertenencia al campo.

Es importante precisar que el análisis de cada uno de los 16 agentes sociales seleccionados se efectuó a partir de lo que Pierre Bourdieu (2003) denomina “individuos eficientes” (y a través de ellos organizaciones sociales, instituciones,

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academia y sector privado-transnacional); es decir, aquellos individuos con suficiente peso para orientar efectivamente la dinámica del espacio social, a quienes en el marco de la presente investigación denominamos “individuos representativos”.

Para establecer la lista de individuos representativos (ver Tabla 2) se procedió por tanteos sucesivos, “aplicando no sólo los criterios basados en la reputación que se desprende del análisis de las conversaciones y de los relatos publicados, sino criterios institucionales, como la ocupación de posiciones de poder reconocidas” (Bourdieu, 2003, p.128).

A partir del análisis relacional de los 16 agentes sociales –a través de los individuos representativos– y las especies de capital, se tomó como base la labor metodológica utilizada por Pierre Bourdieu para la realización de un análisis de correspondencias múltiples que permitió la construcción de un “modelo” de las posiciones de los agentes sociales en el espacio social de los conflictos territoriales y patrimoniales en el municipio de Marmato (ver Figura 5).

Asimismo, el análisis de correspondencias permitió identificar las diferencias primarias del espacio social, las cuales distinguen las grandes fracciones de clases de condiciones de existencia, encontrando “su principio en el volumen global del capital como conjunto de recursos y poderes efectivamente utilizables, capital económico, capital cultural, y también capital social” (Bourdieu, 1999, p.113). De este modo, el análisis citado nos permitió recomponer las cinco fracciones de clases sociales constituyentes del espacio social de los conflictos territoriales y patrimoniales en el municipio de Marmato (agentes transnacionales, alta función pública, grupo de presión, agentes institucionales ajenos a la alta función pública y agentes locales) (Ver figura 5), como un espacio de diferencias de los habitus de clase, “como forma incorporada de la condición de clase y de los condicionamientos que esta condición impone” (Bourdieu, 1999, p.99).




De este modo, en la primera posición, CUADRANTE A, se ubican los que hemos designado como agentes transnacionales en alianza con la alta función pública, es decir, la Gran Colombia Gold Corp. y la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala, por un lado; y la Presidencia de la República y el Ministerio de Minas, por el otro.

Estas fracciones de clases configuran un bloque de poder hegemónico, unidos por solidaridades de enseñanza y de cuerpo, con un capital de competencia específico asociado a su formación académica y su trayectoria burocrática, cuyos habitus están impregnados de todos los presupuestos heredados de la inmersión en la economía neoliberal e investidos de poderes para imponer su visión de desarrollo neo-extractivista y el megaproyecto minero mediante estrategias ortodoxas o conservadoras, las cuales representan los intereses de los agentes sociales eficientes.

Por su parte, en la segunda posición, CUADRANTE B, se ubican los que hemos designado como grupo de presión –en oposición a los agentes sociales del CUADRANTE A y en alianza con los del CUADRANTE D–, constituido por agentes sociales muy heterogéneos (Colombia Support Network, Confederación Nacional de Mineros de Colombia, asesor académico independiente, partido político Polo Democrático Alternativo, Centro de Estudios Mineros Colombia Punto Medio, Contraloría General de la República y Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional).

Esta fracción de clase, aunque no detenta el mayor capital económico del espacio social, tiene un peso significativo por su capital cultural y social, pues posee una competencia específica asociada a su formación académica, se encuentra unida por alianzas de intereses y afinidades de habitus y ha intervenido para imponer sus intereses o los de sus representados en defensa del territorio y la minería tradicional mediante estrategias de subversión, estableciendo así tensiones en el espacio social.

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En la tercera posición, CUADRANTE C –subordinado al bloque de poder hegemónico del CUADRANTE A–, se ubican los que hemos designado como agentes institucionales ajenos a la alta función pública, en este caso la Alcaldía de Marmato y la Gobernación de Caldas. Esta fracción de clase comparte el hecho de poseer los volúmenes más bajos de capital en todo el espacio social, carecer de títulos académicos exclusivos que poseen los altos funcionarios y percibir la minería como la más rentable actividad económica del municipio de Marmato.

Finalmente en la cuarta posición, CUADRANTE D –en oposición a los agentes sociales del CUADRANTE A y en alianza con los del CUADRANTE B–, con la estructura más baja de capital económico pero con una de las más altas de capital cultural e imprescindibles para el funcionamiento del espacio social al cual le proporcionan su justificación simbólica, se ubican los que hemos designado como la fracción de clase de los agentes locales. Es decir, la Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato, el Comité Cívico Prodefensa de Marmato y el Sindicato de la Gran Colombia Gold Corp. en Marmato; cuyos habitus se encuentran estructurados por la minería, como el principal patrimonio del territorio.

De este modo, las posiciones y oposiciones en el espacio social de los conflictos territoriales y patrimoniales en el municipio de Marmato, a partir de los cuatro cuadrantes y las cinco fracciones de clase analizadas, reproducen la estructura del campo del poder entre la fracción dominada y la fracción dominante, entre los poseedores y los pretendientes, entre la ortodoxia y la herejía (Bourdieu, 1999). De este modo, como lo afirma Bourdieu (1996, p.130), “agentes sociales ubicados en el espacio social tienen más propiedades en común cuanto más próximos estén en dicho espacio, y tantas menos cuanto más alejados. Las distancias espaciales –sobre el papel– coinciden con las distancias sociales”.

Por tanto, habida cuenta que las fuerzas del espacio tienden a reforzar las posiciones dominantes de los agentes transnacionales y la alta función pública, ubicados en el CUADRANTE A, sería necesario preguntarnos: ¿Cómo pueden producirse auténticas transformaciones de las relaciones de fuerza en el seno del espacio social de los conflictos territoriales y patrimoniales en el municipio de Marmato?

Los que dominan el espacio social analizado –agentes transnacionales y alta función pública, “mano derecha” del Estado–, están sin duda en posición de hacerlo funcionar para su conveniencia. Para tal efecto, han elaborado y puesto en práctica diversos discursos ideológicos sobre el territorio, la planificación y el desarrollo materializados en la normatividad y los instrumentos de política desde el contexto internacional hasta el local, como condicionamientos estructurales y mecanismos de reproducción social; así como estrategias para salvaguardar o mejorar su posición e imponer principios de jerarquización más favorables (Bourdieu y Wacquant, 2008) para su visión de desarrollo y el megaproyecto minero en el municipio de Marmato.

De este modo, la Gran Colombia Gold Corp. y la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala, cuyas funcionarias han ocupado ambas partes del espacio social pasando del sector público al privado, han trabajado para orientar la normatividad y las políticas mineras formando coaliciones y vínculos con los agentes burocráticos de la Presidencia de la República y el Ministerio de Minas, quienes a su vez poseen el monopolio de la violencia simbólica legítima y, con esto, el poder de construir e imponer como universal y universalmente aplicable el conjunto de normas coercitivas y creencias en torno a la legitimidad implicada




en sus procesos de dominación simbólica que funcionan como enunciados performativos para garantizar la eficacia del poder simbólico (Vázquez, 2002).

Asimismo, han logrado subordinar a los agentes sociales ubicados en el CUADRANTE C, Alcaldía de Marmato y Gobernación de Caldas, quienes se constituyen en los:

[…] representantes oficiales de los intereses oficialmente reconocidos que, aun tratándose precisamente de autoridades públicas regionales o locales […] quedan relegados al bando de los intereses particulares, privados, y condenados por ello a ocupar una posición subalterna respecto a quienes poseen por su condición el monopolio de la definición legítima. (Bourdieu, 2003, p.159)

Es así como los intereses particulares de la nobleza de Estado, “la mano derecha” personificada por el presidente de la República –Juan Manuel Santos– y el ministro de Minas y Energía –Federico Renjifo–, se solapan con los intereses privados asociados al capital económico y político de la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala y, específicamente, de la Gran Colombia Gold Corp. En este caso, “el Estado se convierte en un instrumento de los dominantes” (Vázquez, 2002, p.164).

Sin embargo, aunque este bloque hegemónico ha logrado “una apropiación preferencial de las instancias de poder en alianza con otras clases” (García Canclini, 1984, p. 72), no tiene el monopolio absoluto del poder. “Siempre deben enfrentarse a la resistencia, las pretensiones, la discrepancia, ‘política’ o de otro tipo, de los dominados” (Bourdieu y Waquant, 2008, p.156), en este caso de los agentes locales, quienes se están erigiendo en un movimiento social en resistencia, y del heterogéneo grupo de presión, conformado entre otros agentes por una “mano izquierda” del Estado.

Es así como este bloque de poder contrahegemónico se ha inclinado a utilizar estrategias de subversión, de herejía, de resistencia, mediante las cuales “han podido alejar el mundo burocrático del statu quo” (Bourdieu, 2003, p.192) al que parecía condenarlo el equilibrio de las fuerzas del bloque de poder del CUADRANTE A, a través de un grupo de presión legítimo, conocido y reconocido públicamente. Generándose así “una relación no convencional entre cultura y política, entre valores y poder” (García Canclini, 1984, p.75).

De este modo, “ni los representantes de los poderes públicos forman grupos homogéneos […] Están sujetos a confrontaciones, a divisiones objetivas que se manifiestan en sus confrontaciones” (Bourdieu, 2003, p.155). Por tanto, pese al respaldo que la alta función pública (Presidencia de la República y Ministerio de Minas) ha brindado a las políticas neo-extractivas en el país, la “mano izquierda” del Estado, las fuerzas partidarias de la defensa de los derechos sociales, en el seno de la institucionalidad colombiana (Contraloría General de la República), todavía son muy poderosas porque están inscritas en las instituciones como una conquista social. En este caso, “el Estado puede funcionar como un árbitro cuyas decisiones, al frenar las pretensiones de los más fuertes, puede resultar favorable para los dominados, que siempre pueden apelar a esta vocación universalista, fuente de la legitimidad del Estado” (Vázquez, 2002, p.164).

Por lo tanto, en el espacio social de los conflictos en el municipio de Marmato se observa una escisión entre una “mano izquierda” estatal, un complejo de agentes e instituciones cuyos intereses concuerdan con los intereses universales y cuyo arbitraje protege a los dominados; y una “mano derecha” que, alejándose de la definición oficial del propio Estado, se despliega a las exigencias de los

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dominantes, reduciendo al mínimo sus funciones sociales y convirtiéndose en un instrumento para dinamizar y flexibilizar los mercados, ampliando cada vez más su dimensión policial y penal, apoyándose en autoridades públicas regionales y locales subordinadas al poder hegemónico. En consecuencia:

[…] los campos burocráticos que componen el Estado son un lugar de luchas entre agentes e instituciones que hacen valer –porque coinciden con sus intereses– la vocación oficial y universalista del Estado, y los que pliegan sus intervenciones al reclamo de los intereses particulares. (Vázquez, 2002, p.175)

Por otra parte, apelando a la inversión de capital cultural, una parte de la eficacia de los agentes locales (Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato, Comité Cívico Prodefensa de Marmato y Sindicato de la Gran Colombia Gold Corp. en Marmato) ha estado en el establecimiento de alianzas con agentes sociales “detentores de suficiente sentido político y de capital político para conseguir darles una expresión visible, para hacer que accedan a la percepción” (Bourdieu, 2001, p.19).

Asimismo, han puesto en común sus recursos y capitales para inventar nuevas estrategias jurídicas y mediáticas, movilizando la opinión nacional e internacional a través de los medios de comunicación y las redes establecidas con organizaciones como Colombia Support Network, la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, el partido político Polo Democrático Alternativo, el Centro de Estudios Mineros Colombia Punto Medio y la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, inspirándose en los modelos de defensa de los derechos humanos. En tal sentido, “si bien el habitus tiende a reproducir las condiciones objetivas que lo engendraron, un nuevo contexto, la apertura de posibilidades históricas diferentes, permite reorganizar las disposiciones adquiridas y producir prácticas transformadoras” (García Canclini, 1984, p.73).

Además, en la lucha por la imposición de la visión legítima del mundo social, los agentes poseen un poder proporcional a su capital simbólico, es decir, al reconocimiento que reciben de un grupo (Bourdieu, 1990). En este contexto, los agentes locales del municipio de Marmato, erigidos en un movimiento social, han llegado a suscitar el interés específico de personas que están en el campo político (Bourdieu, 2001), en este caso del partido de oposición Polo Democrático Alternativo; así como de las organizaciones sociales del contexto nacional e internacional y de los agentes académicos vinculados con la institucionalidad. Como lo plantea Pierre Bourdieu:

[…] esta fuerza, es ya un poco milagroso que haya podido acceder a la existencia dentro del mundo mediático-político, y ser percibida, y ser objeto de discusiones. Porque lo propio de las víctimas de la opresión económica es ser sin voz, en todos los sentidos del término. (Bourdieu, 2001, p.19)

Es así como la construcción del espacio social de los conflictos territoriales y patrimoniales en el municipio de Marmato estableció un conocimiento de las relaciones objetivas entre las diferentes posiciones de los 16 agentes sociales analizados, así como de las relaciones establecidas por medio de los habitus de sus ocupantes entre dichas posiciones, con las tomas de posición y las relaciones de poder que participan de la realidad y el devenir del espacio social, con las cuales los agentes sociales aspiran a conservar o a modificar el orden actual.




REFLEXIONES FINALES

Por el oro que se encuentra entre sus montañas, “El pesebre de oro de Colombia” es el escenario de conflictos territoriales y patrimoniales entre dos visiones opuestas de desarrollo:

De un lado, la visión de desarrollo neo-extractivista, con una larga historia en nuestro continente agudizándose durante los últimos 50 años, a través de los megaproyectos mineros promovidos por las corporaciones transnacionales, las agencias internacionales de desarrollo y el gobierno nacional.

De otro lado, la visión de desarrollo local de los agentes comunitarios, con el apoyo de diversos sectores sociales del contexto nacional e internacional, en torno a la minería tradicional base de la historia, la cultura, el patrimonio y la economía local desde los tiempos de los primeros pobladores indígenas.

Para legitimar la visión de desarrollo neo-extractivista y el megaproyecto de minería a cielo abierto en este territorio, los agentes transnacionales y gubernamentales han elaborado y puesto en práctica diversos discursos y estrategias en torno a la illusio o idea de que el crecimiento económico y el desarrollo sostenible solo puede ser efectuado por capital privado y transnacional.

Los discursos de estos agentes sociales han estado directamente asociados con los discursos ideológicos sobre el territorio, la planificación y el desarrollo promovidos con el Consenso de Washington por las instituciones financieras y las agencias internacionales de desarrollo en el marco de una nueva geopolítica mundial.

En Colombia y, específicamente, en el municipio de Marmato estos discursos se han materializado con la implementación de los instrumentos normativos y de política, como condicionamientos estructurales y mecanismos de reproducción social (Bourdieu y Wacquant, 2008) desde la última década del siglo XX, los cuales han permitido delimitar con letra escrita y con ritos de institución tanto las formas de consagración como la “legitimidad” (Cubillos, 2006) del megaproyecto minero.

De igual manera, mediante diversas estrategias, que están obrando como estrategias conservadoras, los agentes transnacionales y gubernamentales han procurado salvaguardar o mejorar su posición e imponer principios de jerarquización más favorables para su visión de desarrollo (Bourdieu y Wacquant, 2008), apelando al monopolio de la violencia simbólica legítima implicada en sus procesos de dominación simbólica.

No obstante, los agentes comunitarios también han generado discursos y estrategias de resistencia desde abajo, dando paso a la creación de un movimiento social marmateño que desde lo tradicional tiene una relación con lo moderno, desde lo local tiene propuestas de desarrollo basadas en la afirmación de la cultura y la autonomía sobre su territorio, frente a la lógica cultural dominante tienen su visión propia y esta tiene una historia.

Se trata de discursos inevitablemente atados al patrimonio y el territorio, orientados a dar nuevas definiciones del poder en el contexto de condiciones históricas particulares y desafiando las culturales políticas dominantes. Discursos

227



locales en torno a la defensa del territorio, el patrimonio cultural y el desarrollo local basado en la minería tradicional, que se articulan con demandas globales. Así como de estrategias, que están obrando como estrategias de subversión, frente al poder hegemónico transnacional y gubernamental.

Pero los conflictos territoriales y patrimoniales en el municipio de Marmato además de enfrentar dos visiones de desarrollo opuestas están enfrentado agentes sociales, dotados con capitales e intereses diversos, quienes compiten por la forma legítima de autoridad específica para conservar o transformar el orden actual: agentes sociales quienes, al encontrarse “situados en unas condiciones de existencia homogéneas que imponen unos condicionamientos homogéneos y producen unos sistemas de disposiciones homogéneos” (Bourdieu, 1999, p.99), componen cinco fracciones de clases sociales, como “clases sobre el papel”.

Fracciones de clases que expresan las relaciones de poder y las estrategias para conservar o modificar el orden actual en el pueblo minero de Marmato; y reproducen la estructura del campo del poder entre la fracción dominada y la fracción dominante, entre los poseedores y los pretendientes, entre la ortodoxia y la herejía (Bourdieu, 1999) al confrontar visiones de desarrollo y concepciones frente al territorio, la cultura y el patrimonio diametralmente opuestas.

En este sentido, tras haber realizado nuestro análisis estructuralista del mundo social frente al campo del poder (momento diacrónico: objetivos específicos uno y dos), así como el análisis subjetivista o constructivista de los agentes sociales en el espacio social (momento sincrónico: objetivo específico tres), consideramos que los conflictos territoriales y patrimoniales en torno al desarrollo podrían constituirse en lo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu denomina como campo, es decir, como un conjunto de relaciones objetivas e históricas entre posiciones dominadas y dominantes ancladas a ciertas formas de poder (Bourdieu y Wacquant, 2008); como un espacio de luchas simbólicas donde se despliegan estrategias de conservación y subversión “que oponen a los agentes en cuanto al sentido del mundo social y de su posición en ese mundo, de su identidad social” (Bourdieu, 1990, p.290).

Asimismo, el análisis de los conflictos territoriales y patrimoniales en torno al desarrollo exigen el reconocimiento, por un lado, de nuevos agentes sociales y nuevas figuras de lo político que “emergen de los modos como se movilizan los procesos de identificación al ritmo de las grandes transnacionales” (Barbero y Ochoa, 1999 citados por Hopenhayn, 2005); de otro lado, de la nueva centralidad del patrimonio y el territorio, así como de la resignificación de la política en el marco del cuestionamiento de las matrices dominantes (Dagnino, 1999 citado por Hopenhayn, 2005).

En este contexto, asumir en la investigación los conceptos y procesos sociales de “territorio”, “cultura” y “patrimonio” como un derecho social, permitió comprender que en contextos como Marmato el territorio y el patrimonio no solo se encuentran en el centro de los conflictos, sino también en el centro de la renovación de la visión del desarrollo desde el reconocimiento de la cultura como trasfondo de las relaciones de poder y, por ende, del desarrollo mismo:

Sólo actuando en pro de la autonomía particular de cada campo se pueden beneficiar los intereses universales evitando así su sacrificio a la lógica del campo económico, a un laissez faire que otorga todas las ventajas a los intereses de los privilegiados. (Vázquez, 2002, p.220)




En términos metodológicos se desea resaltar la pertinencia del enfoque metodológico de la teoría de los campos que, con los límites encontrados por el lector7, se constituyó en un enfoque integral para el análisis de la problemática de investigación a partir de los dos momentos sugeridos por Bourdieu:

Momento diacrónico u objetividad del primer orden: Análisis estructuralista del mundo social frente al campo del poder.

Momento sincrónico u objetividad del segundo orden: Análisis relacional de las posiciones, tomas de posición y relaciones de poder entre los agentes sociales a partir de la construcción del espacio social (Bourdieu y Wacquant, 2008)

Y en un claro ejemplo de cómo los territorios son los que “imponen” las técnicas que el investigador debe utilizar y no viceversa. Al respecto es importante precisar que si bien el sociólogo francés Pierre Bourdieu consideraba a Colombia como “el laboratorio social más importante” (Moreno, 2012, párr. 2), sus estudios fueron en otros campos (la educación, el arte y la literatura, el deporte, la dominación masculina, los gustos y el consumo cultural, la vivienda, el derecho, la política y la pobreza) y se restringieron al contexto francés.

En virtud de lo anterior, tanto los referentes teóricos de la investigación como el enfoque metodológico de la teoría de los campos permitieron proponer un posible campo de estudios, el de los conflictos territoriales y patrimoniales en torno al desarrollo, que por supuesto será tarea de investigaciones posteriores refutar o desarrollar. En tal sentido, se recomienda validar los referentes teóricos de cultura, territorio, patrimonio y desarrollo, así como el enfoque metodológico de la teoría de los campos que orientaron este proceso investigativo.

Entre tanto, al momento de escribir estas últimas líneas y mientras en La Habana se “negocia” la paz y se exigen reformas estructurales al modelo de desarrollo impuesto por la “mano derecha” del Estado, las agencias internacionales de desarrollo y las corporaciones transnacionales, los marmateños –como otras comunidades rurales y urbanas del país– fortalecen sus procesos de resistencia social en defensa del territorio y la soberanía en un Paro Nacional Agrario, Minero y Popular… En un despertar territorial de Colombia...

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AGRADECIMIENTOS

A COLCIENCIAS y a la Universidad Tecnológica de Pereira, instituciones que financiaron la investigación en el marco de las Convocatorias “Joven Investigador” 2011 y 2012. Al M.Sc. Arq. Humberto Solares, profesor de la Maestría en Gestión del Patrimonio y Desarrollo Territorial de la Universidad Mayor de San Simón (Bolivia) y director de la investigación. Al Ph.D. León Felipe Cubillos Quintero, profesor de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira y asesor académico. Al Ph.D. Carlos Eduardo López Castaño, director del Grupo de Investigación Gestión en Cultura y Educación Ambiental de la Facultad citada.

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Yamil Amar. (25 de Junio de 2013). Entrevista realizada a Yamil Amar. Presidente del Comité Cívico Prodefensa de Marmato. (Carolina Arias Hurtado, Entrevistador).

1. Artículo derivado de investigación (Arias, 2013) 2. Administradora Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira

(Colombia). Magíster en Gestión del Patrimonio y Desarrollo Territorial de la Universidad Mayor de San Simón (Bolivia). Joven Investigadora del “Grupo de Investigación Gestión en Cultura y Educación Ambiental” de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. [email protected]

3. Como trabajo de grado de la Maestría en Gestión del Patrimonio y Desarrollo Territorial de la Universidad Mayor de San Simón (Bolivia), realizado en el marco de las Convocatorias “Joven Investigador” 2011 y 2012 de COLCIENCIAS (Arias, 2013)

4. La sociología de Pierre Bourdieu, como “una sociología del conocimiento o de las formas culturales es en sí misma una sociología política, esto es, una sociología del poder simbólico […] Toda la obra de Bourdieu puede interpretarse como una antropología materialista de la contribución específica que diversas formas de violencia simbólica hacen a la




reproducción y transformación de las estructuras de dominación” (Bourdieu y Wacquant, 2008, p. 23).

5. Durante las últimas dos décadas en el municipio de Marmato se han establecido cuatro transnacionales: Gran Colombia Resource Inc. (1995 a 1997); Conquistador Mines Ltd. a través de su filial colombiana Corona Goldfields S.A. (1996 a 2000); Colombia Goldfields Ltd. a través de su filial en Colombia la Empresa Minera de Caldas (2005 a 2009); Medoro Resource Ltd. (2010) que se fusionó con la Gran Colombia Gold (2011) para dar origen a la transnacional Gran Colombia Gold Corp. (Arias, 2013)

6. En la teoría de los campos la illusio, es decir, la creencia en la validez y legitimidad del “estado de las cosas” (Bourdieu y Wacquant, 2008), es una forma específica de interés a la que convoca un campo particular en el cual cada agente tiene una intención y un objetivo definido (Cubillos, 2006); y como construcción histórica solo puede conocerse mediante el análisis histórico.

7. En particular, porque la formación académica de la investigadora no es en el campo de la sociología.

Para citar este artículo: Arias-Hurtado, C. (2014). Conflictos territoriales y patrimoniales en “El pesebre de oro de Colombia”. Revista Luna Azul, 39, 207-233. Recuperado de http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=956

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ANÁLISIS DE FLUJOS DE AGUA EN ÁREAS METROPOLITANAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL METABOLISMO URBANO

María Isabel García Serna1 Tito Morales-Pinzón2

Jhoniers Guerrero Erazo3

Recibido el 30 de agosto de 2013 y aprobado el 15 de enero de 2014, actualizado el 11 junio de 2014

RESUMEN

Las áreas urbanas demandan flujos intensos de agua para su funcionamiento. El análisis de su estado es mejor entendido a partir de estudios metabólicos que permiten analizar los flujos de agua que entran y salen del sistema urbano. Objetivo: Cuantificar los flujos de agua del Área Metropolitana Centro Occidente (Colombia), determinando la magnitud de sus demandas y el grado de exigencia de la ciudad sobre el recurso agua. Método: Se utilizó como herramienta metodológica el análisis de flujos de materiales para cuantificar los flujos de entrada, intermedios y de salida del sistema urbano. Resultados: En el área de estudio, el 86% del agua es abastecida por el río Otún como principal fuente local y el 14% restante es abastecido de fuentes hídricas externas. El agua derivada anualmente para el abastecimiento urbano de sus 599.618 habitantes alcanzó los 31,2 MMC/año, es decir 113 l/hab/día. Con relación a los flujos de salida se destaca cómo las aguas residuales se vierten directamente a las fuentes hídricas sin ningún tipo de tratamiento previo. El balance de materia determinó un flujo volumétrico de agua para el año 2011 de 155,2 MMC/año que entran y salen de la región metropolitana. Conclusión: En el Área Metropolitana Centro Occidente la gestión del recurso hídrico obedece a un proceso lineal (captación, distribución, consumo y vertimientos) generando desechos no tratados que son reintroducidos al ciclo ecosistémico. La demanda y el consumo de agua tienen una tendencia decreciente en oposición al crecimiento poblacional, indicando un mejor uso racional del recurso o una estrategia de adaptación al costo del servicio público.

PALABRAS CLAVE

Áreas metropolitanas, flujos de agua, metabolismo urbano.

ANALYSIS OF WATER FLOWS IN METROPOLITAN AREAS FROM THE URBAN METABOLISM PERSPECTIVE

ABSTRACT

Urban areas require intense water flows in order to operate. The analysis of the state of such water flows is better understood from metabolic studies that allow analyzing water flows entering and leaving the urban system. Objective: Quantify water flows of the Colombian Central-Western Metropolitan Área, determining the extent of its demands and the strictness of the city on water resources. Method: The material flow analysis was used as methodological tool to quantify the urban system inflows, intermediate flows and output flows. Results: In the area studied, 86% of the water is supplied by the Otún river as the main local source and the remaining 14% is supplied by external water sources. The water diverted annually for the urban supply of its 599.618 inhabitants consumption reached 31.2 MMC/year that is 113 l/person/day. Regarding outflows it is important to highlight




that wastewater is discharged directly into water sources without any pre-treatment. The material balance determined a volumetric water flow for 2011 of 155.2 MCM/year that enters and leaves the metropolitan region. Conclusion: In the Central-Western Metropolitan Área water resource management follows a linear process (collection, distribution, consumption and discharges) generating untreated waste streams that are reintroduced into the ecosystem cycle. The demand and consumption of water have a decreasing trend in opposition to population growth, indicating better rational use of resources or an adaptation strategy to the public service cost.

KEY WORDS

Metropolitan areas, urban metabolism, water flows.

INTRODUCCIÓN

El mundo se urbaniza cada vez más; cuatro de cada cinco personas en la región de América Latina y el Caribe viven en ciudades (ONU-HÁBITAT, 2009). El rápido y desorganizado proceso de urbanización tiene impactos sustanciales en la disponibilidad y la calidad del agua dentro de los límites internos y externos de las ciudades, entre los cuales se incluyen la sobreexplotación de los recursos hídricos (superficiales y subterráneos), la menor seguridad del agua, la mayor vulnerabilidad de que se produzcan inundaciones e impactos en la salud relacionados con el agua (Banco Mundial, 2012).

Algunas ciudades de América Latina y el Caribe dependen de una única fuente de abastecimiento y en otros casos es necesario trasladar volúmenes importantes de agua desde zonas más lejanas, con mayores costos económicos y ambientales debido a que las fuentes hídricas son escasas o no garantizan cantidad y calidad, tal es el caso de ciudades como Ciudad de México en Centroamérica, el litoral de Perú, el nordeste de Brasil, el altiplano de Bolivia, el sector de Cuyo y el sur de Argentina, entre otras regiones. El problema es especialmente agudo en las grandes áreas urbanas, como en la Ciudad de México y Lima (ONU-HÁBITAT, 2012).

A la explotación excesiva del agua disponible, se suma la contaminación del recurso por vertido de aguas residuales, que reciben insuficiente tratamiento; se estima que en los países de América del Sur y el Caribe, menos del 20% de las aguas residuales son tratadas antes de su vertido (PNUMA, 2000). Muchos de los ríos urbanos presentan un alto grado de contaminación y deterioro natural, tal es el caso de la cuenca Matanza Riachuelo en Buenos Aires (Argentina) o el río Bogotá (Colombia).

En consecuencia, los territorios altamente urbanizados soportan flujos intensos cuya dirección es horizontal, extrayendo recursos del sistema natural que luego son transformados y consumidos, generando permanentemente corrientes de desecho que en ningún momento se gestionan o procesan para ser recirculadas al ciclo ecosistémico, todo lo contrario, estos son dispuestos de forma inadecuada.

Para analizar los flujos de agua que entran y salen del sistema urbano se requiere de la comprensión del concepto metabolismo que implica la reflexión sobre la ciudad y su funcionamiento como un organismo vivo, compuesto por

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células urbanas cuyas reacciones y procesos se basan en el intercambio de flujos de materia y energía que entran, salen y se transforman (Calderón, 2011).

Autores como Niza, Rosado y Ferrao (2009, p. 387) afirman que el metabolismo urbano puede “[...] ser usado como herramienta en la identificación de problemas ambientales relacionados con el crecimiento de las entradas, la gestión de las salidas y el diseño más eficiente de las políticas de planeamiento urbano”, lográndose además determinar las características de disponibilidad natural de los recursos (Girardet, 2004), obtener una mayor comprensión de la forma en la que evolucionan las demandas de recursos de una ciudad (Stimson, Westem, Mullins y Simpson, 1999) y el deterioro causado por su aprovechamiento (Brunner, 2007).

Para comprender el tema a tratar, se resalta el conocimiento aportado por estudios de metabolismo urbano enfocados especialmente a temas urbanos del agua. Autores como Hermanowicz y Asano (1999), Thériault y Laroche (2001), Gandy (2004), Hoekstra y Chapagain (2008), March y Saurí (2010) han resaltado la importancia del agua como elemento fundamental para la sostenibilidad de las áreas urbanas.

En Latinoamérica encontramos pocos estudios que aborden el tema de metabolismo urbano, con un enfoque especializado en cuantificación de flujos en los sistemas urbanos. Navarro (2010) trabajó sobre la problemática del agua urbana en la ciudad de Tijuana, cuantificando los flujos de agua en las etapas de abasto, distribución y consumo. Por su parte, Díaz (2011) desarrolló un estudio que permitió conocer el profundo cambio e incremento de los flujos de agua, alimentos, combustibles y energía de la ciudad de Bogotá (Colombia), durante seis momentos históricos de la capital colombiana. Otro, es el estudio realizado por Delgado, Campos y Rentería (2012) quienes hacen una presentación general sobre el estado de situación de las ciudades latinoamericanas y con una introducción a las evaluaciones metabólicas para ofrecer una primera aproximación integral comparativa de los flujos de entrada y salida de las megaurbes latinoamericanas (Ciudad de México, Sao Paulo, Río de Janeiro y Buenos Aires), este trabajo resalta cómo este tipo de evaluaciones en América Latina están prácticamente ausentes.

En este contexto, este articulo pretende analizar los flujos de agua que entran y salen de una región urbana; pues el agua puede ser considerado el recurso natural que más limita el crecimiento y desarrollo futuro de los centros urbanos especialmente de países no desarrollados (Morales, Flórez y Ramírez, 2011).


Área de estudio

El área de estudio seleccionada es el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO), localizada en la región centro-occidental de Colombia. El AMCO está conformado por el municipio de Pereira como el núcleo principal, con 459.667 habitantes en 2011. A su vez este núcleo municipal cuenta con dos municipios satélites los cuales constituyen la totalidad del AMCO. La población de Dosquebradas es de 191.070 habitantes y la de La Virginia es de 31.729 habitantes en 2011 (DANE, 2005). La Figura 1 muestra la ubicación del AMCO en el departamento de Risaralda (Colombia).




Análisis de datos

Se construyó una base de datos con información obtenida de los informes de gestión de las empresas de servicios públicos (Aguas y Aguas de Pereira, Serviciudad y Empresa de Servicios Públicos de La Virginia), el Sistema Único de Información (SUI) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El espacio temporal escogido para el desarrollo del estudio fueron los años 2009, 2010 y 2011.

Se utilizó como herramienta metodológica el Análisis de Flujo de Materiales (AFM) que consiste en analizar los flujos de entrada que corresponden a precipitación, caudal captado de fuentes locales y externas. Los flujos intermedios contemplan producción, suministro y consumo de agua de los diferentes usos en el sistema urbano (residencial, industrial, comercial y oficial). Por último, los flujos de salida se concentran en el vertido de los diferentes usos en el sistema urbano (residencial, industrial, comercial y oficial) más escorrentía, pérdidas facturadas y no facturadas, infiltración y la evapotranspiración.

El cálculo del flujo de agua del AMCO se cuantifica a través de balances de materia que se representa mediante la siguiente ecuación:

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Fuentes de agua para consumo humano

La red de suministro de agua potable en el AMCO es manejada por diferentes empresas de servicios públicos, y cada uno de los municipios que pertenecen al centro metropolitano se abastece de diferentes fuentes superficiales. La principal fuente de abastecimiento de agua superficial del área urbana del municipio de Pereira es el río Otún, con un caudal promedio de 12,19 m3/s, de los cuales se captan 2 m3/s con destino al acueducto de Pereira (Cárdenas, 2013). Esta cuenca atiende las demandas presentes y se visiona en la planificación de largo plazo, como la única alternativa segura de agua para la ciudad de Pereira.

Por otra parte, el área urbana del municipio de Dosquebradas no se abastece de fuentes superficiales propias de su territorio ya que no garantizan cantidad y calidad, por lo tanto importan agua de territorios vecinos como lo son el río Campoalegre del municipio de Santa Rosa de Cabal y el río Otún del municipio de Pereira. Con la compra de agua en bloque Dosquebradas abastece el 70% de su población y el otro 30% de sus habitantes solucionan su abastecimiento a través de acueductos de tipo comunitarios y privados (Quintana, 2009).

El municipio de La Virginia importa agua del río Totuí, subcuenca que hace parte de los municipios vecinos de Balboa, La Celia y Santuario. El caudal promedio de la cuenca es de 1,5 m3/s, de los cuales el acueducto del municipio de La Virginia capta 0,18 m3/s para suplir los requerimientos de agua de la población.

A) Flujos de entrada

El AMCO depende el 86% del río Otún como su principal fuente local y 14% de fuentes hídricas externas que se traduce en importar agua para suplir sus necesidades (Figura 2). Existe una alta dependencia al río Otún como única fuente local abastecedora del área urbana de Pereira y parte del area urbana de




Dosquebradas, generando presión sobre esta fuente hídrica ya que se capta un caudal promedio de 47,9 MMC/año para abastecer 153.825 usuarios. Los municipios de Dosquebradas y La Virginia garantizan disponibilidad y suministro de agua importando agua de cuencas vecinas, lo que les genera una condición de dependencia hídrica.

La precipitación media anual del AMCO aportó un promedio de 656 mm para el año 2011. Descontando la evapotranspiración, se consiguió estimar la oferta pluvial urbana del AMCO (Figura 3).

A pesar de la existencia de este gran potencial, en el AMCO, son pocos los casos documentados de aprovechamiento de agua pluvial, y es conocido que algunas empresas del sector industrial como las tintorerías, empresas que preservan madera y algunos edificios como el de la empresa telefónica de Pereira y centros comerciales hacen uso del agua lluvia para sus procesos. Sin

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embargo, en la región metropolitana la mayor parte del agua pluvial no se aprovecha y frecuentemente se contamina, pues al canalizarla y posteriormente conducirla al drenaje, el agua pluvial se mezcla con aguas negras, jabonosas y residuos industriales, convirtiéndose en agua contaminada.

En la Figura 4 se muestra la oferta de agua lluvia que, al ser comparada con el consumo total facturado, se muestra como una fuente susceptible a captación y puede ser una fuente alternativa de suministro de agua para el AMCO.

B) Flujos intermedios

Las cantidades de agua que intervienen en los abastecimientos de agua potable de una ciudad pueden clasificarse en tres grupos: 1) el agua captada, es decir la que se deriva de las fuentes aprovechadas para el servicio; 2) el agua suministrada, la parte del volumen captado que entra al sistema de distribución de la ciudad; y 3) el agua consumida, que es la recibida por el usuario para satisfacer sus necesidades (Gómez, 1980).

Los sistemas de abastecimiento del AMCO captaron en el año 2011 un promedio de 54,9 MMC/año (Figura 5), mientras que para el mismo año, el agua suministrada fue de 50,8 MMC/año, y el consumo facturado que es la cantidad que realmente suple las necesidades del sistema urbano alcanzó 31,2 MMC/año (Figura 5). Las variaciones se deben a dos causas principales: a las pérdidas aparentes que están conformadas por los consumos no autorizados y las imprecisiones de medición, mientras que las pérdidas reales son conformadas por las fugas ya sea en conducción o distribución, por derrames de tanques, y en tomas o conexiones de servicio antes del punto de medición de la conexión domiciliaria (Morales et al., 2011).

Las pérdidas aparentes y reales para el año 2011 fueron del orden de 25,0 MMC/año. La Figura 5 permite observar una disminución en el agua captada y facturada; y como consecuencia una disminución de las pérdidas del sistema pasando de 27,6 MMC/año en el 2009 a 25,0 MMC/año en el 2011.




La mayor demanda del recurso hídrico para el año 2011 se concentró en el sector residencial debido al crecimiento urbano, con un consumo promedio de 24,07 MMC/año, seguido por el comercial con 3,00 MMC/año, el oficial con 1,45 MMC/año y el industrial con 0,68 MMC/año (Figura 6). Los consumos de agua en el sector residencial, comercial y oficial muestran una disminución año a año.

La dotación de agua (litros/habitante/día) en el AMCO, expresada en función del agua consumida en el sector residencial, se ha visto reducida en el periodo 2009-2011, pasando de 118 a 113 l/hab/día (Tabla 1).

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Si bien los factores que han contribuido al descenso del consumo de agua no están claramente identificados, se pueden considerar varios factores. Campbell, Larson, Johnson y Waits (1999) y Arbués, Barberán y Villanúa (2008), consideran dentro de sus hallazgos que el precio del agua puede ser el método de conservación más efectivo, es decir los aumentos de los precios de agua pueden determinar una baja en los consumos. Por su parte, Arbués et al. (2008) exponen que el tamaño de los hogares y el consumo total tienen relación directa, pues el consumo aumenta a medida que se incrementa el número de habitantes por vivienda. Los programas para uso eficiente y ahorro de agua también pueden producir cambios en los patrones o hábitos de consumo de los usuarios. En la Tabla 2 se presentan los valores facturados por metro cúbico para los diferentes sectores, mostrando cómo los precios del agua han aumentado en los últimos años, lo que indica que el aumento de los precios del agua inciden en la baja en los consumos aceptando las reflexiones de Campbell et al. (1999) y Arbués et al. (2008).

Con respecto al agua subterránea, su uso se da principalmente en las zonas de expansión urbana de la ciudad de Pereira dada la facilidad de acceso, calidad y la disminución de costos en sistemas de conducción y tratamiento. Sin embargo, en las zonas de expansión urbana donde se tiene proyectado el crecimiento de la ciudad, se encuentran ubicadas zonas estratégicas de recarga acuífera, generando de esta forma amenaza potencial tanto para calidad como para cantidad de este recurso (Paredes, Zuleta, Gómez y Lasso, 2013). En la Tabla 3 se presenta la demanda hídrica de agua subterránea en el área urbana del AMCO.




C) Flujos de salida

Con relación a los flujos de salida, los vertimientos son entregados a diferentes cuencas. El municipio de Dosquebradas vierte en promedio 7,6 MMC/año a la quebrada Dosquebradas que posteriormente desemboca al río Otún. El sistema de drenaje de la ciudad de Pereira vierte 20,7 MMC/año, distribuidos 52% al río Consota y 48% al río Otún. El municipio de La Virginia vierte 1,3 MMC/año al río Risaralda.

Es preocupante cómo en la región se vierten las aguas residuales directamente a las fuentes de agua sin ningún tipo de tratamiento previo, generando contaminación y deterioro permanentemente. Es evidente que las corrientes locales, especialmente las quebradas Dosquebradas y Consota, se están concibiendo como receptoras de aguas residuales y no como abastecedoras del recurso para el consumo local.

En la Figura 7 se muestran los volúmenes de aguas residuales urbanas vertidas a las corrientes hídricas, destacándose que no tienen ningún tipo de tratamiento.

Ciclo hídrico en el AMCO

Los flujos de agua que ingresan y salen del AMCO corresponden a un proceso lineal, en el cual el agua se capta, distribuye, consume y desecha, con altas

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deficiencias, careciendo de un proceso de reintegración al ecosistema por la falta de tratamiento, conservación y eficiencia en el manejo del agua.

El modelo “Balance de agua” para el AMCO (Tabla 4) expresa tres grandes elementos: flujos de entrada, flujos intermedios y flujos de salida. Las entradas corresponden a los flujos de agua extraídos desde el medio ambiente a la ciudad; los flujos intermedios es el proceso de aprovechamiento que consiste en el uso del recurso y es el sustento de la ciudad; y las salidas representan las aguas residuales, su saneamiento, reuso y disposición final que son subproductos no requeridos de los procesos de producción y del consumo.

A partir del enunciado de la ley de la conservación de la materia, el balance de materia indica que la masa que entra en un sistema debe por lo tanto salir del sistema o acumularse dentro de él, es decir los flujos de entrada de agua han de ser cuantitativamente iguales a los flujos de salida. La ecuación 1 resuelve el balance de masas para los flujos de agua que entran y salen del AMCO.

La anterior ecuación determina el flujo volumétrico de agua para el año 2011 de 155,2 MMC/año.

En la Tabla 4 se presenta detalladamente el balance de agua del AMCO para los años 2009, 2010 y 2011.

En la Figura 8 se muestra un modelo descriptivo que logra hacer una síntesis simplificada para el entendimiento de las rutas metabólicas del agua en el AMCO.




Relación oferta y demanda de agua en el AMCO

La relación oferta-demanda de agua es una forma de medir el nivel de presión sobre los recursos hídricos. En la Tabla 5 se muestra la oferta y demanda de agua, se destaca cómo la demanda del área urbana del AMCO no supera la oferta hídrica. Por lo tanto, se afirma que en la región existe abundancia del recurso hídrico, salvo el municipio de La Virginia que puede presentar a mediano plazo dificultades para satisfacer la demanda de este recurso natural.

Morales et al. (2011) afirman que la presión por el recurso en la región es alta, como consecuencia de la tendencia de crecimiento poblacional y dado que la oferta natural no se incrementa salvo por cambios del clima regional y local, pero sí se puede disminuir por contaminación y por efectos igualmente del clima.

Es claro que uno de los retos primordiales para el desarrollo metropolitano es el manejo adecuado de los recursos hídricos. La dependencia a una única fuente local, la importación de agua, las pérdidas y el poco tratamiento a las aguas residuales urbanas pueden generar en el futuro problemas de desabastecimiento en la región.

Gestionar un modelo de agua es el desafío de los entornos urbanos: aprovechamiento de los recursos hídricos sin sobrepasar su capacidad, el ahorro significativo del agua, la reutilización del agua depurada, el aprovechamiento del

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agua lluvia y la preservación de los ecosistemas naturales. Ello es posible si el modelo se desarrolla con la intención de disminuir la presión sobre los ecosistemas que también son demandantes de agua, a través de reducir la extracción de recursos y de disminuir la carga contaminante vertida en la cuenca.

CONCLUSIONES

El análisis del metabolismo hídrico permitió conocer el estado actual del balance del agua en el AMCO. Su sostenibilidad hídrica depende tanto de su propio territorio como de un territorio tributario que le abastece de recursos y le libera de contaminantes.

Con relación a la dinámica de los servicios urbanos de agua, se carece en la región de una visión integradora del manejo del agua, pues corresponde a un proceso lineal en el cual el agua se extrae, distribuye, consume y desecha, con altas deficiencias y poco tratamiento de las aguas residuales, impidiendo su reintegración efectiva al ecosistema y a la vida urbana.

Las futuras demandas representan un gran desafío para la administración y operación del servicio, cuya gestión debe encausarse hacia nuevos paradigmas donde la conservación, la protección de las fuentes de agua y el aprovechamiento sustentable comiencen a presentar mayor relevancia.

En este estudio se encontró que la tendencia del consumo y demanda de agua es decreciente mientras que el tamaño de la población crece. Los niveles de consumo de agua muestran que en lugar de incrementarse han tenido una tendencia a la reducción. Las causas principales de este comportamiento deben estar relacionadas directamente con el incremento de la tarifa de servicio de agua. Sin embargo, se interpreta adicionalmente que dicho fenómeno podría estar además asociado con comportamientos de autorregulación de los usuarios.

RECOMENDACIONES

Debido al potencial no aprovechado de aguas pluviales, es necesario identificar los posibles usos de las aguas de lluvia para su eventual aprovechamiento como fuente alterna de abastecimiento, reduciendo la dependencia a las fuentes locales y externas.

Es necesario contar en la región metropolitana con un organismo que informe de manera precisa el estado ambiental urbano del recurso hídrico en el territorio y analice las dinámicas y procesos que se dan en la ciudad con el objetivo de mejorar su eficiencia y disminuir su impacto.

El área metropolitana necesita un sistema de información ambiental con información continua en el tiempo, de alta calidad y analizada; al alcance de quienes la requieran: la comunidad, los gestores, los tomadores de decisiones e instituciones.




AGRADECIMIENTOS

Los autores queremos expresar nuestros agradecimientos a la Universidad Tecnológica de Pereira y al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias–, por el apoyo técnico y financiero del proyecto “Demanda de bienes y servicios ecosistémicos como determinantes de la sustentabilidad en áreas metropolitanas. Estudio de caso: Pereira, Colombia”, del cual se deriva esta publicación.

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1. Administradora Ambiental. Candidata a Magíster en Gestión Ambiental Metropolitana. Co-investigadora Grupo de Investigación Gestión Ambiental Territorial, Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), Colombia. La Julita, Pereira, Risaralda, Colombia. A.A.: 097. [email protected]

2. Administrador Ambiental. Magíster en Investigaciones de Operaciones y Estadísticas. Doctor en Ciencia y Tecnología Ambientales. Investigador Grupo de Investigación Gestión Ambiental Territorial, Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), Colombia. La Julita, Pereira, Risaralda, Colombia. A.A.: 097.

Investigador Grupo de Investigación Sostenipra (UAB-IRTA-Inèdit). Institute of Environmental Science and Technology (ICTA). Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). School of Engineering (EE), Campus de la UAB, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 08193 Barcelona, Catalonia, Spain. [email protected]

3. Ingeniero Sanitario. Magíster en Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Doctor en Ingeniería. Investigador Grupo de Investigación en Agua y Saneamiento. Decano Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), Colombia. La Julita, Pereira, Risaralda, Colombia. A.A.: 097. [email protected]

Para citar este artículo: García-Serna, M.I., Morales-Pinzón, T., Guerrero, Erazo, J. (2014). Análisis de flujos de agua en áreas metropolitanas desde la perspectiva del metabolismo urbano. Revista Luna Azul, 39, 234-249. Recuperado de http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=957

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DESARROLLO CONCEPTUAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CONTEXTO COLOMBIANO1

Luisa S. Paz M.2 William R. Avendaño C.3 Abad E. Parada-Trujillo4

Recibido el 1 de septiembre de 2013 y aprobado el 28 de mayo de 2014, , actualizado el 13 junio de 2014

RESUMEN

La Educación Ambiental (EA) ha tenido un auge significativo, se trata de una respuesta hacia la necesidad de un cambio social estructural. Sus fundamentos se encuentran tanto en las normas internacionales como locales, y su desarrollo conceptual ha sido amplio y complejo. El objetivo del presente artículo es explorar algunos elementos normativos y conceptuales que fundamentan la EA, así como la adopción de la misma en términos curriculares en Colombia. El método empleado se circunscribe en el análisis documental, razón por la que se abordó una amplia información de la cual se realizaron inferencias de acuerdo al propósito del artículo. Dentro de los resultados, se encontró que la EA ha sido asumida conforme a las características de cada periodo histórico, en especial, del siglo inmediatamente pasado con un gran cúmulo de normas internacionales y nacionales, y que su implementación desde la escuela debe corresponder a una reflexión conjunta y colectiva de todos los actores escolares, tanto en su diseño como implementación. Cualquier enfoque de la educación ambiental resulta válido siempre que corresponda a los objetivos trazados por la escuela en coherencia con las necesidades y problemáticas locales, aquellas de las que son parte los educandos. Se concluye que las normas internacionales y locales en materia de educación ambiental son evidencia de la trascendencia que tiene la protección del medio ambiente y que los enfoques desarrollados desde el terreno conceptual posibiliten el cambio siempre que se integren elementos tanto críticos como cognitivos o socio-cognitivos.

PALABRAS CLAVE

Educación ambiental, desarrollo conceptual, contexto colombiano.

CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE COLOMBIAN CONTEXT

ABSTRACT

Environmental Education (EE) has had a significant growth as a response to the need for structural social change. Its foundations are found in both international and local standards, and its conceptual development has been extensive and complex. The aim of this article is to explore some statutory and conceptual elements underpinning EE, and its adoption in curricular terms in Colombia. The method used is limited to documentary analysis reason why a wide range of information was addressed from which inferences were made according to the purpose of the article. Among the results, it was found that EE has been taken according to the characteristics of each historical period, particularly since the 70’s in the twentieth century with a wealth of international and national standards, and that its implementation from school should respond to a joint and collective reflection of all school actors, both in its design and implementation. Any




environmental education approach is valid whenever appropriate to the goals set by the school in line with local needs and problems, which are part of the learners’ reality. It is concluded that international and local environmental education norms are evidence of the importance that environmental protection and the approaches developed from the conceptual change make change possible provided that they integrate both critical and cognitive or socio-cognitive elements.

KEY WORDS

Environmental education, conceptual development, Colombian context.

INTRODUCCIÓN

En Colombia, la Educación Ambiental (EA) que se imparte en las instituciones escolares se encuentra instituida por el artículo 14 literal c) de la Ley 115 de 1994. La norma expresa que es obligatorio en los niveles de educación formal (preescolar, básica y media) impartir la “enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales”, de conformidad con la Carta Política de 1991. Esta norma es de vital importancia en el marco de los acuerdos y los compromisos suscritos por el Estado colombiano en procura de alcanzar un desarrollo sostenible. La EA compromete a todos los individuos, las familias, la sociedad en general y los poderes públicos del Estado (Valdés, 2000, p. 623), porque la humanidad se encuentra con una crisis ambiental (Orellana, 2002, p. 221) la cual corresponde a la “crisis de nuestro tiempo” y que “no es una catástrofe ecológica resultante de la evolución de la naturaleza, sino producida por el pensamiento con el que hemos construido y destruido nuestro mundo” (Leff, 2000, p. 67). En otras palabras, hoy más que nunca es perentorio el diseño e implementación de acciones por parte del Estado que implique la participación de la sociedad y, en especial, la escuela como espacio para la reproducción de la cultura y transformación social.

Ya desde hace dos décadas, no solo Colombia sino los Estados en general, han reconocido la urgencia de realizar acciones concretas y efectivas para promover el desarrollo sostenible, es decir, hacer uso de los recursos sin poner en peligro la existencia de las generaciones futuras. Un ejemplo de ello es la inclusión de aspectos medioambientales en las constituciones políticas de los diferentes Estados, y en América Latina “la mayoría de los países hicieron cambios […], en los que hubo un mayoritario reconocimiento constitucional a la materia ambiental, tema que, salvo excepciones, no había aparecido, hasta el momento, de manera tan notoria en las constituciones” (Acuña, 2010, p. 113). Esto es relevante desde el punto de vista político, pues se entiende que la inclusión de estas normas ambientales a nivel constitucional es debido a la importancia, urgencia y al consenso de los pueblos por mejorar el estado de crisis en materia ambiental. Las cartas políticas contienen los principios fundamentales para la creación y organización de los poderes públicos además de las normas generales que enmarcan la totalidad del ordenamiento jurídico, así como las garantías individuales y sociales “que deben ser respetados por la totalidad del sistema jurídico” (Vázquez, 1975, p. 589). Entonces, los Estados que referencian normas medioambientales desde la misma Constitución, admiten la superioridad de la misma, razón por la que debe ser desarrollada y garantizada por el resto del sistema jurídico. En el Cuadro 1 se hace una síntesis de algunas normas constitucionales en América Latina que han incluido los países en sus cartas

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políticas. En algunas de ellas se ha realizado la inclusión de normas medioambientales con capítulos completos, otras en las secciones de derechos y garantías de las personas.




Los Estados latinoamericanos han instituido la protección del medio ambiente a partir de las constituciones políticas de cada país. Como se puede observar en el Cuadro 1, el fin de todos es similar: trabajar en pro de una cultura que fomente la preservación de los hábitats, la biodiversidad y los recursos naturales renovables y no renovables, brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes en ambientes libres de contaminación. Estas normas de nivel constitucional sugieren que dichos contenidos deben ser asumidos desde una política de Estado, pues tienen relación directa con el marco axiológico de cada Nación. Al mismo tiempo, aparece de forma homogénea el medio ambiente como un derecho, que implica un conjunto de obligaciones reciprocas, es decir, toda persona tiene derecho a un ambiente sano pero a su vez todo individuo tiene la obligación de propiciar un respeto por el medio ambiente. Cada una de las normas referenciadas en el Cuadro 1, identifican a la persona como sujeto activo del derecho, pero a su vez es sujeto pasivo de esta relación.

Los avances en el derecho constitucional impulsaron en los Estados una revisión y reforma de las cartas políticas en coherencia con las discusiones medioambientales. Las transformaciones comenzaron en las década de los setenta, específicamente en 1972, “en consonancia con el espacio que comenzaban a ocupar, en todo el mundo, las ideas sobre la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible” (Brañes, 2001, p. 47). El concepto de desarrollo sostenible está implícitamente asociado con el medio ambiente, y ello implica la necesidad del uso racional de los recursos a fin de no afectar la vida de

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las generaciones presentes y futuras. La materialización de nuevos valores estatales y objetivos gubernamentales, se ha dado a partir de la aprobación y ratificación de instrumentos internacionales como la Declaración de Río (1992) o Declaración Salónica (1997). La Declaración de Río de 1992 y la firma de Colombia como Estado parte de esta manifestación es una “evidencia del compromiso adquirido por el gobierno [...] en el desarrollo de actividades que garanticen de forma tangible la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible” (Avendaño, 2011, p. 48).

De este modo, la EA y las prácticas que sobre ella se tejen, desde el punto de vista formativo y político, son instrumentos necesarios para afrontar los problemas del medio ambiente, los cuales se han agravado e intensificado en las últimas décadas (Casares, 2000, p. 43). Al reconocer la educación como un proceso de reproducción cultural (Durkheim, 1976, p. 17; Giroux, 1986, p. 64; Avendaño & Parada, 2011, p. 400; Ball, 2001, p. 6; Dewey, 2004, p. 15) en donde los sujetos de aprendizaje pueden a partir de la formación que se les brinda hacer cambios significativos en sus entornos, entonces se debe reconocer la EA como un medio efectivo para construir nuevos modelos de pensamiento, mejorar la calidad de vida de los hombres y contribuir al aseguramiento de la supervivencia de todas las especies en la tierra. En fin, la educación permite un cambio de comportamiento de los sujetos de aprendizaje lo cual se traduce en transformaciones a nivel de pensamiento, sentimientos y acciones (Tyler, 1986, p. 13).

Sin embargo, en la práctica la EA presenta dificultades al igual que toda la educación en general pues esta se encuentra marcada por viejas formas escolarizadas que poco responden a las características y exigencias de la sociedad del conocimiento (Pilonieta, 2010; Avendaño & Parada, 2011, p. 401). Por otro lado, las propuestas en las que se consignan la enseñanza de la EA requieren de una mayor “reflexión que ayude a integrar la educación ambiental como proyecto institucional, con las propuestas de aula, las cuales no tienen suficientemente en cuenta los verdaderos principios y fundamentos conceptuales de la educación ambiental” (Pardo, 1995, p. 9). En otras palabras, existe una urgencia por definir verdaderos programas de EA a nivel institucional, de tal suerte que puedan desde la interdisciplinariedad ser abordados para que esta formación resulte significativa desde la misma aula o cualquier lugar escolar donde se da el proceso de formación. Pero para ello, es importante hacer identificar y analizar los elementos jurídicos que fundamentan la educación ambiental, además de los aspectos conceptuales desarrollados en torno al tema, a fin de hacer algunas recomendaciones de tipo pedagógico.

El presente artículo de revisión explora la noción conceptual de la educación ambiental, algunos elementos normativos de orden internacional que muestran la evolución del objeto de estudio, el marco normativo nacional que fundamenta el necesario cambio social, político y educativo en materia ambiental, la implementación de la educación ambiental desde el terreno curricular en Colombia y las construcciones que se han realizado en el campo de la educación ambiental en términos y que atienden a concebir las relaciones entre el hombre y el medio ambiente.

EDUCACIÓN AMBIENTAL (EA): ACERCAMIENTO CONCEPTUAL

Intentar ofrecer un concepto de la educación ambiental, es una meta compleja que requiere de un análisis de los diversos elementos que componen este




constructo. Por un lado, es necesario hacer un acercamiento al concepto de educación y de medio ambiente de forma separada a fin de ofrecer una construcción conceptual válida. La educación desde su concepción epistemológica tiene su origen en dos términos latinos: educere y es-ducere. El primero de ello hace mención a los verbos nutrir o alimentar, y el segundo a una acción de llevar o sacar de adentro hacia afuera (Pérez, 2003, p. 119). Por lo tanto, desde esta base se comprende que la educación es un proceso ejercido, primeramente, desde el exterior o por agentes externos, y luego como una acción autónoma e individual. Ahora bien, por educación se debe entender que se trata de un proceso de reproducción y transformación cultural, entendida la cultura como todas aquellas construcciones colectivas que componen los saberes, las creencias, las conductas y la organización social. De allí que hable en la actualidad de la pluriculturalidad y de la necesidad de una educación pluricultural, es decir, de procesos en las escuelas basados en la reproducción y transformación de los saberes, las creencias, la cultura, las conductas y la organización social. Asimismo, dependiendo del contexto de las escuelas, la educación tendrá un rol o función específica respecto de aquello en lo que se debe educar.

En cuanto al término medio ambiente, autores como Gómez (2002, p. 37), Fernández & Leiva (2003), Fernández, Moreno, De la Losa & Calaforra (2005, p. 1058) y otros, conciben el medio ambiente como la interrelación de los elementos físicos, biológicos, económicos, sociales, culturales y estéticos, que pueden afectar de un modo u otro la vida en la tierra de los seres presentes y las de las futuras generaciones. Así, la EA se entenderá como un proceso de reproducción y transformación cultural, es decir, los saberes, las conductas, las creencias y demás, en torno al cuidado y uso racional de cada uno de esos elementos que integran el medio ambiente, para no arriesgar las condiciones requeridas para una vida digna.

Para Nóvoa (2009, p. 198) la EA es una vía para el “replanteamiento de nuestras relaciones con la biosfera, a la vez que un instrumento de transformación social y empoderamiento de los más débiles, todo ello con la meta final de conseguir sociedades más armónicas y equitativas”. De este modo, una de las funciones esenciales de la EA es abrir espacios de reflexión en torno a las relaciones del hombre respecto de los otros elementos que conforman el medio ambiente, y a su vez se traduce en acciones concretas para mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente las que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o excluidas.

EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE EL CARÁCTER NORMATIVO INTERNACIONAL

Si bien los avances significativos en materia de EA se dieron en los años setenta, ya para finales del siglo XX los temas de protección del medio ambiente y educación se hacían visiblemente necesarios. El primero se puede ubicar en 1968 en París con la Conferencia de la Biosfera en donde “se dan pautas para incorporar la EA al sistema educativo” (Moreno, 2008). Pese a este tipo de referencias sobre el concepto de Educación Ambiental, el reconocimiento formal de su importancia se establece en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo los días 5-16 de junio de 1972, llamada Declaración de Estocolmo. En ella se resaltan dos elementos: una proclamación y un conjunto de principios alrededor del tema del medio ambiente. En la proclamación resulta relevante que: a) los Estados miembros admiten que

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el avance de la ciencia y la tecnología pueden influir, en gran escala, sobre el medio ambiente; b) la protección del medio humano es fundamental para el bienestar y el desarrollo de los pueblos; c) el hombre debe reflexionar permanentemente en sus descubrimientos e invenciones a fin de no causar daños incalculables a la humanidad ni al medio; d) hay un deterioro evidente en regiones de la tierra, existe una grave contaminación del agua, el aire, la tierra y los seres vivos, se está gestando un desequilibrio ecológico y se agotan los recursos de la tierra; e) los niveles de vida de muchos seres humanos son muy bajos, presentándose una problemática alimentaria, de vivienda, educación, sanidad, higiene, etc.

El segundo aspecto relevante de la Declaración de Estocolmo, es la definición de 24 principios entre los que se destacan: a) derechos fundamentales (libertad, igualdad y disfrute de condiciones de vida adecuadas); b) preservación de los recursos naturales para el goce de generaciones presentes y futuras; c) mantenerse, restaurarse o mejorarse la capacidad de la tierra para producir recursos vitales para el hombre; d) responsabilidad del hombre en la preservación de la flora y fauna; e) uso adecuado de los recursos no renovables; f) poner fin a descargas de sustancias tóxicas y otras que causen daño a los ecosistemas; g) obligación de los Estados en impedir la contaminación de los mares; etc. También en la década de los setenta y ochenta se dan algunas otras citas para el abordaje de los temas de educación relacionados con aspectos medioambientales y ecológicos como el Coloquio Internacional sobre Educación relativa al Medio Ambiente (Belgrado, 1975), la Conferencia Intergubernamental sobre Educación relativa al Medio Ambiente (Tbilisi, 1977)5, el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente (Moscú, 1987).

Ya en 1992 con la Cumbre de la Tierra o Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), 172 gobiernos aprobaron acuerdos relacionados con el desarrollo sostenible. Un producto de este encuentro fue la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente conformada por 27 principios, destacándose el derecho de las personas a una vida saludable, el derecho de los Estados a aprovechar sus recursos y el deber de velar por las actividades que se realizan en su jurisdicción, equivalencia entre desarrollo y necesidades sin arriesgar las generaciones presente y futuras, integración de la protección del medio ambiente en la agenda de desarrollo sostenible, la cooperación y solidaridad mundial en función de conservar, proteger y restablecer la salud e integridad del ecosistema de la Tierra, etc. (Avendaño, 2011, p. 48). En los años noventa el concepto de desarrollo sostenible asociado al marco económico señala un nuevo enfoque en los temas ambientales, ecológicos y educativos.

EL DESARROLLO NORMATIVO EN COLOMBIA

En el contexto colombiano, las políticas y acciones en materia de EA asumieron el enfoque normativo con el Plan Nacional de Desarrollo Ambiental titulado El salto social, hacia el desarrollo humano sostenible en el año 1997. Variantes como la pobreza, la violencia y el medio ambiente fueron asumidos en el plan, los cuales constituyen elementos muy acordes con la realidad de la Nación y las necesidades de las comunidades. Si se observa, esta perspectiva corresponde a un enfoque sistémico, es decir, asumir la EA como un conjunto de elementos interrelacionados en los que es necesario armonizarlos dentro de la totalidad del sistema porque la falla de uno afecta a los demás. El Plan de Desarrollo Ambiental de 1997 precisó:




[…] para obtener un nuevo ciudadano, se requiere de la construcción de un proceso de sensibilización, concientización y participación y propende porque mediante la educación el hombre mejore su actuación sobre la naturaleza, haciendo un aprovechamiento sostenible de los recursos de que dispone y a los cuales tiene acceso. (Ministerio del Medio Ambiente & Ministerio de Educación Nacional, 2002, p. 7)

Ya para el año de 1998 y 2002 la Política Ambiental del Plan de Desarrollo se diseña en virtud de un Cambio para construir la paz, y este proyecto privilegia “los instrumentos y acciones dirigidos a fomentar entre los ciudadanos la ética, la responsabilidad, el conocimiento y la capacidad para prever y enfrentar colectivamente, la solución de los problemas ambientales” (Ministerio del Medio Ambiente & Ministerio de Educación Nacional, 2002, p. 7). Lo que se logra observar de estas dos políticas (El salto social, hacia el desarrollo humano sostenible y Cambio para construir la paz) es la incapacidad de dar continuidad a las acciones de un gobierno a otro. En dicho sentido, es de conocimiento que ninguna política pública, y sobre todo las asociadas a la construcción de ciudadanía, valores y conciencia, como lo es la EA, puede generar efectos en corto o mediano plazo. Por lo tanto, la política que se desarrolla debe ser trabajada a lo largo del tiempo para que se alcancen resultados significativos en dicho sentido, aún más si se considera el enfoque sistémico dado a la EA.

Anteriores a estas políticas, ya la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) en su artículo 5º establecía como uno de los fines de la educación “la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales […]” y a su vez se expedía en el mismo año, el Decreto 1743 de 1994 por el cual se instituía el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, con participación del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Ambiente. Resalta de este decreto, la obligación para las instituciones educativas de incluir dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI), “proyectos ambientales, escolares en el marco de diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con miras a coadyuvar a la resolución de problemas ambientales específicos” (art. 1º). Sin embargo, los avances en este sentido han sido muy escasos, no se ha logrado establecer una verdadera articulación entre las instituciones públicas y los programas y acciones han correspondido a las directrices del gobierno de turno.

El marco referido a los proyectos escolares de tipo ambiental es relevante, porque su diseño debe responder a diagnósticos ambientales que incluya las problemáticas, los fenómenos, las necesidades y la relación del hombre con el medio ambiente. La pregunta en dicho sentido resalta: ¿han cumplido las instituciones educativas el diagnostico previo para el diseño de los proyectos ambientales en coherencia con el PEI de cada plantel? Y es que es vital, pues como se ha sostenido, la EA debe responder a las necesidades del entorno de los educandos y a sus características y requerimientos personales y colectivos.

El mismo Decreto 1743 de 1994, en su art. 2º establece los principios rectores de la EA, es decir, del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE): la interculturalidad, la formación de valores, la regionalización, la interdisciplinariedad, la participación y formación para la democracia, la gestión y resolución de problemas. El diseño del mismo, corresponderá a la totalidad de miembros de la comunidad educativa a partir de los diversos órganos del gobierno escolar (art. 3º), es decir, su diseño e implementación debe comprometer a la comunidad educativa en general conforme a sus intereses y a la forma en que comprenden sus relaciones con la naturaleza. De allí que se establezca como parte de los instrumentos utilizados

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para el desarrollo de los PRAE, la asesoría y el apoyo institucional a través de directivas y actos administrativos que coordinen y controlen las acciones de ejecución de los proyectos (art. 4º); la formación de docentes (art. 5º); la evaluación permanente (art. 6º); el servicio social obligatorio (art. 7º); entre otras.

El otro documento esencial para la comprensión de la EA en Colombia son los lineamientos curriculares para el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de 1995, de igual forma, anterior a las políticas ya señaladas. En él se establecen los 5 logros y objetivos de la EA para Colombia: a) concientización; b) conocimiento; c) valores, actitudes y comportamientos; d) competencia; y e) participación. La concientización se refiere a un despertar de la conciencia por el medio ambiente y sus problemas. El conocimiento se enfoca en el desarrollo de experiencias que le permitan al sujeto apropiarse de un saber básico en temas medioambientales. Los valores, las actitudes y los comportamientos buscan la construcción de valores y una mayor participación de los sujetos en el mejoramiento y protección del ambiente. La competencia permite que los sujetos identifiquen, anticipen y resuelvan problemas relacionados con la temática. Finalmente, la participación busca la implicación dinámica de los sujetos en la solución de los problemas ambientales.

La EA en Colombia se enfoca en la concepción de lineamientos generales y abarcadores, pero solo desde el escenario local se puede profundizar en objetivos concretos y significativos para las escuelas. Por ello, los lineamientos curriculares señalan que los sujetos de aprendizaje frente a las problemáticas ambientales, deben “ejercitar la reflexión crítica respecto a comportamientos hombre-naturaleza-ciencia-tecnología-sociedad”, y que puede ser abordada desde diversas corrientes de la EA. Los problemas ambientales no pueden ser evaluados desde la dimensión física o química, sino que estos tienen asociados factores naturales, sociales, económicos, políticos, culturales, epistémicos, filosóficos, entre otros, y por lo tanto, su tratamiento debe ser de la misma complejidad atendiendo a todos los elementos que puedan incidir en los programas ambientales en las escuelas.

Las normas internacionales relacionadas en el apartado dos y las nacionales relacionadas en el presente apartado, así como los compromisos adquiridos por el Estado, y por ende, por toda la población, en especial al sector educativo, conducen a replantar las prácticas que se desarrollan dentro de las aulas, así como el papel del PEI, el currículo y el plan de estudios implementado. La reproducción de formas escolarizadas basadas en los contenidos temáticos y la memorización de los mismos a espaldas de las realidades y las necesidades de las comunidades son una manifiesta contradicción a los compromisos adquiridos y a la construcción de mejores estados de vida para el hombre.

CONCEPCIONES Y CORRIENTES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

El medio ambiente es un entorno vital en donde se interrelacionan “elementos físicos, biológicos, económicos, sociales, culturales y estéticos” (Gómez, 2002, p. 37; Fernández & Leiva, 2003; Fernández et al., 2005, p. 1058; Martínez, 2005, p. 85), y en este panorama se ven envueltos los individuos, las comunidades, la sociedad en general. El medio ambiente es todo un grupo de circunstancias que le permite al hombre construir un modelo de vida. Resalta, al analizar la definición que comparte un gran número de autores sobre medio ambiente, la complejidad que reviste el tema pues no es un asunto meramente físico ni




biológico, sino también sociocultural, económico, filosófico, estético, axiológico, etc.

Complejos y diversos son los desafíos que las actuales sociedades enfrentan en aras de salvaguardar el medio ambiente y como lo expresa la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología (UNESCO) el nuevo milenio es una “transición simbólica, más que corte tajante de épocas, el nuevo milenio es ocasión de valorar rutas y asumir nuevos compromisos” (UNESCO, 1998, p. 2). Una amplia regulación normativa acompañada de un despertar de la conciencia colectiva sobre las actividades humanas ha resultado útil para proteger la naturaleza y los recursos en los últimos años; sin embargo, no ha sido suficiente tomando en cuenta el gran despliegue tecnológico, el uso desaforado de los recursos naturales y la expropiación indiscriminada de los ecosistemas. Esto hace parte de la perspectiva del hombre, que producto de la Segunda Revolución Industrial, veía los recursos como fuentes inagotables (Ministerio de Educación - Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 2009, p. 13) y que a través del despliegue y desarrollo de la ciencia se podía dominar la naturaleza, idea que ya se gestionaba desde la modernidad (Porto, 2000, p. 11).

Se ha exigido a los entes gubernamentales correspondientes en cada país, un desarrollo legislativo coherente con las necesidades del medio ambiente que logre tomar acciones correctivas y preventivas. En otras palabras, un marco jurídico que regule, controle, inspeccione y sancione, a aquellos que en el ejercicio de sus labores pueden afectar al entorno natural y sus preciados bienes. En este sentido, a educación adquiere un papel fundamental en este tópico. Hay que forjar sólidas bases educativas para que los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en proceso de formación se apropien de esta problemática, tomen posturas activas respecto del tema y participen como actores sociales en la construcción de una nueva realidad. Pardo (1995, p. 17) analiza las esferas en que actúan los seres humanos: la sociosfera, la tecnosfera y la biosfera. Estas se encuentran relacionadas entre sí: la sociosfera afecta la tecnosfera y la biosfera directamente, aunque también puede afectarla a través de la tecnosfera (Gráfico 1). De allí que describa la necesidad de hacer cambios en la sociosfera porque así se modifique la tecnosfera será imposible un impacto positivo en la biosfera: “[…] de nada sirven los ajustes tecnológicos sin más, porque lo que debe cambiar es la sociosfera, es decir, el marco de relaciones” (Pardo, 1995, p. 17).

Debido a la influencia del ser humano en el medio que habita, se ha concertado globalmente la EA como una forma de tratar las problemáticas del planeta y por ello ya no se pone en duda la importancia de la EA “como estrategia para concientizar, analizar y comprender la crisis ambiental” (Ministerio de Educación - Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 2009, p. 19). Terrón (2000, p. 12) considera que la EA:

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[…] es una dimensión distinta al propósito intrínseco del desarrollo, [que] implica procesos de transmisión y subjetivación donde lo humano es lo prioritario, influida desde luego por la cultura: su ideología y visión de mundo, que derivadas en el plano de los sujetos y de las prácticas sociales, determinan las relaciones que dichos sujetos establecen entre sí y con la naturaleza.

En otras palabras, la EA permite al individuo evaluar analítica y reflexivamente su posición y conducta respecto del medio. La EA es un proceso de formación que busca despertar la conciencia ambiental y que las personas se identifiquen con los graves problemas ambientales (Cugler, 2010) por los que se encuentran pasando las sociedades y el planeta. Desde la perspectiva de Copello, Nunes, Langoni & Russo (2008, p. 44), la EA “consiste en un modo de ver el mundo, que evidencia las interrelaciones y las interdependencias de los diversos elementos que constituyen y mantienen la vida”. Para ello se ha buscado emplear estrategias desde diversos enfoques, las cuales tienen una gran multiplicidad de manifestaciones (Gutiérrez & Pozo, 2006, p. 22; González & Valdez, 2012) haciendo de la EA una dimensión compleja (Sauvé, 2003). Sauvé (2004) hace un recorrido de las corrientes de la educación ambiental y que es necesario analizar e interpretar. De acuerdo a la autora, las corrientes para la educación ambiental se han elaborado en dos espacios de tiempo: las primeras corresponden a la década de los setenta y ochenta, y las segundas a necesidades y requerimientos actuales. Las antiguas son: a) corriente naturalista, b) corriente conservacionista/recursista, c) corriente resolutiva, d) corriente sistémica, e) corriente científica, f) corriente humanista y g) corriente moral/ética. Las nuevas son: h) corriente holística, i) corriente bio-regionalista, j) corriente práxica, k) corriente crítica, l) corriente etnográfica, m) corriente de la eco-educación, y n) corriente de la sostenibilidad/sustentabilidad. Las características de cada una de las corrientes se expresan en el Cuadro 2.




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Sauvé (2004) hace un desarrollo importante de las corrientes de la EA y cabe destacar que no hay un criterio homogéneo para la gestión de estos procesos. Es necesario conocer el grupo de sujetos, su contexto, intereses y necesidades, así como el tipo de sociedad. La aplicación de un modelo de EA depende de las circunstancias propias en las que se encuentran inmersos los sujetos de

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aprendizaje, es decir, a los contextos de los educandos y al modelo de sociedad del momento. En el Cuadro 3 se exponen las características vitales de cada década en materia ecológica y ambiental desde los años sesenta hasta los noventa a fin de establecer las relaciones entre las corrientes que se han desarrollado y las cualidades propias de cada sociedad. Si bien los años sesenta fue el periodo inicial en la construcción de nuevas perspectivas en muchos campos de la vida del hombre, solo hasta los años setenta se da una preocupación real y relevante por los asuntos ambientales. Es precisamente en este periodo que la educación construye modelos de enseñanza como los expuestos por Sauvé (2004). Por ello, las primeras corrientes se fundamentaron en asociar los tópicos medioambientales con problemáticas y recursos naturales, precisamente cuando se evidenció la escasez de los segundos y los efectos de los primeros. Posteriormente, las corrientes incluirán aspectos económicos y políticos, precisamente porque los años ochenta y noventa correspondieron a cambios de ese tipo.

El medioambiente como objeto de estudio desde las ciencias de la educación es un tema relativamente nuevo. Sin embargo, frente al auge del tema medioambiental se han logrado diseñar variados enfoques para la EA lo cual permite, desde el punto de vista teórico, el uso de diversas estrategias atendiendo a las necesidades de las comunidades y a las características de los educandos. De igual manera, se deben atender de manera prioritaria los asuntos éticos de la EA así como su fundamentación ciudadana.




Terrón (2000, p. 12) ha dicho que formar a los educandos en términos de EA “significa ayudarles a comprender cuál es el sustrato ético que los orienta, el por qué y el para qué de sus acciones, la importancia de estar conscientes de [ellos] mismos, de [su] persona y del objetivo que [se persigue] en la vida”, en otras palabras, de dar un sentido al hombre dentro del cosmos. De allí también se destaca un elemento importante que impregna la noción de formación en la actualidad: los procesos metacognitivos. Esto es así, porque un proceso de formación que atiende a los principios de la metacognición promueve la capacidad que tiene el sujeto para aprender por sí solo. Para Casado (1998, p. 100) la metacognición hace:

[…] referencia a la reflexión que el sujeto de aprendizaje realiza sobre su manera de aprender, su estilo, y las consecuencias que obtiene para posteriores aprendizajes. El resultado de esta reflexión, por tanto, debería ser la adopción de estrategias eficaces ante un problema, en lugar del acercamiento mediante un sistemático ensayo-error hasta que llegue el éxito.

Avendaño & Parada (2011, p. 408) especifican que la metacognición es un requisito sine qua non, dentro de los actuales modelos pedagógicos, y que con ella “se logra la autorregulación del organismo, lo que conlleva al aprendizaje autónomo”. Desde el punto de vista de la EA, los procesos de formación enfocados en la metacognición posibilitan que los sujetos de aprendizaje asuman roles realmente trascendentales en el hábitat donde se desenvuelven logrando identificar los efectos de cada acción que realizan. Y esto es coherente con la idea de que la educación en ciencias no puede soslayar el papel del individuo y su contexto, a fin de que los desafíos de la educación no se dan en un vacío, formando parte de la compleja maraña de la dinámica económica, social, cultural y política de la época (Stavenhagen, 2000). Los apuntes de Stavenhagen (2000) incluyen parte de las viejas y nuevas corrientes de las que expresa Sauvé (2004) y es esencial reconocer y analizar contextos de educandos así como su rol, características del entorno, necesidades del medio, normatividad y políticas públicas.

Los contenidos se convierten en medios para lograr habilidades y competencias de tipo cognitivo (Avendaño & Parada, 2011, p. 408). Así, la educación ambiental no debe estar basada en la transmisión de los contenidos específicos, ya que no existe un contenido único, siendo, por el contrario, un conjunto de temas ampliamente variados, y que se utilizan dependiendo de los niveles a que se destinan y de los contextos educativos en los que se procesan las actividades (Reigota, 1995, p. 70).

La naturaleza de la EA implica para el sujeto un avance no solo en lo cognitivo sino también en la esencia que brinda un enfoque crítico como lo estima Delors (1996, p. 45). Freire (1992a, p. 24) afirma que los hombres se encuentran a sí mismos como un problema, y dicha autoperspectiva del hombre está ligada a su puesto en el cosmos y a su interacción con él. En EA esto resulta muy importante, pues las relaciones del hombre con el medio, el cosmos o su entorno resultan ser un problema que debe ser reflexionado para conducir a un estado más humano, hecho que lo asume Freire (1992a, p. 24) en el siguiente sentido: “el problema de su humanización, a pesar de haber sido siempre, desde un punto de vista axiológico, su problema central, asume hoy el carácter de preocupación ineludible”. Y como afirma este mismo autor, el reconocimiento de la necesidad de llevar a cabo procesos de humanización significa que hay una conciencia en el hombre de su propia deshumanización. En dicho sentido, podríamos decir que la EA encuentra su esencia en el mismo hombre, cuya humanización se encuentra inconclusa y de la cual él es consciente.

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Para Freire (1992b, p. 7) la educación es “praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo”, y dicha noción se puede extrapolar a las pretensiones de la EA. Por otro lado, la noción política de la educación (Monroy, 2005) nos recuerda que la “educación es un verdadero producto cultural, social e histórico” (Avendaño & Parada, 2011, p. 400). En esta misma línea lo considera Díaz (2004) para quien los problemas ambientales y su comprensión son cuestiones socio-políticas y el proceso de edificación del conocimiento como forma de concientización ambiental, constituye quehaceres complejos y necesarios. La UNESCO (1994, p. 20) describe que “[…] cualquier disciplina precisa de otras disciplinas afines […] [y] tratándose de problemas del medio ambiente; un mismo fenómeno debe ser estudiado bajo diferentes enfoques, aunque complementarios”.

En EA el papel de la conciencia tiene un rol vital. Triviños (1987, p. 37), considera que:

[…] la conciencia presupone una reflexión sobre la realidad objetiva y por lo tanto, la formación de ciudadanos conscientes exige una metodología educativa centrada en la problematización de las situaciones, donde cada uno de los involucrados en el proceso puedan interiorizar valores y establecer juicios.

De esta manera, se estarían formando hombres con un rol positivo dentro de la sociedad que pueden asumir comportamientos que benefician el medio ambiente, pero desde una construcción cultural que permite su solidificación y permanencia en los demás individuos actuales y futuros. La comprensión de la relación que se establece entre el individuo y su entorno es fundamental para entender la relación hombre-medio, con el objetivo de generar una conciencia crítica-reflexiva capaz de construir soluciones y alternativas frente a los problemas ambientales emergentes a partir de acciones educacionales comprometidas con la mejora de la calidad de vida para la colectividad (Castelltort, 2007, p. 368).

Para un efectivo proceso de EA, y en el marco de generar conciencia, resignificar la cultura y el desarrollo, es necesario que los maestros tengan una compleja formación ya que es necesaria en las transformaciones (Nóvoa, 2009, p. 210) que se quieran adelantar. Ello exige, por parte de los maestros, una completa compresión de las problemáticas ambientales y la enumeración de posibles soluciones que abarque diversos factores. La EA constituye un proceso no solo de tipo epistémico, ético o cosmológico. Como se mencionó, es un elemento integral de la política actual que permite la consolidación de valores supremos como la igualdad, la fraternidad, la libertad, la justicia y la dignidad. Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en los “numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social” (Delors, 1996, p. 7).

De la mano de esta apreciación se puede enaltecer la esencia de la educación en el desarrollo continuo de la persona y las sociedades, siendo este un mecanismo para alcanzar un desarrollo humano más armonioso, más genuino; para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las opresiones, las guerras, y todo aquello que resulta ser un compendio de una misma problemática. Los hombres en sus construcciones sociales e invenciones solo han encontrado un instrumento para la consolidación de la humanidad y ha sido la educación. Ella permitirá, en la medida en que sea modificada, alcanzar transformaciones significativas en todos los campos y de ahí que la apuesta para darle un nuevo significado al medio ambiente dependa, esencialmente, del




sentido y el papel que se le imprima a la educación. La educación debe ser observada como una herramienta fundamental en la formación de ciudadanos amigables con el medio ambiente y la perspectiva resaltada de la EA incluye elementos significativos como la paz, la violencia, la democracia y la pobreza, los cuales son fundamentales desde el punto de vista pedagógico. Su fundamento ya se encuentra en el pensamiento crítico de Freire o en el enfoque cognitivo de Gardner (2008, p. 75, 89) para quien es vital en la actualidad y en el futuro desarrollar cinco tipos de mentes, entre esas, la mente respetuosa y la mente ética, las cuales permiten construcciones sociales basadas en el respeto al otro y la unificación de valores que propenden por ambientes más sanos. En este sentido, la EA debe dirigirse hacia la comprensión de la realidad del sujeto y al despertar de la conciencia del mismo que le permita identificarse como ser posibilitador de cambios.

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1. Artículo de revisión. 2. Administrador de Empresas. Especialista en Gerencia Educativa. Magíster

en Gerencia de Empresas. Doctorando en Educación. Docente, Universidad Francisco de Paula Santander. Investigador, Grupo de Investigación “GICSH” en Ciencias Sociales y Humanas, adscrito a la Universidad Francisco de Paula Santander. [email protected]

3. Economista. Especialista en Alta Gerencia. Magíster en Administración. Doctorando en Ciencias Sociales y Humanas. Docente-Investigador, Universidad Francisco de Paula Santander (Cúcuta), Director Grupo de Investigación “GICSH” en Ciencias Sociales y Humanas. [email protected]

4. Abogado. Especialista en Alta Gerencia. Magíster en Educación. Directivo-Docente del Colegio Militar General Francisco de Paula Santander (Cúcuta). Investigador, Grupo de Investigación “GICSH” en Ciencias Sociales y Humanas, adscrito a la Universidad Francisco de Paula Santander. [email protected]

5. Esta Conferencia ofrecerá las bases para determinar los objetivos y logros básicos de la EA en Colombia a través de los Lineamientos Curriculares para el área de Ciencias Naturales y educación Ambiental (1995).

Para citar este artículo: Paz-M., L.S., Avendaño-C, W.R., Parada-Trujillo, A. (2014). Desarrollo conceptual de la educación ambiental en el contexto colombiano. Revista Luna Azul, 39, 250-270. Recuperado de http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=958




MODELOS TERRITORIALES ESTUDIO DE CASO REGIÓN CENTRO OCCIDENTE1

Erika Bedoya Ramos2 Samuel Guzmán López3

Recibido el 06 de agosto de 2013 y aprobado el 30 de mayo de 2014, actualizado el 17 junio de 2014

RESUMEN

En este artículo se hace una revisión a los modelos de ocupación espacial convencionales y alternativos con el propósito de generar una discusión sobre nuevas formas para la reestructuración del territorio como es la Ordenación Reticular Policéntrica, la cual se presenta aquí como una opción para integrar el territorio regional Centro Occidente de manera equipotencial, generando sinergias y conectando sistémicamente las dinámicas sociales y ecológicas. Para alcanzar ese objetivo se llevó cabo una diagnosis, contextualización y contraste de las teorías sobre ordenación territorial y de instrumentos como el Escalograma Funcional de la Ecorregión Eje Cafetero, así como una revisión de las formas de ordenación e integración espacial que se han propuesto para la región Centro Occidente, y finalmente una reflexión acerca de las relaciones ecológicas y sociales que se articulan en la región.

PALABRAS CLAVE

Policentrismo, región, red, socio-eco-sistema.

REGIONAL MODELS CASE STUDY CENTRAL-WESTERN REGION

ABSTRACT

A review of the models of conventional and alternative spatial occupation is presented in this article with the purpose of generating a discussion about new ways for the restructuring of the territory as it is the Reticular Polycentric Ordination, which is presented here as an option to integrate the Central Western Regional territory in an equipotential manner, generating synergies and connecting systemically social and ecological dynamics. To achieve this goal, diagnosis, contextualization and contrast of spatial planning theories and instruments like Eje Cafetero (Coffee Triangle) Ecoregion Functional Scalogram were carried out, and also a review of the forms of organization and spatial integration which have been proposed for the Central Western region and finally a reflection about ecological and social relationships which are articulated in the region.

KEY WORDS

Polycentrism, region, network, socio-eco-system.

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INTRODUCCIÓN

Como en casi todos los procesos mediados por la ciencia moderna, en las cuestiones territoriales se observa el reduccionismo que invisibiliza las correlaciones intrínsecas que suceden entre los eventos y sus variables (Leff, 1998). Se trata de una visión positivista caracterizada por la noción simplista que concibe al territorio como una máquina, a la cual se le puede desmembrar en partes para comprender, desde las propiedades de estas, el funcionamiento del todo (Morin, 1994).

En este sentido, es normal encontrar modelos territoriales que aún bajo la mirada clásica no corresponden con las diferentes rutas que pueden surgir de la relación cultura-ecosistemas, y por lo tanto se quedan cortos ante las problemáticas ambientales del territorio, las cuales están sujetas a un alto grado de incertidumbre y conflicto (consecuencias, repercusiones e intereses) requiriendo otras formas de investigarlas y gestionarlas (Wagensberg, 1998; Funtowicz & Ravetz, 2000).

Partiendo desde allí es importante, primero: reconocer cuáles han sido los imaginarios de organización territorial a los cuales le han apostado las ciudades y regiones latinoamericanas y especialmente las colombianas, puesto que estos, posiblemente han influenciado los patrones de su organización espacial, y segundo, analizar nuevas formas para entender, planificar y actuar sobre los territorios y sus tendencias.

Los modelos territoriales alternos que surjan de ese análisis deben corresponder, o por lo menos, representar más fielmente la complejidad de las múltiples relaciones que se entretejen y producen la trama territorial. En la medida en que esto sea posible, se podrá pensar en reducir los desequilibrios, problemáticas, riesgos y conflictos que trae consigo la escisión las dinámicas socio-ecológicas.

Teniendo en cuenta esa perspectiva, este artículo se centra en el reconocimiento y caracterización de los modelos y tendencias clásicas y alternativas de ordenación territorial en Latinoamérica, Colombia y la Región Centro Occidente, así como en el análisis y la explicación de las funciones sociales y ecológicas como criterios transversales a los procesos de ordenación espacial de la Región Centro Occidente.

LA TENDENCIA DE LOS MODELOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL EN LATINOAMÉRICA, COLOMBIA Y LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE A PARTIR DE LA ÉPOCA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN

Para iniciar, se empezará por definir al territorio como un espacio socialmente construido (Raffestin, 1993) que en términos de Montañez & Delgado (1998) se construye a partir de la actividad espacial de agentes que operan en diversas escalas, o en términos de Olivera (2003), recuperando a David Harvey, el espacio geográfico que va adquiriendo formas, estructuras, patrones y procesos que lo caracterizan en diferentes escalas de lo local, regional, nacional, mundial, y en ámbitos urbanos y rurales diversos según las condicionantes ambientales y las prácticas sociales establecidas.

De igual forma, se hace referencia a región como ámbito territorial de una relación social, como “segmento de territorio que incluye la localización de los




agentes y medios directamente acoplados por la relación, así como a los senderos de los flujos materiales que la realizan” (Coraggio et all., 1989), es decir, se ve a la región como porción del territorio como lugar o escenario en donde se ubican procesos y relaciones sociales, así como elementos y procesos naturales (Santos, 1996), los cuales, al estar indisolublemente articulados, conforman lo que se denomina un complejo social-natural (Palacios, 1983).

Partiendo desde allí, se infiere que existe una relación recíproca entre los condicionantes naturales y las acciones sociales que se manifiesta en los territorios y que ha estado presente desde el mismo momento en que el entorno ha determinado la vida de las comunidades, y las comunidades mediante la cultura han transformado su entorno (Mançano, 2009). Una expresión de esa doble relación son las formas de ocupar el territorio, las cuales han alternado entre la expansión-dispersión y la densificación-compactación y más reciente con otros modelos alternos como las redes y el policentrismo, que proponen una articulación de los desarrollos ecológico, rural, urbano y regional (Chavoya, García & Rendón, 2009).

En general, cualquiera que sea la forma de ocupar la superficie terrestre esta siempre ha estado sujeta a los cambios económicos y sociales, como lo expresa Gurevich (2006) los cambios que se van produciendo en el territorio no son únicamente el producto de las condiciones naturales. A veces, las condiciones naturales ejercen cierta influencia sobre la organización del territorio, pero las transformaciones que sufre este se deben principalmente a los cambios que se producen en la propia sociedad que lo habita: es ella quien lo construye y organiza a lo largo del tiempo (Fernandes, 2010). Su organización social, política, económica, cultural, tecnología y las relaciones que establece con otras sociedades del mundo, producen cambios en la organización del territorio. Por un lado las condiciones naturales, y por otro lado el modelo de territorio construido en el pasado, constituyen la base para las organizaciones territoriales presentes y futuras.

Entre esos modelos de ocupación y para el caso de Norte América el patrón ha sido marcadamente horizontal, es decir, sus ciudades son dispersas presentando periferias extensas y límites difusos. Las periferias metropolitanas se caracterizan por bajas densidades residenciales con áreas situadas de forma discontinua, de lo que resulta un paisaje fragmentado y disperso representado en los suburbios, lo cuales se originan como resultado de la colonización de espacios vacíos y ocupados por viviendas con densidades bajas (Rojas, Muñiz & García-López, 2009).

Por su parte, en Europa central como reacción a las formas de expansión urbana incontrolada que se estaban dando y a la degradación del tejido urbano, la comisión territorial europea conformada por los ministros europeos encargados de la ordenación del territorio afirmaron desde 1999 una tendencia “Esquema de Desarrollo del Espacio Comunitario” en la que se priorizó la necesidad de contener la dispersión urbana horizontal, y optar más bien por las recomendaciones del desarrollo espacial policéntrico (Estrategia Territorial Europea, 1999).

En la actualidad, tanto en Europa como en Estados Unidos (aunque en diferentes medidas y condiciones), ha crecido un interés por el estudio de las regiones urbanas policéntricas, lo que no solo ha derivado en la aparición de nuevos modelos teóricos, más complejos y refinados que el modelo monocéntrico4, sino que también ha aparecido un buen número de trabajos aplicados en las

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metrópolis europeas, particularmente las españolas, y el policentrismo en las ciudades de Los Ángeles y Chicago.

En Latinoamérica la tendencia de ocupación del territorio desde mediados del siglo pasado y hasta 1970 fue drásticamente focalizada en las grandes ciudades, las que fueron favorecidas por la Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI), y desarrollaron una importante dinámica económica, una concentración de la toma de decisiones política, un creciente aparato burocrático y un amplio sector de servicios, lo cual, a su vez, las convirtió en las principales metrópolis de cada país con altos índices de primacía, inhibiendo el crecimiento de ciudades vecinas, dada su gran atracción de migrantes y mercado cautivo (Jordan & Simioni, 1998).

Posteriormente, con el inicio del proceso de globalización económica según Salazar (2001) empiezan a observarse nuevos patrones de distribución espacial de la población, tanto así que, para la crisis de los años ochenta, se dio una reconversión del proceso de concentración en las ciudades medias; y para la década de los noventa, las capitales nacionales empezaron a tener otras formas, adaptando una manera de crecimiento periférico polinuclear5.

En Colombia esta nueva dinámica se observó a principios del siglo XX, cuando el país adquirió un énfasis primordialmente urbano en su Ordenamiento Territorial, en la medida en que las ciudades se fueron constituyendo en los centros receptores de migración campo-ciudad y en epicentros económicos de mayor dinamismo. Se pasó de cerca de 1.000 aldeas a medio centenar de ciudades intermedias, una docena de áreas metropolitanas y cuatro megalópolis. Se consolida a Bogotá como ciudad primada, y además se da lugar a la conformación y extensión de aglomeraciones urbanas alrededor de las ciudades de mayor jerarquía (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pasto, Armenia, Pereira y Manizales), donde se observan relaciones funcionales entre una variedad de municipios (Gómez, Suárez y Salas, 2000).

La Región Centro Occidente, en este orden de ideas, también se ha visto influenciada por el crecimiento urbano y la concentración generada por fenómenos como la metropolización, la cual se originó con la creación del Área Metropolitana Centro Occidente −AMCO− (Dosquebradas, La Virginia y Pereira) mediante Ordenanza No. 20 de 1981 y modificada por la Ordenanza 020 de 1991.

Ese modelo de organización urbano del Área Metropolitana Centro Occidente se fundó siguiendo la lógica de las teorías del urbanismo clásico como la “Teoría de los Lugares Centrales” de Christaller; esta básicamente consiste en que los asentamientos urbanos se sitúan en un espacio isotrópico a distancias regulares en torno a centros de servicios. Siendo Pereira el centro urbano o núcleo principal de la cuenca del río Otún, y las poblaciones contiguas de Dosquebradas y La Virginia municipios satélites. En este marco, un lugar central es aquel núcleo de población que ofrece más bienes y servicios y por esto se convierte en un polo de atracción (Ainstein, et all., 2010).

Adicional a lo anterior, el proceso de metropolización que surgió en la Región Centro Occidente se configuró principalmente de las siguientes formas:

Metropolización por expansión geográfica de la ciudad núcleo. La urbanización acelerada satura el espacio de áreas urbanas y rurales, bajo la presión del crecimiento y la migración, expandiéndose hacia municipios vecinos para terminar integrándose con ellos (Marín, 2012). Es el caso de los municipios




de Pereira y Dosquebradas, en donde el área urbana de la ciudad conurbada (Dosquebradas) crece de manera importante, al tiempo que pierde buena parte de la población y las actividades rurales y sus límites con la ciudad núcleo (Pereira) desaparecen en la práctica aunque mantiene su autonomía administrativa. Estos municipios mantienen unas relaciones económicas de intercambio de mano de obra y de servicios económicos, sociales y ambientales muy importantes (Ruiz, et all., 2007).

Metropolización por conurbación de áreas rurales aledañas a las principales vías. La creciente demanda de bienes y servicios ambientales que genera la ciudad núcleo de Pereira sobre los municipios vecinos, cambia el uso del suelo y genera un tipo de urbanización que tiene más las características rururbanas. En estas áreas los municipios vecinos pierden rápidamente su vocación agrícola y se especializan como zonas de vivienda campestre o zonas de viviendas secundarias para recreación, o para comercio o servicios. Es el caso de la relación de Pereira con el municipio de La Virginia, en donde algunas actividades urbanas se desarrollan en suelo rural y de allí su nombre de rururbanos (Ruiz, et all., 2007).

De la misma manera como ocurrió con el modelo metropolitano y teniendo en cuenta el carácter multiescalar de la idea de región, se han configurado otras propuestas y apuestas territoriales tendientes a la integración regional como:

La Ecorregión Eje Cafetero: en esta propuesta las bases estructurantes para la regionalización son los ecosistemas y el valor del recurso hídrico como determinantes naturales estratégicos para el desarrollo regional sustentable.

La Región Centro Occidente es percibida dentro de la Ecorregión Eje Cafetero como parte del sistema de áreas naturales protegidas, como integrante de las cuencas hidrográficas articuladoras y como parte de la red de ciudades que se estructuran alrededor de los procesos de metropolización y de integración que circundan a las ciudades de Armenia, Manizales y Pereira (Arango, 2008).

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La Ciudad-Región: para Boisier (2006) las ciudades se integran en sistemas que existen en una relación de naturaleza simbiótica ciudad-territorio circundante, es decir, entre la ciudad y su región. Entendiendo esa condición, se propuso la conformación de la Ciudad-Región Eje Cafetero como un sistema de tres ciudades intermedias que comparten rasgos históricos, cuentan con dinámicas urbanas y tienen un espacio territorial de alto interés de análisis dado que actúan como centro de una región (parten de un hecho metropolitano), lo cual resulta de cierta forma sesgado, en la medida en que se sustentan en los aspectos urbanos denotando una jerarquización vertical en torno a las ciudades núcleo.

De esa forma, se estableció que la ciudad-región estaría conformada por una red de asentamientos que van desde las ciudades de Armenia, Manizales y Pereira como las de mayor dinámica urbana y de prestación de servicios y relaciones funcionales, hasta el conjunto de medianos y pequeños municipios cordilleranos dedicados, principalmente, a la economía cafetera. Así, la propuesta de la ciudad-región incluye a los municipios de Manizales, Chinchiná, Villamaría, Palestina y Neira (Conglomerado 1); Pereira, Cartago, La Virginia, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal (Conglomerado 2); y Armenia, Calarcá, Circasia, La Tebaida y Montenegro (Conglomerado 3) (Rodríguez, Arango & Galvis, 2002).




El modelo territorial del Área Metropolitana Centro Occidente

Durante un estudio de análisis de la movilidad y de las diversas estructuras y relaciones desarrollado en el área metropolitana, se llegó a proponer unos escenarios de ordenamiento para el territorio, a partir de un modelo integral de desarrollo sostenible, que sería el orientador de la forma de ocupación del territorio metropolitano.

Como resultado de este trabajo, se propuso una visión de territorio deseado para el Área Metropolitana Centro Occidente. El diseño del modelo se realizó con base en dos alternativas: la estructuración de un área metropolitana con base en una metrópoli dispersa o contrastada con un modelo denso. Los escenarios de organización territorial analizados fueron los siguientes:

1. Territorio disperso. Continuación de la tendencia existente. 2. Territorio articulado como una ciudad lineal. 3. Territorio compactado a través de una centralidad regional metropolitana. 4. Territorio jerarquizado mediante poli-núcleos urbanos.

Al finalizar se seleccionó el escenario tres (urbanización compacta) como el escenario adecuado consolidando a Pereira y Dosquebradas como centralidades regionales metropolitanas, donde Pereira es la ciudad núcleo con doble rol polarizador de irradiación/atracción y los núcleos urbanos de Cartago, Santa Rosa de Cabal y La Virginia como polos menores (Área Metropolitana Centro Occidente, 2010).

El Comité de Integración Territorial de Centro Occidente −CIT−

Esta figura asociativa surge de la agrupación de 12 municipios, los cuales conforman mediante el acuerdo de voluntades firmado en 2008 y fundamentado en la Ley 614 de 2000 un cuerpo colegiado, con el cual crean un espacio de concertación a la vez que sirve de órgano consultivo y asesor del gobierno

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territorial para el establecimiento de mecanismos de integración, coordinación y armonización de las diferentes entidades competentes en materia de ordenamiento del territorio, para la implementación de sus planes de ordenamiento territorial.

Paisaje Cultural Cafetero −PCC−

Esta iniciativa reafirmada en la declaratoria del 25 de junio del año 2011 por la UNESCO, parte de la idea de integrar al territorio con base en su construcción social e histórica configurada alrededor del cultivo del café. Como resultado se definió que el territorio del Paisaje Cultural Cafetero sería compartido entre municipios de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, entre los cuales está inmersa la Región Centro Occidente.

El modelo territorial PCC se caracteriza en especial por entender al territorio de interrelación como un paisaje integral que aglutina diversos aspectos naturales y culturales que son el resultado de las formas de actuar de una sociedad. Una fusión entre la naturaleza, el trabajo colectivo y la cultura (Red Alma Máter - Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero, 2010).

Una vez realizado este breve recorrido por algunos de los modelos territoriales que se han visionado teniendo en cuenta a la Región Centro Occidente, se observa una tendencia marcada hacia la prevalencia de los aspectos estructurales sobre los cuales se soportan las actividades propias de lo urbano (espacio público, vías y transporte, infraestructuras de servicios públicos, vivienda y equipamientos) como factores articuladores de los procesos regionales, igualmente se evidencia que las iniciativas planteadas en materia de desarrollo territorial están aún muy sujetas a las condicionantes económicas y políticas, solo algunas aproximaciones como en el caso la Ecorregión Eje Cafetero y Paisaje Cultural Cafetero han incluido variables como la estructura ecológica, los aspectos de tradición cultural y las relaciones rururbanas dentro de sus modelos.

Por otra parte, la ciudad de Pereira es vista en todos los casos como centralidad, realizando las funciones de ciudad central regional, esto debido a: primero, el realce que desde los modelos de ocupación territorial regional se hace de su ubicación favorable en la zona media occidental del triángulo de oro formado por los principales centros urbanos y económicos del país (Bogotá - Medellín - Cali), y segundo, a que a Pereira se la ha dotado de un posicionamiento destacado como ciudad intermedia comercial, de servicios y de mediana capacidad industrial.

Hasta acá se ha podido apreciar cómo la Región Centro Occidente ha adoptado formas de ocupación que se caracterizan por su concentración en los conglomerados urbanos de mayor tamaño poblacional y capacidad económica y en sus áreas de influencia inmediata, pero esta situación ha provocado la existencia de brechas entre el campo y la ciudad, el desarrollo desigual entre regiones, y además la agudización de la crisis ambiental en las ciudades en donde el crecimiento acelerado las ha llevado a unos niveles insostenibles en los aspectos ecológico y social.

Sin embargo, aunque las ciudades en América Latina y en Colombia siguen concentrando la población y las actividades, la tendencia ahora parece orientarse hacia modelos territoriales más descentralizados, articulados y dinámicos con su entorno, donde se reivindican a los municipios intermedios y menores, en los cuales se producirá el grueso de los cambios, pero que tienen al mismo tiempo el




reto de fortalecer sus capacidades para planear y para atender adecuadamente las presiones que dicha descentralización conlleva (Ruiz et al., 2007).

Incluso, con ese propósito de generar redes territoriales, se ideó desde el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos (2010-2014)” la iniciativa de las Áreas y Corredores de Desarrollo Territorial para aprovechar las capacidades funcionales y externalidades positivas de las ciudades principales, de manera que irradien desarrollo en su área de influencia, y de igual manera se están adelantando propuestas para la conectividad territorial como las Estructuras Ecológicas Regionales. Dado este grado de avance en las iniciativas de conectividad territorial adelantadas, parece ser ahora el momento de asentarse sobre nuevos paradigmas del desarrollo regional constructivistas, complejos, enfocados en la (re)estructuración del territorio a partir de relación sujeto-sujeto entre los procesos de la naturaleza y de la sociedad, pues es indudable sea a escala municipal, metropolitana o regional que las dinámicas y flujos propios del territorio integran los espacios, desde lo natural hasta lo construido en sus múltiples escalas (Haesbaert, 2004).

Como menciona Bervejillo (1998), se puede decir que estamos frente a una visión de la reinvención del territorio, noción que alude a una transformación radical en la forma de pensar, gobernar y gestionar el espacio por parte de la sociedad contemporánea. Bervejillo plantea que esa reinvención social del territorio, como desafío y proceso en curso, se presenta como un movimiento articulado en tres dimensiones básicas: el conocimiento, la política y la gestión. En el plano del conocimiento, se trata de redefinir las bases epistemológicas, renovar las teorías y conocer desde nuevos enfoques y paradigmas las realidades emergentes. En el plano político, reinventar equivale a reorganizar el territorio mediante nuevos proyectos colectivos y nuevas formas de gobernancia. En el plano de la gestión, el desafío consiste en la incorporación de nuevas tecnologías y modelos organizativos, que comportan un cambio radical respecto a la gestión tradicional.

Partiendo desde allí, están cobrando fuerza los enfoques en materia de Desarrollo Regional Alternativo que surgen en el marco de la denominada crisis de los paradigmas del Desarrollo Moderno, entre los cuales se encuentran las redes territoriales tanto ecológicas como de complementariedad urbana y el policentrismo. Para el caso de las redes territoriales, estas han sido explicadas desde diversos autores de acuerdo al tipo de red o la manera de obtenerla. Con carácter global, la Teoría General de Sistemas define una red como un conjunto de objetos sumados a un conjunto de conexiones, que determinan el patrón de un sistema. Una red está definida por sus nodos (sus elementos) y las conexiones que se establecen (sinapsis, conversaciones, transacciones…) que se representan mediante flechas que indican el sentido de la comunicación y los nodos que se comunican (Ossa, 2013).

En el Pensamiento en red (Network Thinking) el foco de atención se centra en las relaciones de las entidades, más que en las entidades mismas. Desde el punto de vista de la red, la complejidad de un sistema parece surgir de la complejidad de las interacciones de sus partes. Como hace notar Mitchell (2009).

Fundamentándose en la teoría de redes surge el modelo de las redes territoriales de complementariedad, las cuales se forman entre centros (municipios) especializados y complementarios, interconectados a través de flujos de interdependencias. En este sentido, existe una variedad y distribución geográfica de las funciones entre los diferentes centros a diferencia del modelo de lugar central (Boix & Montezuma, 2003).

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Además, las redes han sido utilizadas para mostrar el funcionamiento. integrado o real, de las relaciones ecológicas que ocurren en un determinado espacio territorial y así hacer más sencilla su comprensión y su posterior ordenación. De esa forma, se da la creación de sistemas o redes territoriales a partir de hechos con valor patrimonial, natural o cultural, con los propósitos de sostener la diversidad biológica y la regeneración de recursos naturales (pasillos y corredores biológicos, áreas para el mantenimiento de la matriz natural, ambiental o paisajística) y propiciar un acceso social equivalente a los lugares de disfrute de la naturaleza o del paisaje, que toman la forma de sistema de espacios libres, o del patrimonio histórico (itinerarios culturales). Estas redes, estructuras o sistemas territoriales están siendo concebidas también como elementos de apoyo a la diversificación de los espacios rurales y del desarrollo territorial (Fernández & Caravaca, s.f.).

No obstante, tanto un sistema de relaciones jerárquicas como un sistema formado por relaciones equipotenciales son una red, y lo que los diferencia es la dirección de los flujos, que son verticales y de dominancia en el primer caso, y horizontales o de igualdad en el segundo.

Por esta razón, resulta importante hablar de otro modelo territorial conocido como policentrismo, el cual es complementario al modelo de Red dado que supone además de un núcleo central nuevas centralidades, que llevan a municipios de tamaño medio y pequeño al cumplimiento de objetivos de descongestión y de fortalecimiento de sinergias a diferentes escalas (Nogués & Salas, 2010).

De ahí, que el policentrismo sea una contraposición al modelo metropolitano clásico fordista que establece un esquema exclusivamente polarizado por un núcleo central, donde se hallan ubicadas las principales funciones y una periferia dependiente (García & Muñiz, s.f.) En consecuencia, los posibles beneficios de una estructura territorial basada en la interacción entre múltiples centros (a manera de red policéntrica) son:

1. Alivio de la polarización. 2. Integración social y ecológica (visualización e interpretación de las

dinámicas y las articulaciones que se dan entre territorio, sociedad, ambiente, economía, ética y política).




3. Control de la dispersión urbana (contiene la dispersión porque concentra en los diferentes centros la población y las actividades).

4. Fortalecimiento del potencial de los distintos centros. 5. Cohesión socio-geográfica.

El propósito de esta forma de ordenación territorial es integrar los componentes que tienen lugar en el territorio dando cuenta de la complejidad de las relaciones que ocurren dentro de la trama que conforman las diferentes redes, que ya no solo son urbanos, sino también rurales, ecológicos y regionales.

En este sentido, los procesos de ocupación del territorio y sus instrumentos de planificación que manifiesten una limitada capacidad para asumir la sustentabilidad desde temas como una conciencia geográfica respecto de la nueva escala de región y las relaciones eco-rururbanas, presuponen transformaciones en el territorio que pueden tener efectos irreversibles como la fragmentación de hábitats, pérdida de biodiversidad, escasez de agua, erosión de suelos, desequilibrios sociales, etc., y con ello por supuesto detrimento de las condiciones de vida de las comunidades humanas.

FACTORES DE INTERRELACIÓN ENTRE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE

El territorio entendido como el espacio donde ocurre la relación recíproca entre la sociedad y la naturaleza, denota un trasfondo en el que se entretejen y determinan el uno al otro los sistemas biofísicos con los culturales. Desde esa perspectiva sistémica se infiere que pretender comprender cómo funciona el territorio, implica reconocer que existen uno flujos (relaciones) permanentes entre los ecosistemas y las comunidades, en donde los primeros son el soporte de las segundas y las segundas actúan como fuerzas transformadoras de los primeros.

Por lo tanto, resulta innegable que cada asentamiento poblacional (área rural, pueblos y ciudades) mantiene conexiones con su área de influencia, las cuales se derivan de los lazos tanto ecológicos como sociales, revelando la necesidad de articular armónicamente dentro de las estrategias territoriales de ordenación regional la gestión para el desarrollo con las emergencias biofísicas y culturales del territorio (Camargo, 2005).

Partiendo desde allí, en este escrito se piensan las relaciones regionales que se dan entre los municipios de Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Marsella, Balboa, Belén de Umbría, Cartago, Alcalá, Ulloa, Apía, La Celia, Anserma, Risaralda, Belalcázar, San José, Chinchiná, Viterbo, Santuario, Ansermanuevo, Obando, Salento y Filandia, desde lo ecológico, que son las relaciones que emergen de las dinámicas propias de la base ambiental de dicho territorio denominada como estructura ecológica, así como desde las relaciones sociales, expresadas por los sistemas rurales y urbanos, definidos como el conjunto de asentamientos humanos, que difieren por su tamaño y funciones, los cuales interactúan entre sí (flujos), dando como resultado una estructura espacial dinámica, materializada y organizada en el territorio.

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Relaciones ecológicas entre los municipios de la Región Centro Occidente

La consideración de las relaciones ecológicas, implica pensar siempre que el significado que se tiene de cualquier cosa es fuertemente dependiente del contexto. Es por esto que el resultado de descontextualizar las relaciones e intercambios que ocurren entre la sociedad-naturaleza, ha llevado y pueden llevar a la toma de decisiones perjudiciales para ciertas áreas. La percepción que de su entorno tiene una población es un factor importante para cualquier planificación a nivel regional. Por lo anterior, cualquier estructura ecosistémica y sus relaciones (demanda y oferta de bienes y servicios ecosistémicos) debe ser percibida como una organización de sistemas contenidos en otros y por tanto interdependientes entre ellos y con su contexto (Forman & Gordon, 1986), o en otras palabras, “el todo es más que la suma de sus partes”.

Esto significa, que al fragmentar el sistema en sus partes no se puede pretender obtener su efectivo funcionamiento, de ahí que exista la contrariedad primero entre el manejo de las fronteras naturales de los ecosistemas y los límites políticos administrativos como son manejados en muchos casos (y a los cuales trascienden), y segundo el desligue de las comunidades y sus actividades como parte inherente a la gestión holística del paisaje ecosistémico por ser la principal causa perturbadora. En general, dichas situaciones están siendo portadoras de dificultades y contradicciones en términos de la sustentabilidad de los territorios.

Para el caso del territorio regional, a medida que los ecosistemas por acción de las comunidades han sido convertidos en tierras de producción y asentamientos han ido conformando un paisaje heterogéneo análogo a un mosaico de manchas cada vez más fragmentado. Lo que revela que la conservación de la biodiversidad y sus beneficios depende cada vez más no solo del manejo y conservación de áreas naturales protegidas, sino también de impulsar y fomentar la visión de conservación dentro de las zonas intervenidas (Harvey & Haber, 1999).

Ahora bien, el análisis de la conectividad ecológica, al menos para el caso colombiano, no se puede aislar del estudio de las problemáticas que enfrenta la




conservación de las áreas de reserva que la conforman (tanto al interior de estas como en sus zonas conexas), tales como el conflicto armado, el narcotráfico, las prácticas agrícolas y pecuarias inadecuadas y la pobreza, las cuales son variables innegables.

En definitiva, lo que se pretende con el enfoque de Red Ecológica Regional es concebir al paisaje como un tejido de piezas conectadas por flujos (ej. energía, nutrientes, organismos) que en definitiva definen la interacción entre hábitats en el territorio. Por lo tanto, un paso significativo para retejer ese tejido es conservar corredores biológicos entre relictos de bosques y áreas intervenidas, destinados al flujo y conservación de la biodiversidad teniendo como base la geometría y/o arreglos espaciales de los diferentes fragmentos de vegetación con el fin de proponer posibles rutas de conexión.

En el caso de la eco-forma de la Región Centro Occidente dicha conexión se puede estructurar a partir de los elementos básicos de sus redes ecológicas:

Zonas núcleo. Corredores. Zonas de amortiguación y barreras.

Las zonas núcleo estarían representadas por los parques naturales y las áreas protegidas, en donde y debido a que poseen una elevada biodiversidad se generan diferentes beneficios ambientales que deben ser muy protegidos.

Las zonas núcleo, sin embargo, no pueden mantenerse de forma aislada, sino conectadas y consideradas en el marco de la red ecológica (Pungetti, 2003). En este contexto, es esencial abordar el análisis de los elementos del paisaje y su conectividad, para lo cual es importante el manejo adecuado de las fronteras como zonas de transición que rodean a las áreas núcleo cumpliendo la función de filtrar y aminorar los impactos negativos desde y hacia estas centralidades, así como también la implementación de los corredores que son fajas de tierra o de agua que tienen la función de conectar las áreas centrales y las zonas de transición entre manchas adyacentes con el fin de servir de rutas para la migración y dispersión.

En conjunto estas formas del paisaje se deben articular conformando la estructura ecológica regional principal, entendida como la red integradora en el mosaico de usos del territorio que genera, sostiene y conduce la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del mismo, distribuyendo equitativamente los beneficios y garantizando la integridad ecosistémica a escala local y regional (Castro, s.f.).

Pero no solo se trata de enlazar las áreas protegidas sino también de comunicar las áreas urbanas, en este aspecto se habla de la infraestructura verde conocida comúnmente como el conjunto de espacios naturales y artificiales, corredores verdes, parques, avenidas arborizadas y más recientemente techos, muros y terrazas verdes, que involucran a los conglomerados urbanos como parte fundamental de la planificación y diseño de la estructura ecológica principal.

Ahora bien, entendiendo la naturaleza multidimensional y multifuncional de la dimensión ambiental y/o ecológica que cruza o toca diferentes campos de la planificación: económica, técnica, social, ambiental, física y política, se deja para la discusión que la escala de gestión pertinente para el manejo de la conectividad ecológica regional puede ser la cuenca hidrográfica fundamentada en un enfoque

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del ordenamiento y desarrollo integral de cuencas, que para Colombia es desde 1954 el espacio de referencia fundamental para el ordenamiento y desarrollo territorial (Wong-González, 2009). En este aspecto la microrregión cuenta con una riqueza hídrica conformada principalmente por los tramos de la cuenca media del río Cauca como el articulador inequívoco de este proceso regional y las cuencas de los ríos Otún, Consotá, Barbas, Risaralda, Campoalegre, Chinchiná y La Vieja.

En síntesis, los ecosistemas y sus funciones ecológicas condicionan el desarrollo sustentable de territorio en la medida en que aportan los recursos que permiten la estructuración del espacio social y económico, pero su investigación, planeación y gestión debe ser incentivada por cambios importantes en la manera de percibirlos; especialmente el paso de considerarlos islas a redes, esto es, integrarlas en su territorio.

Relaciones urbanas entre los municipios de la Región Centro Occidente

Entre los aspectos que se analizan para estudiar una red territorial como un sistema de asentamientos poblados interconectados están los flujos, los cuales pueden ser de población, de bienes y servicios económicos y de conocimiento e información. Con el propósito de comprender la dinámica con que se dan dichos flujos o relaciones, se analiza entonces el grado de especialización o diversidad funcional que tienen las partes que conforman la red (nodos), en relación a los servicios que brinda a la población circundante. De acuerdo con Gaviria (2010), los servicios ofrecidos por un asentamiento llegan hasta un cierto umbral, y en la medida en que sean más especializados su influencia se extenderá aún más, en cambio, si esos servicios son de carácter corriente o cotidiano, los umbrales tienen un área de alcance reducida, ya que la población no está dispuesta a desplazarse grandes distancias para conseguirlos, pues pueden obtenerlos en su entorno inmediato.

Visto así el territorio regional es, por tanto, un espacio caracterizado por la existencia de flujos y fuerzas que se manifiestan por cambios mutuos o recíprocos, pero desiguales, entre los asentamientos. En otras palabras, las relaciones (de intensidad variable) no tienen el mismo peso, lo que origina jerarquías y verticalidad que diferencian unos asentamientos de otros. Esta situación también se puede identificar en la región con la ayuda del Escalograma Funcional de la Ecorregión Eje Cafetero realizado por la Red Alma Máter, en el cual se muestran las características y jerarquización funcional de los 92 centros urbanos de la Ecorregión, de mayor a menor en razón al tamaño poblacional y el número de funciones que cada uno ofrece para sí y para un área de influencia.

A partir de ejercicios como el escalograma se puede observar cómo la Región Centro Occidente es percibida, planeada y ordenada como una estructura jerarquizada y por tanto, desigual, donde existe un solo Centro Regional Principal que es Pereira, un Centro Subregional Mayor el cual es Cartago, un Centro Subregional Intermedio representado por Chinchiná, cuatro Centros Urbanos (Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Anserma, La Virginia), ocho Centros Rurales de Servicios (Marsella, Alcalá, Belén de Umbría, Belalcázar, Obando, Viterbo, Apía, Santuario, Filandia) y siete Centros Rurales (Balboa, Salento, Risaralda, La Celia, Ulloa, Ansermanuevo, San José).

Partiendo desde allí, se observa la importancia de fomentar la complementariedad funcional entre los municipios de la región de tal forma que se pueda avanzar de un esquema jerárquico hacia uno reticular, donde se aprovechen las ventajas de la competencia económica entre ellos y, al mismo




tiempo, se superen los inconvenientes de dicha competencia, es decir, progresar hacia la generación de valores como la cooperación y asociación para generar competitividad. Pero, esa complementariedad no debe limitarse a la competitividad económica, sino que debe ampliarse a otras necesidades sociales y ambientales de las comunidades (Hernández, s.f.)

CONCLUSIONES

De manera general se concluye que dado el fenómeno de concentración que se ha dado en las ciudades principales colombianas, la Región Centro Occidente se caracteriza por un crecimiento y desarrollo desigual, que solo se podrá reducir en la medida en que se promueva el desarrollo endógeno del territorio, y que además este se articule formando redes y encadenamientos, posibilitando la irradiación de los potenciales de desarrollo.

Partiendo desde esos requerimientos, se debe asumir una mirada sistémica y compleja del territorio como un todo o como un gran rompecabezas, donde sus partes se encajan y complementan dando sentido al todo pero en ningún momento son iguales a este, entonces, entender el todo no significa entender las partes aisladas sino más bien como un sistema interconectado, interdependiente y auto-organizado.

En ese sentido, los procesos de ocupación del territorio y sus instrumentos de planificación deben manifestar la capacidad para asumir la complejidad territorial desde temas como la nueva escala geográfica de región y las relaciones ecológicas-rurales-urbanas, que presuponen transformaciones en el habitar del territorio y por tanto pueden tener efectos irreversibles como el detrimento tanto de las condiciones biofísicas como de las condiciones de vida de las comunidades humanas.

En relación a ese requerimiento, el modelo de ordenación territorial policéntrico en red se presenta en contraposición al modelo clásico centralizado, verticalista y parcializado, pretendiendo resaltar y potencializar las interconexiones regionales de tipo natural y social más que a las mismas partes, esto a través de lazos de interdependencia, la multiescalaridad y las sinergias territoriales.

Partiendo de lo anterior, se propone que un posible sistema policéntrico para la Región Centro Occidente debe corresponder con los resultados que se obtengan luego de superponer los criterios de organización de la Red Rururbano-Regional (ciudades, municipios y áreas rurales entrelazadas) versus los criterios de funcionamiento de la Red de Ecosistemas (unidades geográficas que albergan bienes y servicios ambientales), en lo que sería el sistema socio-ecológico, sabiendo que ambas redes no solo determinan los modelos de ocupación y de organización espacial sino que se constituyen en elementos conectores y diferenciadores del territorio regional Centro Occidente.

Conociendo que en el territorio regional existen relaciones ecológicas determinantes, se propone abordar la estructura ecológica regional como una organización de sistemas contenidos en otros y por tanto interdependientes entre ellos y con su contexto, o en otras palabras, “el todo es más que la suma de sus partes”. Esto supone que el sistema no puede ser gestionado de forma fragmentada por los límites políticos administrativos a los cuales trascienden ni desligado de las comunidades y sus actividades como parte inherente de la trama del paisaje.

Luego de definir que en la región cada vez los paisajes se asemejan más a una matriz de islas, se recomienda el impulso de la conectividad

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estructural que depende no solo del manejo y de áreas naturales protegidas, sino también de impulsar y fomentar la visión de conservación dentro de las matrices intervenidas. Por lo tanto, un paso significativo para retejer ese tejido debería ser conservar corredores entre relictos de bosques y áreas intervenidas (reconexión entre zonas núcleo, corredores, zonas de amortiguación o barreras y áreas urbanas), destinados a mantener los flujos.

Partiendo desde allí, una verdadera base para la ordenación ecológica regional comprende, como menciona el filósofo biorregional Peter Berg (citado por Boisier, 2000), articular los constructos determinados tanto por el terreno geográfico y sus variables naturales (aptitudes del suelo y clima) con los factores socioculturales, tratando de reparar el deteriorado tejido de la vida, retejiendo la red de relaciones entre personas y lugares.

Dado que en el territorio regional se mantienen unos flujos y fuerzas entre los asentamientos que se manifiestan por los cambios mutuos o recíprocos, pero desiguales, se resalta la importancia de fomentar la complementariedad funcional entre los municipios de la región de tal forma que se pueda avanzar de un esquema jerárquico verticalista hacia uno reticular, donde se aprovechen las ventajas de la competencia económica entre estos, al tiempo que se superan las tensiones de la misma mediante valores como la cooperación y asociación para generar competitividad regional.

Para que esto sea posible, se reconoce el requerimiento de adoptar enfoques y metodologías interdisciplinarias que sirvan de puente para la investigación, planificación y gestión territorial, que eliminen los moldes reduccionistas y fronteras disciplinarias en que fueron colocadas en el pasado y en lugar se generen escenarios de interface entre el conocimiento y la aplicación.

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1. Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias– y su programa de Jóvenes Investigadores Universidad Tecnológica de Pereira, Grupo de Investigación en Gestión Ambiental Territorial de la Facultad de Ciencias Ambientales, Pereira, Colombia.

2. Administradora Ambiental. Joven Investigadora, Universidad Tecnológica de Pereira. [email protected]

3. Magíster Desarrollo Sustentable, Universidad Nacional de Lanus. [email protected]

4. También denominado modelo planetario, que con el tiempo llegaría a aceptar la denominación de área metropolitana cuya característica principal es la expansión urbana en la periferia de una gran ciudad que actúa como núcleo central atrayendo hacia sí un segmento importante de los flujos diarios que se establecen en el territorio (Azcárate et al., s.f.).

5. Se trata de una estructura de ordenación territorial que permite distribuir espacialmente la población y las actividades en un esquema conformado por varios núcleos urbanos articulados y por redes de infraestructura que diversifican e intercambian actividades, funciones y servicios (Del Castillo, 2001).

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Para citar este artículo: Bedoya-Ramos, E., Guzmán-López, S. (2014). Modelos territoriales. Estudio de caso región centro occidente. Revista Luna Azul, 39, 271-190. Recuperado de http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=959




EVOLUCIÓN DE LAS TEORÍAS DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES: HACIA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA ÉTICA MUNDIAL1

Valentina Ramírez Hernández2 Jaime Antero Arango3

Recibido el 06 de noviembre de 2013 y aprobado el 03 de junio de 2014, actualizado el 17 junio de 2014

RESUMEN

¿De dónde provienen los actuales problemas ambientales? Se ha detectado que uno de los principales causantes es la disposición y manejo que se le da a los productos post-uso. El objetivo del presente artículo es explorar la procedencia de la problemática causada por residuos industriales y productos post-uso y analizar las consecuencias sobre el ambiente, la economía y la sociedad, resultando que el problema se ha repetido cada vez con más intensidad desde tiempos presocráticos. Para ello, se recurrió a la consulta exploratoria de libros, artículos, revistas, eventos mundiales y locales en bases de datos de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Sao Paulo (Brasil), y que muestren las reacciones de la sociedad y por ende las soluciones que se han querido implementar hasta alcanzar un desarrollo más sustentable. De las soluciones propuestas a estos problemas, surgieron lineamientos de carácter mundial en el ámbito social, técnico, ético y jurídico, los cuales finalmente terminan por afectar profundamente los sistemas industriales, todos en función de prácticas sustentables. Se quiere destacar, aquellos hechos que hicieron que evolucionara la mentalidad de los efectos de los productos post-uso hasta la aparición de una nueva ética mundial, de lo cual hay notables ejemplos en Latinoamérica, concluyéndose que todo este problema tiene un componente ético y social, lo que permitirá aplicar técnicas sustentables en los sistemas productivos, donde la acción de un componente hace evolucionar el otro, finalizando en posturas éticas a favor de la sustentabilidad que son congruentes con aspectos técnicos de sistemas de producción, variable que fue observada a través del artículo.

PALABRAS CLAVE

Recursos naturales, explotación, sostenibilidad, cumbres mundiales.

EVOLUTION OF NATURAL RESOURCES EXPLOITATION: TOWARDS THE CREATION OF A NEW GLOBAL ETHICS.

ABSTRACT

Where do current environmental problems come from? It has been detected that one of the main causes is the disposition and management given to products post-use. The aim of this article is to explore the origin of the problems caused by industrial waste and post-use products and to analyze the consequences on the environment, the economy and society, with the result that the problem has been repeated with increasing intensity since pre-Socratic times. To do this, the exploratory consultation of books, articles, magazines, world and local events in databases of Universidad Nacional de Colombia and the University of São Paulo (Brazil), were used which show the reactions of society and therefore the solutions that have wanted to be implemented to achieve a more sustainable development. From the solutions proposed for these problems, lines of global

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nature appeared in the field of social, technical, ethical and legal environments, which eventually end up deeply affecting industrial systems, all based on sustainable practices. Those facts that made the mentality evolve from the effects of the post-use products to the emergence of a new global ethics, of which there are notable examples in Latin America, are highlighted concluding that all this problem has an ethical and social component which would allow the application of sustainable techniques in productive systems, where the action of a component makes evolve the other components ending in ethical positions in favor of sustainability that are consistent with technical aspects of production systems, a variable that was observed through the article.

KEY WORDS

Natural resources, exploitation, sustainability, global summits.

INTRODUCCIÓN

Actualmente estamos presenciando una de las peores crisis ambientales de la historia, a raíz del marcado comportamiento comercial y consumista globalizado que demanda productos con características especiales. Esto hace que se formen importantes focos de contaminación, pues en todas las fases de elaboración de productos –desde la extracción de materias primas hasta la disposición final– hay un marcado impacto ambiental que deja residuos líquidos, sólidos y gaseosos.

Este problema se hace tremendamente palpable, cuando hay una gran dependencia de recursos naturales para la industria, el comercio y la construcción, lo que demanda grandes cantidades de energía fósil, además de la notable explosión demográfica global, que según el informe del World Population Data Sheet del 2012, muestra claros contrastes entre los países menos desarrollados y más desarrollados, donde la población mundial creció a 7,06 billones en 2011. Por esa razón, la dinámica de producción ha sido grande en los últimos 50 años (Parrado, 2007), donde en 1999 llegó a consumir 120% de sus recursos y su producción (Van Hoof, Monroy & Saer, 2008; Rosales & Silva, 2012).

A nivel ideológico y económico, este comportamiento irracional viene ligado a la definición de progreso como creación de necesidades, el cual está precedido de mitos como (Elizalde, 2008):

- Mito 1: El crecimiento es la mejor manera de combatir la pobreza porque permite una mejor distribución. - Mito 2: El crecimiento de las exportaciones es conveniente para todas las economías. - Mito 3: El crecimiento económico, llamado modernización, es el único camino para mejorar la calidad de vida. - Mito 4: Las necesidades son muchas, ilimitadas, cambiantes y siempre crecientes.

Todo lo anterior, resulta en un esquema de producción-acumulación-consumo (Gómez, Vargas & Posada, 2007) que funciona dentro de un marco que busca el beneficio inmediato, el despilfarro, la producción incontrolada, y con esto, una producción incontrolada de residuos y acumulación, ya que después de que los productos (tanto domésticos como industriales) han cumplido con su ciclo de vida




en el mercado, se disponen en vertederos altamente contaminantes y costosos, en sus efectos ambientales y económicos. En los últimos 20 años, se han producido 400 millones de toneladas de residuos tóxicos anuales (Ojeda & Martínez, 1998), en los países desarrollados se superan los dos kilos de basura diaria por persona y en los países subdesarrollados medio kilo por persona (Elizalde, 2000).

A este ritmo, el actual modo de vida se hace insostenible ya que se alteran considerablemente los ecosistemas, pues no se sabe de forma certera si habrá suficiente stock de capital natural para sustentar la carga de la economía prevista para el futuro, ya que en este momento el consumo natural es mayor que su tasa de regeneración, lo que se manifiesta en el continuo agotamiento (Ojeda & Martínez, 1998). Esta fue a la reflexión a la que se llegó cuando se presentó la crisis de petróleo en los años setenta, así como la forma de mantener los niveles de bienestar en el tiempo (Gómez et al., 2007).

Lo anterior deja entonces un reto, para mitigar los daños causados al ambiente, para proponer una nueva ética de consumo, un sistema de producción amigable con el ambiente en sus operaciones dando como resultado un producto que no cause tanto daño al entorno en todo su ciclo de vida, con el fin de que futuras generaciones puedan gozar también de calidad de vida. Esto ha venido despertando interés en el análisis de la problemática y unas reflexiones históricas, que han hecho que las relaciones entre industria y ambiente sobre los recursos globalmente comunes, evolucionen al punto de que ambas se puedan trabajar integradamente, teniendo en cuenta todos los intereses de los stakeholders involucrados (Freeman, 2010).

Es así, como se mostrará un breve acercamiento de la evolución histórica de estas relaciones hasta la actualidad, que dará una perspectiva futura de tal evolución así como la visión de paradigmas integrados.

Por tanto, el objetivo del presente artículo consiste en observar cuáles han sido los hechos más relevantes que han conducido a la evolución de la explotación de recursos naturales para la fabricación de bienes terminados, lo que ha hecho que muchos conceptos y teorías se pongan en vigencia, poniendo de manifiesto las concepciones éticas y consumistas erradas para después mostrar algunas que son más acordes con teorías de explotación y fabricación más sustentable, desembocando en las mismas prácticas técnicas sobre sistemas de producción, para determinar en qué fase se encuentran estos sistemas y cuál es el panorama que proponen para los sistemas industriales colombianos.

Por tanto, la variable observada durante este artículo es determinar qué posturas confluyen en características técnicas ejecutadas en sistemas industriales.

MARCO METODOLÓGICO

Se realizó una revisión exploratoria de artículos, libros y revistas, sobre el origen de los problemas ambientales, sus reflexiones iniciales hasta la creación de sistemas integrales que afectan profundamente sistemas de producción industriales, conceptos que involucran de manera integral la explotación racional de recursos humanos y las cadenas de suministros verdes.

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Este artículo, hace parte de una investigación más amplia que busca una metodología para articular el Ecodiseño y la Remanufactura en el Proceso de Desarrollo de Productos, por lo cual ha sido necesario conocer los orígenes de las perspectivas, movimientos y lineamientos ambientales y hacia dónde se dirigen.

Se pretende, entonces, revisar el contexto de un problema ambiental que se da a nivel mundial, en función de la evolución de las perspectivas sobre explotación de recursos naturales.

Se consultó en la base de datos de la Universidad Nacional de Colombia, temas relacionados con desarrollo sostenible, ecología industrial, simposios sobre medioambiente dictados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en función de las cumbres mundiales y los conceptos de se han emitido frente al tema, por lo que se tomaron en cuenta las fechas en las cuales se daba cada acontecimiento, hasta la actualidad.

Las leyes consultadas y eventos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se encontraban en la Web.

RESULTADOS

Desde la explotación de recursos naturales, como motor de la economía, hasta la creación del concepto de Economía Ecología y Economía Ambiental

La explotación de recursos naturales, se concibe como la relación conceptual entre el hombre y la naturaleza, en el movimiento platónico donde la naturaleza tiene un lugar dependiente y en el que el hombre sufre la dolorosa ruptura de su unidad entre alma y cuerpo, entre sensibilidad e inteligencia (Ángel, 2001).

En la Edad Media (período histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el XV), el hombre comenzó a separar la actividad manufacturera de la actividad agrícola, donde fue necesario crear espacios urbanos hasta el punto de convertirlo en una actividad económica, lo que posteriormente se llamaría capitalismo. Este nuevo sistema económico, fue creado sobre 3 principios: la propiedad privada, la acumulación individual y el mercado, cuyo proveedor principal era la naturaleza (Gómez et al., 2007).

En la Revolución Industrial (periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX), con el perfeccionamiento de la máquina de vapor, crece la demanda de materias primas, la extracción exagerada de recursos transformables y energéticos (como fuentes madereras, hidráulicas, eólicas y fósiles) para la producción de máquinas y herramientas (Gómez et al., 2007). Esto trajo como consecuencia, la sobrecarga de los ciclos de vida de los desechos sólidos, líquidos y gaseosos, por lo que se empezó a presentar concentración de desechos.

Con este fenómeno, surgieron algunas posturas clásicas como:

Adam Smith, Thomas Malthus y David Ricardo consideraron que cuando el PIB real per cápita rebasa su nivel de subsistencia, el crecimiento de la población volverá a tener esos valores (Muñoz, 2007).




John Stuart Mill, determinó que el efecto de la escasez es destacado por el concepto del límite absoluto de los recursos naturales, cuando hay interdependencia de ellos en los procesos productivos (Bifani, 2007).

Posteriormente, en el siglo XIX, surgieron otros pensadores como:

Sergei Podolinsky quien fue pionero de la Economía Ecológica en 1880, al plantear que la economía se debía estudiar como un sistema de conversión de energía (Correa, 2007; Gómez et al., 2007).

Ernst Haeckel en 1866 introdujo el concepto de ecología, el cual fue entendido como la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente, abarcando más adelante el estudio de las características del ambiente, transporte de materia, energía y su transformación a través de comunidades biológicas. Actualmente, es una ciencia limitada que utiliza métodos científicos (Gómez et al., 2007).

Paralelamente durante esta misma época se creó el sistema económico neoclásico, el cual se caracteriza por su indiscriminada explotación, formulada desde la idealización matemática, más que desde la realidad socio-física de la producción, ya que no tiene en cuenta el entorno. Dicho sistema económico, estuvo preocupado hasta hace muy poco por analizar los procesos de producción, de consumo y sus relaciones, sin tomar en cuenta que los recursos naturales son los insumos de procesos productivos. Reconoció la economía capitalista y su estructura desde la transacción como unidad ultima no descomponible (Gómez et al., 2007).

Durante el siglo XX, la temática ambiental tuvo un auge significativo, especialmente después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), cuando la problemática ambiental se hace presente como tema político, económico y ecológico, especialmente de los países del Norte (Noguera, 2007). Sin embargo, en esta época, H.S. Truman propuso un crecimiento económico apoyado en la producción masiva ya que se manifestó pobreza al no tener tanto acceso a bienes básicos, por lo que Truman en 1920 propuso un crecimiento económico apoyado en la producción masiva (Correa & Rendón, 2001).

En 1920, se publicó el libro de Arthur Cecil Pigou llamado The economics of welfare, el cual se refiere a que el precio neto privado marginal de los recursos es igual al precio neto marginal social del producto en general; también señaló la fijación de impuestos, que eliminaba el contraste entre los costos privados de una actividad económica y sus costos sociales, como los costos de contaminación ambiental. En 1932, se publicó la cuarta edición (Pigou, 1920).

Durante este mismo periodo, se retomó nuevamente la línea de Podolinsky, durante el cual surgieron varios estudios sobre energía, economía y sociedad con fundamentos de termodinámica, ahorro y optimizaciones energéticas, fomentando el uso de energías renovables, idea que fue retomada más adelante en 1924 por el ecólogo ruso Vladimir Vernadsky en su libro La Géochimie, afirmando que el estudio de los principios de la optimización energética pueden ser aplicados al estudio de fenómenos económicos (Martínez, 1995; Gómez et al., 2007).

En 1931, se publicó el artículo de Harold Hotelling llamado “The economics of exhaustible resources”, el cual se refirió a los recursos agotables, postulando la regla sobre explotación óptima que consiste en la comparación de la rentabilidad entre el costo de oportunidad de la explotación del recurso con el costo de

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oportunidad del capital inmovilizado. Incluye temas como el riesgo, la incertidumbre matemática y otros; funciona con base en el uso racional y eficiente de los recursos naturales, y el manejo racional de los residuos, fórmula de economía ambiental (Hotelling, 1931; Gómez et al., 2007).

Durante los años treinta, Desarrollo ya es sinónimo de Crecimiento Económico, es decir, que se refiere exclusivamente a crecimiento de capital-dinero, lo que se reduce a los incrementos en el nivel agregado de producción, por lo que los índices de Desarrollo se miden por esto (Noguera, 2007).

En la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Europa queda destruida por los bombardeos en más de un 60%. Por esta razón, una de las propuestas de los gobiernos del mundo occidental fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que se generaran espacios de diálogo mundial intercultural, lo cual generó una nueva visión del Desarrollo, catalogando al mundo en tres clases: primer mundo o crecidamente desarrollado, segundo mundo o países en vía de desarrollo, y tercer mundo o de países subdesarrollados. A partir de aquí, comenzó la carrera Desarrollista Competitivista, caracterizada por nuevas formas de colonialismo, problemas ambientales y pérdida de autoestima de países subdesarrollados. Dentro de esta dinámica, surgen estudios culturales, ambientales, de educación ambiental y sobre el modelo de Desarrollo Sostenible en todas sus interpretaciones, por lo que se formaron oficinas continentales y subcontinentales, para observar las necesidades regionales y sus contextos, como el programa PNUD (Naciones Unidas para el Desarrollo), el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2000), la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia), la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y un número importante de sedes en cada uno de estos programas. Se comenzó a hablar, entonces, de valores como el respeto, la responsabilidad y el diálogo para la paz mundial y para asegurar a las futuras generaciones el mismo derecho a la vida (Noguera, 2007).

En 1944 se realizó la Conferencia de Bretton Woods en New Hampshire, donde 44 naciones llegaron a acuerdos financieros, la cual sirvió de base para la posterior creación del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y una serie de organismos de cooperación, fomento y desarrollo económico a la cabeza de la ONU, para evitar una Gran Depresión (Urquidi, 1994; Correa & Rendón, 2001).

En América Latina, se creó la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), que concibe el Desarrollo como un proceso de cambio global y estructural, que no solo propicie mejores condiciones de crecimiento, sino que se cree independencia con los países desarrollados, generando más condiciones de vida social y política para los ciudadanos (Correa & Rendón, 2001).

Aquí, entonces, se comienzan a separar los conceptos de Crecimiento y Desarrollo, donde el primero hace referencia a ingresos por habitante, mientras que el segundo se concibe como una evolución dentro del sistema capitalista de producción (Correa & Rendón, 2001).

Sin embargo, entre las décadas de 1950 y 1960 hubo aumentos exagerados de la población, por lo que nuevamente se presentaron inquietudes por el agotamiento de los recursos disponibles y la capacidad del planeta para soportar estos aumentos. Esta situación conllevó obligatoriamente a presiones sobre los recursos y desequilibrios, por lo que se vio la necesidad de hacer un asocio entre




el trabajo y la naturaleza (Correa & Rendón, 2001), comenzando por cuestionarse duramente la teoría económica capitalista, por la contaminación ambiental, aunque los economistas se centraron en el crecimiento económico, como consecuencia de las altas tasas de crecimiento de los países industrializados (Gómez et al., 2007).

A partir de esto vinieron, entonces, estudios y conferencias mundiales que siguieron insistiendo en la necesidad de moderar el consumismo con base en el agotamiento de los recursos naturales (Correa & Rendón, 2001), pues el producto mundial se triplicó desde 1950 hasta 1970 (Gómez et al., 2007).

En 1968, Garrett Hardin de la Universidad de California, publicó un artículo llamado “The tragedy of the commons”, donde su principal argumento fue la sociedad que permite la acción libre de actividades que influyen negativamente en propiedades comunes, está condenada al fracaso (Hardin, 1982; Graedel & Allenby, 1995).

Posteriormente en los años setenta, se presentó la crisis petrolera pero los economistas insistían en definir un sistema de precios a los recursos naturales sin reducir la calidad de vida (Giannetti & Almeida, 2006).

En 1971, apareció el texto de Georgescu-Roegen llamado “La ley de la entropía y el proceso económico” (Georgescu-Roegen, 1971 citado en Grinevald, 1996). En dicho texto, se dieron aportes inéditos y definitivos para la filosofía y la historia de la ciencia aplicada a la economía, revitalizando los fundamentos de la ciencia económica, posibilitando la gestión de los problemas ecológicos, mostrando una ruptura epistemológica entre la ciencia normal y otros campos del conocimiento. Finalmente, se hace énfasis en el cambio de paradigma, en la “función de utilidad” y “función de producción” (Georgescu-Roegen, 1971 citado en Grinevald, 1996).

En 1972, hubo tres importantes acontecimientos en materia de explotación de recursos, Crecimiento y Desarrollo. Estos son (Gómez et al., 2007):

El documento publicado por el grupo de especialistas del MIT, encabezado por Dennis L. Meadows, llamado “Los límites al Crecimiento”, delegado por el Club de Roma. En tal informe, se reflejó la conexión entre el crecimiento económico y la degradación ambiental (Brito & Dekker, 2002); también se pronosticó el colapso del sistema hacia la mitad del siglo XXI, a causa de un crecimiento económico exponencial que supera los límites naturales, como la sobre-explotación de reservas finitas de recursos no renovables. Una fuerte crítica que este informe recibió, fue no tener un sistema de precios a los recursos naturales, que diga cuál debe ser cuando estén escasos, para que los fabricantes usen insumos sustitutos. Esto incentivó el reciclaje, para aquellos productos que lo son, como modelos de economía circular. Sin embargo, se sabe que el sistema de precios como retroalimentación no soluciona el problema del medio ambiente degradado.

La Conferencia de Estocolmo, donde se propuso una moral del medio ambiente y ambiente humano (Bifani, 1999).

La aparición del primer texto económico, sobre la problemática ambiental y de cómo la economía puede intervenir en problemas ambientales, llamado “Economics of the environment” escrito por Robert Dorfman (Gómez et al., 2007).

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En 1973, en la reunión del Consejo de Administración del Programa para las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se acuñó un nuevo concepto sobre el Desarrollo: el Ecodesarrollo, el cual fue generalizado por diversos autores que le dieron contenido y forma, caracterizado por lo siguiente (Gómez et al., 2007):

a) Reparto equitativo de bienes. b) Aceptación voluntaria de las limitaciones ecológicas, que se basa en la solidaridad intergeneracional. c) Búsqueda de la eficiencia económica, que sea socialmente justa, con viabilidad y compatibilidad económica.

Tal concepto, quedaría radicado la Reunión de Cuernavaca, en la cual se presentó el texto “Ecodesarrollo”, conocido también como el informe Cocoyoc al año siguiente, el cual influyó en el cambio de actitud de los principales pensadores ambientales (Herrero, 1992).

En 1974 la publicación llamada Environmental Economics, elaborada por D.W. Pearce, plantea el reconocimiento de la dependencia del sistema económico sobre los sistemas ecológicos, recursos naturales y sus interrelaciones, que proveen materiales y servicios para soportar un estándar de vida moderno y no al contrario. Así, se extraen materiales naturales y se procesan en productos finales para el consumo, los cuales están compuestos por una cantidad de químicos que posteriormente retornan nuevamente al ambiente; plantea, problemas prácticos en la estimación de los costos del daño y control de los problemas ambientales; analiza el uso de recursos renovables y no renovables, y por ultimo analiza la economía de un campesino al de un hombre del espacio (Pearce, Turner & Bateman, 1993).

En 1975 se escribió la Carta de Belgrado, la cual acuñó el término nueva ética mundial.

Durante ese mismo tiempo, la FAO realizó un estudio sobre el Marco Jurídico Institucional para el manejo de los recursos naturales, conceptualizándolo como una actividad humana que los aprovecha y se defiende de los efectos dañinos en las diferentes etapas del proceso, desde la explotación e inventarios hasta su recuperación, una vez utilizados (Depósito de Documentos de la FAO) (Zabala & García, 2008).

En 1976, el filósofo noruego Arne Naess escribió la Ecología Profunda, distinguiendo entre la superficialidad y la profundidad. La primera, hace referencia a aquella que separa al ser humano de la naturaleza, donde presuponía que las cosas solo tienen sentido cuando le son útiles; la segunda, hace referencia al entrelazamiento ser humano-naturaleza afirmando el valor intrínseco de cada ser, dando cuenta que todo está inmerso en un tejido de relaciones, lo que forma las dinámicas de la vida (Gómez et al., 2007; Noguera, 2007).

En 1977 en la Conferencia de Tbilisi, se decidió reforzar el sentido de los valores en todos los programas en favor del medio ambiente (Donato, 2008).

A finales de la década de los años setenta, se presentó una bifurcación entre el tratamiento teórico de la Economía y Medio Ambiente, de donde surgió la línea de Economía Ambiental y la Economía Ecológica, ya que la economía neoclásica




era incapaz de corregir fallas en el mercado que generan problemas ambientales (Gómez et al., 2007).

La Economía Ecológica, es una disciplina orientada a las relaciones e interacciones entre los ecosistemas y los sistemas económicos, con enfoque integrador y con bases científicas y principios analíticos que permite dar origen a un nuevo paradigma con lógica, racionalidad y nuevos sistemas de valores, en un marco ético, biocéntrico y menos antropocéntrico, que busca solidarizarse con futuras generaciones. Prioriza los sistemas ecológicos sobre la economía convencional (Jiménez & Higón, 2003 citado en Castiblanco, 2008). Reconoce que en la termodinámica del planeta, están los elementos más determinantes como el crecimiento económico, la dinámica poblacional humana y la biodiversidad, entre los cuales hay relaciones que afectan los límites ecológicos.

La Economía Ambiental, se fija en cómo se disponen los residuos en la biosfera y sus efectos, como la contaminación ambiental y conservación de ecosistemas y biodiversidad. Hace parte de la microeconomía, donde hace valoración crematística de los bienes y servicios naturales, así como la asignación intergeneracional óptima de los recursos, agotables por lo que es fundamental el texto de Pigou y de Solow que se mencionará más adelante (Aguilera & Alcántara, 1994; Field, Field & Deocón, 2003).

En 1982 se inicia la publicación de un Journal Académico llamado Ecological Economics y otras publicaciones, además de contar con The International Society of Ecological Economics −ISEE− (Castiblanco, 2008).

En 1985 la Sociedad Sueca para la conservación de la naturaleza, declaró la necesidad de que todos los gobiernos establezcan una política exterior para el medio ambiente, como una estrategia para mejorar la coordinación internacional de las políticas de medioambiente nacionales (Sarmiento, 2008).

En 1987 sucedieron dos importantes acontecimientos en la creación de un paradigma que incluyera simultáneamente el desarrollo económico y la protección al medio ambiente:

El Congreso Internacional de Moscú, incluyó la toma de conciencia y el ejercicio de los valores.

La Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo, la llamada Comisión de Brundtland; fue aceptado como Modelo de Desarrollo “aquel que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para sus propias necesidades”, actual definición del Modelo de Desarrollo Sostenible, modelo desafiante al tener dentro de su propósito suplir simultáneamente necesidades de calidad de vida y conservación del medioambiente. Fue aprobado por las Naciones Unidas (WCED, 1987; Alting & Legarth, 1995; Seliger, 2007). Este concepto, solo incluye a los seres humanos y a la naturaleza como un proveedor de recursos, enfocándose solo a proteger mas no a preservar (Marín, 2011).

A partir de este momento, a la definición de Desarrollo Sostenible se le adjudican interpretaciones como la posible única opción viable para defender la humanidad, la adopción de una nueva ética humana con la naturaleza, una moción de solidaridad intergeneracional, una teoría humanista y progresista, la responsabilidad por mantener condiciones que sustentan el planeta, un criterio para la paz y estabilidad mundial, una alternativa frente a otros modelos de desarrollo y la globalización de la protección ambiental (Jaula, 2007).

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Así, se hicieron contribuciones más significativas en torno a la construcción del concepto de Desarrollo Sostenible; el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas acordó 7 planes de acción, como (Gómez, 2006):

1. Usar un mínimo de consumo de recursos para todos los seres humanos. 2. Desarrollar servicios y productos ecoeficientes. 3. Eliminar las causas de desequilibrios e incentivar la restructuración. 4. Protección al consumidor mediante el fortalecimiento de la acción pública. 5. Gestionar internacionalmente mecanismos para impactar el consumo

global. 6. Creación de alianzas que defiendan a consumidores y al medioambiente. 7. Desarrollar asociaciones entre el sector privado, público y civil.

La Resolución de la Unión Europea, que habló sobre Educación en materia de Medio Ambiente, con objetivos y principios, con el fin de que cada persona pueda proteger al medio ambiente con su comportamiento, sensibilizando su conciencia, mediante el refuerzo de actitudes, valores y acciones conservadoras (Muñoz, 1996).

En 1989 se creó el Índice de Bienestar Económico Sustentable (IBES), resultado de restar el gasto de los consumidores y la utilidad del trabajo doméstico al costo de las externalidades, como la polución y el consumo de recursos. Este es un parámetro de la planeación económica y es un indicador de bienestar social. Fue inventado por los profesores Herman Daly y John B. Cobb (Gómez et al., 2007).

En 1990 surge un amplio debate sobre la definición de Desarrollo Sostenible planteado anteriormente, después de observar la evolución e interacción entre Desarrollo y Crecimiento Económico. Según Pearce & Turner (1990), el Desarrollo Sostenible es la maximización de los beneficios netos del Desarrollo Económico sujetos al mantenimiento de los servicios y calidad de los recursos naturales a través del tiempo, lo que implica un cambio en la estructura social y económica. Hace referencia a dos categorías de valor. La primera consiste en conservar reservas a generaciones futuras, llamado valor herencia, la segunda consiste en el valor que cada persona le asigna a la preservación de algún bien, llamado valor existencia. Así, estos dos autores definen el concepto del valor económico total.

En 1991 continúa el debate sobre el concepto de Desarrollo Sostenible, que busca todavía armonizar el concepto de Crecimiento Económico con la conservación del medio ambiente, pues para Dixon (1991 citado en Naredo, 1996) sigue estando poco clara, pues sigue existiendo la misma confusión de los años sesenta en los términos de Crecimiento y Desarrollo. En esta situación (Solow, 1991 referenciado en Naredo, 1996), encontró una solución más fácil, cuando la producción y la renta se sitúen por encima de ciertos niveles que permitan aumentar las inversiones en mejoras ambientales.

Surge, entonces, la definición de Desarrollo Sustentable, el cual se define como el Desarrollo Económico, caracterizado por el uso eficiente de la tecnología más apropiada en la producción, con el fin de evitar la contaminación ambiental y posibilitar la explotación racional de los recursos naturales renovables y no renovables. Incluye en su alcance, la humanidad, los recursos naturales y todos los elementos del sistema (ecología - ecosistemas, biodiversidad, etc.), lo que proyecta permanencia infinita de los recursos (Marín, 2011). Se concluye, entonces, que el Crecimiento Económico está muy limitado por las condiciones ambientales, el cual tiene que ser compatible con la sostenibilidad de la biosfera (Gómez et al., 2007).




En 1992, durante la Conferencia de Río, se habló de un compromiso ciudadano con su entorno, al ejercicio responsable de actitudes y conductas de valores contempladas en la Agenda 21 (Fiksel, 2012); también se dieron 2500 recomendaciones sobre Medio Ambiente y Desarrollo y planearon 27 principios, dentro de los cuales 4 se destacan por su importancia para este caso, como son (Gómez, 2006):

Principio 3: El derecho al desarrollo, que responda de forma equitativa a las necesidades de desarrollo y cuidado del medioambiente para las generaciones presentes y futuras.

Principio 4: No se podrá considerar de forma aislada el proceso de desarrollo y el cuidado al medioambiente para lograr el Desarrollo Sostenible.

Principio 15: Aplicar el Criterio de Precaución en la medida de sus capacidades, especialmente cuando haya un peligro o incertidumbre científica acerca del manejo de algunos procesos, por lo que hay que adoptar medidas eficaces en función de los costos, para que no cause destrucción al medio ambiente.

Principio 16: La Internacionalización de los costos ambientales y ejecución de herramientas económicas, en los que se tenga en cuenta cargar los costos de la contaminación, sin distorsionar procesos comerciales ni inversiones sobre todo a nivel internacional.

Finalmente, se establecieron tratados internacionales y jurídicamente vinculantes en temas de alto interés ambiental. Es así como se aprueba y se firma la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Convenio sobre Diversidad Biológica (Hernández & Quiroga, 2007).

Durante ese mismo año, el informe sobre el Desarrollo Mundial elaborado por el Banco Mundial, propuso otro modelo de Desarrollo de Sostenibilidad llamado “La Desmaterialización de la economía”, argumentando que hay una tendencia descendente en el uso de materiales y energías a medida que las economías crecen, entendiéndose como productividad y eco-eficiencia en la producción, lo que también reduce desechos y sustancias tóxicas durante el proceso. De esta forma, la eco-eficiencia debe buscar diseños tecnológicos en procesos industriales que permi¬tan cumplir con estos objetivos, además de reutilizar insumos mediante los procesos de reingeniería, reuso, Remanufactura, reciclaje, trayendo ventajas ambientales para los productores. Esto conlleva a ahorros de energía y de materiales por unidad de producto, lo que reduce los costes y aumenta el consumo (Elizalde, 2009).

En 1994 Enrique Leff, en su libro Ecología y capital, presenta un concepto de proceso productivo, formado por tres niveles de productividad: ecológica, tecnológica y cultural. Este concepto tendrá éxito, desde que haya articulación entre economías locales que accedan a la constitución de esquemas alternativos, así como las economías nacionales y mundiales. Desde este punto de vista, la cultura es la mediadora entre el uso de la naturaleza, la operación del capital y las relaciones sociales, cuya última potencia es el aprovechamiento integrado, sustentable y sostenido de los recursos naturales (Leff, 2005).

Durante ese mismo año, se aprueba y firma la Convención Marco de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. También se impulsó el establecimiento de la Conferencia Global sobre Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares (Hernández & Quiroga, 2007).

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En 1995 Martínez Alier, en otro aporte a la Economía Ecológica, consideró que los servicios de la naturaleza en la economía humana no están bien estimados, por lo que se necesita de una garantía, un suministro adecuado de energía, materiales y residuos de manera no contaminante, que proteja la biodiversidad (Gómez et al., 2007).

Durante esta misma época, se creó el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable Development −WBCSD−). El Consejo se reúne anualmente para decidir sobre las prioridades de la organización y discutir tareas estratégicas conectadas al desarrollo sostenible, en un foro donde los empresarios pueden analizar y debatir opiniones y experiencias sobre todos los aspectos del desarrollo sostenible (WBCSD, 2013).

En 1996 José Manuel Naredo, es su artículo llamado “Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible”, concluye, después de revisar a autores como Solow y Dixon, que se deben agregar precios adecuados a los recursos para que la colectividad los asuma, mediante el establecimiento de una conciencia social y de un marco institucional que hagan ejecutable la revalorización y el mantenimiento de ese patrimonio (Naredo, 1996).

Durante este mismo año, se realizó la reunión Río + 5 en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Acordaron un programa, enfocado al fortalecimiento del derecho ambiental internacional, que promovía la creación de instrumentos legales, institucionales legales y asistencia a los gobiernos para el fortalecimiento legislativo que favorece un Desarrollo Sostenible (Hernández & Quiroga, 2007).

En 1997 N. Luhmann postuló la teoría general de sistemas más actualizada, en la cual realizó un análisis para comprender la dinámica propia de la economía con sus repercusiones en todos los ámbitos funcionales y en las condiciones ecológicas de la evolución social (Gómez et al., 2007).

Durante este año, también se realizó la lll Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP3) en Kioto - Japón (Gómez, 2006).

En 2002 se llevó a cabo la Cumbre de Johannesburgo, llamada Río + 10. En dicho evento, se dedicaron a revitalizar al más alto nivel político el compromiso mundial con el Desarrollo Sostenible, la Asociación Norte-Sur, la aceleración y progresos alcanzados en el Programa 21, el cual es un proyecto de Plan de Acción aprobado en Río. Además, buscaban proponer medidas a necesidades institucionales y financieras y las fuentes de ese apoyo así como fortalecer el marco institucional que consolide el Desarrollo Sostenible.

El resultado principal de esta reunión, fue el Plan de Implementación de Johannesburgo, el cual dio derroteros a los Estados para que se sigan cumpliendo los mandatos de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992. Pretende generar una mayor concientización y participación en todos los estamentos sociales, apropiando criterios y mecanismos que aseguren un futuro sostenible a nuevas generaciones (Hernández & Quiroga, 2007).

Por otro lado, el capitalismo reaccionó cuando se creó el concepto del Capitalismo Verde con su principal exponente Frances Cairn¬cross, el cual defiende la iniciativa privada en la preservación de la naturaleza, donde el mercado es el regu¬lador. Argumenta que la legislación medioambiental altera el mercadeo haciendo que la organización pierda eficacia y gestión de los recursos escasos. El gobierno en este caso debería limitarse solo a limpiar la




contaminación cuando sea igual de beneficioso hacerlo, además de promover un perfeccionamiento en las tecnologías, con mecanismos de producción distintos. Postula que un medio ambiente más limpio puede lograrse a través de los estilos de consumo, con soluciones tecnológicas propuestas por empresas privadas que solucionen problemas ecológicos. Esta postura defiende la iniciativa privada y el mercado como su regulador. El pro¬blema de esta alternativa es que su enfoque es exclusivamente microeconómico y no es capaz de dar cuenta de los fenómenos en el ámbito mundial, ni de forma global (Elizalde, 2009).

De esta manera, las actuales propuestas de la Economía Ecológica y la Economía Ambiental, proponen grandes transformaciones de la teorización económica, siendo algunas las siguientes (Correa & Rendón, 2001; Gómez et al., 2007; Castiblanco, 2008):

1. Considerar la economía como un sistema abierto y complejo cuyo entorno es el ambiente natural.

2. La sostenibilidad de la economía depende de la sostenibilidad del medio ambiente.

3. Se proponen los límites ecológicos como indicadores cualitativos y cuantitativos de la producción, distribución y consumo de los bienes económicos.

4. La Economía Ecológica reconoce la pobreza, el desempleo, el marginamiento y otros problemas del mismo tipo.

5. Sustituir recursos no renovables por recursos renovables, alcanzando su mayor eficiencia.

6. Tener progreso tecnológico compatible con la conservación del planeta. 7. Plantea el sistema económico como un subsistema del gran sistema

global. 8. La consideración de principios como:

Principio de irreversibilidad cero, el cual consiste en reducir a cero las intervenciones acumulativas y los daños irreversibles.

Principio de recolección sostenible, donde las tasas de recolección de los recursos renovables deben igualar las tasas de regeneración natural de los mismos.

Principio de vaciado sostenible, donde los recursos naturales no renovables se usan si la tasa de extracción o explotación es igual a la tasa de creación de sustitutos renovables.

Principio de la emisión sostenible, donde las tasas de emisión de residuos deben ser iguales a las capacidades naturales de asimilación de los ecosistemas, lo cual implica emisión de cero residuos no biodegradables.

Principio de selección sostenible de tecnologías, donde se deben favorecer las tecnologías que aumenten la productividad de los recursos, frente a las tecnologías que incrementan la cantidad extraída de recursos.

Principio de precaución, consistente en mantener una actitud que identifique y descarte todas aquellas intervenciones sobre el medio natural que podrían llevar a consecuencias catastróficas y de carácter irreversible.

El principio del costo total, aquellos que utilizan los recursos naturales deben pagar sus costos totales, de extracción, proceso y contaminación.

El principio de los derechos de propiedad, adjudicados a comunidades ubicadas dentro de fronteras, cuyos terrenos poseen fauna y flora, sobre los cuales hay que fiscalizar, controlar y preservar tales recursos.

Sin embargo, en los últimos años la disciplina de la Economía Ecológica se ha quedado sin aliento desde la década de los años noventa, especialmente cuando se analiza el tema de la riqueza, lo que la convierte en una disciplina incipiente,

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no institucionalizada académicamente, con ausencia de foro académico, lo que debilita la presencia de corrientes políticas y procedimientos, que acarrean costos, niveles de producción y de consumo que surgen de formulaciones de diversos autores que trabajan en la formación de un nuevo paradigma (Gómez et al., 2007).

Hacia una nueva ética sustentable

Como se vio anteriormente, el sistema económico actual está profundamente ligado con la crisis del deterioro ambiental global, pues por mucho tiempo ignoró los límites biofísicos, preocupándose solo por las relaciones humanas poniendo así un suministro ilimitado de energía, agua y materias primas, midiendo sus rendimientos nada más por términos monetarios, teniendo patrones de producción y consumo. Esto exige un replanteamiento de las relaciones sociales y con la naturaleza, que incorporen criterios ecológicos, biofísicos y sociales, por encima de criterios con preferencias individuales (Castiblanco, 2008). Se dice, que el consumidor está al servicio de la producción ya que esta necesita asegurar sus salidas, adaptando cada vez más a los cambios (Gorz, 1986 referenciado en Elizalde, 2000). Esto genera desigualdades jerárquicas y mantenimiento de mecanismos de dominación. A su vez, el comportamiento consumista produce un sobredimensionamiento del subsistema de los bienes, necesidades y satisfactores, el cual abruma las percepciones valorativas y emocionales (Elizalde, 2008).

Las necesidades son aspectos radicados en el plano personal. Son de orden biológico, de salud, de alimentación, de supervivencia.

Los satisfactores son formas históricas y culturales que manifiestan necesidades humanas fundamentales, como también son las mejores formas de actualizar las necesidades de sus integrantes.

Los bienes son artefactos materiales y culturales que se constituyen en objetos que potencian la capacidad de los satisfactores para poder dar cuenta de la necesidad. Sin embargo, los bienes están acotados dentro de límites naturales que no se puede transgredir, ya que necesita de materias primas naturales. De ese modo se generan desechos, vertidos, residuos líquidos, sólidos y gaseosos que retornan al ambiente, por lo que la cantidad de bienes se traducen en chatarra o basura, tanto que un indicador de desarrollo es la producción de basura.

Este tipo de sociedad es insustentable en el tiempo, ya que causa destrucción de biodiversidad, cambios climáticos globales, entre otros (Elizalde, 2000).

Con este panorama, con los conceptos de Desarrollo Sostenible y Desarrollo Sustentable y con la creciente educación ambiental, es un compromiso ético garantizar condiciones sociales, ambientales, económicas, políticas y culturales, para que las generaciones actuales y futuras tengan acceso a la calidad de vida (Marín, 2011).

Se han presentado propuestas tales como:

- Adela Cortina (1947-), filosofa española, en su libro Por una Ética del Consumo. La ciudadanía del consumidor en un mundo global (Elizalde, 2008), quien ha señalado que los bienes son por naturaleza sociales y que una ética del consumo se ve obligada a decir que es una forma de consumo injusta e inmoral, cuando




no permite el igual desarrollo de las capacidades básicas de todos los seres humanos, donde el sobreconsumo de unos pocos es carencia de otros. Se propone, entonces, un pacto global de consumo, lo que se constituye como una propuesta de ética de la sustentabilidad genérica. Esto supone un desarrollo moral, que consiste en el tránsito desde la lealtad a la justicia (Elizalde, 2008).

- Murray Bookchin (1921-2006), americano, fundador de la ecología social, en su libro The Ecology of Freedom, sostiene que restaurar una actitud ética es vital para una sociedad con sentido de la individualidad, que esté más en contacto con la realidad que con el oportunismo, que calcule el beneficio contra el riesgo y tenga estrategias del mal menor (Ojeda & Martínez, 1998).

- Antonio Elizalde (1944-), sociólogo chileno, propone una sociedad que trabaje para satisfacer sus necesidades en cantidad y calidad, en especial las que tienen que ver con la producción industrial que proporciona bienes de consumo masivo con un ciclo de desvalorización y desecho. Por eso, se propone una nueva perspectiva epistemológica, cambiando la concepción frente a los bienes, los cuales deben dejar de ser estrambóticos y desquiciados en manos de personas insensibles a las necesidades de otros, lo que se vuelve un comportamiento inviable, ilegítimo, injusto y profundamente inmoral. Se propone, entonces, que los bienes se conciban como cosas con capacidad de generar bucles de retroalimentación positivos, causaciones circulares acumulativas, esto es, sinergias, potenciamientos y enriquecimientos mutuos para el sistema humano (Elizalde, 2002).Ya se encuentre en el listado de referencias bibliográficas

- Ana Patricia Noguera de Echeverri, Ph.D en Filosofía de Educación, afirma que es necesario no seguir confundiendo Desarrollo Sostenible con lo ambiental como propuesta de vida (Noguera, 2007).

Aunque todas las propuestas de ética son válidas, se hace necesario tener acciones concretas para poder ejecutar un compromiso ético. Esto es, mediante el diseño de modelos o mecanismos estándar que rompan con las barreas al cambio desde la perspectiva de la conservación. Sin embargo, este proceso se ha visto afectado y fragmentado por la mecánica de la filosofía reduccionista, tratándose la ética en campos independientes, como ética agraria, ética social, entre otras, y no como parte de un todo filosófico. Esto significa, entonces, que se debe hacer un cambio de actitudes y prácticas en todos los ámbitos y escalas de la sociedad, donde existan las relaciones entre ser humano, sociedad y medio ambiente, considerando las complejas relaciones entre fauna y flora con aspectos tecnológicos, sociales, económicos, políticos, históricos-culturales, morales, técnicos, entre otros, para establecer una relación entre la sensibilización hacia el entorno, la adquisición de conocimiento, la aptitud para resolver los problemas y la clarificación de los valores, con el fin de encontrar soluciones a largo plazo (Ojeda & Martínez, 1998). A esta clase de sociedad se le llama sociedad sustentable o ecológica, que permite una Sustentabilidad Eco-ambiental a la relación con la naturaleza y el ambiente construido por los Seres Humanos. Se cuestiona cuánto de natural y de artificial hay, lo que pone en tela de juicio la relación que tenemos con el ambiente y si tal relación dará la oportunidad de sobrevivir más adelante (Elizalde, 2000).

Para implementar propuestas éticas y ambientales, se articulan 4 niveles que deben ser considerados (Sarmiento, 2008):

1. Educación: se hace imprescindible la educación de una sociedad consciente del ambiente, sus riesgos y posibilidades. La ONU, a través de sus organismos (UNESCO y PNUMA), ha demostrado ser una de las

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principales instituciones internacionales comprometidas en impulsar programas relativos a la educación ambiental.

2. Investigación: se hace necesario un detenido análisis, y su contenido abarca niveles estructurales de una investigación éticamente responsable, con un doble objetivo, como la búsqueda de nuevas fuentes energéticas compatibles con las exigencias ambientales y estrategias prácticas para disminuir las necesidades de consumo, una investigación tecnológica que sirva más a la preservación que a nuestra comodidad y exigencias del mercado. También se hace necesaria una investigación sobre la gestión ambiental.

3. Promoción: la globalización como medio para la preservación. 4. Agenda legislativa: la responsabilidad sobre el cuidado ambiental de los

próximos decenios es vital. Industria y agricultura, políticas e instituciones, educación e investigación, son ejemplos de las nuevas relaciones de interdependencia cuyo objetivo final es la preservación e incremento de recursos ambientales, presentes y futuros. Es necesario, entonces, superar las acciones fragmentadas de las instituciones y programar actividades legislativas transnacionales.

La ética promulga la construcción de valores para que las prácticas de cuidado ambiental no decaigan. Los valores sobre los que hace énfasis son: la cooperación, la convivencia, los bienes comunes, la reciprocidad, la solidaridad, la comunicación, la responsabilidad, la solidaridad, el compromiso social, la seguridad, el entusiasmo, la generosidad y la capacidad para asumir riesgos (Ojeda & Martínez, 1998; Elizalde, 2002). Ya figura en el listado bibliográfico

Así, la ética sustentable está siendo adoptada por organizaciones de manufactura, con principios que incluyen la agricultura, la arquitectura y la fabricación (Ijomah, 2002), ya que para competir en los mercados, los sectores productivos deben incorporar la sustentabilidad en sus operaciones con proyección, además les asegura el cumplimiento de normas gubernamentales ambientales.

De esta manera surge, entonces, la Responsabilidad Social Empresarial, que hace referencia a una nueva manera de hacer negocios, donde la empresa trata de encontrar el equilibrio entre la consecución de objetivos económicos, financieros y de desarrollo, junto con el impacto social y ambiental de sus actividades. “La integración voluntaria por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” (Alemania, Commission of the European Communities, 2001, p. 18).

La ética sustentable comparte los mismos principios que la sustentabilidad en sí, haciendo parte de las empresas de la siguiente forma (Elizalde, 2006; Saavedra & Ometto, 2010): Ya aparecen las referencias bibliográficas en el listado bibliográfico

- Económico: Se previene la contaminación, porque “el que contamina, paga”. - Institucional: Surgen nuevas formas de participación, la modernización de la gestión institucional. - Tecnológica: Deben ser amigables con el medio ambiente, reduciendo el contenido de recursos naturales. - Recursos humanos: Tener personal por competencias.

Los indicadores para medir el desarrollo de la sustentabilidad, están en la información registrada de insumos, procesos, prácticas ambientales y laborales;




actualmente, los indicadores de sustentabilidad y el índice de inversión socialmente responsable están siendo medidos por el Down Jones Sustainability Group Index.

El Down Jones Sustainability es un grupo internacional que se encarga de evaluar el rendimiento y dar aval a empresas que tienen prácticas sustentables desde el cargo gerencial. Están aliados con S & P Dow Jones índices y Sam. Las empresas son seleccionadas por los índices (DJSI) basados en una evaluación exhaustiva de los criterios económicos, ambientales y sociales a largo plazo que representan tendencias de sostenibilidad general así como específicas de la industria. Solo las empresas que llevan sus industrias con base en esta evaluación se incluyen en los índices. Los índices son creados y mantenidos conforme a una metodología sistemática, permitiendo a los inversores comparar adecuadamente los fondos de sostenibilidad y derivados a largo plazo. Para 2012 y 2013, estará compuesta por 2500 compañías y 41 se sumarán, registrando un crecimiento del 8,4%. Este índice es importante porque indica a los inversionistas con qué compañías sería rentable negociar, ya que este tipo de empresas tienen acceso a todos los mercados.

La familia incluye índices de mercado mundial y regional, subíndices excepto alcohol, juegos de azar, tabaco, armamentos y armas de fuego o entretenimiento para adultos.

Sus sedes están distribuidas en los mercados americanos, europeos, asiáticos, del Pacífico y coreano. Están funcionando desde 1999 (Down Jones Sustainability Group Index, 2013).

DISCUSIÓN

A través de este recorrido histórico sobre el manejo que se le ha dado al principal insumo de la industria, los recursos naturales y todo el impacto de su extracción, se puede decir que ahora la industria debe someterse a todas las normativas nacionales e internacionales sobre cuidado al ambiente, si es que aspira a tener un comercio a gran escala, de una forma sostenible y ética, a causa de los graves problemas ambientales, búsqueda de soluciones y paradigmas y por sistemas de pensamiento.

Se hace necesario tener en cuenta estos parámetros éticos, sociales y políticos para desarrollar una estrategia operativa y sustentable.

Se observa entonces, la postura ética del doctor Elizalde acerca de los bienes como generadores de bucles de retroalimentación positivos y circulares en pos del enriquecimiento del hombre y del ambiente y en la fijación del stock, donde se pretende cuidar los recursos naturales además de que los residuos y vertederos no causan tantos costos ambientales y económicos, concuerda plenamente con los conceptos de Remanufactura y Ecodiseño, cuyos parámetros técnicos parten de estos mismos principios. Estas son herramientas que están en pos de una producción sostenible, ya que alargan el ciclo de vida de los productos usados, lo que obliga a replantear las exigencias del consumidor, en pos de la preservación del ambiente, además de que representa ahorros energéticos y financieros, y una coordinación de ingeniería sorprendente.

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Frente a este tema con Informe de Conciliación al Proyecto de Ley Número 277 de 2011 Cámara, 017 de 2010 Senado de la Rama Legislativa del Gobierno colombiano, se indica el inicio de la implementación de este tipo herramientas más acordes con la sostenibilidad, especialmente con el tema de Remanufactura, su definición y su costosa adaptación a los sistemas de producción en los próximos 10 años, como resultado del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y los conflictos con los industriales colombianos, después de una larga gestión legislativa con los residuos sólidos y peligrosos (Ramírez & Arango, 2013). En lo concerniente al tema de Ecodiseño, ya ha habido algunos avances como la instauración de indicadores ambientales, implementándose en algunas empresas nacionales (Granada, 2007) y en la moda (Ecolife, 2013).

CONCLUSIONES

Fue importante hacer tal evolución, para conocer desde dónde viene la idea y la razón de implementar herramientas sustentables como el Ecodiseño y la Remanufactura, pues movimientos sociales y éticos también están detrás de ellos, los cuales van haciendo que este tipo de herramientas sean cada vez más de obligatoria implementación, así como proporciona el panorama industrial de nuestro país, el cual refleja ser un seguidor de la dinámica ambiental mundial que tiene por última instancia profundos efectos técnicos en los sistemas de producción, desde que Colombia se inscribió en la Cumbre de Río en 1992. Esto nos sugiere, entonces, ser un poco más proactivos en la implementación de herramientas de tipo industrial que traen beneficios integrales, es decir, beneficios ambientales, sociales y económicos además de representar diferenciales de competitividad al ser innovador en el mercado, al cumplir más fácilmente con la legislación vigente y al tener temas de interés aplicativo en el sector de investigación y desarrollo.

Se demostró que las posturas éticas y los sistemas propuestos para producción y explotación de recursos naturales confluyen en la formación de todo un sistema que desemboca en la ejecución de herramientas técnicas, como los conceptos de Remanufactura y Ecodiseño.

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1. Hace parte de la tesis de Maestría de Investigación en Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, titulada Integración del “Diseño para Remanufacturar” en el Ecodiseño”, específicamente en la ubicación del contexto de la problemática ambiental mundial y cómo afecta la evolución de leyes en Colombia. Actualmente, tal investigación se encuentra en proceso de realización, comenzando a realizarse desde septiembre de 2012 hasta diciembre de 2013.

2. Ingeniera Industrial. Especialista en Dirección de la Producción y Operaciones. Estudiante de Maestría de Investigación en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, Colombia. [email protected]

3. Ingeniero Industrial. M.Sc. en Investigación Operativa y Estadística. Candidato a Doctor en Ingeniería. Catedrático Asociado al Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, Colombia. [email protected]




Para citar este artículo: Ramírez-Hernández, V., Antero-Arango, J. (2014). Evolución de las teorías de explotación de recursos naturales: hacia la creación de una nueva ética mundial. Revista Luna Azul, 39, 291-313. Recuperado de http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=960

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