Edgardo Amaya Asesor del Despacho Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

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Edgardo Amaya Asesor del Despacho Ministerio de Justicia y Seguridad Pública

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Edgardo AmayaAsesor del Despacho

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública

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Las pandillas más grandes y difundidas en El Salvador son la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.

Ambas se originaron en las calles de Los Ángeles de donde se diseminaron a los países de origen o ascendencia de sus miembros a partir de la década de 1990.

Actualmente han constituido redes transnacionales del crimen y representan uno de los principales problemas de seguridad pública en los países donde operan.

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En El Salvador, la Policía Nacional Civil estima la existencia de al menos 20 mil miembros de pandillas.

En el sistema penitenciario hay más de 8 mil pandilleros presos.

Se estima que un 45% de los homicidios son cometidos por pandilleros.

Las pandillas han buscado constituir base social y redes de apoyo en las comunidades donde operan y la familia juega un papel importante en estas labores.

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Un fenómeno reciente es la división de las principales pandillas principales y el aparecimiento de escisiones.

En general, las pandillas han avanzado hacia manifestaciones de criminalidad más graves y complejas (Secuestro, extorsiones masivas, trata de personas, robo de vehículos, distribución de droga, lavado de activos)

Miembros de pandillas han sido detectados en instituciones de seguridad.

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A pesar de la evolución de las pandillas hacia formas manifiestas de criminalidad organizada doméstica y transnacional, no pierden sus características sociales originarias.

En consecuencia, el gobierno ha reconocido la necesidad de abordar los contextos donde se alimenta este fenómeno a través de políticas de carácter preventivo y social.

Por otro lado, desactivar la violencia pandilleril implica un conjunto de políticas y programas de atención a personas involucradas en ciclos de violencia.

La aplicación de la ley, implica la mejora de los estándares de investigación criminal.

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Básicamente las respuestas al fenómeno han sido fundamentalmente desde la aplicación de la ley.◦ Creación de leyes antimaras (2003-2004): Se

dictaminó la inconstitucionalidad de regular un derecho penal de autor y no de acto. La ley no fue admitida en los tribunales.

◦ Modificación de la ley penal (2004, 2010) vía delitos asociativos.

◦ Creación de leyes procesales especiales (Ley contra el Crimen Organizado, 2007)

◦ Ley de Proscripción de Pandillas (2010)◦ Ley de rehabilitación y reinserción (en discusión)

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El gobierno oficializó en 2010 una Estrategia Nacional de Prevención en apoyo a los municipios, la que se implementa a través de Consejos Municipales de Prevención de Violencia.

La idea fundamental es derivar y focalizar los recursos y servicios del Gobierno en los territorios que presenten situaciones de vulnerabilidad y riesgo para los grupos sociales que ahí habitan.

Proyectos orientados a jóvenes: Proyecto ProJóvenES. Proyecto de Apoyo Temporal al Ingreso.

Estrategia de Policía comunitaria Al mismo tiempo, el gobierno impulsa la

construcción de un sistema de Protección Social Universal.

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Se ha implementado un plan de dotación de útiles escolares, uniformes y acceso gratuito a la educación, con lo que se pretende ampliar el acceso a escolaridad de la población.

Se han creado, a través de una amplia consulta, una Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia y una Política Nacional Juventud, que tienen puntos de encuentro en la prevención y atención de la violencia.

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Un aspecto clave para controlar el accionar de las pandillas ha sido el incremento de las condiciones de seguridad en los Centros Penitenciarios mediante regularización de visitas, vigilancia perimetral y registros por la Fuerza Armada, depuración de personal e inversión en tecnología para la seguridad.

La Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) ha establecido filtros para detectar y rechazar aspirantes con vinculación pandilleril.

Se ha fortalecido la Inspectoría General de la PNC.

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Finalmente, se trabaja en una ley que permita llevar a cabo procesos de retiro de pandilleros de dichas estructuras delictivas y se involucren en procesos de rehabilitación y reinserción, lo cual plantea desafíos altamente complejos.