E N T R A M A D OAÑO 5 Nº 7 • MAYO 2010 con la justicia y la paz

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Los caminos del compartir ecuménico

ENTRAMADO SumarioUn entramado con la justicia y la paz

Año 5 Nº 1. Mayo 2010

Es una publicación semestral sobre temas de Diaconía, a partir del contexto latinoamericano.

Es propiedad delCentro Regional Ecuménico de Asesoría y ServicioCamacuá 2821406 Buenos Aires, ArgentinaTel: (+54 11) 4637-8516Fax: (+54 11) 4632-1595creas@creas.org

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… en contactoNos interesa mucho saber su opinión, ideas, aportes, reacciones o sugerencias. Para mantener esta comunicación le invitamos a escribirnos a:

entramado@creas.orgCamacuá 2381406 Buenos Aires, Argentina

1. Editorial

3. Bolivia: territorio libre de analfabetismo Amanda Dávila

11. A la sombra del Ceibal Jorge C. Bermúdez

21. Algumas vias possíveis de acesso das camadas populares à cultura no Brasil Silvana Isabel Francisco

27. Interculturalidad en Paraguay, otro desafío postergado Enrique Amarilla Ayala

37. Medios de comunicación y construcción de identidad, una experiencia Argentina Marcela Gabioud

49. Los caminos del compartir ecuménico Dafne Sabanes Plou

67. “No podenos tapar el sol con las manos” Mauricio Esquivia Zapata

77. Las crisis por el agua en el Perú

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Editorial

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¡Celebrar la independencia, vivir la libertad!

Hace diez años el Foro Social Mundial (FSM) emergía con la fuerza de un nuevo milenio que abría las posibilidades de otro mundo posible para la humanidad, con más justicia y plenitud de vida para todos y todas. Como antesala del FSM se sucedieron en América Latina una serie de campañas públicas y tribunales populares por el no pago de la deuda ex-terna en el marco del Jubileo que, además de las iglesias, otras organizaciones de la sociedad civil clamaban como una afirmación del sí a la vida, no a la muerte, como contracara de una deuda que en muchos países se había constituido de manera ilegítima y se había aumentado de manera usuraria.

Increíblemente algunos dirigentes o participantes en los umbrales de esa movilización social mundial que se realizaba en Porto Alegre, Brasil, en “paralelo” a la cumbre mundial económica de Davos, en Suiza, han sido o son actualmente presidentes o altos funcionarios de los gobiernos de sus respectivos países. Sólo para señalar dos ejemplos: Lula Da Silva y Evo Morales, actuales presidentes de Brasil y Bolivia. Lo mismo sucedió con Rafael Correa, actual Presidente de Ecuador, que estuvo fuertemente involucrado con el jubileo de la deuda externa.

Evidentemente América Latina ha vivido cambios en los últimos diez años que dan cuenta que es posible modificar de-terminadas situaciones. Según desde qué perspectivas miremos las cosas, tendremos distintas lecturas de una realidad que nos acerquen o distancien de un mismo hecho; pero de todas maneras, los hechos son también los que nos marcan la posibilidad de leer esa realidad según nuestras expectativas y transfondo ideológico.

Al mismo tiempo, observamos también que la realidad se ha hecho visiblemente diversa, culturalmente plural y políti-camente fragmentada; lo cual permite el desafío de ciertas aperturas y el desarrollo de ciertas empatías y solidaridades

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que también eran impensadas años atrás. Chile y Bolivia han tenido serios problemas limítrofes, pero Michel Bachelet y Evo Morales han podido acordar en muchas cosas; o el reciente gesto de Alan García de Perú con respecto a su presencia en tierras de Chile por causa del terremoto ocurrido en febrero pasado.

Frente a este panorama de cambios políticos que se han sucedido, y los posibles que pudieran llegar a ocurrir, no podemos desconocer los logros que se han alcanzado en estos años de democracias “con rostros de pueblos”, y que son ni más ni menos, las conquistas alcanzadas por los movimientos y organizaciones sociales en sus luchas por mayor justicia social y plena ciudadanía. Al mismo tiempo, debemos reconocer que existen lagunas u olvidos reivindicativos que implican hacia el futuro una mayor incidencia de las organizaciones y movimientos sociales.

La historia ha demostrado que la tarea de construir esperanzas debe ser realizada junto con otros, para crear un “nosotros” que sea capaz de ensanchar los horizontes del bien común, de estar mejor, de vivir con dignidad y alegría. La solidaridad de los pueblos y los países latinoamericanos y caribeños expresados frente a los desastres naturales de Haití y Chile evidencian la necesidad de materializar ese “nosotros”. Las Jefas y Jefes de Gobiernos de la región, reuni-dos en la Cumbre de la Unidad de América Latina y Caribe a fines de febrero reafirmaron la convicción de avanzar de manera decidida hacia una organización que agrupe a todos los Estados latinoamericanos y caribeños.

Vivimos en la región un momento especial. Desde hace un año, varios países han venido celebrando y celebrarán su bicentenario de independencia, de grito de libertad. Bien dicho está que declarar la independencia y construir una nación libre son dos cosas distintas. Que efectivamente las celebraciones que comenzaron en Bolivia, continuaron en Ecuador, seguirán en Argentina, Colombia, México, Paraguay, Venezuela y así sucesivamente en otros países, nos inspire a imaginar, promover y protagonizar nuevos paradigmas de libertad, unidad, justicia y paz que nos permitan continuar afirmando que otra América Latina y Caribeña es posible!

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Bolivia: territorio libre de analfabetismo

La campaña “Yo, sí puedo” enseñó a leer y escribir en 33 meses a 824.101 personas, de ellas más de 24.699 eran aymaras y 13.599 quechuas que aprendieron en sus idiomas originarios. Más del 70 por ciento eran mujeres.

“Misión cumplida ante el pueblo boliviano y ante el mundo entero”, dijo el presidente Evo Morales aquel sábado 20 de diciembre de 2008, cuando Bolivia fue declarada por la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) Territorio Libre de Analfabetismo, tercer país en América Latina en ingresar a ese rango, luego de Cuba (1961) y Venezuela (2005) pues al menos un 96 por ciento de las personas mayores de 15 años saben leer y escribir, como lo establecen los parámetros internacionales.

“Un periodista me preguntó, años atrás, para qué quería ser presidente y yo le respondí que para erradicar el analfa-betismo”, recordó Morales ese histórico día, cuando hasta los enemigos más acérrimos al primer presidente indígena, encaramados en las viejas estructuras del poder terrateniente y agroindustrial, no pudieron desmerecer la hazaña iniciada por el decreto supremo del 13 de marzo de 2006, que creó el Programa Nacional de Alfabetización y dio inicio a la Campaña de Alfabetización “Yo, sí puedo”.

La campaña desafió las estadísticas del Censo Nacional de 2001 que arrojaron una tasa de 13,3 por ciento de analfabe-tismo absoluto en una población mayor de 15 años en el país. De los más de 1,2 millones de personas que no sabían

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leer ni escribir en Bolivia, un 50 por ciento eran indígenas y mu-jeres, habitantes de recónditas y olvidadas zonas hasta donde las cruzadas alfabetizadoras emprendidas por cuenta de iglesias y organizaciones no gubernamentales no habían podido alcanzar.

La educación como arma para dominar

La alfabetización no fue nunca un eje central de las políticas de desarrollo en Bolivia. La educación se constituyó en un arma de dominación para discriminar a las grandes mayorías analfabe-tas como eran los indios, despojados de sus tierras y de sus de-rechos por constituciones y códigos electorales que otorgaban el voto calificado y la ciudadanía a quienes sabían leer y escribir.

La historia de Bolivia muestra, desde su fundación, en 1825,nu-merosas sublevaciones indígenas, siempre reprimidas, contra las expropiaciones de tierras comunales, exacciones tributarias, la abolición del pongueaje,las demandas de reconocimiento de los sindicatos agrarios y el derecho a la alfabetización, lideradas

Foto: Luis Quintana

por Zárate Willka y otras autoridades comunales como Santos Marka T’ula, Faustino Llanqui, Marcelino Llan-qui, Dionisio Paxipati, Francisco Tancara, Mateo Alfaro, Rufino Willka, Eduardo Nina Quispe, Manuel Luka Lipi, Juan de Dios Sirpa Tiku, que entre 1920-1930 hicieron un esfuerzo importante para llevar la educación a las comunidades.

Con pocas excepciones, los gobiernos preferían una actitud de fuerza como sistema de educación para el indio, afirma Elizardo Pérez, quien junto con el indí-gena Avelino Siñani crearon la primera escuela indi-genal ayllu de Warisata, en el altiplano de La Paz, el 2 de agosto de 1931 como un proyecto destinado a revalorizar la dignidad de lo propio, por lo cual fue fe-rozmente combatida por los terratenientes, la prensa y los gobiernos hasta su clausura nueve años después.

En la década del 30, profesores progresistas como los ya mecionados Elizardo Pérez, Avelino Siñani, en Warisata; y Rafael Guerreros, en Caquiaviri, o Toribio Claure, en Vacas, mantenían, con su propio pecunio, escuelas en las áreas rurales.

La derrota de la Guerra del Chaco con el Paraguay (1932-1935) desnudó larealidad de un régimen feudal que sometía a las mayorías indígenas a un sistema se-miesclavista que las excluía del derecho a la ciudadanía pero reclutados para “carne de cañón” violenta y coacti-vamente. Ese conflicto alentado por intereses de grupos de poder, marcó el inicio de la conciencia nacional, sos-tienen los estudiosos de la realidad.

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De hecho, campesinos que retornan de la Guerra del Chaco fundan el 3 de abril de 1936, en la comunidad de Ana Rancho o Huasa Calle, en la hacienda Santa Clara, que cobijaba a monjas de clausura y era administrada por el cura Gamboa, célebre por su maltrato a los indígenas, el primer sindicato agrario conocido como el de Ucureña, pide: Legalizar el sindicato, Alquilar las tierras que trabajan, construir una escuela propia, la cual funciona, luego, casi clandestinamente con apoyo de algunos hijos de patrones como Nivardo Paz, simpatizantes de los que eran considerados sublevados.

La lucha por una escuela

En 1942 se organizó el I y II Congreso de Indígenas Quechuas en Sucre, y 1945 el Primer Congreso Indigenal que reunió a 2.000 caciques que ingresaron por primera vez a la Plaza Murillo, para reunirse en 1945 en un céntrico local de La Paz, ante el asombro de beatas y caballeros que se persignan por “miedo a la indiada”. Los indígenas piden la supresión del pongueaje, reclaman el derecho a la escuela y un Código del Trabajador Agrario. Al calor de ese evento, el gobierno de Gualberto Villarroel decretó la eliminación del pongueaje y la creación de escuelas en las haciendas, medidas que fueron truncadas con el colgamiento del presidente por parte de la reacción conservadora.

Con la revolución nacional de 1952, las demandas indígenas comenzaron a cumplirse, aunque como parte de un proyecto homogeneizador nacionalista que proponía “castellanizar al indio” desvalorizando su cultura y sus tradiciones. Tras la pérdida del vigor revolucionario o lo que muchos estudiosos llaman el fracaso de la revolución nacional, se enraizó con más fuerza el “colonialismo interno”. Este término actualizado por Silvia Rivera en el decenio de los ochenta, para expresar la alianza de intereses económicos, consolidada en el siglo XIX en Bolivia, “y un modo de dominación política cuyo sustento ideológico es el derecho colonial sobre el territorio y la población, que contribuyen a reforzar la estructura de castas heredada de la colonia”.

El derecho a la educación figuraba en los fundamentos de las constituciones políticas pero no en la práctica. De allí se explica que María Ayma Mamani, una indígena de Orinoca, departamento de Oruro, madre del futuro presidente Evo Morales, no supiera leer ni escribir.

“Yo nunca pude recibir una carta de mi madre porque era analfabeta y sólo podía expresarse tejiendo banderas”, dijo el presidente Morales ese 20 de diciembre de 2008, en el acto de declaratoria de territorio libre de analfabetismo en la Coronilla, en Cochabamba. Participaron del acto el presidente de Paraguay, Fernando Lugo; el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, José Ramón Fernández; el asesor político de la Organización de Estados Americanos (OEA) Dante Caputo; el director de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia para la región andina, Edouard Matoco, y los ministros de Educación de Bolivia,

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Roberto Aguilar; de Cuba, Ena Elsa Velázquez, y Venezuela, Héctor Navarro, según los reportes de prensa.

Tampoco sabían leer o escribir Leocadia Jiménez Taquichiri, del Municipio de Corque, a sus 40 años de edad, ni Justina Moreno Franco, del Plan 3.000 de Santa Cruz, y menos Beatriz Nina Díaz, a sus 37 años, que aprendió las primeras letras junto a su hija de 10 años que tampoco había pisado una escuela: “De cuatro hijos que tengo sólo puedo enviar a uno a la escuela”, explicó Nina.

Después de dos siglos:“Yo, sí puedo”

Cuando el 26 de marzo de 2007, en el Municipio de Tolata de la provincia Germán Jordán del departamento de Cochabamba, el primero en erradicar el analfabetismo en Bolivia, los primeros alfabetizados adultos e indígenas pasaban a leer frente al mi-

crófono sus primeras oraciones, “hubo muchos que se ponían a llorar”, recordó Evo Morales; y con ellos quienes presenciaban la escena. Tolata–junto a sus adyacentes Epizana, Mizque y Suticollo- en el valle cochabambino era emblemática para la lucha por la democracia puesto que había iniciado, en enero de 1974, la primera pro-testa masiva contra la dictadura militar de Hugo Bánzer Suárez, con un saldo de 80 indígenas muertos acribilla-dos por el ejército y decenas de heridos.

Luego de Tolata, fueron sumándose otros municipios liberados del analfabetismo hasta llegar a los 327 en todo el país, en los 33 meses de labor de la campaña “Yo, sí puedo”, que enseñó a leer y escribir a 824.101 personas, de ellas más de 24.699 eran aymaras y 13.599 quechuas que aprendieron en sus idiomas ori-ginarios. Más del 70 por ciento eran mujeres.

Fue una de las movilizaciones más grandes en la his-toria del país que demandó una inversión de 36,7 mi-llones de dólares, de acuerdo con los datos oficiales. El Ministerio de Educación de Bolivia informó que fueron movilizadosa 46.834 facilitadores bolivianos –miles de estudiantes entre ellos- cubanos y venezolanos, se instalaron 28.450 puntos de alfabetización en los 327 municipios del país, en 112 provincias, y además,se entregaron 212 mil anteojos para ciudadanos y ciuda-danas con discapacidades visuales.

En las remotas comunidades donde no había electrici-dad se instalaron 8.350 paneles solares para el funcio-namiento de los equipos de la Campaña. La televisión

Presidente Evo Morales

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registró escenas en las cuales se vieron a brigadistas por estrechos y penosos caminos de herradura, llevando so-bre las ancas de mula sus equipos de trabajo.

El método “Yo, sí puedo” fue desarrollado por Leonela Relys junto a otros educadores del Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe (IPLAC) de Cuba, y aplicado con éxito en 15 países donde se alfabetizaron a más de 3 millones de personas. El método recibió el Premio Alfa-betización 2006 Rey Sejong de la UNESCO como“método innovador, flexible, capaz de adaptarse a una variedad de situaciones geográficas, culturales y étnicas y contextos sociales, rurales y urbanos y con necesidades especiales”.

“Se trata de un modelo complejo de variables, indica-dores e instrumentos de medición que permiten su-pervisar y evaluar el impacto de la alfabetización en el ambiente, en la familia, en las comunidades y en el de-sarrollo individual”, dijo la UNESCO. Según sus creadores “el método parte de lo conocido, los números, hacia lo desconocido, las letras, y se basa en la experiencia que se va adquiriendo. En él se utilizan los medios audiovi-

suales y un facilitador para transmitir los conocimientos, el cual es el vínculo entre la clase audiovisual y el participante, además de controlar el proceso de aprendizaje y desempeñar una función importante en el trabajo con la parte afectiva del iletrado”.

El método consta de tres etapas (Adiestramiento, Enseñanza de lecto-escritura y Consolidación) y para desarrollarlas emplea las relaciones: escuchar-ver, oído-ojo; escuchar-leer, oído-libro; y escuchar-escribir, oído-lápiz. El material para docentes consiste en la cartilla, el manual y 17 vídeos con 65 clases.

Precisamente, la etapa de consolidación o post alfabetización deno-minada “Yo, sí puedo seguir”, comenzó en Bolivia, el 22 de marzo de 2009, en el municipio Chipaya, el pueblo originario más antiguo del continente americano, ubicado en las riberas del lago Poopó, a 188 kilómetros de la ciudad de Oruro.

Desde entonces, se han cumplido tres etapas de la post alfabeti-zación que se propone llegar a 450.000 participantes, con 23.000 puntos en todo el país hasta fines de 2010, y el apoyo de 68 asesores cubanos, 25 venezolanos y 23.000 facilitadores. En algunos munici-pios, como La Paz, se han constituido 13 telecentros muy activos.

Resultados del Programa Nacional de AlfabetizaciónDepartamentos Censo PNA Graduados % Facilitadores Supervisores Puntos Grupos Partic. por puntos

Chuquisaca 80.550 79.378 98,5% 3.466 217 2.559 4.288 31

La Paz 236.557 233.140 98,6% 14.815 1.207 5.558 15.193 42

Cochabamba 161.210 162.411 100,7% 8.094 840 5.240 8.987 31

Oruro 30.653 32.514 106,1% 2.216 281 1.275 2.216 26

Potosí 106.413 113.394 106,6% 3.176 837 3.870 6.446 29

Tarija 42.471 35.457 83,5% 2.180 215 1.366 2.287 26

Santa Cruz 129.059 131.475 101,9% 7.531 1.033 6.413 8.660 21

Beni 31.456 31.328 99,6% 2.004 252 1.848 2.045 17

Pando 4.887 5.004 102,4% 352 67 321 460 16

Total 823.256 824.101 100,1% 46.834 4.949 28.450 50.582 29Fuente: Coordinación General del PNA

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El viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, calificó de “histórica” la post alfabetización en Bolivia: “Ahonda-rá las tareas de la revolución educativa porque unirá los conoci-mientos generales y universales con los conocimientos y sabe-res de los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos que ahora forman parte de este proceso educativo”.

Hasta el año 2013, un millón de personas no alfabetizadas habrá alcanzado el tercer grado escolar con “Yo, sí puedo seguir”, afirman las autoridades del Ministerio de Educación.

Contra la marginación y el olvido

“El programa beneficia a ciudadanos ignorados y marginados económica y culturalmente por anteriores gobiernos”, aseguró el coordinador Benito Ayma. “Más de 30 mil personas apren-dieron a leer y escribir en quechua, aymara y guaraní, y ahora aprenderán nuevos conocimientos que no los tuvieron porque

no pudieron ir a la escuela por falta de recursos eco-nómicos”, dijo.

La alfabetización va unida a otras medidas que alien-tan la asistencia a la escuela. El gobierno da un bono llamado Juancito Pinto –un niño que tocaba el tambor en la guerra del Pacífico con Chile, 1879- que otorga a las familias 200 bolivianos (unos 30 dólares) por cada niño que permanece en la escuela todo el año.

El beneficio comenzó a pagarse a los escolares en los cursos de primero a quinto del ciclo primario entre 2006 y 2007 y se amplió hasta el octavo grado en 2008. Más de 1,8 millones de niños recibieron el bono en 2009, informó el Ministerio de Educación.

El bono Juancito Pinto ha reducido la deserción esco-lar de 5,3 por ciento a 2,8 entre 2006 y 2009, dijo el ministro de Educación, Roberto Aguilar, ex rector de la Universidad Mayor de Andrés de La Paz.

La educación es, quizás uno de los logros más im-portantes del gobierno de Morales. “El fin del analfa-betismo constituye un triunfo sobre los colonialistas internos y externos que nunca quisieron acabar con los iletrados”, dijo el mismo presidente, como expre-sando el sueño, hoy realidad, de Tomasa Siñani, hija de Avelino Siñani, el amauta fundador de la escuela indigenal de Warista cuando había dicho, diez años atrás al periódico Presencia: “Las únicas armas para combatir la marginación y la pobreza que no podrán quitarnos nunca, son saber leer y escribir”.

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A la sombra del Ceibal

Beatriz, de nueve años de edad, estaba tan emocionada que casi no pudo dormir en toda la noche. Había llegado el gran día. Esa mañana le entregarían a ella y a todos sus compañeros de tercero de primaria la XO, la computadora portátil, su computadora.

Esta experiencia, repetida en miles de hogares uruguayos en el pasado reciente, se ha convertido en motivo de verda-dero orgullo nacional y sin dudarlo en un sello de nuestra identidad en este nuevo siglo.

En diciembre del año 2006, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez anunció que se pondría en marcha el Plan Ceibal y que con él, cada alumno y cada maestro de las escuelas públicas de todo el país recibirían de forma gratuita una computadora portátil.

Ese fue el puntapié inicial de este ambicioso proyecto socioeducativo, que pone a Uruguay a la vanguardia en la reducción de la brecha digital, la inclusión y la equidad en el acceso a la educación.

Su nombre, Ceibal, es el acrónimo de “Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea” y representa además al símbolo del país, su flor nacional: el ceibo. Como señaló el presidente Vázquez en el acto de presentación del plan: “hubo que hacer –lo voy a confesar– malabarismos para encontrar qué podíamos hacer para que “Ceibal” se transformara en una sigla, bueno y ahí está. (...). Esto quiere decir una computadora para cada niño y la misión es equiparar tecnológicamente a todos los niños en nuestro Uruguay”.

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El progreso del Plan CEIBAL demuestra el papel crucial que tienen hoy en día las tecnologías de la información y la comu-nicación (TIC) tanto en el ámbito de la educación como para la sociedad del Uruguay.

1. Las raíces del Ceibal

En las raíces del Plan Ceibal se encuentra la búsqueda de acortar la brecha digital entre quienes tienen los recursos económicos para ser parte del mundo digital y quienes no los poseen, y así son excluidos del flujo de la sociedad de la información.

Cuando hablamos de brecha digital, Warschauer (2003) propone no limitar el concepto a la desigualdad en el acceso, sino incorporar las condiciones sociales, económicas y culturales para acceder y efectivamente utilizar las tecnologías. Así, la brecha digital se definiría también por los recursos sociales y políticos que permiten el uso con sentido (o significativo) de las tecnologías por parte de los individuos.

El Plan Ceibal busca promover la inclusión digital, con el fin de disminuir la brecha digital tanto respecto a otros países, como entre los ciudadanos de Uruguay, de manera de posibilitar un mayor y mejor acceso a la educación y a la cultura.

Como explicó el ex presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, en un artículo publicado en Americas Quarterly (Estados Unidos), “el objetivo a largo plazo del Plan Ceibal es promover la justicia social mediante la promoción de la igualdad de acceso a la información y herramientas de comunicación para todo nuestro pueblo”.

Pero la sola inclusión de la tecnología en las escuelas no asegura el cumplimiento de la meta si no se la acompaña de una propuesta educativa acorde a los nuevos requerimientos, tanto para alumnos como para maestros.

Es así que el Plan se basa en un completo sistema que busca garantizar el uso de los recursos tecnológicos, la formación docente, la elaboración de contenidos adecuados, además la participación familiar y social.

Los principios estratégicos que encierra este proyecto son: la equidad, igualdad de oportunidades para todos los niños y todos los jóvenes, democratización del conocimiento, también de la disponibilidad de útiles para aprender y de un aprendizaje, no sólo en lo que respecta a la educación que se les da en la Escuela, sino en aprender ellos mismos a utilizar una tecnología moderna.

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2. Los frutos esperados del Ceibal

• Contribuir a la mejora de la calidad educativa mediante la integración de tecnología al aula, al centro escolar y al núcleo familiar.

• Promover la igualdad de oportunidades para todos los alumnos de Educación Primaria, dotando de una compu-tadora portátil a cada niño y maestro.

• Desarrollar una cultura colaborativa en cuatro líneas: niño-niño, niño-maestro, maestro-maestro y niño-familia-escuela.

• Promover la alfabetización y criticidad electrónica en la comunidad pedagógica atendiendo a los principios éticos.

• Promover el uso integrado del computador portátil como apoyo a las propuestas pedagógicas del aula y del centro escolar.

• Lograr que la formación y actualización de los docentes, tanto en el área técnica como en la pedagógica, posibili-ten el uso educativo de los nuevos recursos.

• Producir recursos educativos con apoyo en la tecnología disponible.

• Propiciar la implicación y apropiación de la innovación por parte de los docentes.

• Generar sistemas de apoyo y asistencia técnico pedagógica específica destinada a las experiencias escolares ase-gurando su adecuado desarrollo.

• Involucrar a los padres en el acompañamiento y promoción de un uso adecuado y responsable de la tecnología para el beneficio del niño y la familia.

• Promover la participación de todos los involucrados en la producción de información relevante para la toma de decisiones.

• Propiciar la creación y desarrollo de nuevas comunidades de aprendizaje promoviendo niveles de autonomía.

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3. Los efectos del Ceibal: encuesta 2009

Antes y después del Plan Ceibal. Tenencia de PC en los hogares y acceso a Internet.

Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2006, el 80% de los hogares del país no tenía PC. De acuerdo con la presente encuesta, en el 2009 sólo un 13% de los hogares de nivel socio-económico más bajo del interior tenían PC o laptop común en el hogar y solamente un 4% tenía acceso a Internet en el hogar.

Tras la implementación del Plan Ceibal, cambia radicalmente la estructura desigual de acceso a computadoras e Internet. Al finalizar el año 2009, todos los hogares de los quintiles más bajos con al menos un niño en la escuela pública superaron las barreras de acceso a estas tecnologías.

¿Cómo, dónde y en cuánto tiempo aprenden los niños a manejar la XO?

El 45% de los niños, aprende a manejar la XO en el intercambio de saberes con otros niños de su edad, el 36% lo hace mediante la exploración individual y el 19% con ayuda del docente. El 87% de los niños respondieron que enseñaron a otros niños, padres o hermanos a usar la XO.

De acuerdo a la respuesta de los maestros, el 80% de los niños aprende el manejo básico de la XO en menos de un mes. Más del 60% lo hace en dos semanas o menos. Lo más importante: esto se produce por igual para los niños de todos los niveles socio-económicos.

Dentro de los hogares de nivel socio-económico más bajo, el 71% de las madres respondió que sus hijos aprendieron a manejar computadoras a partir del uso de la XO, desconociéndolo anteriormente.

¿Para qué y cuánto usan los niños la XO en su tiempo extra escolar?

Los niños usan la XO en el hogar y en otros lugares públicos 1 hora y media por día en promedio.

Las actividades que realizan son: jugar, escribir, dibujar, buscar materiales para la escuela tomar fotos o filmar. Es impor-tante recordar que los niños no pueden visualizar todo tipo de juegos en la XO, y muchos de los juegos compatibles con la XO están concebidos para desarrollar destrezas cognitivas en los niños.

Como cambios positivos en el comportamiento de los niños, un 35.2% de las madres destaca que ahora los niños miran menos televisión que antes de recibir la XO y un 37.4% considera que ahora buscan más materiales que antes para la escuela.

Las familias de los niños.

Además del niño, quienes más usan la XO en el hogar son, en primer lugar, los herma-nos mayores y en segundo lugar, las madres. Los principales usos a nivel familiar son buscar información general, buscar materiales para el liceo y, por supuesto, entreteni-miento.  Una de cada 10 familias respondió que “buscar información sobre salud” es uno de los 3 principales usos que se realizan con la XO en el hogar.

¿Cómo se usa la XO en la escuela?

Las actividades que los niños realizan en el aula son navegar en Internet, escribir, gra-bar y dibujar, entre otras.

El uso del Navegador corresponde en mayor medida a los docentes de grados altos y el uso de la aplicación Write en clase se da mayormente en los primeros grados.

La conectividad del centro escolar es uno de los factores que opera como estímulo a la hora de escoger una actividad y proponer una tarea de aula mediante el uso del XO.

Una de cada cinco maestras respondió que usa la XO en el aula para trabajos individuales todos los días o casi todos los días, una de cada ocho reportó usarla en trabajos grupales todos los días o casi todos los días, y una de cada tres para tareas domiciliaria una o dos veces por semana.

¿Qué opinan los directores de escuela, los niños y las madres del Plan Ceibal?

El 80% de los directores, opinan que el Plan Ceibal influyó de forma positiva en la autoestima, en aspectos motivacionales y en el aprendizaje en los niños.

El Proyecto One Laptop per Child (OLPC),

que en español significa “una compu-

tadora portátil por niño”, fue presentado

por Nicholas Negroponte, director del

Laboratorio de Medios del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en el Foro

Mundial de Davos, en el año 2005. La intención original fue la que finalmente

se plasmó en esta iniciativa que se extiende por varios países, pero que -hasta el

momento- sólo en Uruguay alcanzó niveles absolutos de penetración.

Desarrollar y producir laptops de bajo costo y entregarlas a cada niño

en edad escolar de los países de menores recursos; ésa fue la propues-

ta de Negroponte, que para su puesta en marcha y éxito, contó con el

aporte económico y la colaboración de gigantes del sector informático,

como Google, AMD, Red Hat, News Corp y Brightstar

A mi me gusta mi XO porque…

…puedo buscar información Internet

…es lo mejor que me han regalado

…me gusta mucho la Xo; a mi me gusta cuidar, jugar, trabajar

…tiene lo que trabajamos en clase

…la Xo porque me ayuda a hacer los deberes, también con ella no me aburro

…porque puedo jugar juegos, buscar información y de todo un poco

…para trabajar, jugar, sacar fotos, entrar en Internet y bajar música

…lo que tiene, su forma, sus colores y sus programas

…por que es mía propia

…me gusta para aprender, trabajar y enseñarle a mis hermanos, a mi

padre y madre

…porque aprendí a ejercitar más mi memoria de aprender otras cosas,

a mirar video, a aceptar que algunas cosas no se pueden mirar

…me gustan los juegos, el internet, y escribir. Me gusta escuchar músi-

ca en la Xo y me gusta sacarme fotos

… porque a todos mis amigos les gustaba jugar y divertirse, y a mí también

En el caso de la influencia en la asistencia, más de un 40% opina que el Plan Ceibal influyó de forma positiva.

Estos beneficios se observan en mayor medida en niños de escuelas de contexto muy desfavorable, desfavorable y medio que no tenían computadora en el hogar antes del Plan.

Por otra parte, el 74% las madres están totalmente de acuerdo con el Plan Ceibal y una de cada cinco está de acuerdo.  Para el 84% de los niños, la computadora XO se merece la nota Sobresaliente.

4. El futuro del Ceibal

• La mejor defensa que puede hacerse de una política social es, además de señalar sus logros, analizar las dificultades que se presentan. Esta es la forma de identificar las áreas a trabajar para lograr la mejora continua y la sostenibilidad.

• No todos los integrantes de la familia han utilizado la XO, y entre quienes no lo hicieron, un 32% no lo ha hecho porque no sabe cómo manejarla, y un 20% porque considera que la XO es sólo para el niño.

• El porcentaje de máquinas funcionando a junio de 2009 era de 86.7%. La cantidad de máquinas rotas y bloqueadas afecta principalmente a los niños de contextos socioculturales más desfavorecidos, además de crecer proporcional-mente a la cantidad de meses que transcurrieron desde la entrega.

14

Teniendo en cuenta estos aspectos es necesario:

• Fortalecer  las coordinaciones inter-institucionales necesarias para reforzar el apoyo a las familias.

• Continuar multiplicando las acciones de capacitación docente.

• Implementar estrategias de acceso alternativo a las XO por parte de los niños que no la están usando debido al deterioro.

• Calificar a una mayor proporción de adultos para que puedan realizar un mayor acompañamiento de sus niños en la nueva situación, monitorear el uso que realizan los niños, y acompañar en mayor medida sus procesos de aprendizaje. Esto también será necesario para que no aumente la distancia entre el mundo de los niños y el de los adultos (brecha inter-generacional)

• Implementar políticas que articulen las capacidades generadas en niños y adolescentes con oportunidades de formación y posterior inserción laboral.

• Estar atentos a aquella parte de los niños que pueden estar realizando un uso excesivo y/o exclusivamente vin-culado al entretenimiento, para diversificar sus actividades y usos del nuevo medio. En este punto son muy im-portantes tanto padres como maestros.

• Si bien ya se implementó que las escuelas cuenten con un número de XO para uso en el horario escolar por parte de los niños a los que se les ha deteriorado, es necesario implementar además otras estrategias para evitar las roturas y paliar sus efectos cuando suceden. Esto supone, por ejemplo, involucrar a organizaciones sociales.

Plan Ceibal en números:

362.000 alumnos de escuelas públicas tienen hoy su laptop

18 .000 maestros tienen la suya

220.000 nuevos hogares tienen computadora ( 1 1 0 .000 de ellos corresponden al quintil más humi lde de la

población)

1 40 .000 niños , al finalizar el año 2009, tuvieron que caminar menos de 300 metros para tener acceso a Internet

250 serán las plazas y lugares públicos que contarán con señal inalámbrica Ceibal en la zona metropolitana

capitalina

2.068 escuelas están conectadas a la Red Ceibal

18 .000 maestros fueron capacitados y seguirán recibiendo cursos

Beatriz regresa a casa con su mochila cargada de cuadernos y su morral con la XO, después de otra jornada estimulante en la escuela, habiendo navegado por ese mar virtual de Internet. Y casi sin darse cuenta está cantando bajito la canción de Jorge Drexler, lema del Plan Ceibal:Un cuadradito de cieloUna ventana hacia el ríoUn río hecho de luzY de pájaros en vueloYo quiero ser navegante por el cielo australSin salir de mi remanso a la sombra del ceibal

Bibliografía y fuentes

En el camino del Plan Ceibal. Referencia para padres y educadores, G. Cyranek, UNESCO, diciembre 2009

Monitoreo y evaluación de Impacto Social del Plan CEIBAL, Coord. Soc. Ana Laura Martínez, Plan CEIBAL, 2009

Monitoreo y evaluación educativa del Plan CEIBAL, Resumen, diciembre 2009

www.ceibal.edu.uy :: www.ceibal.org.uy

Plan Ceibal en números:

• 362.000 alumnos de escuelas públicas tienen hoy su laptop

• 18.000 maestros tienen la suya

• 220.000 nuevos hogares tienen computadora (110.000 de ellos corresponden al quintil más humilde de la población)

• 140.000 niños, al finalizar el año 2009, tuvieron que caminar menos de 300 metros para tener acceso a Internet

• 250 serán las plazas y lugares públicos que contarán con señal inalámbrica Ceibal en la zona metropolitana capitalina

• 2.068 escuelas están conectadas a la Red Ceibal

• 18.000 maestros fueron capacitados y seguirán recibiendo cursos

• 500 son los maestros de apoyo al Plan Ceibal en Montevideo

• 1.500 son los voluntarios de Apoyo a Ceibal

16

17

Abstract:

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Algumas vias possíveis de acesso das camadas populares à cultura no Brasil

Enquanto há brasileiros que vivem no Rio Grande do Sul, estado que faz fronteira com a Argentina e o Uruguai, há os que vivem próximos à fronteira com Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela e Guianas. Há também aqueles que são vizinhos do Oceano Atlântico e os que moram no centro do país, longe do mar e também de qualquer fronteira internacional. Essa imensidão territorial já sugere a grande diversidade cultural que permeia a vida dos brasileiros. Muito se produz em termos de cultura, no entanto, em termos comparativos, ainda pouco se circula e também pouco se consome em todo o território nacional. Isso sem contar o restrito acesso que, geralmente, as camadas populares ainda tem à cultura em suas próprias cidades.

Uma das vias pelas quais o povo consegue ter algum acesso a diferentes manifestações culturais é a de projetos ou atividades rea-lizados pelas próprias comunidades nas quais pertencem, por grupos específicos, organizações não governamentais, instituições, entre outros. Pouco a pouco, as políticas governamentais no Brasil estão procurando incrementar a área de cultura no país, seja por meio de aperfeiçoamento de leis de incentivo já existentes; editais para várias áreas, como é o caso dos Pontos de Cultura, que trabalha em parceria com projetos já existentes da sociedade civil; orçamento participativo, dentre vários caminhos possíveis.

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Segundo estimativas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), apenas 14% da população brasileira vai ao cinema periodicamente, 96% não frequenta museus, 93% nunca foi a uma exposição de arte e 78% nunca assistiu a um espetáculo de dança. Mais de 90% dos municípios brasileiros não possuem salas de cinema, teatro, museus e espaços culturais multiuso. Dos cerca de 600 municípios brasileiros que nunca receberam uma biblioteca, 440 ficam no nordeste e apenas 2 no sudeste. Sibelle Cornélio Diniz e Ana Flávia Machado1 fizeram um estudo sobre o gasto com cultura nas metrópoles brasileiras. Os resultados indicam pouca participação de bens e serviços culturais no orçamento das famílias e relativa concentração do gasto nas áreas urbanas, principalmente nas capitais. Os domicílios com maiores rendimentos per capita apresentam os maiores e mais diversificados gastos. E, aparentemente, o gasto parece ser maior em domicílios cujos chefes são mais escolarizados, brancos e de religião distinta da católica e da protestante. O contexto colocado nessa pesquisa mostra a necessidade de políticas públicas que privilegiem tanto o acesso às mercadorias culturais quanto a elevação dos níveis de educação e renda, de modo a garantir melhores condições de consumo e de vida à população.

Nessa linha de ação, uma das políticas mais destacadas é a dos Pontos de Cultura, que tem como objetivo possibilitar o desenvolvimento de ações culturais sustentadas pelos princípios da autonomia, protagonismo e empoderamento social, integrando uma gestão compartilhada e transformadora da organização selecionada, que já vinha fazendo todo um tra-balho cultural em determinada comunidade, com a Rede de Pontos de Cultura já existente.

Pontos de Cultura: uma experiência de descentralização do conhecimento e da arte

O Brasil conta, atualmente, com cerca de 2.500 Pontos de Cultura implantados em todo o país, chamando a atenção de governos e da sociedade civil na Europa e na América Latina, já sendo objeto de pesquisas acadêmicas e de modelo para ações governamentais semelhantes, em outros países. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), numa pesquisa sobre a extensão da ação dos Pontos de Cultura no Brasil, indica sua abrangência sobre uma população de cerca de oito milhões de pessoas. O público está distribuído entre os participantes diretos das atividades desenvolvidas nos projetos cul-

1 Elas são autoras do artigo “Consumo de bens e serviços culturais nas metrópoles brasileiras – uma análise a partir de dados da POF”. A POF constitui uma rica fonte de informações sobre a composição dos orçamentos domésticos, dos hábitos de consumo, da alocação de gastos e da distribuição dos rendimentos, segundo as características dos domicílios e das pessoas (IBGE, 2004). Foi realizada nas Regiões Metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, no Município de Goiânia e no Distrito Federal (IBGE, 2004).

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turais e entre integrantes da comunidade que assistem às apresentações artísticas ou participam esporadicamente de cur-sos e oficinas. O repasse dos recursos é direcionado diretamente à ponta do projeto e cada um custa cerca de R$60 mil/ano.

Um projeto da senadora da república Marisa Serrano, que propõe a disseminação do projeto dos Pontos de Cultura por todos os países do Parlamento do Mercosul (Parlasul), foi aprovado em sua última reunião, realizada em novembro de 2009. A proposta será encaminhada à próxima reunião do Conselho do Mercado Comum, órgão máximo da integração regional, em junho de 2010. Este será um primeiro passo para elaborar uma legislação regional, que poderá articular políticas entre os países do bloco, com possibilidade de ampliar o projeto.

A Reciclázaro, um projeto da cidade de São Paulo, trabalha com a temática da inclusão social e se converteu este ano em ponto de cultura. “O desejo é de mantê-lo sempre como um organismo vivo por onde a participação da comunidade forta-leça vínculos de pertença, melhore as condições de acesso à cultura e de divulgação do trabalho que muita gente talentosa tem a desenvolver, mas se ressente da falta de espaço para apresentar o que tem de melhor”, analisa Manoel Rodrigues, coordenador pedagógico do projeto. Artesãos, educadores populares, contadores de histórias, designers, crianças e jovens com potencial para se comunicar e criar através do rádio, do desenho, da internet e tantos outros meios de expressão têm sua oportunidade de se desenvolver ali.

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Esse Ponto de Cultura atende basicamente a população da Zona Leste, região mais pobre de São Paulo, com três vertentes essenciais. A primeira é a produção em multimeios, com destaque para o aprendizado e a difusão do audiovisual criado no âmbito comuni-tário, a inclusão digital utilizando o software livre como ferramenta de democratização do acesso ao computador e à internet. A segunda vertente é a arte a partir da reciclagem com oficinas de moda sustentável, de cenografia (capacitação para concepção de banners, montagem de salas temáticas e vitrinismo) e de construção de brinquedos feitos de sucata. A proposta é formar, contribuir para geração de renda e difundir os conceitos de associativismo, cooperativismo, comércio justo e solidário. A terceira vertente é de Iniciação Artística, com salas de contação de histórias e de introdução à linguagem de histórias em quadrinhos reunindo crianças, jovens e adultos interessados pelas técnicas e linguagens que a escola não costuma desenvolver. “Desde o início, já registramos o interesse de professores de escolas públicas em fazer estas oficinas constatando a dificuldade de comunicação em sala de aula e o esgotamento de fórmulas tradicionais quanto à transmissão do conhecimento”, analisa Manoel.

Orçamento Participativo abrindo espaços culturais

O orçamento participativo é outro caminho de parceria entre sociedade civil e governo que tem trazido avanços para a demo-cratização da cultura, como no caso do Centro de Referência da Juventude (CRJ), uma política pública do Município de Vitória, no estado do Espírito Santo, pertencente à Gerência da Juventude da Secretaria Municipal de Assistência social (Semas). Esse Centro surgiu a partir das demandas da população que propôs sua criação para o orçamento participativo do município no ano de 2005. Em setembro do ano seguinte, o CRJ abriu as portas para toda a comunidade, com prioridade para os jovens das camadas populares de Vitória, de 15 a 29 anos. Seu objetivo é transformar suas vidas por meio da arte e cultura, contribuindo para o seu desenvolvimento profissional e humano. Nele acontece a convivência e integração dos jovens de diversas “tribos”: as principais atividades oferecidas são as oficinas regulares, como as de Teatro, Forró, Graffiti, Animação, Skate, Break, Le Parkour, Beat Box, Fotografia, Violão, entre outras. Atualmente elas ocorrem a cada dois meses, sendo oferecidas mais de 150 vagas e 15 opções por bimestre. Todas as atividades do Centro de Referência são gratuitas e os jovens que necessitam recebem atendi-mento psicossocial e vale-transporte para as despesas com mobilidade da residência até o CRJ.

As oficinas e demais atividades são discutidas junto aos jovens que freqüentam o espaço e sugerem novas atividades. Além dis-so, o CRJ possui um estúdio popular, para que novas bandas formadas por eles possam ensaiar gratuitamente, contando com a infra-estrutura. Semanalmente também acontecem o Forró Iá (onde os jovens se reúnem para exercitar os passos da dança) e a Comunidade Hip Hop (na qual se reúnem para praticar e trocar idéias sobre essa cultura, com todos os elementos reunidos - grafitti, break e beat box). Recentemente, o CRJ realizou o lançamento de um CD com 12 bandas - já mais estruturadas - que se formaram a partir dos ensaios no estúdio popular e já fazem algumas apresentações na região.

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Diversidade na pauta das políticas culturais

O novo Fundo Nacional de Cultura para 2010 conta com mais de R$ 800 milhões que serão aplicados diretamente na produção cultu-ral, com bolsas, prêmios e editais para todos os setores, da música às artes visuais, do patrimônio ao teatro. As diretrizes da diversidade aplicadas tanto pelo governo federal como por vários estaduais tem modificado também o retrato das diversas expressões artísticas beneficiadas por meio da política de editais, com verbas estaduais e federais.“Essa política tem permitido a sobrevivência e a visibili-dade social de manifestações que viviam em guetos periféricos, e posso até dizer que tem influenciado positivamente na relação da elite com as manifestações populares”, analisa Arthur Leandro, professor da Faculdade de Artes Visuais e Museologia da Universidade Federal do Pará, militante do movimento negro e coordenador de vários projetos independentes. “a verba que era usada exclusiva-mente para o financiamento da ‘arte’ da elite, agora atende também uma parcela das demais manifestações culturais”, afirma.

Um dos projetos que Arthur Leandro coordena é o Azuelar, uma proposta cultural experimental de comunicação social e comunitária do Instituto Nangetu. Ela inclui a produção de peças gráficas de divulgação de eventos, inclusive as usadas para divulgação pela internet; o Cineclube Nangetu, atividade cultural que exibe filmes de temática afro-brasileira dando ênfase a temática afro-religiosa; produção de vinhetas de áudio, veiculadas em programas em rádios comunitárias e outros canais; registros fotográficos e audiovi-suais de eventos, distribuídos em grupos de discussão virtual e sites na internet; produção de estampas de camisas, distribuídas aos membros da comunidade; veiculação da produção, em vários canais de comunicação, principalmente pela internet; manutenção de blog e produção de documentários audiovisuais. A proposta editorial do Instituto Nangetu tem caráter de serviço, informação, afir-mação da cidadania e da dignidade, valoração das culturas afro-brasileiras, apoio às entidades dos movimentos sócio-culturais, e visa proporcionar a interação com a vizinhança e a comunidade local, tendo o objetivo de preservar os valores culturais afro-amazônicos e combater o preconceito em relação às práticas religiosas oriundas da África negra.

Vale-Cultura: um dos possíveis caminhos para incrementar o consumo cultural no Brasil

É num cenário de ampla oferta de bens, serviços e conteúdos culturais que o Vale-Cultura ganha expressão. “O Ministério da Cultura não acredita numa mudança radical de foco da produção para o consumo, mas no investimento equilibrado em todo o sistema cultural, estimulando a um só tempo a democratização do acesso e a promoção da excelência artística”, declara José Luiz Herencia, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. “O Vale-Cultura é um mecanismo de reforma da Lei Rouanet2

2 Seus objetivos centrais são ampliar os recursos da área e, ao mesmo tempo, diversificar os mecanismos de financiamento de

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criado dentro de um novo modelo de financiamento que prevê o incentivo ao consumo de cultura”, esclarece Roberto Nasci-mento, Secretário Federal de Fomento e Incentivo à Cultura.

Em dezembro de 2009, o Vale-Cultura foi aprovado pelo Senado e, provavelmente ainda no primeiro semestre de 2010, será aprovado pela Câmara dos Deputados e sancionado pelo presidente da república. Com esse vale, os trabalhadores brasileiros que ganham até 5 salários mínimos, assim como estagiários e aposentados, nas condições apresentadas pelo Projeto de Lei nº 5.798 de 2009, terão o direito de receber R$50,00 todo mês por meio de um cartão magnético, para serem utilizados na compra de um livro, de revistas, de jornais, de ingressos de shows musicais, de peças teatrais, exposições de arte, museus, entre outros. O que não será gasto em determinado mês acumula para o mês seguinte. Estimativas do Mi-nistério da Cultura mostram que o Vale-Cultura pode aumentar em até R$ 600 milhões/mês ou R$ 7,2 bilhões/ano o con-sumo cultural no país, beneficiando diretamente 12 milhões de brasileiros. Pelo projeto, as empresas poderão deduzir até 1% do Imposto de Renda se aderirem ao programa até o exercício de 2014, ano calendário de 2013. Esse vale é a primeira política governamental que procura incentivar diretamente o consumo cultural no país. “Sou a favor do Vale-Cultura, mas é importante que tenhamos claro a urgência de outras medidas que venham se somar a esta”, analisa Manoel Rodrigues, diretor pedagógico do projeto Reciclázaro, em São Paulo. “O mérito deste benefício é propor que se reflita sobre o lugar da cultura na cesta básica do trabalhador brasileiro”, afirma. Uma das críticas mais freqüentes ao projeto do Vale-Cultura diz respeito à liberdade de escolha dos que farão uso dele. “O lado bom é que esse vale traz o que o povo precisa: verba para gastar em lazer construtivo, mas também tem o lado péssimo: pagar para o povo ver funk, pagode, etc, já que tudo é válido como cultura neste país...”, analisa a professora paulistana de Ensino Fundamental Roseli Montero. “O problema não é o funk ou o axé ou o samba ou o rock ou qualquer outra expressão artística”, rebate Albino Rubim, Professor da Universidade Federal da Bahia e presidente do Conselho Estadual de Cultura da Bahia. “A questão é que talvez a pessoa consuma o que já consumia e não tenha abertura para entrar em contato com novos e diversos fluxos culturais: este me parece o problema potencial”, analisa. Rubim sugere que o projeto deveria ter alguma forma de incentivar a diversidade cultural.

“Hoje a subversão do sistema acontece via indústria ilegal da pirataria, por onde as famílias de baixa renda podem ter acesso a produção de vários bens culturais, e não acredito que o vale cultura venha a alterar a relação de consumo da camada de baixa renda, creio que pode vir a influenciar no consumo da classe média, mas vamos ver o que acontecerá de fato”, analisa Arthur Leandro, professor da Universidade Federal do Pará. “Acho que num primeiro momento não vai ser possível constatar qual a potencialidade deste projeto, contudo a tendência é que o quadro mude com o passar dos anos, com crianças e adolescentes de periferia acessando com maior facilidade os cinemas, teatros e casas de shows que são espaços mais elitizados”, rebate Max Dias, coordenador do Centro de Referência de Juventude de Vitória, no Espírito Santo.

forma a desenvolver uma verdadeira Economia da Cultura no Brasil.

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Abstract:

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Interculturalidad en Paraguay, otro desafío postergado

La propuesta de crear un estado intercultural plantea necesariamente la visibilización de la diversidad etno-cultural, la conservación de la biodiversidad y la erradicación de la pobreza. En el Paraguay y en toda América la interculturalidad todavía hace referencia principalmente a la necesidad de visibilizar la largamente encubierta diversidad manifestada en la presencia y vigencia identitaria, cultural y lingüística de los pueblos indígenas. Esta proposición no es casual porque remite a la situación de negación o exclusión sistemática de que son objeto históricamente los pueblos indígenas en nombre de una tergiversada y falseada modernidad de nuestros estados independientes en América.

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Dicha propuesta en nuestro país aparece entonces como un camino alternativo más que empieza a delinearse en la búsqueda de fortalecer el proceso de nuestra frágil democracia.

De hecho, todavía una gran masa de la población paraguaya desconoce la existencia de los pueblos indígenas, menos aún conocen de números de la población como de la diversidad de pueblos indígenas que habitan este suelo1.

A pesar de esta historia de despojo, negación e invisibilización, los pueblos indígenas han sabido sostenerse y de alguna mane-ra han sabido conquistar algunos espacios de manera que hoy todavía suena posible y viable un proceso de interculturalidad.

La realidad nos confronta con otras situaciones estructurales que nos obligan a prestar atención y poner presión para que se encaminen procesos sostenidos y sostenibles de cambio imprescindibles para que dicho proceso de intercultu-ralidad sea efectivo. Y esto tiene principal relación con la situación de pobreza estructural a la que fueron condenados los pueblos indígenas. Esta situación, sin embargo, no tiene sólo ni tanta relación con la falta de acceso a los servicios

1 Población indígena en Paraguay – Censo Nacional 2002 - DGEECFamilia lingüística Pueblo Total: Mujeres/HombresGuarani ............ Guarani ........................Occidenta ............. l2.1551.0851.070Guarani ............ Guarani ........................Ñandéva ............... 1.9841.027957Guarani ............ Ava ...............................Guarani ................ 13.4306.4386.992Guarani ............ Mbya ......................................................... 14.3246.8347.490Guarani ............ Aché ........................................................... 1.1901.0701.085Guarani ............ Pâi ................................Tavyterâ ................ 13.1326.4356.697Maskoy ............ Toba .............................Maskoy ................. 2.2301.1331.097Maskoy ............ Enlhet ..........................Norte .................... 7.2213.7243.497Maskoy ............ Enxet ............................. Sur ....................... 5.8443.0142.830Maskoy ............ Sanapaná ................................................... 2.2711.1931.078Maskoy ............ Angaité ....................................................... 3.6941.8441.850Maskoy ............ Guaná ......................................................... 242117125Mataco ........... Mataguayo ...................Nivacle.................. 12.0286.2145.814Mataco ........... Mataguayo ...................Makâ .................... 1.282650632Mataco ........... Mataguayo ...................Manjui ................. – Lhumnanas .......................................................................... 452228224Zamuco ........... Ayoreo ........................................................ 2.0161.054962Zamuco ........... Yshyr ............................Ybytoso ................ 1.468766702Zamuco ........... Yshyr ............................. Tomaraho ............ 1034855Guaicurú .......... Qom ............................................................ 1.474753721TOTAL ................................................................ 86.54041.88944.651

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Niños Ñandéva de San Lázaro, Chaco Pyo

básicos oficiales, sino principalmente tiene relación con la pérdida en cantidad y calidad de los territorios tradicionales, donde como culturas han logrado sostener milenariamente su propia existencia física como la existencia de la naturaleza. Es en este sentido entonces, que como elementos necesarios para la construcción de la interculturalidad, aparecen también como desafíos conexos la conservación de la naturaleza y la erradicación de la pobreza.

Los problemas estructurales

La historia de genocidio, etnocidio y despojo hacia la población aborigen en América por parte de los grupos de origen europeo tiene relación en parte con la visión conquistadora propia de la cultura de los grupos llegados en confrontación con la visión de equilibrio y armonía cósmica propia de las culturas indo-americanas. La naturaleza de la cultura europea impulsa al despliegue hacia la dominación y la eliminación de los otros diferentes, mientras la proyección de la cultura indo-americana tiene más relación con sostener el equilibrio con los otros y con la propia naturaleza. En situaciones de dominio por parte de un grupo de conquista la resistencia de los pueblos originarios se da principalmente a través del repliegue o de la mimetización, a modo de encubrir su diferencia rechazada.

2626

En la historia de nuestros pueblos de América es común que el pequeño grupo identificado con la cultura de origen eu-ropeo se ha ubicado y se mantiene hace siglos en la cima de la pirámide de las clases sociales y por el contrario aquellos grupos identificados con lo indígena, nativo, campesino o criollo se ubican en la base de la pirámide.

En el Paraguay la expropiación o despojo territorial de los pueblos indígenas se ha consolidado muy tempranamente, con el gobierno de Carlos Antonio López, en 1840, donde se hizo desaparecer jurídicamente a los pueblos de indios como la propia identidad indígena. En todo el Paraguay, es un muy pequeño grupo, tradicionalmente identificado con el origen y/o la cultura europea o migrante, el que conserva la propiedad de más del 80 % de las tierras, moviliza y disfruta de más del 90 % de las riquezas del país, disfruta de la seguridad oficial y ocupa históricamente relevantes puestos en los Gobiernos de turno.

En el Chaco Paraguayo, resultante de la tendencia histórica de invisibilización de los pueblos originarios, las minorías no indígenas, principalmente migrantes menonitas, ocupan y controlan la propiedad de las tierras entre una mayoría de po-blación indígena. En la región Oriental del Paraguay, la población indígena es minoritaria con lo que más fácilmente crece la violencia y el despojo sistemático de sus territorios.

Las identidades de los pueblos indígenas en Paraguay

Oficialmente, a través del Censo de los Pueblos Indígenas del 2002, se asumió el elemento lingüístico como uno de los ele-mentos de identificación, lo cual en algunos casos no se corresponde con la realidad en la que se hayan algunos pueblos, como el Guaná, Angaité y Enxet Sur ribereño, cuyas lenguas casi no son habladas en la actualidad.

La cuestión cultural igualmente se asume como elemento de identificación, pero para los grupos chaqueños es un elemento difuso por los grandes cambios en su cultura material. No ocurre así en la región Oriental donde las culturas siguen firmes y donde toda la proyección de los pueblos indígenas de dicha región se sustenta en la reivindicación de la diferencia cultural.

En este sentido, la auto-adscripción2 constituiría el principal elemento de referencia al momento de definir identidades, pues es evidente el proceso de revalorización identitaria resultante a su vez del proceso de reconocimiento jurídico que existe hace no muchos años en el país.

2 En la auto-adscripción aparece claramente a veces la identificación con un origen e historia común, en otros casos donde la pérdida cultural es más sentida y vivida, lo que queda son las denominaciones o adscripciones negativas de los vecinos no

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En el Paraguay, con la Ley 904/81 se reconocía la existencia de parcialidades indígenas. El término parcialidad alude a un fragmento o parte de algo, no a una totalidad como realmente constituyen las culturas de los pueblos indígenas, en tal sentido, fue de a poco siendo postergado del lenguaje político.

El término pueblos indígenas tomó fuerza con la promulgación de la Constitución Nacional de 1992 donde se asume dicho término para identificar a las sociedades preexistentes a la constitución del Estado Paraguayo.

El término pueblos agrega implicaciones fundamentales relativas al reconocimiento del territorio y la autodeterminación, que son muy importantes avances con respecto al reducido concepto de parcialidad y al apolítico o cientificista concepto de grupo étnico o cultura. En este sentido, hoy es general en las denominaciones de las organizaciones indígenas el con-cepto de pueblo. Ej. Organización del Pueblo Ñandéva, Organización del Pueblo Enlhet Norte, etc.

Comunidad indígena es un concepto asumido por la Ley 904/81 que hasta ahora genera algunos desajustes con las formas de organización tradicional, más aún porque se quiere cuantificar de forma relativamente uniforme dicho concepto. Se utiliza sin embargo por ser la única manera legalmente aceptada de realizar las gestiones territoriales y de reconocimiento jurídico.

La legislación nacional y su aplicación

Según la Constitución Nacional, vigente desde 1992, nos reconocemos país pluricultural y plurilingüe, con lo cual se han abierto caminos legales de reivindicación de derechos especiales de los pueblos indígenas. Igualmente, el Capitulo V reco-noce la existencia de los pueblos indígenas como grupos anteriores a la constitución del propio Estado Paraguayo. Suma-das las leyes 904/81 y 234/93 se configura un entramado legal altamente favorable y respetuoso de nuestra diversidad.

Dicho reconocimiento, sin embargo, no se refleja en absoluto en la cotidianeidad de las relaciones, en la posibilidad de acceso a sus territorios tradicionales y en la posibilidad de acceso o cumplimiento de otros derechos especiales.

indígenas, pero que de todas maneras son elementos potenciales que en el actual contexto de revalorización y fortalecimiento de las identidades de los pueblos, de las culturas y de las lenguas autóctonas, pueden fácilmente convertirse en elementos de autosostenimiento o sobrevivencia física y cultural, e inclusive en elementos de proyección política en función de derechos fundamentales.

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Así tiene vigencia aún el mal trato y abuso permanente de que son objeto los pocos indígenas que llegan ante alguna autoridad a solicitar algún servicio o el reconocimiento de algún derecho. Lo cotidiano o normal es que los derivan a otras instancias hasta cansarlos y echarlos para atrás de sus propósitos. Esto ocurre en cualquier puesto de salud, en cualquier municipalidad, gobernación, ministerio, juzgado, comisaría, fiscalía. Cuanto más haga referencia a la especificidad cultural o lingüística la reivindicación, mayor es el “peloteo” o la derivación a otras instancias cada vez más lejanas y complicadas de acceder.

La cuestión territorial es un derecho que sustenta la posibilidad de la continuidad física como cultural, pero al constituir la tierra una de las mercancías más preciadas es la cuestión más difícil de negociar, menos aún de reconocer como un derecho especial. En esta materia, a pesar del derecho constitucional a la tierra, normalmente prevalece el derecho a la propiedad privada inviolable, aunque también en la propia Constitución Nacional existe un artículo que establece la prevalencia del derecho o el interés social por sobre el particular.

En salud y educación hace como 20 años se haya estancado el reconocimiento de los sistemas específicos o propios de salud y educación indígenas. Hubo experiencias muy ricas e importantes en el respeto y desarrollo de los sistemas autóctonos a través de programas apoyados por algunas misiones y ONGs, que luego se habían tomado como punto de partida por parte de las instituciones de los gobiernos de turno. Sin embargo, hasta ahora no tienen mayor concreción en los casos donde se estaba en los inicios y donde más se habían desarrollado se han asimilado o reemplazado por los obsoletos sistemas oficiales de educación y de salud que niegan o asumen folclóricamente la particularidad cultural de los pueblos indígenas. Hace poco salió una ley de educación indígena y más recientemente desde el Ministerio de Salud se delinea una política de salud indígena, que son como bases para el reconocimiento y respeto de las cosmovisiones indígenas, en la práctica o implementación no se ha avanzado a pesar de los cada vez más fuertes reclamos de las propias organizaciones indígenas. A nivel oficial persiste el avasallamiento a los sistemas propios de gestión de la salud y educación en las comunidades indígenas.

El derecho consuetudinario tiene una consideración especial en el nuevo Código Penal, pero en la práctica las autoridades fiscales, policiales y judiciales ignoran o desconocen absolutamente este apartado. En el Ministerio Público, existe una oficina de Asuntos Indígenas que merece un reconocimiento especial por el esfuerzo que hace por forzar la aplicación o el cumplimiento de los derechos específicos de los pueblos indígenas principalmente en la materia penal. Sin embargo, hay que insistir que los recursos humanos y presupuestarios son extremadamente limitados para la diversidad de pueblos (20 pueblos indígenas) que requieren una atención especializada en esta área.

En la SEAM, desde pequeñas oficinas, igualmente hay pequeños avances en el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas. En el INDI, la superestructura de 150 funcionarios que deben dedicarse con exclusividad a la aten-

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Abuelo y nieta del pueblo Angaite

ción de la problemática indígena, cuenta hoy en la conducción con una persona de reconocida trayectoria en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de la cual se espera con ansiedad una mejor gestión en la institución. Sin embargo, le espera una dura lucha ante la corrupción instalada en la institución y donde posiblemente el 98 % del funcionariado tiene alguna responsabilidad con esa situación.

La construcción de las autonomías indígenas

Las organizaciones indígenas, más por propia fuerza y capacidad van ganando y forzando mayores espacios en el diálogo con las autoridades, apoyados por algunas pocas ONGs, que, en medio de contradicciones, por lo menos van asumiendo con mayor compromiso también la necesidad de respetar y apoyar el protagonismo de los legítimos dirigentes de los pueblos indígenas.

De ninguna manera puede decirse que el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) u otra instancia oficial representan a ningún pueblo, organización o comunidad indígena. Siempre representa al Estado más allá de la capacidad interpretativa y operativa que eventualmente pueda tener respecto de los intereses de los diversos pueblos indígenas.

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Sin embargo, por encima de las dificultades propias del sistema corrupto de gestión y de la diferencia cultural de la represen-tación estatal, debemos tener presente que estamos en un proceso reciente de revitalización de identidades, de lenguas y de culturas de los pueblos. A esto se suma la continua y constante presión y las interferencias de las instituciones oficiales y no ofi-ciales de nuestra sociedad no indígena, como de indígenas viciados de la política tradicional no indígena, que hacen más lento este proceso que lleve a los pueblos indígenas a configurar más claramente formas renovadas o transfiguradas de autonomía.

Nos toca reflexionar a todos con las organizaciones y pueblos indígenas en esta línea de construcción de autonomías, pero debemos asumir y respetar que dicho proceso no se va a desatar tan mecánicamente.

En este momento, existen dirigentes indígenas y también no dirigentes que creen en el valor de ocupar cargos públicos como la presidencia del INDI, las secretarías indígenas en las Gobernaciones, Municipalidades. Algunos para servirse (como con la política tradicional no indígena) y otros para seguir la línea tradicional indígena del “mandar obedecien-do”. También existen organizaciones y pueblos que empiezan a configurar sus autonomías desde su fortaleza cultural y plantean hasta una territorialidad en la línea de los más autonomistas de Chiapas (México) o Nicaragua.

Esta realidad nos obliga a sostener posiciones firmes pero abiertas a esta diversidad de procesos y posicionamientos. De esta manera, la presencia indígena en el INDI, como en otras instituciones oficiales locales y regionales, en la línea del “mandar obedeciendo”, con la presencia de asesores informados y comprometidos, puede ser importante para sanear e incluso estructurar y presupuestar como corresponde esas instancias específicas de los gobiernos.

De igual manera, las organizaciones y pueblos desde sus dinámicas propias deben acompañar y sostener un diálogo continuo con estos nuevos funcionarios del Gobierno en la línea de ir construyendo una política de estado que contribuya más eficaz y eficiente-mente al reconocimiento y cumplimiento de los derechos territoriales y de autodeterminación de los pueblos indígenas.

Paralelamente, debe pensarse en informar, intercambiar más y mejor con otras organizaciones no indígenas de los grupos desposeídos para que en el momento de presionar decisiones puedan acompañar y apoyar efectivamente las reivindica-ciones de los pueblos indígenas, asumiendo que las autonomías indígenas no suponen en ningún sentido negar la relación con ni los derechos de los otros, no indígenas.

La autonomía de los pueblos indígenas es uno de los pasos necesarios para pensar en un verdadero proceso de diálogo de igual a igual con la tradicionalmente sociedad dominante. Donde la autonomía es asumida efectivamente el diálogo como la interculturalidad se vuelven mucho más viables y sostenibles.

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Medios de comunicación y construcción de identidad, una experiencia Argentina

Los medios de comunicación se han transformado en los últimos 30 años, en grandes promotores de identidades sociales. Construyen la imagen de las personas de una sociedad y las transmiten para que el resto pueda reflejarse en ella. Ya en la década del ̀ 70 se hablaba de la penetración cultural que provocaban algunos productos audiovisuales de los países del norte. Pero a medida que avanzaban los años y las legislaciones quedaban obsoletas, se iba produciendo una concentración y mercantilización de todo lo que sucedía en los medios masivos de comunicación. Cada vez menos voces se escuchaban y fue concentrándose, no sólo el sector empresarial que poseía varios medios gráficos, radiales y televisivos sino también, el uso de la palabra.

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En Argentina, como en otros países de América Latina fueron apareciendo alternativas de comunicación. Las radios comunitarias o “ilegales” surgieron para darle voz a un sector que no encontraba dónde expresarse. Como ellos, otros comenzaron a reclamar sus espacios pero la ley de la dictadura no se los permitía.

El 10 de octubre de 2009 fue, sin dudas, un día de festejo para muchas personas de la sociedad vinculada en forma directa o indirecta con los medios de comunicación: se aprobaba en la Cámara de Senadores la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y se publicaba esa misma madrugada en el boletín oficial con el número 26.522.

Este hecho histórico para la sociedad argentina tuvo un inicio particular y único hasta ahora: la redacción de la ley se basó en una propuesta que realizaron organizaciones que representan todo el espectro del campo popular -desde universidades a las dos centrales sindicales, organismos de derechos humanos, cooperativas, mutuales, asociaciones de trabajadores de prensa, de la cultura, organizaciones sociales, radios pyme, radios comunitarias, cultos, entre otras. Este grupo se denominó Coalición por una Radiodifusión Democrática y quienes lo confor-maron dejaron de lado diferencias sectoriales para ganar en acuerdos que tuvieron como objetivo a largo plazo, la construcción de una radiodifusión para la democracia, y como desafío más próximo lograr la sanción de una legislación que lo habilitara.

El 27 de agosto 2004 se presentaron públicamente los acuerdos básicos para comenzar a pensar en una propuesta de ley. Fueron 21 puntos por el Derecho a la Comunicación (ver recuadro aparte), fundamentalmente principios para lograr una ley de comunicación que respete los derechos de todos y todas, que sea pluralista y democrática y que permita una ampliación de las posibilidades de acceso a los medios de comunicación, para que realmente reflejen a la sociedad y no sólo a algunos. Ese día fueron entregados al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo, Néstor Kirchner era el presidente. En ese momento, la demanda no tuvo eco en los funcionarios políticos pero la lucha de la Coalición siguió con altos y bajos.

A partir de allí, las reuniones de la Coalición comenzaron a convocar a más actores sociales y a planificar acciones tendientes a dar a conocer los 21 Puntos para promover el tratamiento de una nueva ley de comunicación, acorde a la realidad social y tecnológica. El decreto/ley 22.285 de la dictadura había quedado obsoleto no sólo porque no se encuadraba en la democracia, sino por los avances en materia de comunicación y los procesos de concentración de medios producidos por la ausencia de marco legal acorde. La consecuencia fue que desaparecieran muchos medios pequeños y medianos y se formaran monopolios. Durante la década del 90, los gobiernos facilitaron la concentración y transnacionalización de los medios.

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Sesión de aprobación en el Senado de la Ley SCA Fotos: Gonzalo Carbajal, de Telam

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Resabios de la dictadura

El 15 de septiembre de 1980 se publicaba la ley 22.285, firma-da por los dictadores Jorge R. Videla y Albano E. Harguinde-guy, entre otros. Establecía que sólo podían ser radiodifusores con fines de lucro, el ente de control debía estar integrado por militares, servicios de in-teligencia y empresarios, no contemplaba las FM ni las em-presas de cables.

Durante los veintiséis años de democracia, se presentaron 73  proyectos. En la plataforma electoral de 1983 Raúl Alfonsín proponía una nueva Ley de Radiodifusión y encomendó la redacción de un proyecto al Consejo de Consolidación de la Democracia. También du-rante el gobierno de De la Rua se elaboró y envió al Congreso un proyecto que quedó en la nada. Hubo audiencias públicas en 2001. Inclusive varios legis-ladores radicales presentaron proyectos que nunca tuvieron

21 PUNTOS

1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.

2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarro-llo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.

3.- Se garantizará la independencia de los me-dios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los dere-chos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.

4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Na-die debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la hu-manidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser adminis-tradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo deter-minado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.

5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la regla-

mentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversidad cultural y plura-lismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.

6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunica-ción. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegu-ra el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.

7.- El público tendrá derecho a acceder a una infor-mación plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que partici-pan en la producción de bienes culturales.

8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la co-municación social, se deberán establecer regu-laciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos inte-lectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.

9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes

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de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléc-tricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.

10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcio-narios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.

11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos eco-nómicos, sociales y culturales.

12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamen-tales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las nece-sidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública na-cional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal. Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.

13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de fre-cuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.

14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y regla-mentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.

15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.

16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.

17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.

18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el ca-nal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.

19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.

20.- Se creará la figura de la “Defensoría del público”, con delegacio-nes en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.

21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las fre-cuencias por arte del Estado nacional.

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tratamiento. La Unión Cívica Radical, el Justicialismo, el Socialismo fueron algunos de los partidos políticos impulsores en el Congreso Nacional de leyes que tendían a modificar la dictatorial, pero la presión de los medios masivos de comunicación y los grupos económi-cos no permitieron que avanzaran.

Mucho se dijo en los medios, a medida que iba avanzando la posibilidad de tener una nueva ley, acerca de las modificaciones que había tenido la anterior legislación y que eso ya implicaba una actualización. Sin embargo, la realidad dice lo contrario y esas modifica-ciones por lo general, no beneficiaban al usuario sino a la concentración en pocas manos.

La editorial del diario La Nación del día 3 de mayo de 2008 intentaba instalar la confusión “Pese a que la vigente ley 22.285 de radiodifusión fue dictada por el último gobierno militar, no parece correcto hablar de la “ley de la dictadura”, como se les ha escuchado decir a funcio-narios del actual Gobierno. En rigor, esa norma ha recibido numerosas enmiendas durante los gobiernos democráticos posteriores a diciembre de 1983”. Hubo un total de 213 normas que fueron instrumentos jurídicos que modificaron o complementaron la ley, 8 modificaciones por Ley, 8 modificaciones por DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) y 8 por Decreto de facultad delegada.

Consenso social

Editoriales de diarios, programas de radio y de televisión por cable y abierto se hicieron eco del debate impulsado por las organizaciones. Los grandes diarios, las radios y los canales de los grupos concentrados no dieron a conocer los 21 puntos. Sí en cambio se publicaron y debatieron en periódicos de organizaciones sociales y en radios públicas, comunitarias, alternativas, universitarias.

El 16 de Abril de 2008 se produjo una entrevista con la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández donde la Coalición le entregó los 21 puntos Básicos por el Derecho a la Co-municación. Al día siguiente, en la Cámara de Diputados de la Nación, una delegación de la Coalición por una Radiodifusión Democrática se reunió con integrantes la Comisión

Fotos: Gonzalo Carbajal, de Telam

de Comunicación de la Cámara de Diputados para entre-garle una copia de los 21 puntos. Néstor Busso de la Federación Argentina de Radios Comunitarias (FARCO), Edgardo Carmona de Federación de Trabajadores de la Comunicación (FETRACOM), Roberto Gómez del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), Juan Manuel Rapaccioli de Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (ARBIA) fueron quienes acercaron la propuesta a los diputados Manuel Baladrón y Claudio Morgado, entre otros.

La Coalición siguió realizando actividades en todo el país para dar a conocer su propuesta, debatirla y exigir por el de-recho a la comunicación, ya que no se trataba más que de eso, que todas y todos tuvieran la posibilidad de expresarse.

El 30 de mayo en el Honorable Congreso de la Nación, se desarrolló el “Foro por una Comunicación al servicio del pueblo” con el objetivo de debatir sobre la nueva ley de ra-diodifusión. El panel de cierre de la jornada estuvo a cargo del titular del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), Gabriel Mariotto, la diputada nacional Cecilia Merchán, Néstor Busso (FARCO) y Osvaldo Nemirovsci. El Foro en su desarrollo contó con la presencia de la diputada nacional Silvana Giudici, presidente de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, del diputado nacional Eduar-do Macalusse del bloque SI, Gabriela Cabus, directora de Radio Nacional Córdoba y Cristian Jensen, asesor de la pre-sidencia de la comisión de Comunicaciones e Informática. También estuvieron presentes representantes de CTA, ATE, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Barrios de Pie, el CISPREN, la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y

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Radio abierta con integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática

Conferencia de prensa de la Coalición por una Radiodifusión Democrática con algunos de sus integrantes

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del Interior de la República Argentina, referentes de radios universitarias y Confederación de sindicatos de los medios de comunicación (COSITMECOS).

El miércoles 27 de agosto de 2008 se cumplieron 88 años de la primera transmisión de radio en Argentina y 4 años de la presentación de los 21 Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación. Para celebrar estas fechas y para seguir reclamando una ley de radiodifusión democrática el Foro Argentino de Radios Comunitarias realizó una transmisión especial vía satélite e internet en el marco de las actividades acordadas por la Coalición por una Radiodifusión Demo-crática. El programa especial se desarrolló entre las 10 y las 11 horas, y fue tomado por más de 100 radios comunitarias y del interior del país. Además fue retransmitido por el sistema satelital de la Asociación Latinoamericana de Educa-ción Radiofónica1, llegando a más de 400 radios en el continente. A través de esta transmisión se enlazaron voces de distintos sectores, de diferentes puntos del país, todos reclamando una ley de radiodifusión democrática, entendiendo a la comunicación como un derecho y no como un negocio. “Hacemos radio, a 88 años de la primera transmisión radial en Argentina. 28 años con la ley de radiodifusión de la dictadura militar” decían las voces de Tito Guzmán (Radio Sur, Córdoba) y Eliana Ibarra (Reconquista, Santa Fe) en la artística del programa.

Con una gran participación de organizaciones y una amplia representatividad de carácter federal la Coalición por una Comunicación Democrática realizó su primera Asamblea Nacional en la que se reclamó el rápido envío del Proyecto

1 http://www.aler.org

Acto de sectores opositores a la ley de medios

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de Ley de Radiodifusión o de Servicios de Comunicación audiovisual al Congreso. El encuentro, realizado el viernes 7 de noviembre en el Congreso de la Nación, ratificó la unidad, los principios y programa de la Coalición que se resumían en los “21 Puntos por el Derecho a la Comunica-ción” y acordó una serie de pautas para darle continuidad al debate abierto por una Nueva Ley de Radiodifusión.

Muchas otras actividades se realizaron en todo el país a lo largo del 2008. Las organizaciones, universidades, sindica-tos y todas las instituciones que se comprometieron con los 21 puntos, realizaron debates, charlas, conferencias para instalar la necesidad de una nueva ley y explicar por qué la sociedad entera debía participar.2

Finalmente el 19 de marzo de 2009 la presidenta Cristina Fernández presentó en el Teatro Argentino de La Plata el anteproyecto de ley de Servicios de Comunicación Audio-visual e invitaba a la ciudadanía a participar de los Foros que comenzaban a realizarse en las provincias, para que acercaran las modificaciones que creían necesarias para ser analizadas por el equipo redactor de la ley.

Fueron en total 23 Foros en todo el país donde participaron alrededor de 10.000 personas que acercaron sus propuestas. Cerca de doscientas fueron incluidas en el anteproyecto que se presentó en la Cámara de Diputados. Pero además, se rea-lizaron audiencias públicas durante cuatro días donde los y las legisladores debían escuchar lo que las organizaciones y las personas deseaban comunicar acerca de este proyecto.

2 www.coalicion.org.ar Folleto de Carta Abierta para dar a conocer la necesidad de una nueva ley de medios

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Propuestas innovadoras

La nueva legislación incluye la diversidad de voces y esto se ve reflejado en la división del espectro. Corresponderá un 33% para el estado, un 33% para el sector privado y un 33% para organizaciones privadas sin fines de lucro (Art. 89). De esta manera quienes hasta el momento no podían ser prestadoras de servicios, como las cooperativas, se benefician y además, se legaliza la figura de las radios comunitarias.

Los entes de control que crea la ley incluyen la representación de amplios campos. El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual está integrado por sindicatos, asociaciones de radios privadas y comunitarias, universi-dades, facultades de comunicación, representantes de las provincias, pres-tadores privados de servicios, medios públicos y organismos de derechos humanos.

La Autoridad Federal se integra con dos representantes del Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Segui-miento de la Comunicación Audiovisual, correspondiendo uno a la mayoría o primer minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercer minoría parla-mentarias; dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

También propone la creación del Consejo Asesor de la Comunicación Audio-visual y la Infancia con integrantes de la sociedad civil que trabajen en la temática.

Incorpora la cuestión de género como uno de sus objetivos: “Promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tra-tamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual”(Art. 3 Inc. m).

Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo junto a Néstor Busso de FARCO, en una de las audiencias en el Senado . Fotos: Gonzalo Carbajal, de Telam.

Hebe de Bonafini junto a Pedro Lanteri, director de la Radio de las Madres

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El reconocimiento a los pueblos originarios de su cultura y su identidad, el respeto de su idioma para las publicidades, la incorporación de un representante de los pueblos originarios en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, su carácter de personería jurídica reconocida por la Constitución Nacional para prestar servicios audiovisuales (Art. 89.Inc. e).

El resultado del trabajo con consenso, desde el campo popular es la ley 26.522, veintiséis años después. Miles de hombres y mujeres que participaron y lucharon para que nuestro país lograra darle voz a los que nunca la tuvieron. De eso se trata, de usar la palabra para conformar nuestra propia identidad como individuos pertenecientes a una nación y un continente que todavía busca su autodefinición, doscientos años después.

Senadores en las audiencias Frente al Congreso Nacional la gente festejó la aprobación de la ley

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Los caminos del compartir ecuménico

La nueva vida en Cristo, dada por el Espíritu Santo, hace de nosotros un pueblo nuevo – los miembros de un solo cuerpo que sobrellevan los unos las cargas de los otros y comparten juntos el don divino de vida para todos”

Directrices para el Compartir, CMI, 1987

En una era en la que la información vuela de la mano de la tecnología, bastan cuatro minutos y medio de un video en formato youtube1 para mostrar la fuerza esencial que mueve a una organización solidaria formada por más de cien entidades ecuménicas y de iglesias dedicadas al trabajo para el desarrollo y la asistencia humanitaria. Alianza ACT, que nació el 1 de enero de 2010 y tuvo de inmediato el desafío de responder a dos grandes catástrofes naturales, los terremotos de Haití y de Chile, es más que la ayuda concreta y material que puedan recibir los pueblos o grupos humanos ante la emergencia o la necesidad. Como lo muestra el pequeño video, se trata de que la gente a la que va dirigida tanta ayuda internacional se adueñe de sus propios recursos, libere su energía creadora y logre multiplicar con creces lo recibido, y no sólo con resultados materiales, sino también ganando en autoestima y sentido comunitario.

Celebrar la creación de esta alianza solidaria cristiana y ecuménica con la participación y el protagonismo de los más pobres: cartoneros, chicos de la calle, mujeres campesinas, niños y niñas en escuelas rurales, trabajadores y trabajadoras

1 Video presentación de ACT alianza, http://www.youtube.com/watch?v=lmAOM2TAuJA&feature=player_embedded

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en oficios secundarios que utilizan los deshechos del mundo industrial, da testimonio del espíritu que mueve al movimiento ecuménico por seguir apostando por un desarrollo con justicia y con la gente como centro del mismo.

No es casual que para filmar el video se haya buscado la participación de personas de todas las edades, de diversos países y culturas, pero también de grupos marginados, como los dalits o intocables de la India, la gente que vive y trabaja en la calle en las grandes ciudades de Brasil, o los que llevan años en campos de refugiados que parecieran olvidados por el resto del mundo. Junto a ellos también están los que trabajan por los derechos humanos, los que siguen creyendo en que se puede construir un mundo más justo y los que se esfuerzan por lograr la paz en las cuestiones locales, para que las personas vivan con respeto y dignidad.

Cuando el arte conlleva sanidad

¿Qué puede tener de singular que un grupo de niños aprenda capoeira al ritmo de los tamborines? Mucho, si se tiene en cuenta que los niños son haitianos, están en un barrio de Puerto Príncipe y quienes los entrenan son cooperantes brasileños, que iniciaron su labor antes del terremoto como parte de su trabajo con la Ayuda de la Iglesia de Noruega, miembro de la Alianza ACT.

El taller de capoeira en el que participan estos niños y adolescentes es una de las experiencias más creativas de restauración y sanidad interior que se llevan adelante en este momento con chicos sobrevivientes del terremoto. Está dirigido por Viva Río, una organización con sede en Río de Janeiro, Brasil, que en 2006 comenzó en Puerto Príncipe un trabajo con niños y jovencitos con el objetivo de ofrecer actividades y oportunidades que hicieran que estos chicos evitaran la violencia callejera y se dedicaran a encontrar posibilidades de expresión cultural propias.

A través del arte, la música y la danza, el taller ayuda a los chicos a ir superando paulatinamente el trauma provocado por el terremoto. El barrio donde se desarrolla la actividad prácticamente ha quedado sin construcciones en pie y es una gran carpa, donde comparten sus días cientos de personas. La actividad del taller de capoeira, entonces, se convierte en un espacio para la creatividad muy apreciado por los niños y sus familias.

Los movimientos de la capoeira deleitan a los chicos, que cantan las canciones a viva voz. Las letras de las canciones se refieren a vivir en paz y respetando a los demás, algo que no siempre ocurre por las tensiones creadas por la escacez de medios para la subsistencia y las consecuencias materiales y psicológicas del terremoto. Pero los instructores de capoeira no le temen a las circunstancias adversas. Saben que con la actividad que lideran, los chicos comienzan a encarar la situación que les toca vivir sin deprimirse y con la posibilidad de tener actividades que les permi-tan aprender y seguir creciendo en un ámbito de confianza y amistad.

Tomado de Haiti earthquake: arts help children heal, http://www.actalliance.org/stories/arts-help-haitian-children-heal

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Estos cuatros minutos y medio de imágenes y sonidos son una manera singular de reflejar qué significa participar en el compartir ecuménico. En este proceso se abrieron caminos que fueron largamente transitados por creyentes de todo el mundo que estuvieron dispuestos a cuestionar los modelos que creaban la dependencia, la sumisión y el silenciamiento de quienes supuestamente se beneficiaban, para bregar por nuevas mesas de diálogo donde se participara reconociendo los dones y recursos posibles de todas las personas involucradas en este compartir.

Construyendo una nueva visión del compartir ecuménico

La Consulta de El Escorial sobre el Compartir Ecuménico de Recursos (CER), que tuvo lugar en octubre de 1987 convoca-da por el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), recogió las experiencias que venía desarrollando el movimiento ecuménico en torno a la financiación de proyectos de desarrollo y de asistencia humanitaria en los que las iglesias cumplían un rol clave. También trabajó para asentar una nueva modalidad del compartir, que permitiera un sustento teológico firme, abriera espacios para relaciones igualitarias entre donantes y beneficiarios, y cambiara radicalmente la manera de plantear y llevar a cabo la financiación de proyectos con espíritu ecuménico.

Fue singular que en El Escorial las principales ponencias estuvieran a cargo de un teólogo, Konrad Raiser, quien luego sería secretario general del CMI por más de una década, y Sithembiso Nyoni, una mujer de Zimbabwe con larga trayectoria en el trabajo con mujeres rurales y comunidades de base, quien luego alcanzó a ocupar cargos políticos de importancia en su país.

Pero no se trató de discursos enfrentados, sino de reflexiones que apuntaron a definir con claridad que “el compartir su-pone una relación en la que se da y se toma sin que haya relación de explotación ni de dependencia”2, como señaló Nyoni asegurando que el desarrollo es una cuestión política y que, entonces, el compartir de recursos para el desarrollo también es una cuestión política. Desde esta perspectiva,consideró que “compartir los recursos con las iglesias de base debería ser un proceso que les permitiera identificar los factores que dan sentido a sus vidas y movilizar recursos para su desarrollo”.

Pero los cristianos y las cristianas que quieran participar cabalmente en este compartir de recursos también deben estar listos para compartir los sufrimientos y el dolor que trae aparejada esa falta de recursos porque no se trata solamente desatisfacer necesidades, sino de trabajar para suprimir las causas que provocan esas necesidades y para que las personas beneficiarias logren autonomía y la capacidad de controlar los recursos necesarios para mantenerla.

2 Compartir la Vida, Consulta de El Escorial, CMI, Ginebra, 1990, pg. 6.

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A esta reflexión, podemos agregar la expresada por Raiser en su ponencia, donde aseguró que “la visión de la iglesia como comunidad que comparte no es estática sino que cambia a medida que surgen nuevas experiencias y nuevas perspectivas”3.“La iglesia como koinonía, está llamada a ser un ejemplo vivo de una comunidad de compartir autén-tica, una anticipación de la comunidad en el reino de Dios”, agregó.

Pero ninguno de los disertantes cayó en una idealización de las relaciones que pueden darse entre las comunidades de fe al compartir. Sabían por experiencia propia y por las experiencias que se recogen en la misma consulta de El Escorial, que todo compartir de recursos encierra sus tensiones y que se hace necesario que las iglesias dejen de lado modelos comerciales o el que impone el discurso de las relaciones económicas mundiales o las relaciones de poder para dar lugar a la posibilidad de otorgar sentido comunitario a la relación entre miembros que no están en igualdad de condi-ciones. Abstenerse a todo lo que se opusiera a la realización de la koinonía debía convertirse en meta y compromiso.

3 Idem, pg 17.

Secretario General de la Alianza ACT, John Nduna in Haiti. Foto: Magnus Aronson/ACT.

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Durante la consulta, los representantes pudieron reunirse en grupos regionales, donde tuvieron oportunidad de discutir cri-terios y principios, como también sus experiencias en el compartir de recursos. Es interesante recoger de estas discusiones que tuvieron lugar hace más de veinte años, algunos principios que siguen dando sentido al compartir ecuménico hoy4:

“Compartir es una práctica diaria que no puede aislarse de la lucha por la vida”

“Recibir y dar son actos liberadores. Nadie es tan pobre que no pueda compartir algo. Quienes dan de lo que les sobra no practican la libertad del amor”

“Compartir es esencialmente un acto comunitario. Implica dar y recibir vida”

“La práctica del servicio no puede separarse de la misión: proclamación, culto, fraternidad en la comunión, servicio en el testimonio y en el dar”.

Los y las participantes tenían la certeza de que nadie quería quedarse en buenas intenciones. Para fortalecer al movimiento ecuménico y superar muchas discusiones y tensiones a la hora de discutir proyectos, ayudas de emergencia y asistencia para el desarrollo era necesario aunar criterios para establecer lineamientos concretos que permitieran lograr un compartir de recursos auténtico, donde las contribuciones de todas las partes fueran reconocidas en pie de igualdad.

Para ello, la Consulta elaboró las Directrices para el Compartir5 que marcan una concepción que apunta a cambiar de raíz la relación que se establece cuando unos dan y otros reciben. Entre ellas podemos destacar:

• que las personas que han sido marginadas (por condiciones económicas, políticas, étnicas, raciales, de género, o impedimiento fístico) ocupen un lugar en pie de igualdad en todas las decisiones y acciones

• identificarse con los pobres y marginados, que conlleva negarse a participar como donantes o como beneficiarios en las formas de compartir que vayan en menoscabo de su lucha

4 Reflexiones del grupo latinoamericano, idem, pg 595 Directrices para el Compartir, idem, pg 22

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• denunciar las estructuras de injusticia que provocan explotación, engendran pobreza y destruyen la creación y tra-bajar por un nuevo orden económico mundial

• capacitar a las personas para que adquieran autonomía y libre determinación

• trabajar en base a la confianza mutua, el compromiso común, la rendición de cuentas y la corrección recíproca

• crear relaciones nuevas, en las que no haya donantes ni beneficiarios absolutos

• responder a las luchas del pueblo por la justicia

Las directrices establecieron también lineamientos para mayor participación de mujeres y de jóvenes en las decisiones y en las mesas de diálogo sobre el compartir de recursos. En la propia consulta, las mujeres desempeñaron un papel muy activo. Eran el 30% de los participantes, pero ocuparon el 50% de las tareas de dirección, como coordinadoras de grupos, redactoras, oficiantes en los devocionales matutinos, predicadoras y como principales disertantes. No ocurrió lo mismo con los jóvenes, que no llegaron a la meta de 15% de representación esperada y sintieron que su voz no había logrado los alcances deseados.

Pero, si pensamos en todo el movimiento que se generó más adelante, en la década del 90 principalmente, con un au-mento de la demanda por los derechos de la mujeres y de la juventud y de su participación política, económica, social y cultural, podemos ver que en este sentido, los documentos de El Escorial marcaron un avance importante en la integración de más mujeres y jóvenes en las discusiones y en las decisiones en el ámbito de las iglesias y del movimiento ecuménico. Sin duda una señal auspiciosa del rol que cumplirían estos mismos actores al participar de las grandes conferencias que convocó Naciones Unidas unos años después.

Más allá de las directrices, un cambio de mentalidad

A tres años de celebrada la consulta de El Escorial, el CMI anota algunos logros interesantes como resultado de la misma al prepararse para la VII Asamblea, que se realizó en Camberra, Australia, en 1991.6 Estos logros destacan principalmente

6 De Vancouver a Camberra, CMI, Ginebra, 1990, pg 64-72

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Invernaderos para agricultores de Guatemala

¿Deben las iglesias involucrarse en la producción de frutas y vegetales? Quizá no sea recomendable que lo hagan de manera directa, pero la experiencia que se llevó a cabo en Guatemala dio excelentes resultados. Allí, el Consejo de Iglesias Evangélicas de Guatemala, miembro de la Alianza ACT, desarrolló un proyecto de construcción de invernade-ros en 18 comunidades campesinas caracterizadas por su pobreza, la falta de agua, la degradación de sus suelos y un alto nivel de deforestación. El éxito de la iniciativase centró en contar con las familias campesinas como protagonistas de su propio proyecto de desarrollo.

Las familias en la zona elegida nunca habían producido frutas ni hortalizas en sus terrenos y recibieron capacitación para lograr esta producción, además de los materiales necesarios para construir su propio invernadero. Debieron aprender a mejorar sus suelos, a regar por goteo y a cultivar vegetales que no podrían haber crecido fuera del inver-nadero, pero que eran consumidos por las familias que los adquirían en los mercados del pueblo.

Francisco Carrillo fue uno de los campesinos beneficiados con este proyecto. A cargo de una familia de 10 miembros, este hombre de 32 años construyó su propio invernadero y decidió plantar allí 650 plantas de tomate. Al cosechar, Francisco y su familia obtuvieron 727 kilos de tomate, cantidad valuada en poco más de 500 dólares. Utilizaron lo necesario para el consumo familiar y el resto lo vendieron en el mercado local.

“Estoy muy agradecido y feliz por el apoyo recibido de los hermanos y hermanas de las iglesias”, dice Francisco. “Estuvieron dispuestos a apoyar este pequeño emprendimiento y ahora siento que tengo nuevas oportunidades y esperanzas para mi vida y la demi familia, que nunca antes se me habían presentado”.

El proyecto utilizó en su implementación la metodología “Granjero a granjero” por medio de la cual se alienta a que los campesinos con conocimientos en huerta capaciten a otros, compartiendo sus técnicas y habilidades. Tanto hombres como mujeres participaron de esta experiencia, que resultó positiva para todos.

Tomado de Guatemala: greenhouses mean more varied diet

http://www.actalliance.org/stories/guatemala-greenhouses-mean-more-varied-diet

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que numerosas iglesias, consejos de iglesias, organismos de misión y desarrollo y otros órganos ecuménicos han adoptado las directrices y buscan poner en práctica esta disciplina ecuménica. Algunos ya hicieron propias la totalidad de estas directrices, otros han identificado a algunas de estas directrices como prioritarias para su propio trabajo y varios habían comenzado un proceso de reflexión con el fin de integrarlas en sus programas.

Pero la principal conclusión fue que esta disciplina ecuménica del compartir exigía un cambio de mentalidad sustancial de las iglesias, los organismos y la gente que participaba en las mesas de diálogo y en los procesos del compartir. La educación para compartir debía ocupar un lugar clave, como también la circulación de información sobre los avances que se iban logrando en diversas partes del mundo para alentar a las iglesias y al movimiento ecuménico con ejemplos concretos que favorecieran la consolidación de un espíritu que propiciara el compartir de recursos.

Las mayores dificultades que debieron sortearse en aquel momento tuvieron que ver principalmente con la necesidad de lograr cambios estructurales concretos en la relación de dar y recibir. No podía continuarse con esquemas de trabajo anteriores, que no tuvieran en cuenta los nuevos objetivos y modalidades, si se quería hacer realidad una nueva concepción que cuestionaba radicalmente a la anterior.

También se hacía imprecindible sortear la tensión existente entre la búsqueda de soluciones prácticas y la atención que debía prestarse a cuestiones teológicas, problemas socioeconómicos y situaciones regionales específicas que marcaban diferencias en las prioridades de los participantes.

Otro tema crítico tenía que ver con la distinción en el tipo de recursos que se compartían. ¿Qué distinticiones debían hacerse entre los recursos “materiales” y los “no materiales”? ¿Podía incluirse a ambos en un método general de com-partir? También estaba la cuestión de los valores espirituales, que nunca podrían contabilizarse en la realización de un proyecto.

Pero quizá una de las cuestiones más discutidas tenía que ver con el tipo de relación que debía establecerse si se hablaba realmente de compartir. Las relaciones bilaterales, que predominaban en toda transferencia de recursos, debían cambiar a una relación multilateral, dada la propia naturaleza del compartir. En estos procesos los actores eran diversos, represen-taban a distintas iglesias y organismos, con diferentes énfasis y expectativas en la misión, y todo contribuía a hacer que estos diálogos fueran complejos.

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“En estas condiciones, no sorprenderá que cunda la frustración a falta de cambios. El tipo de cambio que exige el CER es tan radical que o bien se producen con lentitud – y los cambios sólo se perciben si se comparan con una situación anterior – o se producen de la forma más inesperada”, señalaron los que evaluaban el proceso pocos años después de la reunión de El Escorial7.

Y como si las complicaciones fueran pocas para el mundo ecuménico, a ellas se sumaba la decisión de los gobiernos de países industrializados tomada en esos años por la cual las ayudas y asistencias para el desarrollo comenzaron a dirigirse directamente a las organizaciones no gubernamentales, incluidas las iglesias y las organizaciones relacionadas con ellas. Además, los denominados “ajustes estructurales” y los servicios de la deuda externa estaban ahogando a los países del Sur, y las necesidades de la población se hacían sentir en las demandas de ayuda por parte de las iglesias y los organismos ecuménicos. A esto debía agregarse la creciente influencia del neoliberalismo y el neoconservadurismo, tanto de origen político como económico, que muchas veces fomentaba cuestionamientos a la acción de las iglesias y de los organismos ecuménicos que no aceptaban los modelos de ajuste impulsados por los organismos financieros internacionales.

7 De Vancouver a Camberra, p 72

Foto: Magnus Aronson/ACT.

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Comida y agua para 8000 personas

8000 personas debieron adaptarse a vivir prácticamente a la intemperie en el gran campamento de Petonville, en las afueras de Puerto Príncipe, en Haití, luego del terremoto. No obstante, las personas mantienen su dignidad cuidando por la limpieza del lugar, respetando el orden a la hora de compartir los alimentos y el agua, y manteniendo la zona segura para todos los que allí habitan.

Los cooperantes de la Alianza ACT tienen a su cargo la ayuda humanitaria en el campamento de Petonville, donde las familias reciben semanalmente los alimentos no perecederos y a diario aquellos que deben ser consumidos de inme-diato. El calor y la falta de refrigeración hacen que la conservación de los alimentos sea prácticamente nula.

Casi dos millones de haitianos han perdido sus hogares como consecuencia del terremoto y viven en carpas, algunas de ellas precarias, pero que igualmente no serán suficiente refugio cuando comience la temporada de lluvias. Será difícil que para entonces se haya logrado solucionar el problema habitacional de tantas familias, pero sin duda la experiencia de convivencia en estos primeros meses tan traumáticos ayudará a encontrar soluciones adecuadas.

Tomado de Haiti camps: dignity despite misery

http://www.actalliance.org/stories/haiti-camps-dignity-despite-misery

Al dar una simple mirada al mapa mundial, era evidente que buena parte de las iglesias miembros del CMI estaban en países donde los desequilibrios económicos, tanto nacionales como internacionales, provocaban una creciente brecha entre ricos y pobres, oleadas de población emigrante o refugiada por motivos económicos, y una creciente injusticia económica y social que comenzaba a afectar a millones de personas y sobrecargaba la infraestructura de ayuda de las organizaciones y de los ministerios diaconales de las iglesias. Todo esto influía sin dudas en el carácter del diálogo por el compartir de recursos y en las discusiones programáticas del CMI.

Se hacía necesario, una vez más, que las organizaciones implicadas en el CER enfatizaran sus opciones por modos de financiación y de desarrollo que estuvieran centrados en las personas y que no marginaran ni explotaran a ninguna parte de la creación. Era fundamental “sacudir la cómoda satisfacción de la actuación caritativa” para “luchar por la

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plena participación en la vida económica y el derecho a prestaciones sociales” en la búsqueda de “una nueva sensibilidad y responsabilidad sociales”8.

Tanto para las iglesias, como para los organismos ecuménicos y el propio CMI, el proceso de compartir iniciado a fines de los 80 marcó una nueva manera de expresar la comunidad de fe que confesaban. Este dar y recibir recíprocos, tanto de bienes materiales, como de recursos humanos, valores y espiritualidad, eran también parte importante en la construcción de esa comunión final tan esperada, en los compromisos surgidos de la fe.

Década del 90: nuevos formatos de cooperación bajo el discurso neoliberal

Ninguno de los tan anunciados planes de estabilización lograron cerrar brechas injustas en las cuestiones sociales y eco-nómicas más acuciantes. Por el contrario, las políticas neoliberales produjeron más problemas que soluciones para la po-blación de los países del Sur, que vieron desvanecer sus proyectos de desarrollo ahogados por el pago de la deuda externa.

Para algunos analistas este período representa una etapa de “cansancio o fatiga de la cooperación internacional”. Con el impulso tomado por el neoliberalismo marcando las relaciones de asistencia internacionales, que luego de la caída del Muro de Berlín dominó con su discurso los análisis económicos y de desarrollo prácticamente en todos los ámbitos, las iglesias y los organismos ecuménicos se encontraron envueltos en reglas de juego que se imponían a todos por igual.

Las agencias donantes en general aumentaron sus exigencias e incluyeron nuevos parámetros de eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, sobre todo los provenientes de fondos gubernamentales, con mayores requerimientos técnicos y estándares de calidad. Esto llevó a una nueva manera de relacionarse con personal técnico no siempre interesado en la misión a la hora de evaluar resultados. Las nuevas exigencias fueron vistas por las iglesias y el movimiento ecuménico como la imposición de la nueva lógica del orden internacional que influía negativamente en la cooperación ecuménica para el desarrollo.

8 De Vancouver a Camberra, pg 77

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Fue necesario comenzar a trabajar nuevos conceptos en el marco del compartir de recursos, donde la mutualidad ocupó un lugar importante en la concepción de la necesidad de que ambas partes, donantes y beneficiarios, dejaran de lado las presiones ideológicas y burocráticas para comprometerse a rendirse cuentas mutuamente.

Pero la cooperación internacional también dejó de lado a determinados países en sus planes de desarrollo, por considerar-los de “renta media” y ya no merecedores de asistencia, cerraron oficinas regionales y por la situación política del momento en los países centrales, focalizaron buena parte de la ayuda económica en los países del Este europeo, África y algunas regiones de Asia.

A mediados de los 90, las iglesias y los organismos ecuménicos de África, Asia y América Latina iniciaron un proceso para fortalecer el diálogo con agencias donantes europeas que se denominó “Proyecto Conjunto de Planificación, Monitoreo y Evaluación” que tuvo como meta mejorar los métodos de trabajo internos para luchar contra la pobreza y la injusticia e im-plementar un sistema de flujo de información y de aprendizajes que permitieran mejorar la cooperación y sus resultados.

El proceso no fue sencillo, pero logró la elaboración de varios documentos con lineamientos para el trabajo conjunto que permitieran limar asperezas. Entre ellos, vale señalar el documento sobre “Viabilidad económica del movimiento ecumé-nico” y un estudio producido por la Comisión de Evaluación del CER y el CMI sobre “Evaluación y cooperación: contexto y

Foto: Magnus Aronson/ACT.

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directrices”, con participación de representantes de agencias europeas y norteamericanas, y de organizaciones e iglesias de América Latina.

Al finalizar el siglo, la cooperación ecuménica en América Latina vio la desaparición de los grupos regionales del CMI y toda la política del compartir ecuménico de recursos quedó bajo la órbita del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), en estrecho intercambio con la Secretaría Regional del CMI, aunque con una disminución de la participación de la cooperación europea en este espacio regional.

Desde la perspectiva teológica, se realizó en 1995 la Cuarta Jornada Teológica de CETELA (Comunidad de Educación Teo-lógica Ecuménica Latinoamericana-Caribeña) en Colombia, con apoyo y presencia del CMI, donde se reflexionó sobre el nuevo marco económico y social que necesitaba de promesas de un futuro mejor para poder legitimarse y sostener que fuera del mercado no quedaba ninguna actividad posible, inclusive la solidaridad que debía ejercerse por medio de este y en los límites de su lógica9. La reflexión teológica latinoamericana cuestionó al sistema imperante en las relaciones internacionales y acompañó los esfuerzos de diálogo y trabajo por crear modelos alternativos, con relaciones justas en la cooperación ecuménica.

También el CMI señaló la necesidad de establecer alternativas que rompieran con la situación dominante de discurso único excluyente, responsable de situaciones de injusticia económica y social crecientes. En su informe ante la VIII Asamblea, el secretario general Konrad Raiser tomó aspectos de un documento fundamental10 para asegurar que la visión del ecu-menismo ante el comienzo de un nuevo siglo se basa en “la construcción de sociedades humanas viables”, fomentando la formulación de valores y normas compartidas, la construcción de una nueva cultura de diálogo y la buena disposición para aprender unos de otros, de la no violencia y de la solución pacífica de los conflictos, del compartir y de la solidaridad.

Esta visión de una cultura alternativa está arraigada, según lo especifica Raiser, en la confianza de que puede existir una alternativa a la competencia sin límites, al crecimiento a cualquier costo, a los usos abusivos de los recursos y al indi-vidualismo. De estas nuevas relaciones, capaces de liberar energías para el cambio y la transformación, podrán surgir comunidades de vida que sean viables y, como señal de esperanza, proporcionen un santuario y un espacio a los que están perdidos y excluidos.

9 Por una sociedad donde quepan todos, CETELA, DEI, Costa Rica, 1996, pg. 7310 Hacia un entendimiento y visión comunes del CMI (EVC), http://www.oikoumene.org/es/programas/el-cmi-y-el-movimiento-

ecumenico-en-el-siglo-xxi/vision-ecumenica-del-cmi.html

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Compartir ecuménico con presencia concreta, a partir de la acción solidaria y la incidencia en políticas de desarrollo

En 1995, el Consejo Mundial de Iglesias y la Federación Luterana Mundial decidieron crear juntos una agencia para la ayuda de emergencia en situaciones de catástrofe. Fue así que nació ACT Internacional (Acción Conjunta de las Igle-sias, por sus siglas en inglés). El funcionamiento exitoso de esta agencia durante diez años, que logró muchos apoyos y buena cantidad de fondos para llevar adelante su tarea, dio lugar a que en 2005 ambas entidades comenzaran a discutir la posibilidad de crear una nueva alianza mundial de iglesias y agencias donantes para actuar en el campo del desarrollo e incidir también en las política de desarrollo. En 2007 se concretó la creación de la alianza mundial ACT Desarrollo.

Las iglesias y agencias reunidas en esta nueva entidad dieron prioridad al desarrollo de una comprensión común y más profunda de sus contribuciones para la erradicación de la pobreza y la injusticia social. También se fijaron mejorar la eficacia de su trabajo y desarrollar enfoques y métodos que les posibiliten articular mejor los efectos y el impacto de su trabajo, individual y colectivo.

Las primeras experiencias de ACT Desarrollo en la participación en foros internacionales de discusión con gobiernos y otras entidades no gubernamentales sobre las políticas de desarrollo fueron positivas. Las iglesias unieron sus esfuerzos a los de las organizaciones de la sociedad civil dispuestas a monitorear los compromisos entre gobiernos donantes y receptores, propiciando la transparencia, la rendición de cuentas y un verdadero desarrollo.

En 2009, ACT Internacional y ACT Desarrollo decidieron unirse para formar una sola organización, Alianza ACT, que co-menzó a funcionar el primer día de 2010. Fue una decisión crucial contar con un sólo organismo, que con dedicación y fortaleza, hiciera visible el esfuerzo conjunto de iglesias, organismos ecuménicos y agencias por actuar ante la emergencia y por un desarrollo sustentable y con justicia.

“Ser buenos administradores de los recursos dados por Dios y lograr un cambio positivo y sustentable en la vida de las personas oprimidas por la pobreza y la injusticia es un compromiso al cual son llamados los miembros del movi-miento ecuménico para emprender un trabajo de alta calidad”, señaló en una disertación Humberto Shikiya, director de CREAS, miembro en Argentina de la Alianza ACT. “En el marco de ACT y la cooperación ecuménica siempre ha sido una preocupación y también una oportunidad, reflexionar rigurosamente sobre nuestra propia eficacia, compartir

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nuestro aprendizaje con otros y proporcionar clara evidencia de nuestra contribución a cambios en la vida de aquellos con quienes trabajamos”, agregó11.

Para alcanzar la práctica de un desarrollo transformador, la alianza ACT decidió promover el trabajo ‘en conjunto para gene-rar cambios en las estructuras y programas que empobrecen y marginan a la gente, abordando las causas fundamentales de la injusticia, teniendo una dimensión política y pública y trabajando por la plena vigencia de los derechos humanos universales.

11 Ponencia en el seminario sobre Diaconía, derechos humanos y desarrollo integral, Barranquilla, Colombia, 2010

Credo del amor de Dios

Creo en Dios que es amor y ha dado la tierra a todos los seres humanos

Creo en Jesucristo que vino a sanarnos y liberarnos de todas las formas de opresión

Creo en el Espíritu de Dios que obra en todos los que defienden la verdad

Creo en la comunidad de fe que está llamada a ponerse al servicio de todos los seres humanos

Creo en la promesa de Dios de que finalmente destruirá el poder del pecado que mora en nosotros y que establecerá el reino de la justicia y la paz para toda la humanidad

No creo que el sufrimiento tenga que existir en vano, ni que la muerte es el fin de todo, ni que la desfiguración de nuestro mundo es lo que Dios proyectó

Pero me atrevo a creer, siempre y a pesar de todo, en el poder de Dios para transformar y transfigurar, cumpliendo su promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra donde florecerán la justicia y la paz.

(de la Consulta de El Escorial, CMI, 1987)

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Los dos ciclones Eric y Fanele han devastado Madagascar desde el 19 de enero de 2009. Ambos ciclones fueron acompañados por abundantes lluvias e inundaciones masivas en la mayor parte de Madagascar. Para FJKM, en acuerdo con la Oficina Nacional de Riesgos y Catástrofes, la prioridad es aliviar el sufrimiento de las víctimas, y mitigar los efectos del ciclón y las inundaciones en las comunidades. Foto: FJKM/ACT International

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Los objetivos de la Alianza ACT son:

• dedicarse a programas de desarrollo transformacional de alta calidad y eficiencia que contribuyan a un cambio positivo en la vida de la gente,

• responder rápida y eficazmente a emergencias humanitarias para salvar vidas, aliviar su-frimiento y apoyar comunidades,

• trabajar conjuntamente en programas de reducción de riesgos de desastre, preparación para emergencias y rehabilitación y reconstrucción post emergencia,

• analizar, priorizar, planificar y responder conjuntamente en el plano nacional, regional y global,

• trabajar y hacer incidencia conjunta en pro de cambios en las estructuras y sistemas que empobrecen y marginan a las personas, con particular,

• atender a las necesidades de las mujeres y otros grupos vulnerables,

• participar activamente en debates nacionales, regionales e internacionales para hacer incidencia por un cambio positivo para los pueblos pobres y marginados,

• promover la visibilidad del trabajo de desarrollo, alentar continuamente su eficacia, me-diante el desarrollo de capacidades, conocimientos, aprendizajes y experiencias,

• trabajar estrechamente con otras organizaciones ecuménicas, confesionales y de la so-ciedad civil nacionales, regionales e internacionales que compartan objetivos similares.

En este marco, se irán creando los Foros de la Alianza ACT que estarán conformados a nivel nacional o regional con intereses comunes definidos en términos amplios por su compromiso con la misión, visión y valores de la Alianza y por el trabajo de ayuda humanitaria, desarrollo e incidencia. Estos foros tendrán como objetivo principal aumentar la eficacia y el impacto de

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la respuesta ecuménica ante la emergencia y crear nuevas formas de cooperación e interacción con otros actores de la sociedad civil y con los Estados, potenciando la incidencia público – política frente a situaciones y problemas críticos.

Ante la grave crisis económica que afecta a un alto porcentaje de la población mundial, se torna cada vez más urgente que las iglesias y el movimiento ecuménico elaboren estrategias de sustentabilidad centradas en promover la dignidad humana, con prácticas de diversificación y movilización de recursos que expresen nuevos paradigmas del compartir como parte de un compromiso mayor con las personas y los pueblos afectados por políticas y situaciones que los marginan.

“Estuvimos en las discusiones de Copenhague; estábamos en Haití el día del terremoto y trabajamos continuamente para erradicar los efectos de la malaria en África”, señala una de las presentaciones de la Alianza ACT. En pocas palabras, pero de manera concreta, las iglesias y organismos ecuménicos que articulan sus acciones en esta alianza dan a conocer sus políticas centradas en la gente y comprometidas con los más vulnerables y pobres de este mundo.

Tal como lo muestra el video que comentamos al comienzo del artículo, el compromiso ecuménico puede ser anuncio de esperanza para muchos desposeídos cuando se valoran las posibilidades de cada persona para dar y recibir en acciones que liberan y fortalecen.

Personas viviendo en refugios después del terremoto de Poas/Chinchona en enero de 2009. Foto: ACT International.

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“No podemos tapar el sol con las manos”

Aproximaciones participativas de un ciudadano Latinoamericano sobre Colombia, sus perspectivas de Paz y Reconciliación a doscientos años de su independencia y continuidad del proceso de colonización europea. Propuestas, preguntas y reflexiones.

Reflexión inicial

Escribir en algunos casos se vuelve un elemento catalizador de lo que se está viviendo y pensando, algunas veces es lento el proceso y puede pasar el que escribe (es decir yo) varios días frente al PC tratando de encontrar las palabras y lenguajes idóneos para expresar lo que llamamos la realidad, es decir para decir como estamos reaccionando a esta cultura violenta y devoradora.

¿Cómo entender la complejidad de 200 años de historia, de 200 años de luchas y formas de relacionarse de la po-blación Colombiana? ¿Quién o qué nos brindará elementos para comprender la cultura colombiana? ¿Qué significa la colonialidad en la sociedad Colombiana?

Son muchas preguntas, son muchos interrogantes, son muchas opiniones sobre cómo entender y qué entender, puede ser el narcotráfico, puede ser la injusticia social, la inequidad, puede ser no tener las herramientas para resolver un conflicto, quien sabe deben haber 45 millones de explicaciones como hay de habitantes en Colombia. Los más profundos nos

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recuerdan que tenemos un pasado colonial, que fuimos y en cierta forma somos un pueblo sometido, que tenemos elementos en nuestra cultura fuertemente influenciados por la colonialidad (concepto que explicaré más adelante).

Continuo pensando en qué escribir, para qué escribir y sobre todo desde dónde comenzar mi reflexión sobre la Paz en la actualidad. He pensado mucho porque me cuesta empezar y darle explicación a muchas cosas que vemos y sentimos al vivir esta cultura.

He encontrado varios conceptos, varios caminos que a mi parecer son claves para entender cómo desarrollar propuestas y acciones en pro de la Paz y la Reconciliación de la Sociedad Colombiana. Estas son la colonialidad, la participación, la educación transformadora, la gobernancia, la gobernabilidad, el desarrollo, la justicia transicional y la construcción de Paz.

Me pregunto, ¿cómo voy a hablar de Paz y promover lo que significa en Colombia?, en el momento actual ¿Que podría decir sobre las perspectivas de paz y reconciliación que existen en Colombia?

En mi reflexión quiero dar respuestas a todas estas preguntas a través de tres principios que vienen de la lógica de la introducción, profundización y proyección.

No podemos tapar el sol con las manos: Introducción a la explicación sobre las perspectivas de paz en Colombia.

Uno de los primeros puntos para entender y comprender la complejidad de la realidad colombiana, lo resumo en el dicho popular que dice NO SE PUEDE TAPAR EL SOL CON LAS MANOS, es decir el fenómeno cultural, los aprendizajes de la población colombiana sobre cómo resolver los conflictos analizando la historia de este país, nos muestran que existe baja capacidad en la sociedad colombiana para crear, construir, desarrollar y utilizar mecanismos adecuados que regulen y controlen los conflictos de los diferentes individuos, grupos y sectores que la conforman1.

Es decir, aunque existan grandes avances en temas de seguridad y desarrollo en algunos sectores de la población, tenemos fuertes y significativos ejemplos sobre las formas de resolver los conflictos del poblador común y corriente en muchas

1 Universidad Nacional Colombia un país por construir de la Universidad Nacional. Problemas y retos presentes y futuros. Una propuesta para el análisis, la controversia y la concertación. Bogotá. 2000. Pág. 539.

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regiones del país, desde el hombre que viendo que la relación con su ex esposa se acabó le prende fuego a la casa de ella con sus hijos adentro a los 69 homicidios que ocurrieron en la ciudad de Barranquilla en enero de este año.

En conclusión, NO PODEMOS TAPAR EL SOL CON LAS MANOS al expresar que la sociedad colombiana ha aprendido a resolver sus conflictos, el mejor ejemplo a este fenómeno son los dos períodos presidenciales del actual presidente quien ha gobernado con altos niveles de popularidad por su posición dura y guerrerista ante los conflictos que tiene la población colombiana.

Propuestas desarrolladas desde el estado y la sociedad colombiana: los programas de desarrollo y paz pdp y la justicia transicional con la comision nacional de reparación y reconciliación. Profundización sobre las perspectivas de paz en Colombia.

Vale la pena expresar que no todo lo que pasa en Colombia es malo o desolador como muchas veces las estadísticas, noticias y testimonios de la gente nos muestran.

Al entender que muchos de los problemas de la sociedad colombiana radican en sus formas de resolver los conflictos a nivel grupal e individual, nos adentramos en un mundo de acuerdos, de leyes, de políticas públicas como herramientas de incidencia política y escenarios de cambio del Estado con la sociedad civil en pro de la Paz y la Reconciliación en nuestro país.

Siempre que hablamos con la gente que sabe, que ha estudiado y que trabaja en estos temas encontramos que la bús-queda de la relación entre las instituciones y la población debe ocurrir, debe ser fluida, legítima y sobre todo debe venir de procesos participativos entre el Estado y la sociedad civil.

Los paradigmas han cambiado y con el tiempo las propuestas, lecturas y análisis sobre las perspectivas de paz nos lle-van a pensar en el fortalecimiento de las instituciones y las formas organizativas de la población. ¿Qué está ocurriendo en Colombia actualmente? ¿Qué escenarios existen que estén hablando y desarrollando procesos de desarrollo, paz y reconciliación?

Voy a exponer dos propuestas, dos iniciativas, dos miradas que a mi parecer son interesantes y dan muchas luces para comprender el tema de la Paz en la Colombia actual.

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La primera de estas propuestas para el análisis: surge al inicio del gobierno del actual presidente Álvaro Uribe Vélez, quien comienza un proceso diálogo con los grupos organizados al margen de la ley denominados Paramilitares, responsa-bles de una de las épocas más sangrientas de la historia de Colombia, durante los años noventas.

Con los grupos paramilitares el gobierno sostuvo un ¨ proceso de paz¨ en el cual se llevó la desmovilización de más de 25000 hombres alzados en armas. Para lograr que este proceso fuera asimilado por las instituciones del Estado se formuló una política acorde a estos acontecimientos, esta fue la ley 975 de 2005, denominada Ley de Justicia y Paz.

Esta legislación responde a una propuesta que a nivel internacional ha sido implementada cuando las sociedades quieren hacer transiciones entre fuertes y prolongados períodos de violencia a estables y sostenibles escenarios de paz y reconci-liación, basta con mirar lo que paso en Perú, Guatemala, Argentina o Ruanda.

A esto los académicos han nombrado como la justicia transicional, que son legislaciones transitorias que permiten dar manejos legales e institucionales a situaciones particulares como fue el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegra-ción DDR de los grupos paramilitares. Dándole por primera vez en la realidad legal e institucional del país, visilibilidad a las víctimas en un principio de los paramilitares. Es decir, bajo los principios de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición se crearon unas rutas jurídicas bajo las cuales los desmovilizados y las victimas iniciaban los escenarios de reconciliación necesesarios para desarrollar todas las fases del proceso transicional.

En mis lecturas veo que todo suena muy bonito y esperanzador, me pone a pensar y entender la realidad de muchas familias que perdieron todo, que sufrieron en carne propia los flagelos de la guerra y su cultura militarista.

En el marco de la Ley, se crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR, la cual tiene funciones de garanti-zar a las víctimas su acceso a la justicia, la reparación y la verdad. Esta comisión se plantea como horizontes en la actualidad el tema de la política pública, es decir busca la relación entre la institucionalidad (con la justicia transicional ya que la ley otorga funciones a varias instituciones del Estado) y la población (atendiendo individual, grupal y organizativamente a las víctimas).

Una de las aéreas misionales de la CNRR es el tema de Reconciliación, y es en este punto donde quiero poner asiento en mi reflexión, como herramienta conceptual la CNRR ha planteado que es en el fortalecimiento de la democracia, en el tema de la resolución de conflictos, en la generación de alianzas, la pedagogía social y en la sistematización de experiencias donde están los cimientos para la consolidación de proyectos de Paz y Reconciliación en el país.

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Aunque parece una gran apuesta y una enorme labor, la experiencia de la justicia transicional ha ayudado en un pequeño porcentaje a comprender lo que ha significado la violencia en nuestro país. Debo aclarar que existen muchas críticas y posiciones contrarias frente a este proceso con los paramilitares.

Las dificultades de esta propuesta radican primero en que se desarrolla en medio del conflicto, es decir aun no han pa-rado los combates en varias regiones del país. Una de las razones de esto es que debido a la estrecha relación que se fue tejiendo con los años entre los grupos armados y el narcotráfico, muchos de los desmovilizados han reincidido en nuevas bandas y han vuelto a hacer presencia en las zonas donde ejercían poder los paramilitares, a estos grupos algunos los han denominado Paramilitares Nueva Generación o Neo Paramilitares. Todo esto me lleva acuestionar el proceso de DDR en la actualidad.

La segunda dificultad de la justicia transicional está en la corta respuesta institucional, mostrando la necesidad de fortale-cer algunas instituciones como la Defensoría del Pueblo que brinda asesoría legal a las víctimas, pero con un defensor para 500 personas. Es decir, la gran cantidad de víctimas supera la respuesta institucional.

La tercera dificultad es el tema de la articulación institucional, ya que se vislumbra poco la complementariedad entre las propuestas y proyectos sobre todo en el tema de reconciliación y paz. Muchas acciones en la gran mayoría de los casos pero poco articuladas. O para hacerlo más explicito demasiadas camisetas para jugar un solo partido. Claro evidentemente las iniciativas de paz y reconciliación son tan múltiples, como son múltiples las ideas y pensamientos de las personas y sus formas de organización.

En conclusión, la propuesta de justicia transicional del Estado Colombiano es una iniciativa de paz en Colombia que esta poco articulada a otras propuestas e iniciativas que desde otros lenguajes buscan el mismo objetivo.

Este último párrafo me lleva a mi segunda propuesta de análisis: son los Programas de Desarrollo y Paz PDP, que desarrollan propuestas subregionales en varias regiones y departamentos del país. En la actualidad existen 17 PDP que son iniciativas de la sociedad civil para pensar y construir escenarios de desarrollo sostenible y sustentable es decir pensar en proyectos productivos, iniciar procesos económicos que permitan el restablecimiento de los proyectos de vida rotos por la violencia por un lado y de encontrar los lenguajes y estrategias políticas que permitan desarrollar acciones pedagógicas y organizativas para la consolidación de escenarios de Paz y Reconciliación en las subregiones priorizadas. Estas propuestas han estado enmarcadas en los lineamientos y apuestas de las Naciones Unidas con el programa para el desarrollo PNUD.

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Los PDP también se planean estrategias de articulación institucional, se plantean la necesidad encontrar los lenguajes y discursos que vislumbren horizontes para propiciar la relación entre la institucionalidad y la población. Aunque su enfoque es más organizativo, más desde la sociedad civil, sí han comprendido que necesitan de la institucionalidad para garantizar que cuando salgan del territorio los entes gubernamentales puedan darle continuidad a sus programas y propuestas, es decir mucho de razón de ser está en el tema de la política pública.

Los programas de desarrollo y paz ejecutan proyectos en áreas como seguridad alimentaria, cadenas productivas, fortalecimiento de lo público, defensa de los de-rechos humanos, se promueve la organización la población para ejecución de los recursos, lo cual lleva a trabajar en temas como cultura organizacional, formulación de proyectos y sistematización de experiencias. Estas iniciativas en algunas regiones son lideradas por las iglesias, como son el PDP del Magdalena Medio y el de los Montes de María en el Caribe Colombiano.

En resumen, los PDP son propuestas de paz en Colombia que desarrollan experien-cias en zonas priorizadas subregionalmente, propiciando que la cooperación inter-nacional y la focalización del Estado Nacional concentren sus esfuerzos y recursos en estas estrategias.

Como han podido ver he resaltado dos propuestas, una legal institucional y otra le-gítima desde la sociedad civil, cada una con virtudes y esfuerzos significativos, cada una mostrando la necesidad de poner a dialogar a las instituciones y la población. Pero toda esta exposición para resaltar y proponer la necesidad de articulación entre los PDP y la experiencia de justicia transicional.

Surge la pregunta y reclamo a la sociedad e institucionalidad sobre la articulación, hablar de Paz en Colombia es pensar en colaboración armónica, es entender lo clave del pensamiento sistémico. La estrategia radica, a mi parecer, para tener perspecti-vas de paz en unificar criterios, enfoques, recursos y sobre todo voluntades.

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La política pública como horizonte de paz debe formular respuestas y obligar de la manera más amigable y sabia a que estas iniciativas en las que la institucionalidad y la población se organizan en pro de la Paz y la Reconciliación.

En conclusión, PAZ es articulación, es colaboración, es la suma de esfuerzos, es el diálogo, es la suma de voluntades y finalmente puedo decir que PAZ es la justicia transicional como desarrollo y paz en todo el territorio nacional.

La colonialidad, el colonialismo elementos de identidad colombiana: Proyecciones sobre las perspectivas de paz en Colombia.

Hemos hablado sobre las formas de resolver los conflictos como elemento cultural para comprender lo que ha pasado y pasa en Colombia, también analizamos dos propuestas, dos iniciativas, dos proyectos que buscan un mismo objetivo pero que no dialogan mucho.

Hemos dicho que la Paz es la articulación, hemos mostrado lo clave de buscar la relación de la institucionalidad y la pobla-ción, hemos entendido el horizonte de la política pública.

Quiero terminar mi reflexión sobre la paz en Colombia invitando a hacer una lectura de todo lo que he expuesto desde la colonialidad, como lente de análisis, como filtro de nuestros análisis.

¿Por qué hacerlo desde este concepto? ¿Qué entiendo por colonialidad?

Comencemos por definir qué es la colonialidad y el colonialismo para terminar con una sustentación del por qué hacerlo desde estos conceptos y su relación con la Paz.

En el texto Colonialidad del Poder y Clasificación Social del profesor Aníbal Quijano encontramos una reflexión inte-resante sobre la colonialidad, que nos pone a pensar en el bicentenario de la independencia, que nos convoca a entender que hay rezagos coloniales en nuestros procesos cognitivos.

La colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial de poder capitalista. Se funda en la im-posición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder y opera

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en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la exis-tencia social cotidiana y a escala societal.Se origina y mundializa a partir de América.

Con la constitución de América (Latina), en el mismo momento y en el mismo movi-miento históricos, el emergente poder capitalista se hace mundial, sus centros hegemó-nicos se localizan en las zonas situadas sobre el Atlántico—que después se identifica-rán como Europa y como ejes centrales de su nuevo patrón de dominación se establecen también la colonialidad y la modernidad. En breve, con América (Latina) el capitalismo se hace mundial, eurocentrado y la colonialidad y la modernidadse instalan asociadas como los ejes constitutivos de su específico patrón de poder,hasta hoy.

En el curso del despliegue de esas características del poder actual, se fueron configu-rando las nuevas identidades societales de la colonialidad, indios, negros, aceitunados, amarillos, blancos, mestizos y las geoculturales del colonialismo, como América, África, Lejano Oriente, Cercano Oriente (ambas últimas Asia, más tarde), Occidente o Europa (Europa Occidental después). Y las relaciones intersubjetivas correspondientes, en las cuales se fueron fundiendo las experiencias del colonialismo y de la colonialidad con las necesidades del capitalismo, se fueron configurando como un nuevo universo de re-laciones intersubjetivas de dominación bajo hegemonía eurocentrada. Ese específico universo es el que será después denominado como la modernidad.

Hablar de Paz en Colombia es buscar relaciones autónomas, es pensar en la liberación, en la concientización, es ser creativos y muy conscientes de que hemos estado y se-guimos estando bajo un dominio y un sistema que mantienen fuertes características de la época colonial.

Hablar de paz en Colombia es reconocer la historia y su experiencia de las comunida-des Negras, Indígenas, Campesinas a nivel rural y de los descendientes de estas co-munidades que migraron a las ciudades a poblar los cinturones de miseria y pobreza que representan los sectores populares; estos son los principales afectados, estos los actores centrales de las políticas y programas de iniciativas como la justicia transicio-nal en la experiencia colombiana y los Programas de Desarrollo y Paz.

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Termino con estas preguntas:

¿Cómo desarrollar procesos pedagógicos que liberen y al mismo tiempo cohesionen a la población con las instituciones?

¿Quiénes son los encargados de desarrollar estas propuestas?

Debemos trabajar con la sociedad en alternativas que inviten a trabajar con el Estado pero con pueblo liberado, educado y sabio como lo fue el colonizado antes de que llegaran los europeos con su propuesta de explotación y dominación.

La Paz en Colombia radica en la liberación cognitiva de las comunidades y sectores populares y su relación con el Estado. ¨La Paz del rico, es el Pan del Pobre¨

Grafiti leído en un baño público de la Universidad de Cartagena.

Bibliografia

Universidad Nacional Colombia un país por construir de la Universidad Nacional. Problemas y retos presentes y futuros. Una propuesta para el análisis, la controversia y la concertación. Bogotá. 2000

Colonialidad del Poder y Clasificación Social. Aníbal Quijano

Ley 975 de 2005.

Breve reseña bibliografica del autor

Mauricio Esquivia Zapata es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, especailizado (en proceso de grado) en conflicto y convivencia en la Universidad de Cartagena.

Ha laborado en el Programa de Desarrollo y Paz de los Montes de María como profesional operativo del eje de DDDHH, Reconcilia-ción y Paz y en la actualidad es funcionario de la CNRR como asesor en el área de Reconciliación de la sede Barranquilla. Es menonita de Corazón.

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Agua, identidad y cambio climático

Las crisis por el agua en el Perú

Fueron casi 60 mil las firmas reunidas para apoyar el proyecto legislativo de No privatización del Agua ni Recursos Naturales. Esta iniciativa ciudadana, promovida por una de las organizaciones más representativas de agricultores y campesinos del Perú, la Confederación Nacional Agraria (CNA), plantea la derogación de la Ley de Recursos Hídricos, que fuera promulgada el 30 de marzo del 2009 en el Perú y de decretos legislativos que afectan la vida de las comunidades campesinas y amazónicas, en un contexto teñido por los efectos de una política sectorialista y de cambio climático.

Desde el año 1969 regía en el país andino la llamada Ley General de Aguas que confería al recurso hídrico un valor social con un énfasis puesto en el sector agrícola, dado que se promulgó en un contexto de reforma agraria. En los últimos 25 años hubo intentos por reformularla, incluso sufrió modificatorias que se inclinaron por otorgarle un valor económico, pero no fue hasta el actual mandato del presidente Alan García que se promulgó la nueva ley de aguas, Ley de Recursos Hídricos - 29338, con un cariz privatista a decir de muchos expertos.

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La norma fue recibida con desconfianza y sospecha por los distintos sectores que participaron en el debate organizado por la Comisión Agraria del Congreso para su formulación: los cambios de ‘última hora’ sobre artículos importantes y la desestimación de los consensos que se alcanzaron durante el proceso acentuaron su rechazo en las organizaciones de juntas de regantes, organizaciones campesinas, agrarias y nativas.

Entre la marea de observaciones levantadas a la Ley 29338 –que regula el uso y gestión integral del agua, la actua-ción del Estado, los particulares, y sus bienes naturales asociados (cauces, material de acarreo, glaciares, etc.) como también los artificiales (captaciones, almacenamiento, conducción, medición, saneamiento)– se destaca la modifi-cación del número de participantes del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), ente rector y de administración de la gestión de recursos hídricos y responsable de su funcionamiento. De acuerdo al dictamen de la Comisión Agraria del Congreso, el Consejo estaría conformado por ocho miembros, entre representantes del Estado y la sociedad civil; en la Ley aprobada esta máxima instancia se constituiría por doce miembros, incrementándose el número de actores estatales.

Organización Flora Tristán Pobladoras de

comunidades campesinas.

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Sin embargo, el punto más escurridizo ha sido el carácter privatista de la norma. La congresista de la República y líder campesina, Juana Huancahuari, ha sido enfática en señalar que la nueva legislación es el resultado de una ‘colusión’ entre las bancadas de la derecha y las empresas dedicadas a la explotación de recursos naturales en diferentes zonas del territorio peruano. Los industriales, agroexportadores y empresas mineras se verían favorecidos con esta nueva legislación en desmedro de los intereses de los usuarios, agricultores y campesinos.

La congresista advierte que existen vacíos en la Ley que podrían dar lugar a un proceso de privatización. Mientras que la legislación del 69 señalaba que las aguas, sin excepción alguna, eran propiedad del Estado, y su dominio inalienable e imprescriptible, y no existía propiedad privada ni derechos adquiridos sobre ellas; la nueva ley de aguas no precisa quién es propietario del recurso, no dictamina que su administración sólo debe ser otorgada y ejercida sin fines de lucro tampoco que dicha administración no pueda darse bajo el control privado.

Hay temor que de entregarse el recurso hídrico a la empresa privada, los sectores pobres serían los más perjudicados al incrementarse el valor de las tarifas. Existen zonas en el país donde poblaciones enteras carecen de servicio de agua potable, zonas cuyos pobladores se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, expresada en una alta incidencia de enfermedades epidemiológicas, entre otras. En la periferia de la capital limeña, los pobladores pagan alrededor de tres dólares por metro cúbico de agua, que es transportada por camiones cisternas con ínfimas condiciones de salubridad y que luego son almacenados por las familias en tanques o bidones plásticos. En distintos monitoreos, realizados por las entidades de salud, se han identificado en estas aguas desechos humanos. En la urbe, aquellos sectores pudientes pagan alrededor de 50 centavos de dólar por metro cúbico de agua tratada.

La Ley además promueve ‘incentivos’ que han sido calificados de discriminatorios. Aquellos usuarios u operadores de infraestructura hidráulica que generen excedentes de recursos hídricos y que cuenten con un certificado de eficiencia, otorgado por el ANA, tendrán preferencia en el otorgamiento de nuevos derechos de uso de agua (licencias para el uso del recurso en un determinado territorio), viéndose beneficiados con esta disposición los grandes agricultores o empresas que cuenten con capacidad para acceder a asesoría técnica especializada.

Por otro lado, se debe reconocer que la norma evidencia aspectos positivos, entre ellos el reconocimiento a la junta de usuarios, a comunidades campesinas y nativas, como organizaciones con derecho al uso del recurso y con funciones específicas. El Estado reconoce y respeta el derecho de las comunidades campesinas y nativas a utilizar las aguas que discurren por sus tierras, así como sobre las cuencas donde nacen dichas aguas, tanto para fines económicos, de transporte, de supervivencia y culturales, en el marco de lo establecido en la Constitución, la normativa sobre

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comunidades y la Ley, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Nacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, convenio ratifi-cado por Perú en 1993.

Como se observa hay dos reacciones frente a la norma: una de corte conservador que ha preferido esperar su reglamentación, la otra que plantea su derogación. La primera si bien reconoce los aspectos positivos como los negativos de la legislación, está pre-ocupada por garantizar los derechos de las comunidades sobre el uso de las reservas acuíferas y el respeto de sus tierras –dado que la política económica del país prioriza las inversiones frente a la conservación y protección de los recursos naturales– vigi-lando la reglamentación que se desprenda a partir de la norma.

La ley declara que el Estado promueve la inversión privada en la construcción y mejoramien-to de la infraestructura hidráulica, así como en la prestación de los servicios de operación y mantenimiento de la misma, aunque sostiene que cuando estos se ejecuten en las tierras de las comunidades se establecerá un mecanismo para hacerlas partícipes. Al respecto hay recelo, puesto que se entiende que el sector privado dará prioridad a empresas, como las mineras, antes que a las comunidades.

El otro sector está convencido en la derogación de la legislación en vista que atenta contra los derechos de los usuarios, agricultores y campesinos. Para el presidente de la CNA, Antolín Huáscar, el Estado promoverá la participación de la empresa privada “que fijará las reglas de juego y las tarifas del servicio, interviniendo en la administra-ción de toda fuente agua, incluso de puquiales y riachuelos”. La CNA está a la espera que el Jurado Nacional de Elecciones compruebe la autenticidad de las 54,740 firmas presentadas para que el proyecto de ley de No Privatización del Agua ni Recursos Na-turales pase a ser discutida en el Congreso peruano.

Lo cierto es que las dos posiciones evidencian una pugna entre los sectores sociales y los sectores económicos del país. Para el especialista en temas ambientales, Carlos Franco, ésta es una disputa que enfrenta, de un lado, los derechos que tienen las comunidades para sobrevivir en sus tierras, del otro, la política económica del Estado. “Hay presiones de

Foto: Graham Gordon. Poblador de la provincia de selvática de Moyobamba.amazónica.

la empresa privada para contar con seguridad jurídica, con normas que generen confianza en las inversiones”. Advierte que este conflicto de intereses dará lugar a convulsiones y enfrentamientos que el país ha vivido de manera dramática: el 5 de junio del 2009 se produjo un enfrentamiento entre las comunidades amazónicas y las fuerzas policiales, con un saldo de 34 fallecidos, entre nativos, policías y civiles, durante el paro convocado por las comunidades indígenas después que el gobierno promulgara decretos legislativos que facilitaban la inversión privada en la región amazónica. Una verdadera muestra de la disociación entre las metas macroeconómicas del gobierno y las necesidades de las comunidades.

“Se tiene alrededor de 300 actas firmadas en todo el país, cuya principal demanda es el respeto al derecho de las comunidades sobre la tenencia de sus tierras y de los recursos que ellas albergan. Los comuneros y nativos demandan que sean ellos quienes autoricen o den el consentimiento para la intervención de las empresas privadas en sus suelos”, subraya Franco.

Las comunidades campesinas y nativas han gestado en sus espacios una identidad basada en una ética ancestral de solidaridad y reciprocidad y de valoración a la naturaleza que los rodea. Cuentan con capacidad para el manejo del territorio y para el uso adecuado de los recursos naturales. No es gratuito que sean ellos quienes mantienen el equilibrio del medio ambiente y biodiversidad de las extensiones de territorios que ocupan. Esta conciencia geográfica heredada les ha permitido desarrollar y conservar su cultura e identidad territorial que antaño les permitiera generar mecanismos sociales, económicos y políticos en zonas complejas sabiendo de la escasez del agua –como lo fue la Cordillera de los Andes– reto constante que finalmente lograron superar.

Las comunidades campesinas y nativas se caracterizan por conservar una gran tradición hídrica histórica. En la cos-movisión andina y amazónica el agua es una deidad (‘huaca’), es un ser vivo que fecunda la tierra y la recrea. El agua articula la naturaleza y la humanidad, es parte de todos y para todos: genera comunicación, comunión, comunidad. Siendo así, es un recurso que se distribuye de acuerdo a las necesidades de manera recíproca y complementaria tomando en cuenta su disponibilidad.

El cuidado de la deidad se ha manifestado en la cosecha, conservación y reproducción del recurso hídrico. En las cul-turas andinas se utilizaron una serie de mecanismos para la obtención y acceso al agua. Lograron almacenar agua de lluvia a través de las cochas, depresiones o lagunillas artificiales de diferentes tamaños, aprovechando la abundante precipitación en algunas zonas de la cordillera; a través de los famosos andenes, terrazas agrícolas construidas en las faldas de las laderas andinas, utilizaron la poca agua de lluvia que discurría en las cumbres con sistemas de drenaje que permitían su reutilización; con los camellones, porciones de suelo en los alrededores del Lago Titicaca, captaban el agua con las inundaciones periódicas a causa de las variaciones estacionales.

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Esta creatividad e ingeniería hidráulica, mantenida a lo largo de los años, ha sido producto de la mancomunidad de esfuerzos de las poblaciones asentadas en aquellas zonas y que ha sobrevivido a los cambios occidentales y a la propia modernidad, basándose en un sistema de decisión participativa, donde la colectividad es quien asume su gestión eficiente respetando el ciclo de los ecosistemas.

Dicha perspectiva hace del agua un patrimonio común y de dominio público, cuya protección y preservación debe orientarse al desarrollo local de sus dinamizadores originarios, quienes deben intervenir en aquellas decisiones que afectan su uso y administración. De no ser así, el mercado condicionaría el recurso, más aún cuando se constatan intenciones de su acaparamiento por sectores económicos, los cuales vienen alterando su conservación, en la mayoría de los casos por actividades contaminantes.

Como advierte la vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIEDESEP), Daysi Zapata Fasabi, desde algunos meses se observa que el caudal de los ríos en de la selva peruana van disminuyendo, como resultado de los cambios en el clima, pero también por efecto de las actividades de las empresas. Agrega la líder amazónica que de continuar con la intensificación en la extracción de recursos a través de leyes que se “trabajan en gabinete sin consulta a los pueblos indígenas” se irán deteriorando los sistemas de vida y se irá generando una insa-tisfacción de estas comunidades las cuales “no están acostumbradas a pedir permiso a nadie para el uso de las aguas o pagar a una empresa privada”. Manifiesta que, contra la corriente,la AIDESEP seguirá movilizándose para protestar contra las decisiones que se toman y atentan contra sus vivencias y costumbres.

La visión del desarrollo implementada por el gobierno a través de políticas sectoriales, antes que integrales, no sólo alteraría la dinámica de sostenibilidad del recurso, sino también los sistemas tecnológicos y las redes sociales que se han tejido alrededor de éste. Atentaría contra los propios usuarios en materia de disponibilidad en cantidad y calidad –Perú ocupa el décimo séptimo lugar, a nivel mundial en volumen de agua renovable, pero el 59 en calidad– en un contexto de escasez que se agrava por las nuevas condiciones dada por la variabilidad climática.

La alta concentración de la población peruana en la costa peruana, sobre todo en Lima, ha provocado que se imple-menten proyectos para el trasvase de aguas de la serranía y amazonía hacia los terminales costeños –mientras que la Amazonía alberga el 98% de reserva hídrica, la costa sólo concentra el 2% del recurso–para el uso doméstico, agrícola y para las actividades de las industrias, mineras y empresas agroexportadoras, así también para la generación de ener-gía eléctrica. Perú utiliza el agua como matriz energética, a pesar de contar con otros recursos que podría potenciar, como la energía eólica y solar. El cambio climático está acelerando el deshielo de sus glaciares y por ende las fuentes

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Foto: Graham Gordon. Comunidad amazónica.

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de recurso hídrico. Las políticas asumidas aumentan los riesgos de acentuar el déficit y la descompensación quitando a otros, alterando sus ecosistemas y rompiendo sus tradiciones.

En su artículo 89, la Ley de Recursos Hídricos establece que el ANA, en coordinación con el Ministerio del Medio Am-biente, debe desarrollar estrategias y planes para la prevención de los efectos del cambio climático sobre la cantidad de agua y variaciones climáticas de orden local, regional y nacional, analizando la vulnerabilidad del recurso hídrico, glaciares, lagunas y flujo hídrico frente a este fenómeno. Sin embargo, el artículo no menciona quién es el responsable para desarrollar dichas estrategias.

Hasta el momento el gobierno ha optado por atender las consecuencias antes que las causas, que no hacen más que mitigar los efectos y gastar lo que debiera ser una inversión: la prevención. Este año el sur del país se ha visto afectado por constantes huaycos que incluso llegaron a paralizar la capital imperial, Cusco, y como daño colateral la pérdida de ingresos por la paralización de las actividades turísticas.

De acuerdo al coordinador de la zona sur del Programa de Gestión Social del Agua y el Ambiente en Cuencas – GSAAC, Andrés Alencastre, la gestión social del agua y el ambiente debería partir de un enfoque territorial basado en la microcuenca, unidad que no cuenta con institucionalidad, pues sólo la Ley 29338 reconoce el Consejo de Cuenca, la unidad macro. Es relevante, puntualiza el especialista, atender las consecuencias del cambio climático desde una nueva organización territorial basado en la cuenca hidrográfica, de este modo sería más eficiente la respuesta a los desastres provocados por los fenómenos climáticos, puesto que la actual forma de organización (municipios distrita-les, provinciales y regionales) “no es la más conveniente”. En ese sentido son las comunidades campesinas asentadas en las cabeceras de cuencas, los agricultores, en la zona media y los nativos, en las parte baja, quienes juegan un rol importante en esta labor de prevención y de atención.

Foto: Graham Gordon. Río de la selva amazónica. Organización Shinai Pobladores de comunidad nativa.Organización Shinai Contaminación de las aguas de un río amazónico.

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Deuda e(x)terna o cómo cambiar la desigualdad En 2006, el presidente en ejercicio en Ecuador, Alfredo Palacio, creó la Comisión Especial de Investigación de la Deuda Externa, CEIDEX, con el fin de verificar los impactos del endeudamiento en el desarrollo nacional. Esta comisión debía encargarse de investigar cuáles habían sido las razones que dieron lugar a la deuda externa que enfrentaba el país para conocer su legitimidad o no.

La continuación de esta política de conocer las causas del endeudamiento siguió el 9 de Julio de 2007, cuando el actual presidente Rafael Correa, mediante el Decreto Ejecutivo 472, creó la Comisión de Auditoria Integral del Crédito Público, CAIC. Su conformación, integrada por profesionales, se caracterizó por estar integrada por quienes han tra-bajado el tema de la Deuda Externa desde la sociedad civil, en el Ecuador y en el exterior.

El objetivo de esta comisión era auditar el período 1976-2006. Alrededor del 80% de los Convenios de Crédito rea-lizados por Ecuador. Las técnicas que corresponden al carácter integral de la auditoria incluyen las áreas financiera, legal, los impactos económicos, sociales, medioambientales, de género y Pueblos y Nacionalidades Indígenas de los proyectos financiados con los créditos externos.

¿Qué deuda externa?

Para explicar de dónde nace la deuda de los países en vías de desarrollo es necesario recorrer la década del ´80. La liquidez mundial producida por el aumento de dólares en el mercado financiero, resultado del aumento del precio del petróleo, favoreció sobre todo a las corporaciones transnacionales que impulsaron la necesidad de colocar esos capitales en busca de:

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a) reducir las presiones inflacionarias en el Norte y,

b) generar lucros vía endeudamiento del Sur y la consecuente transferencia de capitales del Sur al Norte, por concepto del servicio de la deuda.

Al principio se ofrecieron créditos blandos, supuestamente para el desarrollo. Más tarde, se desembolsaron créditos abundantes pero en condiciones usureras; así se colocaron capitales, asegurándose con los ajustes estructurales, que la rentabilidad del capital se maximice. Un evento importante para comprender la “Crisis de la Deuda” fue el aumento unilateral de las tasas de interés por parte de los acreedo-res. Un ejemplo es el Banco de la Reserva Federal de EE.UU. que subió la tasa de interés del 6% que regía en los mercados, al 21.5 %, generando la imposibilidad de cumplir con el servicio de la deuda de prácticamente todos los países denominados subdesarrollados.

En América Latina y El Caribe, África y en Asia se constata desde la década de los años `80, el violento aumento de la pobreza extrema y del endeudamiento público, lo que motivó que en la Federación Luterana Mundial (FLM), surja la preocupación por comprender la relación entre la deuda externa y la pobreza extrema.

Además otros organismos ecuménicos y protestantes se interesaron por este tema. El Consejo Mundial de Iglesias, a través de la “Comisión para la participación de las Iglesias en el desarrollo” (CCPD), estudió la deuda externa y sus impactos en los países del “Tercer Mundo”. El Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), desde sus programas “Fe, Economía y Sociedad” y “Diálogo Global con los Sectores Financieros en América Latina” junto con el “Instituto para las Investigaciones Sociales” ILDIS, “Jubileo 2000”; la “Red de Mujeres Transformando la Economía”, el “Centro de estudios Económicos y Sociales” CDES y otros, impulsaron el análisis del origen e impactos de la deuda externa en el Ecuador y en América Latina.

México fue el primer país en la región que decidió la suspensión de pagos, seguido de muchos otros países que también dejaron de pagar el “servicio de la deuda”. Aquí es donde se origina la conocida “crisis de la deuda”, que se inicia en 1982 y que fue ampliamente señalada por los medios, a nivel mundial.

Con la aplicación de las políticas neoliberales, especialmente los ajustes estructurales con recetas fondomonetarista, se impulsaron las privatizaciones de las empresas públicas, el achicamiento del Estado y el apoyo y protección irrestrictos a las inversiones de las empresas transnacionales. Todo esto fue generando recursos a disposición del Estado para cumplir con el “servicio de la deuda”, incluyendo el aumento de exportaciones, a costa de la producción para el consumo nacional. A partir de ese momento se dejó de hablar de la crisis, porque los banqueros internacionales ya se habían asegurado el pago del servicio de la deuda.

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El caso testigo: Ecuador

En varios países de América Latina se adoptó ese modelo y en Ecuador se facilitó por mecanismos de inspiración neoliberal. Las empresas transnacionales accedieron a la explotación petrolera, produciéndose el saqueo de la riqueza nacional en beneficio del capital transnacional y a costa de la destrucción de la Amazonía y del genocidio de los pueblos indígenas asentados en las áreas de exploración y explotación petrolera.

Los convenios de crédito, que mencionábamos antes, fueron determinantes para la realización de este proceso. Estos con-venios externos impusieron condiciones como las privatizaciones del agua, de las telecomunicaciones, del sector eléctrico, etc. De esta manera desaparecieron entes, tales como: el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI), además de programas de salud, la Empresa Nacional de Comercialización (ENAC), la planta de producción alimentos del Ministerio de Bienestar Social (para escolares de escasos recursos)1.

Se diseñaron un conjunto de políticas para el pago de la deuda, sin tener en cuenta la deuda social y el impacto en la so-ciedad. Los economistas neoliberales llamados “ortodoxos, conservadores y prudentes” crearon un conjunto de fondos con la renta petrolera estatal, para asegurar el pago de la deuda externa, considerando que así se “blindaba la economía”. Esto significó la transferencia de inmensas sumas de dinero hacia el Norte y la profundización de la pobreza en los países del sur.

Cuando mencionamos “servicio de la deuda” nos referimos, sobre todo, al pago de intereses. Se hicieron re-estructuracio-nes de la deuda incluyendo el pago de intereses sobre intereses (anatocismo) y, la aceptación de los bonos de la deuda muy por encima de su valor de mercado. Todo en perjuicio del país y en beneficio de los prestamistas usureros.

En Ecuador el modelo capitalista excluyente y marginador ha llegado a dejar a muchísimas familias en la pobreza. El 46 % del Ingreso Nacional se lo lleva el 10% de la población más rica, mientras que la población más pobre no llega al uno por ciento del Ingreso Nacional (equivalente al PIB).

El Informe de la “Comisión de Auditoria Integral del Crédito Público” fue entregado al Presidente de la República, el 22 de Noviembre de 2008, luego de 14 meses de trabajo intensivo y arduo.

1 Las telecomunicaciones y el sector eléctrico no pudieron ser privatizados gracias a la lucha de los trabajadores organizados.

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Resultó imposible auditar todos y cada uno de los Convenios suscritos, durante 30 años de endeudamiento, en poco más de un año de trabajo, por lo que la Comisión trabajó sobre la base de los indicios de ilegitimidad e ilegalidad que fueron Investigados por la CEIDEX y aplicó las técnicas de muestreo propias de una auditoria.

El Informe Final “Resumen Ejecutivo”, compuesto de 172 páginas y 30.000 fojas de respaldos, fueron entregados a la Presidencia de la República, a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la Nación, a la Procuraduría, al Ministerio de Finanzas y al Sistema Nacional de Archivos. La Fiscalía inició la etapa de indagación previa pues existen indicios de graves delitos contra el Estado por parte de funcionarios que estuvieron a cargo de los nuevos endeudamientos, las re-estructuraciones de la deuda y una serie de renegociaciones en el período auditado.

Un caso para dar cuenta de lo que implica auditar deudas, es lo sucedido con Noruega. Pocos años antes de esta última auditoria se logró la condonación de 38 millones de dólares de la deuda ecuatoriana con este país. Mediante estudios de endeudamiento que demostraron la ilegitimidad de la deuda, quedó demostrado que se favoreció a los armadores navie-ros de Noruega, para adquirir barcos, antes que a los países que asumieron deuda externa con ese país.

El Ecuador, se transformó entonces, en un caso a seguir por los países endeudados que están viviendo en pobreza extrema. Hacer auditorias integrales de la deuda externa, y en base a resultados, presionar a los acreedores como en el caso de Noruega, para que condone la deuda.

Según Hugo Arias Palacios coordinador general de la Red Jubileo 2000 en declaraciones a Radio Sucre en noviembre de 2009, señaló que uno de los “hechos históricos” no sólo para Ecuador sino para América Latina es la auditoria a la deuda externa que se realizó en el país.

La auditoria puso sobre el tapete “el sistema de atraco” y eso permitió hacer una renegociación, una recompra a un valor del 32%, en promedio, de toda la gran parte de la deuda comercial en bonos 2010 y 2030, dijo, al tiempo de asegurar que este proceso permitió recuperar un 92%, cerca de 3 mil millones de dólares, en ahorro para el país.

Nuevo orden financiero

La Confesión de Accra, de la Alianza Reformada Mundial de 2005 señala: “Vivimos en un mundo escandaloso que niega el llamamiento de Dios a la vida para todas las personas. Los ingresos anuales del 1 por ciento de los más ricos del mundo equi-

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valen a los del 57 por ciento de los más pobres. Cada día, 24.000 personas mueren a causa de la pobreza y la malnutrición. La deuda de los países pobres sigue creciendo aunque hayan reembolsado múltiples veces las sumas originalmente prestadas.”

Esta situación encuentra una explicación en la globalización económica neoliberal, basada en los siguientes principios:

• la competencia ilimitada, el consumismo y la acumulación de riquezas y el crecimiento económico desmedidos son mejor para el mundo entero;

• la posesión de la propiedad privada no conlleva ninguna responsabilidad social;

• la especulación con el capital, la liberalización y la desregulación del mercado, la privatización de los servicios públi-cos y los recursos nacionales, el acceso sin restricciones para las inversiones e importaciones del extranjero, impues-tos más bajos y el libre desplazamiento del capital van a producir riquezas para todos;

• las obligaciones sociales, la protección de los pobres y los más débiles, los sindicatos y las relaciones interpersonales quedan subordinados a los procesos de crecimiento económico y acumulación de capital2.

En la misma línea otros organismos ecuménicos han presentado documentos, estudios y análisis tendientes a dar una res-puesta y formular líneas de acción sobre cómo debería enfrentarse el problema de la desigualdad económica que genera el sistema actual, entre los países y, hacia el interior de los endeudados.

En un documento publicado por el Programa Fe, Economía y Sociedad3, del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), se establecen los casos en que las deudas de los países en vías de desarrollo deben ser condonadas:

1. Si las condiciones del endeudamiento estuviesen relacionadas con la capacidad de pago, la deuda externa debería ser sustancialmente menor. La diferencia existente entre deuda “actual” y deuda “real” significa que la prima de riesgo que le han gravado a los países ha sido excesiva, y denota una clara corresponsabilidad de los acreedores externos en la concesión de los créditos. Esto no exime la responsabilidad de los gobiernos y funcionarios en los países subdesarrollados, que no han ejercitado un manejo coherente en términos económicos y financieros de la deuda.

2 En: http://warc.jalb.de/warcajsp/side.jsp?news_id=1196&navi=243 http://www.clailatino.org/fes/analisis_ecuador/propuestas.htm

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2. La cantidad de recursos que deberían asignarse a la deuda provoca que se siga en una senda de constante endeuda-miento (deuda para pagar deuda) y a su vez provoca que se destinen menos recursos hacia inversiones sostenibles. Esto pone en riesgo la viabilidad futura de dichos países del Sur.

3. La situación actual de endeudamiento de América Latina, que también ha sufrido situaciones emergentes como de-sastres naturales, conflictos bélicos, caída de los precios de los principales productos de exportación ponen a la región en una opción plantear una condonación parcial o total de la deuda, y al mismo tiempo acceder a un cambio de su posición deudora en el concierto internacional.

4. En el Norte debería haber la suficiente conciencia que la ola migratoria desde el Sur es causa directa del sobreendeuda-miento de los países empobrecidos por la deuda. La emigración, en Ecuador por ejemplo, se desató por una crisis compleja, que tiene que ver, entre cosas, con el fracaso del modelo neoliberal, en el cual una de sus causales es la deuda externa.

Construir un nuevo modelo financiero y económico es la tarea que deberán darse los próximos gobiernos del Sur, si es que terminar con la desigualdad económica, la desmonopolización y la distribución equitativa de la riqueza son objetivos reales. Es un nuevo camino que hay que recorrer, reconocernos a los países de América Latina como iguales frente a quienes han dominado el mundo desde la llegada de los europeos a estas tierras.4

4 Este artículo fue posible gracias a la colaboración del Economista Franklin Canelos, del CLAI

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« …la Alianza ACT trabaja por una comunidad mundial donde toda la creación de Dios viva con dignidad, justicia, paz y pleno respeto por los derechos humanos y el medio ambiente».

Los miembros de ACT están enraizados en la sociedad civil local de todas partes del mundo y tienen la potencialidad de causar un impacto concreto en la vida de los más pobres en sociedades de todo el mundo.