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Dr. Héctor Nuila Ericastilla

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La Desnutrición es el Rostro Humano del Capitalismo en Guatemala

Dr. Héctor Alfredo Nuila Ericastilla.

Médico y Cirujano MSC en Salud Pública con Énfasis en Salud Materno Infantil y Nutrición.

I. Introducción.

El presente documento se escribe con la intencionalidad de contribuir en lo posible al

debate nacional que debe concretarse para llegar a estudiar a profundidad la

multicausalidad de la desnutrición en Guatemala, la que tiene raíces históricas y

estructurales, las cuales si no llegan a superarse será imposible la erradicación de ésta cruda

realidad, la que a su vez determina el desarrollo del proceso de salud-enfermedad que

cotidianamente se vive en Guatemala y que se expresa en los daños a la salud perdida, por

causas prevenibles y que nos muestran los indicadores de enfermedad y muerte en el país.

A lo largo del documento, desde el análisis de la determinación social del proceso salud-

enfermedad, se hace el esfuerzo por generar el interés necesario para que por medio de la

discusión y la confrontación de ideas se llegue a establecer, que las raíces sistémicas

(históricas, económicas, políticas y sociales) que determinan la existencia, desarrollo y

reproducción de la desnutrición al menos, según el desarrollo histórico de Guatemala, hoy

se puede asegurar que el capitalismo guatemalteco atrasado expresado en el modelo

económico vigente y agotado, no solo determina la causalidad de la desnutrición, sino que a

su vez le da vida a su reproducción, con lo que como consecuencia permanente también

determina la inviabilidad de Guatemala como país.

Para los efectos de orden práctico se presentan inicialmente las aproximaciones para

establecer la magnitud del problema, en ese sentido se debe entender que se tiene

conciencia y claridad en el hecho de que lo que se describe es solamente un panorama

general de la problemática pues la misma para poderla presentar de una manera más

completa, precisa y sobre todo más amplia en su magnitud y alcances, se requiere de otro

tipo de esfuerzos y dedicación para su elaboración y presentación.

En lo que corresponde a la descripción y análisis de las raíces sistémicas de la desnutrición,

la intención de refrescar la memoria histórica nacional sobre esta problemática es básica, ya

que el sistema imperante la hace aparecer como algo circunstancial, aislado y focalizado a

determinadas zonas del país en donde “el cambio climático” es el único factor

determinante. Sin embargo como se podrá observar la situación tal y como se identifica es

totalmente diferente, por lo tanto se espera que sobre el tema que nos ocupa se retome en el

imaginario social guatemalteco la existencia y vigencia de la causalidad histórica y

sistémica de la desnutrición, así como otros elementos que actúan sobre esta realidad en

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estos tiempos, los cuales como consecuencia del desarrollo histórico de la desnutrición en

Guatemala hoy por hoy son factores de reproducción de la misma problemática.

También se presentan de manera resumida los vacíos, contradicciones, deficiencias y hasta

deformaciones que tienen las diferentes intervenciones que ante la problemática han tratado

de implementar los últimos gobiernos, en donde prevalece como motivación principal el

clientelismo y manipulación partidista en cada uno de los programas que le dan sustento a

las diferentes intervenciones estatales y privadas, en donde el lucro de éstas últimas siempre

estará presente.

Finalmente se presenta una propuesta cuyo contenido responde a procesos y hechos

históricos que se han desarrollado en el país y que al retomarlos con seriedad,

responsabilidad y solidaridad nacional pueden representar una salida de la problemática en

el corto, mediano y largo plazos.

II. La magnitud del problema

La masividad de la Desnutrición Humana a nivel mundial es el resultado de la interacción

de una serie de factores que la determinan y la condicionan dentro de un contexto histórico,

económico, social y político, en donde los factores biológicos y psicológicos juegan el

papel que les corresponde, tanto en la etapa de creación de las condiciones para que el

proceso se dé y se instale, como en la parte en que la desnutrición actúa como enfermedad

social en un proceso de desarrollo constante, así como en el desenlace del mismo, ya sea

que éste a través de las intervenciones establecidas en la políticas públicas integrales y

profundas que sobre la materia los diferentes estados definan e implementen, ésta se

encamine a la recuperación y la rehabilitación individual y colectiva, o bien a pesar de las

mismas en caso existan, en su ausencia la desnutrición tenga como salida lógica la

cronicidad con todo y sus secuelas hasta llegar a la invalidez y-o la muerte.

La desnutrición se presenta ya en etapas avanzadas como una enfermedad (aunque algunos

no la consideran como enfermedad sino como fenómeno social) principalmente en la niñez,

comprendida entre los cero y los cinco años de edad. Los de cinco a nueve años, y los de

diez a catorce sufren las secuelas de la desnutrición que padecieron en etapas previas de

su vida, en donde entre otras secuelas irreversibles se destacan: la disminución significativa

de su talla, y sobre todo sus potencialidades intelectivas, mentales, físicas, fisiológicas,

psicomotoras y sociales, agravando así las limitaciones significativas a las posibilidades de

su desarrollo integral como persona humana de manera permanente para el resto de su

vida.

Es necesario resaltar la profunda e indispensable interrelación, entre el desarrollo cerebral

del ser humano y la nutrición, hecho que se desprende desde el mismo sentido común, hasta

su plena demostración científica la cual llega a establecer que el desarrollo cerebral

depende de factores genéticos, ambientales en donde se destaca todo lo referente a las

etapas preconcepcionales, el embarazo con cuidados adecuados, disponibilidad de

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nutrientes para el desarrollo embrionario y fetal, lactancia materna adecuada, estimulación

temprana y una nutrición óptima desde los primeros años de vida. (Tomado de: La

Nutrición y el Desarrollo del Cerebro del Dr. Regino Piñeiro Lamas, Nuevo León México,

Octubre 2013).

En la misma fuente se resalta que el peso del cerebro al nacer equivale al 25% de su peso,

al cumplirse el primer año de vida el cerebro adquiere el 50% de su peso, alcanzando el

75% cuando se cumple el segundo año de vida, llegando a adquirir el 90% al cumplirse el

tercer año quedando por alcanzar el 10% restante a partir de los cuatro años.

La situación descrita hay que relacionarla con el hecho de que la drasticidad de la

desnutrición en Guatemala se focaliza principalmente en la niñez menor de cinco años

dejando daños irreversibles principalmente en el crecimiento del cerebro, así como en el

desarrollo de sus funciones.

La desnutrición también afecta a las mujeres embarazadas en donde el complejo

desnutrición-embarazo-infección también, constituye una de las causas básicas y

fundamentales de la mortalidad materna, a través de la creación de condiciones para que el

desarrollo de las complicaciones inherentes a los procesos infecciosos principalmente

durante el embarazo el parto o el puerperio se instalen y actúen con mayor drasticidad.

Además la desnutrición en la madre durante el embarazo se agrava, pues el feto para su

crecimiento y desarrollo se nutre a expensas de las reservas proteicas, calóricas y otros

nutrientes de la madre quien al sobrevivir o sea la madre lactante, sino supera su situación

nutricional adversa, su salud se deteriora de manera significativa introduciéndole mayores

grados de susceptibilidad ante otras agresiones patológicas que se le presenten.

La desnutrición está presente en menor escala en la población adulta, la cual se focaliza

principalmente en la población campesina y otros grupos poblacionales sometidos a la

pobreza-pobreza extrema, incidiendo de manera negativa en el desempeño de la fuerza del

trabajo, y sobre todo contribuye de manera significativa al hecho de que el desarrollo de

esta fuerza como componente esencial de las fuerzas productivas no se dé según las

exigencias del desarrollo propio del país.

Sobre la base del hecho de la sobreexplotación sustentada en el racismo para la justificación

y aplicación de las relaciones de producción capitalistas, expresadas en los salarios injustos

e inhumanos, la ausencia de programas de protección social y las prestaciones laborales que

sufre la mayor parte del campesinado, así como la población que se desempeña como

fuerza de trabajo en otros espacios productivos, a partir de la subalimentación crónica que

padece consume de manera permanente sus reservas calóricas y proteicas, así como la de

otros nutrientes, pues su alimentación cotidiana no les aporta lo qué requiere y necesita, la

salud en general de la mayoría de la población guatemalteca es precaria, por lo tanto la

misma es susceptible de complicaciones que la llevan a la invalidez y la muerte. En ese

sentido la desnutrición contribuye de manera significativa a la baja expectativa de vida al

nacer que prevalece en el país.

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La desnutrición es una causa básica o fundamental de la mortalidad de la niñez menor de

cinco años, la cual en Guatemala en términos generales se expresa en alrededor de la mitad

de las muertes que ocurren en el país cada año (excluyendo de este cálculo a las muertes

causadas por la violencia criminal). Esta situación se presenta así, pues la desnutrición en si

misma se complica principalmente a partir de cualquier proceso infeccioso que se instale en

la niñez que la sufre, pues las infecciones según su naturaleza, de por sí solas consumen las

reservas proteínicas y calóricas que le queden al desnutrido, hecho que a su vez crea las

condiciones para que la letalidad (indicador que se utiliza para medir el riesgo a morir por

determinada enfermedad) de la desnutrición y la de los procesos infecciosos sea mayor, por

lo tanto el impacto negativo que el país sufre es inmedible. En ese sentido, la demanda de

atención médica por desnutrición resulta ser el principal motivo de consulta, hecho que en

Guatemala en los servicios de salud pública aunque en el mejor de los casos se

diagnostiquen, ésta tiene poco registro y por lo tanto la magnitud del daño se disfraza y se

esconde.

La magnitud del problema nutricional en Guatemala fue establecido con mayor precisión

en 1968 a través de la Encuesta Clínico Nutricional de Centro América desarrollas por el

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá INCAP, organismo perteneciente a la

Organización Panamericana de la Salud OPS, el cual a su vez pertenece a la Organización

Mundial de la Salud de las Naciones Unidas. Esta encuesta identificó, que la población de

cero a cinco años en Guatemala padecía de algún grado de desnutrición, la cual afectaba al

81.6% de la niñez correspondiente a ese grupo etario, correspondiéndole: al grado I el 51%

o sea la niñez que deambula y trabaja en las calles, esquinas, cruce de vías, carreteras,

caminos y veredas, conocida como el niño delgado, quien en Guatemala es parte del

paisaje, al grado II el 25%, este grado de avance le corresponde al niño con desnutrición

más avanzada, hecho que lo obliga a demandar atención médica por cualquier complicación

de la desnutrición que sufra y al grado III el 5.6% o sea el más grave, por lo tanto como

consecuencia de este grado de deterioro de su situación nutricional está condenado a morir

por desnutrición, como causa básica o fundamental. La encuesta también identificó como

enfermedades nutricionales a las anemias por falta de hierro, la hipovitaminosis A, la

hiporiboflavinosis y el bocio endémico.

Dentro de ese contexto, en Guatemala más de la tercera parte de recién nacidos a término, o

sea los que son producto de embarazos de nueve meses de gestación tienen un peso y una

talla al nacer inferior al establecido dentro de los parámetros aceptados por las Naciones

Unidas. En ese sentido se señala que existen publicaciones que mezclan esta realidad al

confundirlos con quienes nacen de manera prematura.

Actualmente, organismos especializados sobre la materia han cambiado algunos parámetros

para el diagnóstico clínico de la desnutrición para luego hacer los análisis epidemiológicos

de la situación nutricional, los organismos internacionales especializados en referencia

reducen el problema a lo que ellos llaman “desnutrición crónica”. Sin embargo aunque

estos y él sistema se empeñen en esconder la realidad, la magnitud del daño en Guatemala

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es de tal extremo, que a la misma los cálculos más conservadores le asignan una incidencia

y prevalencia, de alrededor del 50% de la niñez guatemalteca, sufre de desnutrición, lo

cual equivale a más de 1.5 millones entre niñas y niños desnutridos.

III. Raíces sistémicas de la desnutrición.

La desnutrición como fenómeno social y económico con las repercusiones clínicas y

epidemiológicas que tiene en Guatemala se puede decir, que es el resultado de la

“explotación del hombre por el hombre”, por lo tanto resulta ser “el rostro humano del

capitalismo en Guatemala”.

En Guatemala principalmente la desnutrición tal y como se presenta en estos momentos

tiene raíces coloniales, es decir que ésta no existía antes de la implantación del sistema

colonial el cual no solo es el punto de partida de los factores que la determinan y la

condicionan, sino también de su instalación y efectos. En ese sentido se puede señalar que

es posible que la desnutrición pudiera haberse presentado, y si así se dio no se desarrolló

con las características, magnitud y trascendencia que ésta tiene hoy en el país.

El médico y sociólogo chileno Alejandro Lipshutz en su libro El Problema Racial en la

Conquista de América destaca, que en una de las cartas que Cristóbal Colón le envía a la

Reina Isabel de España le relata la sorpresa que a éste le causa la talla y la corpulencia que

observó en la población que habitaba estas tierras previa a la llegada de ellos, pues según

parece Colón escribió “su tamaño y su fuerza de cada uno de ellos es superior a la dos de

cada uno de nosotros”. En ese sentido basta con hacer referencia al origen de los primeros

hospitales fundados en Guatemala durante la colonia, los cuales según la historia de la

medicina guatemalteca los objetivos de su creación se centraban en la recuperación

alimenticia del colonizado “como su comida es poco, son para poco”, “éstos se crean

para darles de comer a los tristes indios” (se cita a Fuentes y Guzmán y a Remesal como

historiadores de la colonia).

El capitalismo al fundamentarse en la explotación del hombre por el hombre, la voracidad

para la apropiación y acumulación privada de la riqueza nacional, y últimamente en su fase

neoliberal, en donde se da el hecho de que la transnacionalización del proceso descrito se

impone según las reglas del juego que el Estado guatemalteco monoclasista, etnocéntrico y

patriarcal establece como garantías a la imposición de los intereses y privilegios de las

clases dominantes, es el responsable único de la pobreza y la pobreza extrema que se vive

en Guatemala y por lo tanto de la desnutrición que sufre la población.

Paradójicamente y con la carga de ironía que esto conlleva, es a partir de los programas

clientelares y demagógicos, que hoy impulsan los gobiernos, los hambreadores del pueblo a

partir de los negocios privados y monopólicos de la producción, distribución, mercado y

consumo de alimentos de origen animal y vegetal, son los principales beneficiados de

programas como el de “hambre cero y las bolsas seguras” pues ellos le venden al gobierno

a gran escala todos los productos alimenticios que los programas consumen. El gobierno a

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su vez como ya se señaló prioriza el uso clientelar y manipulador de esos programas, en vez

de impulsar el desarrollo económico y social que el país necesita para alcanzar el buen

vivir.

El proceso de deterioro y agotamiento del modelo económico guatemalteco dentro del

sistema neoliberal.

El agotamiento del modelo económico de Guatemala sustentado en la producción de

materias primas casi con exclusividad para la agroexportación y la acumulación de capital

sobre la base de la sobreexplotación del pueblo a partir de salarios por debajo del salario

mínimo nacional, impunidad y garantías para la especulación de los precios de los

productos de la canasta básica en general y la canasta alimentaria en particular, los

privilegios tributarios y fiscales, en donde las exenciones tributarias están a la orden del día,

la impunidad para la evasión y defraudación fiscal y tributaria, y sobre todo la especulación

financiera alrededor de las tasas de interés y principalmente el proceso de acumulación de

capital como componente esencial del negocio que genera la deuda pública interna por

medio de los bonos del tesoro, a través de los monopolios bancarios, tanto nacionales como

transnacionales garantizan en su conjunto, que el crecimiento económico del poder

económico oligárquico nacional y transnacional se dé a expensas del casi nulo crecimiento

económico real del país, así como la práctica de la corrupción a partir de la apropiación de

capitales provenientes del Estado especialmente expresados en los diferentes negocios entre

lo público y lo privado, y lo que le corresponde al lavado de dinero.

El modelo económico en términos generales -como ya se ha anotado- no ha sido capaz de

crear las condiciones mínimas para el impulso permanente del desarrollo de las fuerzas

productivas del país; más bien, a la potencial fuerza del trabajo la mantiene como reserva

de mano de obra barata y bajo control sobre la base de la exclusión económica, social,

política y cultural, en ese sentido se destaca que del cien por ciento de la población

económicamente activa, escasamente el treinta y tres por ciento tiene trabajo fijo, y este si

se tiene, se da con los grados de estabilidad, prestaciones y protección social relativos que

el Estado y el sistema garantizan en Guatemala; de esa tercera parte la iniciativa privada, o

sea el empresariado (clases dominantes) en general apenas llegan a generar el quince por

ciento de las fuentes de trabajo, y el Estado como fuente generadora de trabajo ha perdido

su capacidad de manera significativa, pues a través de las políticas neoliberales de ajuste

estructural, el Estado ha sido reducido a su mínima expresión, sobre todo a partir de la

apropiación privada de sus funciones y servicios públicos rentables a través de la alianza

público-privada establecida dentro del mercantilismo neoliberal,

En varias publicaciones de prensa y en las redes sociales basados en la Encuesta Nacional

Agropecuaria del año 2008 (ENA) se ha destacado que en Guatemala en el área rural

existen dos sistemas de producción agrícola, uno con grados de modernidad aceptables

ubicado en la Costa Sur Occidental como zona agroindustrial que opera en alrededor de

cinco departamentos 24.0% del total de departamentos del país (Retalhuleu, Suchitepéquez,

Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa) en donde se desarrolla principalmente la producción

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industrial de azúcar de caña cuyo volumen en un porcentaje elevado está destinado a la

exportación, y el otro sistema al estilo colonial y por lo tanto atrasado se focaliza

principalmente en seis de los veintidós departamentos del país (Guatemala, parte de

Retalhuleu, Izabal, Baja Verapaz, Alta Verapaz y Huehuetenango) o sea, que esta situación

se da en el 27.7 % de los mismos.

El sistema “moderno” no ha sido capaz de generar dentro del contexto del desarrollo de las

fuerzas productivas del país al proletariado agroindustrial, en ese sentido hay que señalar

que la mayor parte de la fuerza de trabajo contratada para esta actividad económica

solamente trabaja en las épocas de cosechas o sea en las zafras azucareras (éstas duran

solamente seis meses al año) como cortadores y cargueros de la caña de azúcar, y las

condiciones de trabajo apenas cubren el salario mínimo de ley y sobre todo la desprotección

en materia de protección y seguridad social pues éstas son casi inexistentes para ellos y sus

familias, o sea que las hijas e hijos de estos trabajadores están desprotegidos, además en los

últimos años a los trabajadores temporales cubiertos por la seguridad social se les ha

aumentado de manera significativa el tiempo “mínimo” para el uso de sus prestaciones para

entrar a la situación de retiro.

El identificado como “atrasado” conserva y opera dentro del sistema feudal de producción

sobre la base del colonato de origen colonial, sustentado en las relaciones de trabajo que

aún se rigen dentro de las relaciones colonizador – colonizado, en donde el patrono

(heredero del colonizador) impone el monto y la forma de pago por el trabajo, ya sea que

éste se de en dinero en efectivo por debajo del salario mínimo, o bien en especie, el mozo

colono (el colonizado) tiene que aceptar cualquier modalidad de pago, pues además se le

asigna un pequeño terreno dentro de la finca para vivir y poder sembrar granos básicos para

su sobre vivencia. En este sistema como parte de los resabios coloniales y feudales el hecho

de poder vivir dentro del territorio de la finca, no en pocas ocasiones al mozo colono y a su

familia se les considera por el finquero como parte del patrimonio de la finca, o sea

propiedad del patrón.

La estructura agraria en lo fundamental se sustenta en la existencia y reproducción del

latifundio y el minifundio, en donde en el primero la concentración de la mayor parte de

las tierras aptas para la agricultura está en manos de la oligarquía terrateniente la cual no

llega a constituir el 5% de la población guatemalteca, en ese sentido hay que destacar que la

oligarquía en gran medida no puede demostrar el hecho de tener certeza jurídica sobre la

propiedad de la tierra extendida por el Registro de Identificación Catastral RIC, y en el

segundo o sea el minifundio éste está conformado por pequeñas extensiones de tierras de

sobrevivencia, en donde habita la gran mayoría de la población guatemalteca ubicada en

esas micro extensiones territoriales (si así se les puede llamar) no aptas para la agricultura,

sobreviviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema, sufriendo y soportando a la

desnutrición de manera centenaria con las características descritas.

Medios de prensa han divulgado situaciones alarmantes acerca de la situación descrita,

recientemente Prensa Libre (uno de los principales medios escritos del país) citando como

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fuente a la Secretaría de Seguridad Alimentaria SESAN del gobierno central, publicó que

95,121 familias que habitan en lo que se denomina como el Corredor Seco, el cual

comprende en su parte oriental a los departamentos de Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, El

Progreso y Zacapa, y en su parte occidental a los departamentos de Baja Verapaz y Quiché

y el norte del departamento de Guatemala, no contarán ni tendrán acceso a granos básicos

por las malas cosechas ocasionadas por el cambio climático y el agotamiento productivo de

las tierras las cuales son de mala calidad. En ese sentido es de resaltar la unicausalidad

mediante la cual la SESAN se explica la situación, solamente significa la evasión

consciente, racional y voluntaria para el ocultamiento y negación de las raíces estructurales

e históricas, que han determinado en términos económicos, políticos y sociales de la

situación descrita.

A su vez la misma publicación señala que como consecuencia inmediata al problema

ocasionado por la Roya del Café alrededor de 50 mil familias campesinas se integrarían al

contingente poblacional que carecerá de granos básicos y por lo que demandarán

intervenciones urgentes, profundas, eficientes y eficaces de parte del Estado. También

señala la publicación que en el año 2013 alrededor de 933,171 familias no tuvieron acceso a

los productos alimenticios indispensables para su nutrición y alimentación.

Ante esa situación la misma SESAN señala la falta de presupuesto (dejando intactas las

raíces estructurales) para enfrentar y resolver la problemática, hecho que se agravará al no

ser aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Estado pare el año 2014. Sin

embargo, contrastando con la situación dentro de las gestiones de ampliación

presupuestaria que el organismo ejecutivo presenta al organismo legislativo, actualmente ni

siquiera se mencionan las necesidades y exigencias que la situación nutricional de

Guatemala y sobre todo, que la misma demanda las intervenciones estatales del caso, para

que al menos sirvan de paliativos iniciales para superar la cruda realidad.

La situación descrita es el factor determinante de las migraciones de compatriotas

pertenecientes la mayor parte de ellos y ellas a la población indígena, históricamente

descendientes de familias que por varios siglos han sido mano de obra barata o sea sobre

explotada, la mayoría constituida por la población adulta joven así como jóvenes

adolescentes con residencia rural, y contando como potencialidades de formación,

educación y capacitación solamente a las experiencias obtenidas a partir del trabajo manual

en la agroexportación, la industria de la construcción, y sobre todo como “animal de

carga” en bodegas, puertos, mercados para el acarreo de productos y otros más en

condiciones de sobreexplotación, con contratos temporales, sin capacitaciones y sin

ninguna prestación y protección social. Una de las principales características componentes

del agotamiento y fracaso de este modelo económico se expresa en el hecho de que las

remesas de divisas que los migrantes guatemaltecos ilegales envían al país, son

significativamente superiores a las divisas que aportan las exportaciones propias del

modelo descrito a la economía del país, las remesas de los “mojados” llegan a superar el

10% del PIB guatemalteco.

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El modelo económico neoliberal implantado, agudiza el uso irracional y despiadado de la

fuerza de trabajo casi a expensas de la población indígena para el trabajo exclusivamente

agrícola, sobre la base del modelo agroexportador que se impone. Este modelo, como ya se

ha señalado con anterioridad sobre la base de sus raíces coloniales, ha generado sus propias

condiciones de continuidad, las cuales ya en los primeros cincuenta años de la recién

fundada República de Guatemala, y sustentada en la acción represiva del también recién

fundado Ejército Nacional (heredero histórico del ejército de ocupación español), da los

saltos cualitativos correspondientes, y para el efecto ejecuta los primeros despojos y

expropiaciones de tierras en la Boca Costa del Pacífico pertenecientes a los pueblos

indígenas, hecho que da origen en 1871, ya en la llamada “vida independiente”, a la

continuidad de las prácticas coloniales concretadas sobre la base de los despojos de tierras y

desplazamientos masivos de población indígena a tierras sin vocación agrícola, en donde

son confinados como reserva de mano de obra barata, especialmente para su uso en las

épocas de cosecha de los productos destinados a la agroexportación.

Diferentes organizaciones de pueblos indígenas a este hecho de la historia lo identifican

como el “segundo holocausto, ya que el primero fue la conquista española y la vida

colonial, el tercero la represión contrainsurgente y el cuarto la represión que el Estado

actualmente ejecuta en contra del pueblo en tiempos de paz”.

Al ser desplazada la población, el desarraigo resultante de la misma determina que ésta

sufra agresiones socioculturales las cuales inciden directamente en la situación de salud y

nutrición ya descritas, hecho que la obliga de alguna manera a modificar sus prácticas

económicas, sociales y algunos rasgos y elementos culturales. La práctica política no la

pierden, pues su concreción sustentada en la esencia de la cultura se realiza bajo diferentes

formas de clandestinidad, manteniendo así viva a la autoridad histórica, y el ejercicio de la

misma ejercida dentro de las competencias establecidas permite durante casi cinco siglos el

mantenimiento de la identidad, tradiciones y costumbres. Esta situación en sí misma

significa en la práctica histórica concreta, una forma heroica y con características inéditas y

muy particulares en lo que se conoce como la lucha popular.

Las pugnas y enfrentamientos armados entre liberales y conservadores en la segunda mitad

del siglo XIX y los primeros cuarenta y cuatro años del siglo XX, continúan con la

concreción de componendas entre las cúpulas de poder, hecho que en términos del

desarrollo histórico del país hace que fracasen en momentos diferentes los alcances y

perspectivas de la reforma liberal en 1871, y la derrota del modelo democrático, reformista

e independiente en 1954, con el derrocamiento del Presidente Jacobo Arbenz Guzmán

como consecuencia de la intervención del imperialismo yanquee y la complicidad de las

oligarquías liberales y conservadoras y sobre todo de los altos mandos del Ejército

Guatemalteco.

Como medidas de sobrevivencia como clase dominante y sobre la base de privilegios y

acumulaciones de capital a partir de las migajas que les dan las transnacionales (las migajas

representan para la oligarquía y los operadores gubernamentales el acceso y acumulación

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de grandes capitales), hecho que ha permitido la gran acumulación de capital a las clases

dominantes guatemaltecas que constituyen el poder económico y político, hacen que la

independencia económica del país sea aún un sueño. Esta situación les ha limitado a las

clases dominantes guatemaltecas el hecho de desarrollarse como tal, por lo tanto no pueden

jugar el papel importante que sus homólogos han jugado en otros países del mundo

capitalista desarrollado, o sea que en un proceso que lleve a alcanzar la independencia

económica, política y social del país, a todas luces las clases dominantes guatemaltecas no

están dispuestas a jugar el papel que dentro del desarrollo histórico de la humanidad y

especialmente el correspondiente a Guatemala tendrían que jugar.

Los grupos oligárquicos haciendo uso pleno del Estado para el logro de sus objetivos, y con

las mismas actitudes de sumisión coloniales y a través de los diferentes gobiernos títeres,

entregan de manera irracional e incondicional a las grandes empresas transnacionales

extractoras de materias primas como la explotación minera y petrolera, a las generadoras y

distribuidoras de energía eléctrica con fines casi exclusivos para la exportación energética,

y sobre todo amplían la frontera agrícola para la producción y exportación de materias

primas para la producción de combustibles en los países industrializados, y de manera

solapada, oscura, antipatriótica e ilegal, además entregan el uso de la totalidad de la

capacidad instalada con la que el país cuenta en materia portuaria a las empresas

transnacionales que operan en el país, quienes para el efecto del éxito de sus operaciones

han conseguido que se privatice hasta la soberanía de las playas y las aguas territoriales,

en ese sentido, el caso de la empresa estatal “Empresa Portuaria de Puerto Quetzal” que

opera en las costas del pacífico es más que elocuente.

La situación descrita tiene como efectos inmediatos la continuidad de la apropiación

privada de tierras comunales y estatales, playas y mar territorial principalmente, por parte

de las empresas transnacionales que operan en el país. Ante esta situación el Estado, a

través de sus tres organismos sostiene y reproduce de manera arbitraria y antipatriótica las

fragilidades históricas existentes en el sistema de los registros catastrales y mercantiles.

Esta apropiación para su implantación, vigencia y reproducción ha generado e impulsado

nuevamente la criminalización y descalificación de sindicalistas, de alguna dirigencia de

consejos comunitarios de desarrollo entre otros, y sobre todo la ejecución inhumana y

despiadada de los desalojos y desplazamientos de población principalmente indígena y

campesina en los cuatro puntos cardinales del país.

Además de la expulsión de la población de su tierra y de su territorio, como consecuencia

directa del efecto destructor de la naturaleza que ésta modalidad económica genera, la

contaminación del ambiente a nivel de cielo, tierra, agua y aire es constante, el hecho que

en Guatemala la impunidad destructiva está garantizada por las grandes deficiencias y

vacíos existentes en la legislación ambiental, y reforzada a través de la legislación

específica en materia de energía eléctrica, minería, hidrocarburos y sobre todo la

inexistencia de la legislación agraria (Código Agrario) lo que determina que la

conflictividad agraria en los aparatos de justicia se maneje sobre la base del Código Civil.

La realidad se complica ante la inexistencia del marco regulatorio del desarrollo rural.

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La extensión irracional de la frontera agrícola para la producción de caña de azúcar (la cual

no está destinada al consumo humano para mejorar su alimentación y nutrición, sino para la

producción de su exportación como combustible), la palma africana y otros productos para

los bio combustibles, provoca la disminución significativa de la disponibilidad de

extensiones de tierra apta para la producción de alimentos de origen animal y vegetal

indispensables para garantizar la seguridad alimentaria, y a su vez ésta garantice la

disponibilidad, acceso y consumo de alimentos indispensables para la alimentación y

nutrición requerida de toda la población Guatemalteca.

En ese sentido vale recordar que a inicios de la década de los años setenta del siglo pasado

el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO estableció que

el valle del Polochic, (extensión territorial ubicada al norte del país en los departamentos de

Alta Verapaz e Izabal) potencialmente podría ser el gran productor de granos básicos para

la alimentación de Centro América: paradójicamente hoy ese mismo valle es uno de los

escenarios principales de la ampliación de la frontera agrícola con fines exclusivamente

agroindustriales, y sobre todo escenifica uno de los puntos con mayor conflictividad social

del país siendo a su vez una de las zonas sumidas en la extrema pobreza con la consecutiva

presencia de la desnutrición.

Sobre esa base el carente modelo económico no es capaz de garantizar la alimentación y

nutrición de la población guatemalteca, o sea la de la sociedad en general. Como estrategias

de compensación a la situación principalmente los gobiernos de Berger Perdomo, Colom

Caballeros y Pérez Molina se han afanando -y el último de estos se afana- en señalar que la

crisis no es ocasionada por el modelo económico, sino por los efectos del cambio climático

y las agresiones que la naturaleza impone a través de los desastres naturales, y que es

esta situación la que repercute directamente en la simbólica producción de alimentos, y por

lo tanto el resultado se traduce en el déficit significativo en la baja o escasa disponibilidad

de alimentos para uso y consumo humano a nivel nacional.

Sustentados los gobiernos en lo que se ha señalado la situación nutricional pretenden

subsanarla sobre la base de la caridad internacional a través de donaciones de países

amigos y especialmente con la intervención del Programa Mundial de Alimentos PMA. En

ese sentido es de señalar que éste programa existe para intervenir en contingencias

alimentarias, y no para sustituir las consecuencias negativas sobre la materia, causada en

este caso por el modelo económico guatemalteco; a esta situación hay que sumarle que los

recursos que provienen del exterior son usados con fines políticos y clientelares sobre la

base de la corrupción pública y privada.

En síntesis el modelo económico impuesto a partir de 1871 ya descrito, actualmente y salvo

pequeñas variaciones en cuanto a la diversificación de productos entre tradicionales y no

tradicionales, sobrevive y continúa vigente (sin embargo esto no quiere decir que no esté

agotado).

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Este hecho en la realidad guatemalteca se expresa en el bajo crecimiento real de la

economía del país, la persistencia de formas de acumulación de capital sobre la base de la

imposición de los privilegios descritos, el inexistente aporte del modelo al desarrollo

económico, social y político del país, el hecho de que las remesas traducidas en divisas que

envían al país las y los migrantes expulsados por la realidad (y que por eso obligadamente

abandonan la patria por falta de oportunidades), sea superior a las divisas que generan las

exportaciones tradicionales y no tradicionales y estas, las remesas a su vez representen más

del 10% del PIB, la no satisfacción de las necesidades básicas de la población guatemalteca

como el uso pleno de los derechos humanos de segunda generación como lo son el acceso a

la: educación, salud, vivienda digna, alimentación y nutrición según los requerimientos y

necesidades mundialmente aceptados, en síntesis que el “buen vivir” hace que cada día sea

una meta lejana para Guatemala, son los signos reales del agotamiento ya descrito.

Se suma a lo descrito el hecho de que en él neoliberalismo, la economía de mercado es uno

de sus pilares fundamentales, la cual se sustenta fundamentalmente en los principios

capitalistas de la propiedad privada, la libre empresa, la competitividad en base a la

liberación de precios en términos absolutos, la carencia y ausencia de los más elementales

principios éticos “el mercado no tiene ética”, en donde el consumidor (para este caso toda

la población que obligadamente como necesidad vital debe consumir productos

alimenticios) es visto únicamente como la demanda real y potencial del mercado de

productos esenciales para la vida, y como oferta el sistema presenta: limitaciones en

disponibilidad de alimentos en términos cualitativos y cuantitativos, especulación constante

en los precios de los mismos, pues su establecimiento es en sí un atributo exclusivo del

empresariado, por lo tanto el consumidor para poder adquirirlos tiene que pagar el precio

establecido en los precios dentro del mercado, y quien a su vez no goza de ningún derecho.

El derecho al consumo está implícito únicamente en la capacidad de pago que se tenga en el

momento de la compra.

En el neoliberalismo, el Estado juega el papel de brindar las garantías y privilegios plenos a

la economía de mercado, las cuales están establecidas en los principios y leyes económicas

del capitalismo principalmente en su fase neoliberal. Además de garante absoluto el Estado

juega el papel de neutralizador de las tensiones sociales que este modelo genera, en donde

además del proteccionismo, es el encargado de crear las condiciones sociales y políticas

para la reproducción del sistema, en ese sentido el Estado está obligado por los poderes

económicos nacionales y transnacionales a llegar a aplicar las medidas y acciones

represivas para su imposición, pasando previo a este extremo por el hecho de asumir los

costos económicos de la liberación de precios con medidas como los subsidios al

empresariado (el mejor ejemplo en la historia lo constituyen los subsidios al café, al azúcar

y al transporte urbano de la ciudad capital entre otros) y la aplicación de medidas de

contingencia en emergencias, así como de manera permanente institucionalizando la

evasión, elusión y hasta la defraudación fiscal y tributaria de parte del empresariado.

Como uno de los instrumentos diversionistas y neutralizantes en algún momento se crea la

Dirección de Defensa del Consumidor DIACO, institución adscrita al Ministerio de

14

Economía, la cual en términos institucionales es débil en su marco político, legal,

organizativo, alcances, eficiencia y eficacia. Su marco de acción en la cadena de precios se

centra en el distribuidor final, o sea al pequeño comerciante de tiendas y mercados

cantonales, a quienes se les aplica el peso de la ley existente en materia especulativa, la cual

es limitada, incompleta e inequitativa, pero a pesar de eso castiga a los últimos eslabones de

la cadena de precios identificada.

La Vice Presidenta de Guatemala en sus diferentes intervenciones sobre la materia

confirma lo señalado, pues a nivel mediático se demuestra que el gobierno actúa solamente

sobre el pequeño comerciante, en donde además de señalar que se le castigará si se continúa

con la especulación, los señala como los únicos responsables de los precios elevados,

eximiendo así de manera implícita a los grandes productores de alimentos, a los grandes

empresarios que monopolizan el almacenamiento y conservación de los mismos, a los

grandes acaparadores y distribuidores y a los intermediarios entre estos y el distribuidor

final.

La supuesta y demagógica negociación entre el Presidente e la República y los grandes

productores de huevos es más que elocuente, estos se comprometen a bajar simbólicamente

el valor de la caja de ese producto a nivel de las plantas productoras, dejando intactos los

demás eslabones de la cadena del establecimiento de los precios, y se deja la

responsabilidad plena a la DIACO para el control y sanción del pequeño comerciante, o sea

al vendedor final, en ese sentido hay que aclarar que para ciertos productos como la

producción avícola, quienes controlan la cadena de precios son los productores, pues ellos a

su vez son socios propietarios de las instancias implícitas en la cadena del mercado.

Siempre sobre la base de la especulación de precios sobre la canasta básica alimentaria fue

evidente la tolerancia cómplice del gobierno, al justificar a través de los ministerios de

Economía y el de Agricultura Ganadería y Alimentación el alza significativa de los precios

de la carne vacuna, a través de asumir de que el contrabando de la misma para su

exportación clandestina era incontrolable. Es de señalar que el precio final de esos

productos alimenticios subió en el mercado hasta tres o cuatro veces sobre el precio que

tenían antes del supuesto contrabando.

El Ministerio de Economía (MINECO), así como la Superintendencia de Administración

Tributaria (SAT) son cómplices encubiertos de la especulación, el MINECO al protegerla y

crear los mecanismos de impunidad tanto para la especulación de precios como para

favorecer el contrabando (defraudación aduanera) en las exportaciones de alimentos. La

SAT al concretarse únicamente a su función recaudadora, tolerando que las empresas

privadas gestoras de aduanas, las compañías navieras en los puertos y las aerolíneas en los

aeropuertos sean las que lleven el control de lo que se exporta, elaborando para el efecto los

manifiestos de la carga correspondiente a la mercadería a exportarse, y sobre esa base le

entregan a la SAT el monto de los impuestos que supuestamente les corresponde pagar a

los exportadores.

15

La situación descrita se hace más compleja pues especialmente en las exportaciones por la

vía marítima existe la categoría de “contenedores fuera de manifiesto”, así como las

restricciones de comprobación de contenidos a los contenedores refrigerados. Esta

dinámica de las exportaciones e importaciones en general y de alimentos en particular es

una de las determinantes de la escasez de alimentos como oferta en el mercado interno de

alimentos para el consumo nacional.

Incidencia de la represión en la situación de desnutrición.

En cualquier país del mundo que no sea Guatemala, el hecho de encontrar alguna relación

entre represión y desnutrición se correspondería a un ejercicio estéril y por lo tanto fuera de

lugar. Sin embargo las consecuencias desestabilizadoras que conlleva el tipo de represión

en contra del pueblo que se sigue aplicando en Guatemala principalmente sobre la

población campesina, sí crean en su seno las condiciones de desestabilización e inseguridad

económica, social y política, las cuales por las consecuencias ocasionadas por los

desplazamientos y desarraigos, éstos inciden directamente sobre la situación de

alimentación y nutrición y sobre las características inherentes al desarrollo del proceso de

salud y enfermedad que sufren las comunidades desalojadas, desplazadas y desarraigadas.

En tiempos de paz la modalidad represiva que se aplica como parte de las garantías que el

Estado le da a la imposición de los intereses y privilegios de las clases dominantes, y sobre

todo en cuanto a las que se corresponden frente al agotamiento del modelo económico

descrito, para los efectos de su prolongación en el tiempo la represión vuelve a ser uno de

los pilares fundamentales de esas garantías, pues hay que recordar que el mismo para su

implantación e imposición inicial contó dentro de sus componentes estratégicos con la

represión en contra del pueblo, y sobre todo, cuando consideraron que las luchas políticas y

sociales desarrolladas a partir de la lucha armada lo ponían en riesgo.

En ese sentido la situación actual del modelo económico neoliberal y sobre todo para

garantizar su sobrevivencia, los grupos de poder recurren de manera urgente y desesperada

a la implementación y ejecución de esta modalidad represiva en tiempos de paz, a través de

la alianza público - privada en materia represiva, constituida por el Ejército de Guatemala,

la Policía Nacional Civil y los aparatos de seguridad privada que como empresas privadas

(grupos armados) brindan servicio de seguridad a la llamada iniciativa privada.

Esta modalidad represiva salta a la luz pública en tiempos del gobierno de Oscar Berger

cuando en el mes de febrero de 2004 la fuerza pública con respaldo de los aparatos de

seguridad privados ejecutan un desalojo violento y represivo en contra de familias

campesinas que habitaban tierras que aparentemente pertenecían la familiares del Señor

Presidente de la República en la Costa Sur guatemalteca.

Posteriormente a finales de Agosto de ese mismo año se ejecutó el desalojo de campesinos

que residían en la Finca Nueva Linda ubicada en el municipio de Champerico del

departamento de Retalhuleu en la costa sur-occidental del país, en esta oportunidad los

16

resultados de este hecho reportaron en el seno de la población campesina: desapariciones

forzadas de dirigentes, heridos y muertos dentro de las y los habitantes de la finca

mencionada, en este desalojo a través de los medios de prensa y las pruebas presentadas por

las organizaciones campesinas demostraron las coordinaciones operativas que efectuaba el

gobernador departamental de Retalhuleu para garantizar la efectividad de la participación

combinada de fuerzas de la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y elementos

integrantes de los aparatos de seguridad privados de la finca. Esta situación de manera

pública la minimizó el presidente Berger sobre la base que “él confiaba en el gobernador

departamental porque habían estudiado juntos en el colegio”.

Ya en el gobierno de Álvaro Colom también desde sus inicios, en Febrero del 2008 se

desalojaron campesinos que habitaban con la correspondiente autorización municipal en

una finca de propiedad de la Municipalidad de Livingston (departamento de Izabal), pero

que una persona individual reivindicaba ser la propietaria de la misma. Este desalojo

también represivo a pesar de la neutralización mediática, públicamente se conoció con los

resultados obtenidos, como las capturas de dirigentes campesinos, la persecución de parte

de la fuerza pública a la población campesina desalojada, el abandono a su suerte de la

población desalojada, y el no esclarecimiento sobre la legitimidad o no de la parte

demandante pues ésta nunca demostró la certeza jurídica sobre dicha propiedad en el

Registro de Identificación Catastral RIC; lo cierto es que esta acción también se ejecutó con

plena impunidad.

A finales de Agosto del 2009 los habitantes históricos de la Comunidad las Nubes del

Municipio de El Estor (departamento de Izabal) fueron desalojados por las fuerzas de

seguridad privada de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN contando para el efecto

con la presencia y anuencia de la Gobernadora Departamental de Izabal, así como con el

resguardo perimetral de la acción del desalojo a cargo de elementos de la Policía Nacional

Civil destacados según su naturaleza para el resguardo de la seguridad pública del

municipio de El Estor.

Los resultados reportados dan cuenta de un maestro del municipio muerto, la destrucción de

viviendas, siembras, templos y áreas de uso comunal, el desalojo y desplazamiento de la

población. A la gobernadora mencionada el gobierno de Colom solamente la cambió de

empleo y mediáticamente el hecho tuvo una cobertura discreta.

Durante el período de ese gobierno, la zona de operaciones de los desalojos represivos

abarcó también el Departamento de El Petén en el extremo norte del país, en las

intermediaciones del territorio ocupado por la Empresa Petrolera Perenco (de origen

franco-británico dedicada a la exploración y producción de petróleo) y el territorio

destinado al Mega Proyecto Cuatro Balam, todos ubicados en el extremo norte de ese

departamento. El resultado de los desalojos fue el desplazamiento masivo de familias

campesinas guatemaltecas hacia la hermana República de México, las cuales se ubicaron

principalmente en Tenosique municipio fronterizo con Guatemala; en esta oportunidad la

población guatemalteca desplazada estuvo sometida en territorio mexicano al asedio de sus

17

aparatos de seguridad, y la correspondiente presión militar en territorio guatemalteco

ejecutada por el Ejército de Guatemala en operaciones combinadas, las cuales a todas luces

responden a la táctica militar de yunque y martillo.

A mediados de Marzo del año 2011 en el municipio de Panzós del Departamento de Alta

Verapaz también al norte del país, se ejecutó el desalojo de catorce comunidades

campesinas (alrededor de 700 familias) que habitaban en terrenos que los dueños del

Ingenio Chabil Utz Aj reivindicaban como propios; este extremo no lo pudieron demostrar

los supuestos dueños, ya que el informe del Registro de Identificación Catastral RIC

demostró lo contario, sin embargo el desalojo se ejecutó “dentro de la ley” con la

participación de fuerzas combinadas de la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala

y los aparatos de seguridad privada del ingenio.

El resultado del desalojo según documentales audio visuales elaborados in situ por

organizaciones campesinas fueron: un campesino muerto, varios heridos, persecución y

desplazamiento de la población campesina, destrucción de viviendas, quema y destrucción

de siembras y cosechas pertenecientes a la población desalojada, repitiéndose así las

técnicas de la tierra arrasada usadas en su momento por la contrainsurgencia; dentro de los

documentales se encuentran evidencias de conversaciones telefónicas entre el gerente del

ingenio y el Ministro de Gobernación de ese entonces.

Ante este hecho y sustentada en los tratados internacionales sobre los derechos humanos de

la población desalojada, de los cuales Guatemala es signataria, la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos dictó medidas cautelares y de resarcimiento en favor de la población

desalojada, medidas que las autoridades responsables sobre esa materia en el gobierno de

Colom, así como, en buena medida la Procuraduría de Derechos Humanos de ese entonces

no realizaron las diligencias correspondientes. En lo que lleva de gobierno Otto Pérez no se

han concretado integralmente las medidas establecidas por ese organismo internacional.

Para entender mejor la situación se resalta el hecho de que el incremento de la cantidad de

los efectivos del Ejército Nacional, así como el esquema de organización, ubicación y

dislocación de sus fuerzas en el territorio nacional que se inicia precisamente durante el

período de Álvaro Colom bajo el pretexto del combate a la narcoactividad, en la práctica

no se dio así, pues las zonas de operaciones de la narcoactividad que diferentes gobiernos

públicamente han divulgado no se corresponden con las zonas principales de ubicación y

dislocación de las tropas en referencia.

En ese sentido se hace necesario resaltar que el incremento de tropas del Ejército de

Guatemala y la dislocación de las fuerzas castrenses desde ese entonces, se concentra en las

zonas establecidas como de alta conflictividad social pues es precisamente en esas zonas

en donde se están imponiendo los proyectos de extracción petrolera, minera, los

correspondientes a la generación de energía eléctrica y la ampliación de la frontera agrícola

con fines agro industriales y otros mega proyectos; por lo tanto el incremento de tropas, su

ubicación e intervención no van dirigidos al combate a la narcoactividad, sino al resguardo

18

territorial de los intereses económicos de las empresas transnacionales que operan en las

regiones bajo resguardo del Ejército Nacional, el cual participa combinadamente con la

Policía Nacional Civil y los aparatos de seguridad privados que le brindan protección a

las diferentes empresas en referencia.

Sobre la base de lo señalado hay que resaltar que en esas vastas regiones del país

precisamente es en donde se encuentran según los mapeos epidemiológicos las más altas

tasas de incidencia y prevalencia de desnutrición en la niñez, la que de acuerdo a sus

características clínicas y epidemiológicas sufren las y los adolescentes y las y los adultos.

En ese sentido es necesario insistir que la agresión y violencia de la acción represiva de

manera directa aplicada en contra del pueblo que la sufre en términos generales se centra

en la población mayoritariamente adulta, y los efectos inmediatos al desalojo represivo

como la destrucción de siembras y viviendas, así como la implantación en tiempos de paz

del terror afectan a la totalidad de integrantes de las familias campesinas, las cuales en su

composición cuentan en su seno con un promedio mínimo de tres a cuatro niñas y-o niños

menores de cinco años.

El Estado como ya se mencionó luego de ejecutado el desalojo deja a las familias

integrantes de las comunidades desalojadas en el total, inhumano, despiadado e injusto

abandono, o sea se les deja a que su sobrevivencia sea producto de la lluvia del maná del

cielo. En ese sentido se insiste en que los deja sin tierra donde vivir y sobrevivir, y por lo

tanto su alimentación y nutrición está sujeta a la solidaridad que otras comunidades

igualmente sumidas en la pobreza y la pobreza extrema les brinden, así como a las

bondades que la naturaleza les proporcione, por lo tanto la consecuencia lógica es que los

indicadores de desnutrición en Guatemala en vez de tener perspectivas de disminución, su

tendencia sea de incremento.

IV. Otros factores que inciden sobre la desnutrición.

Dentro del análisis epidemiológico del proceso salud-enfermedad, se identifican los

factores que intervienen en el rompimiento de los equilibrios que deben mantenerse dentro

de ese proceso, por lo tanto al interactuar los factores determinantes y condicionantes,

estos hacen que se rompan los equilibrios mencionados por su interacción e incidencia.

A manera de recordatorio se menciona que son factores determinantes (ya identificados en

el numeral III) del proceso salud-enfermedad aquellos que en lo fundamental actúan de

manera directa y permanentemente en la creación de las condiciones psico-bio-sociales

para el rompimiento del proceso salud-enfermedad, que para el caso que nos ocupa se trata

de “la desnutrición que se vive en Guatemala”.

En síntesis son factores determinantes: la estructura agraria, el modelo económico

neoliberal, el despojo de la tierra para la ampliación de la frontera agrícola para la

implantación y desarrollo de la agroindustria para los bio combustibles, la apropiación

privada de la tierra y el territorio para la exploración y explotación minera, de

19

hidrocarburos y el sistema de generación y distribución de la energía eléctrica, la

imposición de megaproyectos de infraestructura y el turismo como el proyecto IV Balam

en él Petén y otros, estos factores de inmediato crean el despojo de tierras, la expulsión de

la población sobre la base de los desalojos, los desplazamientos y el desarraigo de las

poblaciones.

También son factores determinantes: los bajos salarios pues el salario mínimo no cubre el

costo de la canasta básica de alimentos, así como el hecho de que al ritmo de incremento

salarial establecido por diferentes gobiernos lleva a que en Guatemala escasamente cada

veinte años se pueda duplicar ese salario mínimo, las condiciones de trabajo para la

población sobre explotada, y como ya se señaló anteriormente la política especulativa de

precios principalmente los alimenticios que con plena impunidad y bajo el proteccionismo

del Estado imponen los grandes expendedores y distribuidores nacionales y

transnacionales, así como la tolerancia cómplice para el contrabando para la exportación de

alimentos de origen animal, el cual no solo disminuye la disponibilidad de los mismos para

el consumo nacional, sino que es una de las causalidades y a la vez excusa para la subida

exagerada e incontrolada de los precios, por lo tanto la plena inexistencia de la seguridad

alimentaria.

Son factores condicionantes aquellos que contribuyen de manera complementaria a la

instalación del proceso de enfermedad, o sea que no necesariamente tienen que existir ni

actuar para que en el caso que nos ocupa se desencadene la instalación de la desnutrición.

Para los efectos de orden práctico se identifica: La situación sanitaria del país y el precario

saneamiento ambiental como: los servicios públicos de agua potable, disposición de

excretas y otros desechos, la falta de vivienda digna. También son condicionantes la

situación educativa en Guatemala el presupuesto del Estado para la educación escasamente

llega al 3.5% del PIB, la falta de fuentes de trabajo de la totalidad de la población

económicamente activa solamente el alrededor de la tercera parte tiene trabajo permanente,

la falta de condiciones y recursos para mantener grados aceptables de equilibrios psico-

sociales tanto a nivel individual como en el colectivo.

Es de resaltar además de lo señalado que dentro de los condicionantes también se destacan:

la inexistencia de un sistema nacional de salud y dentro de este un modelo de atención en

salud que sea capaz de satisfacer la demanda de servicios de parte de la población en todos

los niveles de atención, los cuales deberían regirse por la también inexistente política

nacional de salud, hechos que se reflejan en la ausencia de planificación integral de la salud

a nivel nacional, se suman a los anteriores el deterioro crónico e histórico de la capacidad

instalada de los servicios públicos de salud a cargo del gobierno central, así como la

ausencia de coordinación entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El presupuesto que el Estado le asigna a la

Salud Pública no llega al 3% del PIB. La prevalencia de un modelo de atención que a su

vez reproduce el sistema y los procesos de determinación social de los problemas

existentes, siendo este basado en la modalidad público-privada de la atención, la

20

focalización y oferta de “paquetes básicos de servicios”, con características excluyentes, de

inequidad y limitación evidente del ejercicio de la salud como derecho de parte de la

población, además de su enfoque biologista, individual y curativo, este último poco factible

de abordar en el caso específico de la desnutrición.

El alto índice de ruralidad del país y las precarias condiciones de vida del medio urbano

hacen que la gran mayoría de la población guatemalteca no tenga condiciones psico-bio-

sociales para su sobrevivencia. En algunos medios urbanos focalizados en algunas zonas de

las principales ciudades del país escasamente el 10% de la población tiene condiciones de

vida aceptables y un 5% tiene condiciones de vida del primer mundo.

V. El sucio negocio, la demagogia y el clientelismo como respuestas.

En varios países de América Latina y en el África principalmente se desarrollan programas

alrededor del concepto da hambre cero, para enfrentar a la pobreza y la pobreza extrema,

estos programas no pretenden la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema y sus

consecuencias, sino están establecidos para ser un muro de contención temporal de las

injusticias sociales o inequidades descritas. En ese sentido no están concebidos como

solución, sino como paliativos para aplicarse en un período de tiempo, en el cual en cada

país tanto la sociedad como el Estado deben hacer realidad las transformaciones

estructurales necesarias en el orden económico, social y político, en donde las relaciones de

poder y el carácter del mismo Estado son sujetos de transformación.

En Guatemala a través del concepto de cohesión social el gobierno de la Unidad Nacional

de la Esperanza (2008-2012) implementó varios programas paternalistas, asistencialistas y

clientelares, dentro de estos se identifican las llamadas bolsas solidarias y las remesas

condicionadas. El gobierno del Partido Patriota electo para el período (2012-2016) le da

continuidad a estos programas haciéndoles cambios de nombres y otros componentes

cosméticos, pero conservando las características originales que estableció la UNE, y a su

vez ha perfeccionado los mecanismos de manipulación, el clientelismo y principalmente los

referentes a la corrupción implícitos en una de las formas para el ejercicio del poder en

Guatemala.

Los grandes proveedores de estos programas son: los que mantienen el monopolio de la

comercialización de granos básicos, el monopolio del proceso productivo y de

comercialización del azúcar y del aceite como alimentos para el consumo humano, la

incaparina (suplemento nutricional de alto contenido de nutrientes y micronutrientes), y

otros componentes de lo que hoy se llama bolsa segura.

Los propietarios de los medios de producción y comercialización agropecuaria y de los de

la industria alimentaria, constituyen uno de los componentes principales de la estructura de

poder económico y político del país, son los responsables históricos de la sobre explotación

21

del pueblo, la discriminación racista y de la opresión cultural, son a su vez los generadores

y reproductores permanentes de la pobreza y pobreza extrema en que vive la inmensa

mayoría de la población guatemalteca.

La inmensa mayoría de la población se encuentra sometida a la situación descrita, la cual

dada la magnitud y drasticidad de su situación cada día muestra mayores grados de

desesperación, y paradójicamente es ésta población la que les sirve como elemento

reproductor y garantía del sistema, o sea para mantener el proceso de acumulación de

extrema riqueza a costas de la perpetuidad de la extrema pobreza, ya sea a través de las

características y dinámicas propias de la estructura económica del país, así como a manera

de sumatoria se sirven del hecho de ser los proveedores monopólicos de los recursos

materiales que el Estado usa en los llamados “programas sociales”.

Sobre esa base se debe señalar que precisamente desde hace varios años encontraron que a

expensas de la situación descrita la cual tiene sus efectos más dramáticos e inhumanos en

la desnutrición, ellos como clase dominante se aprovechan de la situación, no solo como ya

se señaló, para enriquecerse a expensas de esta realidad, sino además persiguen conseguir

objetivos políticos como por ej: el de pasar de victimarios a solidarios, de hambreadores a

benefactores, así como los objetivos diversionistas en cuanto a la magnitud del problema,

sus raíces, su causalidad y por lo tanto borrar las huellas históricas de su responsabilidad

como clase dominante, y sobre todo para desorientar, desubicar y confundir principalmente

a las capas medias, la intelectualidad y las y los profesionistas y tecnócratas, a las

juventudes y a las víctimas del sistema.

Como ya se señaló los más ricos de Guatemala encontraron otra buena fuente de

enriquecimiento a través de estos programas, y sus operadores comerciales y políticos

como en su momento lo fue la UNE y ahora el PP, a través de la corrupción como constante

en todo el proceso se acumulen los capitales correspondientes aunque estos para sus

impulsores y operadores sean jugosas migajas, las cuales por migajas que sean les

representan grandes ganancias, y sobre todo consigan dividendos políticos sobre la base del

clientelismo, la demagogia, la manipulación y la compra de la conciencia cívica de la

población que vive en la pobreza y la pobreza extrema y sobre todo a la que sufre en su

seno la desnutrición.

VI. Estrategia a seguir.

Previo a entrar en materia es necesario establecer que lo que se ha descrito se refiere

esencialmente al modelo capitalista atrasado guatemalteco, el cual históricamente ha creado

las condiciones estructurales de la economía nacional, el modelo político de dominación y

las repercusiones negativas que se han identificado en el seno de la sociedad guatemalteca.

Al respecto hay que señalar que en otros países aún con el modelo capitalista como

dominante la desnutrición como realidad nefasta no existe, y si se diera el caso que existiera

la magnitud del problema no tiene los alcances, dimensiones y consecuencias como las que

éste tiene en Guatemala.

22

También es indispensable señalar que dada la trascendencia, magnitud, alcances,

características y consecuencias que la desnutrición tiene en Guatemala, su enfoque y

tratamiento de una manera responsable, integral y profunda, deben resolverse a partir de sus

componentes estructurales, la situación exige que la erradicación de la desnutrición se dé

con la celeridad y urgencia del caso, o sea la niñez guatemalteca que sufre la desnutrición

no puede esperar más, y sobre todo tomar en cuenta que la viabilidad de Guatemala como

país, pasa necesariamente por la erradicación de la desnutrición como resultado directo

de la realidad descrita.

Otro aspecto que debe quedar muy claro es que la responsabilidad final de la erradicación

de la desnutrición por su propia naturaleza constitucional como RECTOR DEL BIEN

COMÚN le corresponde al Estado, responsabilidad que abarca todo el proceso que la

misma conlleva. Lo señalado no quiere decir que la sociedad en general, y dentro de ella

particularmente las clases sociales que detentan el poder económico, político y el control

social sobre la población no tengan responsabilidades que cumplir dentro de este proceso,

así como otros componentes de la sociedad guatemalteca.

No está demás señalar que la magnitud y alcances de lo que se debe de hacer tiene que

sustentarse en que en todo el accionar implícito en la erradicación de la desnutrición, el

“lucro implícito en toda acción e intervención empresarial privada” debe descartarse

totalmente como componente de las dinámicas propias a las diferentes intervenciones que

esta gran tarea nacional exige. En ese sentido la participación privada debe darse dentro

del marco de acción que se establezcan en las estrategias y políticas que el Estado emita, como resultado de un proceso de elaboración, construcción y concreción lo más

participativo y representativo posible entre el mismo Estado y la sociedad en general.

La participación de la sociedad como ya se señaló debe ser lo más representativa posible,

por lo tanto la población afectada o sea la gran mayoría que vive en condiciones de pobreza

y pobreza extrema, como sujeto social beligerante y activo en el proceso de superación de

su realidad, debe tener una participación plena a través de sus representantes legítimos

quienes deben ser los garantes de que, lo que se establezca en las políticas de erradicación

de la desnutrición se corresponda plenamente en la satisfacción de sus necesidades, se les

reconozca además la categoría de sujetos de desarrollo y no de manipulación económica,

social y política, y sobre todo que en todo el proceso de fiscalización nacional sobre todos

los aspectos y componentes de la ejecución de las políticas ellos jueguen el papel

protagónico que les corresponde, pues hay que reafirmar que son seres humanos, que son

guatemaltecas y guatemaltecos, que son víctimas de la cruda realidad económica, política y

social que históricamente se ha impuesto, y que por lo tanto son los que sufren de manera

permanente, plena e integral la desnutrición con todas sus características, y sobre todo en

su magnitud y consecuencias.

Sobre la base de lo señalado se presenta lo que se considera que se debe de hacer:

23

Retomar y cumplir la agenda de la paz.

La agenda de la paz que se desprende de los acuerdos de paz sustantivos como

componentes del Acuerdo de Paz Firme y Duradera vigente en Guatemala a partir del 29 de

Diciembre de 1996, y posteriormente establecidos en la Ley Marco de los Acuerdos de Paz

como compromisos de Estado aprobada por el Congreso de la República a partir del mes

de Agosto del año 2005, constituye en sí misma la Agenda Nacional que al cumplirse

plenamente crea las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales para que la

viabilidad de Guatemala como país tenga perspectiva histórica, y por lo tanto tenga grandes

posibilidades de convertirse en una realidad.

En cuanto al hecho de retomar y cumplir la agenda de la paz es necesario superar los

errores, las deficiencias y sobre todo las desviaciones que sobre ésta temática se han

cometido de 1996 a la fecha, por lo tanto es necesario:

a) Interpretarlos y cumplirlos en su esencia, naturaleza y contenidos, es decir que se deben

abandonar las dinámicas manipuladoras y tergevirsadoras impulsadas por todos los

gobiernos a partir de la firma de la paz.

b) En el cumplimiento y aplicación de la agenda de la paz debe prevalecer el principio de la

integralidad, o sea que en una primera instancia hay que ver a la agenda y dentro de ella el

contenido de los acuerdos como un todo integrado, o sea un gran conjunto de posibilidades

emancipadoras y concretas cuyo espíritu y contenido presentan de manera coherente las

diferentes salidas a la situación particular contenida en los componentes temáticos que cada

acuerdo de paz sustantivo presenta.

c) Hacer realidad los esfuerzos políticos necesarios para evitar que el cumplimiento de la

agenda se dé exclusivamente bajo el manto partidista pues las circunstancias históricas así

lo exigen, o sea que el cumplimiento de la agenda debe hacerse para dar cumplimiento a

los compromisos de Estado, establecidos en los acuerdos de paz componentes de la Paz

Firme y Duradera.

d) Después de una evaluación profunda se deben implementar de manera simultánea, el

desarrollo y ejecución de las diferentes intervenciones que el Estado ha aplicado en materia

de combate a la pobreza, la pobreza extrema y la desnutrición, o sea que las acciones de

carácter técnico profesionales impulsadas para la contención de la magnitud del daño no

deben ser interrumpidas, pues aunque siempre sean complementarias al tratamiento

estructural, las intervenciones luego de las readecuaciones que se les deban hacer a partir de

las evaluaciones correspondientes, éstas tienen su importancia y trascendencia especiales.

f) Dentro del contexto señalado hay que tener claro que contener la magnitud del daño ya

instalado no lleva implícito la erradicación de la desnutrición, la cual se logrará hasta que

las causas estructurales señaladas sean superadas a nivel nacional. Sin embargo ésta gran

tarea histórica lleva su tiempo para hacerse realidad, por lo tanto la simultaneidad como

24

elemento táctico de incidencia estratégica para contener el incremento de la magnitud del

daño de la desnutrición, al aplicarse con eficiencia y eficacia crea las condiciones

epidemiológicas para que cuando llegue el momento de la incidencia nacional de las

transformaciones estructurales que la erradicación de la desnutrición exige, el impacto

como producto de su complementariedad estratégica tenga los resultados que la viabilidad

de Guatemala como país esencialmente la historia exige.

Definición y ejecución de la política nacional de nutrición y alimentación.

Sobre esta temática en este momento hay que señalar la existencia de políticas públicas

sobre la materia, sin embargo las mismas aun en el mejor de los casos si se cumplieran

(cuestión que no ha sucedido hasta la fecha), el marco de inspiración de las mismas carece

de una visión integral en correspondencia a las raíces históricas, económicas, sociales y

políticas de la problemática, por lo tanto el impacto de las políticas existentes ante la

realidad concreta siempre será superficial, parcial e insuficiente.

Como ya se señaló que la superación de la problemática es responsabilidad del Estado y de

la nación, por lo tanto a manera de ilustración se identifican algunos de los componentes

fundamentales de una nueva Política Nacional de Nutrición y Alimentación, la cual dada

las características y magnitud de la situación nutricional a nivel nacional debe establecer

dentro de las estrategias nacionales como una prioridad indiscutible la Política de

Protección Integral a la Primera Infancia (menores de seis años), población escolar,

adolescentes y jóvenes, creación de la institucionalidad especializada en educación y

neurociencia, y a su vez la Política Nacional de Nutrición y Alimentación debe tener como

componentes esenciales políticas específicas sobre:

a. Política de Producción de Alimentos para garantizar la disponibilidad que lleve a

conseguir la seguridad alimentaria nacional como uno de los grandes componentes

preventivos, de recuperación y de rehabilitación de la desnutrición, y sobre todo

garantizar la disponibilidad de alimentos a nivel nacional para satisfacer los

requerimientos y necesidades alimentarias y nutricionales de la población en general. En

ese sentido hay que tomar en cuenta que para el efecto es indispensable garantizar el

acceso a la tierra y el uso de la misma por el campesinado y detener el avance de la

frontera agrícola a expensas de la agroindustria para los biocombustibles.

b. Política de Control de Precios especialmente en el mercado de los alimentos básicos

y esenciales para una óptima alimentación y nutrición accesible a la población

guatemalteca. El control de precios es básico para conseguir la erradicación de la

especulación de los mismos, pues ésta conlleva la extorción poblacional en materia

alimenticia y poblacional, por lo tanto en ésta política debe quedar muy claro el

establecimiento del marco regulatorio específico, el cual debe establecer los grados de

autoridad necesarios a la institucionalidad del Estado (la DIACO) responsable de todo

el proceso sujeto al control, es decir que el control de precios parte desde la producción,

almacenamiento, castigo al acaparamiento de alimentos y el alza especulativa y

25

anárquica de los precios del mercado, principalmente en lo referente a los grandes

distribuidores a nivel nacional, regional y local, para superar así la situación de control y

castigo que se aplica con exclusividad al pequeño y al micro comerciante en mercados

cantonales, expendios improvisados y ambulatorios a nivel de zonas ,barrios, cantones,

comunidades y aldeas.

c. Política de Crecimiento y Desarrollo Económico y Social para regular la producción

agropecuaria en general y la de alimentos en particular, el Estado debe garantizar según

los acuerdos de paz el desarrollo rural integral y el acceso a la tierra para la resolución

de la problemática agraria en donde se reconoce al campesinado como sujeto de

desarrollo y no como objeto de uso, sobreexplotación, extorción social en cuanto a

precios y contrataciones laborales principalmente que éste sufre en la vida cotidiana, la

protección, fomento y uso de los recursos naturales para que a partir de su uso apropiado

en función de los intereses del Estado y la nación, se garantice el camino para alcanzar la

viabilidad de Guatemala como país y la vigencia plena del Buen Vivir. Esta política

debe garantizar el respeto a las tierras comunales que históricamente pertenecen a los

pueblos indígenas, el abandono de la política de desalojos de campesinos y sobretodo los

desalojos represivos.

d. Política de empleo y trabajo digno que incluya la Política de Salarios para cubrir la

canasta básica, y sobre todo los embates de la inflación en general y la devaluación de la

moneda. En esta política deben establecerse las prestaciones y garantías laborales y

sobre todo la Protección Social a la población, en síntesis el respeto pleno a los

derechos, intereses de la clase trabajadora del país.

e. Reformas al Sector Salud establecidas en los Acuerdos de Paz para garantizar el

establecimiento de la coordinación y comprometimiento entre el Ministerio de Salud

Pública y Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

principalmente para la satisfacción eficiente, eficaz y sobre todo de alta calidad a la

demanda potencial de los servicios de salud en cada uno de los niveles de atención

establecidos en las Estrategias de la Atención Primaria en Salud. Este sistema

coordinado de salud debe de establecer su propia capacidad instalada para la atención

plena a la demanda que el problema nutricional genera en todos los niveles de atención

correspondientes a las respuestas que exigen en el proceso salud-enfermedad inherentes

a la situación de la desnutrición según modelos normativos existentes, es decir estar en

capacidad de satisfacer la demanda de atención de los servicios de salud cuando les

corresponda según las normas establecidas para su intervención. Reformulación del

Modelo de Atención, partiendo desde garantizar el acceso de la población, hasta los

mecanismos bajo los cuales se brinde, incorporando el derecho a la salud, la

interculturalidad, la perspectiva de género y el entorno ecológico y ambiental. En ese

contexto se deben establecer y ejecutar los planes y programas de formación y

capacitación de los Recursos Humanos en Salud y Nutrición como componente

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esencial del desempeño del sistema, con enfoque, contenidos, metodología y pertinencia

cultural e intercultural.

f. Reforma Educativa contenida en los acuerdos de paz la cual establece que ésta debe

tener sentido histórico con un profundo sustento cultural y de identidad nacional, por lo

tanto debe ser emancipadora, creadora, investigativa, generadora de actitudes críticas y

autocríticas. Esta reforma educativa debe extender los límites de su universo a cubrir,

por lo tanto este se debe ampliar para incluir en los planes correspondientes a la primera

infancia (de 0 a 6 años), sin descartar a la población en edad escolar en los niveles

educativos de primaria, básicos, diversificado y universitaria. En las políticas de

formación de docentes se debe crear la carrera magisterial para la educación y

atención especializada de la primera infancia.

La reforma educativa descrita está contenida en la Reforma Educativa presentada por la

Coordinadora del Pueblo Maya de Guatemala al Ministerio de Educación Pública a

finales de la década de los años noventa del siglo pasado, en ese sentido es de señalar

que desde esas fechas hasta la actualidad las autoridades educativas no se han

pronunciado, sin embargo las mismas autoridades se han empleado a fondo para la

imposición de las políticas educativas provenientes del Banco Mundial.

g. Reforma fiscal y tributaria establecida como la forma principal para el financiamiento

del desarrollo nacional, o sea la concreción de la paz con contenido, la cual contempla la

erradicación de la desnutrición en varios de los acuerdos de paz sustantivos. Esta

reforma está concebida sobre la base de que la tributación deje de ser regresiva y pase a

ser progresiva, es decir que el principio universalmente aceptado, de que en función del

bien común tribute más el que más ganancias tenga y el que menos gane su aporte

tributario sea menor, o sea en correspondencia a su capacidades y posibilidades

tributarias tiene como sustento los principios de la justicia social y la solidaridad

humana. Lamentablemente este es uno de los compromisos más incumplidos por el

Estado en materia de la paz con contenido.

La reforma tributaria en referencia en el Acuerdo de Paz Sobre Aspectos

Socioeconómicos y Situación Agraria, establece que para el año 2000 la meta tributaria

debería llegar al 12 % del PIB y que el ritmo del crecimiento económico del país

estableciera la gradualidad de su incremento de manera permanente, hasta el momento

no se ha llegado a cubrir ni el 10% del PIB en materia de tributación. El acuerdo de paz

citado además establece que las asignaciones presupuestales para la salud y la educación

siempre para el año 2000 no deberían ser menores al 5% del PIB, hoy lamentablemente

los montos asignados para esos componentes del bienestar y el desarrollo no llegan a la

mitad de lo acordado como compromisos del Estado.

La no realización de esta reforma determina el incremento acelerado del endeudamiento

interno y externo del país pues el inbalance entre el monto de los ingresos tributarios y

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las exigencias del funcionamiento, desarrollo y proyección del Estado en función de las

necesidades y requerimientos de la nación es compensado como ya se señaló a base

exclusiva del endeudamiento inmisericorde del país, el cual para algunos integrantes del

poder económico resulta ser uno de sus grandes negocios.

Para lograr la erradicación de la desnutrición y por lo tanto garantizar la viabilidad de

Guatemala como país, este momento histórico exige y llama a la conciencia nacional

sobre la necesidad imperiosa de concretar la reforma fiscal y tributaria en referencia. En

ese sentido se considera que el papel principal del poder económico de Guatemala, o sea

lo que se conoce como “sector privado” se materializa en el hecho de que no se opongan

ni entorpezcan, sino al contrario que participen y aporten en el proceso de elaboración,

discusión, aprobación, implementación y aplicación de la reforma fiscal y tributaria,

pues está demostrado que ésta estructura de poder ha participado en todos los intentos de

reformas sobre la materia, sin embargo también la historia registra que en el momento

oportuno para su concreción, es esta estructura de poder la que ha entorpecido y

distorsionado su materialización, determinando así la situación fiscal y financiera

deficitaria que el Estado tiene actualmente.

Necesidad de un pacto nacional de carácter urgente

La retoma de la agenda de la paz exige que la misma tenga como soporte a un gran pacto

nacional, como ya se señaló que el Estado guatemalteco como rector del bien común debe

ser el gran impulsor, articulador y conductor del mismo, y sobre todo el soporte principal

debe establecerse en la participación de la sociedad en general, en donde el único

compromiso que se adquiere con el país es la erradicación de la desnutrición.

El pacto mencionado debe cumplirse y ejecutarse, en ese sentido se hace indispensable que

dentro de la institucionalidad del Estado se hagan las readecuaciones necesarias para

conseguir la implementación de un sistema de coordinación y articulación

interinstitucional, en el cual deben establecerse los mecanismos, procesos y procedimientos

dentro del mismo Estado, como los correspondientes a la sociedad.

El sistema debe tener como propósito los grandes objetivos establecidos en la Política

Nacional de Nutrición y Alimentación, así como los establecidos en cada una de las

políticas complementarias descritas. Para el efecto se insiste que el compromiso de hacer

realidad la erradicación de la desnutrición es de urgencia nacional.

Como todo sistema este debe tener su estructura, sus dinámicas y procesos de

funcionamiento, desarrollo y proyección. Por lo tanto en una dimensión nacional

eminentemente participativa y representativa, como mínimo el sistema debe contemplar

tres grandes espacios y niveles de participación, ejecución y desarrollo así:

a. El primero se corresponde estrictamente a nivel del Estado así: Organismos Legislativo

y Ejecutivo (está incluido el MSPAS), los Gobiernos Municipales, el Sistema Nacional

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de Consejos Desarrollo, y los niveles departamentales, municipales y comunitarios de

desarrollo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Universidad de San Carlos

de Guatemala y otras instituciones descentralizadas que tengan alguna competencia para

la aplicación de las políticas.

b. El segundo le corresponde a la sociedad expresada en la institucionalidad privada

interesada, centros privados de educación superior, técnicos y profesionales, autoridades

y expresiones religiosas, organizaciones no gubernamentales afines a las políticas y

sobre todo la institucionalidad que se tenga en el seno de los pueblos indígenas,

organizaciones populares y sociales, obreras y campesinas, de mujeres, de jóvenes,

expresiones comunales y de barrio y otras más.

c. El tercero le corresponde a las instancias nacionales e internacionales de cooperación.

En este tercer nivel, dada las particularidades y complejidades propias de cada uno de

sus componentes, deben contemplarse y establecerse con la mayor precisión posible sus

responsabilidades y sus funciones, especialmente en lo que se refiere a la cooperación

internacional, de la cual se esperan principalmente los aportes que puedan compartir a

través de sus experiencias sobre la materia, y no solo buscarlas alrededor de lo

financiero, el financiamiento internacional no debe verse solo como un fin en sí mismo.

La funcionalidad y el desarrollo del desempeño del sistema debe establecerse sobre la base

de los requerimientos éticos y de solidaridad humana, y sobre todo de la puesta en práctica

de la conciencia nacional para que con el sustento de la eficiencia y eficacia en la

implementación y ejecución que las políticas exijan, la erradicación de la desnutrición sea

una realidad.

Sobre la base de lo señalado y como una primera aproximación como componentes

indiscutibles se identifican principalmente dentro de la funcionalidad en la institucionalidad

del Estado, la articulación entre salud y educación en términos generales la cual cae de su

peso, o sea que las acciones en la salud y la educación deben complementarse, sin embargo

en la práctica concreta aunque se tengan algunas coordinaciones, estas no presentan los

resultados que deberían tener, hecho que se refleja en la debilidad que sobre este aspecto se

tienen en el seno de la sociedad y el Estado. A manera de ejemplo, ante la situación

nutricional que se tiene en Guatemala la incomunicación sobre esta temática a nivel

interinstitucional es evidente.

El sistema para su operatividad, funcionalidad y desarrollo y sobre todo él éxito, no debe

repetir los errores y deformaciones que en intentos de esta naturaleza se han dado en

Guatemala, para el efecto debe tomar en cuenta las situaciones de desgaste político y social

que de manera acelerada han provocado en su contra los mismos gobiernos, y dentro de

éstos los llamados programas sociales, así como el alza inmisericorde del costo de la vida

especialmente el de los alimentos, la tolerancia cómplice que los gobiernos han mantenido

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ante esta situación y sobre todo la corrupción y las arbitrariedades implícitas en la ejecución

de los mismos.

Como ya se vio, el problema nutricional tanto desde el punto de vista histórico, político y

técnico debe tener un enfoque y tratamiento integral profundo, es decir que debe entrar a

resolverse desde sus raíces históricas y estructurales, o sea la concreción de grandes

reformas de carácter estructural, lo que requiere de voluntad política férrea expresada en la

vocación de servicio y de solidaridad que la erradicación de la desnutrición exige. El

enfoque y tratamiento político, técnico y profesional debe ser multidisciplinario con

pertinencia cultural y sobre todo enmarcado dentro las exigencias que la ética y la

solidaridad nacional exigen.

Guatemala 21 de Febrero de 2014.