7/26/2019 Discurso del nuevo ombudsman de CNDH sobre violaciones a DH en Mxico

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PALABRAS DEL LIC. LUIS RAL GONZLEZ PREZ,PRESIDENTE DE LA COMISIN NACIONAL DE LOSDERECHOS HUMANOS CON MOTIVO DE LA ENTREGADEL PREMIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2014.

Mxico, D. F., a 12 de diciembre de 2014

Seor licenciado Enrique Pea Nieto,Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;

Dra. Rigoberta Mench,Investigadora extraordinaria de la Universidad NacionalAutnoma de Mxico y Premio Nobel de la Paz 1992;

Respetables miembros del presdium;

Distinguidas personalidades que nos acompaan en estaceremonia de premiacin;

Amigos de los medios de comunicacin;

Seoras y seores:

Los derechos humanos estn en crisis en algunas regionesde nuestro pas. Ante este panorama adverso, hoy se entregael Premio Nacional de Derechos Humanos 2014. A 66 aosde la aprobacin de la Declaracin Universal de DerechosHumanos, el anhelo por vivir bajo el paradigma de respetopleno a la dignidad humana sigue vigente. La conquista yreconocimiento de estos derechos an enfrentan desafos

mltiples y en Mxico atraviesan una etapa muy compleja.

Casos tan condenables como los de Iguala y Tlatlaya hansacudido nuestra conciencia. Calles y plazas se llenan depersonas que protestan, dando visibilidad a exigencias quehasta hace poco estaban dispersas. Existe un malestar socialmuy difundido, pero no necesariamente tiene su origen y se

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limita a estos casos, los cuales, ms bien han catalizado unlargo proceso de frustracin de expectativas iniciado aosatrs, pero que no fue advertido con oportunidad en susdiferentes vertientes econmicas, sociales y culturales.

La violencia, la inseguridad, la corrupcin y la impunidad hanprovocado, adems de dolor e indignacin, un sentimiento dedesconfianza hacia nuestras instituciones, de malestar, defractura en nuestro Estado de derecho, as como unapercepcin de lejana e indiferencia de las autoridades antelos reclamos de la sociedad.

Las manifestaciones son una expresin de hartazgo ante laimpunidad, de indignacin por la complicidad entre algunasautoridades y delincuentes, y de inconformidad ante losabusos de poder y la falta de respuesta de las autoridades alas demandas por un pas ms justo e incluyente.

Los oprobiosos hechos de Iguala y Tlatlaya no son productode una "generacin espontnea"; las condiciones que lospropiciaron se gestaron paulatinamente desde hace tiempo.Los mexicanos tenemos un reclamo de justicia y de verdad:Dnde estaban las Instituciones de Seguridad del Estadoque deban prevenir los riesgos y amenazas a la seguridadinterior y al orden pblico? Qu hacan las autoridadescompetentes de los distintos niveles de Gobierno cuandoacontecan esos deleznables episodios? Cmo pudimosllegar a tal grado de deterioro social e institucional en esasregiones del pas?

Los reclamos de justicia y de verdad tienen diversos

medios de expresin. Las manifestaciones pblicas son tal

vez el medio ms visible de protesta, la cual tambin ha

encontrado espacios para surgir en mltiples mbitos,

como los acadmicos, los culturales, los periodsticos, y en

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las redes sociales.

Desafortunadamente, este ejercicio legtimo de derechos

se ha visto afectado por las acciones de grupos

minoritarios violentos que ante las circunstancias queatravesamos quisieran generar un contexto de ruptura y

polarizacin social.

La injusticia, la mentira y la violencia, sea cual sea su

origen, agreden y debilitan a Mxico. La verdad, la

transparencia, el imperio de la ley y el dilogo, nos

fortalecen y dignifican a todos.

Es imperativo atender el tema de la impunidad, que es el

mayor flagelo que debemos erradicar. Impunidad que

alienta a los transgresores de la ley, mina la confianza en

las instituciones, atropella el ordenamiento jurdico vigente

y humilla a las vctimas. No podemos mantenernos

indiferentes o aceptar la impunidad. La impunidad es el

preludio de la barbarie.

La esperanza de una convivencia pacfica, armnica y

apegada a la ley, slo se podr concretar si la defensa y

proteccin de los derechos humanos se asume como el

eje de toda actuacin del poder pblico. Coincido con las

voces que han expresado la necesidad de conjugar tres

dimensiones bsicas para posibilitar la vida en comn en

nuestro pas, las cuales son: el ejercicio pleno de las

libertades y derechos, la construccin de un piso comn de

satisfactores materiales y culturales que propicie lacohesin e inclusin social, y el fortalecimiento de un

Estado de derecho que en verdad sea digno de tal

nombre.

En esta lucha por la vigencia de los derechos humanos, la

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participacin activa de la sociedad civil es indispensable. Losdefensores de derechos humanos son, con frecuencia, laprimera voz de denuncia de los abusos y las omisiones de laautoridad, aportan a la construccin de modernas

ciudadanas que fomentan la participacin directa, activa ypropositiva en los espacios pblicos, dando cauce a laslegtimas demandas y reivindicaciones sociales que permitana todas las personas, en igualdad de condiciones, acceder alpleno goce de sus derechos, sin exclusin, marginacin odiscriminacin alguna. stos son los casos de Juan ManuelEstrada Jurez y de Mayela Garca Ramrez.

El ingeniero Estrada Jurez se ha distinguido por la defensade los derechos humanos de los menores; ha sido unpromotor del rescate de nios que han sido vctimas de robo,desaparecidos, sustrados o separados, de diferentesmaneras, del seno familiar y de la proteccin de sus padres,con diversos propsitos.

Por su parte, la licenciada Garca Ramrez se ha distinguidopor sus trabajos en favor de los derechos de las mujeres,mediante el apoyo a madres solteras, la denuncia defeminicidios, la promocin de leyes y protocolos de seguridad,la lucha contra la violencia de gnero y el apoyo pararecuperar la custodia de sus hijos.

La actividad diaria de todos los defensores y de lasorganizaciones de la sociedad civil est modificando, parabien, nuestra realidad. Es por ello que en este acto quiero

reconocer, pblica y expresamente, ese esfuerzo.

Si bien hoy distinguimos a dos personas genuinamentecomprometidas con la causa de los derechos humanos, elpremio, simblicamente, considero que lo merece toda la

sociedad civil organizada.

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Promover que en sus prximas entregas, este Premio

Nacional tenga una difusin ms amplia y una mayor

participacin, a efecto de que se fortalezca y consolide

como un reconocimiento a quienes son factor de cambio yejemplifican lo mejor de nuestra sociedad.

Seor Presidente,

Distinguidas invitadas e invitados:

No puede haber vuelta atrs, no hay manera de recuperarla engaosa "normalidad" que como pas tenamos antes

de los hechos de Iguala o Tlatlaya, porque era anmala,

estaba asentada, en parte, en la simulacin, la ausencia

de informacin pertinente, la desidia, la indolencia y la falta

de responsabilidad pblica de quienes propiciaron ese

estado de cosas. Revisemos autocrticamente el camino

andado e intentemos reorientar nuestras acciones.

Entender la complejidad del enojo colectivo y el riesgo de

erosin de la legitimidad gubernamental obliga a un

cambio de actitud, de estrategia y de discurso. No se trata

de redisear el pas, sino de establecer prioridades.

En este aniversario de la Declaracin Universal de

Derechos Humanos tenemos la oportunidad histrica, no

slo de superar la situacin actual, sino de redefinir para

bien el futuro de Mxico. Lo haremos si sabemos entender

y atender nuestra realidad, si volvemos a escucharnos ypodemos dialogar para buscar la paz, la verdad y la

justicia. Este entendimiento y reflexin nos darn la

oportunidad de evolucionar como individuos y como

sociedad, y encauzar nuestras diferencias.

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La Comisin Nacional de los Derechos Humanos, con

sustento en el reconocimiento pleno de la dignidad

humana y en ejercicio de su autonoma, acompaar todo

esfuerzo que desde las instituciones y la sociedad civil se

emprenda con objeto de concretar ese Mxico pacfico,prspero, justo e incluyente al que aspiramos.

Es urgente ubicar en el centro de toda la administracin

pblica la defensa y proteccin de los derechos humanos y

la atencin integral a las vctimas. Es un requisito

indispensable para todo acto de gobierno.

Todo el apoyo al ejercicio de la libertad de expresin y dela protesta pacfica dentro del marco de la ley, y la

aplicacin estricta de la misma a quien ejerza violencia,

afectando derechos e intereses de terceros. Es obligacin

de la autoridad dar cauce a las muestras de descontento,

escuchar las necesidades expresadas y generar canales o

vas adecuadas para responder a ellas efectivamente.

Tambin lo es la oportuna y debida aplicacin de la ley, la

cual lleva implcito el respeto a los derechos humanos.

Por complejas que sean las circunstancias, Mxico no

puede permitir el debilitamiento de su Estado de derecho.