Dirk Kruijt - Exclusión Social y Violencia Urbana en América Latina
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8/18/2019 Dirk Kruijt - Exclusión Social y Violencia Urbana en América Latina
1/20
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Exclusión social y violencia urbana en América LatinaAuthor(s): Dirk KruijtSource: Foro Internacional, Vol. 44, No. 4 (178) (Oct. - Dec., 2004), pp. 746-764
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8/18/2019 Dirk Kruijt - Exclusión Social y Violencia Urbana en América Latina
2/20
EXCLUSION
SOCIAL
Y VIOLENCIA
URBANA
EN
AM?RICA
LATINA1
Dirk
Kruijt
Exclusi?n
social
A
comienzos
del
siglo
xxi,
la pobreza
transgeneracional,
la informa
lizaci?n de
la
econom?a
y
la exclusi?n
social de
vastos
segmentos
de la
poblaci?n
son
problemas
estructurales
que
afectan
a
la
Am?rica Latina de
mocr?tica.
Ciertamente,
estos
problemas
no son nuevos.
Ya
hab?an
sido
identificados
en
t?rminos de
miseria rural
y
marginalidad
urbana.
Hasta la
segunda
mitad
del
siglo
XX,
la
pobreza
extrema
y
la exclusi?n social
en
Am?rica Latina ten?an
un
rostro
predominantemente
rural:
se
trataba
sobre todo de la
poblaci?n
ind?gena
con carencias econ?micas, sociales y
pol?ticas
que
se
traduc?an
en una
ciudadan?a
de
segunda
clase
(Bastos,
1998:
100-101).
En
algunos pa?ses
la exclusi?n
social
de los
ind?genas
adquiri?
un
estatus
casi
permanente.
Por
esta
raz?n Solares
(1992: 50)
tipificaba
a
Guatemala
como
un
estado sin
ser una
naci?n .
Y
Flores
Ga
lindo
(1994: 213)
caracterizaba
a
Per?,
por
la
segregaci?n
entre
mestizos
e
indios,
como
una
rep?blica
sin
ciudadanos .
Sin
embargo,
la informalidad urbana
se
ha hecho
sentir
con
toda
su
fuerza
como
resultado de
la crisis econ?mica
y
de los a?os
de
reajuste
es
tructural
que
han
experimentado
casi todos
los
pa?ses
del
continente. La
presencia
de
enormes
contingentes
de
pobres,
principalmente
en
las
gran
des
aglomeraciones
urbanas,
comenz?
gradualmente
a ser
identificada
co
mo
problema
de
suma
importancia.
El desborde
popular
(Matos
Mar,
1984)
de los
migrantes
rurales cambi? definitivamente
la fisonom?a de las
metr?polis
y
aglomeraciones
urbanas
en
la
forma de
favelas, villas,
barria
das,
comunas
de
miseria
o
barrios
populares .
En
una
publicaci?n
sobre
la din?mica de la
pobreza
urbana,
la informalidad
y
la exclusi?n
social
en
Am?rica
Latina
(Kruijt,
Sojo
y
Grynspan,
2002),
introdujimos
la
noci?n
de
1
Art?culo basado de una ponencia presentada en el seminario Crime, Justice and Vio
lence ,
el
28
de
mayo
de
2004,
en
el Institute of Latin
American
Studies,
University
of London.
Foro Internacional
178,
XLTV,
2004
(4),
746-764
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oct-dic
2004
Exclusion
social y
violencia urbana
en
Am?rica
Latina
747
una nueva
clase
transgeneracional
de habitantes
urbanos
pobres
a
partir
de los a?os ochenta
en
adelante.
Entre 1950
y
1980,
la econom?a informal
(medida
en
t?rminos
de
autoempleo)
en
el continente creci?
de 15
hasta
20%
de la
poblaci?n
econ?micamente
activa
(PEA),
para
acelerarse
consi
derablemente
m?s
en
las dos
d?cadas
posteriores
a
1980
(Galli
y
Kucera,
2003:
24-26).
Desde
Monterrey
en
el
norte
de M?xico
hasta Puerto
Montt
en
el
sur
de
Chile,
los
informales
y
los
autoempleados
invadieron
el
espa
cio
p?blico
de
las
calles.
Invadieron,
literalmente,
los anillos de
miseria
que rodean los cascos urbanos. A comienzos del siglo XXI,Am?rica Latina
es
el continente
donde
segmentos
significativos
de
la
poblaci?n,
que
en
al
gunos
casos
constituyen
la
mayor?a
de la
poblaci?n
nacional,
son
a
la
vez
pobres,
informales
y
excluidos.
La econom?a
informal
est?
compuesta
so
bre todo
por
autoempleados
cuya
actividad
econ?mica
es
de
sobrevivencia
diaria
(Alba
Vega
y
Kruijt,
1995).
Los
microempresarios
forman,
dentro
de
la
informalidad,
una
relativa
?lite.
Portes
y
Hoffman
(2003:
51)
enfatizan
el hecho de
que
hay
una
zona
gris
entre
la informalidad
y
la
econom?a
for
mal.
Sin
embargo,
tambi?n
destacan el
proceso
de
marginalizaci?n
estruc
tural
de la
informalidad.
La
informalidad
tiene adem?s
un
rostro
?tnico;
la
etnicidad es un factor de estratificad?rtr Entre losmecanismos de sobrevi
vencia
predominan
lazos
?tnicos
y
religiosos,
relaciones
de familia
(reales
o
simb?licas)
y
cercan?a
en
t?rminos
de
lugar
de
nacimiento
o
d?
perte
nencia
a
los
barrios
populares.
La econom?a
y
la
sociedad
informales
se
ha
llan excluidas
del
empleo
estable,
del
ingreso
regular,
de los
sindicatos,
de
la
legislaci?n
laboral
y
del
acceso
a
las instituciones
sociales
que
proveen
servicios b?sicos tales
como
los de
vivienda.
El
panorama
de las transformaciones
econ?micas
y
sociales
en
Am?ri
ca
Latina
puede
ser
analizado
en
detalle
en
el
caso
de Per?.
Entre 1960
y
1995
se
redujo
el
porcentaje
nacional de
campesinos ind?genas
de
50
hasta
25
(Coder,
1995).
Lima,
ciudad
elegante
con
medio mill?n de
habi
tantes
a
finales de la d?cada
de
los
cuarenta,
es
ahora
una
rnetr?polis
de
primente
con
m?s
de ocho
millones. La
estructura
de clases
en
Per?
ha
sido
afectada
por
estos
cambios
demogr?ficos
y
urbanos.
Con la reforma
agraria
de
los
gobiernos
militares,
entre
1968
y
1980,
se
expropiaron
las
posesiones
de
la clase
latifundista.
Esta reforma
signific?
tambi?n
el
co
mienzo de
un
proceso
de
migraci?n
masiva
y
sostenida
del
campo
a
la
ciu
dad.
Igualmente,
la
estructura
del
trabajo
urbano
se
modific?
en
forma
dr?stica. Hasta
el inicio
de los
a?os
ochenta,
65%
de
la
PEA
urbana
recibi?
un sueldo o salario formal. El cuadro 1muestra una reducci?n dram?tica
de
este
porcentaje,
acompa?ada
por
un
fuerte
incremento
de
la
econom?a
informal.
Sintetizando
varias
fuentes
(L?pez,
1996;
Kruijt,
1997:
205-207;
Mintrabajo,
2002),
puede
concluirse
as?:
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748
Dirk
Kruijt
FI
XLIV-4
Cuadro
1
Poblaci?n econ?micamente activa
(PEA)
en
Per?
(1995)
29
recibe
sueldo
o
salario
sector
privado
1
560
000
8
sector
p?blico
790
000
sector
cooperativo
200
000
61
no
recibe
sueldo
o
salario
independientes
urbanos
2
516 0000
campesinos
1
200
000 14
trab,
familiares
700
000
trab, informales 550 000
trab, dom?sticas
260
000
10
desempleados
864 0000
100
total
PEA
8 640 000 100
Fuente:
Kruijt,
Sojo
y
Grynspan
(2002:
21),
con
base
en
datos
de
la
OIT.
-Al comienzo de los a?os
ochenta,
65%
de la
PEA
recib?a
un
salario
o
sueldo
regular.
A
partir
de los a?os
noventa
se
nota
una
reducci?n consi
derable de
esta
categor?a
de la
PEA.
Ello
puede interpretarse
como un
indi
cador del
crecimiento de la econom?a informal
en
el
pa?s.
-Durante la d?cada de
Fujimori
(1990-2000) el
pa?s experiment?
una
enorme
reducci?n
de
su
estructura
sindical.
En
el a?o
2000,
solamente
7%
de los
trabajadores
del
sector
privado
era
sindicalizado
y
?nicamente
2%
contaba
con un
convenio colectivo
(Mintrabajo,
2002).
-Comparando
los datos censales
de
1972,1981
y
1993
puede
observarse
el crecimiento del
empleo
femenino:
de
34%
hasta
50%
en
1993. Este fen?
meno
puede
ser
interpretado
como un
indicador
general
de la feminizaci?n
de
la
pobreza,
dado
que
la econom?a
informal
genera
el
mayor
empleo.
-Entre 1980
y
1995,
de cada cinco
nuevos
puestos
de
trabajo,
cuatro
hab?an
sido
generados
en
el
sector
informal. En el
decenio
del
gobierno
de
Fujimori
se
consolid? la informalidad
peruana.
-Puede
concluirse
que
el
empleo
informal
generado
en
el mercado
de
trabajo
fue consolidado durante la d?cada de los
noventa.
Cuadro
2
Estimaci?n de la
pobreza
en
Per?
(1985-2000)
A?o oblaci?n total
(x 1.000)
Total de
pobres
(x 1.000)
Porcentaje
de
pobres
en
Per?
1985-1986 19
490 8 4003
1991
2
000
12
145
5
19943 130 123503
1997
4
370
12
355
1
2000
5
660 13 890
4
Fuente:
Mauro
Machuca
(2002: 23).
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5/20
oct-dic
2004
Exclusion
social
y
violencia urbana en
Am?rica
Latina
749
Cuadro 3
Evoluci?n del salario
m?nimo urbano
en
Per?
(1980
=
100)
A?o992
1993 1994 1995
1996
1997
1998
1999
Am?rica
Latina 68 68
68 71
70 70
2
3
Per? 16
12
14
15 15
27
30
9
Fuente: Webb
y
Fern?ndez
Baca
(2001: 105-106),
con
base
en
datos
de
la
OIT.
Estas
conclusiones
son
apoyadas
por
los datos del
cuadro
2,
que
indica
la
evoluci?n
y
la estabilizaci?n
de la
pobreza
en
Per?.
En
la
segunda
mitad
de la
d?cada
de
los
ochenta,
durante el
r?gimen
de
Garc?a,
subi?
el
por
centaje
de la
pobreza
de
45
hasta
55,
para
estabilizarse
en
alrededor
de 50
en
los
a?os de
Fujimori,
cuando
la
Constituci?n
de
1993
adquiri?
un ca
r?cter
neoliberal
y
antisindicalista.
Los
datos
del
cuadro
3 indican
el de
sarrollo del
salario
m?nimo indexado
en
comparaci?n
con
el
promedio
de
Am?rica
Latina.
Hasta los
?ltimos 30 a?os
del
siglo
pasado,
Per?
era
carac
terizado
por
marcadas
diferencias,
tanto
geogr?ficas
como econ?micas
y
?tnicas.
La
regi?n
coste?a,
con
las
grandes
urbes,
era
mestiza,
mientras
que
la
regi?n
de
la
sierra,
con
sus
comunidades
ind?genas,
era
mayoritaria
mente
quechua-hablante.
Sin
embargo,
a
partir
de la
segunda
mitad de
los
sesenta,
un
proceso
de
migraci?n
desde
los
departamentos
serranos
hacia
los
centros
urbanos
coste?os,
especialmente
Lima
Metropolitana,
comen
z?
a
adquirir
gran
impulso.
La
corriente
demogr?fica
serrana
era
la
causa
principal
de
una
expansi?n
explosiva
de los
tugurios
y
las barriadas dentro
y
alrededor de
la
ciudad
capital.
La
conclusi?n
de
este
proceso
es
contradictoria:
la
sociedad
peruana,
hasta
entonces
segmentada
fuertemente,
se
hab?a transformado debido
a
la
migraci?n
masiva,
la
poblaci?n
nacional
se
hab?a
integrado
en
la
pobreza
compartida.
La
mayor?a
de
los
pobladores
de las barriadas tiene familiares
dentro
de los
departamentos
quechua-hablantes.
Sus
parientes
urbanos
lle
garon
a
la
ciudad,
invadieron
localidades desiertas
alrededor
de los
cascos
urbanos
y
construyeron
sus
precarias
casas
con
palos
y
materiales
r?sticos.2
2
As? describi?
Arguedas
(1971)
en
su
?ltima
novela el
origen
de
la
ciudad
champi??n
de
Chimb?te
y
el
surgimiento,
de
entre
una
variedad
de
migrantes,
de
un
nuevo
tipo
de ciu
dadano
peruano:
el
ciudadano
chimbotano,
tripulante
de
las
bolicheras
u
obrero
en una
de
las
harineras,
poblador
de
una
ciudad
desesperante,
donde no s?lo los vivos sino tambi?n los
muertos
del desierto cementerio
son
an?nimos.
El
desborde
popular
de
la
migraci?n
masi
va
fue
anunciado
por
Matos
Mar
(1984)
y
De Soto
(1986)
y
analizado
por
Degregori,
Blondet
y
Lynch
(1987),
por
G?lte
y
Adams
(1987)
y
por
Adams
y
Valdivia
(1994).
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750
Dirk
Kruijt
FI
XLIV-4
Los
migrantes posteriores
se
acomodaron
en
los barrios
y
los domicilios
de
sus
familiares
y
vecinos
ya
establecidos,
para
luego
alojarse
en sus
propias
vi
viendas
de
autoconstrucci?n,
tratando
igualmente
de sobrevivir
en
la
infor
malidad. Este
singular
proceso
de
integraci?n
mediante
la
pobreza
compar
tida
puede
ser
ilustrado
mediante
la
comparaci?n
de datos
intercensales
de
1972yl993:3
*
La
PEA
se
duplic?
entre
1972
(3
786
200)
y
1993
(7
121
400).
*
La
pauta
migratoria
parece
haber
encontrado
un
punto
de
equili
brio (10% en 1940, 23% en 1961, 26% en 1972, 22% en 1981 y de
nuevo
22%
en
1993).
?
La
poblaci?n
urbana creci? de
59%
en
1972
a
70%
en
1993. La
tra
yectoria migratoria
m?s
importante
era
sin duda hacia Lima Metro
politana
y
las ciudades coste?as. Sin
embargo,
a
partir
de los a?os
noventa
nuevos
flujos migratorios
se
dirigieron
hacia
ciudades
in
termedias de
la sierra
y
la
costa.
?
El
volumen
de
familias encabezadas
por
mujeres
jefas
de
hogar
en
1993
represent?
25%
de todas las familias de
la naci?n
(de
cuatro
millones).
El
13%
de las adolescentes
eran
madres solteras
(1993).
* El Ministerio de
Justicia
estima que, en 1999, 17% de los j?venes pe
ruanos
carec?a
de documentaci?n
legal
y
no
estaba
registrado
en
los
archivos
del
sector
p?blico
o
de los
departamentos
municipales.
*
Alrededor de 1170000
peruanos
menores
de
edad sobrevivieron
en
1999
en
la econom?a informal.
De
ellos,
unos
150000
trabaja
ban
en
minas,
en
la recolecci?n
de
basura,
en
actividades
nocturnas
en
la
calle,
etc?tera.
Estos
fen?menos
y
sus
consecuencias
econ?micas
y
sociales fueron
en
su
momento
apenas
calificados de alarmantes.
Sin
embargo,
iniciaron
un
proceso
de
descomposici?n
de clase
y
la reestructuraci?n
del
orden social
en
Per?
y
en
toda
Am?rica Latina.
Sectores econ?micos
paralelos,
jerar
qu?as
sociales
paralelas
y
estructuras
institucionales
paralelas
se
originaron
en
la
formalidad
y
la
informalidad,
de lo
que
result?
un
orden
econ?mico,
social,
pol?tico
y
cultural mucho
m?s
heterog?neo,
que
gira
alrededor de
la divisi?n
entre
la
riqueza
y
la
pobreza,
la
integraci?n
y
la
exclusi?n.
Una
institucionalidad
formal
e
informal
se
desarroll?
con
l?gica,
moralidad
y
sanciones
propias:
el orden
reglamentado
de
la
econom?a
y
la
sociedad
in
formales,
a
diferencia
de
la
anarqu?a
disfrazada
de
pobreza,
informalidad
y exclusi?n social. En el cuadro 4
se
expone el resultado de la coexistencia
3
V?ase
Ponce
(1995:
130-140),
actualizado
con
datos
publicados
por
Social Watch
(1999:33-35).
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7/20
oct-dic
2004
Exclusi?n
social y
violencia urbana
en
Am?rica
Latina
751
aparentemente
pac?fica
de
la
formalidad
y
la informalidad
en
Per?
y
en
Am?rica
Latina. Puede
notarse
tambi?n
que
Per?
se
ha
visto
m?s
afectado
por
la
informalidad
que
el
resto
del
continente.
Cuadro 4
Estructura del
empleo
urbano
en
Per?
y
en
Am?rica
Latina,
1990-1999
(porcentajes)
Per?
990
Per?999
Sector
p?blico
12
Sector
p?blico
7
Sector
privado
35
Sector
privado
39
Autoempleados
33
Autoempleados
30
Empleados
en
microempresas
15
Empleados
en
microempresas
18
Servicio
dom?stico
5
ervicio dom?stico
6
Am?rica
Latina
1990
Am?rica Latina 1999
Sector
p?blico
16
Sector
p?blico
13
Sector
privado
41
Sector
privado
40
Autoempleados 22 Autoempleados 24
Empleados
en
microempresas
15
Empleados
en
microempresas
16
Servicio
dom?stico
6ervicio dom?stico 7
Fuente:
Webb
y
Fern?ndez
Baca
(2001:
104),
con
base
en
datos
de
la
OIT.
La
econom?a
y
la
sociedad
informales
generan
asimismo brechas de
mogr?ficas
y
desintegraci?n
de la
estructura
familiar. Am?rica
Central,
cu
yas
sociedades han
sido
golpeadas
por
la
pobreza
y por
los efectos de
la
guerra
civil,
presentan
tal
vez
el
ejemplo
m?s
tajante
de tales
rupturas.
Mahler
(2002)
ofrece
un
panorama
de
los
procesos
migratorios
tanto
in
ternos
como
externos
de
los
pa?ses
centroamericanos: el
desplazamiento
interno
obligado
por
la
violencia
de la
guerra
civil
y
la
migraci?n
extrarre
gional,
de hecho
un
?xodo hacia
M?xico
y
los Estados Unidos. Alrededor
de
1130000 de los 30
millones
de
centroamericanos
viven ahora
perma
nentemente
en
los Estados
Unidos.
El
40%
de
ellos
proviene
de
El
Salva
dor.
Otros
700000
centroamericanos
se
encuentran
en
este
pa?s
como
indocumentados .
Mahler
analiza
una
serie
de estudios de
la
CEPAL
para
subrayar
la
importancia
de las
remesas,
que
mantienen
las
econom?as do
m?sticas de El Salvador, Guatemala, Honduras yNicaragua. P?rez S?inz
(2002)
lo
complementa
con
un
an?lisis
m?s
preciso
de la
dependencia
fa
miliar
de las
remesas,
dada
la
reducci?n
estructural del
mercado de
traba
jo
centroamericano,
las
tasas
de
desempleo
de
las
mujeres
y
de los
j?venes,
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8/18/2019 Dirk Kruijt - Exclusión Social y Violencia Urbana en América Latina
8/20
752
Dirk
Kruijt
FI XLIV-4
el n?mero
de
familias
desintegradas
y
la situaci?n de
los
que
se
quedaron
en
el
pa?s
mientras
los familiares masculinos
salieron
al exterior
ante
la im
posibilidad
de
obtener
un
puesto
en
el mercado laboral
dom?stico.
Relacionada
con
la cultura de la
pobreza
y
la orientaci?n
pol?tica
de
los
informales,
existe
una
profunda
desconfianza
en
las instituciones for
males
de
la
democracia,
tales
como
el
parlamento,
los
partidos
pol?ticos,
el
sistema
legal
y
las
cortes
y
los sindicatos
obreros.
En
otras
palabras,
una
de
las
principales
consecuencias
sociales
y
pol?ticas
del
proceso
de
pobreza,
informalizaci?n y exclusi?n social es la erosi?n de la legitimidad del orden
civil,
pol?tico
y
p?blico.
Los
antipol?ticos
de tendencia
neopopulista,
que
en
los a?os
ochenta
y
noventa
llegaron
al
poder
con
los
votos
de
las
ma
sas
excluidas,
no
pod?an
dejar
de escuchar
la
voz
del
descontento
popular
por
el funcionamiento
de
las
instituciones de
la democracia
y
tuvieron
que
dejar
?stas
de
lado
y
establecer
un
estilo
personalista
de
gobierno
basado
en
el
contacto
directo
con
las
masas.
En
algunos
casos,
este
estilo
plebisci
tario fue
apoyado
por
una
alianza
con
las instituciones
armadas.
El
estilo
de
gobierno
en
la democracia
neopopulista
cobr?
rasgos
particularistas,
personalistas
y
patrimoniales.
La
cultura
pol?tica
asociada
con
este
tipo
de
gobierno
est?
combinando
neopopulismo
con tecnocracias
excluyentes
y
?lites
privilegiadas
y
conservadoras
(O'Donnell,
1999:
65).
Todos los sondeos del
Latinobar?metro
en
los diferentes
pa?ses
del
con
tinente
muestran
esta
desconfianza
generalizada
respecto
de
las
institucio
nes
propias
de la democracia:
los
partidos
pol?ticos,
las
elecciones,
las
cortes,
el
parlamento,
el
gabinete,
el
presidente.
El reciente estudio sobre
La democracia
en
Am?rica Latina
del
PNUD
(2004)
corrobora
esta
desconfian
za:
seg?n
las
encuestas
efectuadas
por
el mismo
Latinobar?metro
en
toda
Am?rica
Latina,
m?s de
la mitad de la
poblaci?n
(58%)
canjear?a
sin
ma
yor pesar
un
r?gimen
democr?tico
por
un
gobierno
autoritario,
dado
que
?ste acabar?a
con
la
pobreza
nacional. La desconfianza
y
tal
vez
el
menos
precio
por
las
instituciones
democr?ticas
puede
ser
explicado
en
parte
por
el
hecho de
que
la
ley
y
el
orden,
y por
ende las
instituciones
asociadas
a
la
legalidad
democr?tica,
son
ajenos
al
contexto
inmediato
de la
informali
dad. Sobrevivir
significa
ser
extremadamente
pragm?tico
frente
a
actores,
instituciones
y
derechos.
La econom?a informal
es un
sistema de
despro
tecci?n:
se
trabaja
sin
horario,
sin
leyes
laborales,
sin derecho
a
la
jubila
ci?n
o
la
seguridad
social,
sin convenios colectivos
y
sin
sindicatos.4
Quien
4
Otro
ejemplo
es
el
transporte
informal.
En Lima
Metropolitana, conglomerado
urba
no
de
ocho millones de
habitantes,
operaban
en
agosto
de 2002 unos 50 000 buses
y
100 000
taxis
informales.
Para 1993 el
gobierno
de
Fujimori
hab?a
liberado
el
transporte
p?blico
con
el
resultado
de
que
casi
no
exist?a
un
transporte
p?blico
formal
despu?s
de
una
d?cada.
La
desreglamentaci?n
y,
en
consecuencia,
la
anarqu?a
autorizada
en
cuanto
a
l?neas,
rutas,
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8/18/2019 Dirk Kruijt - Exclusión Social y Violencia Urbana en América Latina
9/20
oct-dic
2004
Exclusi?n
social
y
violencia urbana en
Am?rica Latina 753
ha
aprendido,
por
necesidad,
a
operar
fuera del
contexto
legal
laboral,
quien
diariamente debe
mostrarse
pragm?tico
frente
a
actores
no necesa
riamente
amigables
y
no
necesariamente
leg?timos, quien
debe buscar
so
luciones criollas
y
moverse
por
lo
menos
parcialmente
fuera
del
contexto
de
convenios
y
sanciones
amparadas
por
la
ley,
debe
en
cierto
momento
llegar
a
la
conclusi?n
emp?rica
de
que
la
ley,
las
autoridades
y
el sistema
son
ajenos,
que
sirven
a
los
intereses de
los
ricos ,
que
la
po
l?tica
es
sospechosa
y
que
el derecho
es
un
bien
inalcanzable
para
los
pobres. Quien as? piensa y act?a en el ambiente econ?mico cotidiano, es
tar?
igualmente
inclinado
a
adoptar
una
actitud
semejante
frente
a
los
ac
tores
tampoco
necesariamente
amigables
o
leg?timos
en un
ambiente
donde la
violencia
tambi?n
es
parte
integral
de la
existencia
diaria.
Otro
asunto
problem?tico
con
respecto
a
la
democracia
es
el de
la
in
capacidad
para
ejercer
el
monopolio
del
uso
leg?timo
de
violencia
por par
te
de los
gobiernos.
?sta
no es
consecuencia
s?lo del
legado
autoritario
y
represivo
de
los
reg?menes
dictatoriales,
sino
tambi?n
de la
proliferaci?n
de la
violencia
armada
por
parte
de
una
variedad de
actores
no
estatales
(Koonings
y
Kruijt,
2004b).
Esta variedad de
actores
armados
es
la
con
trapartida
del
proceso
mismo de democratizaci?n. Contrariamente a la
violencia de los a?os de la
dictadura,
cuando el
Estado
mismo
era
uno
de
los
principales
proveedores
del
terror
y
la
represi?n,
la
nueva
violencia
agrupa muy
diferentes
formas,
como,
por
ejemplo,
la
violencia criminal
de
la
calle,
losmotines
y
disturbios,
la
limpieza
social
y
los
ajusticiamientos,
la
arbitrariedad
de la
polic?a,
las actividades
paramilitares,
las
actividades
guerrilleras
de
la
posguerra
fr?a,
etc.
Algunos
de
esos
actores
poseen
un
car?cter
semiinstitucionalizado,
como es
el
caso
de los
actores
armados
en
Colombia.
Otros
mantienen
un
estilo de vida
asociado al
uso
de las
armas
como
si ello
fuese
parte
de
una
rutina laboral.
Violencia
urbana
La ciudadan?a informal tiene
un
rostro
violento.
A
finales de los a?os
se
tenta,
Walton
(1976,
1977)
introdujo
el
concepto
de
ciudades
divididas
Durante los
a?os
ochenta las
ciudades
divididas
o
fragmentadas
fueron
analizadas
sobre todo
en
t?rminos de la
miseria
o
la
exclusi?n
urbana,
y
seguridad
y
mantenimiento
ocasiona
que
el
p?blico
en
general
se
acostumbre
a
tener
un
transporte
relativamente
barato
pero
sin
reglas
ni
sanciones
(entrevistas
del
autor con
Efra?n
Salas
-asesor
del
viceministro
de
Transporte
a
finales
de la
d?cada
de
los
noventa
y
asesor
del
presidente
de
la Comisi?n
Laboral del
Congreso,
Luis
Negreiros
Negrado,
en
2002-,
los d?as
10,
15
y
23
de
agosto
de
2002).
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8/18/2019 Dirk Kruijt - Exclusión Social y Violencia Urbana en América Latina
10/20
754
Dirk
Kruijt
FI
XLIV-4
generalmente
fueron
tipificadas
en
funci?n
de
una
dicotom?a: las ?lites
y
la
clase
media
alta
frente
a
los
pobladores
olvidados
de
las favelas
o
barria
das.5
Sin
embargo,
a
partir
de
los
a?os
noventa,
comenz?
a
identificarse
las
profundas
divisiones urbanas
con
la falta de
seguridad
humana
y
la
ausen
cia
de autoridades
protectoras
en
las
partes
abandonadas del
territorio
ur
bano,
donde
la
pobreza
suele coincidir
con
la
violencia.
El
caso
de
R?o de
Janeiro,
por
ejemplo,
cuyas
favelas
paup?rrimas semejan
?reas de
acceso
li
mitado,
adquiri?
una
mala
reputaci?n
en
el
c?rculo
de
analistas
de
la
vio
lencia urbana. La obra de Ventura (2002 [1994]) sobre la cidade partida
fue
seguida
por
una
serie de
publicaciones.6
La
relaci?n
entre
la
pobreza
y
la violencia
en
Gran Buenos Aires
era
discutida,
en
t?rminos
comparati
vos,
por
Sa?n
(2002).
El
debate
sobre
el
panorama
actual de la
violencia
en
los
territorios
metropolitanos
de
Am?rica Latina
es
descrita
en
los
estudios
comparativos
de
Rotker,
Goldman
y
Balan
(2002),
Koonings
y
Kruijt
(2004a)
y
Moser
y
Mcllwaine
(2004).
No
obstante,
la
violencia
no
est?
arraigada
s?lo
en
la vida
diaria
de
los
pobres
urbanos,
es o
era
tambi?n
una
caracter?stica de las
prolongadas
guerras
civiles
de los
pa?ses
centroamericanos
y
andinos.
Colombia
y
Gua
temala
son,
tristemente,
dos
perfectos
ejemplos
de
cadenas
de
causalidad
entre
la violencia
generalizada,
nacional,
y
enclaves de
paz
locales.
Sin
embargo,
la violencia nacional
se
ha
traducido
en
m?ltiples
formas de
vio
lencia local.
La
Guatemala
posb?lica
es
aquejada
por
nuevas
formas
de
violencia
causada
por
bandas
juveniles,
ex
paramilitares
que
encontraron
empleo
en
la
criminalidad,7
y
ex
militares
y
ex
polic?as
que
se
refugiaron
en
la
criminalidad
y
el
trafico de
droga
(v?ase
Sieder
et
al,
2002).
En
Co
lombia
se
ha institucionalizado
el desborde
de la
violencia
durante
los
?ltimos
30
a?os.
El
conflicto
pol?tico
tambi?n
ha tenido
consecuencias
pa
ra
la
violencia
relacionada
con
el
tr?fico
de
drogas y
la
criminalidad
local.
La
guerra
civil
en
este
pa?s
es
reproducida
a
escala
en
las
microguerras
de
las
?reas
metropolitanas
y
las
comunas
urbanas.
Abajo
resumimos
el
com
plicado
panorama
de los
actores
urbanos
extralegales
y
armados
involucra
dos
en
las actividades
paramilitares
y
criminales
y
en
la
industria
de
la
?
O'Donnell
(2003:
14-15)
se
refiere
a
esta
dicotom?a
al
describir las
actuales
fronteras
internas
de Am?rica
Latina.
6
V?ase,
por
ejemplo,
Barcellos
(2003),
Chaves
Pandolfi
y
Grynszpan
(2003),
Evangelista
(2003)
y
Zaluar
(1994, 2001).
7
Seg?n
ios datos
proporcionados
por
el
comisionado
presidencial
para
la
seguridad
na
cional,
general
Otto
P?rez
Molina,
y
publicados
en
El
Peri?dico
del
13
de
mayo
de
2004,
el
n?mero total
de
pai
amilitares
empleados
por
el
gobierno
durante
los
a?os
ochenta
y
noven
ta
fue de 1
200000
(la
poblaci?n
total
era
de
12
millones).
De ?stos
viven
actualmente
unos
400000
en
los Estados Unidos.
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8/18/2019 Dirk Kruijt - Exclusión Social y Violencia Urbana en América Latina
11/20
oct-dic
2004
Exclusion
social
y violencia
urbana en
Am?rica Latina
755
protecci?n
en
Medell?n,
segunda
ciudad del
pa?s
y
anteriormente la
capi
tal de
grandes monopolios
de
la
droga,
que
tras
la
muerte
de
Pablo
Esco
bar fueron
fragmentados.
Mientras
tanto,
hay
actores
armados
con
un
pasado
militar, criminal,
de
narcotr?fico,
de mar?
juvenil
o
de criminali
dad
com?n
que
han construido sistemas
de
violencia de
significaci?n
na
cional
en
pa?ses
como
Colombia,
Guatemala
y
M?xico,
y,
en
menor
grado,
en
Argentina,
Brasil,
Per?
y
Surinam.
En
el
peque?o
Surinam,
ex
colonia
holandesa
independizada
en
1975
y
v?ctima
en
los
a?os ochenta de sucesi
vos gobiernos militares, surgi? una econom?a paralela basada en el comer
cio de la
droga
hacia
los estados caribe?os
y
Europa,
la
explotaci?n
ilegal
de
yacimientos
de
oro
y
la
exportaci?n
de madera
tropical,
que
constitu?a
entre
40
y
60%
de
la
econom?a
formal nacional. Esta
econom?a
era
el
mo
tor
financiero de la
guerra
olvidada ,
una
guerra
civil
con
rasgos
?tnicos
desarrollada
entre
1987
y
1992,
cuando el
ej?rcito
nacional,
bandas
cima
rronas
de
guerrilla
y
una
variedad
de
agrupamientos
paramilitares
se
en
frentaron
en
acciones
de
insurgencia
y
contrainsurgencia.
Los
l?deres
de
ambas
partes
compart?an
negocios
de
droga
en
los
periodos
de
cese
al fue
go y
durante
las
negociaciones
de
paz.
Al describir el
complicado
escenario de la violencia
colombiana,
P?
caut
(1999)
introdujo
la noci?n
de la
banalidad
de
la
violencia .8
El
pro
longado
conflicto
interno
transform?
el
pa?s
en una
serie de
peque?os
teatros
de
una
guerra
en
la
que
m?ltiples
actores
armados
trataron
de
in
terferir. En el ?mbito
nacional,
puede
hacerse
una
distinci?n
entre
las
fuerzas
estatales
de
seguridad;
las
FARC
(Fuerzas
Armadas
Revolucionarias
de
Colombia)
y
el
ELN
(Ej?rcito
de
Liberaci?n
Nacional),
como
actores
ar
mados
de
la
izquierda ,
y
las
AUC
(Autodefensas
Unidas
de
Colombia),
como
las
fuerzas
de
la
derecha,
organizadas
por
iniciativa de
las
?lites
rura
les
y
los
representantes
de
la
econom?a
clandestina
para proteger
sus
inte
reses.
Detr?s
de
esta
configuraci?n
nacional
hay
eslabones
entre
las
fuerzas
estatales
de
seguridad
y
las fuerzas
oscuras ,
las
fuerzas
del orden
y
la
ley
y
las fuerzas
del
desorden,
las fuerzas
paramilitares
y
los
escuadro
nes
de
la
muerte,
entre
la econom?a oficial
y
la
clandestina.
Focalizando
los
?mbitos
locales,
aparece
una
estructura enormemente
fragmentada.
Escobar
(2002)
muestra
la existencia de
alianzas,
las
que
se
modifican casi
continuamente,
entre
los socios locales
y
los
actores
nacionales. Aviles
(2001:
43-47)
menciona
m?s de cien
asociaciones
paramilitares,
unificadas
durante
seminarios
y
conferencias
en
los
a?os
noventa
en
instituciones
co
mo CONVIVIR, un agolpamiento de movimientos de combatientes y de vigi
8
Otro
autor
que
analiz? el conflicto
colombiano,
en
cuanto
a sus
actores
armados,
es
Leal
Buitrago
(1999,
2000,
2004).
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8/18/2019 Dirk Kruijt - Exclusión Social y Violencia Urbana en América Latina
12/20
756
Dirk
Kruijt
FI
XLIV-4
lantes financiado
por
empresarios
rurales
y
consistente
en
comit?s
y
sere
nazgos*
locales. Ceballos
Melguizo
(2001:
115-124)
proporciona
un
an?li
sis
impresionante
de la
fragmentaci?n
de
la
violencia
en
Medell?n
durante
los a?os
ochenta
y
noventa.
En
estos
micromundos de la
violencia
operan
consorcios
criminales
como
las bandas de la
pesada,
redes de
empresarios
clandestinos
y
del
contrabando,
y
autoridades locales
que
emplean
crimi
nales
para
el
trabajo
sucio
ocasional,
organizados
en
oficinas. Hay
tambi?n
grupos
de subalternos alrededor de los
l?deres
de
las
mafias
que
act?an
co
mo intermediarios en el macabro mercado de los contratos de lamuerte y
la
criminalidad
en
gran
escala,
galladas
(pandillas juveniles)
en
torno
al
tr?fico
de
coca?na
y
sicarios
(j?venes
que
matan
por
contrato).
Las
llama
das bandas
de
chichipato
emplean
armas
caseras,
roban
tiendas,
casas-habi
taci?n
y
veh?culos,
y
asaltan
a
peatones
en
los barrios de la
pobreza;
para
ello,
usan
bazuco,
una
base de
coca
potente,
como
estimulante.
Grupos
de
protectores
y
de
limpieza
social
se
dedican
a
las
ejecuciones
por
contra
to,
mientras
que
agrupamientos
fragmentarios
de
paramilitares,
milicias
y
criminales locales
encuentran
empleo
en masacres
y
otras
actividades
vio
lentas.
Hay
tambi?n
grupos
de milicias
h?bridos,
compuestos
por
indivi
duos de clase
baja,
procedentes
de la
guerrilla
de
izquierda
y
criminales
comunes,
organizados
en
bandas locales. El trafico
de
droga acompa??
su
surgimiento.
Entraron
en
el mercado de la
protecci?n,
en
los
a?os
noven
ta,
para
actuar
contra
los escuadrones de la
muerte
y
agrupamientos
de
limpieza
social de la derecha. Present?ndose
como
grupos
armados
de
los
barrios ,
comenzaron
a
combatir
y
a
matar
a
criminales
y
traficantes
de
droga
y
bazuco.
Los
primeros
grupos
ten?an nombres
como
Milicias
Po
pulares
del Pueblo
y
para
el
Pueblo
(MP/PP),
Milicias
Populares
Valle de
Aburra
(MP/VA),
Milicias
para
Am?rica
Libre,
etc.
Todos
estos
grupos
esta
blecieron
lazos
con
bandas
y
l?deres
locales
de
izquierda.
Fueron
producto
de
la anomia
local,
originada
por
el
crecimiento
explosivo
de
pandillas
criminales
y por
la
crisis
y
dispersi?n
de la
izquierda
armada,
despu?s
de
la
pol?tica
del
presidente
Betancur
para
la reinmersi?n
en
la
sociedad
(Leal
Buitrago,
2004).
La consecuencia
inmediata
fue el
fen?meno
de
campamentos
de
paz ,
donde
j?venes
recibieron
formaci?n
ideol?gica
y
entrenamiento
en
el
uso
de
armas.
Algunos
ex
militantes
de
izquierda
en
contraron
empleo
en
el
mercado
de la
protecci?n
y
la
autodefensa. Otros
entraron
en
las bandas de la
droga.
La
ret?rica revolucionaria
fue
reusada
para
actividades
de extorsi?n
disfrazadas de
impuestos populares
y
do
naciones revolucionarias . Otros grupos, como Los Capuchos, comenza
ron
a
actuar
como
ronderos,
una
reminiscencia de los
a?os de La
Violencia
*
Serenazgo:
servicio
municipal
de
vigilancia
y
seguridad p?blica
en
Per?.
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8/18/2019 Dirk Kruijt - Exclusión Social y Violencia Urbana en América Latina
13/20
OCT-DIC
2004
EXCLUSION
SOCIAL
Y
VIOLENCIA URBANAEN
AM?RICA
LATINA
757
(1948-1953),
ajusticiando
criminales
menores,
lo
que
les
aportaba
apoyo
popular
y
cierta
legitimidad.
Estos
grupos
se
subdividieron
r?pidamente
y
nuevos
elementos de car?cter
eminentemente
criminal
asumieron
el lide
razgo.
En
1993,
el
gobernador
de
Antioquia
estimaba
que
el n?mero
de
ta
les
milicianos
era
alrededor
de 5 000.
En
ese
mismo
a?o
se
organizaron
negociaciones
de
paz
que
finalmente
fracasaron.
Los
milicianos
forma
ron
luego
nuevas
bandas,
esta
vez
de
menor
tama?o,
en
abierta
rivalidad
con
las bandas
netamente
criminales
y
con
la
polic?a.
El
proceso
de
frag
mentaci?n continu? en los
siguientes
a?os.
Vac?os
locales
de
gobierno9
La
proliferaci?n
de las
miniguerras
y
de
actores
armados
urbanos
en
Am?rica
Latina
est? relacionada
con
el
fen?meno de los
vac?os
locales
de
gobierno.
Estos vac?os
se
forman
a
ra?z de
una
prolongada
ausencia
de
las
autoridades
y
representantes
de la
ley
y
el orden
en
?reas
especificas
(Kruijt
y
Koonings,
2002:
19).
En
estos
vac?os
emerge
una
simbiosis
entre
el Estado
(la
polic?a
y
el sistema
legal),
la criminalidad com?n
y
elemen
tos
criminalizados
(anteriores
miembros de las fuerzas
armadas,
la
polic?a,
las
unidades
paramilitares
y
las
guerrillas).
Entonces
se
adapta
la
ley
y
la
justicia
local al orden resultante
de las
fuerzas
paralelas
de
grupos
locales
de
poder
y
autoridades
morales
(representantes
electos
de asociaciones de
vecinos,
pobladores
o
moradores,
sacerdotes
o
pastores
evang?licos,
a
ve
ces
empresarios
exitosos
o
propietarios
de emisora
de radio
o
televisi?n),
en
alianzas
fluctuantes.10
Es interesante
puntualizar
que
en
este contexto
de violencia
y
de mini
guerras por
el control de
peque?os
territorios
urbanos, cuyos
escenarios
tienen
un
alto
grado
de
volatilidad,
las fuerzas armadas
no
desempe?an
un
papel
preponderante.
Durante los
largos
a?os de la dictadura
militar,
go
biernos
c?vico-militares
y
guerras
civiles,
las instituciones
armadas fueron
los
principales
actores
de la violencia relacionada
con
el
Estado,
dirigida
hacia los
enemigos
internos de la
seguridad
nacional:
movimientos
revo
lucionarios,
guerrillas,
frentes de
campesinos,
l?deres sindicales
y
supuestos
comunistas.
Un elaborado
y
a
veces
complicado
sistema
de terrorismo de
9
Utilizamos
aqu?
las
conceptualizaciones
anteriores
de
Kruijt
y
Koonings
(2002),
Koo
nings
y
Kruijt
(2004)
y
Koonings
y
Kruijt
(2004b).
10
En
un
art?culo
reciente,
Davis
(2004)
reitera la
estrecha
correlaci?n
entre
la
pobreza,
la
exclusi?n
social,
la informalidad
y
el
surgimiento
de
nuevos
l?deres
morales de tinte reli
gioso
fundamentalista
en
las
favelas
y
barriadas
de
Am?rica
Latina
y
los
barrios de miseria
en
?frica.
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8/18/2019 Dirk Kruijt - Exclusión Social y Violencia Urbana en América Latina
14/20
758 Dirk
Kruijt
F/XLIV-4
Estado,
formado
por
instituciones de
inteligencia
y
seguridad
y
por
uni
dades
paramilitares
y
policiacas,
era
el
creador
de sociedades del miedo
de alcance
nacional,
y
el
ejecutor
de
la
represi?n
necesaria
en
zonas
de
combate
y
escenarios de
contrainsurgencia,
contra
las fuerzas terroristas .
En
la
d?cada de los
noventa,
durante el
proceso
de transici?n
hacia
gobier
nos
civiles,
se
transform? la
ostentosa
presencia
de los
pol?ticos
militares
en
asesores
en
materia de
seguridad
e
inteligencia
militar
para
los
pol?ticos
civiles,
en
la
sombra del
poder
y
los eslabones de consulta .
Incluso
al
co
mienzo del siglo XXI, las instituciones de inteligencia yde seguridad en los
pa?ses
andinos
y
centroamericanos
se
siguen
orientando
hacia
los
ene
migos
internos del
Estado. Sin
embargo,
en
los
pa?ses
del Cono
Sur
y
en
M?xico las
fuerzas armadas
se
retiraron de la
arena
p?blica
para
reformu
lar
sus
objetivos
institucionales,
siguiendo
la direcci?n de los militares
profesionales ,
como en
los
pa?ses
miembros de la
OTAN.
Las
instituciones
armadas
dejaron
prudentemente
la confrontaci?n
p?blica
con
actores
vio
lentos
no
estatales
a
las fuerzas
especiales
de la
polic?a,
entrenadas
en
el
combate de
contraagresi?n
urbana. No
obstante,
mientras las manifesta
ciones de la
nueva
violencia
asumen
gradualmente
rasgos
permanentes,
la anomal?a de esta situaci?n comienza a revelar el fen?meno del Estado
fallido
(por
lo
menos
parcialmente)
en
materia de
seguridad
y
usticia.
Otro
rasgo
es
la
proliferaci?n
de la
vigilancia privada:
la
polic?a
particu
lar,
guardianes
nocturnos
en
los barrios de la clase media
e
incluso
en
los
dis
tritos
populares,
serenazgos,
escuadrones de
protecci?n,
inconfundibles
fuerzas del sistema
bancario
y
financiero,
fuerzas de
justicia
privada,
coman
dos
paramilitares,
escuadrones de la
muerte.
Originalmente
asociadas
con
guerras
civiles
prolongadas
en
pa?ses
como
Colombia
y
Guatemala,
estas
aso
ciaciones de
orden
y
protecci?n
privada
se
expandieron
en
toda Am?rica
Latina
y
en
algunos
estados del Caribe
como
Jamaica.
La
fragmentaci?n,
debida
a
la
nueva
violencia ,
de los
actores
no
estatales
se
nutre
en
algunos
casos
de los
400 000
ronderos
peruanos
y
de
1
200
000
patrulleros
de
autode
fensa
guatemaltecos11
que
actuaron
como
fuerza
paralela
en
las
campa?as
contra
la
guerrilla
en
los a?os ochenta
(Guatemala)
y
noventa
(Per?).
En
tercer
lugar,
podemos
mencionar los
nuevos
actores
armados
en
las
favelas,
villas,
barriadas
o
comunas
de miseria donde
la autoridad
local
de
facto
es
el
traficante
o
el
drug
lord,
quien
ordena los
ajusticiamientos
a
la
vez
que
es
el
proveedor
financiero de las
ONG
en su
territorio.12
No
se
trata
de
11La
poblaci?n
total de este
pais
es
de
12
millones
(2003).
12
Durante
una
entrevista
(28
de
agosto
de
2003)
del
autor
con
Deusimar da
Costa,
pre
sidenta de la
Federa?ao
Municipal
das
Asociac?es
de Favelas do Rio de
Janeiro
(FEMAFARJ
/FAR-Rio),
ella
enfatizo
que
la coexistencia
pacifica
con
los traficantes
locales
era un
asunto
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8/18/2019 Dirk Kruijt - Exclusión Social y Violencia Urbana en América Latina
15/20
oct-dic
2004
Exclusion
social
y
violencia
urbana en
Am?rica
Latina 759
peque?os
territorios olvidados dentro de las
aglomeraciones
urbanas,
sino
de territorios de considerable
proporci?n,
que
tal
vez
conforman el
25%
del
contorno
urbano
en
metr?polis
como
R?o de
Janeiro,
Sao
Paulo,
Buenos
Ai
res,
Bogot?,
Medell?n,
M?xico,
Guadalajara
y
otras
ciudades
importantes.
Los
traficantes,
mayoritariamente
j?venes
o
adultos
j?venes,
son
los
nuevos
due
?os de la
violencia
urbana. Ellos
act?an
en
sus
barrios tambi?n
como
los
nue
vos
representantes
de la
ley
paralela,
no
por
justicia
sino
ajusticiando.
Aveces
cobran
impuestos paralelos
y
muestran
una
cierta benevolencia hacia
el
desarrollo local tambi?n paralelo, ofreciendo financiar las ONG locales en
las
favelas
y
villas
marginalizadas.
En
otros
casos
negocian expl?citamente
con
los l?deres
religiosos
locales,
quienes
han
aprendido
a
convivir
en
coexisten
cia
pragm?tica.13
Los traficantes
en
las villas
argentinas,
las favelas
brasile?as,
los
tugurios
colombianos
y
las
zonas
guatemaltecas
han
reproducido
escena
rios de
guerra
o
guerrilla
nacional
en
los territorios
urbanos.
En
algunos
ca
sos
han
expresado
sus
aspiraciones
territoriales
en
p?blico.
Recientemente
los
principales
traficantes de R?o de
Janeiro
anunciaron
-y
efectuaron-
el
cierre de la
autopista
al
aeropuerto
internacional,
demostrando as?
que po
d?an
ejercer
sanciones
en
caso
de
necesidad.
Algunos
miles de ni?os
y
adolescentes funcionan como soldados de
la
droga
en
las
guerras
urbanas
en
R?o
de
Janeiro.
Zaluar
(2000)
tipific?
la
relaci?n
entre
bandas
juveniles
y
el
comercio de las
drogas
en
las favelas
de
R?o de
Janeiro
con
raz?n
como
una
integraci?n
perversa
de la
econo
m?a clandestina
y
la violencia urbana.
En
este
contexto
tambi?n
hay
que
analizar el
nuevo
papel
de las bandas
juveniles
criminales
( maras )
en
Centroam?rica.
En El
Salvador,
Honduras,
Guatemala
y
en menor
grado
en
Nicaragua
las
maras
son
oficialmente consideradas
como
la
amenaza
n?mero
uno
para
la
seguridad
nacional
(Savenije
y
Andrade-Eekhoff,
2003; Savenije, 2004).14
Decenas de miles de
j?venes
de
entre
12
y
30 a?os
com?n
y
corriente.
Ellos tambi?n
son
moradores ,
dijo
la
se?ora,
y
su
presencia
no nos
mo
lesta. Ellos tienen
el
poder
de intervenir
y,
a
pesar
de
todo,
son
moradores. Puede decirse
que
mantenemos
una
vida simbi?tica. No
estamos
inclinados
a
llamar
la
polic?a
a
cada
momento.
13
En entrevistas
(los
d?as
29
y
30
de
agosto
de
2003)
del
autor
con
Jonas
Pedreina,
presi
dente de
la
asociaci?n
de moradores
en
una
de las
favelas del Cono Norte de R?o de
Janeiro,
?ste
dej?
en
claro
que
el traficante local hab?a ofrecido
en
repetidas
ocasiones
financiar las
obras
sociales de
la
iglesia
y
de las
ONG
afiliadas
a
la
asociaci?n,
sin
ning?n
compromiso ,
pe
ro
que
tanto
?l
como
el
pastor
evang?lico
comprendieron
que
el
arreglo implicar?a
el
recluta
miento de
j?venes
para
tareas
de
protecci?n
y
transporte
de
contrabando,
v
rechazaron
sus
ofrecimientos.
El mismo fen?meno
se
presenta
en
Gran Buenos Aires
(entrevista
con
Marcelo
Sa?n,
vice-ministro de
Seguridad
en
la
provincia
de Gran Buenos
Aires,
26
de
junio
de
2003).
14
Actualmente,
en
el
centro
de San
Salvador
el
fen?meno
de
las
niaras
est?
expandi?n
dose al sistema escolar
profesional.
Mareros estudiantiles
se
repartieron
territorios
de in
fluencia
en
el
centro
de
la
ciudad
(entrevista
con
Wim
Savenije,
12
de
mayo
de
2004).
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16/20
760
Dirk
Kruijt
FI
XLIV-4
de edad
pertenecen
a
una
de las
maras
o
pandillas
juveniles,
las
que
tienen
una
macabra
presencia
nacional
por
ser
responsables
de
20%
(Guatema
la)
y
45%
(El
Salvador
y
Honduras)
de los homicidios cometidos
en
2003
(Peetz,
2004).15
La
econom?a
marera
centroamericana
depende
del
con
trol
territorial
y
el
acceso
al
tr?fico
y
comercio local
de las
drogas.
La
es
cala de
operaci?n
en
t?rminos de
la
violencia
percibida
es
tan
grande
que
los
parlamentos
salvadore?o
y
hondureno
aprobaron
una
legislaci?n
es
pecial
antimarera
que
permite
comandos
especiales
compuestos
por
miembros de las fuerzas policiales ymilitares ( Operaci?n Libertad en
Honduras,
Plan Mano Dura
en
El
Salvador,
ambos
en
2003).16
En El
Sal
vador
el n?mero de
v?ctimas mortales de
la
violencia
marera
ya
ha
supera
do
el n?mero total de
muertos
durante
la
guerra
civil.
Todo
eso
lleva
a
preguntarse
sobre
la
estabilidad
de
un
orden
pol?tico
que
implica
la
existencia
generalizada
de
una
ciudadan?a
de
segunda
cla
se.
La
pobreza
dentro
de
un
contexto
de violencia
parece
ser
el mecanis
mo
est?ndar de
integraci?n
de los
marginalizados
urbanos.
Segmentos
considerables de la
poblaci?n
de Am?rica Latina sobreviven
en
la
econo
m?a
y
la
sociedad
informales,
donde
se
comparte
la
pobreza
y
la
violencia
diariamente. Muchos de los actores
armados
de esta nueva violencia son
reclutados
en
las filas de los
informales
y
los excluidos. Este fen?meno
de
la exclusi?n
con
violencia
compartida
por
las
masas
de los
pobres
urbanos
contribuye
a
la
destrucci?n
del orden
democr?tico
y
los
per?metros
de la
ciudadan?a. La violencia
cr?nica,
incluso
dentro
de
los l?mites de enclaves
territoriales,
contribuye
a
la
erosi?n
de la
legitimidad
del orden
pol?tico.
Resulta
parad?jico
que
varios
gobiernos
latinoamericanos,
as?
como
l?de
res
populares
y
autoridades
religiosas,
en su
contexto
local,
hayan
aceptado
una
coexistencia
pac?fica
con
los
actores
no
estatales de la
violencia,
mien
tras
que
?stos
no
constituyan p?blicamente
una amenaza
para
las
auto
ridades
pol?ticas
nacionales. La
pregunta
clave
es,
por
supuesto,
cu?nto
tiempo
m?s
podr?
ser
garantizada
la estabilidad del orden
econ?mico,
so
cial
y
pol?tico
en
Am?rica
Latina,
en
este
precario
equilibrio
entre
niveles
aceptables
de
exclusi?n
y
niveles
aceptables
de violencia.
l?
Las estimaciones
acerca
del
n?mero
de
mareros
por
pa?s
difieren de
manera
conside
rable.
Peetz
(2004: 59)
cita distintas fuentes
que
mencionan
entre
14 000
y
200
000
en
Guate
mala,
10 500
y
35 000 en El
Salvador,
y
36 000
y
100 000 en Honduras.
Tal
vez
Nicaragua
cuente
con
4 500
mareros,
Costa Rica
con
2
600,
Panam?
con
1 385
y
Belice
con
100.
16
A
la
fecha
(julio
de
2004)
el
gobierno
de Guatemala est?
preparando
un
paquete
le
gislativo
similar.
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8/18/2019 Dirk Kruijt - Exclusión Social y Violencia Urbana en América Latina
17/20
oct-dic
2004
Exclusion
social
y
violencia
urbana
en
Am?rica
Latina
761
Bibliograf?a
Adams,
Norma
y
N?stor Valdivia
(1994),
Los
otros
empresarios.
Etica
de
migrantes
y
for
maci?n
de
empresas
en
Lima,
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IEP
(2a
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Alba
Vega,
C.
y
D.
Kruijt
(1995),
La
utilidad de lo
min?sculo.
Estudios sobre la
informa
lidad
y
la
microempresa
en
M?xico,
Centroam?rica
y
los
pa?ses
andinos, M?xico,
El
Colegio
de
M?xico
( Jornadas ,
n?m.
125).
Arguedas,
Jos?
Mar?a
(2001),
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