Derecho Agrario de La Amazonia Peruana
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DERECHO AGRARIO DE LA AMAZONIA PERUANA Guillermo Figallo Adrianzén, 2009 INDICE MARCO GEOGRAFICO DESCUBRIMIENTO DE LA AMAZONIA EXPEDICIONES DE LOS CONQUISTADORES EXPEDICIONES MISIONERAS EL MODELO JESUITA DE REDUCCIONES DESPLAZAMIENTO DE LAS POBLACIONES NATIVAS LA INDEPENDENCIA DEMARCACION POLITICA SISTEMA DE DENUNCIO NUEVA POLITICA DE COLONIZACION LAS LEYES DE REFORMA AGRARIA DERECHO CONSTITUCIONAL AMAZONICO LA AMAZONIA EN LA CONSTITUCION DE 1993 TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA LAS COMUNIDADES NATIVAS CONVENIO DE LA OIT No. 169 SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES LA CONSTITUCION DE 1993 DERECHO AGRARIO DE LA AMAZONIA ANTECEDENTES LAS PRIMERAS LEYES DE COLONIZACION DE LA AMAZONIA REGIMEN ACTUAL 1
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Síntesis histórica de las leyes, y el derecho frente a los pueblos indígenas
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DERECHO AGRARIO DE LA AMAZONIA PERUANA
Guillermo Figallo Adrianzén, 2009
INDICE
MARCO GEOGRAFICO
DESCUBRIMIENTO DE LA AMAZONIA
EXPEDICIONES DE LOS CONQUISTADORES
EXPEDICIONES MISIONERAS
EL MODELO JESUITA DE REDUCCIONES
DESPLAZAMIENTO DE LAS POBLACIONES NATIVAS
LA INDEPENDENCIA
DEMARCACION POLITICA
SISTEMA DE DENUNCIO
NUEVA POLITICA DE COLONIZACION
LAS LEYES DE REFORMA AGRARIA
DERECHO CONSTITUCIONAL AMAZONICO
LA AMAZONIA EN LA CONSTITUCION DE 1993
TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA
LAS COMUNIDADES NATIVAS
CONVENIO DE LA OIT No. 169 SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES
LA CONSTITUCION DE 1993
DERECHO AGRARIO DE LA AMAZONIA
ANTECEDENTES
LAS PRIMERAS LEYES DE COLONIZACION DE LA AMAZONIA
REGIMEN ACTUAL
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DERECHO AGRARIO DE LA AMAZONIA
MARCO GEOGRAFICO
Desde el punto de vista geográfico, la ignota y misteriosa Región de los
bosques interminables, surcada por el más caudaloso río del mundo y sus
tributarios, llamada por los españoles y las primeras leyes republicanas, la
"montaña", denominada después Región de la Selva, y ahora, Amazonía es la
más grande Región Natural del país comprende una extensión superficial de
736.443 kilómetros cuadrados que comprenden el 59% del territorio nacional, de
clima tropical húmedo y temperaturas que oscilan entre los 22 y 36 grados.
Esta inmensa Región se divide en Selva Alta o Ceja de Selva ubicada en
las laderas orientales de los Andes desde una altura de 2.000 metros hasta los
500 metros sobre el nivel del mar y la Selva, propiamente dicha, o llano amazónico
que desciende imperceptiblemente desde los 500 metros hasta casi el nivel del
Océano Atlántico.
No obstante que su permanente verdor induce al error de creer en su
inmensa riqueza agrícola se ha comprobado que sus suelos son sólo aptos para
una agricultura limitada y apenas llegan al 0.5% de su extensión, lo que ha
acabado con el mito de futura despensa del país.
DESCUBRIMIENTO DE LA AMAZONIA
La Amazonía fue apenas explorada por los Incas que dominaron la
Cordillera de los Andes llegando sólo hasta sus estribaciones orientales la que
dedicaron primordialmente al cultivo de la planta Sagrada (la coca).
Durante los primeros años de la época Colonia los españoles explotaron
productos propios de la Ceja de Selva, pero, la Selva propiamente dicha, sólo fue
hollada esporádicamente por expediciones de osados aventureros en busca de El
Dorado o por el paso de austeros misioneros católicos.
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El lenguaje jurídico de la República denominó a esta inmensa Región del
"Gran Río", primero, la "Montaña", luego, "Región de los grandes Ríos, Región de
los Bosques" o de "terrenos de montaña", después de modo indistinto Región del
Oriente o Región Selvática, posteriormente, Región de la Selva y Ceja de Selva y,
finalmente, Amazonía.
EXPEDICIONES DE LOS CONQUISTADORES
Francisco de Orellana, lugarteniente de Gonzalo Pizarro, logró la hazaña
del "descubrimiento" el 01 de enero de 1542 del "Gran Río", al que denominó
Amazonas, surcándolo hasta su desembocadura para luego continuar por el
Atlántico hasta llegar a la isla Trinidad en los primeros días de agosto del mismo
año.
También merecen mencionarse las expediciones siguientes:
La de Pedro de Ursúa quien surcó el Río Mayo, descendiendo por el río
Marañon hasta llegar al Amazonas que navegó hasta la boca del Yavarí donde fue
muerto por Lope de Aguirre, apodado "el traidor", en la noche del año nuevo de
1961 quien asesinó además a Fernando de Guzmán y asumió el mando del resto
de los expedicionarios llegando al Atlántico el 04 de julio de 1971, y tras 17 días
de navegación arribó a la Isla Martinica apoderándose de su Capital y rebelándose
contra la Corona Española. Extraño primer grito de libertad en la América
Hispánica.
La emprendida por el Capitán Diego Vaca de la Vega que logró pasar el
pongo de Manseriche y fundó la ciudad de San Francisco de Borja el 08 de
diciembre de 1619.
La realizada por el Capitán Palacios que partió de San Miguel en 1636 con
un grupo de misioneros y 90 soldados siguió el curso del Río Aguarico y llegó
hasta su desembocadura en el Napo cayendo muerto a manos de los nativos.
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EXPEDICIONES MISIONERAS
Las noticias de la existencia de la gran región de la Selva habitada por
indios "salvajes” también despertó la vocación misionera de las Ordenes
Religiosas, inicialmente, de Jesuitas y de Franciscanos.
La Orden Jesuita instaló su centro de operaciones en Quito y emprendió la
evangelización de los indios de los Ríos Napo, y Amazonas ensanchándola
posteriormente al bajo Ucayali y el Marañon y fundaron el pueblo de Santiago de
la Laguna, futura sede de las misiones de Maynas.
El misionero jesuita Samuel Fritz realizó la hazaña de evangelizar en
apenas tres años (1686-1683) a casi toda la nación de los Omaguas, que en ese
entonces sobrepasaba los 15.000 habitantes; y trazó el primer mapa del
Amazonas que fue utilizado hasta inicios del Siglo XIX por todos los geógrafos.
Los misioneros franciscanos, por su parte, partiendo de Lima penetraron en
los Ríos Huallaga y Ucayali fundando como punto de apoyo el Convento de
Huanuco en 1580.
EL MODELO JESUITA DE REDUCCIONES
Las reducciones de indios a pueblos establecidas por los jesuitas se
caracterizaron por su espíritu de respeto de los derechos humanos de los indios y
una ejemplar organización que respetaba la autoridad de los Curacas
conservando en lo posible la estructura socio-política de cada tribu. En ellas,
además de Gobernador que era el antiguo curaca o cacique había Capitanes de
todas las parcialidades que eran sus antiguos principales o sus descendientes
jefes y Alfereces y Sargentos de la milicia.
Cada año se elegían los varayocs de cada parcialidad con un Alcalde
Mayor cuya función era velar por la buena administración del pueblo así como
designar las personas que debían ir al "mitayo" (cazadores que traían carne para
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el pueblo) y realizar otras labores comunes.
DESPLAZAMIENTO DE LAS POBLACIONES NATIVAS
El año 1769, el Gobierno español reemplazó a los Jesuitas de las misiones
de Maynas asumiendo éstas clérigos enviados de Quito y en 1786 los expulsó de
todos sus territorios de América con lo que se inició la decadencia de las misiones
y los indígenas se retiraron al interior de la Selva dejando sus poblados casi
deshabitados.
A fines de la Colonia, por Cédula Real, de 15 de julio de 1802, el Gobierno
español, anexó al Virreynato del Perú los territorios de la Comandancia General de
Maynas, de acuerdo con las recomendaciones de su Gobernador y Comandante
General don Francisco de Requena, creándose la Diócesis del mismo nombre.
LA INDEPENDENCIA
Alcanzada la Independencia el carácter anticlerical de los primeros
Gobiernos republicanos que se puso de manifiesto entre otros hechos con la
supresión del Convento de Ocopa por Decreto, de 01 de noviembre de 1824,
cuyas instalaciones fueron dedicadas a un centro educativo fiscal, dio lugar al
retiro de los franciscanos y provocó la salida de otros misioneros, principalmente
españoles, de la Selva. Aunque estos retornaron en 1838, la situación había
cambiado debido a la presencia de inmigrantes de toda clase de catadura moral.
Durante muchos años el Perú Oficial tuvo la idea que la mayor parte de las
tierras de la Amazonía eran "selvas vírgenes" o "tierras vacías" o sin habitantes
salvo unos pocos “salvajes” ignorando a los numerosos pueblos nativos que las
habitaban y se promovió su colonización a semejanza de la marcha al Oeste
Norteamericano.
DEMARCACION POLITICA
Declarada la Independencia del Perú, la Gobernación y Comandancia
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General de Maynas por Decreto de 26 de abril de 1922 pasó en calidad de Partido
a formar parte del Departamento de Trujillo (después La Libertad)1 hasta que por
ley de 21 de diciembre de 1832 fue creado el Departamento de Amazonas
conformado por las Provincias de Chachapoyas, Pataz y Maynas, consolidándose
así la libre determinación de los pueblos de esta Provincia de pertenecer al Estado
peruano.
La Ley de 21 de noviembre de 1832 erigió el nuevo Departamento de
Amazonas destinado a "tener gran influencia en los adelantos de la navegación y
del comercio y en la civilización de los indígenas" promoviendo su “reducción a
pueblos” mediante la distribución de herramientas de labranza. La ley fomentaba
el asentamiento de extranjeros en las nuevas reducciones mediante la asignación
de tierras con los beneficios otorgados a los poseedores de tierras eriazas.
Recién por ley de 21 de setiembre de 1868 la Provincia Litoral de Loreto es
erigida Departamento con el mismo nombre teniendo como capital la ciudad de
Iquitos.
El Estado impulsó la navegación del Amazonas y sus tributarios lo que
permitía comunicarse directamente con Europa y otros países del Continente
fomentando la inmigración y colonización de la Región, pero de signo contrario al
de los misioneros pues mientras estos trataban de dosificar el fenómeno
migratorio limitándolo a personas que demostraban buena conducta y “espíritu
religioso”, la nueva etapa abrió las puertas de la Amazonía a toda clase de gentes
sin preocuparse por su conducta o moralidad.
Al encontrarse los colonizadores con pueblos indígenas que habitaban la
Región revivió la agresión no sólo física sino cultural y social de los
conquistadores españoles. El resultado fue que blancos y mestizos hicieron
víctimas a los indios de un nuevo sistema de servidumbre. que dio a la palabra
"colonización" el significado que tiene hasta la actualidad.
Con la finalidad de poner término a los abusos que se venían cometiendo
con los indios, la Ley de 24 de mayo de 1845 declaró que "todos los indígenas
pobladores son dueños con pleno y absoluto dominio de los lotes de terreno que
1 Decreto de 26 de abril de 1922.
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“cultivan” haciendo extensiva esta gracia a todos los peruanos y extranjeros que
se dedicaren a poblar y cultivar".
Durante los años que siguieron fueron adjudicadas las tierras de la Región
desconociendo la existencia de las comunidades nativas tanto a peruanos que se
dedicaren a poblar y cultivar como a extranjeros de cualquier nación,
preferentemente de "raza blanca", con el fin de asentar brazos y capitales
dedicados a la explotación agropecuaria y traer a los "salvajes" a la "civilización".
Las leyes condicionaban el derecho de propiedad a la "real ocupación" de la tierra,
de acuerdo con la tradición jurídica andino-española..
Esta política donde afloraba la discriminación racial ignoraba los "hábitos
culturales propios de los pueblos de la Región." Según ciertos autores constituía
además una prolongación de la concepción "evangelizadora" de la legislación
española que condicionaba el reconocimiento del derecho a la tierra de los
pobladores nativos a su conversión al cristianismo llegando a delegar a favor de
las Congregaciones Misioneras la atribución estatal de distribución de la propiedad
tratando de hacer del nativo y del colono "un católico, minifundista y monocultor".
La crítica es a todas luces exagerada y tendenciosa, más bien la legislación
contenía una extraña mezcla de igualdad abstracta y racismo.
La ambigua política de proteger simultáneamente a los colonos que
llegaran a la Amazonía (extranjeros o peruanos) y a los indígenas estaba
destinado al fracaso pues las tierras que pertenecían a los nativos fueron
adjudicadas a los colonos promoviendo la agresión física y cultural de éstos contra
los nativos.
El Reglamento de los Valles de Paucartambo y Marcapata, de 20 de junio
de 1846, reconociendo el fracaso de la política colonizadora anterior dispuso "que
los antiguos propietarios de campos, hoy abandonados, debían proceder a
cultivarlos, arrendarlos o venderlos en el término de un año y si no lo hicieren
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proceder a ceder las propiedades abandonadas al primer ocupante que las
pidiere".
Sin embargo, en setiembre del mismo año el Gobierno desaprobó esta
norma "por no ser conciliable con los derechos de propiedad", declarando
implícitamente que el carácter “perpetuo” de la propiedad privada individual
prevalecía sobre la realidad ecológica, geográfica, social, económica y de
seguridad nacional de la amazonía.
La ley de Colonización, de 17 de noviembre de 1849, llamada "Ley
chinesca" por haber estado destinada a conseguir mano de obra de “coolies” para
los latifundios de la Costa debido a sus características alentó el ingreso de colonos
alemanes a las regiones de Chanchamayo, Moyobamba y Pozuzo y el reinicio de
la "Conquista del Este" con nuevos sembríos de café y cacao en la Ceja de Selva
que originan la modalidad de hacienda selvática mediante el sistema de
"mejoreros".
El Decreto Supremo de 15 de abril de 1863, demostrando una absoluta
ignorancia de la realidad invocando la finalidad de impulsar la explotación de "las
fértiles llanuras que riega el Amazonas de un modo más útil y eficaz promoviendo
la colonización y estableciendo familias en esos lugares dispuso que “la reducción
a la vida civilizada de las tribus salvajes del Este del Perú se hiciera por medios
verdaderamente sociales conformes con nuestras instituciones ordenando que las
concesiones se hicieran para colonias, pueblos y haciendas otorgando con tales
fines facilidades tributarias y asignando a los Gobernadores facultades para la
adjudicación de tierras.
La ley de 09 de enero de 1865 "con el filantrópico objeto de atraer a los
salvajes de las montañas a la vida civilizada y estimularlos para que pueblen y
cultiven los territorios de las misiones y reducciones" prorrogó por veinte años la
ley de 24 de mayo de 1845.
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La ley de 04 de noviembre de 1867 facultó al Prefecto de Loreto para ceder
gratuitamente hasta 120 hectáreas de terreno a todos los que lo soliciten sean
peruanos o extranjeros en proporción a los elementos de trabajo con que cuenten;
y a los Subprefectos para adjudicar hasta 12 hectáreas, previa aprobación del
Prefecto. Además, facultó al Poder Ejecutivo a ceder más de 120 hectáreas
mediante contrato en que se fijarían las condiciones requeridas por la extensión y
su objeto. Los contratos requerían la aprobación del Congreso cuando las tierras
excedieran de 1.500 hectáreas.
Esta ley declaró "anulados y sin ningún valor" los títulos otorgados en caso
de que no se cultivase cuando menos la quinta parte de las tierras adjudicadas
dentro del plazo de dos años. De este modo continuó condicionándose, aunque
sólo en parte la propiedad, al efectivo trabajo de las tierras.
Con el auge de la extracción del caucho, la ley de 26 de octubre de 1888
extendió la aplicación de las disposiciones de la ley de 04 de noviembre de 1867 a
la cesión de todo terreno de montaña convirtiéndose en la primera ley general de
adjudicación de tierras de la amazonía.
La fiebre del caucho llevó a los inmigrantes a penetrar hasta lo más
profundo de la Amazonía y produjo inmensas fortunas y un "boom" económico tan
fabuloso como efímero. Se ha señalado que este fenómeno económico a pesar de
su corta duración ha tenido una gravitación fundamental en el orden etnológico,
social y biológico de la amazonía siendo uno de los factores que más influyó en la
determinación de su actual estructura socio-cultural y su constelación de
relaciones intermedias y asimétricas.
Durante la “fiebre” del caucho las comunidades nativas sufrieron el despojo
de grandes extensiones de sus territorios que pasaron a integrar los latifundios de
"gomales" y fueron víctimas de un auténtico genocidio cometido por las grandes
empresas extractoras.
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Como secuela de la desastrosa Guerra del Pacífico la ley, de 23 de
noviembre de 1889, autorizó la cesión en propiedad de dos millones de hectáreas
de "terrenos baldíos de libre disposición del Estado" que debían adjudicarse en
lotes no mayores de 500.000 hectáreas. En pago de los Bonos emitidos con
motivo de los gastos bélicos. Dada su enorme extensión las tierras solamente
podían estar ubicadas en la Amazonía, lo que fue confirmado con la delimitación
del primero y felizmente único lote en la región del Río Perené a la empresa de
ferrocarriles Peruvian Corporation para dedicarlos a empresas agrícolas o
industriales con la condición de comenzar la colonización dentro de los tres
primeros años y tenerlos colonizados dentro del término máximo de diez años. La
ley establecía, además, que los colonos que se introdujeran en el Perú serían de
"raza europea".
La crisis del caucho originada por la producción de las plantaciones
desarrolladas por los europeos en el sudeste asiático se produjo de modo tan
sorpresivo que no dio oportunidad para prevenir sus efectos catastróficos, pues la
vida económica de toda la Amazonía dependía de su mono-extracción.
La incontenible riada humana impulsada por la ilusión de una riqueza fácil
desapareció tan rápidamente como llegó dejando árboles abatidos, pueblos
abandonados, hambre, pobreza y desolación. A manera de epitafio de esta gran
riqueza desperdiciada podemos recordar la frase de José Carlos Mariátegui "Con
la baja del caucho tramonta esta ilusión bastante tropical en su origen y en sus
características"
SISTEMA DE DENUNCIO (repetido Pág. 29)
La Ley No. 1220, de 31 de diciembre de 1909, ampliatoria de la Ley
Orgánica de Tierras de Montaña, promulgada el 21 de diciembre de 1898,
estableció un nuevo régimen de adjudicación de las llamadas "tierras de montaña"
que define como las que "estando situadas en la zona fluvial de la República,
constituyen la región de los bosques".
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Estableció que las tierras de montaña que no hubiesen sido legítimamente
adquiridos conforme al Código Civil hasta la fecha de su promulgación son de
"propiedad del Estado y sólo podían pasar al dominio de particulares conforme a
sus disposiciones. Por consiguiente, no podían ser objeto de adquisición por
ocupación, prescripción, o transferencia, si no habían sido previamente
adjudicadas por el Estado a una persona privada.
Señalaba cuatro modalidades de adjudicación de dichas tierras "para su
explotación u aprovechamiento":
1.- Venta de una extensión no mayor de mil hectáreas para fines agrícolas
o pecuarios condicionada al cultivo de cuando menos una quinta parte
dentro de los diez años de celebrado el contrato; y no más de treinta mil
hectáreas para explotación de gomales;
2.- Denuncio hasta de cincuenta hectáreas mediante el pago de una
contribución semestral;
3.- Adjudicación gratuita hasta de cinco hectáreas con la obligación de
cultivarlas; y 4.- Concesión para obras públicas o para colonización.
Facultaba la concesión de terrenos para vías férreas y caminos, limitando
las tierras cedidas a lo largo de dichas vías a lotes alternados no mayores de
cinco kilómetros.
Las indicadas modalidades conformaban el llamado sistema de "denuncio"
o de iniciativa privada que dio lugar a la adjudicación de grandes extensiones de
tierras a personajes políticos no residentes en la Región que continuaron
aplicando en sus latifundios la modalidad antisocial de explotación de las tierras
por medio de campesinos denominados "mejoreros".
En sustitución del caucho se inició la tala de maderas finas como el cedro y
la caoba y la extracción de otros productos como la tagua (marfil vegetal), la leche
caspi y el barbasco o cube que fueron rápidamente desplazados por los productos
sintéticos. También se retornó al cultivo del algodón, el café y el tabaco que, no
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obstante su calidad, sufrieron la fuerte competencia de otros países tropicales.
NUEVA POLITICA DE COLONIZACION
Ante el fracaso de la colonización por iniciativa privada del modelo liberal
de la Independencia el Estado desde fines de la década de los años 1930 - 1940
realiza intentos de resolver el viejo problema de la interconexión de la Amazonía
con el resto del país y lleva a cabo proyectos de colonización con fondos públicos
condicionando el derecho de propiedad de la tierra en la Amazonía a su "real y
permanente explotación", de acuerdo con nuestro Derecho histórico.
La ley 8621, de 20 de enero de 1938 dispuso la expropiación de los
"terrenos de montaña no cultivados y bosques a lo largo de las carreteras
recientemente construidas o que se construyan con fondos fiscales y dentro de
una faja de cinco kilómetros a ambos lados de la carretera, debiendo dedicarse a
la colonización de conformidad con las leyes vigentes." La ley crea así un sistema
mixto de adjudicación: según el proyecto de colonización en la franja indicada; y
por denuncio fuera de ella.
La ley 8687, de 01 de julio de 1938 amplía a 20 kilómetros la franja
expropiable en la zona de la carretera Huanuco-río bajo Ucayali.
Por Decreto Supremo de 23 de julio de 1938 se constituye el Centro de
Colonización de Tingo María con "elementos nacionales" en núcleos ubicados en
la franja referida.
Por Decreto Supremo de 09 de octubre de 1947 se reservan veinte
kilómetros en ambas márgenes de los ríos principales son fines de colonización.
Posteriormente, por Resolución Suprema de 31 de enero de 1940 se
reservan terrenos para la colonización de Santa Clotilde en el Río Napo; por
Resolución Suprema de 07 de febrero de 1950 se reserva terrenos para la
formación de la Primera Unidad Indígena de Colonización de la Selva en la zona
de Tambopata; por Resolución Suprema de 01 de noviembre de 1951 se reserva
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terrenos en la zona de influencia de la carretera Cojata-Sina-Tambopata para los
trabajadores de esta vía.
La Ley 9585, de 10 de abril de 1942, que ordena la revisión de los títulos de
propiedad o posesión de terrenos de montaña prohibiendo toda transferencia de
dominio mientras no se efectúe ;a dicha revisión.
La ley 10593, de 10 de junio de 1946, marca el retorno al principio histórico-
ecológico de ocupación permanente cuyo artículo 3° establecía que el abandono
de las tierras de montaña durante el término de cinco años determina la caducidad
del derecho de propiedad cualquiera que sea la forma en que se hayan adquirido;
y el Decreto Supremo de 03 de diciembre de 1963 que en su artículo 2° precisa
que la propiedad privada sobre terrenos de montaña está condicionada a su real y
permanente explotación.
La Ley 11436, de 14 de julio de 1950, declara Zona de Colonización por el
Estado la comprendida por los terrenos ubicados a lo largo del río Huallaga, en el
sector de Tingo María Yurimaguas en una profundidad de cuarenta kilómetros
cuadrados márgenes.
Siguieron abriéndose vías de penetración y reservándose terrenos para
proyectos de colonización ejecutados con fondos públicos destinados al
asentamiento de nuevos pobladores.
La construcción de carreteras de penetración originó un proceso de
migraciones masivas de campesinos andinos presionados por la estructura
latifundista serrana se adentraron en la selva en busca de nuevos horizontes. Los
colonos espontáneos se adelantaban no sólo a la construcción de la carretera sino
al trazo de las mismas.
La ley 12704 creó una Comisión encargada de preparar un proyecto de
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"Ley de Inmigración, Colonización y tierras selváticas del Perú" en sustitución de la
Ley 1220, sus modificatorias y ampliatorias.
La ley 13493, de 01 de enero de 1961, autorizó al Poder Ejecutivo para
vender por intermedio del Ministerio de Agricultura los terrenos expropiados a la
Sociedad Cooperativa Colonizadora del Perú ubicados en las márgenes del Río
Puñizás.
LAS LEYES DE REFORMA AGRARIA
La Ley de Reforma Agraria N° 15037 comprendió a las tierras de las
regiones de Ceja de Selva y Selva para las que establecía un mínimo inafectable
constituido por el área bajo cultivo directo y eficiente más una superficie igual al
doble de dicha área para reserva forestal, ampliación de cultivo o rotación. (Título I
De las Limitaciones y Obligaciones de la Propiedad Rural, Capítulo III Predios
Rústicos de Derecho Privado).
Establecía, además, un régimen especial de ampliación de dicho límite por
vía contractual en que debía estipularse que las nuevas tierras debían cultivarse
en el plazo de cinco años de acuerdo con el respectivo plan de inversión. (Artículo
36°).
Declaraba "exceptuadas de afectación las tierras ocupadas por las tribus
aborígenes de la Selva en toda la extensión que requieran para cubrir las
necesidades de su población" disponiendo se diera preferencia a su delimitación y
otorgamiento de los títulos de propiedad respectivos. (Artículo 37°).
Declaró la reversión al dominio del Estado provenientes de concesiones,
pago de indemnizaciones, deudas del Estado, o ventas otorgadas por éste a
personas naturales o jurídicas, incluso las transferidas por éstas a terceros, para
fines de colonización en virtud de las leyes de 23 de noviembre de 1889, de 21 de
noviembre de 1889 y N° 1220, de 31 de diciembre de 1909 y su Reglamento; así
como de las demás leyes y disposiciones sobre la materia y en las que no se
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hubieran cumplido todas las condiciones de su adjudicación quedando nulos y sin
ningún valor, ni efecto los títulos otorgados (Artículo 54o.).
Declaró reservadas al Estado, para el efecto de su colonización, salvo
derechos de terceros, las tierras ubicadas a veinte kilómetros del eje de todo
camino, carretera o ferrovía y de su trazo que se construya con fondos públicos
(Artículo 88°).
Ofreció una nueva definición de "colonización" como "el establecimiento
organizado de grupos de agricultores en unidades agrícolas consideradas en la
ley, y la prestación a dichos grupos de asistencia técnica, económica y social
durante el plazo necesario para que lleguen a desenvolverse por sus propios
medios y el de los servicios públicos ordinarios" (Artículo 99°).
Si bien el Decreto ley de Reforma Agraria 17716 excluyó de sus
disposiciones a la Amazonía (Artículo 43°) el Gobierno de entonces le dedicó
especialmente la Ley de Comunidades Nativas y Desarrollo de la Región de la
Selva y Ceja de Selva N° 20653, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre No. 22147 y
la Ley No. 22175 que sustituye a la primera.
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 22175 distinguió tres grupos de
capacidad de uso mayor de tierras de la Amazonía con aptitud para: a) para el
cultivo, b) para la ganadería, y c) para la explotación Forestal, de las que
solamente podían ser susceptibles de propiedad privada las dos primeras, pues la
misma Ley considera que son recursos forestales las tierras cuya capacidad de
uso mayor es forestal, los bosques y todos los componentes de la flora silvestre; y
que los recursos forestales y la fauna silvestre pertenecen al dominio público.
El Decreto Legislativo N° 02, llamado Ley de Promoción y Desarrollo
Agrario, (el Artículo 64°) modificó los Artículos 35°, 43°, 59°, 63°, 64°, 65°, 70°,
71°, 72° y 85° del Decreto Ley N° 21147 propicia una política de devastación de la
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Amazonía.
Las disposiciones sobre el régimen de propiedad de las tierras de la
amazonía se han visto sobrepasadas por una tumultuosa y caótica invasión de
grandes sectores de la amazonía debida a la explosión demográfica y la
expansión del cultivo de la coca impulsado por el narcotráfico.
Finalmente, La Ley de Bases para el Desarrollo Rural de la Amazonía
Peruana No. 24994, de 4 de enero de 1989, señala que el "ámbito amazónico
comprende la totalidad de los Departamentos de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y
San Martín y las provincias de Condorcanqui, Bagua, Rodríguez de Mendoza y
Uctubamba del Departamento de Amazonas, Jaén y San Ignacio del
Departamento de Cajamarca, Leoncio Prado y Puerto Inca del Departamento de
Huánuco, Oxapampa del Departamento de Pasco, Satipo y Chanchamayo del
Departamento de Junín, la Convención del Departamento del Cuzco, parte de la
provincia de La Mar del Departamento de Ayacucho y parte de las Provincias de
Carabaya y Sandia del Departamento de Puno.
Se ha criticado esta delimitación simplemente política diciendo que la Ley
asume la Amazonía como un "todo" ecológico sin hacer diferencia entre la Ceja de
Selva y la Selva. Empero, por otro lado, la Ley desvirtúa en apariencia la
mencionada crítica al establecer que "la Selva Alta se desarrollará mediante
planes y proyectos especiales adaptados a las características geo-económicas de
dicha región orientados al aprovechamiento de los recursos agrícolas mineros e
hidro-energéticos que faciliten su desarrollo agroindustrial e industrial". (Artículo
43°). En nuestra opinión, la crítica continúa siendo válida, pues la Ley no exige un
aprovechamiento racional o sostenido de los recursos naturales. Además, el
transcurso del tiempo ha demostrado su inoperancia.
DERECHO CONSTITUCIONAL AMAZONICO (repetido pág. 29)
La Constitución de 1979 se ocupaba de la Amazonía en dos lugares. En el
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primero disponía, el "Estado impulsa el Desarrollo de la Amazonía. Le otorga
regímenes especiales cuando así se requiere" (Artículo 12°.). La norma tenía su
sede materia en el Capítulo II "De los Recursos Naturales" del Título III, sobre el
Régimen Económico.
En el segundo, señalaba, "el Estado dicta las normas especiales que,
cuidando el equilibrio ecológico, requiere la Amazonía para el desarrollo de su
potencial agrario. El Estado tierras de esta región en propiedad o concesión a
personas naturales o jurídicas de acuerdo a Ley" (Artículo 159° inciso 4.-). y su
sede materia se encontraba en el Capítulo VII del Régimen Agrario del mismo
Título.
Las dos normas antes indicadas pueden ser consideradas como la creación
de un derecho agrario amazónico.
Rubio y Bernales criticaron la ubicación del inciso 4o. dentro del Art. 159°,
basándose en que la Reforma Agraria no es aplicable a la Región de la Selva
donde no ha habido una estructura agraria, salvo los derechos de las
Comunidades Nativas sobre sus tierras.
Ello es inexacto como puede advertirse de la legislación que hemos glosado.
Es irreal la creencia de que los valles de la Ceja de Selva son "espacios
vacíos" cuando son áreas "saturadas" de población.
Creemos, además, que no habría sido congruente que, después de prohibir
el latifundio-minifundio en el resto del país por razón de su injusticia e
irracionalidad, la misma Carta promoviera su persistencia la Región Amazónica.
Mas bien, el defecto del inciso 4o. del Artículo 159° era su imprecisión, que
podía haber dado lugar a interpretaciones literales que sin tener en cuenta su
"sede materia" condujesen a la errónea conclusión de que la Constitución había
dado al legislador común la facultad de entregar en propiedad absoluta las tierras
con aptitud forestal de la amazonía que no pueden dedicarse a la agricultura
17
olvidando que para la concesión de explotación de bosques o de la fauna silvestre
no se requiere la propiedad del suelo.
Los artículos indicados contienen la formulación de un derecho propio de la
Región de la Selva coincidente con la uniforme legislación dictada desde los
inicios de la época republicana y lo enriquece con la inclusión del principio
"ambiental" que debido a la labilidad del equilibrio ecológico característica de la
Región debe ser tenido en cuenta primordialmente.
El Derecho amazónico inspirado en principios ecológicos no abriría las
puertas de dicha Región a su explotación irrefrenable por colonos minifundistas o
los consorcios transnacionales.
La Historia nos demuestra que las "facilidades" otorgadas a las empresas
capitalistas, no sólo nacionales sino también extranjeras, para la explotación de
nuestros recursos naturales en nada han beneficiado al país sino al contrario
muchas veces los han degradado sin remedio.
La actividad agraria en la Amazonía fue regulada por la Ley de Bases para
el Desarrollo Rural de la Amazonía N° 24994 y las disposiciones que no se le
opongan del Decreto Ley No.22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo
de la Región de la de Selva;
La indicada Ley de Bases ha sido criticada por su tendencia a la
"elefantiasis burocrática" y carecer de mecanismos participatorios de los colonos
por estar inbuída de una concepción productivista propia del Siglo pasado. La ley
señala que "el Estado promoverá los sistemas colectivos y de propiedad social de
libre elección de los colonos"(Artículo 34°). Pero, contradictoriamente dispone la
adjudicación de tierras bajo la modalidad de parcelas individuales únicamente.
(Artículo 24°. inciso a-).
18
Por otro lado, consideraba como modelos de asentamientos rurales las
"Unidades Militares de Asentamiento Rural" y las "Misiones Religiosas" sin advertir
que la Iglesia y las Ordenes Religiosas no pueden ser adjudicatarias de tierras, y
entre los fines de los Cuerpos de las Fuerzas Armadas no se encuentra el de
constituirse en empresas agrarias.
LA AMAZONIA EN LA CONSTITUCION DE 1993
La Constitución de 1993 declara que "el Estado promueve el desarrollo
sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada" (Artículo 69°). De este
modo reafirma la concepción de la Constitución anterior y establece el punto de
apoyo para la construcción de un derecho agrario y ambiental amazónico.
TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA
El Tratado de Cooperación Amazónica, suscrito por el Perú y demás países
de la Región en 1978, tiene como finalidad realizar una política coordinada que
impulse su desarrollo armónico.
Después de doce años de letargo en que ha tenido lugar una peligrosa
depredación de inmensas extensiones de bosques y de acciones genocidas contra
las Comunidades Nativas para dar paso a cultivos inapropiados y la degradación
de tierras agrícolas, ha sido suscrita la Declaración de la Amazonía como una
justificada respuesta de los Estados amazónicos ante el intento de ciertos países
desarrollados de condicionar su política de ayuda económica y cooperación
técnica a la intangibilidad de los recursos naturales de la Amazonia, lo que
constituía un atentado contra el derecho soberano que asiste a nuestros países de
decidir por sí mismos el destino de sus territorios de Selva.
LAS COMUNIDADES NATIVAS
El Decreto Supremo No 03, de 01 de marzo de 1957, fue la primera norma
legal de la República que prestó atención a los indios amazónicos , organizados
en "tribus" que califica como "grupos humanos autóctonos" disponiendo la reserva
19
de las áreas necesarias que aseguren su subsistencia "de preferencia en la zona
donde se compruebe su existencia y posesión inmemorial".
Dichas áreas debían estar supeditadas a la población de cada tribu
selvícola en proporción de 10 hectáreas por cada poblador de ambos sexos con
un mínimo de 5 años.
Pero, fue el Decreto Ley 20653 de 18 de junio de 1974, denominado Ley de
Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de las Regiones de Selva y
Caja de Selva, la primera que les dio ese nombre y formuló las bases de un
estatuto jurídico propio con derecho a su autonomía cultural y a regirse por su
derecho consuetudinario, así como su derecho prioritario sobre las tierras de
aptitud agrícola o ganadera que poseen y al aprovechamiento prioritario de los
recursos naturales que hubieren en esas mismas tierras.
El Decreto Ley 21175, de 21 de mayo de 1978, denominado Ley de
Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Región de la Selva y Ceja de
Selva, dictado con el propósito de limitar los derechos de las comunidades nativas
sobre los recursos naturales, reprodujo en su mayor parte las normas de la Ley
20653 salvo en este aspecto.
Reconoce la existencia legal y la personalidad jurídica de las Comunidades
nativas y las define diciendo que "tienen su origen en los grupos tribales de la Ceja
de Selva y Selva y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los
siguientes elementos principales: idioma o dialecto, caracteres culturales y
sociales, tenencia y usufructo común y permanente del mismo territorio, con
asentamiento nucleado o disperso" (Artículo 8°).
En cuanto a su "territorio" establece que el Estado garantiza su "integridad",
levantará los Catastros y les otorgará los títulos de "propiedad" (Artículo 10°). Para
los efectos de la demarcación del territorio comunal distingue las comunidades
20
sedentarias y las emigrantes estacionales. Señala que se tendrá en cuenta, en el
primer caso, la superficie que "actualmente ocupan" para realizar actividades
agropecuarias, de recolección, caza y pesca; y en el segundo, la superficie donde
se establezcan al efectuarlas.
CONVENIO DE LA OIT N° 169 SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES
Este Convenio adoptado por la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo con fecha 27 de junio de 1989 y ratificado por el
Congreso Peruano el 1O de diciembre de 1995, tutela los derechos de los pueblos
indígenas de la Amazonía denominados por nuestra legislación "Comunidades
Nativas".
De acuerdo con el referido Convenio el Estado peruano debe reconocer el
derecho de propiedad y de posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan y
su derecho a utilizar las tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellas,
pero a las que hayan tenido acceso para sus actividades tradicionales y de
subsistencia en las medidas que sean necesarias; y adoptar las medidas para
determinar las tierras que las comunidades nativas ocupan tradicionalmente
ocupan y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y
posesión.
Asimismo, establece que los derechos de las comunidades nativas a
participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales
existentes en sus tierras.
LA CONSTITUCION DE 1993
La Constitución vigente representa un importante avance en cuanto a los
derechos de las comunidades nativas, pues además de reconocer su existencia
legal ha declarado el derecho fundamental de toda persona a su identidad étnica y
cultural; y el reconocimiento y protección del Estado a la pluralidad étnica y cultural
de la Nación (Artículo 2° inciso 19-).
21
Asimismo, declara que los recursos naturales pertenecen a la Nación; y, por
consiguiente, a las etnias que la integran.
Las Comunidades nativas tienen derecho prioritario al aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales que se encuentren dentro de su territorio
compatible con el goce de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la
vida de sus miembros.
Ver Gaspar de Carvajal "Relación de la Jornada de Orellana" en la Historia
General y Natural de los Indios de Gonzalo Fernández de Oviedo, Tomo IV, pág.
551.
Ver Informe de don Francisco de Requena, Gobernador y Comandante General
de Maynas, de 29 de mayo de 1799.
Francisco Ballón, mimeografo.
La ley chinesca fue derogada por la Ley de 19 de noviembre de 1853.
La palabra caucho deriva del vocablo nativo cahuachu, cauhuo o cauchuc
que significa "madera que llora". Bajo este nombre se comprende una goma
elásica, latex, procedente de plantas "euforbiaceas que son la goma o shiringa
(hebea brasilenis), el jebe dévil (hevea guianensis) y el caucho castilloa (castilloa
ulei). Stefano Varese "Relaciones interétnicas en la Selva del Perú", en La
Situación Indígena en América Latina, Montevideo, 1971.
Artículos 29° y 30°
Marcial Rubio y Enrique Bernales " Estado y Sociedad" Ed. 3a. Edicio Lima, 1989.
DERECHO AGRARIO DE LA AMAZONIA
ANTECEDENTES
La Región de los grandes bosques y surcada por innumerables ríos tributarios
del más caudaloso del mundo, el Amazonas, llamada por los españoles y las
primeras leyes republicanas, la "montaña" denominada después Región de la Selva,
22
y ahora, desde la Constitución de 1979, Amazonía comprende la mayor parte del
territorio peruano.
Desde el punto de vista geográfico la Amazonía es la gran Región Natural del
país que se extiende desde los 2,000 metros de altura en las laderas de los Andes
orientales hasta el llano amazónico con sus inmensos bosques tropicales y grandes
ríos navegables y que abarca la ceja de Selva ubicada entre los 2.000 y 500 metros
de altura de la Cordillera Oriental y la "Región de la Selva" o llano amazónico
propiamente dicho desde los 500 metros hasta casi el nivel del Océano Atlántico.
La Amazonía fue apenas explorada por los Incas que llegaron sólo hasta las
estribaciones orientales de los Andes dedicándolas al cultivo de la planta Sagrada (la
coca).
Durante la Colonia sólo la hollaron esporádicamente las expediciones de
osados aventureros acicateados por la búsqueda de El Dorado y por el paso de
austeros misioneros católicos.
Durante muchos años fue considerada "selva virgen" o "tierras vacías"
ignorando a las numerosas comunidades nativas que la habitaban muchas de ellas
aún no reconocidas legalmente por el Estado. Se tiene la errada creencia que debe
emprenderse la colonización de la Amazonía algo así como la marcha al Este a
semejanza de la marcha al Oeste Norteamericano.
Debemos recordar que la palabra "colonización" ha tenido entre nosotros un
contenido de "violencia, de abuso, de usurpación y de dominación económica y
cultural" que subsiste en la actualidad. Es irreal la creencia de que los valles de la
Ceja de Selva son "espacios vacíos" cuando son áreas "saturadas" de población. La
marcha hacia el Este ha sido emprendida desde hace tiempo.
23
LAS PRIMERAS LEYES DE COLONIZACION DE LA AMAZONIA
Durante los primeros cien años de la República las tierras de la Región
vinieron siendo adjudicadas tanto a peruanos que se dedicaren a poblar y cultivar
como a extranjeros de cualquier nación, preferentemente de "raza blanca" con el fin
de asentar brazos y capitales dedicados a la explotación agropecuaria y traer a los
"salvajes" a la "civilización". De acuerdo con la tradición jurídica indo-española, las
leyes condicionaban el derecho de propiedad a la "real ocupación" de la tierra.
Esta política donde afloraba la discriminación racial del indio ignoraba los
"hábitos culturales propios de los pueblos de la Región" y constituía además una
prolongación de la concepción "evangelizadora" de la legislación española que
condicionaba el reconocimiento del derecho a la tierra de los pobladores nativos a su
conversión al cristianismo llegando a delegar a favor de las Congregaciones
Misioneras la atribución estatal de distribución de la propiedad. Se trataba de hacer
del nativo y del colono "un católico, minifundista y monocultor".2
Por Decreto de 26 de abril de 1922 fue creado el Departamento de Maynas
consolidando la libre determinación de la Provincia de pertenecer al Estado peruano.
La Ley de 21 de noviembre de 1832 erigió el nuevo Departamento de
Amazonas compuesto de las Provincias de Chachapoyas, Pataz y Maynas
destinada a "tener gran influencia en los adelantos de la navegación y del comercio y
en la civilización de los indígenas" promoviendo su reducción a pueblos mediante la
distribución de herramientas de labranza. La ley fomentaba el asentamiento de
extranjeros en las nuevas reducciones con la asignación de tierras con los beneficios
otorgados a lo poseedores de tierras eriazas.
Posteriormente, la Ley de 24 de mayo de 1845 declaró que "todos los
indígenas pobladores son dueños con pleno y absoluto dominio de las lotes de
terreno que cultivan haciendo extensiva esta gracia a todos los peruanos y
extranjeros que se dedicaren a poblar y cultivar".
2 ? Francisco Ballón, mimeógrafo.
24
Es notable la estrecha vinculación en esta legislación entre derecho de
propiedad y cultivo directo de la tierra, característica del Derecho Andino.
Sin embargo, la ambigua política de proteger simultáneamente a los colonos
que llegaran a la Amazonía (extranjeros o peruanos) y a los indígenas estaba
destinado al fracaso pues las tierras que pertenecían a los nativos fueron
adjudicadas a los colonos.
Luego, el Reglamento de los Valles de Paucartambo y Marcapata, de 20 de
junio de 1846, dispuso "que los antiguos propietarios de campos, hoy abandonados,
procederán a cultivarlos, arrendarlos o venderlos en el término de un año y si no lo
hicieren cederán las propiedades abandonadas al primer ocupante que las pidiere".
Sin embargo, en setiembre del mismo año el Gobierno desaprobó esta norma
"por no ser conciliable con los derechos de propiedad".
La ley de Colonización, de 17 de noviembre de 1849, llamada "Ley chinesca"
no obstante haber sido destinada a conseguir mano de obra para el agro costeño por
sus características alentó el ingreso de colonos alemanes a las regiones de
Chanchamayo, Moyobamba y Pozuzo. 3
El Decreto Supremo de 15 de abril de 1963, con la finalidad de impulsar la
explotación de "los fértiles llanuras que riega el Amazonas de un modo más útil y
eficaz promoviendo la colonización y estableciendo familias en esos lugares dispuso
que la "reducción a la vida civilizada de las tribus salvajes del Este del Perú se
hiciera por medios verdaderamente sociales conformes con nuestras instituciones.
Ordena las concesiones para colonias, pueblos y haciendas y otorga facilidades
tributarias asignando a los Gobernadores la facultad para la adjudicación de tierras.
La ley de 09 de enero de 1865 "con el filantrópico objeto de atraer a los
salvajes de las montañas a la vida civilizada y estimularlos para que pueblen y
3 ? La ley chinesca fue derogada por la ley de 19 de noviembre de 1853.
25
cultiven los territorios de las misiones y reducciones" prorrogó por veinte años la ley
de 24 de mayo de 1845.
La ley de 04 de noviembre de 1867 faculta al Prefecto de Loreto para ceder
gratuitamente hasta 120 hectáreas de terreno a todos los que lo soliciten sen
peruanos o extranjeros en proporción a los elementos de trabajo con que cuenten; y
a los Subprefectos hasta 12 hectáreas, previa aprobación del Prefecto.
Además, faculta al Poder Ejecutivo a ceder más de 120 hectáreas mediante
contrato en que se fijarán las condiciones requeridas por la extensión y su objeto y
que necesitarán la aprobación del Congreso cuando excedieran de 1.500 hectáreas.
Establece que los títulos otorgados quedarán anulados y sin ningún valor en
caso de que no se cultive cuando menos la quinta parte dentro del plazo de dos
años. De este modo continúa condicionándose aunque sea en parte la propiedad al
efectivo trabajo de las tierras.
La Ley de 26 de octubre de 1888 extiende la aplicación de las disposiciones
de la ley anterior a la cesión de todo terreno de montaña.
La Ley de 23 de noviembre de 1889 autoriza la cesión en propiedad de dos
millones de hectáreas de "terrenos baldíos de libre disposición del Estado" para
dedicarlos a empresas agrícolas o industriales con la condición de comenzar la
colonización dentro de los tres primeros años y tenerlos colonizados dentro del
término máximo de diez años.
La ley establecía, además, que los colonos que se introdujeran en el Perú
serían de "raza europea".
Los terrenos debían adjudicarse en lotes no mayores de 500.000 hectáreas.
Dada su enorme extensión las tierras solamente podían estar ubicadas en la
Amazonía, lo que fue confirmado con la delimitación del primer lote en la región del
Río Perené.
26
SISTEMA DE DENUNCIO
La primera Ley Orgánica de Tierras de Montaña, promulgada el 21 de
diciembre de 1898, y la Ley No. 1220, de 31 de diciembre de 1909, influenciadas por
las corrientes ultra liberales adoptaron el sistema llamado de "denuncio" o iniciativa
privada que dio lugar a la adjudicación de grandes extensiones de tierras a
personajes políticos no residentes en la Región quienes crearon una modalidad
antisocial de explotación de las tierras por medio de campesinos denominados
"mejoreros".
En la década de los años treinta se esbozan tímidos intentos de establecer un
régimen de colonizaciones planificadas por el Estado y de limitación del derecho de
propiedad de la tierra condicionándolo a su "real y permanente explotación", de
acuerdo con nuestro Derecho histórico.
Puede incluirse dentro de esta tendencia la Ley 10593, de 10 de junio de
1946, cuyo Artículo 3° establecía que el abandono de las tierras de montaña durante
el término de cinco años determina la caducidad del derecho de propiedad
cualquiera que sea la forma en que se hayan adquirido; y el Decreto Supremo de 03
de diciembre de 1963 que en su Artículo 2° precisa que la propiedad privada sobre
terrenos de montaña está condicionada a su real y permanente explotación.
DERECHO CONSTITUCIONAL AMAZONICO (repetido pág. 17)
La Constitución de 1979 se ocupaba de la Amazonía en dos lugares. El
primero disponía, el "Estado impulsa el Desarrollo de la Amazonía. Le otorga
regímenes especiales cuando así se requiere" (Artículo 120°). La norma tenía su
sede materia en el Capítulo II "De los Recursos Naturales" del Título III sobre el
Régimen Económico.
El segundo, señalaba, "el Estado dicta las normas especiales que, cuidando
el equilibrio ecológico, requiere la Amazonía para el desarrollo de su potencial
agrario. El Estado tierras de esta región en propiedad o concesión a personas
27
naturales o jurídicas de acuerdo a Ley" (Artículo 159° inciso 4.-). y su sede materia
se encontraba en el Capítulo VII del Régimen Agrario del mismo Título.
Las dos normas antes indicadas pueden ser consideradas como la creación
de un derecho agrario amazónico. Rubio y Bernales criticaron la ubicación del inciso
4o. dentro del Art. 159°, basada en que la Reforma Agraria no es aplicable a la
Región de la Selva donde no ha habido una estructura agraria, salvo los derechos de
las Comunidades Nativas sobre sus tierras.4
No participamos de la crítica pues no habría sido congruente pensar que,
después de prohibir el latifundio-minifundio en el resto del país por razón de su
injusticia e irracionalidad, la misma Carta promoviera su instauración la Región
Amazónica.
Por consiguiente, el defecto que puede encontrarse al inciso 4o. del artículo
159° es su imprecisión, que da lugar a interpretaciones literales que sin tener en
cuenta su "sede materia" conduzcan a la errónea conclusión de que la Constitución
habría dado al legislador común la facultad de entregar en propiedad absoluta las
tierras con aptitud forestal de la amazonía que no pueden dedicarse a la agricultura
olvidando que para la concesión de explotación de bosques o de la fauna silvestre
no se requiere la propiedad del suelo.
Los artículos indicados contienen la formulación de un derecho propio de la
Región de la Selva coincidente con la uniforme legislación dictada desde los inicios
de la época republicana y lo enriquece con la inclusión del principio "ambiental" que
debido a la labilidad del equilibrio ecológico característica de la Región debe ser
tenido en cuenta primordialmente.
4 ? Marcial Rubio y Enrique Bernales " Estado y Sociedad" Ed. 3a. Edificio Lima, 1989.
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El Derecho amazónico inspirado en principios ecológicos no abriría las
puertas de dicha Región a su explotación irrefrenable por colonos minifundistas o los
consorcios transnacionales.
La Historia nos demuestra que las "facilidades" otorgadas a las empresas
capitalistas, no sólo nacionales sino también extranjeras, para la explotación de
nuestros recursos naturales en nada han beneficiado al país sino al contrario
muchas veces los han degradado sin remedio.
REGIMEN ACTUAL
En la actualidad la actividad agraria en la Amazonía se encuentra regulada
por la Ley de Bases para el Desarrollo Rural de la Amazonía N° 24994 y las
disposiciones que no se le opongan del Decreto Ley N° 22175, Ley de Comunidades
Nativas y de Desarrollo de la Región de la de Selva; y del Decreto Ley No.21147
titulado Ley Forestal y de Fauna Silvestre cuyos Artículos 35°, 43°, 59°, 63°, 64°, 65°,
70°, 71°, 72° y 85°. han sido modificados por el Artículo 64° del Decreto Legislativo
N° 02, llamado Ley de Promoción y Desarrollo Agrario, que propicia una política
entreguista.
La indicada Ley de Bases ha sido criticada de tender a la "elefantiasis
burocrática" y de carecer de mecanismos participatorios de los colonos por estar
imbuida de una concepción productivista propia del Siglo pasado. La ley señala que
"el Estado promoverá los sistemas colectivos y de propiedad social de libre elección
de los colonos".(Artículo 34°). Pero, establece la adjudicación de tierras bajo la
modalidad de parcelas individuales únicamente (Artículo 24° inciso a). Ello dificulta
indudablemente la constitución de empresas asociativas.
Por otro lado, consideraba como modelos de asentamientos rurales las
"Unidades Militares de Asentamiento Rural" y las "Misiones Religiosas". Obviamente,
estos modelos son contrarios a los principios de la Reforma Agraria y de función
social de propiedad de la tierra que enuncian los Artículos 157° y 159° de la
29
Constitución, pues la Iglesia y las Ordenes Religiosas no pueden ser adjudicatarias
de tierras, y entre los fines de los Cuerpos de las Fuerzas Armadas no se encuentra
el de constituirse en empresas agrarias.
LA AMAZONIA EN LA CONSTITUCION DE 1993
La Constitución de 1993 declara que "el Estado promueve el desarrollo
sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada" (Artículo 69°). De este
modo reafirma la concepción de la Constitución anterior y establece el punto de
apoyo para la construcción de un derecho agrario y ambiental amazónico.
TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA
El Tratado de Cooperación Amazónica, suscrito por el Perú y demás países
de la Región en 1978, tiene como finalidad realizar una política coordinada que
impulse su desarrollo armónico.
Después de doce años de letargo en que ha tenido lugar una peligrosa
depredación de inmensas extensiones de bosques y de acciones genocidas contra
las Comunidades Nativas para dar paso a cultivos inapropiados y la degradación de
tierras agrícolas, ha sido suscrita la Declaración de la Amazonía como una justificada
respuesta de los Estados amazónicos ante el intento de ciertos países desarrollados
de condicionar su política de ayuda económica y cooperación técnica a la
intangibilidad de los recursos naturales de la amazonía, lo que constituía un atentado
contra el derecho soberano que asiste a nuestros países de decidir por sí mismos el
destino de sus territorios de Selva.
CONVENIO DE LA OIT No. 169 SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES
Este Convenio adoptado por la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo con fecha 27 de junio de 1989 y ratificado por el Congreso
30
peruano el 1O de diciembre de 1995, tutela los derechos de los pueblos indígenas
de la Amazonía denominados por nuestra legislación "comunidades nativas".
De acuerdo con el referido Convenio el Estado peruano debe reconocer el
derecho de propiedad y de posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan y su
derecho a utilizar las tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellas, pero a
las que hayan tenido acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia las
medidas que sean necesarias; y adoptar las medidas para determinar las tierras que
las comunidades nativas ocupan tradicionalmente ocupan y garantizar la protección
efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
Asimismo, establece que los derechos de las comunidades nativas a
participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales
existentes en sus tierras.
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