Democracia es Participar 90/91

90/91Santo Domingo • República Dominicana No. 90/91 • Septiembre-Diciembre 2009 www.centrojuanmontalvo.org.do

Vivienda adecuada en terreno seguro: el tiempo es ahoraPor Juan Luis Corporán

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¿Y mis derechos, qué?Por Xiomara García

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Vulnerabilidad en el Distrito Nacional:la enorme brecha entre la realidad y el deseoPor Antonella Cellucci

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Deuda Vs. Inversión Social en la ejecución del Presupuesto Nacional en el período enero agosto 2009Por Jesse Chávez

Democracia es participar

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De acuerdo a diversos análisis estadísticos tanto propios como de organismos internacionales, el factor vivienda es preponderante al momento de considerar las condiciones de pobreza en un territorio. La calidad de la vivienda en cuanto a estructura, lugar en donde esté instalada así como la propiedad, son elementos determinantes de cara a establecer la vulnerabilidad de las familias, el nivel de riesgo al que se encuentran expuestas y la preeminencia de morbilidad.

La actual Constitución de la República Dominicana, en el artículo 8 numeral 15, acápite “a” versa: “Se declara de alto interés social el establecimiento de cada hogar dominicano en terreno o mejoras propias. Con esta finalidad, el Estado estimulará el desarrollo del crédito público en condiciones socialmente ventajosas, destinado a hacer posible que todos los dominicanos posean una vivienda cómoda e higiénica”.

Es claro el interés constitucional de que toda persona tenga una vivienda. De igual forma, en la propuesta del ejecutivo debatida y aprobada en la asamblea revisora en el artículo 48 ratifica este derecho “Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de la política de promoción de vivienda por el Estado”.

Es pues un derecho consagrado en nuestra Constitución y que no está en discusión en la asamblea revisora, aprobado tanto en primera como en segunda lectura, a menos, claro, que exista una tercera lectura (como ya ha sucedido). De todos modos, el Derecho a la Vivienda, forma parte del Pacto Internacional para garantizar los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) del cual el país es signatario, desde 1977.

Ahora bien, tanto la actual legislatura, como el artículo referido aprobado por la asamblea revisora, nos coloca cuatro preguntas fundamentales: ¿Qué tipo de vivienda? y ¿Dónde, Cómo y Cuándo será efectivo este derecho?

Si bien el derecho a una vivienda digna no obliga al Estado a construir viviendas para toda la población o a suministrarlas gratuitamente, sí lo obliga a adoptar una serie de medidas políticas y legales que reconozcan cada uno de los aspectos constitutivos de este derecho. Asegurando viviendas adecuadas en un terreno seguro y en un tiempo prudente.

Ya el artículo 48 (de la propuesta del ejecutivo) coloca un sello que marca al tipo de vivienda que debe estar estipulada en los planes del Estado: “vivienda social”. Refiriéndose a viviendas cuya construcción está amparada y subvencionada por el Estado. Lo que permite un acceso equitativo a hogares de menores ingresos a viviendas con estándares adecuados en cuanto a lotes de terreno seguros, con servicios básicos garantizados, con materiales de calidad y titulación.

Esta caracterización toma sentido en este momento donde está en el punto de mira la utilización de los fondos de pensiones y los excedentes de los riesgos laborales para la inversión en viviendas, las cuales, por ningún motivo, deben ser suntuosas. Procurando que con menos dinero se hagan más viviendas para todos y todas, a un costo asequible para los hogares de menores ingresos.

Es vital el dónde se hace la vivienda. Es inhumano seguir desarrollando procesos de urbanización del país (públicos o privados), sin un ordenamiento territorial real, que tome en cuenta la vulnerabilidad y los riesgos de la geografía dominicana. Situar poblaciones en terrenos con alta vulnerabilidad o sin posibilidades de desarrollo económico, es generar marginalidad y muerte en un país de una alta frecuencia ciclónica y con las oportunidades concentradas en pocas ciudades.

Es importante pues, abandonar el urbanismo de la emergencia y de la contingencia que ha caracterizado al país en los últimos años. De ahí el llamado de diferentes sectores a la creación de una Secretaría de Estado de la Vivienda que nos guíe a una planificación estratégica que contemple la relación existente entre espacio geográfico, potenciales productivos y medio ambiente. La inexistencia de un ente planificador y regulador

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que unifique las diferentes instituciones (nacionales y locales) y políticas de rango ministerial, ha generado que la mayoría de los programas adolezcan de una falta de continuidad administrativa y política.

En toda planificación, el fin y el medio nos arrojan el cómo. El fin último de la planificación no debe ser el embellecimiento de la ciudad. La gente no vive en un escenario teatral; no es posible que con la finalidad de embellecer la ciudad se desalojen familias y personas de los terrenos que ellos han adecuado durante años. La planeación urbana debe procurar romper la lógica de marginalidad y exclusión. De forma que debe comprometerse con los ciudadanos-as que allí habitan garantizándoles el derecho a la ciudad (con título de propiedad adecuado), por encima de intereses privados o megalómanos.

La vivienda en terreno seguro es una urgencia, su carencia empobrece y margina. El cuándo debe ser ahora y para que sea real deben estar los recursos disponibles. No puede ser excusa, según el PIDESC en su artículo 2, la inexistencia de recursos para que el gobierno se cohíba de garantizar el derecho de la gente a la vivienda. De igual forma, la experiencia ha demostrado de sobra que, en una economía de mercado, el sector privado ha sido incapaz de mirar más allá de sus propios beneficios, por lo que no se puede considerar seriamente a este sector para resolver el problema de la carencia de vivienda.

Son muchos los signos de esta urgencia. Nuestro país ha sido escenario de un sin fin de actos de ocupación de tierras. Situación que puede empeorar por la desaceleración económica. En muchas ocasiones la solución que se ha dado es la de calificar como “delincuentes” o “antisociales” a los “invasores”. En ese momento olvidamos la falta de planificación existente, la escasa inversión del gobierno en el rubro vivienda, el nivel de vulnerabilidad en que vive nuestra gente, la cantidad de personas que aún viven en refugio y la deuda social histórica acumulada.

Ahora bien, al igual que el gobierno la sociedad civil no debe quedarse de manos cruzadas:

Así como el Poder Ejecutivo designó una comisión mixta para crear un instrumento financiero destinado a que los fondos de pensiones u otros institucionales como las reservas de compañías de seguros y de las administradoras de riesgos laborales, puedan financiar actividades de alta rentabilidad de cara al desarrollo de proyectos habitacionales, con la finalidad última de que

estos fondos se sientan seguros. De esta misma forma la ciudadanía debe generar comisiones para que estos fondos vayan destinados a viviendas sociales y no a proyectos suntuosos, para que las personas se sientan seguras.

Los grupos sociales estamos convidados, por la Ley 176-07 a solicitar que nuestros municipios contemplen, al unísono con las instancias de gobierno central adecuada, en sus planificaciones estratégicas el garantizar el derecho a la vivienda de todos y todas las personas de su territorio. Esto es posible, a partir del uso de de las herramientas que contempla esta ley.

Todos los ciudadanos y ciudadanas debemos exigir la implementación de la ley 498-06, que contempla la participación de la ciudadanía en los planes de gobierno que permitirán los presupuestos plurianuales.

Ya más a corto plazo los grupos sociales debemos asegurar que se rompa el declive y regresividad que históricamente se ha observado en la inversión en vivienda que recogen los presupuestos nacionales. Si queremos viviendas seguras en terrenos seguros es necesario que se coloquen en el proyecto de presupuesto los montos necesarios para mejorar la cantidad y la calidad de la vivienda del los dominicanos y dominicanas.

Por último, los grupos organizados deben hacer esfuerzo para impedir tanto la ocupación dolosa que realizan grupos con intereses específicos, como los desalojos forzosos efectuados por el estado o por terceros.

Es inminente una vivienda digna en terreno seguro para todas las familias empobrecidas. El tiempo es ahora.

Fotografía: José Luis Soto

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Rosa estaba jugando en la calle a pesar de que su mamá le había dicho que no. “Pero mami está en el trabajo y no viene hasta las 6:00 y mi abuela está lavando don-de doña Isabel”, pensó Rosa. Cuando María llegó de la zona, encontró que su hija Rosa de 12 años, no se había bañado, no había hecho la tarea, no había hecho los ofi-cios y estaba en la calle. Así que, después de regañarla, le dio una pela con un palo: “para que oigas cuando te hablo” – le dijo María a Rosa- mientras le pegaba con tal fuerza y rabia que la muchacha se retorcía del dolor. Cuando la abuela llegó de lavar por paga, encontró a Rosa aún llorando y diciendo que le dolían las costillas. Luego de regañar a María por haberle pegado a Rosa tan fuerte (y decirle que era la tercera pela que le daba en esa semana), la abuela de Rosa le pone sal con man-tequilla para bajar la hinchazón y ahí se da cuenta de que la muchachita tiene una costilla rota.

Pasan cosas como es-tas en tu barrio o vecindad ¿cierto? y pasan con cierta frecuencia ¿verdad? Pero no te pasan a ti, ¡nooo! Tú no eres “tan bruto o bruta” para pegarle así a un hijo o hija ¿cierto? ¿Tienes idea de cuántos derechos se están violando en esta historia? ¡Cuéntalos! Encuentra cinco, bueno tres… Está bien, ¡UNO!

¿No lo encuentras? Seguramente te estás diciendo en la cabeza frases como éstas:

- “Rosa es su hija, y María tiene derecho a corregirla como lo entienda necesario”.

- “Rosa desobedeció, se lo merece”.

- “María está harta de corregir la muchacha”.

- “Una buena pela a tiempo, endereza un muchacho”.

- “Los muchachos no son gente, son muchachos”.

Y una hilera de frases sin sentido que tenemos los adul-tos y adultas para no meternos en esos temas. Lo que nos atañe en este artículo son los derechos de niños y niñas que en nuestro país, son una cadena de violacio-nes a otros derechos que es imposible pasar por alto y que hay que atender a la par y de manera continua.

¿Pero, sabes tú qué son los derechos?; ¿alguna vez te han quitado un derecho o te lo han reconocido?; ¿quién crees tú que puede violar o reconocer un derecho?

Cuando se habla de derechos se habla de leyes y nor-mas establecidas para la convivencia social, que favo-recen el trato justo, igualitario y equitativo entre los seres humanos sin importar la raza, el color, el sexo, la edad, la clase social, las condiciones de vida. Esas le-yes deben ser respetadas y reconocidas por todas las personas. Además, existen instituciones en la sociedad cuya única función es velar por el cumplimiento de los derechos de las personas, sin exclusión alguna.

Cuando una sociedad se rige por la Constitución, es-tamos hablando de que existe un Estado de Derecho y este debe garantizar que se respeten los derechos de cada persona.

Esos derechos son:

• Políticos: Derecho a elegir y ser elegido para el desempeño de funciones públicas o de servicio a la comunidad; derecho a la libre asociación y reunión y a la libre expresión.

• Civiles: Derecho a un nombre, a gozar de integri-dad física, igualdad y protección legal contra la dis-criminación y acceso a la justicia, a la libertad, a ser tratado en igualdad.

• Sociales: es el derecho de toda persona a la edu-cación, alimentación, salud y vivienda digna entre otros.

• Económicos: derecho a un empleo y salario dignos, seguridad económica y protección social.

¿Y mis derechos, qué?Por Xiomara García


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El Estado recibe de cada ciudadano/a una cuota grande de poder para tomar decisiones, y de recursos (vía im-puestos) que vienen de la producción de riquezas que cada uno/a -nosotros /as- hacemos cuando trabajamos. Eso convierte al Estado en el principal proveedor de los bienes públicos comunes como educación, salud, segu-ridad, empleo, vivienda, protección social y económica, acceso a bienes y servicios. Y dado que todos/as tene-mos los mismos derechos, esos bienes deberían ser lo mismo para todas las personas en calidad, en acceso y en oportunidad. ¿Estás de acuerdo con eso? -Sí, pero ¡cierto! parece que unos tienen más derechos que otros en esta sociedad ¿verdad?

Te cuento, en el año 2007 el Estado presupuestó la cuantiosa suma de $ 258,479.55 millones.1 De cuales sólo se invirtieron en educación $ 25,847.55 millones que equivalen a 10% de los recursos destinados para gastos del Presupuesto Nacional. A salud: $23,263.15 millones, igual al 9% de los gastos. En tanto seguridad social (pensión y atención médica) recibió cerca de 11 millones. Al presupuesto de obras públicas le dedica-ron $ 20,678.36 millones equivalentes al 8% del gasto. Mientras que la Secretaría de Estado de Trabajo (que busca la creación o mejorar la calidad de los empleos junto con otras secretarías), recibió $15,508.77 millones, lo que sumó 6%.

Todo ello representa cerca de un 30% del total. Otro tanto se distribuye entre otras secretarías como la de Hacienda, Agricultura y Fuerzas Armadas; y otro mon-to parecido (33%) se va en gastos de administración de la Deuda y en las obligaciones del Tesoro. A esta situa-ción hay que agregar que en nuestro país de cada $100 pesos, 73 son para pagos de gastos corrientes: salarios, intereses de deuda, luz y agua entre otros, y sólo se usan 27 pesos para la inversión física como tal.2

Lo que le entra al Estado es mucho. Lo que se desti-na de esos recursos para garantizar los derechos men-cionados es poco. Así que, si el Estado no te garantiza cantidad y calidad en esos derechos, tú los tienes que comprar y, por lo general, es muy, muy caro. Tienes que comprar, por ejemplo, la educación -pagar colegios- o la salud -pagar clínicas- o la seguridad -pagar los segu-ros- o la vivienda: pagar alquileres, etc.

Con estos datos, ¿crees que puedes decirme algunos de los derechos tanto de la abuela como de María, que no están garantizados? La mitad de las familias más po-bres del país son responsabilidad de las mujeres3; estos hogares tienden a ser mayor en número, pues, además 1 Ministerio de Hacienda de la R.D., 2007 2 Observatorio de Políticas Sociales_ Boletín No. 2/ Centro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo, S.J., Julio. 20073 CEPAL 2000

de los hijos e hijas, incorporan algún pariente como la abuela, una tía, una sobrina o sobrino que cuida de los más pequeños y pequeñas. Pero a ello súmale que las mujeres ganan 11 veces menos que los hombres, des-empeñando las mismas funciones y que se les contrata menos para trabajar a causa del mismo tema familiar: embarazos, cuidados de enfermos, atención de los ni-ños y niñas, etc. “Se vuelven poco productivas”, dicen algunos empleadores.

Esta situación se incrementa cuando faltan políticas que le sirvan de soporte al esfuerzo familiar4:

• Las mujeres sin empleo y en condiciones de traba-jar en los barrios son casi 10 veces más que los hom-bres. Sus edades están entre los 20 y 39 años. Una población realmente joven con pocas oportunidades para planear su futuro.

• En R.D. cerca de 2 millones de personas no cuentan con servicios de salud, 5 millones no tienen seguro. Sólo 7 de cada 100 personas de la población más po-bre del país tienen acceso a un seguro de salud. Si una familia pobre necesita un servicio de salud de calidad, tiene que pagar más de un 50% de su bolsillo para obtenerlo.

• 28 de cada 100 personas con más de 65 años no reciben una atención de calidad. Sólo un 12% de la población con más de 60 años recibe una pensión, y la misma no alcanza para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestido, salud, etc.

• En nuestros barrios, 39 familias de cada 100 viven hacinadas. No existe una política que permita el ac-ceso a una vivienda digna por parte de los sectores empobrecidos.

• Para el 2005, el 25% de las familias de nuestros ba-rrios más pobres no tenía acceso a agua potable, con todas las consecuencias que ello acarrea para la sa-lud (enfermedades) o para la economía familiar, por la compra diaria de agua para el consumo.

• A este panorama se añade un aumento significati-vo de la violencia social en el país, fruto del incum-plimiento de leyes, baja calidad y acceso a la justicia y el aumento de la corrupción y la impunidad. Esta violencia social se ve fortalecida por el aumento de la violencia intrafamiliar o doméstica, que en el 2002 afectaba al 24 de cada 100 mujeres mayores de 15 años de edad (ONAPLAN, CESDEM, 2003).

4 Diagnóstico de la Circunscripción No. 3 del Distrito Nacional: Una Historia de Exclusión. Centro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo,S.J., 2005.

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Aunque no se dan cuenta, María, Rosa y la abuela son parte de estas estadísticas. Así que súmales que María también paga casa, colegio, atención médica, medici-nas, etc. Al tema de la carga familiar y el bajo salario de María, agrégale que no cuenta con centros de atención infantil en el barrio, ni escuelas técnicas, ni salas de ta-reas o centros vocacionales donde Rosa pueda pasar el tiempo y aprender.

Ahora hablemos de lo que más nos importa: el derecho de los niños y niñas como Rosa.

Lo primero es que todo niño/a tiene derecho a un nom-bre y a una nacionalidad. A ser reconocido como parte de una sociedad que lo acoge y que protege sus dere-chos. Rosa tiene su nombre, ¿pero está Rosa declarada? ¿Tiene papeles de nacimiento? ¿Podrá Rosa en el ma-ñana completar sus estudios? Hace dos años una en-cuesta descubrió que sólo en Guachupita, Guandules y La Ciénaga (barrios de la margen del río Ozama en Santo Domingo) de cada 100 niños y niñas, 50 no esta-ban declarados5.

Esta situación pone en peligro otro derecho de Rosa: sus estudios. Rosa, como otros tantos niños y niñas, tie-ne derecho a una buena educación. Ésta es obligatoria y prioritaria en los primeros años de su vida. Debe ser una educación que le ayude no sólo a superarse sino a sacar lo mejor de ella en talentos y habilidades. Pero eso no es posible por varias razones:

1. Los recursos que el gobierno dedica a educación son pocos, apenas un 2.42% del presupuesto nacio-nal, cuando otros países como el nuestro dedican un 4 y hasta un 5 %.

2. Las horas de clase no ayudan a que una persona adquiera todos los conocimientos que se requieren. De 5 horas diarias de clases sólo se llega a 3 ó 4 ho-ras diarias. En otros países, el rango de horas diarias llega a 7 u 8.

3. Aunque hemos mejorado en tener más niñas y ni-ños en las escuelas, no hemos mejorado la calidad de lo que se enseña. Ya no es de extrañar que una perso-na en secundaria escriba con graves faltas ortográfi-cas, no sepa realizar una simple multiplicación o ni tan siquiera escribir un texto sencillo. En unas prue-bas que se hicieron en 14 países de América Latina en Lenguaje y Matemáticas, República Dominicana

5 Informe alternativo de las ONG sobre el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, establecidos en la convención sobre los derechos del niño. República dominicana. Agosto 2000.

–es decir, nosotros- quedamos entre los 4 países de más bajo rendimiento. Cuba fue la que mayor punta-je logró en dichas pruebas6.

4. A todo ello súmale los bajos salarios de los profe-sores y profesoras. Como llevan 2 y hasta 3 tandas de clases, no les queda tiempo ni para respirar, menos para seguir estudiando, actualizar conocimientos, leer y atender los problemas y necesidades de los niños y niñas de su clase. Además, a esta realidad hay que agregarle que tienen una familia que aten-der: pagar educación, salud, seguro (como el resto de nosotros/as) y, entre los profesionales, ellos son los que tienen salarios más bajos, ya sean los que traba-jen para el gobierno o los que lo hacen para el sector privado.

5. Finalmente, aunque en diferentes gobiernos se ha querido mejorar los planteles escolares, son pocas las escuelas que cuentan con los elementos básicos para dar clases en condiciones mínimamente acep-tables.

Todo niño y niña tiene derecho a la protección, a la se-guridad e integridad de su persona. Éste es otro dere-cho del que Rosa no disfruta pues la única psicóloga reconocida dentro de nuestras familias se llama Dra. “Pela”, y es una violadora constante y sistemática del derecho que todo niño y niña tiene a estar en un am-biente seguro y sin violencia de ningún tipo hacia su persona. Los datos nos dicen que de cada 100 niños/as 45 son maltratados físicamente a manos de quienes deberían cuidarlos y atenderlos. De cada 100 niños y niñas, 39 se les vive amenazando y haciendo presión psicológica. ¿Cuántas pelas le has propinado a tu hijo o hija? ¿Por qué? ¿Realmente tenías tú la razón? ¿Ha-bía otra forma de corregir el error? ¿Cómo crees que se siente tu hija o hijo luego de que le pegas? Educar con el ejemplo cuesta. Hablar y escuchar nos quita tiempo. Con una pela le hacemos sentir a la persona quién man-da, y nos quitamos eso que se llama niño/a de encima.

Pero resulta que no es así de sencillo en el entendi-miento de la pequeña persona; ella va sacando sus con-clusiones de cada una de tus actitudes como adulto y crea su propio mundo, así como tú creaste el tuyo: “si ella o él me pegan es porque no me quiere”, y si esa per-sona importante para cada niño o niña no le quiere, es claro que necesita buscar quien sí lo haga. Según ellos, ¿quien les quiere? ¡Exacto!, quién no les pega. ¡Peligro!.

6 Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe: PREAL. QUEDÁNDONOS ATRÁS. Un Informe del Progreso Educativo en América Latina. Diciembre de 2001.

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Con las pelas no le has ayudado al niño o niña a formar-se unos criterios claros para reconocer y entender lo que es bueno y es malo y por tanto puede ser presa fácil de acciones malintencionadas de otros adultos. Y aquí te va otro dato: de cada 100 niños y niñas, 33 son vícti-mas de abuso sexual7 por algún adulto cercano. Pero a eso súmale los que se unen al “compinche” para tener amigos que le defiendan o se convierten en “mula” en el barrio.

Pero a todo ello agrégale una serie de consecuencias desastrosas para la vida del niño o niña fruto de una baja autoestima, que no le ayuda a comunicar sus ne-cesidades y sentimientos y le hace víctima de abusos sexuales, psicológicos y de maltratos físicos. Les hacen propensos a enfermedades como el SIDA, a ser parte de redes de prostitución o a embarazos a destiempo en el caso de las niñas menores. Sólo en Santo Domingo, según la OIT, el 21.8% de los menores están ligados al trabajo sexual y el 90% vienen de los barrios margina-dos.

Lo bueno es que existen leyes y convenios entre países para proteger los derechos de niñas y niños en la so-ciedad. Entre ellos cabe mencionar la Convención de los Derechos del Niño ratificada en R.D. en 1991 junto a otros 100 países que le dan valor jurídico. Con su ratifi-cación, el Estado dominicano se compromete a cumplir y difundir los contenidos de la Convención y a crear una legislación nacional acorde con dichos principios.

Según este documento, “Los niños y niñas tienen dere-cho a crecer en un entorno que garantice su su-pervivencia y desarrollo, es decir, tienen el derecho intrínseco a la vida, a un nom-bre, a una nacionalidad, a vivir con sus padres, a disfrutar de un nivel de vida ade-cuado para su desarrollo físico, mental, es-piritual, moral y social, a disfrutar del más alto nivel posible de salud, a recibir una educación que contribuya al desarrollo de todas sus potencialidades, a disfrutar del derecho al esparcimiento y el juego.”

“También tienen derecho a la protección, a no ser discriminados, a permanecer en su país, a ser protegidos contra el tra-bajo infantil, y contra cualquier forma de abuso, maltrato, y explotación, y en caso que cometan un delito, tienen derecho a ser sometidos a una sanción que conside-

7 Informe alternativo de las ONG sobre el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, establecidos en la convención sobre los derechos del niño. Republica dominicana. Agosto 2000.

re la posibilidad de re-educación y reinserción social acorde con la etapa desarrollo en que se encuentren. De la misma manera, las personas menores de edad tie-nen derecho a la participación, es decir, a expresar su opinión libremente, a buscar, recibir y difundir informa-ciones, a tener libertad de pensamiento y asociación y a profesar la religión que consideren”. 8

Buscando dar respuesta al mandato de la Convención, R.D. promulga en 1994 la Ley 14-94: “Código para la Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)”, que entra en vigencia en el mes de enero de 1995. La misma plantea cambios significativos en la manera de relacio-narse de los individuos, las familias, las instituciones y el sistema de justicia con la población menor de 18 años.

Sin embargo, nada de lo escrito en la ley es posible si no se cuenta con niveles de conciencia dentro de las familias, que ayuden a poner los problemas en su justo lugar y a no pagar con la persona más débil de la casa, que es el niño o la niña.

Entrar en procesos organizativos y de movilización por la exigencia de nuestros derechos como ciudadanos/as, en una sociedad que nos excluye, es el mejor motor para educar con el ejemplo y hacer de nuestros hijos e hijas personas de bien y con una posibilidad de futuro que, por el momento, no lo garantiza nuestro sistema.

8 UNICEF República Dominicana - Políticas y Asociaciones a favor de los Derechos de la Niñez. 2006


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Lo deseable. Nicolás Maquiavelo sostenía que la finalidad última, que justifica el uso de cualquier medio para su alcance, era el bien del Estado. En la literatura el concepto de Estado se refiere básicamente a la unión de 3 elementos: un territorio, un gobierno y un pueblo, así que buscar el cumplimiento del bien del Estado es buscar el bien de todos sus habitantes. Es decir que las personas tengan acceso a salud y educación de calidad, unos servi-cios básicos garantizados y una calidad de vida general que se pueda definir como digna. En esa misma línea se encuentra la Ley 176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios que se fija el objetivo “de promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asun-tos públicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patri-monios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.”

Lo real. El Distrito Nacional se encuentra hoy en una situación de atasco de vulne-rabilidad y con eso nos referimos a todos los principales indicadores socioeconó-micos que dibujan una situación de ex-trema precariedad en la vida de algunos sectores del territorio del Distrito, sobre todo en la Circunscripción 3. Empece-mos con el nivel de pobreza, la población de personas pobres en el Distrito Nacio-nal es de 21.1%, incluido un 1.1% de perso-nas indigentes (Oficina Nacional de Pla-nificación, 2005)1. Sin embargo, barrios como La Zurza o Domingo Savio alcanzan niveles hasta del 50% de hogares viviendo en condición de pobreza (Corporán Medina & Torres Gomez, 2005). Para confirmar la desigual distribución geográfica es el índice Gini que alcanza el 0.689.2

En el ámbito de la educación los indicadores no son muy alentadores, el analfabetismo alcanza en 2007 un 4,8%, considerando que en 2002 era de 6.68%, el mejoramiento no parece satisfactorio. Según la ENDESA 2007, la ma-triculación inicial se encuentra alrededor del 55% para el mismo año, mientras que la básica alcanza casi el 90%. En la tasa de matriculación media se registran importantes diferencias entre hombres y mujeres ya que el 71% de las mujeres está matriculada en el nivel medio mientras que entre los hombres sólo el 66% está matriculado.

Además de esto, estamos ante un fenómeno de privatización de la oferta educativa (Torres, Cellucci, & Coronado, 2009)3, una tendencia que trae consigo varios peligros, entre ellos: pone en peligro la igualdad de acceso a la educación obligatoria y gratuita para todos los jóvenes sin ningún tipo de discriminación; y, en segundo lugar, la igualdad de oportunidades para todos los jóvenes de proseguir sus estudios más allá del período obligatorio, tan pronto logren el nivel intelectual requerido al margen de las posibilidades económicas de sus familias.

1 Actualmente, a partir del año 2006, ONAPLAN se convirtió en la subsecretaría de planificación.2 Informe de Desarrollo Humano Republica Dominicana 20083 Informe realizado en el marco de la segunda convocatoria del Fondo de Investigación Económica y Social (FIES)

Vulnerabilidad en el Distrito Nacional:la enorme brecha entre la realidad y el deseoPor Antonella Cellucci


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El panorama general de la situación del empleo en el Distrito Nacional está caracterizado por un sector in-formal que en 2007 acoge el 51.6% del total de ocupa-dos/as, un dato alarmante si lo comparamos con los da-tos del 2000 (53.4%). La tasa de ocupación femenina es del 38% y la masculina del 62%; mientras que la desocu-pación abierta es, respectivamente, 8.12% y 3.05%, en ambos casos con pocas variaciones respecto al 2000.

La situación de la salud tampoco parece tranquilizado-ra, la mortalidad infantil registrada en 2007 fue de 2 por mil, también en este caso el mejoramiento fue casi in-significante. En lo que concierne a la seguridad social, en octubre 2007, se registra que el 64.7% de los hombres y el 65.5% de las mujeres tienen acceso a un plan de pensión a través de una Administradora de Riesgo La-borales (AFP), respectivamente el 68.4% y el 70.8% tie-nen acceso a salud por medio de una Administradora de Riesgo de Salud (ARS). Esto significa que todavía hay un porcentaje bastante amplio de personas sin ac-ceso a salud ni a seguridad social y por tal razón vulne-rables frente a cualquier enfermedad. Comparando la situación de los últimos años se observa en el Distrito Nacional un aumento sostenido tanto en la afiliación a AFP como a ARS. Es importante destacar que el peso del sector privado es total en el caso de las AFP’s y muy elevado en el caso de las ARS’s.

A todo eso se suma el continuo y progresivo deterioro de las condiciones de las viviendas que incrementa el nivel de precariedad de las condiciones de vida de las personas y no sólo frente a posibles fenómenos natu-rales. La sociedad dominicana registra en su historia

experiencias de desastres que han impactado profun-damente en su economía y alterado su desarrollo. La frecuencia y magnitud de estos eventos catastróficos tiene su explicación en la diversidad de factores que determinan los variados niveles de riesgo de los desas-tres. Por un lado, la ubicación geográfica de la Isla de Santo Domingo que la sitúa en el centro de los huraca-nes y las características especiales del macizo del Ci-bao Central, que es la zona más alta del Caribe, hacen que cada cierto tiempo nos afecte una tormenta.

Por otro lado, la vulnerabilidad progresiva que experi-menta la población responde a un modelo de desarrollo caracterizado por un crecimiento demográfico urbano marginal acelerado, que se emplaza en espacios territo-riales no aptos para su hábitat, con una economía fami-liar muy frágil, en un contexto de relaciones económico sociales que hace perder las capacidades de respuesta ante la ocurrencia de desastres (Torres, Cellucci, & Co-ronado, 2009).

La brecha entre lo deseable y lo real, ¿qué ha pasa-do? La ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios promueve un modelo de desarrollo local fundado sobre la descentralización y la participación ciudadana. Uno de los instrumentos principales para el logro de su ob-jetivo es el Presupuesto Participativo Municipal, apli-cable a al menos el 40% del presupuesto del municipio, que tiene que ser destinado a gasto de inversión, según establece la misma ley. Bastante lejos de lo que la ley plantea, en el Distrito Nacional la participación de la gente ha sido reducida a las consultas con las juntas de vecinos organizadas por el ayuntamiento. Consul-

tas que en muchos casos es-taban destinadas exclusiva-mente a buscar la aprobación de las obras que el municipio ya había decidido realizar, si-guiendo su Plan Estratégico, un plan que no nació de un real proceso participativo.

Por otro lado, la misma ley plantea la coordinación entre la diferentes instancias y ni-veles de gobierno, coordina-ción que se hace más difícil cuando las lógicas de des-centralización de cada una de estas instancias no se co-rresponden, y coordinación que de hecho no está siendo efectiva.


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Es la propia ley 176-07, la que establece como tiene que ser repartido el presupuesto de los ayuntamientos. En este ámbito también se muestran fallas en lo que concierne la ejecución del ayuntamiento del Distrito Nacional. Por ejemplo, para 2008 el ADN (Ayuntamiento del Distrito Nacional) repartió su presupuesto entre un 47% de gasto en personal, mientras que la ley establece como máximo un 25%; un 29% en servicios, el límite en este caso está fijado en el 31%; apenas un 20% se destinó al gasto de inversión cuando el mínimo en este rubro debería ser el 40%; el único porcentaje que parece respetado es el 4% destinado a programas educativos de género y salud.

Un 20% de gastos en inversión no es aceptable porque este es el rubro donde deberían salir las obras y los progra-mas que puedan garantizar el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, sin contar que hace falta analizar los detalles de la ejecución para determinar en qué se está gastando efectivamente.

A tal propósito, las obras señaladas como prioridades en las consultas con las juntas de vecinos no son las mis-mas a las cuales se destinaron los principales montos de inversión, por lo que nos preguntamos: ¿qué pasa con la participación? Además todos los gastos de inversiones fueron destinados a obras, aquí la pregunta sería: ¿qué pasa con los programas sociales?

Para que lo deseable se encuentre con lo real y se pueda cumplir el maquiavélico fin último, el bien del Estado, es necesario que se cumplan algunas condiciones fundamentales. La participación de la ciudadanía tiene que ser real y efectiva para que sea más fácil determinar las necesidades de la población y plantear soluciones. Es necesa-ria una constante coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, en sentido horizontal y vertical, para que lo local sea integrado en el ámbito global, de manera tal que permita crear y aprovechar las posibilidades de coordinación.


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La Comisión de Pobreza y Política Fiscal del Foro Ciudadano viene realizando periódicamente un análisis de la ejecución presupuestaria, en el marco de su plan de incidencia con el fin de visualizar de una manera clara cómo se contempla la inversión en los rubros prioritarios de Salud, Seguridad Social, Vivienda y Agua Potable, ya que considera que el incremento en la cantidad de los recursos y la calidad de la ejecución en estos rubros es funda-mental para superar la exclusión en la que se encuentra una gran parte de la población de nuestro país. En tal sen-

tido, resulta alarmante que los datos que nos arroja el análisis de la ejecución presupuestaria desde enero hasta agosto del presente, pone en evidencia que para el gobierno la inversión social sigue sin constituir una prioridad, privilegiándose los recursos destinados al pago de la deuda pública en detrimento de la inversión en salud, educación, vivienda, agua potable y saneamiento.

Por tanto, para la Comisión de Pobreza y Política Fis-cal de Foro Ciudadano es necesario que el gobierno tome acciones concretas sobre el peso de la deuda en el presupuesto nacional y haga un cumplimiento ad-ecuado de la planificación presupuestal, acompañado de un apropiado seguimiento desde las instituciones del gobierno central, el poder legislativo y la sociedad civil que permita superar la sub-ejecución en materia de inversión social y llevarla a su total cumplimiento.

Una muestra palpable de este hecho es que durante los primeros ocho meses del 2009 el pago de la deu-da pública (amortización + interés y comisión) absor-bió unos RD$45,351.91 millones de pesos, es decir, el equivalente al 2.7 % del Producto Interno Bruto es-timado para 2009. Este monto supera lo ejecutado en inversión social prioritaria (unos RD$ 42,959.36), que sólo alcanza el 2.6% del PIB.

La distribución de los recursos dirigidos a la inversión social fue de la siguiente forma: educación 1.4% del PIB, (cantidad sumamente inferior a la que estipula la ley como mínima), salud 0.8% del PIB, agua potable y sa-neamiento 0.1% del PIB y vivienda (RD$4033.64) (0.2% del PIB). Lo que refleja que el presupuesto nacional se

encuentra comprometido con el pago de la deuda, postergando en el orden de prioridades del gobierno la inversión social a un segundo plano.

Es preocupante además ver que el gobierno ha hecho caso omiso a las recomendaciones de los organismos in-ternacionales, las cuales frente al actual contexto de crisis internacional se orientan a garantizar la protección de la inversión social.

La Comisión de Pobreza y Política Fiscal del Foro Ciudadano también califica de alarmante el caso particular del agua potable y el saneamiento, el cual presenta un mayor nivel de sub-ejecución de alrededor de un 60%, ya que del total presupuestado para el 2009, RD$ 6,158.6 millones (un 21.7 % menos que la asignación del 2008),

Deuda Vs. Inversión Social en la ejecución del Presupuesto Nacional en el período enero agosto 2009Por Jesse Chávez

Fotografía: Federico Corporán

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únicamente se ejecutó el equivalente al 40%, mucho menos de la mitad de lo establecido. Entendemos que este aspecto tan importante para la salud de la población del país no constituye ni de lejos una prioridad del gobierno.

La mayor evidencia de esta afirmación es el hecho de que los indicadores sociales recogidos en la Encuesta Na-cional de Fuerza de Trabajo nos muestran que para octubre de 2008 el 31.7% de la población encuestada, no contaba con acceso al servicio de agua de la red pública. Esto se agrava si consideramos que en el presupuesto del 2008 se dejaron de ejecutar RD$3,949 millones de pesos (el 33.4% del total presupuestado).

En educación, se presupuestó para este año RD$ 38,006.20 millones de pesos (lo que equivale al 2.2% del PIB) de los cuales se ejecutaron RD$ 22,556.49 millones de pesos, el equivalente al 59% del total presupuestado para el todo el año en dicho rubro, en contraste con los RD$25,337.47 equivalentes al 67% que se debieron haber ejecuta-do en este mismo periodo. Es necesario insistir en el hecho de que esta baja inversión limita aún más el acceso de la población a una educación de calidad. Además de que seguimos por debajo del promedio de inversión en educación con respecto a los países de nuestro entorno.

Situación parecida muestra el sector salud. Para esta neurálgica área de servicio público se asignó en el presu-puesto nacional de 2009 un total de RD$23,751.50 millones de pesos, equivalentes al 1.3% del PIB, de los cuales se ejecutaron RD$13,904.94 millones de pesos, es decir, el equivalente al 59% del total presupuestado. Esto contrasta con los RD$ 15,834.33 millones, equivalentes al 67%, que deberían haber sido ejecutados durante este mismo período.

A partir de este análisis, podemos señalar que, en el actual contexto de crisis internacional, es necesario cumplir con los compromisos financieros internacionales, sin embargo, nos surgen preguntas como és-tas ¿Los recursos obtenidos a través de préstamos están siendo correctamente inver-tidos para mejorar el bien-estar de la población domini-cana? ¿Por qué endeudarse por grandes infraestructuras cu-ando se tienen derechos bási-cos insatisfechos?

En tal sentido, es necesario que se priorice la inversión social, no sólo incrementando la can-tidad de los recursos que se destinan para esto renglones, sino también optimizando la in-versión para lograr una mayor calidad en la ejecución de estos recursos.

Democracia es participar 90/91Es una iniciativa del Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, S.J. con el apoyo de Cordaid.

Coordinación de publicación: Unidad de Comunicación, Bonó Diseño/diagramación: Elvis González Compréswww.centrojuanmontalvo.org.do

Fotografía: Federico Corporán

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